España, segundo país de la Unión Europea donde más empeoran las condiciones laborales por la crisis

BRUSELAS.- El 86% de los españoles considera que las condiciones de trabajo han empeorado durante los últimos cinco años coincidiendo con la crisis económica y financiera, frente al 9% que considera que siguen igual y el 4% que cree que han mejorado. 

 

El porcentaje de descontento sólo lo superan los griegos (el 88% ve un empeoramiento) y por detrás se sitúan Italia (85%) Eslovenia (84%) y Portugal (78%), según una encuesta del Eurobarómetro publicada este jueves. 

   Casi la mitad de los españoles (46%) se declaran insatisfechos con sus actuales condiciones laborales, una tasa que de nuevo sólo la superan los griegos (62%). En contraste, el 94% de los daneses afirma estar contento con sus condiciones de trabajo y los porcentajes son también muy altos en Austria y Bélgica (90%), Finlandia (89%) y Reino Unido (88%). De media, el 77% de los europeos encuestados se muestra conforme con sus condiciones laborales, frente al 23% que está descontento.
   Los aspectos que más disgustan a los españoles en su trabajo es la conciliación con la vida privada (el 37% se declara descontento, frente al 25% de media en la UE), así como los horarios (el 33% se dice insatisfecho, frente al 19% de promedio en la UE). La exposición al estrés es el principal riesgo para la salud al que se enfrentan los españoles en su puesto de trabajo (según declara el 44%), seguido de movimientos repetitivos o posturas dolorosas (40%) y levantar o cargar peso diariamente (28%).
   La mayoría de los encuestados en España (56%, frente al 45% de media en la UE) no han sido consultados en el último año sobre cambios en la organización del trabajo y las condiciones laborales. Pero el 57% sí han sido informados sobre la situación financiera de la empresa y su futuro, incluyendo posibles reestructuraciones (63% de media en la UE).
   El 76% de los encuestados asegura que en su empresa se les proporciona información sobre salud y seguridad en el trabajo, aunque sólo el 54% ha visto medidas concretas para prevenir problemas de salud o accidentes laborales y sólo el 26% describe actuaciones para adaptar el lugar de trabajo a personas mayores.

Transparencia Internacional acusa a la Unión Europea de complacencia con la corrupción

BRUSELAS.- Los grupos de presión europeos llevan a cabo gran parte de su trabajo en secreto y hay una complacencia generalizada en Bruselas para abordar la corrupción o los conflictos de intereses, dijo el jueves Transparencia Internacional.

En el primer informe de este tipo, el grupo anticorrupción ofreció una luz poco favorecedora sobre los organismos que redactan y se encargan de que se cumplan las leyes en los 28 países miembros de la Unión Europea (UE), concluyendo que su falta de interés podría llevar a más escándalos de corrupción.
Las críticas a instituciones como el Parlamento Europeo, que los investigadores dijeron que había rechazado cooperar con el estudio, pueden proporcionar más munición a los euroescépticos, que parecen encaminarse a conseguir más apoyo en las elecciones regionales de mayo.
"Las normas para impedir la corrupción o los conflictos de intereses existen, pero nunca se aplican", dijo Carl Dolan, uno de los expertos implicados en el estudio.
"Hay un ambiente de complacencia en Bruselas en la forma, por ejemplo, en que se comprueban y sancionan los conflictos de intereses", añadió. "A menudo se reduce a un trabajo mecánico en el que las declaraciones no son verificadas (...) No hay un comité independiente que supervise las normas", dijo.
Transparencia Internacional indicó que este enfoque laxo de la Comisión Europea y otras instituciones era especialmente arriesgado, dado que no hay registros adecuados en Bruselas de los grupos de presión o de aquellos con quienes tienen contacto.
Buena parte del proceso de crear leyes en Europa, incluida la reforma del sistema bancario, está envuelto en conversaciones entre diplomáticos y legisladores sin que exista registro público de quiénes acudieron o qué dijeron, señalaron.
"Las leyes importantes se acuerdan en reuniones secretas, donde no hay registro público de lo que ha ocurrido", dijo Dolan.
En su reporte de 240 páginas, Transparencia Internacional recomendó crear un registro obligatorio de los más de 15.000 grupos de presión en Bruselas y de cómo influyen en la legislación, y la realización de controles independientes para evitar conflictos de intereses.
Las recomendaciones llegan después de que John Dalli se viera forzado a dimitir como comisario sanitario el año pasado, cuando su adjunto fue acusado de pedir 60 millones de euros a la firma Swedish Match a cambio de ayuda de Dalli para influir en la legislación europea sobre tabaco.

Movimientos sociales españoles reanudan su protesta contra los recortes

MADRID.- Movimientos ciudadanos españoles convocaron hoy a una nueva protesta contra las políticas de recortes que afectan la salud, educación, ciencia y servicios sociales. 

Representantes de las llamadas mareas blanca (salud), verde (educación), roja (ciencia) y naranja (servicios sociales) precisaron en rueda de prensa que la acción tendría forma de marcha por varias calles céntricas de Madrid el próximo sábado.

Sin Educación no hay Ciencia. Sin Ciencia no hay Sanidad. Sin Educación, Ciencia y Sanidad, no hay Servicios Sociales, será el lema principal de la manifestación que fue denominada Marea multicolor, por la confluencia de las diferentes movimientos.

Carmen Esbrí, representante de la marea blanca (Salud), aseguró que el deterioro de la sanidad continúa pese a pequeños éxitos como la interrupción de la privatización de varios hospitales en la capital española.

Por su parte Olga Maccario, de la marea verde (Educación) recordó que los recortes en el sector alcanza los 6.400 millones de euros desde 2011 y como consecuencia de despidió a 35.000 profesores.

A nombre de la marea roja (Ciencia), David García denunció que los criterios de rentabilidad aplicados al sector están propiciando precariedad en diversos centros y hoy nuevamente se habla en España de la fuga de cerebros.

Por la marea naranja (servicios sociales), Luis Rodríguez rebatió el desmantelamiento de programas como la atención a drogadictos y advirtió que no todos los temas pueden ser abordados con voluntarios y comedores sociales.

Educación plantea incluir inglés y competencias digitales en oposiciones

MADRID.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte plantea incluir exámenes de inglés y de competencias digitales en las oposiciones a profesor, según se desprende de la propuesta enviada por el departamento de José Ignacio Wert a los principales sindicatos del sector, con los que se reunirá el próximo 29 de abril para retomar las negociaciones del futuro Estatuto Docente.

