miércoles, 3 de octubre de 2012

El despilfarro continúa: 200 millones de euros para autopistas que no van a ninguna parte / Asier Martiarena

No hay dinero para becas, ni para ayudas en material y comedor escolar... pero sí que hay 200 millones de euros para rescatar negocios ruinosos como las autopistas y autovías del Estado. Así se desglosa en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 donde el Ministerio de Fomento dispondrá de esa cifra para otorgar préstamos a las concesionarias de autopistas que actualmente están en quiebra o en riesgo de quebrar.
 
En la actualidad, de la decena de las sociedades concesionarias de autopistas que afrontan desde hace tiempo el riesgo de quiebra, cuatro ya se han acogido a procesos concursales. La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el pre concurso.

Estas cuatro sociedades, que suman un pasivo de 2.171 millones de euros, realizaron una inversión en la construcción y puesta en marcha de las vías de 3.338 millones de euros. En todos los casos, se trata de autopistas que entraron en servicio en los últimos años.

¿Por qué fracasan las nuevas construcciones y funcionan las antiguas? La respuesta no entraña demasiada dificultad. En los últimos tiempos se han construido carreteras de pago innecesarias. En algunos casos simplemente son trazados paralelos a vías ya existentes y gratuitas como las radiales de Madrid.

Y en otros casos se han elegido trazados que únicamente beneficiaron a los expropiados -rumores sobre favoritismos con amigos y familiares de altos cargos no faltan-.

Pero lo sorprendente es que se ha llegado a construir carreteras que no van a ninguna parte como la autovía A-14. Una autovía fantasma que lleva abierta más de cuatro meses y que no es utilizada por nadie salvo por los curiosos por recorrer los 7 kilómetros de trazado desierto.

La carretera une Alguaire y Almenar (entre ambas apenas 6.000 habitantes) pero ni siquiera sus vecinos la usan porque hay que dar un rodeo enorme para tomarla. La crisis hizo el resto paralizando la construcción de nuevos trazados. De ahí que los 37 millones de euros invertidos hayan servido para hacer una autovía en medio de la nada. Ni va a Lleida -supuesto inicio del recorrido-, ni llega al Valle de Arán -supuesto final-.

Los bancos deben pagar su crisis / Roberto Centeno y Stefanie Mueller *

Al contemplar la estrecha relación entre las oligarquías políticas y financiera, no hace falta ser adivino para deducir que, detrás de la decisión de la oligarquía política de salvar “bancos inviables” por un supuesto “efecto domino”, hay una estrategia del  Gobierno para poder seguir gastando en sus estructuras ineficientes y corruptas que solamente alimentan las injusticias sociales. La crisis actual fomenta la reducción de derechos y gastos sociales con el supuesto objetivo de un menor déficit, objetivo que la casta política incumple masivamente con su despilfarro. 

La pregunta es ¿por qué las pymes y los autónomos, que constituyen el 90% del tejido empresarial español, pueden quebrar, por miles o cientos de miles, porque se les niega un céntimo para financiar su actividad perfectamente rentable mientras se entregan ciegamente cientos de miles de millones a bancos y administraciones públicas para evitar su quiebra? ¿Por qué tenemos que aguantar que se corte en gasto social y se suban los impuestos a las familias y a la economía productiva hasta los niveles más altos de Europa por los errores obvios que ha cometido la banca?

La valoración de Oliver Wyman (OW) es un fraude
OW ha protagonizado la quinta reforma financiera “definitiva”, la tercera en lo que va de año. OW fue quien eligió a Anglo Irish Bank como el mejor banco del mundo; un año después había quebrado. OW y las auditorías colaboradoras son también los mismos que durante años firmarían “que su opinión reflejaba la imagen fiel de la realidad económica y financiera” de numerosas entidades que ahora están quebradas. ¿Qué credibilidad pueden tener? Obviamente, muy poquita. ¿Tienen responsabilidad por sus errores, mentiras conscientes y manipulaciones para satisfacer al cliente? Ninguna en absoluto.

Y, efectivamente, OW se ha ceñido estrictamente al guión, le ha dado al Gobierno lo que quería “para no generar alarma”. Pero el mercado no se lo ha creído, como no se lo ha creído ningún analista independiente de este país. El lunes BNP, Nomura, Mediobanca, etc, recomendaban infraponderar la banca española, el Royal Bank of Scotland afirmaba que las necesidades serán más del doble de las reconocidas por OW y, lo que es mucho más transcendente, la agencia Moody ́s también: “La cifra de OW es claramente insuficiente para mantener la estabilidad financiera y para recuperar la credibilidad en los mercados de deuda”.

Pero lo más grave en cuanto a la agencia es que amenaza con degradar el rating de España a bono basura en breve, lo que tendría repercusiones devastadoras sobre la deuda, que ya no podría ser aceptada como colateral, y sobre las empresas, que verían los mercados cerrados de nuevo. Y lo que es aún peor, Egan Jones, una agencia cuya credibilidad y fama están creciendo como la espuma, nada más conocerse el viernes las conclusiones de OW degradó a España hasta bono basura. Además su presidente, Sean Egan, en unas declaraciones a Bloomberg remachó el clavo al decir que el problema de la banca española “no tiene solución” y que la deuda soberana necesita una quita del 50%.

En el análisis de OW el escenario macro, absolutamente clave para la valoración, no se corresponde en absoluto con la realidad -según Citi la economía española caerá un 3,1% en 2013-; además, no existe correlación lógica entre los distintos escenarios y, de forma general, las manipulaciones puestas de manifiesto por la mayoría de analistas son innumerables. Recojo una del magistral análisis de Tyler Durden, de Zero Hedge, con el título de ‘Cómo ha manipulado OW el análisis del rescate de los bancos españoles’: “Si las necesidades son las que dice OW, ¿por qué los bancos españoles han necesitado recurrir hasta 412.000 millones de euros al BCE hasta agosto?”. La razón es clara, afirma Tyler: “Porque el sistema bancario español está condenado por la salida masiva e ilimitada de depósitos”.

Lo único seguro al cien por cien es que ello costará decenas de miles de millones a los contribuyentes y ni un solo euro llegará a las familias ni a la economía productiva. Muchas de ellas no solamente han perdido en los últimos meses su trabajo, también han perdido sus ahorros en Bankia, Novagalicia, CAM… miles de pensionistas han perdido su dinero en los preferentes, un producto que se les vendió como rentable y seguro.

Pero todo esto no acaba aquí: el ‘banco malo’ diseñado por el Gobierno es la peor versión del mismo; presionado por las órdenes de la oligarquía financiera comprará los activos tóxicos de los bancos a precios inflados -a precios de balance menos las amortizaciones, piden los bancos con absoluta desvergüenza- y, de este modo, el coste de la diferencia con el precio de mercado, que puede ser enorme, lo pagarán los ciudadanos. Aproximadamente, el ‘banco malo’ comprará suelo cuyo valor real es cero con un descuento del 80% y las viviendas, cuyo valor de mercado puede caer hasta un 65%, con un descuento del 35%. El resto, decenas de miles de millones, lo pondrán los españoles y sus hijos.

¿Dónde se encuentra el Estado que debe proteger los derechos de los consumidores a través de las leyes? ¿Dónde se encuentra el Estado que permite a OW y a todas las grandes auditoras avalar con su firma la veracidad de unos estudios financieros, por lo que cobran cantidades ingentes de dinero, que después se demuestran clamorosamente falsos? Parece que, hoy en día, el Estado está sobre todo representado por gobiernos que ya únicamente protegen los intereses de los bancos. En España, la interrelación entre las oligarquías política y financiera es sencillamente escandalosa.

