Bárcenas reiteró al juez que dio sobres a Rajoy y Cospedal

VIGO.- El extesorero del PP Luis Bárcenas reiteró en su última declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que entregó sendos sobres con 25.000 euros al presidente y la secretaria general del partido, Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, provenientes de donativos recabados por la sede de Pontevedra.

Bárcenas ha insistido en que fue el gerente del PP de Pontevedra, cuyo nombre no recuerda, quien llevó los sobres hasta la sede del partido en Madrid y se los dio personalmente a él.

Ha detallado que esos 50.000 euros forman parte de los 187.569,83 euros que habían sido embargados en una cuenta del partido en el Banco de Vitoria por un impago por parte de la sede del PP de Pontevedra, y que figuran en la contabilidad nacional bajo el epígrafe "embargo proveedor PP Galicia".

El 15 de julio de 2013, Bárcenas cifró esa deuda en unos 160.000 euros, pero a preguntas del juez Ruz sobre si serían los 187.569,83 euros que identificaron los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, ha contestado que, efectivamente, ésa es la cantidad.

El juez Silva se niega a declarar y el tribunal ordena seguir el juicio

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva se ha negado a declarar en el juicio por prevaricación que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al sostener que carece de abogado, una situación que, ha dicho, no se produce "ni en Corea del Norte".

"A todo efecto legal no tengo abogado en este proceso, usted me esta coaccionando", ha espetado Silva al presidente del tribunal que le juzga, Arturo Beltrán, que ha ordenado proseguir con la vista rechazando la renuncia que ayer presentó el letrado Cándido Conde-Pumpido Varela en un intento de forzar un aplazamiento hasta después de las elecciones europeas, a las que concurrirá el juez.

Cuando éste ha sido preguntado por Beltrán si quería formular alguna pregunta a su cliente, el letrado ha respondido que por "mandato expreso" del Colegio de Abogados de Madrid no iba a hacer ninguna.

Silva ha insistido entonces en que no se daban las condiciones para declarar y ha amenazado a los magistrados con acudir a instancias superiores, refiriéndose al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por las coacciones que, denuncia, han sufrido él y su defensor, contra el que han "lanzado acusaciones muy duras".

La sala había rechazado a primera hora de la mañana suspender la vista por la "injustificable" renuncia de Conde-Pumpido, a quien ha advertido de que su conducta podría ser constitutiva de un delito penal y dos faltas disciplinarias.

Sin embargo, el letrado ha mantenido que el Colegio de Abogados de Madrid le ha informado de que "en ningún caso incurriría" en ninguna de ellas y que le ampara "abundante" doctrina del Tribunal Constitucional.

Por todo ello, el magistrado, actualmente suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, ha advertido al tribunal, especialmente a Beltrán, de que quería recusarles porque está "contaminado", al mismo tiempo que les ha emplazado a facilitarles los instrumentos para ello, puesto que, ha insistido, carece de abogado.

El debate ha provocado la irrupción de tres espontáneos que han acudido como público al juicio, que han proferido gritos como "Vergüenza" y "Esto está amañado", ante lo cual Beltrán les ha tenido que expulsar explicándoles que "tienen derecho a creer lo que quieran" porque "el público es el juez del juez", pero no a dar gritos, voces ni a alterar el orden".

A su salida del TSJM, ha especificado que debe ver "de qué manera técnicamente" puede apartar a los magistrados que le juzgan, ya que el tribunal debería dejarle nombrar un nuevo letrado, aunque la realidad es que ha demostrado "una actitud de conculcación de derechos fundamentales".

"Las condiciones que se dan en este proceso ahora mismo carecen de precedentes en todos los sentidos", y se trata de "un hecho insólito en la historia judicial", ha manifestado el juez, que ha comparado su situación a la que se vive en países autoritarios.

"En cualquier país del mundo, no sé si en Corea del Norte habría una excepción a esto, lo ignoro, pero creo que también allí alguien que sea acusado tiene derecho a un abogado", ha concluido antes de reiterar que el TSJM "ha demostrado que quiere seguir adelante con esto a toda costa".

Previamente, el juez Elpidio José Silva había llegado con diez minutos de retraso al juicio por presunta prevaricación en la instrucción del 'caso Blesa' porque su abogado había terminado poco antes de conceder una entrevista a un medio de comunicación, lo que, a su juicio, era "muy importante" porque la ciudadanía debe saber que no está teniendo un "juicio justo".

Al ser preguntado a qué se debe el retraso en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Silva ha respondido a los medios de comunicación que a "una entrevista que ha tenido que conceder su abogado" para responder a la "gravedad" de lo que, en su opinión, está sucediendo en la vista.

"La ciudadanía tiene que saber que estamos en un proceso que no está adecuadamente constituido. No tenemos un juicio justo y es muy importante tener un juicio justo porque sin pruebas no hay juicio", ha respondido al juez, acompañado de su abogado Cándido Conde-Pumpido Varela.

El instructor del 'caso Blesa' ha sido citado a las 10.00 horas de la mañana. A esa hora, estaba conformado el tribunal y diez minutos después ha aparecido Silva entre los aplausos de una decena de simpatizantes del Movimiento Red que encabeza. Los congregados llevaban caretas del banquero Emilio Botín y portaban pancartas en las que se podía leer "España es diferente, juzga a jueces y no a delincuentes".

El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.

Crece el número de familias italianas sin ingresos por desempleo

ROMA.- Más de un millón de familias italianas carecían de ingresos económicos por desempleo hacia finales de 2013, cifra superior en un 18 por ciento a la registrada en 2012, divulgó hoy el Instituto de Estadísticas (Istat). 

Según un estudio de esa entidad, los datos del año pasado duplican los correspondientes a 2011, lo cual indica un gran crecimiento del número de personas sin trabajo en el país.

Las zonas más afectadas por esta situación son el norte y el sur de esta nación y casi la mitad de los hogares perjudicados están conformados por parejas con hijos, destaca el informe.

En Italia, alrededor de ocho millones de individuos viven en el límite de la pobreza y el índice de desempleo supera el 12 por ciento, la tasa más alta de las últimas tres décadas, señala un reporte de la Oficina europea de estadísticas Eurostat.

Una investigación de ese organismo concluyó que la problemática afecta, fundamentalmente, a los jóvenes, sector con un 30 por ciento de desocupación.

El juez Silva fuerza retrasar su juicio al renunciar su abogado a última hora

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva ha intentado forzar hoy un aplazamiento de su juicio por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al renunciar su abogado por sorpresa a última hora de la sesión de la vista, que proseguirá mañana.

El letrado del juez, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha pedido la anulación del juicio pero, ante la negativa de los tres magistrados que componen el tribunal de la Sala Civil y Penal del TSJM, ha presentado su renuncia porque ha "fallado" a su cliente.

"Teniendo en cuenta que he fallado, no puedo más que decir que hay una disparidad de criterios y por lo tanto renuncio a la defensa", ha dicho el letrado después de lamentar que "parece que todo vale" y pedirle al tribunal que otorgue a Silva un plazo de 10 días para designar uno nuevo.

Fuentes jurídicas han señalado que las posibilidades procesales abiertas tras la renuncia del letrado de Silva "son muchas", y que habrá que esperar a mañana para ver por cuál se decanta el TSJM.

Mientras, el juez ha asegurado a su salida que se siente "atropellado e indefendido" por las decisiones de la sala y sus maneras "amenazantes" y ha advertido de que si no anula el juicio, se "reproducirá la renuncia legal" de su abogado.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que dio origen a este procedimiento al interponer una querella contra Silva por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia durante su investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ha denunciado que se trata de un "nuevo fraude de ley".