   En el borrador Educación señala que "en la fase de oposición los aspirantes, salvo en las especialidades de idiomas modernos en los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria, y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, deberán realizar una prueba de idioma extranjero en la que se acredite un adecuado nivel de dominio de las destrezas orales y escritas en el idioma correspondiente".

   Esta propuesta, a juicio del coordinador de política educativa de STES, Augusto Serrano, "suena un poco rara" ya que, como ha puntualizado, "no se especifica el nivel". Además, ha lamentado que los futuros maestros se van a examinar de una materia --idiomas modernos, en alusión al inglés-- "que no se estudia en las carreras y que los alumnos tendrán que buscar por su cuenta". En la misma línea, ha indicado que, en caso de salir adelante esta propuesta, no entraría en vigor hasta el próximo curso.

   Otra de las novedades del texto indica que "en la fase de oposición, de acuerdo con lo que se establezca en la normativa básica de desarrollo, se deberá acreditar, mediante la realización de las correspondientes pruebas, la posesión de los conocimientos específicos propios de la especialidad docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente".

   Asimismo, según especifica, "la fase de oposición deberá permitir que se acredite por parte de todos los aspirantes una suficiente competencia digital, apropiada para la práctica docente".

   Educación también señala que, "en el caso de que el ingreso sea a los cuerpos de profesores técnicos de formación profesional y al de maestros de taller, podrá exigirse, además una experiencia profesional en un campo laboral relacionado con la materia o área de las especialidades a las que se aspire", una propuesta que, a juicio de Serrano, "aún tiene muchos flecos en el aire".

   El texto precisa que "para el ingreso en el Cuerpo de Maestros serán requisitos indispensables estar en posesión del título universitario de Grado en Educación Infantil o de Grado en Educación Primaria, y superar el correspondiente proceso selectivo".

   También se exige estar en posesión del título universitario de Grado y superar el correspondiente proceso selectivo para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

   Precisamente, esta semana el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, avanzó que va a plantear a Educación que considere la necesidad de ampliar el acceso a las pruebas de maestro a titulados universitarios que no hayan recibido formación de Magisterio, de manera que puedan ejercer como tales.

La Asociación de Fiscales pide más medios para las 'macrocausas' de corrupción en España

MADRID.- La Asociación de Fiscales (AF) aseguró este jueves que para investigar causas complejas sobre corrupción en España se necesita una ampliación de la plantilla de fiscales y mejorar los medios materiales necesarios para realizar y concluir la investigación.

El portavoz de la AF, Emilio Frías, valoraba así la intervención en la Comisión Constitucional del Congreso del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que alertó de la dificultad de investigar de forma adecuada los casos de corrupción debido a la falta de medios en los juzgados.

A este respecto, Frías señaló que, en general, en la Administración de justicia española, en la que se integra el Ministerio Fiscal, “carecemos de medios materiales y personales para realizar nuestra función ordinaria”. Por ello, “en el momento que aparecen macrocausas complejas los procedimientos se desbordan”.

En cuanto a la carencia de medios en la Fiscalía, el portavoz del AF dijo que se tiene que “ampliar la plantilla de fiscales” y apuntó que “si un fiscal está colapsado con su trabajo ordinario, en el momento que surge cuestiones extraordinarias su trabajo se resiente”.

Para Frías, se debe “adecuar la plantilla a la carga de trabajo” y al aparecer un caso extraordinario “tiene que haber un fiscal o fiscales con carácter exclusivo para atender el mismo” que “tenga a su disposición todos los medios materiales necesarios para acabar la investigación”.

 “No es posible que estos fiscales al mismo tiempo estén pensando en otra serie de procedimientos o asuntos”, concluyó.

La socióloga Saskia Sassen alerta del incremento de la pobreza al recibir su doctarado 'honoris causa' en Murcia

MURCIA.- La profesora de la universidad estadounidense de Columbia, Saskia Sassen, Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales 2013, ha alertado hoy sobre el incremento de la pobreza y del número de desplazados al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Murcia.

Sassen ha dicho que los desplazados a países pobres "viven hacinados en campos de refugiados oficiales y no oficiales, mientras que las minorías perseguidas en los países ricos se acumulan en las prisiones".

"A todo ello debemos añadir el fuerte incremento de la adquisición de tierras por compañías y agencias gubernamentales extranjeras, lo que crea adicionales desplazamientos masivos de pueblos enteros y de pequeños agricultores", ha agregado.

Para Sassen, "la relación del capitalismo avanzado con el tradicional está marcada por una dinámica depredadora, más que por la simple evolución, desarrollo o progreso"

El crecimiento de PIB español da esperanzas a los afectados por la crisis

MADRID.- La economía española creció 0,4% entre enero y marzo de 2014, lo que supone su mayor crecimiento intertrimestral desde 2008, según estimaciones oficiales publicadas este jueves por el Banco de España.

"El PIB aumentó un 0,4% en tasa intertrimestral (frente al 0,2% del período octubre-diciembre), lo que situaría por primera vez la tasa interanual también en terreno positivo (0,5%), tras nueve trimestres consecutivos de tasas interanuales negativas", afirmó el Banco de España en su último boletín económico mensual.

Las estimaciones del Banco de España suelen verse confirmadas por las cifras oficiales.

En términos intertrimestrales, la economía española no había vuelto a registrar un crecimiento tan alto desde los primeros tres meses de 2008 (+0,5%).

En ese año, España se vio doblemente golpeada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y el comienzo de la crisis financiera internacional, que la sumieron en una profunda crisis y dos recesiones consecutivas, de la última de las cuales salió en el tercer trimestre de 2013 al registrar un pequeño crecimiento del PIB del 0,1%, que subió al 0,2% en los tres últimos meses del pasado año.

Según el Banco de España, la estimación con información "todavía incompleta" publicada este jueves, es "coherente con las proyecciones macroeconómicas para los años 2014 y 2015" de la entidad, que en marzo pasado previó un crecimiento del PIB del 1,2% para 2014 y del 1,7% para 2015.

"De media, en 2014 y 2015, la economía española va a crecer en torno al 1,5%", había adelantado, por su parte, el miércoles el ministro de Economía Luis de Guindos durante un encuentro organizado por la Asociación Española de Periodistas Económicos, cuando el gobierno preveía hasta ahora un crecimiento del 1% en 2014 y del 1,5% en 2015.

"El objetivo es conseguir dos años de crecimiento consecutivo con creación de empleo neta y esto será la puerta de salida de la crisis de España", añadió el ministro.