Los bancos son los primeros responsables de la crisis que estamos viviendo en Europa. Lo que parece absurdo para la gran mayoría de la población española, y para muchos ciudadanos europeos, es que quienes sufren la crisis tengan que pagar la fiesta de otros. El ciudadano ha sido defraudado por los bancos. Pero hasta ahora ha habido pocas consecuencias legales para los que cometieron un delito de engaño consciente, como en el caso de las preferentes y la falsa estimación de riesgo. Nadie ha sido condenado por tan gigantescas estafas, nadie es responsable de nada.

La convivencia de las oligarquías política y financiera
Todo el gigantesco y corrupto tinglado político de España se mantiene solo  gracias a la ayuda a la banca. En 12 meses, los extranjeros han reducido en 100.000 millones su tenencia de deuda española, que es ya inferior a los 190.000 millones. ¿Por qué no se frena ese círculo vicioso? Muy simple: la casta política y, sobre todo, las comunidades autónomas necesitan a la banca, porque no se pueden financiar ya que tienen los mercados cerrados. Esta convivencia oligarquía política-oligarquía financiera llega a límites tan inauditos como colocar a los grandes banqueros por encima de la Ley, algo sin parangón en el mundo civilizado y que hace palmaria la carencia democrática que sufre España.

Ante tanto escándalo y tan poco Estado de derecho, no sorprende que la gente salga a la calle y proteste y grite y se organice para hacer frente a esta estafa organizada entre el sector financiero y el político, que solamente está autoalimentando estructuras corruptas y aboca a la clase media a ser cada vez más pobre, mientras los culpables de esa miseria siguen con sus Porsches, sus Mercedes y su piscina privada de lujo, muchas veces con indemnizaciones millonarias. El pasado martes 25, las protestas ante el Congreso marcaron el comienzo de lo que puede ser un otoño caliente, porque todas las medidas de ajuste van contra las familias, los parados, los jubilados, ninguna contra los inauditos privilegios de la casta política y sus dos millones de enchufados.

El dinero de Bruselas debería ir a los bolsillos correctos de la gente que se ha jugado su pensión en la caja de ahorro o banco de siempre, pero no a financiar una oligarquía política y financiera absolutamente corruptas. No se necesita un ‘banco malo’ más, pero sí se necesita dinero para financiar una buena formación profesional, para hacer crecer la industria y crear nuevas empresas. No huyen solamente las grandes fortunas de España ahora mismo, también grandes talentos. Si no empiezan a quebrar bancos, se va a quebrar la sociedad democrática.

*Stefanie Mueller es corresponsal en España de varios medios económicos alemanes y está doctorada en el papel de los bancos españoles en la crisis por la Universidad San Pablo CEU

*Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid

La Comisión Legal Sol del 15M interpone una denuncia ante el Ministerio del Interior por policías sin identificar

MADRID.- Algunos participantes de la Comisión Legal de Sol han interpuesto una denuncia contra el Ministerio del Interior por incumplimientos reiterados de la Instrucción 13/2007 y del Real Decreto de normas generales del Cuerpo Nacional de la Policía, que regulan la obligación por parte de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de ir debidamente identificados en todo momento.
 
Esta  iniciativa pretende recoger el malestar ciudadano reiterado ante las numerosas movilizaciones en las que los agentes policiales desplegados prescinden u ocultan el número de placa o se niegan a facilitarlo cuando es requerido. Debemos recordar que estas quejas han trascendido el ámbito de las propias movilizaciones y de ellas se han hecho eco los medios de comunicación masiva, forzando incluso declaraciones de la propia Delegación del Gobierno al respecto. En el mismo sentido, el malestar generado por el incumplimiento de  estas normas ha motivado también la apertura de una investigación por  parte de la Defensoría del Pueblo.
Después de documentar cerca de una veintena de movilizaciones ciudadanas en las que se produjeron intervenciones policiales sin que los agentes intervinientes portaran la acreditación reglamentaria (con y sin chaleco protector, en distintos contextos y de mano de distintos cuerpos policiales), esta denuncia pretende poner sobre la mesa que la vulneración de los artículos 18 y 19.2 del R.D. 1484/1987 y los artículos 1 y 2 de la Instrucción 13/2007 de Mº del Interior:
-es reiterada y continuada en el tiempo realizándose hasta el día de hoy
-muestra la arbitrariedad con la que determinados funcionarios actúan en el marco de sus funciones, incumpliendo la normativa
-y, lo que es más importante, limita en algunos casos la posibilidad de que hechos que son reprobables y punibles no puedan serlo, puesto que la imposibilidad de identificar a los funcionarios policiales supone el archivo en los juzgados, por “autor desconocido”, de las denuncias presentadas por lesiones, cuando estas se producen. pues la Brigada de Información, tampoco colabora con la Justicia, al respecto a pesar de disponer de una base de datos en la que sabe en todo momento, los funcionarios que han que han realizado todos los servicios en los que han intervenido, a través de su Fichero  JUE ( JEFATURA DE UNIDADES ESPECIALES)  Todo ello, además de desánimo y desconfianza de la ciudadanía hacia las fuerzas del orden, fomenta una sensación de impunidad que facilita en mayor medida las extralimitaciones en su actuación
En la medida en que dichas infracciones no han sido sancionadas, y que incluso se afirma tajante y públicamente que no existen, a pesar de que la Ley Orgánica  4/10 del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece en su Artículo 8, letra “k”, que estos hechos suponen la comisión de una falta grave, procedemos a interponer la correspondiente denuncia de parte, animando a la ciudadanía que haya presenciado o documentado situaciones similares a adherirse a la misma, en el pleno ejercicio de sus derechos y deberes constitucional y legalmente establecidos. De esta manera deberá el Ministro de Interior pronunciarse sobre estos hechos, asumiendo así una responsabilidad que nunca debió ignorar.
Entendemos que en un Estado democrático y de Derecho, los funcionarios deben estar especialmente vinculados por el ordenamiento jurídico cuya aplicación custodian. Instamos, por tanto, al Ministerio del Interior a restituir el sistema de garantías jurídicas y administrativas vulneradas y a hacer efectivo el cumplimiento del marco reglamentario que regula sus unidades policiales, especialmente en las situaciones en las que, por las circunstancias que fueren, puedan hacer uso de la fuerza contra la ciudadanía.
Por último, la Comisión Legal de Sol invita a la Delegación del Gobierno en Madrid, que tanto insiste estos días en el cumplimiento de la legalidad vigente, a que, desde el mismo sábado 12 de mayo, haga cumplir la propia reglamentación aplicable a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Confiamos en que los cerca de dos mil funcionarios policiales de las UIP que serán desplegados en el centro de la capital estén reglamentariamente identificados y cumplan con la efectiva salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente el derecho de reunión, manifestación y de participación política, incluidas las múltiples asambleas previstas en las plazas los próximos días.

Los sindicatos policiales replican a Cifuentes que el derecho de manifestación es ''sagrado''

MADRID.- Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han replicado a la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que "no es necesario" modular la ley que regula el derecho de manifestación al tiempo que le han recordado que se trata de un "derecho sagrado".

Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público". Ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada".
"No hay que modificar nada, lo que habría es que aplicar la ley que tenemos de reunión y manifestación y cuando no cumpla con los requisitos no autorizarla", ha dicho en el secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, para quien "no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental".
Se ha mostrado de acuerdo con Cifuentes en que Madrid es el "manifestódromo" y el "espejo nacional donde todo el mundo quiere manifestarse", pero insiste en que eso no es suficiente para pretender modificar la Ley de reunión y manifestación".
"No estamos en absoluto de acuerdo. El derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático", ha enfatizado el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, quien ha cuestionado a Cifuentes preguntándose si pretende modular la ley sólo en Madrid, dejando el resto de ciudades con un espacio jurídico diferente.
Según ha dicho, esta "es una época de conflictividad donde una parte de la ciudadanía está en una situación complicada".
 "No se debe restringir ningún derecho y menos el de reunión y manifestación", ha concluido.

El fiscal general Torres-Dulce aboga por regular administrativamente el derecho de manifestación en España

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.

  Torres-Dulce ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un "frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática".
   El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad expresión.
   Sin embargo, ha advertido de las "imposibles consecuencias" de utilizar del descontento social como forma de "deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.".
   Según ha recalcado, el Ministerio Público es garante de la estructura constitucional pero también de los derechos individuales, entre los que se encuentra el de la libertad de expresión. "He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian", ha añadido.
   Es decir, a su juicio, el "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho". "El equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad", ha añadido.
   Torres-Dulce ha puesto así de relieve la necesidad de permitir las manifestaciones y reuniones pero de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho". Ha utilizado una anécdota cinematográfica para ilustrar su idea de que el orden es demasiado, pero "no demasiado orden".
   Al ser preguntado sobre la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el derecho de manifestación, Torres-Dulce ha respondido que "si es necesario" habría que regularlo administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución. "Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad", ha añadido.
   En este contexto, ha dicho comprender que los ciudadanos de Madrid puedan verse afectados las continuas manifestaciones. Eso sí, ha indicado que "restringir excesivamente" complica la convivencia democrática.
   Respecto a la actuación policial en las marchas del 25-S y las concentraciones posteriores, el fiscal general del Estado ha defendido la labor de la Policía, que está sujeta a la legalidad y que a veces trabaja en condiciones "difíciles", aunque ha recordado que los ciudadanos pueden denunciar cualquier exceso de los límites de la legalidad que se haya cometido ante los tribunales.
   En cuanto a la posición de la Fiscalía, Torres-Dulce ha recordado las diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado y, respecto a los participantes, ha afirmando que "no todo el mundo pudiera haber incurrido" en este tipo de delito puesto que los atestados policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la autoridad o resistencia.
   "Hay ciudadanos que evidenciaron que iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado", ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.

Sin televisiones regionales España ahorraría 1.200 millones de euros

MADRID.- La supresión de las 17 Cámaras regionales y de las 13 televisiones autonómicas españolas supondría un ahorro superior a los 1.600 millones de euros anuales. --Los Parlamentos y las televisiones regionales cuestan 1.600 millones--, según 'La Gaceta'.

Esta cantidad se incrementaría en otros 100 millones si al hipotético recorte se uniese la supresión de órganos regionales duplicados, como las cámaras de cuentas, los consejos consultivos o los consejos económicos y sociales con los que cuentan la mayor parte de las Administraciones autonómicas.
La cifra de 1.700 millones es ligeramente inferior al presupuesto del Gobierno de Cantabria para 2012 y supone cerca de 500 millones más que lo que dedicará este año el Gobierno de La Rioja a gastos.
El mantenimiento de las 17 Cámaras autonómicas y de sus 1.218 diputados cuesta anualmente 383,8 millones, casi el triple del presupuesto que se destina al Congreso de los Diputados y al Senado.
Las principales partidas, más de un tercio, van a los sueldos de los legisladores y también a los funcionarios que trabajan en los hemiciclos. Así, la Cámara andaluza dispone de un presupuesto anual de 46,7 millones de euros, de los que cerca de 18 millones van a pagar nóminas.
La Cámara regional que mayor presupuesto ha recibido para este ejercicio es el Parlament catalán, que cuenta con 135 diputados, y que goza de un presupuesto superior a 59 millones de euros.
Los dos siguientes Parlamentos con mayor coste son el andaluz y, a mucha distancia, la Asamblea de Madrid, que cuenta con 129 escaños y unas partidas para su mantenimiento de 30 millones de euros. La Cámara madrileña, con tan sólo seis diputados menos que la de Barcelona, gasta la mitad.
Las televisiones autonómicas, abiertas ahora a un proceso de privatización, dispondrán de cerca de 1.200 millones de euros para este año.
La elevada cifra es, sin embargo, 400 millones inferior a la de 2011. En el ejercicio 2012, la mayoría de las Administraciones autonómicas han optado por recortes en sus televisiones de hasta un 20%.
La deuda de las televisiones regionales supera los 2.000 millones de euros, pese a que reciben subvenciones por 1.900 millones de euros al año.

¿A cuánto asciende la fortuna personal del Rey de España?

MADRID.- El diario The New York Times calcula que la fortuna de Don Juan Carlos se eleva a 2.300 millones de dólares, casi 1.800 millones de euros. En una amplia información publicada el pasado fin de semana, el periódico neoyorquino -que alude al "estilo de vida lujoso" y a la "fortuna opaca" del Rey- afirmaba que "sigue siendo un secreto cómo ha amasado su considerable riqueza personal". ¿Es desorbitada la cifra revelada por el prestigioso rotativo? Resulta muy difícil saberlo. Porque, a diferencia de ministros, altos cargos y diputados, el jefe del Estado no está obligado a revelar su patrimonio.

Asegura The New York Times que los bienes de Juan Carlos de Borbón a su llegada al trono, tras la muerte del general Francisco Franco, equivalían a "prácticamente nada". Desde entonces, el monarca "ha trabajado duro para generar su propia fortuna personal, más allá de los 8,3 millones de euros de presupuesto anual", en alusión a la asignación para la Casa del Rey consignada en los Presupuestos Generales del Estado, que en 2013 ascenderá a 7,93 millones, un 4% menos que este año.

Fuentes del diario neoyorquino han reconocido a El Confidencial que su cálculo del patrimonio del Rey se basa en "un promedio de cifras ya publicadas", no en una investigación propia. "El objetivo de la información era resaltar que, cuando el Rey aparece en listas de fortuna de los personajes más ricos, siempre alcanza una cifra muy por encima de lo que cabría suponer tomando en cuenta el presupuesto anual de la Casa Real", añaden las mismas fuentes.

Las únicas listas de fortuna en las que hasta la fecha ha aparecido Don Juan Carlos son las publicadas por la revista Eurobusiness, ya desaparecida, y el anuario Forbes. Ambas, curiosamente, coinciden prácticamente en la cifra aportada por The New York Times: casi 1.700 millones de euros. Con la salvedad de que la primera de esas publicaciones, propiedad del patrón de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone hasta su cierre en 2004, desglosaba en dos esa cantidad: 545 millones de euros de "fortuna personal" y otros 1.136 millones de "bienes familiares".

¿Cifras descabelladas?

La Casa del Rey siempre ha tachado esas cifras de descabelladas, pero se ha negado a desvelar la cuantía de la fortuna del monarca con el argumento de que su patrimonio personal es un asunto privado. En 2003, cuando Eurobusiness se refirió a las opacas cuentas de Don Juan Carlos, el Gobierno de José María Aznar, a través de su embajada en Londres, remitió una carta de protesta a la la revista en la que afirmaba que la mencionada cifra "sólo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad de Patrimonio Nacional son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto".