Los abogados de Blesa y Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, que ejercen de acusación, han señalado, respectivamente, que se trata de una "pirueta absolutamente previsible" y un "insulto a la inteligencia".

El tribunal, que se había negado previamente a anular la vista porque, en palabras de su presidente, Arturo Beltrán, es "la más fuerte y rotunda de las resoluciones que se pueden tomar para solucionar un problema" cuando no existen "otras alternativas", ha acordado retomar mañana el juicio para resolver esta cuestión.

La sesión de hoy ha comenzado con la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía, que reclama 30 años de inhabilitación, y de los abogados Carlos Aguilar y Nicolás González-Cuéllar, que representan a Blesa y Díaz Ferrán y que piden 43 años de inhabilitación y 24, respectivamente.

Posteriormente, la defensa de Silva había reclamado la nulidad del auto por el que se señaló la fecha del juicio y se acordaba la prueba a practicar en el mismo, dado que dos de los tres magistrados que componían inicialmente el tribunal aceptaron la recusación por haber participado en la instrucción.

Según su escrito, concurren hasta cinco causas de nulidad, entre ellas la existencia de ese motivo de recusación, que "provoca una evidente indefensión" a su representado "al producirse una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".

Según el letrado, la actuación del TSJM "solo puede ser explicada por las prisas existentes" de juzgar a su defendido "antes de las elecciones europeas a las que es candidato y con un claro ánimo de influir en dicho proceso electoral".

"Resulta evidente que de no haber sido el señor Blesa el objeto de la investigación judicial, el magistrado jamás se habría visto sometido a un proceso por prevaricación", resalta el escrito, en el que critica además que no dejaran acceder a su cliente a los correos corporativos que él mismo ordenó incautar a Miguel Blesa.

Por último, el letrado señala la falta de competencia del tribunal para enjuiciar a Silva, que se encuentra en situación de excedencia y apartado cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial, ya que por ello no tiene aforamiento y, de tenerlo, renunciaría a él para ser juzgado por un tribunal ordinario.

Motivos todos ellos a los que se han opuesto el fiscal y las acusaciones y que ha compartido el tribunal, cuyo presidente ha recordado que los dos magistrados recusados aceptaron ser apartados y que su decisión de concurrir a las elecciones fue posterior a la apertura del juicio.

La sala también ha rechazado permitir a Silva, que ha negado "todas y cada una de las imputaciones" que pesan sobre él, ausentarse de las sesiones por estar inmerso en la preparación de la campaña electoral de los comicios europeos del 25 de mayo.

El juez Silva denuncia que su juicio es "manifiestamente ilegal" y pedirá su nulidad

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva ha denunciado hoy que la vista en la que se le empezará a juzgar hoy por haber presuntamente prevaricado durante su investigación a Miguel Blesa es "manifiestamente ilegal", por lo que reclamará su nulidad.

Silva ha hecho estas declaraciones a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) minutos antes de que arranque el juicio en la Sala Civil y Penal, donde está previsto que hoy se debatan las cuestiones previas.

El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid ha asegurado estar "tranquilo" porque se trata de una "patraña" que atenta contra sus "derechos fundamentales" y "libertades" de cara a su candidatura en las próximas elecciones como cabeza de lista del Movimiento Red.

Para Silva, el auto con el que el TSJM acordó las pruebas a practicar en esta vista, así como su calendario, es nulo porque dos de sus magistrados aceptaron la recusación que planteó por haber participado en la instrucción de la querella que interpuso contra él la Fiscalía.

"El auto es nulo y lo sabe el tribunal; el juicio es nulo y también lo sabe el tribunal: es un juicio manifiestamente ilegal", ha resaltado.

Su abogado, Cándido Conde Pumpido Varela, ha añadido que el juicio debe suspenderse y los magistrados que componen el tribunal tienen que fijar una nueva fecha.

Los dos magistrados recusados eran el presidente de la Sala de lo Civil y Penal Francisco Javier Viera y Susana Polo, con lo que ahora el tribunal está compuesto por Arturo Beltrán, Eduardo Urbina y María Tardón.

De no suspenderse, mañana deberá declarar como acusado Silva y, el miércoles, Blesa y su abogado, Carlos Aguilar.

Silva, acusado de un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia, se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 30 años de inhabilitación, que la defensa de Blesa eleva a 43 y la del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán deja en 24.

Bárcenas sobre cajas B regionales: "suponíamos que en todos los sitios tenían"

MADRID.- El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional que su formación disponía de 'caja B' en "todas las provincias y regiones" que se destinaba a la financiación de las campañas electorales. "Suponíamos que en todos los sitios tenían", dijo en su declaración del pasado 10 de abril, para añadir: "Ni supervisábamos ni queríamos saber".

 

   Respecto a los cargos encargados de gestiones estas 'cajas', Bárcenas indicó que normalmente las llevaba "el secretario regional del partido en cada sitio, y el tesorero del partido".

 "Vamos a ver... la realidad es que en cualquier provincia, en cualquier región de cualquier partido hay donaciones, especialmente cuando son campañas de índole municipal y autonómica", agregó, según refleja la transcripción íntegra de su declaración.

   "Eso se plantea en todos los niveles de la organización. Se plantea a nivel nacional y eso sirve para que la campaña nacional tenga un plus de fondos que se pueden dedicar a determinadas acciones y se plantea en las sedes provinciales y las sedes autonómicas con un criterio similar en las campañas que les afectan a ellos", agregó.

   "No se salva ningún partido, absolutamente ninguno", apuntó y explicó que hay gente que "sencillamente quiere colaborar con las personas que se presentan a las elecciones y contribuir a las campañas".

   El extesorero se refirió a la existencia de esta contabilidad opaca en las sedes regionales 'populares' en respuesta a las preguntas formuladas por las fiscales Anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell.

   "Por lo que usted sabía, por lo que a usted le constaba, las sedes regionales y en las sedes provinciales también debía de llevarse una contabilidad o unos papeles semejantes a los suyos, ¿es así?", preguntó Anticorrupción, a lo que Bárcenas contestó: "Así es".

   El extesorero explicó que las distintas cajas existían porque "en todos los sitios hay donantes".

 "Hay una campaña en Cáceres o en Badajoz, y hay un señor empresario que quiere aportar dinero para esa campaña, y eso pasa absolutamente en todas las provincias, entonces somos conscientes o éramos conscientes de que eso sucedía así, pero no interveníamos en nada de eso".

Durante el interrogatorio de cinco horas de duración, Bárcenas se refirió también a los poderes que el PP le confirió tras ser nombrado primero como gerente y después como tesorero del partido. "Yo los poderes que he tenido siempre, y hasta que se me nombra en junio de 2008 tesorero del partido, son poderes específicos para contratación y para temas relacionados con la gestión de recursos humanos", indicó.

   Según su versión, pasó a tener poderes que le permitían disponer de las cuentas corrientes cuando se le nombra tesorero en el congreso de junio del 2008 y dejó de disponer de ellos en el mes de marzo de 2010.

   Esta afirmación se contradice con la declaración prestada el pasado mes de agosto por la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que aseguró que el partido le retiró el apoderamiento en octubre de 2009.

   "Yo esa afirmación la he oído, y es posible evidentemente, pero revocar el poder si no se le comunica a la persona que tiene el poder... hombre, es una barbaridad", aseguró el extesorero que indicó que nunca se le comunicó la retirada del apoderamiento.

   "Si ese poder estaba revocado, yo he seguido firmando en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en teoría sin tener poder. El poder no basta con revocarlo, sino que hay que entregarlo a los bancos para que sepan que el poder está revocado. Si esta señora revocó mis poderes en octubre de 2009, y no se lo comunica al revocado, y no lo comunica a las entidades bancarias... no sé qué figura es esa, pero yo habría estado actuando sin apoderamiento", agregó.

