viernes, 7 de febrero de 2014

IU propone para España un Estado federal republicano, que contemple el derecho a la secesión

MADRID.-   Izquierda Unida trabaja en la propuesta de un Estado federal, republicano, solidario, plurinacional y democrático que reconozca el derecho de sus territorios a la secesión por una mayoría cualificada, ya que considera que "el derecho a convivir es algo que no se puede imponer por la fuerza".

   El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha presentado este viernes la Conferencia sobre modelo de Estado que el partido celebrará mañana junto al líder de la coalición en Andalucía, Diego Valderas, quien ha coordinado los trabajos de redacción de un texto base que después deberá ser refrendado por el Consejo Federal de IU.
   El partido afronta este debate desde la base de que, a su juicio, el actual marco constitucional y el Estado de las autonomías está "quebrado" desde que el Tribunal Constitucional rechazó diversos artículos del Estatuto de Cataluña aprobado por las Cortes Generales. Por este motivo, ve con buenos ojos el recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía.
   Pero además, liga el asunto a la actual situación del Estado debido a las políticas neoliberales "del bipartidismo con la ayuda de CiU" y las desigualdades sociales generadas. En este contexto, han surgido dos posturas: "la recentralizadora del PP que culpa a las autonomías y entidades locales de un derroche excesivo y el incremento de los movimientos independentistas bajo el argumento de un déficit fiscal".
   Por ello, IU quiere ofrecer a los ciudadanos una alternativa basada en un Estado federal que dé solución a los problemas sociales, así como a los de los territorios "dentro de una democracia participativa".
 "No se puede construir un Estado confrontando identidades y territorios. Hay que abordarlo desde el conflicto de clases", ha explicado Lara.
   Y aunque su modelo de Estado incluye el derecho a la secesión de los territorios federados, considera que los ciudadanos deben ser conscientes de que "no todo es autonomía o recentralización" y existen otras posibilidades de "convivir y seguir viviendo juntos". De hecho, Cayo Lara ha aventurado que, a su juicio, en la sociedad catalana serían muchos más los ciudadanos que optarían por seguir conviviendo en un Estado federal que aquellos que elegirían "romper o, por otro lado, dar marcha atrás".
   Pero además, ha reivindicado el papel de IU en este debate y ha recordado que su apuesta por el Estado federal y republicano ya estaba plasmada en un documento de 1996. "Quienes ahora hablan de esto y se quieren sumar, bienvenidos sean", ha apuntado en clara referencia al PSOE. Pese a ello, no ha querido comparar ambos modelos argumentando que el de los socialistas aún no es conocido.
   En este punto, Lara sí que ha hecho hincapié en los derechos fundamentales y ha censurado a los políticos que se dedican a "aplaudir la Constitución cada 365 días y violarla los otros 364 días".
 "Se están pasando la Constitución por el forro de las narices", ha denunciado a la vez que ambos dirigentes han dejado claro que en el nuevo marco de Estado que proponen no tiene cabida el artículo 135 de la Carta Magna pactado por PP y PSOE para garantizar la estabilidad presupuestaria.
   Además, Cayo Lara ha querido valorar el debate sobre la publicación de las balanzas fiscales y el modelo elegido para hacerlo, en el que "cada uno lo hace arrimando el ascua a su sardina". Y aunque ha asegurado que IU apoya su publicación porque las considera "importantes" para conocer "cómo se mueven los recursos", ha defendido que "lo importante son las balanzas sociales".
   "Hay un incremento de la pobreza, el paro, las empresas que están despidiendo con beneficios, las privatizaciones en educación o sanidad. Esas son las balanzas sociales que hay que publicar para descubrir el daño que han hecho las políticas neoliberales de PP y PSOE en alianza con CiU", ha defendido.
   Además, ha evitado entrar en las especulaciones sobre un encuentro entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, y ha defendido que ambos mandatarios deberían hablar sobre las consecuencias que han tenido sus políticas sobre los ciudadanos. "Es bueno el diálogo y el entendimiento, pero son dos polarizaciones que están escondiendo los problemas de sus políticas en Cataluña y España. A ambos les viene bien la guerra de banderas", ha advertido.

Oceana pide a España que suprima los permisos de hidrocarburos en el Mediterráneo español

MADRID.- La organización de conservación marina Oceana ha pedido al Gobierno de España que adopte una postura similar a la de Francia que eliminó, durante el periodo de Nicolas Sarkozy, todos los permisos para explorar petróleo y gas en sus aguas del Mediterráneo.

   Así, recuerda que Francia ha pasado de tener casi un millón de hectáreas abiertas a actividades de búsqueda de hidrocarburos a cero hectáreas por mera voluntad política, por lo que España podría hacer lo mismo. Además, la organización señala la nueva apuesta de España por la explotación de petróleo y gas en el mar es "totalmente contraria" a los objetivos energéticos de la Unión Europea para 2030.
   "Pedimos al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que, al igual que hizo Nicolas Sarkozy en Francia, rechace todas las perforaciones petrolíferas en el Mediterráneo", ha reclamado el director ejecutivo de Oceana, Xavier Pastor.
   Asimismo, ha recordado que Sarkozy explicó que no es cuestión de elegir entre protección del medio ambiente y crecimiento, sino de optar simplemente por un desarrollo sostenible. "Estas palabras muestran que explotar hidrocarburos es una decisión política. La única disyuntiva es hacer política a corto plazo o a largo plazo", ha apuntado.
   "El Mediterráneo es el corazón de nuestra identidad", afirmó en 2012 Sarkozy para dejar de lado un recurso energético que es fuente de daños al ecosistema y contaminación.
   En la misma línea, la Unión Europea aprobó la semana pasada un nuevo plan energético que establecía una disminución de un 40 por ciento en las emisiones de gases procedentes de combustibles fósiles y aumentar un 27 por ciento las energías renovables para 2030.
   Por eso, para Oceana "España camina en dirección contraria a la Unión Europea" y considera que la actitud del ministro José Manuel Soria, "dando todo tipo de facilidades a las empresas petroleras, contrasta con la guerra abierta contra las energías renovables, las cuales podrían estar tocadas de muerte con las nuevas decisiones del ministerio".
   Finalmente, ha advertido de que "miles" de puestos de trabajo en turismo, pesca y energías limpias podrían verse afectadas por "la fiebre del oro negro".

Ana Botella, a los jueces: 'Guiarse por la calle es "de la Revolución Francesa"'

MADRID.- La alcaldesa de Madrid ha pedido a la Justicia "instrucciones silenciosas" y que "no se prolonguen indefinidamente", a lo que ha sumado su rechazo a la tendencia de que los jueces se dejen llevar por "el sentir de la calle", algo propio "de la Revolución Francesa", ya que lo que hay que hacer es aplicar las leyes emanadas del Parlamento.