"La economía española prolongó la trayectoria de paulatina recuperación de la actividad en un contexto en el que se produjeron un avance adicional en la normalización de los mercados financieros y la consolidación gradual de la mejoría del mercado laboral", se congratuló este jueves el Banco de España.

El banco central español explica este resultado positivo gracias a que la demanda nacional "se incrementó levemente en tasa intertrimestral (0,2 %), apoyada en un comportamiento de los componentes privados del gasto relativamente similar al del trimestre previo, caracterizado por avances en el consumo privado y la inversión empresarial".

Según el Banco de España, el consumo de los hogares, lastrado durante los últimos tiempos por el alto desempleo, "habría registrado en el primer trimestre del año un crecimiento intertrimestral del 0,3%, apoyado en la paulatina mejoría del empleo y en su efecto sobre la confianza y la renta disponible".

El ministerio de Trabajo anunció el 2 de abril una reducción del número de desempleados en marzo del 0,35% hasta situarse en los 4,796 millones de parados.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), que contabiliza las personas que buscan activamente un empleo, revisó a la baja este jueves la tasa de paro del último trimestre de 2013 del 26,03% al 25,73% tras variar su base de población.

Además, la economía española registró un "moderado repunte del consumo y de la inversión públicos tras el pronunciado descenso en los meses finales de 2013", según la misma fuente.

El Banco de España también apunta al aporte positivo de las exportaciones, aunque matiza que será "inferior" a la de los últimos tres meses del pasado año.

Interior dotará a las UIP españolas de 800 cascos y 300 escudos más duros, 350 chalecos nuevos y 800 espinilleras tras el 22M

MADRID.- El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los  Diputados una serie de medidas para mejorar la protección de los agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) españolas. Según ha dicho, el Ministerio del Interior va a adquirir de manera urgente 800 cascos y 300 escudos más duros, 350 chalecos de un modelo nuevo y, por primera vez, 800 pares de espinilleras.

  "Después de los incidentes que vivimos el pasado 22 de marzo, queremos subsanar determinadas deficiencias detectadas en el actual equipamiento policial que hacen a los agentes vulnerables frente a determinadas agresiones, lo que nos ha llevado a solicitar a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación por el procedimiento de emergencia de nuevos equipos adicionales", ha explicado Cosidó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

   Los 800 nuevos cascos "incorporan un revestimiento más resistente que el actual y una pantalla protectora de 4 milímetros que impide que los posibles impactos lleguen al rostro del funcionario". En cuanto a los escudos, en la actualidad las unidades de intervención disponen de escudos transparentes con faldón abatible.

   "Pero tras el estudio de la conveniencia de un nuevo escudo que mejore las prestaciones del actual se ha previsto la dotación de 300 nuevos modelos de conformación plana, con una plancha de policarbonato de 4 milímetros en vez del actual de 3 milímetros y de mayor longitud", ha dicho el director general.

   Por su parte, los nuevos chalecos "presentan avances como una acomodación de las dimensiones, cambio del cuello y también una nueva protección inguinal". Las espinilleras es la primera vez que se aplican a los antidisturbios y es que Cosidó ha recordado que buena parte de los policías heridos el pasado 22M fueron heridos en las piernas.

   Además, ha agregado que ya con anterioridad al 22M, para los años 2012 y 2013, se había iniciado un proceso de adquisición de 2.750 nuevas equipaciones por año, compuestas de prendas de uniformidad con características de impermeabilidad, retardantes al fuego, repelentes de ácidos y con alta resistencia al desgarro y a la abrasión.

   En los dos últimos años se han adquirido también 40 nuevos vehículos. Aunque ya estaba previsto con anterioridad, para este año se les va a dotar también de 55 nuevos cascos, 500 pantallas más resistentes, así como guantes anticorte y linternas.

   Cosidó ha adelantado además una serie de reformas para reorganizar las UIP "que las haga más operativas". Cada uno de los grupos pasará a estar formado por cuatro subgrupos -actualmente son tres- de modo que siempre estén disponibles para la actuación operativa un total de al menos 50 funcionarios por grupo.

   También se creará un grupo de intervención inmediata compuesto de dos subgrupos y jefe de grupo al frente de los mismos, con personal especialmente cualificado, dotados de vehículos que permitan su más rápida movilidad e intervención en los casos de graves disturbios o de situaciones de violencia en apoyo al resto de grupos.

   Cosidó ha lamentado que, "para actuar ante grupos violentos tan radicales, numerosos y en espacios urbanos abiertos, condiciona esa capacidad y la capacidad por subgrupos pierde su efectividad". Por ello ha anunciado que están "rediseñando los despliegues partiendo de un núcleo básico integrado por un mínimo de dos grupos operativos enlazados con el resto de los grupos intervinientes pero con movilidad de ambos grupos al unísono, especialmente cuando se intervenga ante situaciones de especial violencia".

   El tercer bloque de estas medidas para dar más apoyo a la UIP consiste en "mejorar y aumentar su seguridad jurídica". En este sentido ha anunciado la puesta en marcha, junto a la Abogacía del Estado, de iniciativas en nombre y representación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuando sean objeto de agresiones. Según ha dicho Cosidó, la Abogacía del Estado representará a los policías siempre que "hayan sido objeto, como consecuencia u ocasión del ejercicio de sus funciones, de alguna infracción".

Silva convierte su juicio en un espectáculo

MADRID.- El juez Elpidio José Silva ha convertido su juicio en un espectáculo, atípico en la historia de los tribunales. El acusado ha forcejeado dialécticamente con el tribunal una y otra vez con el apoyo de un grupo de preferentistas que comentaban en alto sus opiniones en la vista.

   Así han transcurrido las tres sesiones del juicio que estos días se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Silva por presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

   En contra de lo habitual, el procesado ha optado por sentarse junto a su abogado en lugar de en el banquillo de los acusados. Una vez ahí, ha interrumpido constantemente el desarrollo de la vista invocando sus conocimientos jurídicos para objetar todas las cuestiones que se iban sucediendo.

   Se ha quejado de que la secretaria judicial leía con "tono bajo y aséptico", que no se daban lectura a los autos que él mismo dictó, que las acusaciones intentaban manipular a los agentes de la Guardia Civil o que el abogado de Blesa actuaba como un "espía" y le faltaba el respeto llamándole "candidato delincuente" o "individuo".

 "¿Usted llama a Blesa individuo?", le ha preguntado.