   El juez Ruz dió el pasado día 15 cinco días de plazo al PP para que aporte la totalidad de las escrituras que ha venido otorgando desde 2007 a favor del extesorero para actuar en dicha condición y en la de gerente. Trata de acreditar la eventual "responsabilidad tributaria que pudiera alcanzar" la formación política.

Condenan a España por ordenar la expulsión de 30 saharauis sin ver su demanda

ESTRASBURGO.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por ordenar la expulsión de treinta inmigrantes saharauis sin haber concluido el examen de sus demandas de asilo.

Los demandantes llegaron en patera a Fuerteventura entre enero de 2011 y agosto de 2012, tras huir del campamento de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún (Sáhara Occidental), que había sido desmantelado por la Policía marroquí.

A su llegada pidieron protección internacional ante el temor a sufrir tratos inhumanos si eran devueltos a Marruecos, pero esta fue rechazada por el Ministerio del Interior, que ordenó una expulsión que finalmente no se produjo.

Interior calificó sus alegaciones de "contradictorias e insuficientes", mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que eran "coherentes" y los "indicios suficientes" para aceptarlas.

Los demandantes, representados por los abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentaron recursos contencioso-administrativos contra las órdenes de expulsión y solicitaron su suspensión hasta que se examinaran, pero la Audiencia Nacional denegó esa solicitud.

Sólo la aplicación de las medidas provisionales de la Corte europea, a la que acudieron entre enero de 2011 y octubre de 2012, impidió que se ejecutaran las expulsiones.

Esas medidas implican que el TEDH solicite la interrupción temporal de la orden y, sin las mismas, según Estrasburgo, "los demandantes hubieran sido expulsados a Marruecos sin que el fondo de sus recursos fuera objeto de un examen tan riguroso y rápido como fuera posible".

La sentencia de hoy mantiene que el procedimiento por el que los saharauis pidieron en España la suspensión de las expulsiones no les permitió aportar información precisa sobre los riesgos que corrían.

El fallo concluye que España vulneró el artículo 13 (Derecho a un recurso efectivo), combinado con los artículos 2 (Derecho a la vida) y 3 (Prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos humanos.

La sentencia recuerda igualmente que los tribunales nacionales "tienen que demostrar una diligencia y prontitud particular y decidir sobre el fondo en plazos breves", porque si no es así, "el recurso perdería su eficacia".

Y en aplicación del artículo 46 del Convenio, estima que el Gobierno "debe garantizar, jurídica y materialmente, el mantenimiento de los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas", que sigue abierto.

Denuncian al Rey y a Felipe González por supuesta cooperación en un delito de rebelión

MADRID.- El partido político ‘Soberanía’, presidido por el célebre abogado José Luis Mazón Costa, ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 al ex presidente del Gobierno, Felipe González Márquez, y al rey Juan Carlos de Borbón y Borbón por su cooperación –“ hasta ahora secreta”-, por hechos que pueden ser constitutivos de cooperación en un delito de rebelión acaecida el 23 de febrero de 1981, según consta en la denuncia, ahora transformada en querella, tras la admisión por el juez Santiago Pedraz.

En un auto fechado el pasado 8 de abril, el juez central nº 1 de la Audiencia Nacional, registró la querella interpuesta por el citado partido politico contra la trama civil oculta del 23-F;  Pedraz, sin entrar a valorar aun los hechos, asegura que por lo demás la querella reúne los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Inicialmente Soberanía presentó denuncia, que luego transformó en querella, sobre la cual resuelve ordenando su tramitación el auto del juez Pedraz.

Las diligencias de la querella por la trama oculta del 23-F objeto de querella han sido registradas bajo el número 28 del año 2014.

La denuncia contra Felipe González lo es por “presunto cooperador necesario, quien estaba o figuraba en la lista del nuevo gobierno que iba a salir del golpe militar, en calidad de vicepresidente, según se publica en la información histórica contenida en el libro de Pilar Urbano, cuyos datos extracta en una entrevista elmundo.es”

Según “las mismas informaciones verosímiles publicadas”, Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España, “era el verdadero jefe, el cerebro visible del golpe militar frustrado que dirigió el general Armada”.

La denuncia agrega que al gozar el rey de inviolabilidad, “será citado en calidad de testigo, para cooperar en el esclarecimiento de los hechos. Si no es que se interpreta que la inviolabilidad constitucional no puede amparar la participación de un jefe de Estado en un golpe de Estado”.

La circunstancia de ‘Soberanía’ considera que si “el delito podría estar prescrito no es óbice para la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Y se citan como ejemplos el procedimiento seguido contra Baltasar Garzón Real ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los patrocinios de los cursos de Nueva York, en donde el instructor señor Marchena concluyó una investigación que luego declaró prescrita por unos hechos que ya estaban establecidos desde el comienzo de la investigación”.

“La posible implicación de Felipe González Márquez en el golpe militar como cooperador necesario dcl general Armada a la hora de dar su consentimiento a la integración en la lista del nuevo gobierno que, como consecuencia del golpe militar, iba a sustituir al que hasta entonces presidía Adolfo Suárez, reclama una investigación que impone el principio de legalidad penal en relación al artículo 23.1 de la Constitución, el cual garantiza la democracia y el derecho de los ciudadanos a la participación en el poder político, lo que combinado con el precepto penal del delito de rebelión, exige un esclarecimiento de los hechos. Y la respuesta a la pregunta ¿dio su consentimiento el denunciado Felipe González a la participación en el gobierno opuesto por el general Armada, donde aparecía como vicepresidente?”, se dice en otro de los párrafos de la denuncia.

La denuncia pide que se llame a González a declarar como testigo, “ y de aparecer evidencias de su colaboración con el golpe militar del 23 F, que ahora son indicios o sospechas, se hiciera en calidad de imputado con independencia de que de hallarse el delito prescrito acudiría con la tranquilidad de no poder ser castigado en caso de responsabilidad de cooperador necesario en los planes del general Armada quien a su vez ejecutaba según las informaciones publicadas la voluntad del rey de España, que también debe de prestar su testimonio en calidad de testigo de no ser posible la interpretación del articulo 56.3 de la Constitución (inviolabilidad del rey) en el sentido de que dicha inviolabilidad no le protege frente a actos tan fuera de sus funciones como planificar un golpe de Estado acabando con un gobierno democrático para imponer otro de su libre configuración”.

La denuncia se apoya en “una completa credibilidad tanto por provenir de una periodista, Pilar Urbano, tradicionalmente ligada al Palacio de la Zarzuela, como por el medio que la publica, el diario ‘El Mundo’. El alegato final de la denuncia de ‘Soberanía’, reza así: “Y si la Justicia de ahora no investiga estos hechos, otra Justicia vendrá que lo hará, ya liberada de la hipoteca del régimen monárquico bipartidista que tan gran estafa ha cometido contra el pueblo. cooperando en un golpe militar del que se nos presentaban como los salvadores”.

La querella recoge el siguiente párrafo:

"Básicamente el juicio del 23-F fue cerrado en falso y constituyó una gran estafa al conjunto del pueblo español. Ahora se  ha descubierto que hubo una trama civil que pasó desapercibida y resultó impune, porque la integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su ocultación fue a su vez favorecida por el propio Rey que tenía interés en que no se supiera que había pasado en realidad en el golpe de Estado del 23F donde él mismo era uno de los personajes principales ocultos tras la cortina que se ha caído al cumplir la edad de Cristo, los 33 años, el tiempo máximo que aguanta en España un gran fraude institucional, una gran mentira al pueblo español".