   En una entrevista en la Cadena Cope, Botella ha tildado de "lamentable" y "muy peligroso para el Estado de Derecho" el fallo de la juez que ha considerado que no es delito el escrache frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
   Preguntada sobre si la decisión hubiera sido distinta si el afectado hubiera pertenecido a otro partido político, la primera edil no ha dudado en contestar que "la vara de medir siempre ha sido distinta" y que no quería ni pensar qué hubiera ocurrido si el escrache lo hubiera sufrido un dirigente socialista. Para Botella, la situación es especialmente grave ya que lo que está en liza es la inviolabilidad del domicilio, razón por la que no entiende que el eschache sea considerado por una juez como "un acto dentro de la normalidad".
   La regidora ha lamentado igualmente que la Justicia en España sea tan "lenta", lo que genera unos "efectos perniciosos". Esto le ha llevado a pedir "instrucciones silenciosas", que se lleven a cabo "en un tiempo determinado, que no se prolonguen indefinidamente" y que, cuando se impute a alguien, que sea "corto" el tiempo que pase hasta que sea llamado a declarar.
   En este sentido, Ana Botella ha defendido que para que los jueces reciban el respeto de la sociedad española "deben actuar de manera callada y cumpliendo la ley", además de "no producir prejuicios irreparables para el honor de las personas", como ocurre en "ciertas ocasiones".

El Príncipe de España destaca la "madurez" y "sabiduría" del pueblo tunecino

TÚNEZ.- El Príncipe de Asturias ha destacado este viernes la "madurez" y "sabiduría" del pueblo tunecino, gracias al cual este país ha sido "siempre" un "pionero" en la construcción de un Estado "moderno" y "respetuoso" de los derechos sociales.

   Don Felipe ha representado a España en el acto de celebración de la nueva Constitución tunecina en el Palacio Presidencial de Cartago, que ha contado con la presencia del presidente francés, François Hollande, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y el Príncipe Mulay Rachid de Marruecos, entre otras autoridades.
   El Heredero de la Corona ha sido una de las veinte personalidades que han tomado la palabra en el acto. Lo primero que ha hecho es transmitir a los tunecinos una "felicitación calurosa" en nombre del pueblo español y dejar claro que España comparte su "alegría" y "esperanza" en estos momentos.
   "Túnez ha sabido siempre estar en la cita con la historia y en la vanguardia de las conquistas políticas y sociales", ha subrayado el Príncipe, que ha recordado cómo España emprendió también hace casi cuatro décadas un proceso de "cambios profundos" que, en un periodo de tres años, culminó en 1978 con la aprobación por una "muy amplia mayoría" de una nueva Constitución que estableció "un marco de convivencia para todos los españoles".
   "También hoy la comunidad internacional ha reconocido y saludado los esfuerzos y sacrificios de todos los actores en favor de la adopción de la nueva Constitución tunecina" que "garantiza las libertades fundamentales, el estado de derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia", ha destacado el Príncipe en un discurso leído casi íntegramente en francés.
   Ha puesto en valor el apoyo que España ha prestado a la transición democrática "desde su inicio" y ha confiado en que la nueva etapa que se inicia ahora permita a ambos países "reforzar" la relación bilateral "en todos los terrenos". España, ha asegurado, tiene "la voluntad y la determinación" de "contribuir al progreso y a la prosperidad de Túnez".
   El Príncipe llegó esta mañana a Túnez, donde fue recibido en el aeropuerto con honores de jefe de Estado por el presidente de la República, Moncef Marzouki, con quien ha mantenido un encuentro.
   Don Felipe ha viajado al país magrebí acompañado del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, el secretario general de la Casa del Rey, Alfonso Sanz Portolés, el secretario del Príncipe, Jaime Alfonsín y el director general para el Magreb, Africa, Mediterráneo y Oriente Próximo, Manuel Gómez-Acebo Rodriguez-Spiteri.
   Tras el acto de celebración de la nueva Constitución, el Príncipe se ha quedado al almuerzo que ofrece Marzouki a las delegaciones que se han desplazado a Túnez. En los márgenes de estos actos, Don Felipe ha tenido oportunidad de mantener un encuentro con el presidente Hollande, al que han asistido De Benito y el presidente de la Asamblea francesa, Bernard Accoyer.
   El Príncipe y el resto de la delegación española también se han entrevistado con el primer ministro tunecino, Mehdi Jomaa, y su ministro de Exteriores, Mongi Hamdi, a quienes han entregado una carta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, invitándoles a visitar España, con quien Túnez ha de retomar las tradicionales cumbres bilaterales o Reuniones de Alto Nivel.
   España ha sido uno de los países que más ha apoyado la transición tunecina, en la medida de sus posibilidades. El exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer líder europeo que viajó a Túnez tras la revolución que derrocó el régimen de Zine el Abidine Ben Ali.
   Tras la llegada al poder en España del PP, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, visitó el país en marzo de 2012, para conocer de primera mano cómo estaba avanzando la transición hacia una democracia y cuáles eran las necesidades de las empresas implantadas allí.
   La presencia empresarial de España en Túnez, si bien no es muy significativa, es relevante en el sector hotelero, de la construcción, energías renovables y en agricultura.
   En el proceso de transición ha tenido un fuerte protagonismo el diplomático español Bernardino León, actual representante especial de la UE para el Sur del Mediterráneo.
   En el plano bilateral, España ha apoyado la transición tunecina a través de varios programas de cooperación, entre ellos el programa Masar que financia la AECID y que se centra en fortalecer las instituciones públicas y contribuir a capacitar a las sociedades civiles de los países del Mediterráneo que hayan iniciado reformas hacia una mayor democracia.
   En Túnez, en concreto, España ha financiado con 250.000 euros un programa de formación policial y otro para el personal de prisiones, con un coste de 300.000 euros, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
   En el ámbito de la UE, España ha dado la batalla para que los Veintiocho acompañen con fondos económicos la transición para evitar que la revolución hacia la democracia se trunque si la ciudadanía no ve satisfechas sus aspiraciones de mayor prosperidad. Al final la UE ha contribuido con 400 millones de euros para Túnez en el periodo 2011-2013.
   De cara al futuro, y a petición tunecina, España y el resto de la UE trabajarán para relanzar la economía tunecina y facilitar las reformas económicas y en la justicia, además de colaborar en rehabilitar barrios marginales.
   España será uno de los países que contribuya al desarrollo de la nueva Asociación entre la UE y Túnez, que tocará aspectos como la movilidad de trabajadores, la inmigración y la seguridad.

El fiscal se opone a indultar a Garzón porque su delito es de los "más graves"

MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a indultar la pena de once años de inhabilitación a Baltasar Garzón porque sus delitos son de "los más graves que un miembro de la Carrera Judicial puede cometer en el ejercicio de sus funciones" y además sus méritos personales y profesionales son "irrelevantes" a efectos de exonerarle totalmente de su responsabilidad criminal.

