martes, 1 de octubre de 2013

Las 7 preguntas que Miguel Ángel Aguilar hacía a Rajoy y que ´El País´ eliminó de su web

MADRID.- El diario El País eliminó de su página Web un artículo de Miguel Ángel Aguilar, en el que hacía algunas preguntas, para que fueran contestadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Como el artículo había estado colgado un par de horas ante de retirarse, muchos lectores se dirigieron a El País, preguntando las razones de tal retirada. 

La respuesta del defensor del lector Tomás Declós fue la siguiente: “He consultado con el responsable de Opinión lo sucedido. El lunes por la noche se llamó al autor del artículo planteando la retirada del mismo por considerar los responsables de Opinión que en el mismo se trataban supuestas conductas del presidente el Gobierno alguna pendiente de dilucidar en demanda administrativa no resuelta. Decisión que acató el articulista. La redacción procedió a la retirada del artículo que no se publicó en la edición impresa sin advertir que no se hizo lo propio en la edición digital donde permaneció publicado unas horas hasta su retirada por el motivo comentado”.

Estas son las preguntas que Miguel Ángel Aguilar le hacía al Presidente del gobierno:

1.- Si es cierto que siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Villafranca, provincia de León, y de Padrón, provincia de la Coruña, cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981, director general de Relaciones Institucionales de la Xunta en 1982.

2.- Si al concursar voluntariamente y obtener en 1982 el registro de Berga en el Pirineo catalán, contraviniendo entre otras la obligación de residir en la localidad donde tiene su sede el Registro, continuó obteniendo ingresos de esa plaza, que se encuentra a más de mil kilómetros de Pontevedra, ciudad donde seguía teniendo su residencia efectiva y sus responsabilidades políticas como concejal del Ayuntamiento, presidente de la Diputación y Diputado al Congreso desde 1986 y vicepresidente de la Xunta en 1987. Porque si Rajoy como político concursaba buscando mejores plazas y figuraba como registrador en activo, debemos saber cuánto cobraba de sus cargos políticos y cuánto recibía de los registros.

3.- Si es cierto que nunca solicitó la declaración de compatibilidad del Ministerio de la Presidencia, a que estaba obligado por la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios públicos, porque en ese caso alardear de ser persona escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad resultaría excesivo.

4.- Si los registros de Elche y Santa Pola, que solicitó y le fueron adjudicados en sucesivos concursos, los atendió alguna vez personalmente, cuánto cobró hasta 1990 y si simultaneaba esa tarea con otras responsabilidades políticas.

5.- Si, cuando a partir de marzo 1990 pide que se le declare en servicios especiales y su plaza en Santa Pola, queda encomendada a su buen amigo Francisco Riquelme, titular del Registro de Elche, esa designación a título de “sustituto accidental permanente”, era la que correspondía según el cuadro legal de sustituciones de la Dirección de Registros y del Notariado.

6.- Si a partir de ese momento y siguiendo ejemplos acreditados se repartía al 50% los beneficios del Registro de Santa Pola con el sustituto que le hacía el trabajo.

7.- Si después 1998 a partir de algunos cambios legales, aprobados en el Consejo de Ministros donde él se sentaba, los beneficios del Registro de Santa Pola se han partido entre el amigo Riquelme y el Colegio de Registradores al 50%”.

Madrid propone retirar los coches oficiales... que renovó en mayo

MADRID.- El Grupo Popular va a proponer hoy en la Junta de Portavoces eliminar los coches que disponen los portavoces para que los partidos, en palabras de Ignacio González, "funcionen con los medios que los propios grupos tienen". 

Si la iniciativa sale adelante, Tomás Gómez (PSOE) y Gregorio Gordo (IU) dejarán de tener coche oficial, ya que los portavoces de PP y UPyD renunciaron a ellos. Sin embargo, fuentes del Partido Popular no han sabido concretar a El Confidencial si podrán rescindir el contrato de renting que firmaron con la empresa Finanzia Autorenting S.A., por el cual se comprometían a pagar 60.000 euros a cambio de mantener el alquiler de diez vehículos hasta mediados de 2014.
La Asamblea de Madrid tramitó el 18 de abril por la vía de urgencia la contratación del arrendamiento de los diez vehículos que mantiene en la flota. El lote fue adjudicado en mayo a la única compañía candidata, que ahora deberá revisar su contrato para verificar si, de salir adelante la petición del Grupo Popular, la Asamblea de Madrid podría deshacerse del contrato de renting vigente o, por el contrario, deberán abonar lo acordado hasta mediados del próximo año.
UPyD fue el partido que propuso el pasado octubre suprimir los coches oficiales de los portavoces de los grupos parlamentarios, miembros de la Mesa y del secretario general de la Asamblea de Madrid. Entonces, la Asamblea de Madrid mantenía 18 vehículos oficiales: cuatro Peugeots 407, un Audi A6, tres Peugeots 406 y diez Volkswagen Passat. Su portavoz, Luis de Velasco, argumentaba entonces que en una asamblea autonómica no son necesarios los coches oficiales y prescindir de ellos supondría una posibilidad de ahorrar “en un gasto superfluo”.
El líder regional de la formación magenta propuso que sólo tuviera coche oficial el presidente de la Asamblea, José Ignacio Echevarría, y como máximo hubiera tres vehículos más de incidencias. Él fue el primero en renunciar al vehículo oficial, y su ejemplo lo siguió el portavoz popular, Íñigo Henríquez de Luna. Quienes lo mantienen y a quienes afectaría la nueva medida que ayer anunció el presidente de la Comunidad, Ignacio González, como un ejercicio de “responsabilidad” afectaría al PSM, IU y a los siete miembros de la Mesa.
Dieciséis chóferes en nómina
La medida afectaría también de lleno a los chóferes que conducen los vehículos. Según los datos que maneja UPyD, había dieciséis chóferes para conducir los 18 vehículos oficiales que circulaban a nombre de la Asamblea hasta octubre de 2012. Diez de ellos eran funcionarios y seis pertenecían a personal eventual, nombrados a dedo. "¿Qué va a pasar ahora con estos trabajadores?", se preguntan ahora desde la oposición.  
El presidente de la Comunidad de Madrid mantuvo ayer una reunión con su grupo parlamentario en la que anunció esta medida. También aprovechó para solicitar que los partidos políticos publiquen sus cuentas, en un intento de mejorar la transparencia y el funcionamiento democrático. Unión Progreso y Democracia vuelve a ser el único partido representado en la Cámara madrileña que ya tiene publicada sus cuentas en su web. Fuentes del Partido Popular aseguran que quieren hacerlo de una manera mucho más "milimétrica, no tan general". La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó en septiembre publicar las nóminas de los diputados de todos los grupos parlamentarios en la página web de la Asamblea. De momento, solo los ocho diputados de UPyD las hicieron públicas mucho antes de aprobarse la iniciativa que ellos mismos presentaron.