Los derechos humanos en los países que visitó el rey Juan Carlos / Antonio Maestre

La visita del rey a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait vuelve a poner de manifiesto la connivencia de España y su jefe de Estado con los países del Golfo, que no se caracterizan por el respeto a los derechos humanos y la existencia de unos valores democráticos mínimamente aceptables. La ficha de los Emiratos Árabes Unidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores tan sólo dedica un pequeño párrafo a la situación democrática del emirato.

“En cuanto a los derechos sociales y las libertades públicas, el índice de libertad económica que elabora The Wall Street Journal y la Heritage Foundation califica al país como 'moderadamente libre' (2011). Los partidos políticos no están permitidos y tampoco las organizaciones de carácter sindical, aunque sí se permiten las asociaciones de asistencia o de interés cultural, así como de 'hombres de negocios'”

La escasa información sobre derechos humanos y el respeto a los valores democráticos que proporciona el Ministerio de Asuntos Exteriores se reduce a informar sobre la libertad económica, ya que alude al índice de la Heritage Foundation que se dedica a este propósito. La información facilitada por el ministerio contrasta con la realidad que vive el país que el rey ha visitado por segunda vez, tras la visita del monarca español en 2008.

El 19 de marzo de 2014, Amnistía Internacional realizaba una denuncia por la violación de los derechos humanos en Emiratos Árabes Unidos. Un jóven activista fue detenido por criticar en las redes sociales el trato que el régimen del emirato daba a su padre, preso político, y a otros presos en su condición. No ha pasado ni un mes de esa denuncia y el rey ha visitado el país árabe acompañado de miembros del Gobierno y multitud de empresarios.

Osama Al Najjar es un joven de 25 años que se licenció en Arquitectura en Australia. El 17 de marzo varios agentes del servicio de seguridad fueron a su casa y se lo llevaron detenido junto a todo el material informático del que disponía. El delito fue la publicación de varios mensajes en Twitter denunciando la situación de su padre, preso político en la cárcel de Al Razeen. Amnistía Internacional denuncia el riesgo de torturas que corre Osama Al Najjar. El padre de Osama es Hussain Ali Alnajjar, de profesión Físico, que fue condenado a 10 años de cárcel en el proceso que fue llamado de los 94 emiratíes. 

Según Amnistía Internacional, “se negó a los acusados el acceso a abogados durante su detención en régimen de incomunicación en espera de juicio; se recluyó a todos en secreto, en algunos casos por periodos de hasta un año, y muchos dijeron al juez que habían sido sometidos a tortura; se admitieron como prueba de su culpabilidad “confesiones” obtenidas presuntamente durante su reclusión en secreto, y se negó a todos el derecho a interponer un recurso contra la sentencia, lo que vulnera las normas internacionales de derechos humanos”.

Este caso no es excepcional. Según el informe anual de Amnistía Internacional del año 2013, otras seis personas fueron condenadas por publicar contenidos en las redes sociales, se condenó a muerte a 21 personas y la discriminación contra las mujeres y los migrantes es uno de los grandes problemas del emirato de Shaij Jalifa bin Zayed al Nahyan.

Los derechos de la mujer en Emiratos Árabes Unidos

 

El pasado mes de julio, Marte Deborah Dalelv, una jóven noruega de 24 años, fue condenada en Dubai a un año y medio de prisión por mantener relaciones fuera del matrimonio y por consumir alcohol tras ser violada. La reacción internacional en general, y del Gobierno noruego en particular, consiguió que la sentencia finalmente fuera revocada. Pero las mujeres del emirato no tienen el apoyo de gobiernos extranjeros, lógicamente tampoco del español, como la visita del rey a EUA demuestra.

La nula información que el Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona en la ficha de la oficina diplomática con respecto a la situación de la mujer en Emiratos Arabes Unidos se contradice con las recomendaciones de viaje que la embajada española en el país del Golfo proporciona a las mujeres que quieran viajar allí.

“Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son ilegales, independientemente del tipo de relación que tenga con su pareja en España (por ejemplo, si son pareja de hecho, figura jurídica no reconocida en los EAU). La cohabitación, incluso en hoteles internacionales, también es ilegal. Si queda embarazada fuera del matrimonio, tanto usted como su pareja se enfrentan a la posibilidad de penas de cárcel”.

Una de las recomendaciones de la embajada de Emiratos Arabes Unidos trata sobre el modo de comportarse de manera correcta en el emirato para evitar acoso y problemas legales.

“Hay constancia de que se han producido incidentes de acoso por parte de taxistas y, en más de una ocasión, ataques a mujeres extranjeras que caminaban solas por los pasos subterráneos en la Corniche de Abu Dhabi. Las ciudadanas extranjeras deben tener siempre presentes las diferencias culturales y entender que algunas actitudes (involuntarias o no) pueden ser malinterpretadas. Por ello, debe evitarse sentarse en el asiento delantero de un taxi y debe comprenderse que, en ocasiones, las conversaciones, el exceso de amabilidad o las simpatías hacia un conductor pueden ser interpretadas por parte de algunos taxistas como una proposición”.

Los casos de violaciones de los derechos humanos en el emirato son continuos. En el año 2005, una mujer fue condenada a recibir 150 latigazos por adulterio. En el año 2010, dos años después de la primera visita del rey Juan Carlos a EAU, una mujer australiana de 27 años fue condenada a un año de cárcel tras ser violada salvajemente por tres hombres en un hotel en Fujairah. La tolerancia del emirato con las violaciones y la criminalización de las mujeres que lo sufren es una seña de identidad del país del Golfo Pérsico.

Los derechos de los homosexuales y los transexuales son los propios de un régimen que se rige con una ley islamista y reaccionaria. Las relaciones entre personas del mismo sexo conllevan penas de entre 1 y 5 años de cárcel. El travestismo es ilegal y también conlleva penas de cárcel.

http://www.lamarea.com/2014/04/17/los-derechos-humanos-en-los-paises-que-visita-el-rey/ 

Un grupo de españoles son expulsados de Marruecos tras prohibirles entrar al Sáhara

RABAT.- Cuatro españoles se encuentran en el aeropuerto de Marraquech a la espera de ser expulsados esta tarde del país, después de que las autoridades marroquíes les prohibieran la semana pasada entrar en el Sáhara Occidental.

Según Raúl Ramos, integrante del grupo que pertenece a la Brigada Solidaria Aragón-Sáhara, ayer por la tarde la Policía marroquí se presentó en el apartamento en el que estaban (y que pertenece a unos estudiantes saharauis que les ofrecieron alojamiento) y les obligó a recoger sus cosas para dirigirse al aeropuerto.

"Nos dijeron que íbamos a ser expulsados del país", explicó Ramos.

El grupo, que tenía su vuelo de regreso a España para el próximo miércoles, ha pasado toda la noche y la mañana de hoy en el aeropuerto sin que nadie les facilitase información.

"Nos mandan de un lado a otro y nos echan de todas partes del aeropuerto. Ahora nos acaban de decir que por la tarde probablemente nos iremos en un vuelo a Barcelona o Gerona", comentó Ramos, quien añadió que tampoco se les ha informado si deberán pagar el billete de vuelta.

A estos cuatro españoles, Raúl Ramón, Laura Soteras, Diego Marín e Irene Bailo, que tenían la intención de viajar a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, para recoger testimonios de los saharauis en este territorio, se les prohibió la entrada a la ciudad el pasado miércoles y se les introdujo en un autobús hasta una ciudad cercana a Agadir, en el sur del país.

Tras pasar un par de noches en Agadir, el viernes pasado los activistas decidieron viajar a la ciudad marroquí de Tantán, donde vive población saharaui, pero también se les prohibió el acceso y fueron reenviados a Agadir, desde donde se dirigieron a Marraquech.

Desde hace más de una semana, las autoridades están prohibiendo la entrada casi de forma sistemática a los extranjeros que intentan entrar al Sáhara Occidental con el argumento de que llegan para "crear agitación en las calles" y "por tener opiniones parciales y posicionarse con una sola parte" del conflicto.

Estas expulsiones se producen cuando el Consejo de Seguridad tiene previsto votar una resolución este miércoles para prorrogar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (Minurso), cuyo mandato vence a final de mes, y Marruecos se encuentra inmerso en una campaña para explicar sus avances en materia de derechos humanos en esta zona.

El Ministerio de Exteriores instruye a sus embajadas para difundir la imagen de España como un "país de tecnología"

MADRID.- El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha instruido a su red de embajadas y consulados difundir la imagen de España como un "país de tecnología", una faceta poco conocida tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, según informaron  hoy fuentes diplomáticas.

   Para ayudarles a divulgar este mensaje, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, que depende directamente del ministro José Manuel García-Margallo, ha elaborado un folleto con datos que ponen en valor el potencial tecológico de España y de sus empresas.

   A lo largo de 13 páginas, el documento presenta a España como un país con infraestructuras "de primer orden", que cuenta también con centros de investigación y empresas líderes en sectores tecnológicos tan diversos como la producción y gestión de energía, las grandes obras de infraestructuras, la gestión del transporte, o las tecnologías medioambientales y para la salud.

   Con esta iniciativa, Exteriores pretende poner en conocimiento de todo el mundo los datos que confirman que España es "mucho más" que un país que destaca por su Historia, lengua, clima, diversidad y turismo.

   El documento remarca que compañías españolas gestionan cerca del 40 por ciento de las principales concesiones de transportes del mundo, que la empresa que más obras de metro ha hecho en el mundo es la española ACS o que la tecnología de Indra gestiona todo el tráfico aéreo en China, Australia, India y Alemania.

   España --destaca el folleto-- posee la primera red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo; es el cuarto país del mundo en energía eólica y solar fotovoltaica por potencia instalada y ocupa también posiciones de liderazgo en el sector de la automoción. La catalana Zanini, por ejemplo, es el primer fabricante mundial de embellecedores de ruedas, mientras que el Grupo Antolín es líder en revestimientos de techo.

   Nuestro país destaca también en los sectores de las tecnologías medioambientales, de la información y las telecomunicaciones, para la salud, y en tecnología aérea, espacial y naval.

   Por citar algunos ejemplos, el documento subraya que nuestro país es el segundo país del mundo en reutilización de aguas depuradas y el primero del mundo en tasa de donaciones para transplantes.

   Y que empresas españolas son líderes en lo suyo, como Telefónica, Gowex --que instala redes wifi en el transporte--, Grifols, GMV o Navantia.

   El documento presenta asimismo España como un país atractivo para invertir y como sede de centros de excelencia. Así al menos lo perciben numerosas multinacionales que han establecido centros de producción o de excelencia como es el caso de IBM, HP, Bayer, Airbus o Boeing.

   No es la primera vez que Exteriores distribuye a sus embajadas y consulados dossieres de este tipo. Con anterioridad elaboró otros folletos sobre las posiciones de liderazgo de empresas españolas en todo el mundo y la situación del idioma español y prepara otro relacionado con la presencia española en grandes obras de ingeniería civil.

   Este folleto también se distribuirá a las organizaciones que colaboran con la iniciativa de Marca España y en los actos de presentación y actividades de la Oficina del Alto Comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros.

Radiografía de la corrupción en España: cerca de 1.700 causas, más de 500 imputados y sólo una veintena en prisión

MADRID.- Una radiografía de la corrupción en España revela que hay casi 1.700 causas abiertas en sus diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles del territorio nacional.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno --como los exministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía--, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

   El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.

   Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobretodo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio periodo de tiempo.

   Por ejemplo, en el caso Gürtel sólo el extesorero del PP Luis Bárcenas está actualmente en prisión. El resto de imputados, más de 150, están aún a la espera de que finalice la fase de instrucción de la causa que investiga el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. En la cárcel está también el expresidente CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el desmantelamiento de Marsans para evitar el pago a sus acreedores, aunque está pendiente de ser juzgado por más causas en distintos tribunales.

   Por comunidades, Baleares es autonomía en la que más políticos están en prisión por alguna causa relacionada con la corrupción. Por diferentes casos, están en prisión el exconseller Josep Juan Cardona, el exdirector general Kurt Viaene, el exgerente del Consorcio Antònia Ordinas y el exconcejal 'popular' en Lloseta Felipe Ferré. También han acabado en prisión el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, condenado a cinco años por una trama de desvío de fondos.

   De la misma manera, están también en la cárcel varios de los que fueron responsables del extinto partido Unió Mallorquina, empezando por la que fuera presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, María Antònia Munar, condenada en firme a un total de once años y medio por diferentes casos. También de Unió Mallorquina están en la cárcel por condenas firmes el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, los exconsellers Bartomeu Vicens y Francesc Buils y el exjefe del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico Antoni Rebassa.

   No es el caso del expresidente Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias en el primero de los casos por los que ha sido juzgado y que está pendiente de que el Gobierno resuelva su petición de indulto antes de entrar en prisión.

   Caso aparte es el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, que entró en prisión en 2009 por malversar fondos en clubes de alterne masculinos y abusar de menores. Desde marzo se encuentra en un Centro de Inserción Social. También en febrero de este año entró en prisión el expresidente de Agrupación Social Independiente (ASI) Joaquín Rabasco por desviar más de un millón de euros del Ayuntamiento mallorquín de Llucmajor a cuatro empresas ligadas a él.

   En pleno escándalo tras salir a la luz un presunto fraude en Andalucía con los fondos para cursos de formación, otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses ha sido el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas 144 personas pero sólo el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual continúa en prisión. Se da la circunstancia de que Pascual solicitó este miércoles su libertad, aunque la juez Alaya aún no se ha pronunciado.

   Entre los implicados en este caso, la juez Alaya ha remitido a las Cortes Generales a través del Tribunal Supremo la "preimputación" de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del exconsejero José Antonio Viera. Además, está imputada la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, a quien la juez ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros.

   También cumplen condena el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado a siete años en el caso en el que fue juzgado junto a sus exparejas Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, quienes sin embargo no han ingresado en prisión. También está en la cárcel el exasesor de Marbella Juan Antonio Roca, principal acusado del caso 'Malaya' y también juzgado por 'Saqueo I' y el 'caso Minutas'.

   Por este último proceso está también en la cárcel el letrado y expresidente del Sevilla José María del Nido cumpliendo una pena de siete años por irregularidades en los encargos que le hizo el Ayuntamiento de Marbella.

   En Cataluña, este mismo año ha ingresado el exinspector jefe de Hacienda, Josep Maria Huguet, --condenado a seis años y diez meses por su implicación en el 'caso Hacienda'-- y también los expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Antoni Herce y Enric Roig, condenados a cuatro años y medio por malversación, aunque éste sólo va a la prisión a dormir. Además, la Audiencia de Barcelona ha ordenado esta semana la inmediata entrada en prisión del empresario andorrano Fidel Pallerols y del excargo de UDC Vicenç Gavaldà, condenados por una financiación irregular.

   Además, están imputados en casos de presunta corrupción en diferentes fases de investigación el diputado de CiU Oriol Pujol; el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU); el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos; el diputado de CiU Xavier Crespo, el exvicepresidente del Gobierno central y expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra (PSOE); el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet.

   Un caso particular es el de la Comunidad Valenciana, donde hay múltiples escándalos de corrupción abiertos pero ningún político está en prisión. En las Cortes Valencianas, hasta cinco diputados del PP están imputados, cuatro de ellos por el 'caso Gürtel', y la quinta, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el 'caso Brugal'. Pero también están imputados hasta cinco exdiputados 'populares' que renunciaron al escaño.