   El Ministerio Público se pronuncia así en el informe desfavorable a conceder el indulto total al ex magistrado de la Audiencia Nacional, condenado por un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales al intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
   El escrito, firmado por el Teniente Fiscal del Supremo Antonio Narváez, destaca que no se dan las razones de equidad, justicia o utilidad pública necesarias para concederle esta medida de gracia toda vez que "no ha exteriorizado muestra alguna de arrepentimiento" y le resulta "totalmente indiferente" el resultado del indulto.
   Narváez sostiene que la "razón primordial" de su condena fue la vulneración del derecho de defensa y el secreto de comunicaciones de presos preventivos. "El daño causado a la Administración de Justicia fue muy grave por las consecuencias jurídicas que esa iniciativa tuvo para los derechos de los encausados", añade.
   El fiscal subraya que el derecho de defensa es la "piedra angular de un régimen constitucional de garantías" y, aunque no le acusara en el juicio, asume con "lealtad institucional y procesal" el fallo condenatorio del Tribunal Supremo, en la "cúspide" de los órganos jurisdiccionales salvo en materia de garantías.
   En este sentido, entiende que la actuación de Garzón fue "muy grave" y la pena aplicada es "proporcionada". Además, cree que sería "absurdo" que se le redimiera totalmente la pena en base a sus circunstancias personales anteriores o simultáneas a la condena ya que "sería tanto como asegurar la impunidad".
   Para concederle el indulto total se debe valorar el comportamiento posterior a la condena, opina el fiscal, que recuerda la nota de prensa y los comentarios que Garzón ha vertido mostrando su rechazo a la sentencia y al tribunal que la dictó.
   "Desde luego, el término que podría definir la posición de Garzón acerca de la solicitud presentada es el de indiferencia", prosigue el representante del Ministerio Público, para apuntar que el acusado no ha pedido esta prerrogativa ni ha solicitado que la haga en su nombre la Asociación de Magistrados Europeos para la Demcoracia y las Libertates (MEDEL).
   A su entender, el hecho de que no haya apoyado ni mostrado de modo "explícito interés alguno" sobre el resultado de la solicitud de indulto "no deja lugar a dudas de que a Garzón le resulta totalmente indfierente" este asunto.
   "Tal comportamiento de indiferencia hacia la solicitud de indulto presentada no puede ser valorada de otra manera que como la de constituir indicio relevante de que el comportamiento de Garzón en relación con la remisión de la condena es, cuanto menos, de indiferencia", continúa el Narváez, para recordar que el exjuez mantiene que actuó legalmente.
   Además, rechaza equiparar el indulto concedido al ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño ya que la concesión del indulto no se trata de un procedimiento "automático" sino que deben valorarse las circunstancias que concurren en cada caso.
   El expediente de indulto a Garzón estuvo perdido durante más de un año a camino entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo. Justicia volvió a tramitarlo después de enterarse de que el Alto Tribunal no había recibido la petición de los informes.

Vicepresidenta Santamaría: El derecho de manifestación "tiene límites"

MADRID.-   La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que acata la sentencia que califica como mera "libertad de expresión" el escrache frente a su domicilio, aunque opina que los derechos "no son ilimitados", sino que su límite "son los derechos de los demás", y más si son menores de edad o personas mayores.

   Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha aclarado si la Fiscalía recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, puesto que actúa con "autonomía".
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se ha referido a la sentencia subrayado que una cosa es la "vida pública" de los políticos, que tienen obligación de "atender las críticas" y respetar el derecho de manifestación, y otra su "escenario privado" y sus familiares, que no tienen por qué compartir esa actividad pública.
   "Hay cantidad de instituciones públicas para manifestarse delante de ellas, otra cosa es un terreno familiar, personal, donde hay familiares y también vecinos cuyos derechos tienen que ser respetados", ha dicho. La vicepresidenta se ha referido especialmente a los menores y a personas mayores "que han tenido que ver a una edad avanzada determinadas cosas". No obstante, ha admitido que "los jueces han dicho otra cosa" y ha dejado claro que lo acata porque "ese es el Estado de Derecho".
   Gallardón, por su parte, ha reiterado que la posición del Gobierno es la de la Fiscalía, que entendió que sí que había una violación de las leyes españolas, que protegen la inviolabilidad del domicilio.
   Preguntado si el Gobierno se plantea alguna reforma legislativa, ha replicaado que estudiará "toda la legislación" pero ha insistido en que las leyes españolas, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), "garantizan que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión", tal como el Ejecutivo entiende que se produjo.

El Gobierno español aprueba una ley para dar la nacionalidad a los judíos sefardíes

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un anteproyecto de ley por el que reconocerá la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes, expulsados de España en 1492.

España venía concediendo la nacionalidad a los sefardíes que lo solicitaran de forma individual, pero la generalización anunciada ahora permitiría obtener la carta de naturaleza a unos tres millones de personas, residentes principalmente en Israel, Francia, Estados Unidos, Turquía, México, Argentina o Chile.
"El anteproyecto que hoy hemos aprobado tiene un significado histórico profundo: no es solamente porque se deriva de hechos de nuestra historia de los que obviamente no debemos sentirnos orgullosos, como el edicto de expulsión de los judíos de 1492, sino porque lo que hace es reflejar una realidad de la sociedad española como una sociedad abierta y plural", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La novedad de la nueva ley, avanzada por el ministro en noviembre de 2012, es que ahora no tendrán que renunciar a su actual nacionalidad.
"Ahora se abre la posibilidad sin que tengan que renunciar a su anterior nacionalidad. Esto va a permitir que numerosos judíos sefardíes la van a poder tener", dijo Ruiz-Gallardón en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La medida reconocerá a todo aquel que demuestre a través de un certificado de la federación de comunidades judías de España su condición de sefardí por apellidos, idioma, parentesco o especial vinculación con la cultura de Sefarad (España, en hebreo).
"No se exige que se pertenezca a ninguna religión. Sino que es la pertenencia a la comunidad sefardí lo que da derecho", dijo el ministro.
Tras la toma de Granada de manos de los musulmanes en 1492, los Reyes Católicos ordenaron la conversión al catolicismo o la expulsión de España de musulmanes y judíos, muchos de los cuales siguieron manteniendo las costumbres y el idioma de su país de origen.
"Lo que hacemos hoy es reencontrarnos, dándoles la posibilidad de darles la oportunidad de formar parte de la misma", dijo, recordando que "había una deuda histórica" porque los sefardíes propagaron la lengua y cultura españolas.
"Muchos de ellos, como ocurre en Estambul, guardaban las llaves de la casa de la que fueron expulsados, hoy tienen la puerta abierta", dijo.