   El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha pedido al abogado de Blesa retirar ese calificativo si es que ha ofendido al acusado. El letrado, Carlos Aguilar, defensor de Blesa, ha solicitado a su vez el amparo de los magistrados ante las interrupciones e invectivas que, a su juicio,  estaba dirigiendo el acusado.

   El juez Silva, procedente del tercer turno, ha pedido en varias ocasiones al presidente del tribunal que dejara de referirse a él como "letrado". 

"Soy acusado, magistrado y candidato al Parlamento Europeo", ha dicho.

   El juicio ha llegado a la insólita situación en la que el acusado acaparaba la atención con sus protestas en las intervenciones de los testigos y las otras partes e intentaba corregir al tribunal. Su abogado, Cándido Conde-Pumpido Varela, hablaba de su "excliente", reclamaba la presencia de "observadores internacionales" y exigía "dejar de dar este espectáculo". 

"Ya somos trending topic en Twitter, salimos en todas las cadenas", ha dicho.

   "Para estar indefenso, es el que más habla", ha exclamado el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, que con "paciencia franciscana", según ha dicho, contemplaba la atípica sesión. El fiscal Manuel Moix ha lamentado de que los únicos que guardan el respeto al tribunal son las acusaciones.

   La sesión de este miércoles ha terminado con los gritos de varios preferentistas del público durante la declaración de Blesa, la multa con 100 euros a uno de ellos y la petición de Silva de que se le permitiera retirarse para "llorar".

 "Llore aquí", le ha dicho el fiscal.

El fiscal general del Estado denuncia la falta en España de leyes contra la corrupción

MADRID.-El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha urgido  a tomar medidas para combatir la corrupción en España y para cambiar la opinión "extendida" de que la justicia "no trata igual al poderoso que al resto" y que hay un trato ideológico en función del acusado.

Así lo ha puesto de manifiesto Torres-Dulce durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, que acoge desde este miércoles las opiniones de expertos sobre las posible soluciones para atajar esta lacra.

El titular del Ministerio Público ha subrayado que la corrupción supone "un ataque demoledor" a los pilares del Estado de Derecho que, si no se combate con "contundencia", se corre el peligro de su "generalización" en la sociedad y de que la ciudadanía, "amparándose en una percepción generalizada" de estas prácticas, "justifique" la elusión de las normas "dando lugar, por ejemplo, al incremento de los fraudes tributarios o a la Seguridad Social".

Por ello, ha llamado a llevar a cabo una actuación "lo suficientemente decidida y enérgica" contra la corrupción porque, de lo contrario, se corre el riesgo, por un lado, de "incrementar una sensación de impunidad" que sirva para "extender" comportamientos "irregulares o corruptos" y, de otro, de que puedan "generalizarse" críticas "infundadas o sectarias" cuestionando "irresponsablemente" la labor de los servidores públicos que cumplen "honestamente" con su deber.

Torres-Dulce ha señalado que hay una opinión "extendida" entre la ciudadanía de que la justicia no trata de la misma forma al poderoso que al resto y que existe ideología en la respuesta judicial, y para sostener dicha consideración ha destacado la existencia de una legislación "manifiestamente insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía".

También ha constatado que se dan investigaciones que rebasan "toda una década", prescripciones que conducen al archivo de responsabilidades, absoluciones inesperadas, condenas que no llevan aparejadas la recuperación del dinero público o indultos.

A su juicio, "desmontar" este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en la Administración de Justicia porque, ha dicho, "no basta pensar que se equivoca quien así lo considera". Según ha defendido, es necesario "acreditar" que ese prejuicio no se corresponde con la realidad dando una respuesta "eficaz, seria y rigurosa" a la corrupción y demostrando "con hechos" un trato igual para todos.

En cuanto a la respuesta que está dando la justicia da los procedimientos por corrupción, el fiscal general ha recalcado la idea de una maquinaria "lenta pero que no se detiene" se ajusta "a la realidad".

"La imagen de la apisonadora que circula con lentitud pero que ningún elemento externo es capaz de hacer parar concuerda muy bien con la actuación de la Administración de Justicia en la mayor parte de los casos de corrupción", ha apuntado Torres-Dulce, quien ha recalcado que, pese a reconocer la lentitud de la respuesta judicial, no hay "impunidad" en las causas de corrupción "ni injerencias externas que acarreen el archivo de este tipo de procesos".

Entre otras propuestas para tratar de mejorar la lucha contra la corrupción en el ámbito estrictamente judicial, el fiscal ha destacado la necesidad de que se deje la instrucción en manos de los fiscales. De hecho, ha denunciado que "en España, las causas más complejas no las instruye el juez ni el fiscal, sino que vienen "precocinadas" por la labor de la Policía y la Agencia Tributaria y la "capacidad de filtraje crítico" de lo que llega al juzgado "es muy limitado".

Torres-Dulce ha explicado que hoy la instrucción "se ha erigido en principal, no en accesoria" y ha llamado a lograr que ésta sea "más sencilla, más ágil, más rápida" y que se ajuste a los fines para los que se destina. También ha alertado de que el "agujero negro" de la justicia es la ejecución de las sentencias. "Sin una sentencia rápida no hay Justicia, pero sin una sentencia ejecutable en sus propios términos cuanto antes estamos haciendo una burla al trabajo de los tribunales", ha apuntado.

Asimismo, ha abogado por modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como ya ha planteado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reforzar la percepción externa de independencia del la Fiscalía. En concreto, propone "limitar" los poderes del fiscal general del Estado y el "blindaje" de los fiscales que llevan asuntos de especial sensibilidad política y social.

Precariedad en los medios

Durante su intervención, el fiscal general ha llamado la atención una vez más sobre la "precariedad" en los medios materiales y humanos con la que trabajan las fiscalías provinciales, donde se ventilan el 80 por ciento de las causas, lo que hace que afrontarlas se convierta en una tarea "titánica" y en muchos casos "destinada al fracaso".

De ahí que Torres-Dulce haya apostado por organizar los medios disponibles para conseguir un fiscal "impulsor" de la acción de la justicia, sobre todo para causas "complejas y gran trascendencia" evitando así que estos procedimientos se perpetúen en el tiempo.

En este punto, el fiscal ha avanzado que creará "en los próximos meses" secciones de investigación en todas aquellas fiscalías en las que estadísticamente se ha detectado un porcentaje de procesos penales que requieren una atención "más exigente y más dinámica" de estas causas, todo ello sin alterar las funciones de las fiscalías especializadas.

