Nace ‘Filtrala’, el portal de los documentos secretos

MADRID.- La asociación Associated Whistle-Blowing Press (AWP) ha lanzado un portal (www.filtrala.org) dedicado a la filtración de documentos (secretos o no), similar al proyecto Wikileaks, pero enfocado a España. Parte del grupo promotor –entre los que hay hackers, periodistas y miembros de movimientos sociales– trabajó antes en el equipo de Julian Assange, radicado en Islandia. “Ahora queremos desarrollar nuestra experiencia en España, donde hay unos niveles altísimos de corrupción sistémica”, explican.

Entre los avales que presentan los impulsores del portal figura Hervé Falciani, miembro de la Comisión Anticorrupción de la Red Ciudadana Partido X. Después de abandonar su empleo en la filial suiza del banco HSBC, donde trabajó ocho años, Falciani empezó a colaborar en 2009 con la Justicia de varios países, al filtrar datos bancarios de cerca de 130.000 evasores fiscales.

Otra de las experiencias previas (aunque éste no forma parte de Filtrala) es la de Edward Snowden, quien en mayo 2013 reveló la colaboración existente entre gobiernos y empresas destapando el “estado de vigilancia” con sus filtraciones. Siguiendo esta línea, Filtrala pone a disposición de la sociedad “un mecanismo ciudadano para luchar contra la corrupción y el abuso, con el único deseo de que se consiga una muy necesitada regeneración social, que debe estar basada necesariamente en la justicia y en la transparencia”, explica el colectivo a través de su carta de presentación.

En España, La Marea y otros tres medios de comunicación (Diagonal, eldiario.es y Mongolia) formarán un equipo de investigación para contrastar y verificar las filtraciones y denuncias ciudadanas.

El diseño del proyecto arrancó hace un año. Durante este tiempo, sus integrantes han creado un sistema que blinda a la persona que filtra documentos que considera importantes para la sociedad. El anonimato está garantizado y la asociación se compromete a no dar, “bajo ningún concepto”, datos a terceros. El proceso no requiere de conocimientos previos de informática y “está pensado para ser seguro a la vez que simple”, explican.

¿Cómo se hacen públicos documentos a través de Filtrala? El primer paso es instalar el navegador anónimo Tor, siguiendo las instrucciones de www.filtrala.org. Después de que el ciudadano envíe los documentos, el equipo los investiga y publica a través de www.awp.is.

Además de Tor, la plataforma utiliza –por cuestiones de seguridad– los cifrados GPG (de grado militar), AES y OpenSSL y el sistema operativo incógnito Tails, que no dejan rastro de la navegación en el ordenador del filtrador ni en los servidores propios. Todo el historial se borra de forma automática durante la navegación. Además, el equipo de AWP limpiará todos los metadatos de los documentos filtrados para que ningún servicio informático pueda saber de dónde proceden.

AWP solo aceptará y publicará materiales censurados o secretos de naturaleza política, científica, institucional, oficial, diplomática o de relevancia histórica. Por lo tanto, rumores, opiniones o material escrito en primera persona, que estén disponibles públicamente en otro espacio, no serán considerados.

La elección de Bélgica como sede para la asociación no es casual. “Estudiamos todas las legislaciones de la UE y la ley de prensa belga es la que nos garantizaba más protección”, añaden desde la asociación.

El objetivo de Filtrala, defiende uno de sus portavoces, “no es sólo destapar noticias, sino lograr cambios en las leyes a través de un trabajo en equipo”. De hecho, tras la publicación de las informaciones, un equipo de abogados y organizaciones civiles estudiará posibles acciones legales, en caso de que fuesen necesarias.

El TSJM ordena continuar el juicio contra Silva, apercibe a su abogado y ve en su renuncia un posible delito

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado continuar el juicio que se sigue contra el juez Elpidio José Silva por el 'caso Blesa' y ha apercibido a su abogado, Cándido Conde-Pumpido Varela, por su "injustificada" renuncia, que incurre en una falta disciplinaria y puede llegar a ser un delito de deslealtad profesional con pena de inhabilitación.

   Los magistrados Arturo Beltrán, María Tardón y Eduardo Urbano han entendido que "subyace" en esa renuncia la intención de retrasar la vista, por lo que han apercibido al abogado y han añadido que su conducta puede incurrir en una infracción disciplinaria sancionable con una multa "equiparable a la más alta de las previstas para las faltas". Y puede tener "responsabilidad disciplinaria" ante su propio Colegio de Abogados e incluso en un delito del 467.2 del Código Penal.

   El fiscal Manuel Moix ha destacado que su conducta puede tener encaje en el artículo 467.2 del Código Penal, que castiga al abogado que "por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años".

   El abogado defensor ha dicho sentirse "coaccionado" por este "ataque completamente inaceptable a su libertad y la amenaza de acciones legales" y ha conminado a escuchar el parecer de su cliente para saber si sigue contando con su confianza.

   "La última palabra la tiene este tribunal, no Silva. Usted no suspende el juicio, el juicio se suspende de acuerdo a las normas", ha espetado el presidente del tribunal, el magistrado Arturo Beltrán, ante las interrupciones del acusado.

   Pese a ello, el cabeza de lista del Movimiento Red para las europeas ha tenido tiempo de decir que no se siente representado por su letrado. "Le apercibo de que se calle. Es irrelevante su voluntad, es fraudulenta", ha proseguido el magistrado, tras recordar que el acusado no puede  dirigir el desarrollo del juicio.

   Acto seguido, Conde-Pumpido ha pedido un receso porque no había tenido tiempo para preparar la defensa del día de hoy. El fiscal, apoyado por las acusaciones, han manifestado que no se oponen al descanso siempre que sirva para asesorar a su representado y no para ofrecer una "rueda de prensa".

   El presidente del tribunal ha pedido "cuidar las formas porque no es un teatro" y ha dado 45 minutos de descanso, eso sí, dentro de la Sala. Los magistrados han tomado esta decisión después de que Silva pidiera en la primera sesión del juicio un descanso y lo aprovechara para hacer declaraciones a los medios de comunicación.

   La segunda sesión del juicio ha comenzado este martes con la negativa del tribunal a aceptar la renuncia que planteó a última hora del lunes Conde-Pumpido en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que obliga a no acoger las fraudulentas, las realizadas de mala fe y las que no están objetiva y plenamente justificadas.

   "El tribunal no sabe las expectativas que  tenía el abogado pero sabe una cosa, que un altísimo porcentaje de sus cuestiones previas han sido rechazadas. Un porcentaje superior al 99 por ciento. Así que, o no eran razonables esas expectativas o no existieron como tales sino como mera posibilidad remota", ha afirmado Beltrán sobre el argumento esgrimido por la defensa, que dijo que renunciaba porque no había cumplido sus expectativas.

   Al inicio de la vista, el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha destacado que el fuero no es renunciable y el único tribunal competente para juzgar a togados es el Tribunal Superior. "Nos parece imposible declinar una jurisdicción que tenemos", ha remachado.

   Se ha mostrado dispuesto a dar lectura de correos electrónicos corporativos del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa siempre que sean concretos y estén relacionados con los hechos investigados. Asimismo, ha indicado que la conformación del tribunal "fue una gran preocupación" pero finalmente se ha logrado uno con magistrados que no han intervenido en fase de instrucción, al tiempo que ha rechazado la personación de la compañía aseguradora Zurich, encargada de afrontar la responsabilidad civil en algunos casos de los jueces.

   El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.