Plazo de dos años

Los judíos sefardíes tendrán un plazo de dos años para solicitar la nacionalidad española por el nuevo procedimiento que establece la ley por la que se modifica el Código Civil para la agilización de la concesión de la nacionalidad española, cuyo anteproyecto ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.
   Los interesados deberán formalizar su solicitud en un plazo no superior a dos años desde la entrada en vigor de la ley, aunque este plazo podrá ser prorrogado un año más si así lo decide el Gobierno, según informa el Ministerio de Justicia.
   En cuanto al procedimiento de solicitud, se establecerá un modelo normalizado por parte del Ministerio de Justicia, para su presentación por escrito, siendo necesaria su ratificación presencial ante el encargado del Registro Civil municipal o consular correspondiente.
   Los sefardíes deberán aportar la documentación necesaria para la tramitación del expediente y todo aquello que consideren necesario para acreditar su especial vinculación con la cultura y las costumbres españolas. Se tendrán en cuenta de manera especial los estudios cursados y las actividades benéficas o sociales realizadas, según apunta el Ministerio.
   Igualmente, la Dirección General de los Registros y del Notariado podrá recabar informes que corroboren la veracidad de las condiciones aportadas de instituciones como la autoridad rabínica competente y la comunidad judía de origen, así como de los organismos que puedan acreditar la ausencia de antecedentes penales del interesado.
   El texto también incluye una disposición transitoria, por la que los sefardíes que hubieran solicitado la nacionalidad española con anterioridad a esta reforma legislativa y aún no se hubiera resuelto, podrán continuar la tramitación de su expediente con el nuevo procedimiento que se aprueba mediante esta ley. En este caso, deberán solicitarlo expresamente y aportar la documentación necesaria para ello.
   Para aprobar esta ley, el Gobierno modifica el artículo 23 del Código Civil, según el cual, es "requisito" para la validez de la adquisición de la nacionalidad española que la persona "declare que renuncia a su anterior nacionalidad". Ahora, la reforma permitirá la doble nacionalidad, aunque se trate de países con los que hasta ahora no existía esta posibilidad.
   El anteproyecto destaca los "especiales vínculos" de la comunidad sefardí con España. Además, Justicia pone de relieve sus aportaciones a la Literatura y al Derecho, "como prueban las Partidas del Rey Alfonso X, el Sabio, escritas en gran parte por sefardíes en el castillo de Monteagudo, en Murcia", así como "la contribución de esta comunidad al descubrimiento de América".
   La concesión de la nacionalidad española a los sefardíes de Marruecos ya se estudió cuando Fernando de los Ríos era ministro de Estado, aunque finalmente se frustró el proyecto. En 1886, por impulso de Práxedes Mateo Sagasta y en 1900, del senador Ángel Pulido, se inició un acercamiento a los sefardíes que culminó en la autorización para abrir sinagogas, la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea en Madrid (1910) y la constitución de la Casa Universal de los Sefardíes en 1920.
   En 1924 se aprobó un Real Decreto destinado a conceder la nacionalidad a los "antiguos protegidos españoles o descendientes de estos" en el que no se nombra expresamente a los sefardíes, pero que permitió en la II Guerra Mundial salvar a muchos judíos gracias a la misión humanitaria que realizaron diplomáticos españoles como Ángel Sanz Briz en Budapest, Sebastián de Romero Radigales en Atenas, Bernardo Rolland de Miotta en París, Julio Palencia en Sofía, Javier Martínez de Bedoya en Lisboa, José Rojas en Bucarest o Eduardo Propper de Callejón en Burdeos.

La crisis transformará a los jóvenes españoles durante los próximos cuatro años

MADRID.- Los jóvenes españoles se movilizarán más y serán más tolerantes y solidarios durante los próximos cuatro años a causa de los efectos de una larga crisis económica y el alto desempleo, mostró un estudio divulgado el jueves.

"Su identidad social pasará de la acepción de 'pasota' a un perfil activista comprometido con la realidad en la que vive y un más alto civismo que contagiará al resto de nuestra sociedad", dijo el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud en una nota de prensa.
El estudio titulado "La sombra de la crisis. La sociedad española en el horizonte 2018", con un especial énfasis en la juventud, mostró que este grupo de edad seguirá teniendo dificultades para encontrar empleo durante los próximos cuatro años y que seguirá teniendo altos niveles de precariedad.
El paro juvenil es uno de los problemas más acuciantes en Europa, donde la tasa es de casi un 25 por ciento, y España es uno de los países europeos más afectados, con tasas superiores al 50 por ciento.
Los jóvenes afrontarán esa realidad laboral emigrando y refugiándose en una mayor formación, dijo el estudio.El estudio, realizado entre febrero y octubre de 2013 mediante las opiniones de un panel de expertos sobre las relaciones intergeneracionales en el futuro, arrojó que la sombra de la crisis se alargará otros cuatro años en la sociedad.
"El escenario económico, social y político de España estará todavía condicionado por la inestabilidad estructural actualmente en curso, por una marcada precariedad laboral y por una disminución de las rentas familiares, que supondrán un riesgo de exclusión social para muchas familias", dijo el estudio.
En este contexto, los expertos consideran que los jóvenes españoles tendrán una participación social más frecuente, directa y por más temas en 2018.
"Sus movilizaciones serán cada vez más frecuentes, responderán a motivaciones muy diversas y buscarán cauces de acción directa, dando la espalda a los cauces tradicionales de participación y de representación institucional (partidos y sindicatos)", dijo el estudio.
En el ámbito personal, los jóvenes darán legitimidad plena al divorcio, la maternidad en solitario y la cohabitación y asumirán las nuevas formas familiares -familias monoparentales, familias homosexuales y su derecho a la adopción, parejas de hecho.
Además el estudio añadió que tendrán una mayor tolerancia en relación al sexo, sobre todo respecto a las relaciones desvinculadas de la pareja, la infidelidad y la prostitución.
La investigación, realizada mediante un método Delphi, o la coincidencia de las opiniones de varios expertos, contó con la participación once destacados catedráticos y profesores de Sociología y Ciencias Políticas.

jueves, 6 de febrero de 2014

La SGAE cesa al secretario general de la entidad, Pablo Hernández

MADRID.-   La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha decidido este miércoles, durante su reunión en sesión extraordinaria, el cese del secretario general, Pablo Hernández, quien ha prestado sus servicios en la sociedad desde 1996.

   El presidente de la SGAE, José Luis Acosta, ha dado cuenta a los órganos de gobierno de las informaciones aparecidas en distintos medios, que relacionan a Hernández con un posible conflicto de intereses por actividades realizadas antes de la constitución de la actual Junta, según indica la entidad en comunicado.
   Según lo establecido por el reglamento de la entidad, se han convocado sucesivas reuniones de la Comisión Permanente, el Consejo de Dirección y finalmente hoy de la Junta Directiva, en la que el presidente ha sometido a votación su propuesta de cese. Tras el debate, los miembros de la junta han aprobado el despido.
   Hernández ya fue relevado en la dirección de los Servicios Jurídicos el pasado mes de diciembre. Según informa la SGAE, los hechos conocidos recientemente han motivado la convocatoria y posterior decisión de la Junta para "asegurar la honorabilidad, transparencia y buen funcionamiento de la sociedad".

Cantó (UpyD): Con la actual Ley Electoral son "los mediocres y obedientes los que van ascendiendo" en política

SEVILLA.- El diputado de UPyD Toni Cantó ha demandado este miércoles un cambio en la Ley Electoral ya que la actual ha permitido que cada vez haya más políticos de "peor calidad" y que sean "los mediocres y los obedientes, los que no se enfrentan a las direcciones de los partidos, los que van ascendiendo".