Además, ha avanzado que la Fiscalía General hará una circular antes de final de año para que en aquellos delitos en los que exista una percepción pública de disposición de fondos públicos o de corrupción pública o privada, la actuación del Ministerio Fiscal sea "extraordinariamente restrictiva respecto a las conformidades", como se conoce a los acuerdos con los acusados.

Cayo Lara (IU) se pregunta si los bancos van a devolver los rescates

VALLADOLID.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, se ha preguntado este miércoles si los bancos y cajas españolas, que según se ha conocido cerraron 2013 con 7.200 millones de euros de beneficios, empezarán a devolver con ellos la ayuda que recibieron para sus rescates, que fueron "financiados por todos los ciudadanos".

    Cayo Lara ha aseverado que "hoy no sería descabellado hablar de que en España la injusticia y la desigualdad campan por ancho".

   Lara ha recordado la información que señala que la banca española concluyó 2013 con unos 7.200 millones de euros de beneficios, por lo que se ha preguntado "si va a empezar el ciclo" de "devolver al Estado y a los ciudadanos" las ayudas que recibieron para sus rescates causados por "las políticas especulativas".

   Asimismo, ha citado la "injusticia" y la "sorpresa" que supone en su opinión que este miércoles se siente "en el banquillo" un juez, en referencia al magistrado Elpidio José Silva "acusado por un presunto delincuente" como el expresidente de Bankia, Miguel Blesa. "Vamos a pelear por que sea la justicia la que juzgue primero y no que esté actuando un presunto delincuente como acusador de un juez "que le metió en la cárcel".

   Así, ha abogado porque la justicia determine primero si el juez Silva "instruyó mal o instruyó bien, o se equivocó" con el expediente que llevó a la cárcel al exdirigente de Bankia.

   Minutos después, Lara se ha desplazado hasta el monolito instalado en la Plaza Mayor de Villalar en recuerdo de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado, donde, ante varios centenares de personas, ha defendido la lucha que plantea Izquierda Unida contra el "bipartidismo", que prefiere "ponerse a las ordenes de la troika" en Europa.

El tribunal vuelve a impedir un nuevo intento de Silva por bloquear su juicio

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a parar hoy un nuevo intento del juez Elpidio José Silva de bloquear su juicio, cuyo abogado ha insistido en renunciar y pedir que se abstenga una de las magistradas que le juzgan, al considerar que su conducta es un "fraude de ley de libro".

La sesión de hoy ha comenzado con el alegato del letrado Cándido Conde-Pumpido para tratar de forzar al tribunal a aceptar la renuncia que presentó a última hora del lunes y con ello lograr posponer el juicio para después de las elecciones europeas, a la que su cliente concurrirá al frente de Movimiento Red.

Dado que el presidente de la sala, Arturo Beltrán, ha frenado nuevamente esta intención, Conde-Pumpido ha anunciado que pedía la abstención a una de las magistradas del tribunal, María Tardón, ya que ha leído en la prensa que fue consejera de la Asamblea de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa.

Tras cinco minutos de receso, la magistrada ha explicado que este hecho es "público y notorio" pero que ella abandonó el cargo en abril de 2005, por lo que nunca ha tenido "relación directa ni indirecta" con la causa en la que Silva investigaba un préstamo concedido en 2008 a Marsans de 26,6 millones de euros, ni con esta.

Además, ha dicho que no tuvo ninguna relación con Blesa y que, por tanto, no iba abstenerse porque con ello también "podría incurrir en una falta disciplinaria por dilaciones indebidas".

Previamente, el defensor había resaltado que se han producido "desaveniencias graves" que no le permiten ejercitar la "defensa real" y que permanecer vulnera este derecho constitucional y su "dignidad" profesional.

Sin embargo, el presidente de la Sala le ha aclarado que lo ocurrido hasta ahora "demuestra que el tribunal tenía razón", y es que pretendían desde el principio anular el juicio, bien en las cuestiones previas "o por cualquier otro medio".

De hecho, ha recordado que cuando renunció el pasado lunes, Silva llegó a elogiar la labor de su defensor y que entendía que renunciara.

Al día siguiente, ha relatado Beltrán, volvieron a insistir en su planteamiento pero, ante una nueva negativa, requirieron un receso para preparar el interrogatorio al acusado porque solo estaban "preparados para una sola solución posible", la de la anulación, y no contaban con que la vista siguiera adelante.

"Su pensamiento de que no se siente defendido no tiene efectos procesales", ha dicho Beltrán a Silva para precisar a su abogado: "la decisión del tribunal sí tiene efectos procesales y usted tiene que defender".

"Es un fraude de ley de libro", ha zanjado.

Además, ha recalcado que no hubo ninguna intención de amenazar al letrado cuando ayer le apercibió de que su conducta podría ser constitutiva de dos faltas disciplinarias y de un delito penal.

Por último, ha ironizado con la acusación que le ha lanzado Silva sobre que el tribunal ya tiene preparada la sentencia: "Es una cosa que no se puede pensar siquiera pero no hacemos caso, no nos enfadamos, no nos ofendemos; nos va en la paga, también nos pagan para aguantar esas impertinencias. Pero tenemos el deber de la tutela judicial efectiva".

Las palabras del presidente de la sala han provocado nuevamente la reacción de un miembro del público, que han comenzado a proferir gritos contra Miguel Blesa, que acudió temprano al tribunal, donde hoy está previsto que declare como testigo.

Por ello, el magistrado ha ordenado su expulsión mientras advertía al resto de que debían guardar las formas.

"Más numeritos de plató no", ha sentenciado.

Nace ‘Filtrala’, el portal de los documentos secretos

MADRID.- La asociación Associated Whistle-Blowing Press (AWP) ha lanzado un portal (www.filtrala.org) dedicado a la filtración de documentos (secretos o no), similar al proyecto Wikileaks, pero enfocado a España. Parte del grupo promotor –entre los que hay hackers, periodistas y miembros de movimientos sociales– trabajó antes en el equipo de Julian Assange, radicado en Islandia. “Ahora queremos desarrollar nuestra experiencia en España, donde hay unos niveles altísimos de corrupción sistémica”, explican.

Entre los avales que presentan los impulsores del portal figura Hervé Falciani, miembro de la Comisión Anticorrupción de la Red Ciudadana Partido X. Después de abandonar su empleo en la filial suiza del banco HSBC, donde trabajó ocho años, Falciani empezó a colaborar en 2009 con la Justicia de varios países, al filtrar datos bancarios de cerca de 130.000 evasores fiscales.