Casi 300.000 consumidores españoles se unen para pagar menos por la luz

MADRID.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha conseguido en solo dos semanas que cerca de 300.000 consumidores se unan a su plataforma para comprar energía de manera mayorista y negociar el precio con las comercializadoras.

Hasta el 14 de octubre cualquier persona puede apuntarse al grupo de compra en una página web quieropagarmenosluz.org . Dos días después, la OCU celebrará una subasta en la que podrán participar todas las comercializadoras que deseen suministrar energía a toda esa masa de clientes y ganará la que ofrezca el precio más bajo. 

El 4 de noviembre se comunicará a los consumidores el nombre de la empresa ganadora, que pueden ser dos si también se decide aceptar una oferta por el servicio conjunto de electricidad y gas, y se detallará a cada uno de los clientes cuánto pueden ahorrarse. Si el interesado lo ve adecuado, dará su aceptación y la comercializadora podrá cerrar con él el contrato.

“La situación actual del mercado energético es poco beneficiosa para los consumidores. Desde la llamada liberalización en el año 2003 apenas nada ha cambiado. Las mismas compañías de entonces son las que reparten el mercado ahora”, afirma la OCU, que añade que la cuota de mercado de las pequeñas compañías (sin actividad de distribución) se ha reducido al 2% y la competencia entre las grandes compañías tampoco ha animado suficientemente el mercado. El 70% de los clientes mantiene como comercializadora la misma compañía que le distribuye la electricidad.

Todo ello, según la OCU, con unos incrementos continuados en la factura de la luz que rondan el 60% desde el año 2007 y sin que esas continuas subidas hayan evitado que las compañías de luz tengan además reconocida una deuda de 28.000 millones de euros que los consumidores deberemos abonar en los próximos años.

La asociación de consumidores admite que por el momento es difícil determinar el ahorro que se logrará, y de que algunos perfiles de clientes quizá no logren una oferta mejor a la actual, pero en algunos países europeos se ha conseguido reducir la factura anual en 200 euros y que, de forma "soprendente", en Portugal se ha creado una plataforma de 600.000 miembros, con rangos de ahorro de entre 15 y 80 euros al año.

Un millón para la Macarena

SEVILLA.- Tras la promesa de Aznar y ocho años de litigio iniciado por Zapatero, los presupuestos del Estado recogen la partida de 1,1 millones de euros para la hermandad sevillana, que ya recibió otro millón de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por las plegarias de Camps, según www.andalucesdiario.es

Los Presupuestos Generales del Estado recogen una partida de 1,1 millones de euros para la Hermandad de La Macarena, que serán destinados para obras en la propia basílica y de la casa hermandad, un edificio de la cofradía situado en las proximidades del templo. En conversaciones con Andalucesdiario.es, el hermano mayor de la cofradia y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Manuel García, dio “gracias a dios” por esta partida, que llega nueve años después de ser concedida por el gobierno del entonces presidente, José María Aznar.
Después de ser aprobada la subvención, de 1.118.600 euros procedentes del 1% cultural, el Partido Popular perdió las elecciones. Fue el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ya en 2005, el que revocó la ayuda al considerar que no cumplía con los requisitos necesarios. Básicamente por tratarse de un edificio privado. La hermandad recurrió la decisión y, tras seis años de litigios, el Tribunal Supremo falló a favor de la hermandad.
El proyecto subvencionado por Aznar debía ser destinado para la reforma y ampliación de la Basílica de la Macarena (donde está enterrado el general golpista Queipo de Llano). Las obras incluían la construcción del museo, que fue inaugurado en 2009 después de que la hermandad consiguiera financiación por otras vías. ¿Necesitan entonces este millón de euros? En la Macarena “hay donde gastar dinero”, según explicó el hermano mayor, que por el momento desconoce cuándo recibirá el dinero. “Cuando se construyó, los materiales en España no tenían la misma calidad que ahora, y han salido muchas grietas y goteras”, datalló García.
Después de que el Gobierno de Zapatero anulara la ayuda de más de un millón de euros se produjo un encuentro que permitiría a la Hermandad construir su museo, al que cuesta cinco euros entrar. Era 2005, Semana Santa, y el entonces hermano mayor, Juan Ruiz Cárdenas, coincidió con el expresidente de la comunidad Valenciana, Francisco Camps, que intervino para conseguir la financiación necesaria. 
Así lo explicó Cárdenas al diario Público: “Es íntimo mío [por Camps]. Un hombre honrado, sobrio, austero… Estábamos él y yo con el que era presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo [Vicente Sala, fallecido en 2011] en la basílica. Yo le conté lo que pasaba. Y Camps, yo estaba delante, le dijo [a Sala]: Los macarenos necesitamos un millón. Y el otro respondió: Si me lo pide mi presidente, está hecho”, según el testimonio de Cárdenas. 
La CAM fue intervenida en 2011 y vendida al Banco Sabadell. Cuando Camps fue absuelto por el caso de los trajes, acudió a rezarle a la Macarena, junto con el entonces líder del PP andaluz, Javier Arenas, y su sucesor y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