Esa argumentación, en el mejor de los casos, sólo podría ser aceptada parcialmente, ya que el inventario de los inmuebles gestionados por Patrimonio Nacional -el organismo que custodia los bienes de titularidad estatal cuyo uso está reservado al Rey y los demás miembros de la familia real- es vastísimo y de un valor incalculable. Esos bienes incluyen los palacios reales de Madrid, La Granja de San Ildefonso (Segovia), Riofrío, también en Segovia, y La Almudaina (Palma de Mallorca); los reales sitios de San Lorenzo de El Escorial, El Pardo y Aranjuez, todos en Madrid; los Reales Alcázares, en Sevilla, y una decena de monasterios, abadías, conventos, panteones y jardines.

La Casa del Rey hizo públicos a finales del pasado año, por primera vez en democracia, los sueldos de Don Juan Carlos (292.000 euros anuales) y del príncipe Felipe de Borbón (algo más de 146.000 euros). Pero ese inédito ejercicio de transparencia, a rebufo del desplome en la credibilidad de la institución monárquica por el caso Urdangarín y, más tarde, la cacería de elefantes en Botsuana, se ha quedado corto. El Confidencial preguntó ayer a un portavoz oficial de La Zarzuela si el monarca tiene intención de dar a conocer también los datos de su patrimonio y el de los demás miembros de la familia real, como hacen, por ejemplo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el del Congreso, Jesús Posada. El citado portavoz se comprometió a responder hoy a esa pregunta.

La herencia de Don Juan de Borbón

Diversas fuentes consultadas sostienen que el único patrimonio inmobiliario conocido del Rey es el que su padre, Don Juan de Borbón, legó al actual monarca y sus dos hermanas, las infantas Pilar y Margarita de Borbón. Esos bienes son un chalet en la lujosa urbanización madrileña Puerta de Hierro, bautizado como Villa Giralda, en recuerdo de la vivienda de Estoril donde los padres del monarca pasaron parte de su exilio, y posteriormente vendido por 2,7 millones de euros; un apartamento en esa misma localidad portuguesa y parte de un edificio de oficinas en la Gran Vía madrileña. A estas propiedades hay que sumar un chalet adosado en la urbanización La Pleta de Baqueira (Lleida), que le fue regalado por los propietarios de la estación de esquí.

Esas mismas fuentes aseguran que el Rey ha comprado en los últimos años varios inmuebles, en España y fuera de nuestro país, y valiosas obras de arte, además de haber invertido en bolsa importantes cantidades. Y añaden que tanto esas propiedades inmobiliarias como las cotizadas pinturas e inversiones financieras de Don Juan Carlos no figuran a su nombre. El Confidencial también ha preguntado a la Casa del Rey por el origen y naturaleza de esas supuestas adquisiciones e inversiones bursátiles.

El informe publicado por The New York Times cita a Herman Matthijs, un profesor de finanzas de la Universidad de Bruselas y especialista en el estudio de los presupuestos que los gobiernos de las monarquías parlamentarias europeas destinan al sostenimiento económico de sus casas reales. Tras recordar que Matthijs "ha buscado información, sin éxito, sobre la fortuna personal del Rey", el diario estadounidense entrecomilla una frase del profesor belga: "Supongo que al menos es millonario, pero la pregunta es: ¿Es billonario? ¿Cuál es su verdadera riqueza?". La respuesta sólo la tienen Don Juan Carlos y, tal vez, su círculo más íntimo.
 

Para jueces para la Democracia: "Cristina Cifuentes se sitúa fuera de la Constitución"

MADRID.- El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha respondido a la propuesta lanzada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Para Bosch, "la delegada se sitúa fuera de la Constitución". "Como ella misma debería saber, la única manera de recortar ese derecho es recortar la Constitución."

Según ha explicado a eldiario.es el portavoz de esta asociación de jueces, Cifuentes "pretende limitar la discrepancia". 
 "A la delegada le molestan las protestas ciudadanas", afirma Bosch. "El derecho a manifestación está muy vinculado a la libertad de expresión, que es fundamental en una democracia". Ante quienes comparan ese derecho con las urnas, el portavoz de Jueces para la Democracia argumenta que "hay que recordar que muchas de las medidas que provocan estas protestas no estaban en el programa electoral".
Para Bosch, Cristina Cifuentes "debería preocuparse más por evitar excesos policiales como los que hemos visto estos días, que esa sí es su labor", unas "actuaciones policiales desproporcionadas que han generado un problema mayor".
El portavoz de Jueces para la Democracia también ha criticado que la delegada "no haya sido aún capaz de dar una explicación sobre por qué los antidisturbios no iban debidamente identificados, como es su obligación".
 "Lo mínimo que se le puede pedir a una delegada del Gobierno es que haga cumplir la ley", dice Bosch.

martes, 2 de octubre de 2012

El juez Pedraz estudiará el diario de sesiones del Congreso del 25S

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional estudiará el diario de sesiones del Congreso de los Diputados correspondiente al pasado 25 de septiembre, jornada que coincidió con el desarrollo de las protestas en los alrededores del edificio del Parlamento que desembocaron en la detención de 35 personas.

   En una providencia el magistrado solicita --en el marco de las diligencias en las que se investiga la posible comisión por parte de ocho convocantes de la manifestación de un delito contra altas instituciones del estado-- que se recabe de la página web del Congreso el acta de la sesión del pasado día 25.
   Según han indicado fuentes jurídicas, la intención de Pedraz es estudiar el desarrollo de la sesión con la intención de comprobar si las protestas alteraron su normal funcionamiento. El artículo 494 del Código Penal establece como delito promover, dirigir o presidir manifestaciones u otra clase de reuniones en los alrededores del edificio cuando esté reunido el Pleno "alterando su normal funcionamiento".
   El magistrado ha citado a declarar para el próximo jueves a los ocho promotores de la protesta que fueron identificados por la Policía en varias asambleas preparatorias. El juez tiene pendiente además responder a la inhibición cursada por la juez de instrucción de Madrid, Rosario Espinosa, relativa a los desórdenes provocados por los 35 detenidos en las inmediaciones del Congreso el día de la protesta.

SUP replica a Cifuentes que "no es necesario" modular la ley de manifestación y CEP dice que es "un derecho sagrado"

MADRID.- Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han replicado este martes a la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que "no es necesario" modular la ley que regula el derecho de manifestación al tiempo que le han recordado que se trata de un "derecho sagrado".   

   Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público". Ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada".
   "No hay que modificar nada, lo que habría es que aplicar la ley que tenemos de reunión y manifestación y cuando no cumpla con los requisitos no autorizarla", ha dicho el secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, para quien "no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental".
   Se ha mostrado de acuerdo con Cifuentes en que Madrid es el "manifestódromo" y el "espejo nacional donde todo el mundo quiere manifestarse", pero insiste en que eso no es suficiente para pretender modificar la Ley de reunión y manifestación".
   "No estamos en absoluto de acuerdo. El derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático", ha enfatizado el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, quien ha cuestionado a Cifuentes preguntándose si pretende modular la ley sólo en Madrid, dejando el resto de ciudades con un espacio jurídico diferente.
   Según ha dicho, esta "es una época de conflictividad donde una parte de la ciudadanía está en una situación complicada".  
"No se debe restringir ningún derecho y menos el de reunión y manifestación", ha concluido.