   Tampoco en Galicia hay ningún político en prisión, aunque sí son varios los que entraron en prisión preventiva y ahora están en libertad bajo fianza. Es el caso de numerosos implicados en el caso Pokémon, que afecta a políticos de PSOE y PP de varias provincias gallegas, como el ex alcalde de Orense Francisco Rodríguez o el de Boqueixón (La Coruña), el 'popular' Adolfo Gacio.

   En Canarias, pese a la decena de regidores imputados en diferentes casos judiciales, sólo cumple condena el fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ya en tercer grado por condena de ocho años de cárcel por malversación de caudales públicos por la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise durante su época como alcalde de este municipio lanzaroteño.

   Murcia también cuenta con varios municipios afectados por casos de corrupción, pero únicamente el exalcalde de Totana está en prisión, aunque en la actualidad disfruta del tercer grado y sólo duerme en la cárcel.

Una mujer, Beatriz Méndez de Vigo Montojo, podría dirigir el CNI español a partir de septiembre

MADRID.- Una mujer, Beatriz Méndez de Vigo Montojo, una trabajadora con más de 30 años de experiencia en el CNI español, actualmente secretaria general desde agosto de 2012 y vínculos familiares con el Partido Popular, podría dirigirlo a partir de septiembre.
La 'número dos' del CNI, hermana del secretario de Estado para la Unión Europea, el veterano dirigente del PP Íñigo Méndez de Vigo, suena en algunos círculos políticos y militares como posible sustituta de Sanz Roldán cuando el Gobierno proceda a su relevo dentro de dos meses.
En tal caso, Beatriz Méndez de Vigo se convertiría en la primera mujer que dirige los servicios secretos. En casi 40 años siempre ha habido un hombre al frente: José María Bourgon (1977-1979), Gerardo Mariñas (1979-1981), Emilio Alonso Manglano (1981-1995), Félix Miranda (1995-1996), Javier Calderón (1996-2001), Jorge Dezcallar (2001-2004), Alberto Saiz (2004-2009) y Félix Sanz Roldán (desde 2009).

Sanz Roldán, que cumplió 69 años el 20 de enero, llegó a la dirección de los servicios secretos españoles en el verano de 2009. Su profesionalidad y vocación de servicio público fueron determinantes para que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le colocase al frente del CNI.
Con la llegada del político socialista a La Moncloa, Sanz Roldán fue ascendido a teniente general y ocupó el cargo de director general de Política de Defensa en mayo de 2004. Un mes después, fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad).
Al finalizar ese mandato fue designado Alto Representante en materia de Política de Defensa Europea para la Presidencia española de la UE, con dependencia directa del presidente del Gobierno. El 3 de julio de 2009 fue nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia con rango de secretario de Estado.

Sanz Roldán ha trabajado de forma intensa en el último año para conseguir la liberación de los tres periodistas españoles secuestrados en Siria, el redactor de 'El Periódico de Catalunya' Marc Marginedas y los periodistas de 'El Mundo' Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova.
El CNI ha jugado un papel relevante en las negociaciones para conseguir las liberaciones y el propio Sanz Roldán se ha implicado personalmente hasta el punto de tener que realizar algunos desplazamientos a la zona para abordar los asuntos más delicados.
Aunque Sanz Roldán fue nombrado al frente del CNI por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en poco tiempo se ganó la confianza de la actual vicepresidenta y portavoz del Gobierno, la popular Soraya Sáenz de Santamaría.
Sus gestiones han sido claves para resolver de forma satisfactoria los secuestros de Marginedas, Espinosa y García Vilanova. Ahora que ya están de vuelta en España sanos y salvos, existen menos escollos para proceder al relevo del CNI.

Un sondeo refleja la pérdida de apoyo de PP y PSOE en España

MADRID.- El Partido Popular (PP)y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principales formaciones políticas en España, perderían 17 puntos en las próximas elecciones europeas, en relación con las de 2009, según sondeo difundido hoy. 

 Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), serían los partidos con mayor incremento de votos al triplicar los de los anteriores comicios, de acuerdo con una encuesta de la empresa Sigma Dos para el diario El Mundo.

El PP, con 33,1 por ciento de votos obtendría 20-21 asientos y el PSOE con 30,2 por ciento tendría 18-19 de los 54 asientos de España entre los 736 de la Eurocámara. En conjunto ambos acumularían el 63,3 por ciento, frente a 80,90 por ciento hace cinco años.

La caída del PP se atribuye a decisiones antipopulares de su gobierno como la restrictiva reforma a la ley de aborto y reducción de becas estatales, así como al incremento del número de desocupados y aumento de los índices de pobreza, entre otros.

Ante la incapacidad de aprovechar la situación por el PSOE, a cuyos gobiernos también culpa la población por la crisis, la mayor parte de los votos perdidos por ambos van, según el sondeo, para IU y UPyD.

A la formación de izquierda se le otorga el 10,4 por ciento de votos, frente al 3,7 en 2009, con lo cual obtendrían seis diputados, en lugar de los dos actuales.

UPyD, en tanto, pasaría a 7,2 por ciento del 2,8 por ciento hace cinco años y obtendría cuatro diputados, en lugar de uno.

Según el sondeo dos diputados serían para Coalición por Europa (de tres partidos de Cataluña, País Vasco y Galicia), otros dos para L'Esquerra pel Dret a Decidir (alianza de dos agrupaciones nacionalistas catalanas) y uno para Ciudadanos.

Despedido un nuevo alto cargo chino por corrupción

SHANGHAI.- El ejecutivo chino Song Lin, que se encuentra bajo investigación por corrupción, ha sido despedido como director del poderoso conglomerado estatal China Reosurces Holdings Co. Ltd, según ha informado la agencia oficial de noticias china Xinhua.

   Song se ha convertido así en el último de los altos cargos afectados por la cruzada del presidente chino, Xi Jingping, contra la corrupción, que ha provocado la destitución y despido de numerosos directivos en los últimos meses.

   La agencia estatal ha indicado que ha sido despedido al ser sospechoso de cometer "violaciones graves de disciplina y la ley", la forma que emplean las autoridades para referirse a la corrupción.

   Esta investigación ha tenido lugar después de que un periodista acusase públicamente a Song de blanquear dinero. China Resources es un importante 'holding' que incluye a empresas relacionadas con la energía, terrenos y consumo tanto en China como en Hong Kong.

"Consumimos un planeta y medio", asegura Yolanda Kakabadse, presidenta de WWF

BARCELONA.- La presidenta de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la ecuatoriana Yolanda Kakabadse, ha alertado de que los humanos "estamos consumiendo un planeta y medio", aunque es optimista por el compromiso social que hay en materia ecológica.

"El problema no es la disponibilidad de recursos, sino que los estamos consumiendo de una manera tan abusiva e irresponsable que no alcanza", ha aseverado Kakabadse, pero también ha recalcado que las sociedades "afortunadamente superamos las diferencias cuando compartimos amenazas", como la ecológica.

Kakabadse no considera que la impunidad de muchas de las grandes compañías ante delitos medioambientales contribuya a generar inmovilismo entre la ciudadanía, sino que, por el contrario, "los ciudadanos presionan a sus gobiernos para que sean más activos y, por lo general, los políticos responden".

"Hay una especie de competición entre las ciudades del mundo a ver cuál tiene mejores estándares", ha señalado la activista, quien afirma que ha sido la sociedad civil, mediante oenegés, la que ha liderado los principales cambios en materia de conservación ambiental.

En este sentido, Kakabadse ha apuntado: "Nos hacen falta liderazgos políticos en el mundo entero para volver a elevar al primer nivel los temas de compromisos con el medio ambiente", ya que, a día de hoy, "todo se justifica por la necesidad de responder a una agenda económica 'inmediatista'".