   "La ley que rige la calidad de los representantes es la contraria a la selección natural", ha dicho el parlamentario en una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press, donde también ha afirmado que la actual ley electoral permite que los políticos que "no son versos sueltos" sean los que escalan puestos en las organizaciones políticas.
   El diputado, que este miércoles está en Sevilla para recoger firmas en apoyo a su propuesta de reforma de la Ley Electoral de Andalucía, ha defendido también la necesidad de que haya una "Justicia independiente" y "controles independientes" que impidan que "en este país se pueda hacer lo que da la gana" como, según sus palabras, ocurrió con los escándalos de las cajas de ahorros.
   Por otro lado, Cantó ha reflexionado sobre el estado autonómico aseverando que se ha construido "sin visión a largo plazo" y "sin visión de Estado" a través de "pactos con partidos que no creen en España" y "en un mercadeo según lo que necesitaban PP o PSOE en cada momento para gobernar cómodamente".
   Al hilo de ello, también ha sido preguntado por el pasado de la líder de UPyD, Rosa Díez, que fue consejera socialista en un gobierno de coalición con el PNV, a lo que el diputado ha respondido que "la gente evoluciona, Rosa evolucionó y decidió salir y fundar otro partido".
   Para Cantó, los pactos con partidos que no creen en España han creado problemas territoriales como el que hoy se ve en Cataluña, que "también es resultado de dejar la Educación en manos de quien la va a utilizar para hacer un auténtico lavado de cerebro a la gente, transmitiendo mentiras y cosas no reales". Al hilo del problema territorial, ha reclamado a los tres partidos que promueven la secesión, "CiU, ERC y PSC", que expliquen "qué va a cambiar el día después" de la supuesta ruptura con el resto del país.
   Volviendo al modelo autonómico, el diputado por Valencia ha negado que defienda la recentralización del Estado como tal ya que, según ha señalado, el estado autonómico ha permitido "que se gestionen bien las cosas" pero ha añadido que "ha creado varios ejemplos de derroche de dinero público y desigualdad".
   A su juicio, la desigualdad entre un andaluz y un navarro o un vasco es clara y es algo que han permitido PSOE, PP e IU "que votan a favor de los privilegios". "Yo defiendo un estado federal igualitario, donde cada español tenga los mismos derechos viva donde viva", ha subrayado Cantó que, además, ha pedido que se revise el modelo competencial.
   En ese punto, ha reclamado que el Estado tenga al menos una herramienta para que en materias como la educación, la sanidad o el medio ambiente se garantice la igualdad entre los ciudadanos y ha incidido en que se trata de temas que no se pueden "negociar bilateralmente según el criterio que conviene a cada uno".
   En otro orden de cosas, Cantó se ha referido a la formación política de Ortega Lara, Vox, y tras indicar que está "a la derecha del PP, como muchos millones de personas desencantadas con el PP", ha calificado de "sano y estupendo" que haya un "panorama más amplio y plural en el Parlamento" que demuestre que "el bipartidismo se ha roto".

miércoles, 5 de febrero de 2014

La corrupción en España, segundo problema tras el paro

MADRID.- La preocupación ciudadana por la corrupción sigue aumentando y se mantiene como el segundo problema para los españoles tras el paro, según el barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Así, el desempleo supone el principal problema para la ciudadanía, pues lo citan el 78,5 por ciento, seguido de la corrupción y el fraude (39,5 %), los problemas económicos (30,5 %) y los políticos y los partidos (26,9 %).
Además, en esta misma encuesta, la gran mayoría de los ciudadanos (81,8%) considera que la situación política es "mala" o "muy mala", aunque sigue siendo peor la percepción que se tiene de la situación económica, pues la califican de "mala" o "muy mala" el 86,7 por ciento.
En este sondeo realizado entre el 3 y el 15 de enero, la preocupación por el paro aumentó 1,5 puntos respecto al barómetro anterior, y la citan el 78,5 por ciento de los encuestados, mientras que se acelera también la inquietud por la corrupción, casi dos puntos, hasta el 39,5 por ciento, aunque lejos del 44,5 que obtuvo en marzo de 2013.
Los problemas económicos se mantienen como el tercer problema para los encuestados, citada por el 30,5 %, mientras que los políticos y los partidos son la cuarta preocupación, pues así la señalan el 26,9 % de los encuestados.
Según la encuesta del CIS, la sanidad es la quinta inquietud para los ciudadanos, pues así la señalan el 11,6 por ciento, seguida de los problemas de índole social (7,5 %) y la educación (7,4 %).
Al ser preguntados por la situación económica, la gran mayoría de los ciudadanos, el 86,9 %, siguen viéndola "mala o muy mala", frente a sólo un 0,8 % que la considera "buena".
Menos de la cuarta parte de los encuestados, el 23,3 por ciento, creen que la situación económica mejorará de aquí a un año, mientras un 42,2 por ciento no espera cambios y un 23,8 por ciento augura incluso que empeorará.
En cuanto a la situación política, aumenta ligeramente -tres décimas- el porcentaje de quienes la califican de "mala" o "muy mala", un 81,8 por ciento.
Además, mientras la mitad de los encuestados no creen que la situación política vaya a cambiar -50,6 %- es mucho mayor el porcentaje de los que auguran que empeorará (un 28,6%) que el de quienes piensan que va a mejorar (10,4%).

martes, 4 de febrero de 2014

El juez Andreu cita por las preferentes a Blesa

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como querellados entre los días 3 y 7 de marzo al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y los antiguos miembros del consejo de administración de Caja Madrid, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP); el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta; el exdirigente de CCOO Rodolfo Benito; y el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual.
 
Andreu también interrogará a los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulos; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.
   Acudirán, además, dos firmantes de la emisión de preferentes de 2009 de Caja Madrid, José Luis Sánchez Blázquez y Álvaro Canosa Castillo, y el exdirector de Cumplimiento Normativo de la caja, Manuel Fernández Navarro.
   La decisión del magistrado se produce después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional limitara la investigación sobre las preferentes vendidas por las cajas que integraron Bankia a la planificación para su emisión llevada a cabo por la cúpula directiva de las entidades.
   En varios autos hechos públicos en diciembre, los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz Delgado acotaban la investigación a los directivos de las siete cajas que formaron Bankia y rechazaban la imputación de los directores de sucursales empleados que comercializaron las preferentes o llevaron a cabo el case de operaciones.
Las declaraciones comenzarán el día 3 de marzo a las tres de la tarde con la comparecencia de Blesa, Martín Pascual y Díaz Ferrán. Al día siguiente acudirán a la Audiencia Nacional Pedroche, Benito, Fernández Norniella y Arteta.
   El miércoles día 5 serán interrogados por el juez Andreu Cuesta, Contreras y Fernández Navarro mientras que el 6 están citados Stilianopoulos, Sánchez Blázquez y Canosa. Las declaraciones terminarán con la comparecencia de Izquierdo y García Checa.

Cristina Cifuentes dice sobre el caso Gürtel que "es un goteo que no hay quien lo aguante"

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho hoy que el caso Gürtel es "un goteo que no hay quien lo aguante" y ha apelado hoy a la presunción de inocencia del que fuera secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos como a la "de cualquier persona".

Cifuentes se ha expresado así en EFE Encuentros, cita informativa en la sede central de la Agencia EFE, al ser preguntada por los informes que aseguran que Álvarez-Cascos fue el mayor beneficiario de supuestos cobros ilegales en esta trama.
"Yo creo en la presunción de inocencia de cualquier persona", ha reiterado la delegada del Gobierno, antes de recalcar que "la culpabilidad se tiene que demostrar", toda vez que "la inocencia se presume en un Estado de derecho como el nuestro".
Una vez puntualizado esto, ha proseguido Cifuentes, el informe de la policía judicial, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), "no establece que se haya cometido ningún delito".
Al respecto, la dirigente popular ha recordado que la comisión de los delitos "sólo la puede establecer un juez", tras recordar que "la policía lo que hace es emitir un informe donde dice que hay una serie de indicios de un determinado tipo de actuaciones".
"Y lógicamente tiene que ser el juez quien decida si ahí se ha cometido algún delito o puede haber un comportamiento punible o no", ha apuntado.
En la cita en EFE Encuentros, patrocinados por el Grupo Arturo Cantoblanco, la delegada del Gobierno ha dicho confiar en la justicia y en que se "actúe rápidamente y se termine de instruir el caso de una vez" porque llevamos ya cinco o seis años" y, verdaderamente, ha remachado, "esto es un goteo que no hay quien lo aguante".
"Sería muy positivo que el tema judicialmente se determinara en lo que fuera, en la instrucción, y que este tema se pueda zanjar cuanto antes", ha concluido.

