MADRID.- El sistema sanitario español está plagado de fallos
administrativos que ocasionan pérdidas millonarias debido,
principalmente, a la mala gestión hecha por las administraciones de la
atención sanitaria a extranjeros.
Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas que tras
fiscalizar el ejercicio 2009 ha detectado numerosos fallos burocráticos y
administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de
Salud como a las comunidades autónomas.
La falta de actualización de tarifas, la concesión de tarjetas
sanitarias a ciudadanos extranjeros que no cumplían los requisitos, la
duplicidad de tarjetas, la falta de informatización, la asunción de
pagos que no les corresponden o la dejación a la hora de facturar los
servicios sanitarios a los países de origen de los pacientes, son las
principales irregularidades detectadas en el sistema sanitario español.
Uno de los principales "agujeros" se encuentra en la facturación de
las prestaciones farmacéuticas a extranjeros, concepto por el que en
2009 se facturaron 1.452.207,73 euros por la asistencia prestada en
atención primaria.
Tras inspeccionar este servicio, el Tribunal constató que los
servicios de salud de las comunidades autónomas dejan de facturar de
media el 45% del coste de estas prestaciones farmacéuticas servidas a
asegurados de los 37 países objetos de fiscalización, lo que supone unas
pérdidas de, al menos, 4,5 millones de euros en un solo año.
Las administraciones autonómicas tampoco facturan, según el Tribunal,
las prestaciones que sus servicios de emergencia ofrecen a asegurados
de otros países.
En este caso, la facturación no realizada por las comunidades
autónomas ascendió, al menos, a 3,55 millones de euros en un ejercicio.
Otro de los "agujeros" por el que el sistema sanitario española
pierde dinero es el de la fijación de precios públicos que aplica cada
comunidad en la atención sanitaria a extranjeros.
Según el Tribunal, la falta de actualización de los mismos hace que,
en la mayoría de los casos, ni siquiera sirvan para cubrir los costes de
las prestaciones servidas a los pacientes extranjeros.
Así, existen diferencias significativas de precios entre comunidades
que pueden oscilar entre los 2.245,21 euros que estipula Andalucía por
una litotricia renal (tratamiento para eliminar cálculos del riñón) o
los 849,64 de Galicia por la misma prueba; o entre los 548 euros
calculados por Aragón por la estancia en la UCI y los 2.035,55 de
Extremadura.
El Tribunal también ha detectado "incoherencias" en la base de datos
de la mayoría de las regiones respecto a los ciudadanos extranjeros
procedentes de países donde son aplicables los Reglamentos comunitarios.
En su informe también denuncia que las bases de datos de los
pacientes extranjeros están incompletas, lo que hace imposible cobrar
muchas de las facturas en sus países de origen.
Otra de las anomalías se refiere a los extranjeros con derecho a
asistencia sanitaria por carecer de los recursos económicos suficientes.
En este caso ha comprobado que de los 453.349 extranjeros en esta
situación, 2.586 eran a su vez titulares de una Tarjeta Sanitaria
Española (TSE) emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), algo incompatible.
El fraude, explica, se debe a que la tarjeta de los extranjeros sin
recursos tiene una validez de 90 días frente a los dos años de la TSE,
periodo en el que, además, estas personas pueden regresar a sus países y
recibir allí atención médica con cargo a España.
Así, explica puede darse el caso de ciudadanos marroquíes que hayan
vuelto a su país se desplacen a Ceuta o Melilla a recibir atención
sanitaria con cargo al sistema español.
El Tribunal denuncia, además, que en la mayoría de las bases de datos
el campo relativo a la nacionalidad "estaba vacío", y tampoco figuraba
la fecha de caducidad de la tarjeta, ni la fecha de baja, lo que
facilita que un número importante de ciudadanos extranjeros continúe
utilizando tarjetas caducadas.
Según el informe, los servicios de Salud de las comunidades autónomas
emitieron, en 2009, 1.112.085 tarjetas sanitarias individuales a
extranjeros procedentes de países del Espacio Económico Europeo y Suiza.
No obstante, 59.088 de estos extranjeros, figuran en las bases de datos como personas sin derecho a asistencia sanitaria.
En este caso, advierte de la dificultad añadida de conocer qué comunidades autónomas emitieron las citadas tarjetas.
También advierte de más de un centenar de extranjeros que tienen la
tarjeta sanitaria de su país y la tarjeta sanitaria individual española,
dos documentos incompatibles.
Además, la mayoría de centros sanitarios españoles dispensan a
extranjeros con tarjetas sanitarias temporales tratamientos que no son
urgentes y que pueden posponerse hasta la vuelta a sus países como
mecanoterapia, masoterapia, cinesiterapia o termoterapia, entre otros.
Estos tratamientos cuestan miles de euros que, por otra parte, y
según el órgano fiscalizador, nunca se facturaron o cobraron a los
países afectados.