Otra de las experiencias previas (aunque éste no forma parte de Filtrala) es la de Edward Snowden, quien en mayo 2013 reveló la colaboración existente entre gobiernos y empresas destapando el “estado de vigilancia” con sus filtraciones. Siguiendo esta línea, Filtrala pone a disposición de la sociedad “un mecanismo ciudadano para luchar contra la corrupción y el abuso, con el único deseo de que se consiga una muy necesitada regeneración social, que debe estar basada necesariamente en la justicia y en la transparencia”, explica el colectivo a través de su carta de presentación.

En España, La Marea y otros tres medios de comunicación (Diagonal, eldiario.es y Mongolia) formarán un equipo de investigación para contrastar y verificar las filtraciones y denuncias ciudadanas.

El diseño del proyecto arrancó hace un año. Durante este tiempo, sus integrantes han creado un sistema que blinda a la persona que filtra documentos que considera importantes para la sociedad. El anonimato está garantizado y la asociación se compromete a no dar, “bajo ningún concepto”, datos a terceros. El proceso no requiere de conocimientos previos de informática y “está pensado para ser seguro a la vez que simple”, explican.

¿Cómo se hacen públicos documentos a través de Filtrala? El primer paso es instalar el navegador anónimo Tor, siguiendo las instrucciones de www.filtrala.org. Después de que el ciudadano envíe los documentos, el equipo los investiga y publica a través de www.awp.is.

Además de Tor, la plataforma utiliza –por cuestiones de seguridad– los cifrados GPG (de grado militar), AES y OpenSSL y el sistema operativo incógnito Tails, que no dejan rastro de la navegación en el ordenador del filtrador ni en los servidores propios. Todo el historial se borra de forma automática durante la navegación. Además, el equipo de AWP limpiará todos los metadatos de los documentos filtrados para que ningún servicio informático pueda saber de dónde proceden.

AWP solo aceptará y publicará materiales censurados o secretos de naturaleza política, científica, institucional, oficial, diplomática o de relevancia histórica. Por lo tanto, rumores, opiniones o material escrito en primera persona, que estén disponibles públicamente en otro espacio, no serán considerados.

La elección de Bélgica como sede para la asociación no es casual. “Estudiamos todas las legislaciones de la UE y la ley de prensa belga es la que nos garantizaba más protección”, añaden desde la asociación.

El objetivo de Filtrala, defiende uno de sus portavoces, “no es sólo destapar noticias, sino lograr cambios en las leyes a través de un trabajo en equipo”. De hecho, tras la publicación de las informaciones, un equipo de abogados y organizaciones civiles estudiará posibles acciones legales, en caso de que fuesen necesarias.

El TSJM ordena continuar el juicio contra Silva, apercibe a su abogado y ve en su renuncia un posible delito

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado continuar el juicio que se sigue contra el juez Elpidio José Silva por el 'caso Blesa' y ha apercibido a su abogado, Cándido Conde-Pumpido Varela, por su "injustificada" renuncia, que incurre en una falta disciplinaria y puede llegar a ser un delito de deslealtad profesional con pena de inhabilitación.

   Los magistrados Arturo Beltrán, María Tardón y Eduardo Urbano han entendido que "subyace" en esa renuncia la intención de retrasar la vista, por lo que han apercibido al abogado y han añadido que su conducta puede incurrir en una infracción disciplinaria sancionable con una multa "equiparable a la más alta de las previstas para las faltas". Y puede tener "responsabilidad disciplinaria" ante su propio Colegio de Abogados e incluso en un delito del 467.2 del Código Penal.

   El fiscal Manuel Moix ha destacado que su conducta puede tener encaje en el artículo 467.2 del Código Penal, que castiga al abogado que "por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años".

   El abogado defensor ha dicho sentirse "coaccionado" por este "ataque completamente inaceptable a su libertad y la amenaza de acciones legales" y ha conminado a escuchar el parecer de su cliente para saber si sigue contando con su confianza.

   "La última palabra la tiene este tribunal, no Silva. Usted no suspende el juicio, el juicio se suspende de acuerdo a las normas", ha espetado el presidente del tribunal, el magistrado Arturo Beltrán, ante las interrupciones del acusado.

   Pese a ello, el cabeza de lista del Movimiento Red para las europeas ha tenido tiempo de decir que no se siente representado por su letrado. "Le apercibo de que se calle. Es irrelevante su voluntad, es fraudulenta", ha proseguido el magistrado, tras recordar que el acusado no puede  dirigir el desarrollo del juicio.

   Acto seguido, Conde-Pumpido ha pedido un receso porque no había tenido tiempo para preparar la defensa del día de hoy. El fiscal, apoyado por las acusaciones, han manifestado que no se oponen al descanso siempre que sirva para asesorar a su representado y no para ofrecer una "rueda de prensa".

   El presidente del tribunal ha pedido "cuidar las formas porque no es un teatro" y ha dado 45 minutos de descanso, eso sí, dentro de la Sala. Los magistrados han tomado esta decisión después de que Silva pidiera en la primera sesión del juicio un descanso y lo aprovechara para hacer declaraciones a los medios de comunicación.

   La segunda sesión del juicio ha comenzado este martes con la negativa del tribunal a aceptar la renuncia que planteó a última hora del lunes Conde-Pumpido en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que obliga a no acoger las fraudulentas, las realizadas de mala fe y las que no están objetiva y plenamente justificadas.

   "El tribunal no sabe las expectativas que  tenía el abogado pero sabe una cosa, que un altísimo porcentaje de sus cuestiones previas han sido rechazadas. Un porcentaje superior al 99 por ciento. Así que, o no eran razonables esas expectativas o no existieron como tales sino como mera posibilidad remota", ha afirmado Beltrán sobre el argumento esgrimido por la defensa, que dijo que renunciaba porque no había cumplido sus expectativas.

   Al inicio de la vista, el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha destacado que el fuero no es renunciable y el único tribunal competente para juzgar a togados es el Tribunal Superior. "Nos parece imposible declinar una jurisdicción que tenemos", ha remachado.

   Se ha mostrado dispuesto a dar lectura de correos electrónicos corporativos del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa siempre que sean concretos y estén relacionados con los hechos investigados. Asimismo, ha indicado que la conformación del tribunal "fue una gran preocupación" pero finalmente se ha logrado uno con magistrados que no han intervenido en fase de instrucción, al tiempo que ha rechazado la personación de la compañía aseguradora Zurich, encargada de afrontar la responsabilidad civil en algunos casos de los jueces.