La mayoría de los irlandeses, a favor de suprimir el Senado para ahorrar

DUBLÍN.- La mayoría de los irlandeses está a favor de la supresión de la Cámara Alta del país, el Seanad, según el último sondeo publicado este martes a tres días del referéndum propuesto por el Gobierno del primer ministro Enda Kenny para conseguir ahorrar unos 20 millones de euros a las arcas del Estado. 

Según el sondeo publicado por el Irish Times, el 62% de los irlandeses está a favor de suprimir el Senado del país, mientras que el 38% se muestran en contra. No obstante, el respaldo a la medida ha ido en retroceso desde febrero, cuando era del 74%. 
Si se tiene en cuenta a todos los consultados, el 44% se muestra a favor y el 27% de declara en contra, mientras que el 21% dice que aún no sabe qué va a votar y el 8% tiene claro que no irá a votar en el referéndum de este viernes.

Los asesores de Rajoy se comen el 20% del presupuesto de Presidencia

MADRID.- Las nóminas de los altos cargos y los asesores adscritos a la Presidencia del Gobierno encabezada por Mariano Rajoy se comen la quinta parte (el 19,93%) del Presupuesto de dicho departamento para el próximo año, que ascenderá a 37.797.410 euros. Así se desprende del proyecto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y presentado por Cristóbal Montoro este lunes en el Congreso.
La Presidencia del Ejecutivo es el epicentro del mismo, su auténtico núcleo. Está formada por el propio Rajoy; su Gabinete, dirigido por Jorge Moragas; y la Oficina Económica de La Moncloa, con Álvaro Nadal a los mandos. Ni siquiera se incluyen en él la Portavocía ni la Secretaría de Estado de Comunicación. Según las cuentas públicas de 2014, los salarios de sus 12 altos cargos suman 731.850 euros. Concretamente el de Rajoy sigue congelado -por tercer año- en 78.185,04 euros.

A mayores, el presidente mantiene para el próximo ejercicio los 245 asesores -llamados "personal eventual"- que tiene actualmente. Los sueldos de todos ellos ascienden a 6.802.400 euros para el próximo año. Tradicionalmente esta categoría ha generado controversia -ya lo hacía con José Luis Rodríguez Zapatero- porque son contratados "a dedo".

En la Presidencia del Gobierno trabajan también 260 funcionarios, cuyas nóminas para 2014 -congeladas- se elevan a 9.229.620 euros. Y 74 empleados adscritos a la categoría de "laborales" que suman 1.553.630 euros en nóminas. A ello hay que añadir los incentivos al rendimiento de todos los trabajadores de la Presidencia, que cuestan a las arcas públicas otros 4.056.980 euros.

En total, en la Presidencia trabajan 591 personas, porque aunque pueda parecer un área muy reducida es como una especie de minigobierno dentro del Gobierno. De hecho cuenta con departamentos de Estudios; Asuntos Internacionales; Asuntos Europeos y G-20; Asuntos Nacionales; Seguridad Nacional y Situaciones de Crisis; Protocolo; Seguridad del presidente; Informática y Comunicaciones; y, finalmente, los departamentos dependientes de la Oficina Económica (Economía Internacional y Secretaría Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos).

Con cargo a la Presidencia también se paga la jubilación de los expresidentes Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, que alcanza los 298.320 euros anuales.

lunes, 30 de septiembre de 2013

El CGPJ sufre un recorte del 7,7%, aunque su presidente continúa cobrando más de 130.000 euros

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sufrirá un recorte del 7,7 por ciento en 2014, al pasar de 62,7 a 57,8 millones de euros. No obstante, el presidente de esta institución seguirá percibiendo un sueldo de 130.152,62 euros.

   El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año recoge además una disminución del 2,7 por ciento en la partida dedicada al Tribunal Constitucional, que dispone de 23,57 millones de euros frente a los 24,24 millones del ejercicio anterior.
   Con todo, el Gobierno mantiene el salario de los presidentes que dirigen ambas instituciones. Si el presidente del órgano de gobierno de los jueces cobra 130.152 euros, su homólogo en el Alto Tribunal recibe un total de 129.271,46 euros.
   Las retribuciones de los vocales del Consejo del Poder Judicial quedan congeladas en los 112.249,60 euros y la del secretario general en 109.662 euros al año. Sin embargo, el próximo Consejo será más austero ya que la mayoría de sus miembros compaginará el cargo con el ejercicio de su profesión, percibiendo dietas por la asistencia a plenos.
   La contención del gasto también se revela en otros aspectos, como la variación de los horarios del comienzo de las acciones formativas de los jueces con el objetivo de "disminuir los gastos de alojamiento y manutención". "Sin perjuicio de la disminución general que se ha producido en los cotes de alojamiento en Madrid", recoge el articulado.
   En lo que respecta al Tribunal Constitucional, su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, cobrará 129.271,46 euros, el vicepresidente hasta 121.865,78 euros y el presidente de cada Sección un total de 116.192,90 euros.
   Cada magistrado tiene asignada una retribución de 110.520,02 euros, mientras que la del secretario general del Alto Tribunal se eleva hasta los 96.643,60 euros.
   Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, el presidente de Sección y los consejeros cobrarán un salario anual de 112.578,34 euros, mientras que el secretario general de esta institución será remunerado con 96.921,72 euros.

