JERUSALÉN.- Israel estudia promulgar una normativa que permita la imposición de la ley de emergencia en protestas masivas y desórdenes públicos, en vistas a la reacción popular que pueda seguir a la declaración de independencia de un Estado palestino, según ha confirmado este domingo el Ministerio de Seguridad Pública israelí.
Este plan, que recortaría los derechos de individuos detenidos o bajo arresto y de personas imputadas en procesos criminales ajenos a posibles disturbios, ha sido criticado por varios sectores sociales y del Ministerio de Justicia israelí.
Esta normativa "es un verdadero ejemplo de las probabilidades de que los derechos fundamentales sean gravemente dañados mediante la aprobación de medidas draconianas", ha manifestado el asesor legal de la Asociación de Derechos Civiles de Israel, Dan Yakir.
El Ministerio de Seguridad Pública advirtió este sábado de que, ante las posibles manifestaciones que puedan celebrarse este mes, las autoridades están sopesando regular algunos aspectos de la ley de emergencia con el fin de dar a las fuerzas de seguridad las competencias necesarias para garantizar el orden público.
De acuerdo con el documento distribuido por esta instancia ministerial, la Policía estará autorizada a detener a cualquier sospechoso hasta un total de nueve horas, en lugar de las tres máximas estipuladas en la ley actualmente. El Ministerio alega que este es el tiempo suficiente para que la Policía investigue el rol desempeñado por el sospechoso en los desórdenes, teniendo en cuenta que habrá un gran número de individuos retenidos.
Otras de las interpretaciones que ha realizado Justicia de esta propuesta es la construcción de áreas de detención amplias y aisladas donde la Policía pueda evaluar el estatus del sospechoso, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.
Asimismo, las fuerzas de seguridad podrán hacer uso de la fuerza contra los arrestados y retenidos y el periodo máximo de detención preventiva antes de comparecer ante un juez aumentaría de 24 a 48 horas. Este mismo marco temporal también será aplicable a los menores de edad sospechosos de haber secundado alguna protesta, aunque el plazo actual está cifrado en las siguientes doce horas a la detención.
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