   El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.

Las rebajas salariales alargan el camino de la recuperación de España

MADRID.- La reforma laboral, que dio a las empresas más flexibilidad para recortar los salarios y cambiar las condiciones contractuales de los trabajadores, ha ayudado a España a alejarse de una situación cercana al impago hace dos años, reactivando el crecimiento de las exportaciones al permitir que las empresas bajen sus precios. 

Pero el cambio en la normativa laboral, promovido por la Unión Europea en el marco de los cambios económicos exigidos a los países más endeudados de la zona euro, también ha transformado la sociedad española, con consecuencias a largo plazo que podrían minar la recuperación.
Los trabajadores con salarios bajos y contratos temporales se han llevado la peor parte de los recortes salariales, creando una nueva subclase de españoles que sufrirán el resto de su vida por encontrar un empleo estable.
Según el Fondo Monetario Internacional, la desigualdad salarial creció más rápidamente en España que en cualquier otro país de la UE de 2007 a 2012, una brecha que ha incrementado las tensiones sociales en el país.
Una encuesta reciente indicó que el respaldo a los dos principales partidos políticos de España caería drásticamente en las próximas elecciones europeas, a menudo utilizadas para los votos de castigo, a favor de grupos mucho más pequeños, debido en gran parte a su gestión de la crisis económica.
Con la caída de la confianza del electorado en las principales fuerzas políticas del país, el Partido Popular podría perder su mayoría absoluta parlamentaria en las elecciones generales del próximo año, haciendo más difícil aprobar reformas aún vitales en un parlamento dividido.A pesar de las claras señales de recuperación, con un PIB que se prevé que crezca alrededor de un 1 por ciento este año tras haberse contraído alrededor de un 7 por ciento desde que comenzó la crisis, es probable que el camino de España hacia la prosperidad a largo plazo sea empinado, según economistas.
Aunque las exportaciones han crecido hasta suponer un tercio del PIB total de España, frente al 20 por ciento de hace cinco años, la situación económica del país depende en gran medida del gasto de los hogares, que se ha reducido en el mismo periodo.
Eso significa que España tendrá dificultades para seguir los pasos de Alemania, cuyas reformas laborales de la década de 1990 transformaron al país en una potencia económica impulsada por las exportaciones de productos de gama alta en lugar de por el consumo interno.
Los economistas también cuestionan si los artículos básicos y más baratos que han impulsado el sector exportador de España pueden competir a largo plazo con productos rivales en países incluso con menores costes como Turquía o Marruecos.
"La salida para España va a ser dolorosa y, en general a corto plazo, España va a ser un país más pobre", dice Santiago Carbó Valverde, economista de la Universidad de Bangor, en Gales.
El gasto de los hogares, un pilar importante para una economía orientada a los servicios como España, se ha reducido en más de un 11 por ciento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace seis años. Aunque la velocidad de la contracción se está moderando, salarios mucho más bajos suponen que el regreso al crecimiento sostenible podría llevar años.
Tratar de mejorar la competitividad mediante la reducción de la masa salarial es contraproducente en España, dijo Klaus Armingeon, politólogo de la Universidad de Berna en Suiza.
"Reducir los salarios afecta al consumo doméstico, lo que afecta al crecimiento. Un crecimiento más bajo obligará al Gobierno a aprobar más medidas de austeridad para cumplir los objetivos fiscales, creando un círculo vicioso".
 El colapso del sector del ladrillo en 2007 y 2008 después de una década de burbuja inmobiliaria metió al país en una espiral descendente. Hogares y empresas quedaron profundamente endeudados; el Estado se vio privado de lucrativos impuestos inmobiliarios y las empresas despidieron trabajadores en masa.
Casi una tercera parte de todos los parados de los 17 países de la zona euro están en España. La preocupación por el déficit público y la banca de la cuarta mayor economía del bloque llegó a amenazar la estabilidad de toda la moneda única.
Empujado por sus socios internacionales, España emprendió reformas estructurales. Tanto el actual Gobierno conservador como el anterior de centroizquierda aprobaron cambios encaminados a crear más empleo, en parte haciendo más fácil y barato para las empresas con dificultades para sustituir a trabajadores.
El número de personas con salarios bajos y contratos a corto plazo se ha disparado. A finales del año pasado, el 16,3 por ciento de los trabajadores tenían empleos a tiempo parcial, desde el 11,1 por ciento de mediados de 2007.
Teresa Cavero, analista de la agencia de ayuda internacional Oxfam en España, dice que la consecuencia ha sido un incremento en el número de los trabajadores en riesgo de pobreza.
"Hay gente que sí encuentra trabajo, pero son empleos tan precarios, que no puede salir de la pobreza", dijo. El porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza saltó casi un 18 por ciento de 2007 a 2012, según el Instituto Nacional de Estadística.
"Hay que garantizar empleo, sí, pero no a cualquier coste", dijo Cavero.
 Con unos seis millones de personas sin trabajo, los españoles se agarran a cualquier oportunidad de empleo.

La Policía descarta a Resistencia Galega en los disturbios del 22M

MADRID.- Los informes elaborados por la Policía Nacional en relación con los incidentes violentos entre radicales y policías en las calles de Madrid al término de las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo descartan la presencia de integrantes del grupo terrorista Resistencia Galega, según han informado hoy fuentes de la investigación.

   En estos informes, que ya obran en poder de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se señala como responsables de los disturbios en los que resultaron heridas un centenar de personas (entre ellas 67 policías) a grupos de carácter anarquista insurrecionalista (AI) que actúan de forma organizada. El insurreccionalismo aboga por pasar de la teoría a los hechos y llevar a cabo acciones directas violentas.

   Según estas fuentes, estos grupúsculos detectados en el 22M por los expertos de la Policía en este tipo de movimientos radicales guardan un perfil similar con el Comando Insurreccionalista Mateo Morral, desarticulado el año pasado después de que sus integrantes colocasen un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza.

   Estas y otras cuestiones son las que explicará mañana miércoles desde las 11.00 horas en el Congreso de los Diputados el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. No obstante, la Comisión de Interior de la Cámara Baja también abordará los fallos cometidos por el despliegue policial durante los incidentes violentos.

   De hecho, el director general de la Policía anunció su intención de comparecer ante esta comisión de manera voluntaria, pero una vez finalizada la investigación interna abierta por su Departamento. La Policía finalizó sus pesquisas el pasado jueves 10 de abril.