El Gobierno español reduce en un 2,7% el gasto en Justicia

MADRID.- El gasto español en políticas de Justicia se situará en 1.500,75 millones de euros en 2014, lo que representa una caída del 2,7% respecto al año anterior. El presupuesto en Justicia Gratuita y en atención a víctimas de delitos violentos o sexuales se mantiene, aunque disminuye la inversión en nuevas tecnologías u obras en edificios judiciales.

   El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) dedica una dotación de 1.442,80 millones de euros para que el Ministerio de Justicia desarrolle esta política, y de 57,96 millones para que lo haga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
   El grueso del presupuesto se destina, como es habitual, a gastos de personal, que decrecen de 1.259 a 1.227 millones de euros. El Gobierno contempla la convocatoria de oposiciones de ingreso a las Carreras Judicial y Fiscal para dar cabida a 50 nuevos aspirantes --30 plazas en lo judicial y 20 en la fiscal-- y tiene en cuenta que se incorporarán 204 nuevos jueces a la Escuela Judicial el próximo año.
   Para afrontar la reforma del Registro Civil y las actuaciones competenciales de los Registros Vinculados con la Fe Pública, la asignación presupuestaria se eleva a 24,46 millones de euros.
   El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido en 34,15 millones de euros la partida dedicada a sostener el sistema de asistencia jurídica gratuita para que se beneficien las personas que acreditan una insuficiencia de recursos económicos o están incluidas entre los colectivos beneficiados por la ley. Justicia revisará el modelo para hacerlo "más eficiente" y comprobará la "existencia real de este derecho, imposibilitando el fraude".
   La contribución del Estado permanece también intacta en materia de asistencia jurídica y psicológica a víctimas de delitos violentos y sexuales y violencia doméstica, que cuenta con una dotación de 1.18 millones de euros.
   En el otro extremo, el dinero que el Estado transferirá a la implantación de nuevas tecnologías en los juzgados se sitúa en los 43,3 millones de euros. Esta partida ya sufrió un pequeño recorte el pasado ejercicio cuando pasó de 53,57 a 52,15 millones.
   El total de los créditos asignados a equipamiento e infraestructura alcanza la cifra de 18,25 millones. En 2013, se contempló una dotación inicial de 22,5 a las obras de rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional y otras sedes judiciales.
   En 2014, continuará la ejecución de la obra de rehabilitación en la Audiencia Nacional, así como las obras de mejora en el Palacio de Justicia de Soria, "previas a la intervención integral prevista para ejercicios futuros", y se entregarán los proyectos de Valladolid, Badajoz, Ibiza y Guadalajara.
    El Ejecutivo seguirá desarrollando planes de optimización de lso espacios disponibles e incorproando medidas que permitan obtener un ahorro energético.

La partida para investigación militar sube en España un 39,5%; la civil apenas un 1,3%

MADRID.- El presupuesto que el Gobierno español destinará a políticas de investigación en 2014 aumentará con respecto al año anterior. Sin embargo, mientras la partida para investigación civil sube un 1,3%, la militar experimentará un incremento del 39,5%, según se refleja en los Presupuestos Generales del Estado que el ministro Montoro ha presentado este lunes.

No obstante, en términos absolutos, la asignación para el I+D+i civil sigue siendo significativamente mayor que la militar, 5.633,15 millones de euros, frente a 506,84. En 2013, la Investigación, Desarrollo e Innovación civil recibió una asignación de 5.562, 45 millones de euros; mientras que la militar se quedaba con un 363, 38 millones.
En total, para las políticas de Defensa el Ejecutivo de Mariano Rajoy destinará el 1,6% del presupuesto general, es decir, 5.654,45 millones de euros, que supone una reducción del 2,3% con respecto al año anterior (5.786,01 millones de euros).
De esta cantidad, algo más de 4.728 millones de euros estarán destinados a la "profesionalización de las Fuerzas Armadas", que se repartirán, según se detalla en los Presupuestos, entre los 4.036,56 millones de euros  para gastos de personal y los 692, 57 millones para gastos operativos y de funcionamiento.
Para 2014, el límite máximo de efectivos de tropa y marinería, que se establece en  la Ley de Presupuestos Generales de cada año, es de 79.000

Emerge una "nueva pobreza" entre ancianos que sustentan a sus familias en España

BARCELONA.- La presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social (Ecas), Teresa Crespo, ha alertado este lunes de la emergencia de una "nueva pobreza" en Cataluña de la mano de los ancianos pensionistas que han agotado sus ahorros y recursos intentando ayudar a sus familiares castigados por el paro y la crisis.

   Durante su participación en la jornada 'Pobreza y desigualdad, la situación en el Área Metropolitana de Barcelona', del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), ha recordado que muchos ancianos destinan sus pensiones a sustentar a hijos y nietos, e incluso algunos han asumido deudas "estratosféricas" ajenas tras haber avalado a sus familiares en ciertas adquisiciones de elevadas cantidades económicas, como las viviendas y automóviles.
   "Los ancianos ya no son el cojín social. Ya no pueden aguantar más", ha aseverado Crespo, que ha pedido más protección para este colectivo, además de para los menores, muy afectados también por el empobrecimiento de las familias.
   Ha coincidido en esta valoración el profesor de Sociología de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Sebastià Sarasa, encargado de analizar los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y Hábitos de la Población (ECVHP), de 2011: "Se ha caído en el error de esperar que los ancianos lo aguantaran todo, y no ha sido la solución".
   Sarasa ha destacado que la ECVHP apunta a que los ancianos han mejorado su capacidad adquisitiva entre 2006 y 2011 debido al empobrecimiento del resto de colectivos de edad, pero "las próximas recopilaciones de datos mostrarán que esto ha cambiado".

La partida para partidos políticos se incrementa en un 27,9% por las elecciones europeas

MADRID.- La dotación de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 para la financiación de las formaciones, correspondiente al Ministerio del Interior, se incrementará un 27,9% con respecto a este año, al pasar de los 66,2 millones de 2013 a los 84,7 del próximo ejercicio. 
 
El incremento se debe a la "subvención de gastos electorales", por los comicios europeos que se celebrarán el próximo mes de mayo, a los que van destinados 29 millones de euros. Con todo, la partida total es considerablemente inferior a la de 2012, cuando se destinaron a los partidos políticos 113,7 millones de euros.
Las cuentas públicas de 2014 incluyen una partida de 2,7 millones de euros para sufragar gastos de seguridad de los partidos políticos, exactamente la misma que este año y 600.000 euros menos que en 2012, cuando se consignaron 3,3 millones en esta partida.
También aumenta considerablemente la asignación para procesos electorales y consultas populares, que pasa de los 3.000 euros de este año a los 75,1 millones del próximo. Se debe también a las elecciones europeas, mientras que este año no ha habido ninguna cita electoral en las urnas a nivel nacional.

La deuda pública española alcanzará el 99,8% del PIB en 2014

MADRID.- La deuda pública española acabará este ejercicio en el 94,2% del PIB y cerrará 2014 en el 99,8% del PIB, según el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, que cifra en 243.888 millones de euros la necesidad de financiación neta y las amortizaciones del Tesoro Público para 2014, un 17,7% más que este año.

Al igual que en ejercicios precedentes, prácticamente la totalidad de las emisiones brutas previstas se concentrarán en las letras del Tesoro y en bonos y obligaciones del Estado.

Como alternativa, el Gobierno contempla también la posibilidad de realizar una emisión de hasta 7.000 millones de euros en otras deudas y divisas por si surgieran oportunidades interesantes de financiación en otros instrumentos o en mercados distintos al del euro.

El Gobierno afirma que el aumento del ratio deuda pública/PIB tanto en 2013 como en 2014 viene principalmente determinado por las necesidades de endeudamiento de las administraciones públicas, si bien precisa el menor impacto en 2014 en la deuda de instrumentos como el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, el plan de pago a proveedores, la parte asignada a España relativa a los préstamos a Grecia, Portugal e Irlanda o el préstamo para la recapitalización del sistema financiero español.

A pesar de que el coste de refinanciación de la deuda ha descendido en 2013, el incremento de la deuda en circulación en 2014 implica que la carga financiera de la deuda aumentará de nuevo en 2014 en términos de PIB, con un pago por intereses de 36.590 millones de euros, el 3,5% del PIB.

El juez imputa al arquitecto que renovó la sede del PP en Génova 13 por cobrar en negro el 30 % de la obra

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió el proyecto de renovación de la sede del Partido Popular en la calle Génova en el año 2008, al considerar que podría haber cobrado en negro el 30 % del coste de la obra, que fue recogido en tres apuntes de los denominados 'papeles de Bárcenas'.

En un auto dictado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 imputa a Urquijo como responsable de la mercantil Unifica, cuya sede en la calle Conde de Peñalver de Madrid fue registrada el pasado viernes, por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable.
Ruz, que acuerda esta medida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y después de analizar un informe de los peritos de Hacienda, acuerda la imputación "con vista a clarificar la existencia o no de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas".
El extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró en su declaración ante Ruz que los populares habían pagado en negro a Urquijo el 30 % del valor total de la obra de renovación de su sede nacional.
El instructor de la Audiencia señala en su resolución que se han recabado "indicios suficientes" de la comisión por parte de Urquijo de "uno o varios delitos contra la Hacienda Pública" en los que podrían haber participado asimismo como cooperadores necesarios "aquellas personas que hubieran contribuido activamente a realizar actos que eventualmente resulten integradores de ese delito".
 Ruz acordó el pasado viernes el registro de la sede de la empresa Unifica Servicios Integrales S.L., propiedad de Urquijo. El registro, llevado a cabo en las oficinas que la sociedad tiene en la calle Conde de Peñalver de Madrid, tuvo lugar el mismo viernes y se prolongó hasta el sábado. Su objetivo fue buscar documentación que acredite el presunto fraude fiscal. La imputación de Urquijo tiene lugar a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y a la luz del informe presentado por la Agencia Tributaria el pasado 25 de septiembre.
El citado informe analiza el estado de la causa y establece que se han corroborado la autenticidad de lo 'papeles de Bárcenas' así como la veracidad de algunos de los apuntes contables. Los peritos de Hacienda señalan la existencia de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas".

La ONU insta a España a juzgar la desapariciones del franquismo sin ampararse en la Ley de Amnistía

GINEBRA.- El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, que ha visitado España durante la última semana y se ha reunido con distintas autoridades y con asociaciones de víctimas del franquismo, ha instado al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que éstas no se consideren crímenes sujetos a la Ley de Amnistía de 1977.