Las rebajas salariales alargan el camino de la recuperación de España

MADRID.- La reforma laboral, que dio a las empresas más flexibilidad para recortar los salarios y cambiar las condiciones contractuales de los trabajadores, ha ayudado a España a alejarse de una situación cercana al impago hace dos años, reactivando el crecimiento de las exportaciones al permitir que las empresas bajen sus precios. 

Pero el cambio en la normativa laboral, promovido por la Unión Europea en el marco de los cambios económicos exigidos a los países más endeudados de la zona euro, también ha transformado la sociedad española, con consecuencias a largo plazo que podrían minar la recuperación.
Los trabajadores con salarios bajos y contratos temporales se han llevado la peor parte de los recortes salariales, creando una nueva subclase de españoles que sufrirán el resto de su vida por encontrar un empleo estable.
Según el Fondo Monetario Internacional, la desigualdad salarial creció más rápidamente en España que en cualquier otro país de la UE de 2007 a 2012, una brecha que ha incrementado las tensiones sociales en el país.
Una encuesta reciente indicó que el respaldo a los dos principales partidos políticos de España caería drásticamente en las próximas elecciones europeas, a menudo utilizadas para los votos de castigo, a favor de grupos mucho más pequeños, debido en gran parte a su gestión de la crisis económica.
Con la caída de la confianza del electorado en las principales fuerzas políticas del país, el Partido Popular podría perder su mayoría absoluta parlamentaria en las elecciones generales del próximo año, haciendo más difícil aprobar reformas aún vitales en un parlamento dividido.A pesar de las claras señales de recuperación, con un PIB que se prevé que crezca alrededor de un 1 por ciento este año tras haberse contraído alrededor de un 7 por ciento desde que comenzó la crisis, es probable que el camino de España hacia la prosperidad a largo plazo sea empinado, según economistas.
Aunque las exportaciones han crecido hasta suponer un tercio del PIB total de España, frente al 20 por ciento de hace cinco años, la situación económica del país depende en gran medida del gasto de los hogares, que se ha reducido en el mismo periodo.
Eso significa que España tendrá dificultades para seguir los pasos de Alemania, cuyas reformas laborales de la década de 1990 transformaron al país en una potencia económica impulsada por las exportaciones de productos de gama alta en lugar de por el consumo interno.
Los economistas también cuestionan si los artículos básicos y más baratos que han impulsado el sector exportador de España pueden competir a largo plazo con productos rivales en países incluso con menores costes como Turquía o Marruecos.
"La salida para España va a ser dolorosa y, en general a corto plazo, España va a ser un país más pobre", dice Santiago Carbó Valverde, economista de la Universidad de Bangor, en Gales.
El gasto de los hogares, un pilar importante para una economía orientada a los servicios como España, se ha reducido en más de un 11 por ciento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace seis años. Aunque la velocidad de la contracción se está moderando, salarios mucho más bajos suponen que el regreso al crecimiento sostenible podría llevar años.
Tratar de mejorar la competitividad mediante la reducción de la masa salarial es contraproducente en España, dijo Klaus Armingeon, politólogo de la Universidad de Berna en Suiza.
"Reducir los salarios afecta al consumo doméstico, lo que afecta al crecimiento. Un crecimiento más bajo obligará al Gobierno a aprobar más medidas de austeridad para cumplir los objetivos fiscales, creando un círculo vicioso".
 El colapso del sector del ladrillo en 2007 y 2008 después de una década de burbuja inmobiliaria metió al país en una espiral descendente. Hogares y empresas quedaron profundamente endeudados; el Estado se vio privado de lucrativos impuestos inmobiliarios y las empresas despidieron trabajadores en masa.
Casi una tercera parte de todos los parados de los 17 países de la zona euro están en España. La preocupación por el déficit público y la banca de la cuarta mayor economía del bloque llegó a amenazar la estabilidad de toda la moneda única.
Empujado por sus socios internacionales, España emprendió reformas estructurales. Tanto el actual Gobierno conservador como el anterior de centroizquierda aprobaron cambios encaminados a crear más empleo, en parte haciendo más fácil y barato para las empresas con dificultades para sustituir a trabajadores.
El número de personas con salarios bajos y contratos a corto plazo se ha disparado. A finales del año pasado, el 16,3 por ciento de los trabajadores tenían empleos a tiempo parcial, desde el 11,1 por ciento de mediados de 2007.
Teresa Cavero, analista de la agencia de ayuda internacional Oxfam en España, dice que la consecuencia ha sido un incremento en el número de los trabajadores en riesgo de pobreza.
"Hay gente que sí encuentra trabajo, pero son empleos tan precarios, que no puede salir de la pobreza", dijo. El porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza saltó casi un 18 por ciento de 2007 a 2012, según el Instituto Nacional de Estadística.
"Hay que garantizar empleo, sí, pero no a cualquier coste", dijo Cavero.
 Con unos seis millones de personas sin trabajo, los españoles se agarran a cualquier oportunidad de empleo.

La Policía descarta a Resistencia Galega en los disturbios del 22M

MADRID.- Los informes elaborados por la Policía Nacional en relación con los incidentes violentos entre radicales y policías en las calles de Madrid al término de las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo descartan la presencia de integrantes del grupo terrorista Resistencia Galega, según han informado hoy fuentes de la investigación.

   En estos informes, que ya obran en poder de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se señala como responsables de los disturbios en los que resultaron heridas un centenar de personas (entre ellas 67 policías) a grupos de carácter anarquista insurrecionalista (AI) que actúan de forma organizada. El insurreccionalismo aboga por pasar de la teoría a los hechos y llevar a cabo acciones directas violentas.

   Según estas fuentes, estos grupúsculos detectados en el 22M por los expertos de la Policía en este tipo de movimientos radicales guardan un perfil similar con el Comando Insurreccionalista Mateo Morral, desarticulado el año pasado después de que sus integrantes colocasen un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza.

   Estas y otras cuestiones son las que explicará mañana miércoles desde las 11.00 horas en el Congreso de los Diputados el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. No obstante, la Comisión de Interior de la Cámara Baja también abordará los fallos cometidos por el despliegue policial durante los incidentes violentos.

   De hecho, el director general de la Policía anunció su intención de comparecer ante esta comisión de manera voluntaria, pero una vez finalizada la investigación interna abierta por su Departamento. La Policía finalizó sus pesquisas el pasado jueves 10 de abril.

   Pocos días después del 22M, el 'número dos' de la Policía, el director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, en su única reunión con los sindicatos policiales para abordar esta cuestión, se comprometió a depurar responsabilidades en el Cuerpo si se acreditaban fallos en el operativo. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció sólo un día después la existencia de esos errores por lo que es probable que se produzcan ceses en la Policía en los próximos días.

   Los agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y los sindicatos que les representan no contemplan otra resolución que no pase por la destitución de alguno de los responsables de esta unidad. Señalan directamente al jefe de la UIP de Madrid, el inspector jefe Francisco Javier Virsea --con poca experiencia en el puesto-- y al responsable de las unidades a nivel nacional, José María Ruiz Igusquiza.

   Denuncian mala planificación, falta de coordinación y la tardanza en dar la orden de ayudar a policías agredidos por manifestantes. Estas críticas también alcanzan al propio Comisario General de Seguridad Ciudadana Florentino Villabona. Nada más comparecer en el Congreso, Cosidó se reunirá también con los sindicatos policiales.

   El portavoz del PSOE en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, ha recordado la responsabilidad del propio Cosidó ya que "fue él quien eligió a estos responsables policiales de las UIP".