   Pocos días después del 22M, el 'número dos' de la Policía, el director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, en su única reunión con los sindicatos policiales para abordar esta cuestión, se comprometió a depurar responsabilidades en el Cuerpo si se acreditaban fallos en el operativo. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció sólo un día después la existencia de esos errores por lo que es probable que se produzcan ceses en la Policía en los próximos días.

   Los agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y los sindicatos que les representan no contemplan otra resolución que no pase por la destitución de alguno de los responsables de esta unidad. Señalan directamente al jefe de la UIP de Madrid, el inspector jefe Francisco Javier Virsea --con poca experiencia en el puesto-- y al responsable de las unidades a nivel nacional, José María Ruiz Igusquiza.

   Denuncian mala planificación, falta de coordinación y la tardanza en dar la orden de ayudar a policías agredidos por manifestantes. Estas críticas también alcanzan al propio Comisario General de Seguridad Ciudadana Florentino Villabona. Nada más comparecer en el Congreso, Cosidó se reunirá también con los sindicatos policiales.

   El portavoz del PSOE en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, ha recordado la responsabilidad del propio Cosidó ya que "fue él quien eligió a estos responsables policiales de las UIP".

 "Fue una planificación desastrosa que provocó el peor operativo que se recuerda", ha añadido Trevín, quien ha destacado que ya en los días previos la Policía contaba con información suficiente para conocer el peligro que se avecinaba.

   Por su parte, el portavoz de IU, Ricardo Sixto, asegura que no tienen muchas esperanzas en que las explicaciones del director general de la Policía ayuden a conocer lo que sucedió y apunta a "la responsabilidad clarísima" de Igusquiza en lo que ha calificado como una "falta de previsión". Cree que su "incapacidad" puso "en peligro" a los policías y reprocha la orden dada a los antidisturbios de cargar antes de que finalizase la manifestación.    

    Desde la Policía han defendido estas últimas semanas que no se falló en la prevención dado que contaban con información previa de la afluencia de personas radicales que se iban a congregar en Madrid y que por ello establecieron un despliegue sin precedentes en la capital. No obstante, existe la conciencia general de que el grupo que quedó aislado en Recoletos permaneció demasiado tiempo sin recibir refuerzos pese a que esos grupos cuentan con material de autodefensa.

Los sherpas nepaleses renunciaron a la temporada de escalada en el Everest

KATMANDÚ.- Los guías nepaleses anunciaron este martes que habían decidido abandonar el campamento base del Everest y poner fin a la temporada en homenaje a sus colegas muertos el viernes pasado en un alud.

“Mantuvimos una larga reunión esta tarde y hemos decidido no escalar más este año en homenaje a nuestros hermanos. La decisión de los sherpas es unánime”, dijo uno de ellos, Tulsi Gurung.

Otro sherpa y un alpinista estadounidense presente en el campamento base confirmaron la información, cuatro días después de la muerte de 13 guías en un alud.

“Algunos guías ya se han ido y otros se quedarán aquí durante aproximadamente una semana, el tiempo de empaquetar todo y marcharse“, afirmó Gurung, cuyo hermano forma parte de las víctimas.

Trece sherpas murieron en un alud el viernes y los cuerpos de otros tres siguen sepultados bajo la nieve tras el accidente, el más mortífero registrado en esta montaña.

“Dieciséis personas murieron en esta montaña el primer día del ascenso. ¿Cómo la vamos a escalar?”, comentaba otro sherpa, Pasang Sherpa.

Esta decisión parece anticipar el desenlace de las negociaciones entre los sherpas y el gobierno nepalés.

Los guías nepaleses amenazaron con poner fin a la temporada si el gobierno no satisfacía antes del lunes sus reivindicaciones, en particular la mejora de la ayuda financiera para las familias de las víctimas y de la cobertura de seguros.

Varios alpinistas occidentales abandonaron el campamento base el martes por la tarde rumbo a Katmandú con el objetivo de intentar ayudar a resolver la crisis.

“Decidieron que la indemnización no es el único tema, estimaron que incluso se debería cerrar el Everest este año en recuerdo de los muertos”, dijo Ed Marzec, un alpinista estadounidense en el campamento base.

Los sherpas ganan entre 3.000 y 6.000 dólares por temporada pero están mal cubiertos por el seguro.

Más de 300 personas, sobre todo sherpas, han muerto en esta montaña desde el primer ascenso en 1953.

El PP frena por cuarta vez una comisión de investigación sobre el 'caso Bárcenas'

MADRID.- No habrá comisión de investigación en el Parlamento sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Es más, no habrá debate en el pleno del Congreso sobre la idoneidad o no de crearla. El partido gubernamental ha frenado hoy en la Junta de Portavoces, por cuarta vez en lo que va de legislatura, una proposición del PSOE en la que reclama someter al examen político de la cámara baja el 'caso Bárcenas'. 

La portavoz del primer partido de la oposición, Soraya Rodríguez, ha tildado de "inoportuna" la negativa del PP tras la publicación de los datos del último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Polícía Nacional en la que se vinculan las donaciones opacas de empresas constructoras mencionadas en la supuesta contabilidad B del PP con campañas electorales.

Los socialistas volvieron a la carga ya después de que el extesorero del PP, ahora encarcelado, declarara ante el juez Pablo Ruz, hace poco más de diez días, que su antiguo partido tenía cajas en negro en "todas las provincias y regiones". Concediendo a ese testimonio toda credibilidad, el PSOE anunció su intenticón de reactivar todas las vías de denuncia y control en su mano: volvió a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció nuevas diligencias en la vía judicial y planteó la creación de comisiones de investigación en todos los Parlamentos autonómicos y el Congreso.

El recorrido de esta última opción, en todo caso, se ha demostrado corto, como ya era de prever. El PP ya había impedido en otras ocasiones, la última el pasado septiembre, incluir en el orden del día del pleno parlamentario este debate. Del mismo modo que se han bloqueado con su mayoría absoluta en otras tantas ocasiones la reclamación aún más amplia de la Izquierda Plural, que no desea limitarse a la financiación del PP sino a la de los partidos políticos en su conjunto.

En todo caso, no solo lo relacionado con el caso Bárcenas cayó en saco roto durante la reunión de la Junta de Portavoces ccelebrada esta mañana. El Grupo Popular también ha rechazado que se lleve al hemiciclo la creación de una comisión de investigación solicitada por IU sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. E incluso la solicitada por PNV y CiU sobre la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá.