MURCIA.- Vecinos de Murcia, acompañados por miembros de la Asamblea de La Paz, La Fama y Vistabella del 15-M, han denunciado que el fondo de 200.000 euros habilitado por Aguas de Murcia (Emuasa) para ayudar a pagar los recibos del agua a las miles de familias sin ingresos y más necesitadas por la crisis es un "engaño" y un instrumento "propagandístico" porque no han llegado a los afectados.
Así lo han hecho saber los afectados Judith Rodríguez, Rafael Fernández, Alfonso Muñoz Cánovas y Rafael Fernández, quienes han acudido acompañados por un miembro del 15-M a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, para denunciar una situación que califican de "extrema" para miles de familias.
Cabe recordar que las familias afectadas pusieron en conocimiento del movimiento 15-M, en mayo de 2011, que se encontraban en una situación de dificultad por no poder afrontar a los pagos y estar amenazados por Emuasa de un posible corte de agua. En aquel entonces, contabilizaron un total de 200 familias afectadas, aunque el número era "mucho mayor", según el 15-M.
Los afectados protestaron entonces ante el Ayuntamiento de Murcia y, con la intermediación de la concejala de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, el consejo de administración de Emuasa aprobó la creación de un fondo social dotado con 200.000 euros al año para las familias más desprotegidas.
Según lo aprobado, estas familias podrían beneficiarse en 2012 de una reducción de casi el cien por cien del importe del recibo del agua. Se calculaba que cerca de 1.000 familias se podrán acoger a este fondo.
Sin embargo, meses más tarde han comprobado que esta ayuda sólo garantiza el pago de un recibo atrasado, correspondiente a dos meses de servicio. De hecho, lamentan que ni siquiera está claro que Emuasa vaya a pagar las ayudas, ya que ellos sólo se comprometen a tramitar las subvenciones, según Muñoz.
Mientras, lamentan que los recursos económicos de los afectados transcurridos ese tiempo "siguen siendo los mismos, es decir, ninguno", por lo que se preguntan qué va a pasar en sucesivos recibos, según ha explicado Rodríguez en declaraciones a los medios de comunicación.
Fernández añade que, en su caso concreto, la empresa tramitó la subvención para hacer frente a sus atrasos, pero le amenazaron con que le iban a quitar el contador del agua si volvía a atrasarse en el pago.
Al parecer, la empresa emplaza a los afectados a acudir a sus oficinas a reclamar la ayuda cuando se acumulen varios recibos. Sin embargo, las familias se preguntan cómo pueden acumular más recibos, si al segundo abono sin pagar se les corta el agua.
En ocasiones, la situación es tan extrema que aseguran que, si abonan los pagos, los afectados no pueden dar de comer a sus hijos, por lo que tienen que escoger entre una cosa u otra. Incluso, Muñoz amenaza con que si le cortan el agua irá a enchufar el agua, aunque lo lleven a la cárcel.
Rodríguez ha explicado que hay familias "a las que les da vergüenza todo esto", pero ha reprochado que quien tiene que tener vergüenza es la Administración y Emuasa. "Nosotros no hacemos nada malo, y demasiado estamos pasando, porque estamos pasando muchas necesidades y fatigas, porque llegan cartas de embargo de la casa y recibos impagados".
Los afectados, que dicen estar pasándolo muy mal, piden una respuesta "contundente y que sea cierta", al tiempo que preguntan "dónde está la ayuda y qué se va a hacer con ella". Por ejemplo, denuncian públicamente que cuando los afectados acuden a Emuasa, la empresa suministradora del servicio de agua les ayuda en una ocasión, pero les dice que no vuelvan más por sus oficinas".
Rodríguez lamenta que las tarifas del agua "han subido, en vez de bajar, y suben también la comisión, que el año pasado eran 96 euros y ahora son 100,36 euros", algo que han calificado de "robo" con el agravante de que se hace a "personas que no tenemos recursos".
"Tenemos las casas embargadas", añade Muñoz, quien dice que no se van a quedar el agua. En este sentido, proponen incluso a Emuasa que habiliten una fuente de agua potable colectiva de la que puedan beneficiarse todos los vecinos, pero que sean ellos los que se hagan cargo de su gestión.
Los afectados, que incluso llegan a sospechar que Emuasa "quiere quedarse" con el fondo solidario, lamentan que la situación es crítica, porque se encuentran en paro y no encuentran trabajo, al tiempo que tienen que hacer frente al pago de todos los recibos, muchas veces con hijos a su cargo.