 "Fue una planificación desastrosa que provocó el peor operativo que se recuerda", ha añadido Trevín, quien ha destacado que ya en los días previos la Policía contaba con información suficiente para conocer el peligro que se avecinaba.

   Por su parte, el portavoz de IU, Ricardo Sixto, asegura que no tienen muchas esperanzas en que las explicaciones del director general de la Policía ayuden a conocer lo que sucedió y apunta a "la responsabilidad clarísima" de Igusquiza en lo que ha calificado como una "falta de previsión". Cree que su "incapacidad" puso "en peligro" a los policías y reprocha la orden dada a los antidisturbios de cargar antes de que finalizase la manifestación.    

    Desde la Policía han defendido estas últimas semanas que no se falló en la prevención dado que contaban con información previa de la afluencia de personas radicales que se iban a congregar en Madrid y que por ello establecieron un despliegue sin precedentes en la capital. No obstante, existe la conciencia general de que el grupo que quedó aislado en Recoletos permaneció demasiado tiempo sin recibir refuerzos pese a que esos grupos cuentan con material de autodefensa.

Los sherpas nepaleses renunciaron a la temporada de escalada en el Everest

KATMANDÚ.- Los guías nepaleses anunciaron este martes que habían decidido abandonar el campamento base del Everest y poner fin a la temporada en homenaje a sus colegas muertos el viernes pasado en un alud.

“Mantuvimos una larga reunión esta tarde y hemos decidido no escalar más este año en homenaje a nuestros hermanos. La decisión de los sherpas es unánime”, dijo uno de ellos, Tulsi Gurung.

Otro sherpa y un alpinista estadounidense presente en el campamento base confirmaron la información, cuatro días después de la muerte de 13 guías en un alud.

“Algunos guías ya se han ido y otros se quedarán aquí durante aproximadamente una semana, el tiempo de empaquetar todo y marcharse“, afirmó Gurung, cuyo hermano forma parte de las víctimas.

Trece sherpas murieron en un alud el viernes y los cuerpos de otros tres siguen sepultados bajo la nieve tras el accidente, el más mortífero registrado en esta montaña.

“Dieciséis personas murieron en esta montaña el primer día del ascenso. ¿Cómo la vamos a escalar?”, comentaba otro sherpa, Pasang Sherpa.

Esta decisión parece anticipar el desenlace de las negociaciones entre los sherpas y el gobierno nepalés.

Los guías nepaleses amenazaron con poner fin a la temporada si el gobierno no satisfacía antes del lunes sus reivindicaciones, en particular la mejora de la ayuda financiera para las familias de las víctimas y de la cobertura de seguros.

Varios alpinistas occidentales abandonaron el campamento base el martes por la tarde rumbo a Katmandú con el objetivo de intentar ayudar a resolver la crisis.

“Decidieron que la indemnización no es el único tema, estimaron que incluso se debería cerrar el Everest este año en recuerdo de los muertos”, dijo Ed Marzec, un alpinista estadounidense en el campamento base.

Los sherpas ganan entre 3.000 y 6.000 dólares por temporada pero están mal cubiertos por el seguro.

Más de 300 personas, sobre todo sherpas, han muerto en esta montaña desde el primer ascenso en 1953.

El PP frena por cuarta vez una comisión de investigación sobre el 'caso Bárcenas'

MADRID.- No habrá comisión de investigación en el Parlamento sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Es más, no habrá debate en el pleno del Congreso sobre la idoneidad o no de crearla. El partido gubernamental ha frenado hoy en la Junta de Portavoces, por cuarta vez en lo que va de legislatura, una proposición del PSOE en la que reclama someter al examen político de la cámara baja el 'caso Bárcenas'. 

La portavoz del primer partido de la oposición, Soraya Rodríguez, ha tildado de "inoportuna" la negativa del PP tras la publicación de los datos del último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Polícía Nacional en la que se vinculan las donaciones opacas de empresas constructoras mencionadas en la supuesta contabilidad B del PP con campañas electorales.

Los socialistas volvieron a la carga ya después de que el extesorero del PP, ahora encarcelado, declarara ante el juez Pablo Ruz, hace poco más de diez días, que su antiguo partido tenía cajas en negro en "todas las provincias y regiones". Concediendo a ese testimonio toda credibilidad, el PSOE anunció su intenticón de reactivar todas las vías de denuncia y control en su mano: volvió a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció nuevas diligencias en la vía judicial y planteó la creación de comisiones de investigación en todos los Parlamentos autonómicos y el Congreso.

El recorrido de esta última opción, en todo caso, se ha demostrado corto, como ya era de prever. El PP ya había impedido en otras ocasiones, la última el pasado septiembre, incluir en el orden del día del pleno parlamentario este debate. Del mismo modo que se han bloqueado con su mayoría absoluta en otras tantas ocasiones la reclamación aún más amplia de la Izquierda Plural, que no desea limitarse a la financiación del PP sino a la de los partidos políticos en su conjunto.

En todo caso, no solo lo relacionado con el caso Bárcenas cayó en saco roto durante la reunión de la Junta de Portavoces ccelebrada esta mañana. El Grupo Popular también ha rechazado que se lleve al hemiciclo la creación de una comisión de investigación solicitada por IU sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. E incluso la solicitada por PNV y CiU sobre la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá.

Bárcenas reiteró al juez que dio sobres a Rajoy y Cospedal

VIGO.- El extesorero del PP Luis Bárcenas reiteró en su última declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que entregó sendos sobres con 25.000 euros al presidente y la secretaria general del partido, Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, provenientes de donativos recabados por la sede de Pontevedra.

Bárcenas ha insistido en que fue el gerente del PP de Pontevedra, cuyo nombre no recuerda, quien llevó los sobres hasta la sede del partido en Madrid y se los dio personalmente a él.

Ha detallado que esos 50.000 euros forman parte de los 187.569,83 euros que habían sido embargados en una cuenta del partido en el Banco de Vitoria por un impago por parte de la sede del PP de Pontevedra, y que figuran en la contabilidad nacional bajo el epígrafe "embargo proveedor PP Galicia".

El 15 de julio de 2013, Bárcenas cifró esa deuda en unos 160.000 euros, pero a preguntas del juez Ruz sobre si serían los 187.569,83 euros que identificaron los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, ha contestado que, efectivamente, ésa es la cantidad.

El juez Silva se niega a declarar y el tribunal ordena seguir el juicio

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva se ha negado a declarar en el juicio por prevaricación que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al sostener que carece de abogado, una situación que, ha dicho, no se produce "ni en Corea del Norte".

"A todo efecto legal no tengo abogado en este proceso, usted me esta coaccionando", ha espetado Silva al presidente del tribunal que le juzga, Arturo Beltrán, que ha ordenado proseguir con la vista rechazando la renuncia que ayer presentó el letrado Cándido Conde-Pumpido Varela en un intento de forzar un aplazamiento hasta después de las elecciones europeas, a las que concurrirá el juez.

Cuando éste ha sido preguntado por Beltrán si quería formular alguna pregunta a su cliente, el letrado ha respondido que por "mandato expreso" del Colegio de Abogados de Madrid no iba a hacer ninguna.

Silva ha insistido entonces en que no se daban las condiciones para declarar y ha amenazado a los magistrados con acudir a instancias superiores, refiriéndose al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por las coacciones que, denuncia, han sufrido él y su defensor, contra el que han "lanzado acusaciones muy duras".