Las empresas en concurso y los desahucios alcanzan cifras históricas en España

MADRID.-   Los tribunales españoles han registrado durante el segundo trimestre de este año un incremento histórico tanto del número empresas declaradas en concurso (un 35,3% más que en el mismo periodo de 2011) como del número de lanzamientos por procedimientos de desahucio (un 14,3% más), según el informe sobre el impacto de la crisis en los órganos judiciales publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   En este periodo se presentaron 2.666 concursos, lo que supone un aumento del 35,3% respecto del segundo trimestre de 2011. Se trata del incremento más alto registrado históricamente, según el estudio que coordinan los vocales Miguel Carmona y Antonio Dorado.
   En el trimestre analizado se declararon un total 2.024 concursos de los que 169 concluyeron en virtud del artículo. 176 bis 4 LC (por insuficiencia de patrimonio para hacer frente a las deudas), otras 548 alcanzaron la fase de convenio y 1.606 llegaron a fase de liquidación.
   En cuanto al ámbito territorial, Cataluña (con 527 concursos) y la Comunidad Valenciana (con 430 concursos) se sitúan a la cabeza de concursos presentados, seguidas a distancia por Madrid (368 concursos) y Andalucía (350 concursos).
   Además, el número demandas por despido tramitadas por los juzgados españoles durante el segundo trimestre de este año crecieron un 30,3% respecto al mismo periodo del año pasado. En total, entre los meses de abril y junio se contabilizaron un total de 37.243 demandas.
   En Cataluña, Andalucía y Madrid se superaron las 6.000 demandas en el citado periodo. Descendieron, por el contrario, las reclamaciones de cantidad (38.655), cifra inferior en un 5,2% a la del segundo trimestre de 2011.
   Por otro lado, del informe se desprende que el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el trimestre, 23.421, es un 14,2% superior al mismo trimestre de 2011 y que los procedimientos monitorios (por impagos) presentados, 172.111, están lejos de los más de 250.000 del cuarto trimestre de 2009 y del primero de 2010, y son un 18,9% menos que en el segundo trimestre de 2011.
   Además, el número de lanzamientos (procedimientos de desahucio) solicitados a los servicios comunes también ha sido el mayor de la historia, 18.668, un 13,4% más que en el segundo trimestre de 2011. Por su parte, los órganos judiciales han acordado la práctica directa de 29.275 lanzamientos.

El ministro Fernández Díaz pide a la Policía española compromiso pese al momento difícil

MADRID.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hecho un llamamiento este martes "a todos los policías" a que mantengan su compromiso y entrega pese al "difícil momento" actual, ya que, según ha dicho, su función es crucial para la defensa del sistema democrático e instituciones como el Congreso de los Diputados.

   "Hago un llamamiento a todos los policías a seguir perseverando en su compromiso y entrega siendo consciente como soy del difícil momento en el que nos encontramos", ha dicho el ministro durante su intervención en la celebración del Día de la Policía.
   Fernández Díaz hace estas declaraciones después de que este lunes hasta cinco sindicatos policiales convocasen concentraciones de protesta contra el Gobierno y la clase política, a la que acusan de esconderse detrás de la institución para no dar explicaciones a la sociedad.
  "La labor de la Policía es crucial para el funcionamiento del sistema democrático y el respeto de los derechos y libertades de los españoles, así como la garantía de los principios constitucionales encarnados en todas las instituciones, especialmente en las que de forma cabal representan al conjunto de los españoles y en las que radica la soberanía nacional. Estoy hablando del Congreso de los Diputados", ha enfatizado Fernández Díaz.
   Durante su discurso ha hecho numerosas alusiones a la situación de crisis que atraviesa España y a la que, según ha dicho, tanto la Policía como la Guardia Civil no son ajenos, al tiempo que ha elogiado el trabajo diario realizado por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Policía estará a la espera de lo que se espera de ellos para tranquilidad de todos los españoles.
   Paralelamente a estas palabras, tres sindicatos policiales (CEP, SPP y UFP) mantenían una concentración de protesta frente a las puertas del Ministerio del Interior y un cuarto sindicato, el SUP, se concentraba también en el recinto de Ifema, donde ha tenido lugar la celebración del Día de la Policía.
   El titular de Interior también ha tenido palabras de recuerdo para todos los policías asesinados por la banda terrorista ETA y ha felicitado a las fuerzas de seguridad por las operaciones de los últimos meses contra la organización criminal. Ha calificado a la Policía como "uno de los pilares" para lograr el final definitivo de lo que ha calificado como "una lacra".
   En la misma línea se ha manifestado unos minutos antes el director general de la Policía Ignacio Cosidó, quien ha destacado que "los más de 70.000 efectivos de Cuerpo Nacional de Policía, desplegados en toda España, son una garantía para la seguridad de los ciudadanos y defensa de la democracia, el Estado de Derecho y orden constitucional".
   "Ninguna dificultad y desafío por importante que sea va a cambiar el rumbo que hemos emprendido ni va a hacer que la Policía decline del ritmo que hemos emprendido. Los ciudadanos deben tener la absoluta certeza que la Policía está y estará a la altura de los retos de España", ha coincidido al tiempo que ha asegurado ser "consciente de los retos que están haciendo los policías nacionales en consecuencia del gran esfuerzo de austeridad".

El desempleo aumenta en la región madrileña un 1,74% en septiembre

MADRID.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) de la Comunidad de Madrid creció en 9.196 personas en el mes de septiembre, un 1,74 por ciento más que el mes anterior, lo que sitúa el número de desempleados madrileños en 536.457 personas.

   En comparación con el mismo mes del año anterior, el paro en la región ha subido en 51.251 personas, lo que supone un 10,56 por ciento más, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   A nivel nacional, el número de parados registrados subió en 79.645 desempleados en septiembre, un 1,72 por ciento respecto a agosto, lo que situó la cifra total de parados otra vez por encima de los 4,7 millones después de tres meses por debajo de esta barrera. En concreto, el desempleo alcanzó al cierre de septiembre la cifra de 4.705.279 personas.
   La subida del desempleo en septiembre, mes en el suele aumentar el paro por el fin de la campaña de verano, es la segunda consecutiva tras la de agosto y el cuarto peor registro en este mes dentro de la serie histórica, iniciada en 1996, tras los de septiembre de 2008 (+95.367 desempleados), septiembre de 2009 (+80.367) y septiembre de 2011 (+95.817 parados).

Crece la afiliación a la SS

La Seguridad Social ganó una media de 12.883 afiliados en septiembre, un 0,48 por ciento más que el mes anterior, con lo que el total de ocupados en la Comunidad de Madrid se situó en 2.718.725 cotizantes, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   Si se comparan estos datos con los registrados en el mismo periodo de tiempo del año anterior, se observa que el sistema ha perdido 57.795 cotizantes, lo que supone una caída del 2,08 por ciento.
   Del total de afiliados, 2.364.609 pertenecían al régimen General, 349.792 al de autónomos, 94.721 eran empleados del hogar, 3.465 cotizaban en el régimen Agrario, 3.701 en el Marítimo y 9 en la Minería y el Carbón.
   A nivel nacional, la Seguridad Social registró en septiembre un descenso medio de 86.174 afiliados respecto a agosto, con lo que se situó en un total de 16.809.803 ocupados al finalizar el mes. Con el descenso de septiembre, el sistema encadena dos meses consecutivos de pérdida de afiliados.
   En términos interanuales, la Seguridad Social redujo en septiembre su número de cotizantes en 625.759 personas (-3,59 por ciento), aproximadamente la mitad de la caída de septiembre de 2009, cuando se perdieron 1.085.265 trabajadores en tasa interanual (-5,71 por ciento), según ha resaltado el Ministerio.

