MADRID.- La política social española hace agua. O expresado en términos más precisos.
“Más de 12,5 millones de personas”, recuerda la Comisión Europea, “se
hallaban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2013”. Además, sostiene Bruselas, España figura entre los países de la UE que “mayores desigualdades” en materia de ingresos registraron en 2014 y la brecha de la pobreza “ha aumentado considerablemente” desde 2007.
Bruselas
pone números y caras a este análisis. Recuerda que los niños y los
jóvenes son los grupos “más afectados” por la pobreza, así como las
familias monoparentales,
que presentan también un riesgo elevado. De hecho, el número de
personas que sufren privaciones materiales graves ha aumentado a un 6,2%
en 2013, frente a un 5,8% un año antes, (+154.000). Su conclusión no
deja lugar a dudas: la situación de grupos específicos, tradicionalmente
más afectados por la pobreza y la exclusión social (los inmigrantes, la
población romaní y las personas discapacitadas), “ha empeorado
significativamente durante la crisis”, sostiene.
a política social hace agua. O expresado en términos más precisos.
“Más de 12,5 millones de personas”, recuerda la Comisión Europea, “se
hallaban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2013”. Además, sostiene Bruselas, España figura entre los países de la UE que “mayores desigualdades” en materia de ingresos registraron en 2014 y la brecha de la pobreza “ha aumentado considerablemente” desde 2007.
El análisis
fue publicado
la semana pasada en el marco del examen sobre la corrección de los
desequilibrios macroeconómicos, y lo relevante es que se trata del
primer informe con cierto nivel de detalle sobre las consecuencias de la crisis en términos sociales. Para ello se utiliza el
llamado
indicador AROPE [ver gráfico], que mide la evolución de la pobreza y el
riesgo de exclusión social. Dicho indicador combina factores de renta
(pobreza relativa), privación material severa y baja intensidad del empleo.
El análisis parte de una idea: España, sostienen los funcionarios de la Comisión Europea, “ha avanzado poco
en la mejora de la situación de los hogares de bajos ingresos con
niños, pese a algunas iniciativas modestas”. Y no sólo eso. El sistema
de protección social sigue teniendo dificultades en términos de
cobertura y de eficiencia y se aprecia que sus efectos redistributivos entre los diferentes grupos de renta son limitados.
Debido al persistente desempleo, el número de hogares que carecen de
ingresos alcanzó la cifra de 740.500 en el segundo trimestre de 2014
(casi el doble que en 2008).
Para la Comisión Europea, se observa
“alguna mejora” debido a las nuevas condiciones económicas, pero los
efectos de la protección social en la reducción de la pobreza, en
particular de la pobreza infantil, “siguen siendo escasos en España” (27,6%, frente al 41,3% para el conjunto de la UE en 2013).
En
España, el gasto medio por niño aumenta paralelamente a las rentas
familiares. Esta distribución es la que no le gusta a la Comisión
Europea, hasta el punto de que la califica de “regresiva”, toda
vez que las medidas “se han centrado en los neonatos y los niños de
corta edad, que tienden a estar sobrerrepresentados en los quintiles de
rentas más altas”. Es decir, que en lugar de beneficiar a quienes más lo
necesitan, favorece a los más ricos. Es más, dicen los autores del
informe sobre España, “la educación y los cuidados infantiles en edades
tempranas se ven aún obstaculizados por el coste y la disponibilidad de los mismos”.
No sólo es un problema de falta de recursos. La Comisión Europea entiende que la estructura territorial
de España no favorece la articulación de la política social. Y en
concreto recuerda que las competencias sobre ayudas y prestaciones se
distribuyen entre instituciones y niveles de Administración muy
diversos, lo que provoca deficiencias.
“Faltan
criterios unificadores y una base de datos nacional”, asegura. Su
conclusión es que en el caso de los regímenes de rentas mínimas
autonómicos, la diversidad de sistemas y criterios de admisión, y las
dificultades para la transferencia de derechos entre los sistemas
autonómicos “pueden afectar negativamente tanto a los incentivos para
aceptar trabajos como a la movilidad laboral”.
Estas deficiencias tienen que ver con la escasa coordinación entre
los servicios públicos de empleo y los servicios sociales, y de ahí que
hable de “pocos progresos” para adaptar las políticas activas del mercado laboral a las personas en riesgo.
El documento es posterior a la firma del
acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal que supone la creación de una nueva prestación para los colectivos más vulnerables.
Pero la Comisión Europea duda de su eficacia. Y en concreto, considera
que aunque los 426 euros son “muy necesarios”, este nuevo programa
“viene a añadir”, sostiene, “un nuevo nivel al actual sistema de
regímenes de apoyo a las rentas, ya muy fragmentado, y reduce, por tanto, la eficacia del sistema de protección social”.
Por último, Bruselas critica al Gobierno español porque “se ha avanzado poco” en la mejora de la situación de los hogares de bajos ingresos con niños,
pese a algunas iniciativas modestas. Y en concreto, cita que en los
Presupuestos de 2014 se incluyó una asignación especial de apenas 17
millones de euros destinada a paliar las privaciones materiales graves
de familias con niños en situación de dependencia, entre ellas las familias gitanas.
Como colofón, sostiene que la reciente reforma fiscal apenas ha servido para luchar contra las situaciones de extrema necesidad.
Según sus palabras, los cambios en el IRPF “no conforman un marco
global que permita hacer frente a los elevados y persistentes niveles de
pobreza infantil”, se escribe en
www.elconfidencial.com