La sala había rechazado a primera hora de la mañana suspender la vista por la "injustificable" renuncia de Conde-Pumpido, a quien ha advertido de que su conducta podría ser constitutiva de un delito penal y dos faltas disciplinarias.

Sin embargo, el letrado ha mantenido que el Colegio de Abogados de Madrid le ha informado de que "en ningún caso incurriría" en ninguna de ellas y que le ampara "abundante" doctrina del Tribunal Constitucional.

Por todo ello, el magistrado, actualmente suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, ha advertido al tribunal, especialmente a Beltrán, de que quería recusarles porque está "contaminado", al mismo tiempo que les ha emplazado a facilitarles los instrumentos para ello, puesto que, ha insistido, carece de abogado.

El debate ha provocado la irrupción de tres espontáneos que han acudido como público al juicio, que han proferido gritos como "Vergüenza" y "Esto está amañado", ante lo cual Beltrán les ha tenido que expulsar explicándoles que "tienen derecho a creer lo que quieran" porque "el público es el juez del juez", pero no a dar gritos, voces ni a alterar el orden".

A su salida del TSJM, ha especificado que debe ver "de qué manera técnicamente" puede apartar a los magistrados que le juzgan, ya que el tribunal debería dejarle nombrar un nuevo letrado, aunque la realidad es que ha demostrado "una actitud de conculcación de derechos fundamentales".

"Las condiciones que se dan en este proceso ahora mismo carecen de precedentes en todos los sentidos", y se trata de "un hecho insólito en la historia judicial", ha manifestado el juez, que ha comparado su situación a la que se vive en países autoritarios.

"En cualquier país del mundo, no sé si en Corea del Norte habría una excepción a esto, lo ignoro, pero creo que también allí alguien que sea acusado tiene derecho a un abogado", ha concluido antes de reiterar que el TSJM "ha demostrado que quiere seguir adelante con esto a toda costa".

Previamente, el juez Elpidio José Silva había llegado con diez minutos de retraso al juicio por presunta prevaricación en la instrucción del 'caso Blesa' porque su abogado había terminado poco antes de conceder una entrevista a un medio de comunicación, lo que, a su juicio, era "muy importante" porque la ciudadanía debe saber que no está teniendo un "juicio justo".

Al ser preguntado a qué se debe el retraso en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Silva ha respondido a los medios de comunicación que a "una entrevista que ha tenido que conceder su abogado" para responder a la "gravedad" de lo que, en su opinión, está sucediendo en la vista.

"La ciudadanía tiene que saber que estamos en un proceso que no está adecuadamente constituido. No tenemos un juicio justo y es muy importante tener un juicio justo porque sin pruebas no hay juicio", ha respondido al juez, acompañado de su abogado Cándido Conde-Pumpido Varela.

El instructor del 'caso Blesa' ha sido citado a las 10.00 horas de la mañana. A esa hora, estaba conformado el tribunal y diez minutos después ha aparecido Silva entre los aplausos de una decena de simpatizantes del Movimiento Red que encabeza. Los congregados llevaban caretas del banquero Emilio Botín y portaban pancartas en las que se podía leer "España es diferente, juzga a jueces y no a delincuentes".

El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.

Crece el número de familias italianas sin ingresos por desempleo

ROMA.- Más de un millón de familias italianas carecían de ingresos económicos por desempleo hacia finales de 2013, cifra superior en un 18 por ciento a la registrada en 2012, divulgó hoy el Instituto de Estadísticas (Istat). 

Según un estudio de esa entidad, los datos del año pasado duplican los correspondientes a 2011, lo cual indica un gran crecimiento del número de personas sin trabajo en el país.

Las zonas más afectadas por esta situación son el norte y el sur de esta nación y casi la mitad de los hogares perjudicados están conformados por parejas con hijos, destaca el informe.

En Italia, alrededor de ocho millones de individuos viven en el límite de la pobreza y el índice de desempleo supera el 12 por ciento, la tasa más alta de las últimas tres décadas, señala un reporte de la Oficina europea de estadísticas Eurostat.

Una investigación de ese organismo concluyó que la problemática afecta, fundamentalmente, a los jóvenes, sector con un 30 por ciento de desocupación.

El juez Silva fuerza retrasar su juicio al renunciar su abogado a última hora

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva ha intentado forzar hoy un aplazamiento de su juicio por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al renunciar su abogado por sorpresa a última hora de la sesión de la vista, que proseguirá mañana.

El letrado del juez, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha pedido la anulación del juicio pero, ante la negativa de los tres magistrados que componen el tribunal de la Sala Civil y Penal del TSJM, ha presentado su renuncia porque ha "fallado" a su cliente.

"Teniendo en cuenta que he fallado, no puedo más que decir que hay una disparidad de criterios y por lo tanto renuncio a la defensa", ha dicho el letrado después de lamentar que "parece que todo vale" y pedirle al tribunal que otorgue a Silva un plazo de 10 días para designar uno nuevo.

Fuentes jurídicas han señalado que las posibilidades procesales abiertas tras la renuncia del letrado de Silva "son muchas", y que habrá que esperar a mañana para ver por cuál se decanta el TSJM.

Mientras, el juez ha asegurado a su salida que se siente "atropellado e indefendido" por las decisiones de la sala y sus maneras "amenazantes" y ha advertido de que si no anula el juicio, se "reproducirá la renuncia legal" de su abogado.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que dio origen a este procedimiento al interponer una querella contra Silva por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia durante su investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ha denunciado que se trata de un "nuevo fraude de ley".

Los abogados de Blesa y Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, que ejercen de acusación, han señalado, respectivamente, que se trata de una "pirueta absolutamente previsible" y un "insulto a la inteligencia".

El tribunal, que se había negado previamente a anular la vista porque, en palabras de su presidente, Arturo Beltrán, es "la más fuerte y rotunda de las resoluciones que se pueden tomar para solucionar un problema" cuando no existen "otras alternativas", ha acordado retomar mañana el juicio para resolver esta cuestión.

La sesión de hoy ha comenzado con la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía, que reclama 30 años de inhabilitación, y de los abogados Carlos Aguilar y Nicolás González-Cuéllar, que representan a Blesa y Díaz Ferrán y que piden 43 años de inhabilitación y 24, respectivamente.

Posteriormente, la defensa de Silva había reclamado la nulidad del auto por el que se señaló la fecha del juicio y se acordaba la prueba a practicar en el mismo, dado que dos de los tres magistrados que componían inicialmente el tribunal aceptaron la recusación por haber participado en la instrucción.

Según su escrito, concurren hasta cinco causas de nulidad, entre ellas la existencia de ese motivo de recusación, que "provoca una evidente indefensión" a su representado "al producirse una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".

Según el letrado, la actuación del TSJM "solo puede ser explicada por las prisas existentes" de juzgar a su defendido "antes de las elecciones europeas a las que es candidato y con un claro ánimo de influir en dicho proceso electoral".

"Resulta evidente que de no haber sido el señor Blesa el objeto de la investigación judicial, el magistrado jamás se habría visto sometido a un proceso por prevaricación", resalta el escrito, en el que critica además que no dejaran acceder a su cliente a los correos corporativos que él mismo ordenó incautar a Miguel Blesa.

Por último, el letrado señala la falta de competencia del tribunal para enjuiciar a Silva, que se encuentra en situación de excedencia y apartado cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial, ya que por ello no tiene aforamiento y, de tenerlo, renunciaría a él para ser juzgado por un tribunal ordinario.