Así consta en el informe preliminar aprobado por los dos miembros de este grupo de trabajo -Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky- que han mantenido contactos con representantes del Gobierno central y de varias comunidades autónomas, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y la sociedad civil.
El objetivo de su visita, que tiene su base en una invitación del Gobierno, era examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de estos crímenes.
En su primer informe, el grupo de trabajo constata que en España no se tiene en cuenta "el carácter de delito de lesa humanidad" en el caso de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. "Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación", reza el texto.
En concreto, instan "al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada".
En paralelo, solicitan la puesta en marcha de medidas legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas "no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977", como, según recalcan, ya han recomendado distintos organismos internacionales.
Asimismo, constatan que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009 restringió "manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal", en contraste con la legislación anterior.
De hecho, subraya que antes de esa reforma España había realizado "importantísimas contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal" mediante por ejemplo la investigación de crímenes de las dictaduras latinoamericanas", lo que demuestra "la capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas".
Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que aquella reforma de 2009 "no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada". También anima a España a ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y a incluir en el nuevo Código Penal como delito autónomo la "desaparición forzada".
En su informe también remarcan que, ante la "situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura", las víctimas españolas han "solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal" y emplaza al Gobierno a "prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España".
Para los expertos de la ONU, la avanzada edad de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura hace necesario que el Estado actúe "urgencia y celeridad" en esta materia.
El grupo de trabajo también llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente, a abrir un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero.
Además, abogan por la creación de una entidad estatal "con pleno apoyo institucional" que se encargue de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones con los datos que ya tienen distintas asociaciones y expertos.
En este punto, defienden que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número cinco --que en su momento ocupó el juez Baltasar Garzón que inició una investigación sobre los crímenes del franquismo-- contiene información sobre más de 114.000 victimas, "debería ponerse a disposición del publico de manera inmediata".
También demandan desde la ONU un "plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas", que garantice la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los Mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. Recomiendan, asimismo, que responsables de la administración y la Justicia "se personen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan".
"El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa", reza el informe preliminar.

El Estado pagará 13,2 millones al mes a la Iglesia católica española

MADRID.- El Estado español abonará mensualmente 13,2 millones de euros a la Iglesia católica durante el año 2014 (158,4 millones de euros al año) como anticipo del dinero que previsiblemente le entregarán los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia del IRPF por la que otorgan el 0,7% a la institución, según los datos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014. Se trata de la misma cantidad entregada en 2012 y 2013.

La ley señala que antes del 30 de noviembre de 2015, se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2014, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2016.
En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente, de forma que si la Iglesia recibió más dinero del que luego le han concedido los contribuyentes, se lo devolverá al Estado y viceversa.
Además, el Gobierno ha vuelto a retrasar un año el plazo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia.
La disposición transitoria quinta de la Ley del Patrimonio Histórico Español dicta que en los diez años siguientes a la entrada en vigor de la ley, lo dispuesto en el artículo 28.1 de la misma se entenderá referido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en posesión de las instituciones eclesiásticas.
Concretamente, este artículo establece que los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles.
Además, precisa que dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas.
También se modifica la disposición adicional sexagésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que queda redactada como sigue: 'Beneficios fiscales aplicables a la celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús en el año 2015'.
Así, señala que esta celebración tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Además, establece que la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y que las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la Ley Antidesahucios

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la llamada Ley Antidesahucios, que fue interpuesto el pasado agosto por el PSOE.

Según el principal partido en la oposición, la última reforma realizada en relación con las hipotecas vulnera el principio constitucional de participación de la sociedad en la política del país al olvidar el millón y medio de apoyos que obtuvo el texto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La normativa aprobada por el Gobierno, cuya constitucionalidad será estudiada ahora por el tribunal de garantías, es el resultado de la suma de dos textos, uno elaborado por el propio Ejecutivo y otro presentado como Iniciativa Legislativa Popular por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que obtuvo el apoyo de un millón y medio de firmas.

Las iniciativas de la PAH, sin embargo, fueron eliminadas del texto final sin que los grupos minoritarios pudieran hacer aportaciones ni el pleno del Congreso volviese a debatir, por lo que el PSOE entiende que se vulneraron principios constitucionales.

El recurso del PSOE recoge vulneraciones de 14 artículos de la Constitución y también atiende argumentos jurídicos defendidos por la PAH. Entre ellos está cuestión referida a la tutela judicial efectiva y ha criticado que los jueces "no puedan considerar las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda".

Según el PSOE, la ley permite la paralización de los lanzamientos, no de los procesos de desahucio, por lo que no apoya las últimas medidas de reforma.

domingo, 29 de septiembre de 2013

La banca española confiscará depósitos para evitar su colapso / Marco Antonio Moreno

Cuando el ministro de Finanzas holandés Jeroen Dijsselbloem dijo a la prensa hace seis meses, que el régimen de confiscación de depósitos de Chipre sería el modelo para los futuros rescates de los bancos europeos, la declaración causó tanto furor que tuvo que retractarse. Sin embargo, Dijsselbloem decía la verdad: la confiscación de depósitos de los ahorrantes se está convirtiendo en la política oficial de la Unión Europea, dado que la banca quiere tu dinero (I want your Money, como dice el Tío Sam). Italia y Polonia han seguido el ejemplo chipriota y el plan continuará en otros países. Los ministros de Finanzas de la UE acordaron este plan para desplazar la responsabilidad de las pérdidas bancarias a los propios inversionistas, acreedores y depositantes de los bancos. Está claro que los fondos públicos ya no son suficientes para rescatar a una banca que está en la quiebra y se requiere la confiscación de parte importante de los ahorros privados.
 