El CGPJ suspende cautelarmente de sus funciones al juez Elpidio Silva

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido hoy suspender cautelarmente de sus funciones al juez Elpidio José Silva tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de abrirle juicio oral por prevaricación, entre otros delitos, cometidos presuntamente durante su investigación del "caso Blesa".

Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente ha tomado esta decisión después de recibir a última hora de la mañana las alegaciones del juez, en las que pedía que no se le suspendiera mientras el Tribunal Supremo decidía sobre la querella que presentó contra el instructor de su caso, el magistrado Jesús Gavilán.
Este último abrió juicio oral contra Silva el pasado 23 de enero por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia, por los que la Fiscalía ha pedido que se le inhabilite durante 30 años, cifra que la defensa del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa eleva a 40.
El artículo 190.2 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial señala que "procederá acordar la suspensión provisional de los jueces y magistrados respecto de los cuales se siga procedimiento por cualquier delito cometido en el ejercicio de sus funciones, cuando en el procedimiento penal se dicte auto de apertura de juicio oral, de prisión provisional, de libertad bajo fianza o de procesamiento, una vez adquieran firmeza".
La suspensión provisional ahora acordada durará "hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento", conforme a lo dispuesto en el artículo 384.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así, Silva quedará privado del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales durante el tiempo de la suspensión, pero tendrá derecho a percibir sus retribuciones básicas, salvo en caso de incomparecencia, rebeldía o paralización del procedimiento disciplinario por causa imputable al mismo.
Silva se reincorporó el pasado mes de diciembre tras cumplir una sanción de cuatro meses y siete días que le impuso el CGPJ por el quinto expediente disciplinario que le ha abierto en su carrera.
En esta ocasión, le acusaba de dos faltas muy graves -una por retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y otra por falta de motivación de sus resoluciones- y otra grave por desconsideración hacia los funcionarios de su Juzgado.

La corrupción cuesta a la economía europea 120.000 millones de euros al año

BRUSELAS.- La corrupción cuesta a Europa 120.000 millones de euros al año, o aproximadamente un 1% de la producción económica, según el primer sondeo llevado a cabo por la Comisión Europea en los Veintiocho.

El informe en la UE, a menudo retratada como una de las regiones más limpias y transparentes del mundo, arroja una luz poco halagüeña. Entre las empresas, está extendida la creencia de que la única forma de tener éxito es a través de la conexión política.
Un creciente número de ciudadanos europeos cree que la situación está empeorando, aunque las experiencias de corrupción varían en el bloque. Casi todas las firmas de Grecia, España e Italia piensan que es generalizada, mientras que es vista como inusual en Dinamarca, Finlandia y Suecia.
Esos datos reflejan los hallazgos del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Citó a Grecia como el peor en esta materia en la UE, compartiendo el puesto 80 con China. Dinamarca fue considerado el menos corrupto.
"La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y el papel de la ley, daña la economía europea y priva a los países de los necesarios ingresos en impuestos", dijo Cecilia Malmstrom, comisaria de Interior de la UE.
Muchos ciudadanos creen que la corrupción ha empeorado como resultado de la profunda crisis económica y los problemas financieros en la zona euro a raíz de la crisis de deuda soberana, según el sondeo.
"En un momento de una crisis económica y financiera tan horrible, recuperar para la economía legal el dinero desviado por los defraudadores es de máxima importancia; esos fondos son muy necesarios para impulsar el crecimiento y el empleo", dijo el español Juan Fernando López Aguilar, que preside el Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo.
Las constructoras, que a menudo pujan por contratos gubernamentales, son las más afectadas. Casi ocho de cada diez de las encuestadas se quejaron de la corrupción.
En general, el 43 por ciento de las compañías consideran la corrupción como un problema. El coste para la economía europea se estima en 120.000 millones de euros anuales, casi el tamaño de la economía de Rumanía.El sondeo dice que la idea de que la corrupción es generalizada entre los ciudadanos de la UE. Un número creciente cree que ha empeorado en los últimos años, especialmente en Grecia, Italia, Lituania, España y la República Checa, que son considerados los más corruptos.
Los ciudadanos sospechan también que la corrupción es común en las empresas. Ocho de cada 10 creen que los estrechos vínculos entre los negocios y la política conducen a la corrupción.
"El problema de Europa no es tanto con los pequeños sobornos, sino a nivel general", dijo Carl Dolan, de Transparencia Internacional, en Bruselas. "Es con los lazos entre la clase política y la industria".
"Ha habido fallos para regular los conflictos de intereses de los políticos en sus tratos con las empresas", dijo. "La recompensa por favorecer a empresas, en destinar contratos o hacer cambios en la legislación es un puesto en el sector privado cuando dejan el cargo, en lugar de un soborno", añadió.
La Comisión Europea recomendó mejores controles y redoblar las sanciones.
El informe se publica poco después de que el ex primer ministro de Rumanía, Adrian Nastase, fuera enviado a prisión cuatro años por aceptar sobornos. Se trata del primer dirigente que acaba en la cárcel desde el colapso del comunismo en Europa en 1989.
La UE ha expresado repetidamente sus preocupaciones con el fracaso en abordar los sobornos a alto nivel en Rumanía y Bulgaria, los dos países más pobres del bloque. Se les ha prohibido sumarse al área de libre tránsito Schengen por este tema.

lunes, 3 de febrero de 2014

Casi 900.000 personas perdieron gratuidad sanitaria en España


  
MADRID.-  Unas 875.000 personas perdieron la asistencia sanitaria gratuita en España por los recortes del gobierno de Mariano Rajoy, denunció hoy la central sindical Comisiones Obreras.

La responsable de Empleo y Migraciones de la organización, Paloma López, indicó a reporteros que el estimado se realizó a partir de abril de 2012, cuando se modificó el modelo vigente hasta entonces.

La afectación abarca a inmigrantes sin permiso de residencia, que ahora sólo pueden ser atendidos en caso de urgencia, partos o si son menores de edad, y a residentes desempleados que salieron del país en busca de trabajo.

Comisiones Obreras considera que las limitaciones agravan la situación de sectores ubicados entre los más desfavorecidos y aseguró que 2013 fue el tercer peor año para el empleo en España, luego de 2009 y 2011.

Recientemente, el secretario general de la central sindical, Ignacio Fernández Toxo, advirtió del riesgo que en 2014 no crezca el empleo pese al cambio de ciclo económico dado con el fin de la recesión.

Fernández Tojo advirtió que salir de la recesión no implica el fin de la crisis y estimó que en caso de no tomarse medidas adecuadas se tardará al menos 15 años en recuperar el nivel de empleo de 2007.

Con seis millones de parados, el trabajo precario asociado a salarios bajos no es la solución, alertó el dirigente sindical en alusión a la tendencia actual de la economía española.

