MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha
descartado este viernes que la Casa del Rey se vaya a someter a la
futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que
está tramitándose en el Congreso de los Diputados, pero ha dejado la
puerta abierta a que sí que lo puedan hacer los partidos políticos
siempre que haya un acuerdo previo entre ellos.
Precisamente esta misma semana el presidente de Transparencia
Internacional España, Jesús Lizcano, y el miembro del Comité Ejecutivo
de esta misma ONG, Antonio Garrigues Walker, dos de los primeros
expertos invitados al Congreso para ilustrar a los diputados encargados
de tramitar la Ley de Transparencia, abogaron por que la Casa del Rey,
los partidos políticos y los sindicatos estén sometidos a esa norma.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de
Santamaría ha explicado que el Gobierno ha elaborado una Ley de
Transparencia “de las administraciones públicas”, que es lo que le
“corresponde”. Tras recordar que el año pasado los grupos parlamentarios
alcanzaron un acuerdo en relación con la Ley de Financiación de
Partidos, que obligaba a los partidos políticos a publicar sus cuentas
en la web, ha abierto la puerta a incluirlos en la Ley de Transparencia
si así lo acuerdan previamente.
“Los grupos hicieron una modificación importante en materia de
partidos hace pocas fechas en la que hubo un acuerdo y se avanzó en ese
terreno de la transparencia. Si hay acuerdo entre partidos, desde luego,
bienvenido sea para ampliar esos elementos, sin ningún tipo de
problemas”, ha manifestado.
En el caso de a Corona, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que
hay un convenio internacional que establece “la no obligatoriedad de las
casas reales” de estar sujetas a las leyes de transparencia. “No lo
están algunas de las casas reales más importantes de la Unión Europea”,
ha agregado.
La vicepresidenta, que ha contactado esta semana con todos los grupos
parlamentarios para buscar un pacto por la transparencia y contra la
corrupción, ha explicado que ha encontrado “receptividad” en los
distintos portavoces. Según ha precisado, en esas conversaciones ha
puesto el acento en la Ley de Transparencia, ya que, a su entender, esa
norma recoge “comportamientos concretos a quienes accedan a cargos
administrativos” y “debe ser un antídoto contra la corrupción”.
Sáenz de Santamaría ha trasladado a los grupos parlamentarios la
disposición del Gobierno a “consensuar” esa norma y atender las
enmiendas y sugerencias que puedan mejorar la transparencia, puesto que,
en su opinión, sobre esa ley se puede “construir” la primera parte del
pacto contra la corrupción.
Dicho esto, ha recordado que hace unos meses encargó al Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) la elaboración de un
informe con medidas de regeneración democrática y ha subrayado que ha
solicitado a este órgano que anticipe las relacionadas con la corrupción
para trasladarlas a los partidos y buscar un acuerdo “entre todos”.
“Es momento de trabajar para fortalecer nuestras instituciones”, ha
exclamado, para añadir que, si bien las instituciones funcionan en
España, si se les puede dar “mejores mecanismos y más herramientas, con
una respuesta más contundente y más clara, estamos dispuestos a
trabajar”, ha enfatizado.
Eso sí, Sáenz de Santamaría ha elogiado la labor que realiza la
mayoría de la clase política que, según ha dicho, “trabaja bien”.
“Aquí
no pueden pagar justos por pecadores”, ha resaltado. En su opinión, para
luchar contra el descrédito de la política es necesaria la
“ejemplaridad” en los “comportamientos individuales” y “conectar” con
los “problemas” de los ciudadanos.
Tras asegurar que el pacto por la corrupción es “necesario”, la
portavoz del Gobierno ha abogado por “erradicar del sistema” a aquellos
políticos que no mantienen un comportamiento ejemplar y, por lo tanto,
“generan un gran perjuicio para todos”.
“Yo creo que siempre hay que
estar revisando las leyes para ver si se puede ser más eficaces. Y creo
que es importante que en esta tarea el Gobierno y los grupos políticos
vayan de la mano”, ha apostillado.
Al ser preguntada si en este pacto el Gobierno trabaja ya en reformas
legales concretas y si estaría dispuesto a incrementar las penas de
cárcel para los corruptos, Sáenz de Santamaría no ha entrado en detalles
y se ha limitado a decir que, si bien España “está en los parámetros”
de otros países del entorno a la hora de cumplir las leyes, el Ejecutivo
es partidario de impulsar medidas que “refuercen” el ordenamiento
jurídico en esta materia.
“Las responsabilidades, indudablemente hay que depurarlas hasta sus
últimas consecuencias en la aplicación rigurosa y estricta de la ley a
quien comete ese tipo de conductas. Y si tenemos que fortalecer la ley y
ser mucho más rigurosos, mucho más ágiles y efectivos, desde luego este
Gobierno lo va a impulsar y en eso es en lo que estamos trabajando”, ha
asegurado.
Preguntada después si el Ejecutivo teme que los numerosos casos de
corrupción que afectan en este momento a cargos públicos puedan deshacer
el camino andado en materia económica, la ministra ha admitido que
“indudablemente” esos casos de corrupción “afectan a la visión de un
país” pero ha insistido en que España es un país “serio” y una
“democracia fuerte” en el que las instituciones “funcionan”.
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