"Necesitamos líderes que piensen en gobernar para el futuro del mundo y que no busquen resultados a corto plazo" porque, ha recalcado, "cuanto menos se invierta en medio ambiente, más crisis habrá".

Sobre los nuevos objetivos marcados por la Comisión Europea para 2030, en los que se incluye rebajar un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, así como producir el 27 % de energía renovable, Kakabadse ha insistido en que "es cuestión de voluntad política".

También para 2030, las Naciones Unidas predicen que la población mundial necesitará, por lo menos, un 35 % más de alimentos, un 40 % más de agua y un 50 % más de energía, unas metas que son posibles, pero que requieren "decisiones políticas", a la par de acciones ciudadanas.

Kakabadse afirma que hay tres aspectos al alcance de los individuos que pueden marcar la diferencia: un uso más responsable del agua y de la energía -como apagar el ordenador por las noches- y controlar el consumo de alimentos, ya que "las pequeñas acciones sumadas, tienen impacto en toda la nación".

"Desperdiciamos un 40 % de la comida que tomamos, así que no podemos hablar de hambre en el mundo si no somos más responsables con los alimentos que arrojamos", ha incidido.

Para Kakabadse es crucial que las propuestas políticas sean claras para que no se generen conflictos, pero "en España y América Latina somos especialistas en no atender el conflicto cuando sale humo y solo hacerlo cuando ya hay fuego".

Entre los retos españoles, la presidenta de WWF ha puesto de relieve las energías renovables, un campo en el que, gracias a la eólica, "España ha sido un ejemplo para todo el mundo", aunque "hacer una parada tan violenta -en inversiones- a un proceso tan constructivo es dañino para su agenda de futuro".

Los promotores del consumo colaborativo en España reclaman una fiscalidad específica

MADRID.- El auge de las plataformas como Airbnb, Meetmeals o Sherpandipity que ponen en contacto a particulares para intercambiar o compartir bienes y servicios, ha generado el debate sobre la necesidad de fiscalizar este comercio colaborativo, para el que sus promotores reclaman en España una regulación específica. 

En determinados sectores como el hotelero, la economía en colaboración se ha encontrado con la oposición activa de una industria a la que le preocupa no tener las mismas "reglas de juego".

"El sentir de la hostelería española es que el consumo colaborativo no es una amenaza, sino una oportunidad, pero es fundamental que tenga unas reglas del juego claras", defiende el abogado Ricardo Fernández Flores en una jornada de debate organizada por Reportarte Noticias y la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.

Fernández Flores, del despacho de abogados Tourism&Law, acude al encuentro en representación de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) para hacer hincapié en que las web colaborativas no son muy diferentes de agencias de viajes online como Rumbo o Destinia.

Para la industria tradicional el consumo colaborativo se mueve en una zona gris en el que es posible eludir la tributación, puesto que no está gravado con IVA, los particulares no tributan por ejercer una actividad profesional y las responsabilidades empresariales de las plataformas que ponen en contacto a los usuarios son limitadas.

Sus defensores destacan la dimensión transformadora de una economía que creen se complementa con la tradicional y que supone el retorno a un mercado más básico y social, en el que el contacto directo entre particulares elimina toda la cadena de intermediación que muchas veces encarece productos y servicios.

En el mismo encuentro, el responsable de relaciones institucionales de Airbnb, Ángel Mesado, niega que exista competencia desleal y opina que su plataforma es un complemento a la industria clásica, ya que ofrece algo diferente e innovador, razón por la que apela a una regulación específica que tenga en cuenta las peculiaridades de este nuevo tipo de comercio.

Airbnb, de origen estadounidense, cuenta con 600.000 anuncios de habitaciones y casas de particulares en 35.000 ciudades de 192 países y, consciente de las reticencias que ha generado en la industria hotelera, mantiene una actitud activa con las administraciones a nivel local.

"Cuanto más hablamos con las administraciones mejores soluciones encontramos", dice Mesado, que explica que en algunas ciudades europeas ya se está regulando la figura del alquiler privado, si bien admite que es un fenómeno demasiado nuevo como para que las autoridades se atrevan a hacer una normativa específica.

En este sentido, el experto en economía colaborativa, Luis Tamayo, apela a una fiscalidad que tenga en cuenta no sólo el impacto económico, sino también el impacto social y el medioambiental de plataformas que no ponen a la venta un servicio más, sino que generan comunidad y valores, además de impulsar la economía local.

Quienes promueven la economía en colaboración reconocen que la crisis ha ayudado a su expansión, pero hacen hincapié en que la escala se la ha dado internet y el surgimiento de una demanda a la que no le vale la oferta tradicional y que busca otras experiencias en las que prime la sostenibilidad, la cooperación y la vuelta a lo local por encima de lo global.

"Lo que la gente compra son experiencias, aunque también se busque ahorro, y las plataformas de consumo colaborativo son las facilitadoras", señala Tamayo, que destaca que en este comercio los recursos pertenecen a particulares no a empresas, por lo que se trata de una economía de microemprendedores.

Mesado subraya que, de acuerdo con datos de Airbnb, el 60 % de los particulares que alquilan utiliza los ingresos para afrontar gastos básicos como el pago de la hipoteca o la alimentación, y que en ciudades como Barcelona el ingreso medio por persona supone 221 euros mes, con un impacto global sobre la economía de la ciudad de 128 millones de euros en 2013.

La dimisión de un asesor de Hollande cuestiona su "República ejemplar"

PARÍS.- La dimisión este viernes de Aquilino Morelle, el principal asesor político del presidente de Francia, Françoise Hollande, ha asestado un nuevo golpe a la "República ejemplar" prometida por los socialistas, en un momento de suspicacia sobre su política económica.

Morelle, consejero y redactor de sus discursos, se vio obligado a dimitir apenas 24 horas después de que el medio de comunicación digital "Mediapart" revelara que trabajó para la industria farmacéutica al tiempo que era inspector de un organismo público de Sanidad.

"¡Una República lejos de ser ejemplar!", titula hoy en portada el diario "Le Parisien", para quien este caso debilita al Ejecutivo justo después de la debacle socialista en las municipales, de la remodelación gubernamental que alzó a Manuel Valls como primer ministro y del anuncio de un ambicioso plan ajuste.

Hollande interrumpió ayer un viaje oficial a Clermont-Ferrand para aclarar que la dimisión era la "única opción posible" para que su asesor pueda "clarificar" los hechos que se le reprochan, y añadir que le corresponde solamente a este responder sobre su actividad previa a su llegada al Elíseo.

Pero revelaciones como que se servía de chóferes de la Presidencia para asuntos personales, que abría caras botellas de vino de la bodega de Palacio para simples almuerzos de trabajo y que cada semana hacía acudir al Elíseo un zapatero para abrillantar sus zapatos se hacen "insoportables", según la prensa, para una población a la que se le ha impuesto un plan de rigor.

El programa anunciado este miércoles prevé reducir el gasto público 50.000 millones de euros en los años 2015-2017, con medidas que incluyen la congelación, hasta octubre de 2015, de las pensiones, salvo las más bajas, y de las prestaciones sociales, a excepción de los mínimos.

"Esto debilita a Hollande, teniendo en cuenta que la situación no era buena. Me sorprende la débil vigilancia de cierto número de responsables políticos sobre la proximidad de su entorno con el mundo del dinero", ha afirmado la diputada socialista Marie-Noëlle Lienemann.

Aunque la prensa coincide en que la presidencia ha reaccionado rápido para minimizar el impacto del escándalo, esta retirada se suma a la dimisión en marzo de 2013 del ministro de Presupuesto Jérôme Cahuzac por una cuenta no declarada en Suiza, y revelada igualmente por la web de investigación "Mediapart".