La UDEF señala a Cascos como el "mayor perceptor" de Gürtel

MADRID.- Un informe de la policía remitido a la Audiencia Nacional identifica al exministro de Fomento y ex secretario general del Partido Popular Francisco Álvarez Cascos como el "mayor perceptor" de fondos de la trama corrupta Gürtel, según recogieron hoy lunes medios españoles.

El informe, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que instruye la causa, identifica a Cascos con las siglas PAC "tras cruzar las diligencias realizadas durante años con la supuesta contabilidad 'B' de (el extesorero del PP, Luis) Bárcenas", recoge la Cadena Ser.
El ahora diputado en el Parlamento regional de Asturias, que abandonó el Partido Popular y formó su propio partido, sería el principal beneficiario de la supuesta trama corrupta Gürtel, investigada por presuntos pagos a políticos a cambio de la concesión de contratos, al haber percibido más de 860.000 euros en varios pagos, según medios.
Álvarez Cascos calificó estas acusaciones de "falsedad absoluta" a través de un comunicado publicado más tarde el lunes en la página web de su formación, Foro Asturias.
"No he mantenido ningún tipo de relación con el señor (Francisco) Correa ni con sus empresas desde el año 1995", añadió su nota.
Además, la UDEF considera a Cascos "indiciariamente el responsable" de adjudicaciones tanto en el PP como en su etapa al frente de Fomento.
El informe apunta a la existencia de una relación empresarial entre la trama liderada por Francisco Correa y Álvarez Cascos, concepto por el que habría recibido 69.000 euros, apunta la Cadena Ser.En otro informe remitido por la UDEF a la Audiencia Nacional, hecho público también el lunes por medios nacionales, se explica que durante años el coste de los actos del Partido Popular organizados por la trama Gürtel se cargó a fundaciones vinculadas con la formación a través de facturas presuntamente ficticias.
Según la investigación policial se observó una "dinámica de actuación persistente en el tiempo (entre 1999 y 2004)" que consistía en la emisión de facturas a nombre del PP "las cuales son anuladas con posterioridad emitiéndose otras nuevas" dirigidas a las fundaciones, en las que se altera el coste y el concepto, como explica el diario El Mundo en su edición digital.
"Se ha producido la elaboración de documentos aptos para el tráfico jurídico donde se han alterado tanto la entidad a la que realmente se ha prestado el servicio como el concepto por el que se prestó, elementos esenciales y con entidad suficiente como para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas con conciencia y voluntad por parte de los partícipes de enmascarar la realidad", dijo la UDEF en un extracto del informe publicado en El Mundo.
De la trama Gürtel, destapada en 2009, ha derivado el denominado "caso Bárcenas" sobre la supuesta contabilidad oculta y sobresueldos en la formación y en la que estarían implicadas figuras de primer orden del partido.

La red Gürtel manejó 25 millones en B en trece años

MADRID.- La trama Gürtel, supuestamente liderada por Francisco Correa, manejó más de 25 millones de euros en dinero negro desde sus comienzos en 1996 hasta su desarticulación en 2009, según consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) remitido al juez Pablo Ruz.

En ese informe, fechado el 31 de enero y al que ha tenido acceso Efe, la UDEF analiza el pendrive que le fue intervenido a José Luis Izquierdo, presunto responsable del control de la citada caja B, en el registro de las oficinas principales del conglomerado empresarial de la trama Gürtel en la calle Serrano 40, el 6 de febrero de 2009.
La UDEF ha calculado el dinero que ha circulado por esa caja B a partir de los apuntes que constan en los archivos informáticos extraídos de ese pendrive y ha estimado que los movimientos de efectivo registrados en la Caja B en el periodo de tiempo comprendido entre 1996 y 2009 asciende a 25.570.757,84 euros, siendo los años de mayor abundancia, 2007 (6.037.740,21), 2006 (4.076.513,04) y 2002 (3.894.167,37).
Según la UDEF, de 2002 a 2004, la principal fuente de ingresos eran las aportaciones de las sociedades de servicios de la trama debido al elevado número de contratos adjudicados por las Administraciones Públicas y a los eventos realizados para el Partido Popular.
También, la recepción de comisiones por la intermediación en operaciones de naturaleza urbanística, así como de contratación de servicios públicos e infraestructuras.
En lo que se refiere a 2007 las entradas más importantes procedían de la caja B de Orange Market que obtenía esos fondos de la adjudicación de contratos públicos y en la prestación de servicios al PP en la Comunidad Valenciana.
Las principales fuentes de recursos derivan por tanto de la transformación de fondos obtenidos de actos realizados por las sociedades de eventos que forman parte de la trama (Special Events u Orange Market) y derivados en su mayor parte de adjudicaciones públicas en las que no se han garantizado y cumplido "los principios que rigen la contratación administrativa".
También, "de la recepción de cantidades con origen en el reparto de comisiones pagadas por entidades adjudicatarias de contratos públicos donde ha intervenido la organización en calidad de intermediario para dirigir los concursos".
Este sistema de ingresos, añade la UDEF, es una constante en el periodo objeto de investigación, de forma que existen entradas por cobros derivados de actos para la formación política desde 1999, así como una persistencia en el pago de comisiones por parte de entidades adjudicatarias de contratos públicos como es el caso de Constructora Hispánica, que ya en 2001 le constan entregas de dinero a la organización.
Asimismo la aparición de personas políticamente expuestas (PEP's) y personas del medio político también es una constante en los apuntes de la caja B como receptores de contraprestaciones o como beneficiarios de regalos a cambio de favorecer los intereses de las sociedades de Correa para la obtención de contratos públicos de las Administraciones Públicas.
Entre ellos, la UDEF menciona al extesorero del PP Luis Bárcenas, al ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo o a los ex alcaldes de este partido en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato); de Boadilla, Arturo González Panero o de Majadahonda Guillermo Ortega.
En otro de los cinco informes de la UDEF que han sido remitidos ahora a Ruz, se analiza la documentación incautada en la nave del polígono de Ventorro del Cano de Alcorcón (Madrid) que tenía la empresa vinculada a Gürtel Easy Concept.
Esos documentos prueban, según la UDEF, que distintas corporaciones locales y autonómicas de Madrid y de la Comunidad Valenciana fraccionaban los contratos públicos otorgados a las empresas de Correa en cantidades máximas de 12.020 euros para evitar la publicidad.
Indican además que una de las empresas de la trama, Special Events, organizó actos para el PP a nivel autonómico y nacional entre 1999 y 2004 que se abonaron con una "dinámica" en la que se incluía a cuatro fundaciones vinculadas a ese partido, entre ellas FAES.
La Policía explica que este método consistía en emitir por estos actos una serie de facturas que luego se anulaban, tras lo que se emitían unas nuevas facturas "ficticias", dirigidas esta vez a fundaciones vinculadas al PP, en las que se alteraba el concepto.
De ello resultaba que "una parte del coste de distintos actos llevados a cabo por el Partido Popular -destaca el informe- son finalmente asumidos por entidades vinculadas orgánicamente al mismo, tras una adaptación de los conceptos".
Estas entidades son, según la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), la Fundación Popular Iberoamericana, la Fundación Instituto de Formación Política y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

España, a la cabeza de Europa en percepción de la corrupción

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) ha celebrado que España haya adoptado medidas para combatir la corrupción tras los casos destapados en los últimos años, y también le ha pedido que las aplique y vigile más de cerca la financiación de los partidos políticos, el gasto de fondos públicos y la contratación pública.