Cifuentes:"En las redes sociales se dice muchas cosas sin contrastar, como las que leo sobre la actuación policial"

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que es partidaria de las redes sociales, porque son "un espacio de debate para los ciudadanos", pero ha precisado que en ellas "a veces se dicen cosas que no se contrastan, como las que se encuentran estos días sobre la actuación policial" en torno a las convocatorias del 25-S. 

   En una entrevista en RNE, Cifuentes ha asegurado que en las redes sociales "se dicen muchas cosas, algunas con razón y otras muchas sin ninguna".
   La delegada ha calificado de "correcta" la actuación policial de estos días, "que además ha conseguido con carácter general lo que pretendía, en unas circunstancias muy difíciles, que es mantener el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y preservar el Estado de Derecho".
   "Ha habido personas que han tratado, como ellos mismos han publicitado, de llamar a ocupar el Congreso literalmente, no rodearlo, ocuparlo. Y creo que la obligación de la Policía es preservar la democracia y el Estado Derecho. Lo que no puede ser es que un muy reducido grupo de personas quieran imponer su criterio por la fuerza frente a los 24 millones de personas que votaron hace menos de un año", ha añadido.
   La delegada ha defendido poder explicar lo que pasó el 25 de septiembre porque "en algunos foros las cosas que se decían no obedecen a la realidad".
 "A mí me asustó mucho cuando vi en algún medio digital que la Policía había dejado paralítico a un manifestante y cuando luego veo la realidad es que era una persona --que en estos momentos ha recuperado completamente la movilidad-- que había tenido cuadros previos de tetraplejia, que había tenido un accidente de tráfico y de caída de escaleras y presentaba un patología médica de estenosis del conducto del canal medular", ha apuntado.
   "Las informaciones de Internet hay que explicarlas al ciudadano. Por eso creo que es importante salir a los medios. Salir en los medios tiene una parte de desgaste y yo sé que estoy en el punto de mira de muchas personas, pero como no me importa porque no tengo ambición política", ha apostillado.
   La delegada del Gobierno en Madrid ha señalado, por ejemplo, que tras la manifestación del 25-S se recogieron 300 kilos de piedras y en la del sábado por la noche se decomisaron "latas rellenas de cera con mechas, con todo tipo de artefactos".
 "Ahí la labor de la Policía fue impecable", ha añadido.
   Igualmente, según ha explicado, en estas manifestaciones había grupos, de personas, algunos llegados de fuera de Madrid, "muy radicales, antisistemas que vinieron a provocar incidentes".
   "En algunos casos están identificados a través de los servicios de información de la Policía. Controlados es más complicado porque no se puede controlar preventivamente. Puedes saber que hay un grupo de personas que tienen intenciones dudosas. De hecho, había foros en los que llamaban a cometer todo tipo de delitos contra la propia Policía, que si los ciudadanos los conocieran se asustarían", ha señalado.
   Cristina Cifuentes también ha reconocido que recibe amenazas de muerte y de agresiones de todo tipo desde hace meses, "la mayoría provienen de personas que aprovechan el anonimato que les da Internet para ello".
 "No me asustan y ninguna amenaza va a impedir que cumpla con mi obligación. Quienes quieran seguir a través de Internet amenazando e insultando que lo sigan haciendo, no le voy a dar tiempo a eso", ha concluido.

El SUP dice que, con las cargas policiales, el Gobierno español pretende "salir del centro de atención y colocar a la Policía"

ALICANTE.- El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha considerado que las cargas policiales del 25S y del 29S responden a "una estrategia establecida desde el Gobierno para sacar al Gobierno del centro de atención y colocar a la Policía".

   Durante su visita este martes a Benidorm, donde ha participado en los actos de protesta contra los recortes salariales coincidiendo con los actos de celebración del Día de la Policía, Sánchez Fornet ha resaltado que con esta estrategia del Gobierno, "todo el mundo pregunta por qué la policía el 25S y el 29S hizo lo que hizo, pero nadie pregunta porqué había allí tantos miles de ciudadanos", que acudieron allí "para protestar contra el gobierno".
   En su "mayoría" la actuación policial "fue muy buena", pero, según ha considerado, "hubo 2 ó 3 lunares negros, como sacar a los ciudadanos de los bares sin identificarlos y golpearlos, que coloca a la Policía en el punto de mira".
   Al respecto, ha recordado que en las protestas intervinieron "grupos violentos organizados" que llevaban las tapaderas de cubos de basura manipulados para utilizarlas como escudo, portaban barras de hierro, astas de banderas y se detectó la existencia de 267 kilos de piedras recogidos en la zona que los participantes llevaban en mochilas.
   "Ante esas actitudes o grupos no cabe diálogo, ellos no van a dialogar, hay que ir a disolverlos o a detenerlos, pero si al hacer eso agredimos a personas pacíficas que están allí, le estamos dando la razón a los grupos violentos porque toda esa masa de ciudadanos pacíficos acaba odiando a la policía".
    El representante del SUP ha remarcado que en estos casos los agentes tienen que ser "especialmente escrupulosos, ir a por los grupos violentos, el leña y punto famoso de hace unos días para los violentos, y respeto escrupuloso para el resto de los ciudadanos".
   "Esa es la estrategia que hay que hacer y eso es lo que no está haciendo el gobierno intencionadamente, tratando de colocar a la Policía en el ojo del huracán de la discordancia de los ciudadanos".

El Banco Mundial ve necesario crear 600 millones de empleos en 15 años

WASHINGTON.- El Banco Mundial ha alertado del "impactante" desafío que supone el elevado desempleo juvenil en todo el mundo y ha asegurado que es necesario crear 600 millones de puestos de trabajo en los próximos 15 años para mantener las tasas de empleo estables, según recoge el 'Informe sobre el desarrollo mundial 2013: Empleos' elaborado por la organización. 