Si el modelo de Chipre se sigue al pie de la letra, los depósitos inferiores a 100 mil euros estarán asegurados por los gobiernos, mientras los montos superiores a esa suma verán recortes que pueden llegar al 40 o 50 por ciento. Esta nueva práctica de rescates a la banca ha comenzado a tener seguidores y se está extendiendo más allá de Europa. Los bancos de Nueva Zelanda y Canadá también quieren el dinero de los ahorrantes. Pronto esta práctica se extenderá a Estados Unidos y los grandes depósitos sufrirán severos castigos. ¿Quien se atreverá a tener dinero en los bancos en el futuro?

La banca sigue en un proceso de fuerte desapalancamiento y por eso necesita dinero real mucho más allá del que ofrecen los bancos centrales. Una de las razones del estancamiento que sufre la economía y de la falta de crédito que asfixia al sector productivo, es que todo el dinero que la banca recibe con los planes de flexibilización cuantitativa (a tasas de 0,25% o 1%) es colocado en bonos soberanos de los gobiernos donde la tasa es del 4% – 5 por ciento, lo que permite recibir ganancias de 6 a 20 veces sólo por mover el dinero del banco central al Tesoro público. Si bien la disminución en la prima de riesgo ha sido significativa, mucho más lo ha sido la ganancia de la banca que con este método logra limpiar sus balance de activos tóxicos.

El laboratorio de las confiscaciones
En un esfuerzo por salvar la economía chipriota de la quiebra, el gobierno aprobó una ley que confiscó 4.300 millones de euros en depósitos pertenecientes a unos 14.000 depositantes del Laiki Bank, dejando a cada depositante, con no más de 100.000 euros, el límite de depósito asegurado bajo las regulaciones de la UE. Tras el cierre del Laiki los activos disminuidos de los depositantes fueron transferidos al Banco de Chipre. Como señalamos en marzo en un esfuerzo por recapitalizar al principal banco de la isla, las autoridades chipriotas impusieron una pérdida de 47,5 por ciento de los depósitos que excedían el límite de 100,000 euros. Con esta medida, los depositantes perdieron un total estimado de 10.600 millones de euros.

El ejemplo de Chipre, tomado como laboratorio de este modelo de confiscación de fondos privados, resultará cada vez más práctico a la banca como mecanismo de obtención de recursos. Este hecho pone en peligro todas las cuentas bancarias privadas y los ahorros de los fondos de pensiones que la banca emplea para especular en los mercados. Polonia logró reducir su deuda pública por la vía de la confiscación de los fondos de pensiones. Los ministros de Finanzas de la UE no solo están patrocinando estas nuevas medidas de la banca, sino que además están aprobando un plan para obligar a los tenedores de bonos y accionistas a financiar las futuras quiebras bancarias con fondos privados, antes de seguir haciéndolo con los fondos públicos que corresponden a los contribuyentes.

Este hecho, que ya se está produciendo en Italia, Polonia, Nueva Zelanda y Canadá, pronto tendrá su estreno en Estados Unidos y será el mecanismo que evitará la quiebra masiva del sistema bancario, esta vez con los depósitos y fondos de pensiones de la gente. Dado que muchos de estos depósitos se encuentra en una alambicada madeja de derivados financieros, a los depositantes no les será tan fácil retirar su dinero para guardarlo bajo el colchón. Y de nada servirán las demandas contra la banca por estas confiscaciones, dado que cuentan con el apoyo pleno de los gobiernos. Una muestra más de la simbiosis hegemónica que envuelve al poder político con el poder económico.

Fuerte represión policial de la primera protesta organizada en España contra la monarquía

MADRID.- El #JaqueAlRey ha sido una de las movilizaciones menos exitosas desde que arrancó el 15-M. En Madrid, apenas un millar de personas se intentaban manifestar en la plaza de Oriente, ante el Palacio Real, para pedir la abolición de la monarquía media hora después de que se iniciara la concentración a las siete de la tarde de ayer. 

Una plaza de Oriente totalmente sellada por la policía hacía sentir un poco de ridículo nacional, porque seguramente había como un agente para cada dos manifestantes. Eran 1.400 agentes. Y no es la primera vez que se produce cierto desequilibrio entre el número de policías y de manifestantes desde que la calle se empezó a movilizar consuetudinariamente en la primavera de 2011, según 'Cuarto Poder'.
La Policía cifró en menos de 1.500 los manifestantes, y la Coordinadora 25-S, convocante de la marcha, asegura que eran 8.000.
En la víspera del #JaqueAlRey, el propio Gobierno español calentaba el ambiente comunicando a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que suspendía la “misión de observación” de este organismo avalado por Naciones Unidas.
Después, pocos minutos antes del inicio de la manifestación, la Delegación del Gobierno ordenaba a Metro de Madrid interrumpir el servicio de la estación de Ópera.
Según declararon varios manifestantes, la policía retuvo a varios grupos organizados antes de que pudieran acceder a las cercanías del Palacio Real. Hubo numerosas identificaciones, aunque quizá con menor intensidad que durante otras manifestaciones precedentes.
La lluvia fue la protagonista de la tarde en Madrid y en la mayoría de las concentraciones españolas. En la víspera, la tardía adhesión de Izquierda Unida podría haber hecho presagiar la creación de un frente un poco más contundente. En su manifiesto de adhesión, emitido en la misma víspera del #JaqueAlRey, IU asegura “entender que ha llegado el momento de que todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado se puedan pronunciar sobre la anacrónica institución monárquica y en su caso sobre un modelo de estado republicano, plenamente democrático”.
A media tarde, varios medidos anunciaban que Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid y bestia negra del 15-M desde su nombramiento, se había presentado en la Delegación para controlar el operativo. Todavía está de baja a causa del accidente de moto que sufrió el pasado 20 de agosto. Fue dada de alta del hospital hace apenas cinco días.