"Proseguir las reformas en curso y garantizar la aplicación efectiva de las nuevas normas sobre la financiación de los partidos políticos" es la primera de una serie de recomendaciones que la CE ha formulado hoy a España para combatir ese problema.
Las recomendaciones siguen a una encuesta Eurobarómetro difundida este lunes que apunta a que una media del 76% de los europeos considera la corrupción como una práctica generalizada entre los Veintiocho. 
Según esa encuesta, Grecia e Italia son los países en que sus ciudadanos tienen esa percepción en niveles más elevados, con el 99 y el 97%, respectivamente, mientras que en Lituania, República Checa y España esa cifra alcanza el 95%. Los países nórdicos son los únicos donde sus ciudadanos creen que la corrupción es rara: Dinamarca (el 75% de la población piensa que la corrupción es algo excepcional), Finlandia (64%) y Suecia (54%), según esos datos.
"La corrupción debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el imperio de la ley, daña a la economía europea y priva a los Estados de muchos ingresos procedentes de los impuestos", ha señalado la comisaria europea de Justicia e Interior, Cecilia Malmstrom, al presentar el primer estudio de la CE sobre esa lacra. Las prácticas de corrupción cuestan anualmente a la economía de los Veintiocho, unos 120.000 millones de euros, según datos de la CE.
El Ejecutivo comunitario ha indicado que en España "el marco jurídico de lucha contra la corrupción está bien implantado y la ejecución de la legislación ha mostrados buenos resultados en la investigación de las prácticas corruptas, incluso a altos niveles".
Entre las recomendaciones hechas a España, al igual que a cada uno de los socios comunitarios, se concreta que es necesario prestar más atención a la supervisión de los préstamos, así como a la consolidación de las cuentas de los partidos, incluidas las ramas regionales y locales y otras entidades vinculadas a las formaciones políticas.
La CE sugiere también que se mejoren los controles financieros internos, los del Tribunal de Cuentas y que se aplique un régimen de sanciones reforzado. Sobre las administraciones regionales y locales, la CE propone "desarrollar estrategias a la medida" precedidas de evaluaciones del riesgo de corrupción. "Reforzar los mecanismos de control, hacer más transparente el proceso de toma de decisiones y garantizar una supervisión coherente de la calidad de la gobernanza local y regional", es otro de los consejos.
Para garantizar la conducta ejemplar de los políticos, Bruselas cree que deberían desarrollarse "códigos de conducta exhaustivos para los cargos electos a nivel central, regional y local" y reclama una rendición de cuentas adecuada e instrumentos sancionadores de las posibles violaciones de dichos códigos. Reforzar la capacidad de la Oficina de Conflictos de Intereses para llevar a cabo verificaciones de forma independiente y eficaz y para aplicar sanciones disuasorias también forma parte de las recomendaciones de Bruselas.
En cuanto a la ley de transparencia, la CE pide que se garantice su marco de aplicación, incluido un mecanismo de supervisión independiente de la mano de un sistema de sanciones disuasorias. Por último, aconseja a España que tenga en cuenta las conclusiones del Tribunal de Cuentas central y organismos similares a nivel regional en lo que respecta a las irregularidades en los procedimientos de contratación pública a nivel regional y local.
 "Una evaluación independiente de los grandes contratos de obras públicas y de las decisiones de planificación urbana" es el medio que propone Bruselas para identificar los factores de riesgo de corrupción , que también se muestra partidaria de que las autoridades de control de cuentas puedan llevar a cabo "controles sistemáticos y oportunos de los contratos públicos a nivel regional y local".

Los censores y los malhechores / Serge Halimi *

La libertad de expresión sólo existe cuando se aplica a las opiniones que se reprueban. Por otra parte, los ultrajes a su principio sobreviven mucho tiempo a los motivos que los justificaron y a los gobernantes que los usaron para reprimir. El 25 de octubre de 2001, en el clima rayano al pánico que siguió a los atentados homicidas del 11 de septiembre, un solo senador estadounidense, Russel Feingold, votó contra la Patriot Act, arsenal de disposiciones liberticidas que fue aprobado en bloque por los representantes del Congreso con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Trece años y un presidente después, esas medidas excepcionales siguen siendo la ley de Estados Unidos.

Es sabido que los ministros del Interior se preocupan más por el orden y la seguridad que por las libertades. Cada amenaza los alienta a exigir nuevos pertrechos represivos que concitarán a su alrededor a una población escandalizada o inquieta. En enero, a título preventivo, Francia ha prohibido varias reuniones y espectáculos juzgados contrarios “al respeto debido a la dignidad de la persona humana”. Al denunciar los monólogos antisemitas de Dieudonné, que “ya no es un cómico”, y cuyo método “ya dejó de ser creativo”, Manuel Valls amenazó: “No quiero descartar ninguna posibilidad, incluso un endurecimiento de la ley” (1). Pero un Estado democrático no debe aceptar sin estremecerse que un ministro de la policía juzgue el humor y la creación –aun cuando tanto uno como el otro estén ausentes.

En julio de 1830, Carlos X revocó por ordenanza la libertad de prensa. Uno de sus partidarios justificó, en ese momento, el restablecimiento del principio de la censura previa, que sustituía al recurso a posteriori frente a la justicia, en los siguientes términos: “Cuando interviene la represión, el daño ya está hecho; lejos de repararlo, el castigo le añade el escándalo del debate” (2). Sin embargo, tras la ordenanza real, los diarios se publicaron igual sin autorización previa, gracias a diversos subterfugios. El público se precipitó a leerlos y comentarlos. Y la Revolución derrocó al régimen de Carlos X.

Cerca de dos siglos después, los rebeldes, los parias y los malhechores tienen decenas de miles de seguidores en su cuenta de Twitter; YouTube les permite organizar reuniones en su salón, y perorar interminablemente desde un sillón, frente a una cámara. Si se prohíben espectáculos y reuniones públicas por ser juzgados indignos de la persona humana, ¿entonces también debe sancionarse la difusión de los mismos mensajes por las redes sociales? Eso equivaldría al inmediato otorgamiento del aura de víctimas del “sistema” a unos comerciantes de la provocación y a dar crédito a sus acusaciones más paranoicas.

En reacción a las últimas iniciativas de Valls, un ex ministro socialista expresó su preocupación por una “profunda regresión que tiende a instaurar una especie de régimen preventivo, incluso de censura moral previa a la libertad de expresión”. Y concluyó, sin duda, caritativamente: “En este caso, la emoción, la rabia y la rebeldía contra la infamia han hecho vacilar a los mejores espíritus” (3).
(1) Entrevista en Aujourd’hui en France, París, 28 de diciembre de 2013.
(2) Citado por Jean-Noël Jeanneney, Les Grandes Heures de la presse qui ont fait l’histoire, Flammarion, París, 2013.
(3) “Jack Lang sur l’affaire Dieudonné: ‘La décision du Conseil d’Etat est une profonde régression’”, Le Monde, París, 13 de enero de 2014.

(*) Director de 'Le Monde Diplomatique'