   "El desafío en el segmento juvenil es por sí solo impactante. Más de 620 millones de jóvenes no trabajan ni estudian. Solo para mantener las tasas laborales estables, la cantidad de empleos a nivel mundial tendría que aumentar en unos 600 millones durante los próximos 15 años", explica el director del informe, Martin Rama.
   El Banco Mundial señala que la crisis económica global y otros eventos recientes han puesto el tema del empleo en el centro del diálogo sobre el desarrollo, y destaca que, aunque hay más de 3.000 millones de personas con empleos, casi la mitad corresponden a labores agrícolas, pequeñas empresas familiares o puestos de jornaleros estacionales, "con muy pocas redes de protección, o en ocasiones sin ellas, y con bajos salarios".
   Así, añade que en los países en desarrollo, donde predomina el trabajo agrícola y por cuenta propia, las tasas de desempleo suelen ser bajas, pero la mayoría de los pobres trabaja largas jornadas y sus ingresos "igual no alcanzan para llegar a fin de mes". "Además, la violación de los derechos básicos es bastante común", apostilla.
   El Banco Mundial defiende que los empleos son "la piedra angular del desarrollo" y sus beneficios van mucho más allá de los simples ingresos. "Son fundamentales para reducir la pobreza, hacer que las ciudades funcionen y proporcionar a los jóvenes opciones de participación social", remarca.
   El informe revela que la pobreza disminuye a medida que las personas encuentran trabajos que les ayudan a superar las dificultades y que las mujeres trabajadoras invierten más en sus hijos. Además, subraya que la eficiencia aumenta a medida que los trabajadores mejoran sus habilidades, aparecen más trabajos productivos y desaparecen los menos provechosos, así como que las sociedades florecen cuando los empleos promueven la diversidad y proporcionan alternativas a los conflictos.
   "Un buen empleo puede cambiar la vida de una persona y cuando los puestos de trabajo son adecuados, pueden transformar sociedades completas. Los gobiernos deben poner este tema en primer plano para promover la prosperidad y luchar contra la pobreza", aseguea el presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim.
   Por esto motivo, incide en que es "fundamental" que los gobiernos trabajen bien con el sector privado, que genera el 90% de todos los puestos de trabajo. "Por lo tanto, tenemos que encontrar la mejor manera de ayudar a empresas y fincas pequeñas a crecer. El trabajo es sinónimo de esperanza. El trabajo es sinónimo de paz. El trabajo le da estabilidad a un país frágil", insiste.
   En este contexto, el organismo propone un enfoque en tres etapas para ayudar a los gobiernos a cumplir estos objetivos. En primer lugar, cree que debe haber bases sólidas, lo que incluye estabilidad macroeconómica, un entorno propicio para hacer negocios, capital humano y estado de derecho.
   En segundo lugar, advierte de que las políticas laborales no deben convertirse en obstáculo para la creación de empleos y deben permitir la participación y brindar protección social de los más vulnerables. En tercer lugar, apunta que los gobiernos deben identificar cuáles son los empleos que más ayudan al desarrollo dado el contexto específico del país y remover o compensar las barreras a la creación de este tipo de empleos por parte del sector privado.

'The New York Times' dice que los recortes en España conducen a "más miseria"

NUEVA YORK.- El diario 'The New York Times' se ha mostrado, en un editorial, muy critico con la política de austeridad aplicada en Europa ante las presiones de Alemania, y ha advertido que los nuevos recortes que se aplicarán en España "a los trabajadores y al poder adquisitivo no traerán la recuperación, sino solo más miseria y protestas".

   En el editorial, el periódico estadounidenses señala que al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no le quedan partidas fáciles en las que recortar gastos o servicios sin arriesgarse a un "desastre social".
 "La historia es muy parecida a Grecia y Portugal", advierte.
   En este sentido, subraya que el tiempo "se está acabando" y que solo un "cambio radical en las políticas económicas puede salvar el euro". En su opinión, los líderes europeos, y en especial la canciller alemana Angela Merkel, deben reconocer que devolver la solvencia a la eurozona requerirá "renovados esfuerzos" para alentar el crecimiento económico mediante "objetivos presupuestarios menos rígidos" y no continuar con la austeridad que imponen "desesperadamente Berlín y Bruselas".
   Asimismo, destaca la intención de Rajoy de frenar el gasto de las comunidades autónomas, que malgastaron miles de millones en proyectos inútiles de obras públicas durante el 'boom', pero avisa de que, pese al dinero perdido, la sanidad y la educación "no deben ser objeto de grandes recortes incluso en tiempos complicados".
   En este línea, también alerta de que una profunda recesión no es tampoco el momento adecuado para hacer frente al problema de los costes de las pensiones en el largo plazo y al envejecimiento de la población. "Con las prestaciones de desempleo llegando a su fin para muchos parados de larga duración, las pensiones son el principal recurso de ingresos para cientos de miles de grandes familias", remarca.
   Por otro lado, el diario también incide en que la paciencia de los ciudadanos con las políticas reclamadas por el Gobierno alemán y los líderes europeos "se está agotando", y añade que estas medidas "han fracasado notablemente en su objetivo de reducir la carga de deuda y preparar el camino hacia la recuperación económica".
   "En cambio, es evidente que estas medidas aceleraran los niveles propios de depresión de desempleo y los programas de protección social cuando más se necesitan", insiste 'The New York Times'.
   En su opinión, la "dura mezcla" de nuevos recortes en los servicios públicos, la congelación salarial y las subidas de impuestos anunciadas la semana pasada en España "casi seguro hará que la situación política y económica de España empeore", con un nuevo año de contracción en 2013 y el desempleo por encima del 25%.
   Además, critica la postura de Alemania de retrasar la unión bancaria europea que "necesita desesperadamente España" para que pueda recapitalizar directamente sus bancos. Así, reconoce que España tiene de momento algo más de libertad que Grecia o Portugal dado que no ha pedido aún el rescate, pero incide en que Rajoy no es "un actor libre" y que la postura de Alemania podría llevar al país al rescate.
   A reste respecto recuerda que los actuales problemas de deuda de España no son culpa en un derrochador gasto público en los tiempos del 'boom', sino producto de una burbuja inmobiliaria alimentada por un "crédito barato artificial", cuya explosión ha obligado al gobierno a gastar miles de millones de euros que no tiene y no puede obtener en rescatar la sistema bancario.

El sector público español pierde 220.472 afiliados a la SS hasta septiembre

MADRID.- La afiliación a la Seguridad Social en los sectores españoles de Administración Pública, Educación y Sanidad se redujo en 220.472 personas entre enero y septiembre, según datos difundidos por CSI-F a partir de las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   El sindicato resaltó sobre todo la pérdida de afiliados en la Educación, el sector donde más se está notando la destrucción de empleo, con 132.713 afiliados menos entre abril y septiembre.  
   Según CSI-F, el sector de Administración Pública es ya, proporcionalmente, el tercer sector con una mayor pérdida de afiliados, por detrás de la construcción y las industrias extractivas.
   El presidente de CSI-F, Miguel Borra, exigió hoy al Gobierno y a las comunidades autónomas, reunidas hoy en la Conferencia de Presidentes, "que pongan freno a la sangría de pérdida de empleos en el sector público".
   "Hay que aplicar un torniquete a la sangría de empleo en el sector público, porque los servicios que reciben los ciudadanos son hoy, en el contexto de esta crisis, más necesarios que nunca", destacó. Borra teme que "detrás de esta pérdida de empleo público se encuentre una de las condiciones encubiertas del futuro rescate a España".

La Policía y el Ejército egipcio han matado a más de 120 manifestantes

LONDRES.- La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado que la Policía y el Ejército egipcios han acabado con la vida de más de 120 manifestantes en protestas celebradas desde octubre de 2011, en las que dejaron más de 3.480, incluidos más de 50 con heridas oculares o que incluso han quedado ciegas de por vida. 

   En un informe titulado 'Brutalidad impune y sin control: el Ejército egipcio mata y tortura a manifestantes con impunidad', AI ha asegurado que los militares y los agentes de la Policía han acabado con la vida de 121 manifestantes y han dejado heridos a un total de 3.484 desde octubre del año pasado, cuando tuvo lugar la manifestación de cristianos coptos en la plaza de Maspero, en El Cairo, que acabó con 27 civiles y un militar muertos.
   En concreto, ha denunciado que una de las principales lesiones sufridas por los manifestantes ha sido la pérdida de visión por el impacto de pelotas de goma disparadas por las fuerzas de seguridad. Según los datos recabados en un único hospital por la Iniciativa Egipcia por los Derechos de las Personas, 60 manifestantes sufrieron heridas oculares por la represión en las protestas de noviembre de 2011 frente a la sede del Ministerio del Interior.
   La ONG ha denunciado la represión policial y militar contra los participantes en tres episodios: la protesta de Maspero, en la que murieron 27 cristianos coptos por disparos de munición real por parte de las fuerzas de seguridad o atropellados por sus vehículos blindados; la sentada de Abasiya, entre abril y mayo de 2012, en la que murieron doce personas por la represión policial frente a la sede del Ministerio de Defensa; y los sucesos de las oficinas gubernamentales, cinco días de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes que acabaron con 17 manifestantes muertos, en su mayoría por disparos.
   Amnistía Internacional ha hecho especial hincapié en la "impunidad" que tienen los agentes de Policía y los militares y ha denunciado que sólo un mando policial y tres militares ha sido juzgados por la muerte de manifestantes desde octubre de 2011, frente a los 12.000 civiles que han sido "injustamente" procesados ante tribunales castrenses y los 1.007 que han sido juzgados por el mero hecho de participar en manifestaciones.
   La ONG ha criticado además la política de retiros de militares y policías involucrados en la represión contra manifestantes que impuso la junta militar que asumió el poder tras la caída del régimen que presidía Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011.
   En este sentido, ha asegurado que, desde la revolución del 25 de enero de 2011, el movimiento que llevó a la renuncia de Mubarak, las autoridades egipcias han "retirado" a 1.051 mandos de las fuerzas de seguridad por su implicación en la presión y han "recolocado" a 4.000 agentes por estos mismos motivos. Desde que el actual presidente, Mohamed Mursi, tomó posesión de su cargo, el Gobierno ha "retirado" a 70 generales del Ejército.
   En su informe, AI ha subrayado que la tortura sigue sin estar debidamente definida y contemplada como crimen en la legislación egipcia y que la definición actual no se ajusta a los criterios de la normativa internacional en defensa de los Derechos Humanos. En concreto, la ONG ha afirmado que, hasta el momento, sólo cinco oficiales de la Oficina de Seguridad Estatal han sido procesados y condenados por torturas y ha denunciado que 41 oficiales de este órgano ya extinguido han sido juzgados por destruir documentación y pruebas de casos de violaciones de Derechos Humanos.
   En materia de comercio de armas con Egipto, AI ha explicado que países como Chipre, Alemania, India, Italia, Polonia, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Eslovaquia, Turquía y Estados Unidos han proporcionado armas en los últimos siete años al país norteafricano y ha exigido el cese de la venta de equipos como armas ligeras y material antidisturbios que pueda emplearse contra manifestantes. En este sentido, ha asegurado que Egipto ha recibido de Estados Unidos de 2005 a 2011 armas por valor de más de 1.200 millones de dólares (930 millones de euros).
   En su informe, de 59 páginas de extensión, Amnistía Internacional ha dejado claro al presidente egipcio, Mohamed Mursi, que debe llevar a cabo una reforma de la Policía y el Ejército para acabar con la "impunidad" y que las fuerzas de seguridad dejen de ser una institución temida por el pueblo para pasar a ponerse a su servicio.
   En concreto, la ONG le ha exigido a Mursi que establezca una "clara cadena de mando" en las fuerzas de Seguridad y que cree un sistema de "veto" que garantice que ningún policía o militar permanecerá en su puesto cuando ha sido responsable de violaciones de Derechos Humanos. También le ha pedido que cree un órgano "independiente" para supervisar las actuaciones policiales y militares y que garantice que la recientemente creada Agencia de Seguridad Nacional no tiene competencias para mantener incomunicadas a las personas que detiene.
   Además de reclamar que se investiguen todos y cada uno de los casos de supuestas torturas y abusos policiales y militares, AI ha solicitado a Mursi que haga públicas las reglas de actuación que tienen ambos cuerpos en el control de manifestaciones y en materia antidisturbios. También le ha solicitado que adapte la legislación egipcia a la normativa internacional en materia de torturas y una mejora de las condiciones de las prisiones.
   Por último, la ONG ha reclamado que todos los países "suspendan" todas las entregas de armas ligeras destinadas a Egipto y de aquellos equipos que sean susceptibles de ser empleados contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad.

Cifuentes pide "modular" el derecho de manifestación en España

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público".

   En una entrevista en RNE, Cifuentes ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada". Así, ha detallado que en lo que llevamos de año se han producido casi 2.200.
   "El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas", ha esgrimido.
   Aunque ha asegurado que el derecho de manifestación es constitucional "y no se necesita autorización previa", apuesta por compatibilizarlo con el derecho que tienen el resto de la población "de poder estar en una ciudad que sea habitable"
 "Significa poder circular con tranquilidad, que no haya incidentes, disturbios, que no haya problemas de orden público. Es muy objetivo y trato de conseguirlo", ha agregado.
   En este sentido, Cifuentes defiende un cambio legislativo, aunque no tiene claro cómo se realizaría. "Lo que quiero es abrir un debate porque cualquier modificación tiene que ser adoptada por un amplio consenso. El derecho manifestación lo recoge la Constitución es su artículo 21 y no creo que haya que cambiar la Constitución. Este derecho tiene que seguir siempre en todo caso un derecho constitucional. Estamos en una sociedad democrático y los derechos de los ciudadanos no se pueden recortar", ha avanzado.
   Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que "modularlo" porque la Ley Orgánica que lo recoge, de 1983, "tiene muchos años".
 "Habría que modificarla, no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público. No puede ser que en un mismo día en Madrid haya diez manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del Centro de Madrid están desesperados con toda la razón", ha dicho.
   La delegada del Gobierno en Madrid ha apuntado que la reforma debería dar a la Administración "cierto margen para modificar las horas, cambiar determinados lugares para compatibilizar el derecho de manifestación, que no hay que restringirlo en absoluto, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a no estar en una ciudad que es ocasiones es inhabitable".
   "La ley es muy permisiva y amplía con el derecho de manifestación y cuando la Delegación ha intentado en diversas ocasiones no prohibir sino modular este derecho cambiando itinerarios o de día una manifestación porque creíamos que podía suponer un peligro de orden público, sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid siempre ha fallado en nuestra contra y nos ha condenado a costas", ha añadido.
   "Lo que dice la Ley es que sólo se puede prohibir o modificar una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas, cosa que yo he apreciado que existían en algunas ocasiones y en todas ellas los tribunales nos han quitado la razón", ha proseguido.
   Cifuentes ha señalado que lo único que pueden hacer contra, por ejemplo, los cortes indiscriminados de tráfico que todos los viernes protagonizan "grupos de liberados sindicales que trabajan en los Ministerios que van cortando de manera indiscriminada las calles" es identificarles y sancionarles administrativamente.
   No obstante, ha indicado que la mayoría de las manifestaciones que ha habido en estos meses han sido pacíficas y la gran mayoría de sus participantes han ido pacíficamente a protestar. "Muchas de las actuaciones que hace la Policía Nacional son para proteger el derecho de la manifestación y no está para reprimir derechos", ha indicado.
   Por otro lado, la delegada ha señalado que los nueve meses en su cargo "han sido muy intensos" y le han parecido "nueve años".
 "He aprendido muchas cosas, la mayor parte buena, que tiene que ver con el excelente trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil", ha agregado.
   Igualmente, ha apuntado que en este tiempo no ha tenido presión de ninguno de sus superiores y le han dejado trabajar "con total libertad".
 "Lógicamente, en algunos momentos he tenido que consultar determinadas cosas. Quien crea que tiene siempre la razón está equivocado. Cuando hago las cosas de una manera y mis colaboradores me dicen que es mejor de otra, pues se corrige y no hay ningún problema", ha precisado.