El PSD se hunde en las elecciones municipales portuguesas, con fuerte abstención

LISBOA.- El primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, ha asumido que el Partido Social Demócrata (PSD) ha sufrido "una de las peores" derrotas electorales de los últimos 20 años en los comicios municipales celebrados este domingo y lo ha atribuido a una "gobernanza más exigente". 

"El PSD había apostado a la victoria en estas elecciones municipales, pero no ha sido posible. Por el contrario, hemos registrado uno de nuestros peores resultados, al nivel de los de finales de los '80 y principios de los '90, obtenidos también en épocas de gobernanza más exigente", ha dicho en una comparecencia pública.
Passos Coelho ha considerado que "el hecho de que los candidatos del PSD no hayan cedido al populismo y hayan tenido los pies en el suelo ha tenido consecuencias negativas". 
"Es el precio que hay que pagar por cómo estamos haciendo política", ha estimado.
En consecuencia, el jefe de Gobierno ha reconocido que "el Partido Socialista (PS) ha conseguido una victoria significativa". "Y quiero felicitarle", ha indicado, en declaraciones recogidas por la televisión pública RTP.
En este contexto, el 'premier' ha adelantado que "seguirá esforzándose para superar la crisis económica y recuperar la confianza y el crecimiento".
 "Eso exigirá decidir sobre temas importantes", ha adelantado.
Según los resultados oficiales, a falta de un centenar de circunscripciones electorales por escrutar, la coalición gobernante a nivel nacional, PSD y Partido Popular Democrático (PPD), ha conseguido el 16,75% de los votos (799.390), es decir, 81 alcaldías.
El secretario general del Partido Socialista (PS), António José Seguro, ha sostenido que "la innegable lectura a nivel nacional de las elecciones municipales de hoy" es que los portugueses han rechazado las políticas de ajuste económico del Gobierno. "En estas elecciones municipales hay un claro vencedor, el PS, y un claro derrotado, los partidos del Gobierno", ha dicho, en el discurso que ha ofrecido desde la sede del PS, nada más conocer los primeros resultados oficiales.
Seguro ha estimado que estas elecciones municipales "han reflejado la existencia de una enorme voluntad de cambio y de esperanza en la alternativa que lidera el PS".
 "Hay una nueva relación de confianza entre los portugueses y el PS", ha sentenciado. Los socialistas portugueses han ganado las elecciones municipales al adjudicarse el 36,26% de los votos (1.730.857), lo que se traduce en 134 alcaldías.
En tercer lugar se sitúa la alianza formada por el Partido Comunista Portugués (PCP) y el Partido Ecologista (PEV), con el 11,11% de los sufragios (530.310), lo que les permitirá gobernar en un total de 30 municipios. Por detrás, se encuentran el Grupo Cidadaos, con el 6,63% (316.562) y 11 alcaldías; y la fórmula del Centro Democrático Social y el Partido Popular (CDS-PP), con el 3,07% (146.694) y cinco municipios.
La gran protagonista de la jornada electoral, sin embargo, ha sido la abstención, que ha rozado el 47%, mientras que los votos nulos y blancos representan el 2,93 y 3,86% del total, respectivamente.
El varapalo electoral del Gobierno de Passos Coelho se ha manifestado con mayor contundencia en las principales ciudades portuguesas: Lisboa, Oporto y Sintra, que han ido a parar a manos opositoras.
En Lisboa, el candidato del PS, António Costa, ha conseguido su tercer mandado con un 51,3% de los votos, frente al 22,5% del aspirante del PSD-PPD, Fernando Seara, que ya ha reconocido su derrota electoral. "Son los mejores resultados electorales alcanzados por un partido político en unas elecciones municipales en Lisboa", ha destacado Costa. "Por primera vez, hemos conquistado la mayoría absoluta en la Cámara y en la Asamblea", ha argumentado.
Por su parte, Seara ha desvinculado los malos resultados del PSD-PPD en Lisboa del Gobierno de Passos Coelho. "La responsabilidad es exclusivamente mía. Cuando se pierde, se pierde en solitario. Cuando se gana, ganamos todos", ha aclarado.
La victoria de Costa en Lisboa, aunque muy positiva para el PS, podría aumentar la división en el partido político, ya que muchos ven en el alcalde capitalino a un líder natural de la izquierda que podría garantizar su vuelta al Gobierno, relevando a Seguro.
En Oporto, el candidato independiente Rui Moreira ha dado la sorpresa al arrebatar la Alcaldía de la segunda ciudad portuguesa al líder oficialista, Luis Filipe Menenzes, con un 39,3% frente a un 21,1%. "Oporto ha demostrado que es posible otra forma de hacer política, que los partidos tienen que ser diferentes. Si los partidos no han entendido lo que ha pasado hoy aquí, es que no han entendido nada", ha señalado en su discurso de esta noche.
Menenzes, al igual que su colega de Lisboa, ha querido alejar los malos resultados electorales del Ejecutivo nacional. "Esta derrota es solo mía. No es la derrota de un partido político, de un primer ministro, de un Gobierno, ni de sus socios. Es exclusivamente mía", ha subrayado. De la misma forma, en Sintra, hasta ahora gobernada por el PSD-PPD, la Alcaldía ha sido para el PS, con el 26,8% de los votos, aunque con una victoria muy reñida, ya que el candidato independiente ha conseguido el 25,4% de los votos.