Motivos todos ellos a los que se han opuesto el fiscal y las acusaciones y que ha compartido el tribunal, cuyo presidente ha recordado que los dos magistrados recusados aceptaron ser apartados y que su decisión de concurrir a las elecciones fue posterior a la apertura del juicio.

La sala también ha rechazado permitir a Silva, que ha negado "todas y cada una de las imputaciones" que pesan sobre él, ausentarse de las sesiones por estar inmerso en la preparación de la campaña electoral de los comicios europeos del 25 de mayo.

El juez Silva denuncia que su juicio es "manifiestamente ilegal" y pedirá su nulidad

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva ha denunciado hoy que la vista en la que se le empezará a juzgar hoy por haber presuntamente prevaricado durante su investigación a Miguel Blesa es "manifiestamente ilegal", por lo que reclamará su nulidad.

Silva ha hecho estas declaraciones a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) minutos antes de que arranque el juicio en la Sala Civil y Penal, donde está previsto que hoy se debatan las cuestiones previas.

El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid ha asegurado estar "tranquilo" porque se trata de una "patraña" que atenta contra sus "derechos fundamentales" y "libertades" de cara a su candidatura en las próximas elecciones como cabeza de lista del Movimiento Red.

Para Silva, el auto con el que el TSJM acordó las pruebas a practicar en esta vista, así como su calendario, es nulo porque dos de sus magistrados aceptaron la recusación que planteó por haber participado en la instrucción de la querella que interpuso contra él la Fiscalía.

"El auto es nulo y lo sabe el tribunal; el juicio es nulo y también lo sabe el tribunal: es un juicio manifiestamente ilegal", ha resaltado.

Su abogado, Cándido Conde Pumpido Varela, ha añadido que el juicio debe suspenderse y los magistrados que componen el tribunal tienen que fijar una nueva fecha.

Los dos magistrados recusados eran el presidente de la Sala de lo Civil y Penal Francisco Javier Viera y Susana Polo, con lo que ahora el tribunal está compuesto por Arturo Beltrán, Eduardo Urbina y María Tardón.

De no suspenderse, mañana deberá declarar como acusado Silva y, el miércoles, Blesa y su abogado, Carlos Aguilar.

Silva, acusado de un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia, se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 30 años de inhabilitación, que la defensa de Blesa eleva a 43 y la del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán deja en 24.

Bárcenas sobre cajas B regionales: "suponíamos que en todos los sitios tenían"

MADRID.- El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional que su formación disponía de 'caja B' en "todas las provincias y regiones" que se destinaba a la financiación de las campañas electorales. "Suponíamos que en todos los sitios tenían", dijo en su declaración del pasado 10 de abril, para añadir: "Ni supervisábamos ni queríamos saber".

 

   Respecto a los cargos encargados de gestiones estas 'cajas', Bárcenas indicó que normalmente las llevaba "el secretario regional del partido en cada sitio, y el tesorero del partido".

 "Vamos a ver... la realidad es que en cualquier provincia, en cualquier región de cualquier partido hay donaciones, especialmente cuando son campañas de índole municipal y autonómica", agregó, según refleja la transcripción íntegra de su declaración.

   "Eso se plantea en todos los niveles de la organización. Se plantea a nivel nacional y eso sirve para que la campaña nacional tenga un plus de fondos que se pueden dedicar a determinadas acciones y se plantea en las sedes provinciales y las sedes autonómicas con un criterio similar en las campañas que les afectan a ellos", agregó.

   "No se salva ningún partido, absolutamente ninguno", apuntó y explicó que hay gente que "sencillamente quiere colaborar con las personas que se presentan a las elecciones y contribuir a las campañas".

   El extesorero se refirió a la existencia de esta contabilidad opaca en las sedes regionales 'populares' en respuesta a las preguntas formuladas por las fiscales Anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell.

   "Por lo que usted sabía, por lo que a usted le constaba, las sedes regionales y en las sedes provinciales también debía de llevarse una contabilidad o unos papeles semejantes a los suyos, ¿es así?", preguntó Anticorrupción, a lo que Bárcenas contestó: "Así es".

   El extesorero explicó que las distintas cajas existían porque "en todos los sitios hay donantes".

 "Hay una campaña en Cáceres o en Badajoz, y hay un señor empresario que quiere aportar dinero para esa campaña, y eso pasa absolutamente en todas las provincias, entonces somos conscientes o éramos conscientes de que eso sucedía así, pero no interveníamos en nada de eso".

Durante el interrogatorio de cinco horas de duración, Bárcenas se refirió también a los poderes que el PP le confirió tras ser nombrado primero como gerente y después como tesorero del partido. "Yo los poderes que he tenido siempre, y hasta que se me nombra en junio de 2008 tesorero del partido, son poderes específicos para contratación y para temas relacionados con la gestión de recursos humanos", indicó.

   Según su versión, pasó a tener poderes que le permitían disponer de las cuentas corrientes cuando se le nombra tesorero en el congreso de junio del 2008 y dejó de disponer de ellos en el mes de marzo de 2010.

   Esta afirmación se contradice con la declaración prestada el pasado mes de agosto por la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que aseguró que el partido le retiró el apoderamiento en octubre de 2009.

   "Yo esa afirmación la he oído, y es posible evidentemente, pero revocar el poder si no se le comunica a la persona que tiene el poder... hombre, es una barbaridad", aseguró el extesorero que indicó que nunca se le comunicó la retirada del apoderamiento.

   "Si ese poder estaba revocado, yo he seguido firmando en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en teoría sin tener poder. El poder no basta con revocarlo, sino que hay que entregarlo a los bancos para que sepan que el poder está revocado. Si esta señora revocó mis poderes en octubre de 2009, y no se lo comunica al revocado, y no lo comunica a las entidades bancarias... no sé qué figura es esa, pero yo habría estado actuando sin apoderamiento", agregó.

   El juez Ruz dió el pasado día 15 cinco días de plazo al PP para que aporte la totalidad de las escrituras que ha venido otorgando desde 2007 a favor del extesorero para actuar en dicha condición y en la de gerente. Trata de acreditar la eventual "responsabilidad tributaria que pudiera alcanzar" la formación política.

Condenan a España por ordenar la expulsión de 30 saharauis sin ver su demanda

ESTRASBURGO.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por ordenar la expulsión de treinta inmigrantes saharauis sin haber concluido el examen de sus demandas de asilo.

Los demandantes llegaron en patera a Fuerteventura entre enero de 2011 y agosto de 2012, tras huir del campamento de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún (Sáhara Occidental), que había sido desmantelado por la Policía marroquí.

A su llegada pidieron protección internacional ante el temor a sufrir tratos inhumanos si eran devueltos a Marruecos, pero esta fue rechazada por el Ministerio del Interior, que ordenó una expulsión que finalmente no se produjo.

Interior calificó sus alegaciones de "contradictorias e insuficientes", mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que eran "coherentes" y los "indicios suficientes" para aceptarlas.

Los demandantes, representados por los abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentaron recursos contencioso-administrativos contra las órdenes de expulsión y solicitaron su suspensión hasta que se examinaran, pero la Audiencia Nacional denegó esa solicitud.

Sólo la aplicación de las medidas provisionales de la Corte europea, a la que acudieron entre enero de 2011 y octubre de 2012, impidió que se ejecutaran las expulsiones.

Esas medidas implican que el TEDH solicite la interrupción temporal de la orden y, sin las mismas, según Estrasburgo, "los demandantes hubieran sido expulsados a Marruecos sin que el fondo de sus recursos fuera objeto de un examen tan riguroso y rápido como fuera posible".

La sentencia de hoy mantiene que el procedimiento por el que los saharauis pidieron en España la suspensión de las expulsiones no les permitió aportar información precisa sobre los riesgos que corrían.

El fallo concluye que España vulneró el artículo 13 (Derecho a un recurso efectivo), combinado con los artículos 2 (Derecho a la vida) y 3 (Prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos humanos.

La sentencia recuerda igualmente que los tribunales nacionales "tienen que demostrar una diligencia y prontitud particular y decidir sobre el fondo en plazos breves", porque si no es así, "el recurso perdería su eficacia".

Y en aplicación del artículo 46 del Convenio, estima que el Gobierno "debe garantizar, jurídica y materialmente, el mantenimiento de los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas", que sigue abierto.

Denuncian al Rey y a Felipe González por supuesta cooperación en un delito de rebelión

MADRID.- El partido político ‘Soberanía’, presidido por el célebre abogado José Luis Mazón Costa, ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 al ex presidente del Gobierno, Felipe González Márquez, y al rey Juan Carlos de Borbón y Borbón por su cooperación –“ hasta ahora secreta”-, por hechos que pueden ser constitutivos de cooperación en un delito de rebelión acaecida el 23 de febrero de 1981, según consta en la denuncia, ahora transformada en querella, tras la admisión por el juez Santiago Pedraz.

En un auto fechado el pasado 8 de abril, el juez central nº 1 de la Audiencia Nacional, registró la querella interpuesta por el citado partido politico contra la trama civil oculta del 23-F;  Pedraz, sin entrar a valorar aun los hechos, asegura que por lo demás la querella reúne los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Inicialmente Soberanía presentó denuncia, que luego transformó en querella, sobre la cual resuelve ordenando su tramitación el auto del juez Pedraz.

Las diligencias de la querella por la trama oculta del 23-F objeto de querella han sido registradas bajo el número 28 del año 2014.

La denuncia contra Felipe González lo es por “presunto cooperador necesario, quien estaba o figuraba en la lista del nuevo gobierno que iba a salir del golpe militar, en calidad de vicepresidente, según se publica en la información histórica contenida en el libro de Pilar Urbano, cuyos datos extracta en una entrevista elmundo.es”

Según “las mismas informaciones verosímiles publicadas”, Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España, “era el verdadero jefe, el cerebro visible del golpe militar frustrado que dirigió el general Armada”.

La denuncia agrega que al gozar el rey de inviolabilidad, “será citado en calidad de testigo, para cooperar en el esclarecimiento de los hechos. Si no es que se interpreta que la inviolabilidad constitucional no puede amparar la participación de un jefe de Estado en un golpe de Estado”.

La circunstancia de ‘Soberanía’ considera que si “el delito podría estar prescrito no es óbice para la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Y se citan como ejemplos el procedimiento seguido contra Baltasar Garzón Real ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los patrocinios de los cursos de Nueva York, en donde el instructor señor Marchena concluyó una investigación que luego declaró prescrita por unos hechos que ya estaban establecidos desde el comienzo de la investigación”.

“La posible implicación de Felipe González Márquez en el golpe militar como cooperador necesario dcl general Armada a la hora de dar su consentimiento a la integración en la lista del nuevo gobierno que, como consecuencia del golpe militar, iba a sustituir al que hasta entonces presidía Adolfo Suárez, reclama una investigación que impone el principio de legalidad penal en relación al artículo 23.1 de la Constitución, el cual garantiza la democracia y el derecho de los ciudadanos a la participación en el poder político, lo que combinado con el precepto penal del delito de rebelión, exige un esclarecimiento de los hechos. Y la respuesta a la pregunta ¿dio su consentimiento el denunciado Felipe González a la participación en el gobierno opuesto por el general Armada, donde aparecía como vicepresidente?”, se dice en otro de los párrafos de la denuncia.

La denuncia pide que se llame a González a declarar como testigo, “ y de aparecer evidencias de su colaboración con el golpe militar del 23 F, que ahora son indicios o sospechas, se hiciera en calidad de imputado con independencia de que de hallarse el delito prescrito acudiría con la tranquilidad de no poder ser castigado en caso de responsabilidad de cooperador necesario en los planes del general Armada quien a su vez ejecutaba según las informaciones publicadas la voluntad del rey de España, que también debe de prestar su testimonio en calidad de testigo de no ser posible la interpretación del articulo 56.3 de la Constitución (inviolabilidad del rey) en el sentido de que dicha inviolabilidad no le protege frente a actos tan fuera de sus funciones como planificar un golpe de Estado acabando con un gobierno democrático para imponer otro de su libre configuración”.

La denuncia se apoya en “una completa credibilidad tanto por provenir de una periodista, Pilar Urbano, tradicionalmente ligada al Palacio de la Zarzuela, como por el medio que la publica, el diario ‘El Mundo’. El alegato final de la denuncia de ‘Soberanía’, reza así: “Y si la Justicia de ahora no investiga estos hechos, otra Justicia vendrá que lo hará, ya liberada de la hipoteca del régimen monárquico bipartidista que tan gran estafa ha cometido contra el pueblo. cooperando en un golpe militar del que se nos presentaban como los salvadores”.

La querella recoge el siguiente párrafo:

"Básicamente el juicio del 23-F fue cerrado en falso y constituyó una gran estafa al conjunto del pueblo español. Ahora se  ha descubierto que hubo una trama civil que pasó desapercibida y resultó impune, porque la integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su ocultación fue a su vez favorecida por el propio Rey que tenía interés en que no se supiera que había pasado en realidad en el golpe de Estado del 23F donde él mismo era uno de los personajes principales ocultos tras la cortina que se ha caído al cumplir la edad de Cristo, los 33 años, el tiempo máximo que aguanta en España un gran fraude institucional, una gran mentira al pueblo español".

Los derechos humanos en los países que visitó el rey Juan Carlos / Antonio Maestre

La visita del rey a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait vuelve a poner de manifiesto la connivencia de España y su jefe de Estado con los países del Golfo, que no se caracterizan por el respeto a los derechos humanos y la existencia de unos valores democráticos mínimamente aceptables. La ficha de los Emiratos Árabes Unidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores tan sólo dedica un pequeño párrafo a la situación democrática del emirato.

“En cuanto a los derechos sociales y las libertades públicas, el índice de libertad económica que elabora The Wall Street Journal y la Heritage Foundation califica al país como 'moderadamente libre' (2011). Los partidos políticos no están permitidos y tampoco las organizaciones de carácter sindical, aunque sí se permiten las asociaciones de asistencia o de interés cultural, así como de 'hombres de negocios'”

La escasa información sobre derechos humanos y el respeto a los valores democráticos que proporciona el Ministerio de Asuntos Exteriores se reduce a informar sobre la libertad económica, ya que alude al índice de la Heritage Foundation que se dedica a este propósito. La información facilitada por el ministerio contrasta con la realidad que vive el país que el rey ha visitado por segunda vez, tras la visita del monarca español en 2008.

El 19 de marzo de 2014, Amnistía Internacional realizaba una denuncia por la violación de los derechos humanos en Emiratos Árabes Unidos. Un jóven activista fue detenido por criticar en las redes sociales el trato que el régimen del emirato daba a su padre, preso político, y a otros presos en su condición. No ha pasado ni un mes de esa denuncia y el rey ha visitado el país árabe acompañado de miembros del Gobierno y multitud de empresarios.

Osama Al Najjar es un joven de 25 años que se licenció en Arquitectura en Australia. El 17 de marzo varios agentes del servicio de seguridad fueron a su casa y se lo llevaron detenido junto a todo el material informático del que disponía. El delito fue la publicación de varios mensajes en Twitter denunciando la situación de su padre, preso político en la cárcel de Al Razeen. Amnistía Internacional denuncia el riesgo de torturas que corre Osama Al Najjar. El padre de Osama es Hussain Ali Alnajjar, de profesión Físico, que fue condenado a 10 años de cárcel en el proceso que fue llamado de los 94 emiratíes. 

Según Amnistía Internacional, “se negó a los acusados el acceso a abogados durante su detención en régimen de incomunicación en espera de juicio; se recluyó a todos en secreto, en algunos casos por periodos de hasta un año, y muchos dijeron al juez que habían sido sometidos a tortura; se admitieron como prueba de su culpabilidad “confesiones” obtenidas presuntamente durante su reclusión en secreto, y se negó a todos el derecho a interponer un recurso contra la sentencia, lo que vulnera las normas internacionales de derechos humanos”.

Este caso no es excepcional. Según el informe anual de Amnistía Internacional del año 2013, otras seis personas fueron condenadas por publicar contenidos en las redes sociales, se condenó a muerte a 21 personas y la discriminación contra las mujeres y los migrantes es uno de los grandes problemas del emirato de Shaij Jalifa bin Zayed al Nahyan.

Los derechos de la mujer en Emiratos Árabes Unidos

 

El pasado mes de julio, Marte Deborah Dalelv, una jóven noruega de 24 años, fue condenada en Dubai a un año y medio de prisión por mantener relaciones fuera del matrimonio y por consumir alcohol tras ser violada. La reacción internacional en general, y del Gobierno noruego en particular, consiguió que la sentencia finalmente fuera revocada. Pero las mujeres del emirato no tienen el apoyo de gobiernos extranjeros, lógicamente tampoco del español, como la visita del rey a EUA demuestra.

La nula información que el Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona en la ficha de la oficina diplomática con respecto a la situación de la mujer en Emiratos Arabes Unidos se contradice con las recomendaciones de viaje que la embajada española en el país del Golfo proporciona a las mujeres que quieran viajar allí.

“Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son ilegales, independientemente del tipo de relación que tenga con su pareja en España (por ejemplo, si son pareja de hecho, figura jurídica no reconocida en los EAU). La cohabitación, incluso en hoteles internacionales, también es ilegal. Si queda embarazada fuera del matrimonio, tanto usted como su pareja se enfrentan a la posibilidad de penas de cárcel”.

Una de las recomendaciones de la embajada de Emiratos Arabes Unidos trata sobre el modo de comportarse de manera correcta en el emirato para evitar acoso y problemas legales.

“Hay constancia de que se han producido incidentes de acoso por parte de taxistas y, en más de una ocasión, ataques a mujeres extranjeras que caminaban solas por los pasos subterráneos en la Corniche de Abu Dhabi. Las ciudadanas extranjeras deben tener siempre presentes las diferencias culturales y entender que algunas actitudes (involuntarias o no) pueden ser malinterpretadas. Por ello, debe evitarse sentarse en el asiento delantero de un taxi y debe comprenderse que, en ocasiones, las conversaciones, el exceso de amabilidad o las simpatías hacia un conductor pueden ser interpretadas por parte de algunos taxistas como una proposición”.

Los casos de violaciones de los derechos humanos en el emirato son continuos. En el año 2005, una mujer fue condenada a recibir 150 latigazos por adulterio. En el año 2010, dos años después de la primera visita del rey Juan Carlos a EAU, una mujer australiana de 27 años fue condenada a un año de cárcel tras ser violada salvajemente por tres hombres en un hotel en Fujairah. La tolerancia del emirato con las violaciones y la criminalización de las mujeres que lo sufren es una seña de identidad del país del Golfo Pérsico.

Los derechos de los homosexuales y los transexuales son los propios de un régimen que se rige con una ley islamista y reaccionaria. Las relaciones entre personas del mismo sexo conllevan penas de entre 1 y 5 años de cárcel. El travestismo es ilegal y también conlleva penas de cárcel.

http://www.lamarea.com/2014/04/17/los-derechos-humanos-en-los-paises-que-visita-el-rey/ 

Un grupo de españoles son expulsados de Marruecos tras prohibirles entrar al Sáhara

RABAT.- Cuatro españoles se encuentran en el aeropuerto de Marraquech a la espera de ser expulsados esta tarde del país, después de que las autoridades marroquíes les prohibieran la semana pasada entrar en el Sáhara Occidental.

Según Raúl Ramos, integrante del grupo que pertenece a la Brigada Solidaria Aragón-Sáhara, ayer por la tarde la Policía marroquí se presentó en el apartamento en el que estaban (y que pertenece a unos estudiantes saharauis que les ofrecieron alojamiento) y les obligó a recoger sus cosas para dirigirse al aeropuerto.

"Nos dijeron que íbamos a ser expulsados del país", explicó Ramos.

El grupo, que tenía su vuelo de regreso a España para el próximo miércoles, ha pasado toda la noche y la mañana de hoy en el aeropuerto sin que nadie les facilitase información.

"Nos mandan de un lado a otro y nos echan de todas partes del aeropuerto. Ahora nos acaban de decir que por la tarde probablemente nos iremos en un vuelo a Barcelona o Gerona", comentó Ramos, quien añadió que tampoco se les ha informado si deberán pagar el billete de vuelta.

A estos cuatro españoles, Raúl Ramón, Laura Soteras, Diego Marín e Irene Bailo, que tenían la intención de viajar a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, para recoger testimonios de los saharauis en este territorio, se les prohibió la entrada a la ciudad el pasado miércoles y se les introdujo en un autobús hasta una ciudad cercana a Agadir, en el sur del país.

Tras pasar un par de noches en Agadir, el viernes pasado los activistas decidieron viajar a la ciudad marroquí de Tantán, donde vive población saharaui, pero también se les prohibió el acceso y fueron reenviados a Agadir, desde donde se dirigieron a Marraquech.

Desde hace más de una semana, las autoridades están prohibiendo la entrada casi de forma sistemática a los extranjeros que intentan entrar al Sáhara Occidental con el argumento de que llegan para "crear agitación en las calles" y "por tener opiniones parciales y posicionarse con una sola parte" del conflicto.

Estas expulsiones se producen cuando el Consejo de Seguridad tiene previsto votar una resolución este miércoles para prorrogar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (Minurso), cuyo mandato vence a final de mes, y Marruecos se encuentra inmerso en una campaña para explicar sus avances en materia de derechos humanos en esta zona.

El Ministerio de Exteriores instruye a sus embajadas para difundir la imagen de España como un "país de tecnología"

MADRID.- El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha instruido a su red de embajadas y consulados difundir la imagen de España como un "país de tecnología", una faceta poco conocida tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, según informaron  hoy fuentes diplomáticas.

   Para ayudarles a divulgar este mensaje, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, que depende directamente del ministro José Manuel García-Margallo, ha elaborado un folleto con datos que ponen en valor el potencial tecológico de España y de sus empresas.

   A lo largo de 13 páginas, el documento presenta a España como un país con infraestructuras "de primer orden", que cuenta también con centros de investigación y empresas líderes en sectores tecnológicos tan diversos como la producción y gestión de energía, las grandes obras de infraestructuras, la gestión del transporte, o las tecnologías medioambientales y para la salud.

   Con esta iniciativa, Exteriores pretende poner en conocimiento de todo el mundo los datos que confirman que España es "mucho más" que un país que destaca por su Historia, lengua, clima, diversidad y turismo.

   El documento remarca que compañías españolas gestionan cerca del 40 por ciento de las principales concesiones de transportes del mundo, que la empresa que más obras de metro ha hecho en el mundo es la española ACS o que la tecnología de Indra gestiona todo el tráfico aéreo en China, Australia, India y Alemania.

   España --destaca el folleto-- posee la primera red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo; es el cuarto país del mundo en energía eólica y solar fotovoltaica por potencia instalada y ocupa también posiciones de liderazgo en el sector de la automoción. La catalana Zanini, por ejemplo, es el primer fabricante mundial de embellecedores de ruedas, mientras que el Grupo Antolín es líder en revestimientos de techo.

   Nuestro país destaca también en los sectores de las tecnologías medioambientales, de la información y las telecomunicaciones, para la salud, y en tecnología aérea, espacial y naval.

   Por citar algunos ejemplos, el documento subraya que nuestro país es el segundo país del mundo en reutilización de aguas depuradas y el primero del mundo en tasa de donaciones para transplantes.

   Y que empresas españolas son líderes en lo suyo, como Telefónica, Gowex --que instala redes wifi en el transporte--, Grifols, GMV o Navantia.

   El documento presenta asimismo España como un país atractivo para invertir y como sede de centros de excelencia. Así al menos lo perciben numerosas multinacionales que han establecido centros de producción o de excelencia como es el caso de IBM, HP, Bayer, Airbus o Boeing.

   No es la primera vez que Exteriores distribuye a sus embajadas y consulados dossieres de este tipo. Con anterioridad elaboró otros folletos sobre las posiciones de liderazgo de empresas españolas en todo el mundo y la situación del idioma español y prepara otro relacionado con la presencia española en grandes obras de ingeniería civil.

   Este folleto también se distribuirá a las organizaciones que colaboran con la iniciativa de Marca España y en los actos de presentación y actividades de la Oficina del Alto Comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros.

Radiografía de la corrupción en España: cerca de 1.700 causas, más de 500 imputados y sólo una veintena en prisión

MADRID.- Una radiografía de la corrupción en España revela que hay casi 1.700 causas abiertas en sus diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles del territorio nacional.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno --como los exministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía--, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

   El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.

   Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobretodo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio periodo de tiempo.

   Por ejemplo, en el caso Gürtel sólo el extesorero del PP Luis Bárcenas está actualmente en prisión. El resto de imputados, más de 150, están aún a la espera de que finalice la fase de instrucción de la causa que investiga el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. En la cárcel está también el expresidente CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el desmantelamiento de Marsans para evitar el pago a sus acreedores, aunque está pendiente de ser juzgado por más causas en distintos tribunales.

   Por comunidades, Baleares es autonomía en la que más políticos están en prisión por alguna causa relacionada con la corrupción. Por diferentes casos, están en prisión el exconseller Josep Juan Cardona, el exdirector general Kurt Viaene, el exgerente del Consorcio Antònia Ordinas y el exconcejal 'popular' en Lloseta Felipe Ferré. También han acabado en prisión el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, condenado a cinco años por una trama de desvío de fondos.

   De la misma manera, están también en la cárcel varios de los que fueron responsables del extinto partido Unió Mallorquina, empezando por la que fuera presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, María Antònia Munar, condenada en firme a un total de once años y medio por diferentes casos. También de Unió Mallorquina están en la cárcel por condenas firmes el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, los exconsellers Bartomeu Vicens y Francesc Buils y el exjefe del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico Antoni Rebassa.

   No es el caso del expresidente Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias en el primero de los casos por los que ha sido juzgado y que está pendiente de que el Gobierno resuelva su petición de indulto antes de entrar en prisión.

   Caso aparte es el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, que entró en prisión en 2009 por malversar fondos en clubes de alterne masculinos y abusar de menores. Desde marzo se encuentra en un Centro de Inserción Social. También en febrero de este año entró en prisión el expresidente de Agrupación Social Independiente (ASI) Joaquín Rabasco por desviar más de un millón de euros del Ayuntamiento mallorquín de Llucmajor a cuatro empresas ligadas a él.

   En pleno escándalo tras salir a la luz un presunto fraude en Andalucía con los fondos para cursos de formación, otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses ha sido el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas 144 personas pero sólo el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual continúa en prisión. Se da la circunstancia de que Pascual solicitó este miércoles su libertad, aunque la juez Alaya aún no se ha pronunciado.

   Entre los implicados en este caso, la juez Alaya ha remitido a las Cortes Generales a través del Tribunal Supremo la "preimputación" de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del exconsejero José Antonio Viera. Además, está imputada la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, a quien la juez ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros.

   También cumplen condena el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado a siete años en el caso en el que fue juzgado junto a sus exparejas Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, quienes sin embargo no han ingresado en prisión. También está en la cárcel el exasesor de Marbella Juan Antonio Roca, principal acusado del caso 'Malaya' y también juzgado por 'Saqueo I' y el 'caso Minutas'.

   Por este último proceso está también en la cárcel el letrado y expresidente del Sevilla José María del Nido cumpliendo una pena de siete años por irregularidades en los encargos que le hizo el Ayuntamiento de Marbella.

   En Cataluña, este mismo año ha ingresado el exinspector jefe de Hacienda, Josep Maria Huguet, --condenado a seis años y diez meses por su implicación en el 'caso Hacienda'-- y también los expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Antoni Herce y Enric Roig, condenados a cuatro años y medio por malversación, aunque éste sólo va a la prisión a dormir. Además, la Audiencia de Barcelona ha ordenado esta semana la inmediata entrada en prisión del empresario andorrano Fidel Pallerols y del excargo de UDC Vicenç Gavaldà, condenados por una financiación irregular.

   Además, están imputados en casos de presunta corrupción en diferentes fases de investigación el diputado de CiU Oriol Pujol; el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU); el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos; el diputado de CiU Xavier Crespo, el exvicepresidente del Gobierno central y expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra (PSOE); el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet.

   Un caso particular es el de la Comunidad Valenciana, donde hay múltiples escándalos de corrupción abiertos pero ningún político está en prisión. En las Cortes Valencianas, hasta cinco diputados del PP están imputados, cuatro de ellos por el 'caso Gürtel', y la quinta, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el 'caso Brugal'. Pero también están imputados hasta cinco exdiputados 'populares' que renunciaron al escaño.

   Tampoco en Galicia hay ningún político en prisión, aunque sí son varios los que entraron en prisión preventiva y ahora están en libertad bajo fianza. Es el caso de numerosos implicados en el caso Pokémon, que afecta a políticos de PSOE y PP de varias provincias gallegas, como el ex alcalde de Orense Francisco Rodríguez o el de Boqueixón (La Coruña), el 'popular' Adolfo Gacio.

   En Canarias, pese a la decena de regidores imputados en diferentes casos judiciales, sólo cumple condena el fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ya en tercer grado por condena de ocho años de cárcel por malversación de caudales públicos por la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise durante su época como alcalde de este municipio lanzaroteño.

   Murcia también cuenta con varios municipios afectados por casos de corrupción, pero únicamente el exalcalde de Totana está en prisión, aunque en la actualidad disfruta del tercer grado y sólo duerme en la cárcel.