Más recientemente, la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra la exministra de la Francofonía Yamina Benguigui, sospechosa de haber mentido sobre su patrimonio ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública.

El presidente de ese organismo, Jean-Louis Nadal, aseguró hoy en "Le Parisien" que "restablecer la confianza entre los ciudadanos y sus representantes es indispensable", al igual que es "esencial" avanzar en la prevención de los conflictos de intereses.

"Se le reconocerá a Manuel Valls haber solicitado rápidamente la dimisión de Morelle. Prueba tal vez de que las cosas van a cambiar con el nuevo primer ministro. Pero el mal está hecho y tiene un nombre: el fracaso moral", indica hoy el diario "Le Figaro" en su editorial.

Hollande, según una encuesta difundida este viernes por el instituto demoscópico Ifop, no pasaría a la segunda vuelta de las presidenciales en caso de que la primera ronda se celebrara este domingo, en la que quedaría por detrás de cualquiera de los candidatos de la UMP y de la ultraderechista Marine Le Pen.

"Si el paro no baja de aquí a 2017, no veo ninguna razón de ser candidato, o ninguna posibilidad de ser reelegido", dijo ayer el presidente, en sus primeras declaraciones sobre una eventual candidatura.

Francia niega que amenace con el veto en la negociación por el Sáhara Occidental

NUEVA YORK.- El enviado francés a la ONU negó vehementemente que amenace con usar su veto en el Consejo de Seguridad para bloquear cualquier propuesta para que las fuerzas de paz de la ONU vigilen la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

El desmentido del embajador francés Gerard Araud se produce después de que Estados Unidos hiciese circular un borrador de resolución que renovaría la misión de la ONU en el territorio de África, pero sin pedir una vigilancia sostenida de derechos humanos, tal y como piden los defensores de estos derechos.

Dos diplomáticos del consejo dijeron el jueves que sería inútil que Estados Unidos incluya un mandato de vigilancia de derechos porque Marruecos se opondría y Francia probablemente lo vetaría. Ninguno de los diplomáticos dijo que Araud hubiera amenazado explícitamente con usar el veto, aunque dijo que la posibilidad de que París pudiera hacerlo afectaba a las negociaciones.
"De una vez por todas", dijo Araud en su cuenta de Twitter . "Francia NO ha amenazado con usar su veto. El último veto francés fue en la década de 1980", añadió.
"Francia tomará su decisión en base a una propuesta, si la hay", dijo.
Respondió a los comentarios en Twitter de Kenneth Roth, jefe del grupo de derechos humanos con sede en Nueva York Human Rights Watch que reprendió a Araud por apoyar a Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
"Vergüenza para Francia, que hace el trabajo sucio de Marruecos, por amenazar con vetar la vigilancia de los derechos en la misión de la ONU en el Sáhara Occidental", dijo Roth en Twitter.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, renovó la semana pasada su petición de una vigilancia sostenida de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y advirtió en contra de una explotación injusta de los recursos naturales de la región.
Marruecos tomó el control de la mayoría del territorio en 1975, cuando España abandonó a su colonia, llevando a una guerra de guerrillas por la independencia que duró hasta 1991, cuando la ONU medió un alto el fuego y envió una misión conocida como MINURSO. Rabat se opone a la idea de que la vigilancia de la misión advirtiera de abusos de derechos en el Sáhara Occidental.
El borrador de Estados Unidos ha llegado al denominado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental - Francia, Rusia, España, Reino Unido y Estados Unidos - según Ahmed Bujari, el representante de la ONU para el movimiento independentista del Sáhara, el Frente Polisario.
El Frente Polisario quiere que la MINURSO lleve a cabo tareas de vigilancia de derechos humanos.
La renovación del mandato de la misión supone una batalla anual en el Consejo de Seguridad entre Francia, que defiende la posición de Marruecos, y una serie de naciones africanas y el Frente Polisario. Argelia es un fuerte apoyo del Frente Polisario.
El pasado año Estados Unidos propuso bajo la recomendación de Ban que la MINURSO realizase esas tareas, pero Marruecos se enfadó y Washington abandonó la idea. Rabat acordó finalmente permitir que algunos investigadores de la ONU visiten el territorio.
Los diplomáticos cercanos al Grupo de Amigos del Sáhara Occidental dicen que Francia señaló el año pasado que no vetaría la propuesta de Estados Unidos. Pero eso nunca se llegó a probar, porque la delegación estadounidense lo eliminó del borrador de la resolución.
Los diplomáticos del consejo han expresado desaliento por el hecho de que la secretaría de la ONU haya revisado el informe de Ban sobre el Sáhara dos veces en pocas horas la semana pasada. El principal cambio en la tercera versión es su llamamiento a un "mecanismo de vigilancia" por un llamamiento a la "vigilancia".
El representante del Frente Polisario en la ONU, Ahmed Bujari, acusó a Marruecos y Francia de presionar a la ONU para que revise el informe. Araud negó la acusación y Marruecos no respondió a las peticiones de comentarios.
El Sáhara Occidental tiene alrededor de medio millón de habitantes y es rico en fosfatos - que se usan para fertilizantes - y potencialmente tiene petróleo y gas en sus aguas.
Rabat quiere que el territorio sea una parte autónoma de Marruecos. El Frente Polisario propone un referéndum entre los saharahuis que incluya una opción por la independencia, pero no hay acuerdo entre Marruecos y el Polisario sobre cómo se participaría en un referéndum.

Estudiar en universidades alemanas o españolas es la opción más barata frente a Australia y EE UU

LONDRES.- La capacitación es una herramienta necesaria para obtener un mejor empleo o superarse en la vida de cada uno. Pero las opciones para estudiar se multiplican y hacerlo en el exterior es una opción.

Siempre se habla de las ventajas e inconvenientes de estudiar en el extranjero pero, más allá de las preferencias personales a la hora de elegir el país que más nos convenga... ¿sabemos cuáles son las instituciones más caras?

Australia y Estados Unidos lideran el ranking, con un costo promedio de 38.000 y 35.000 dólares anuales respectivamente, según un estudio realizado por el banco HSBC sobre el desembolso que deben afrontar los estudiantes extranjeros en distintos países.

El balance resulta de la suma entre la tarifa media de inscripción en las diez principales universidades de cada país y del coste de la vida en los mismos.

La elevada cifra de Estados Unidos puede verse incrementada en un 67 por ciento, hasta los 58.760 dólares anuales si los estudios se realizan en uno de los ocho centros privados de la Ivy League, como Harvard, Brown o Yale.

Si seguimos echando un ojo a la lista de los países más caros encontramos a Reino Unido en tercera posición, con un costo de 30.325 dólares al año y a Emiratos Árabes Unidos en la cuarta, con un costo promedio de 27.375 dólares.

La elevada posición en el ranking de Emiratos Árabes Unidos puede sorprender, pero, según explica el estudio, se debe al hecho de tratarse de "un gran mercado emergente con un elevado nivel de vida".

Por si estas cifras no asustan lo suficiente, el estudio indica expresamente que cada vez será más difícil afrontar el gasto de estudiar en el extranjero, "ante el aumento del costo de la educación superior y la disminución de las subvenciones públicas".

Resulta que el último país del ranking, y por lo tanto el más barato, es un país tan potente como Alemania. Con un desembolso medio anual de 6.285 dólares, estudiar en Alemania resulta una sexta parte del costo que en Australia, consigna Universia.

Justo un peldaño por encima de Alemania encontramos a España, con un costo universitario para los estudiantes extranjeros de 1.002 dólares anuales y de 6.000 dólares para la manutención, sumando un total de 7.006 dólares al año.