MADRID.- La Audiencia Nacional española ha archivado la causa
abierta contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios
miembros de su familia por presuntos delitos contra la Hacienda Pública
y falsedad documental en el caso de las cuentas suizas del HSBC al
aceptar la regularización practicada, según el auto dictado este martes
22 de mayo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la
Audiencia Nacional, Fernando Andreu, concluye que "la regularización
practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y
anterior a que la Agencia Tributaria incoara un procedimiento de
inspección y verificación".
El juez exime de cualquier responsabilidad penal al presidente
de la entidad cántabra y a cinco de sus hijos, así como a su hermano
Jaime Botín y a sus respectivos cinco hijos, aplicando el artículo 305.4
del Código Penal, que permite las regularizaciones fiscales antes de la
comunicación al contribuyente de la apertura de un expediente por parte
del fisco.
Contra el auto cabe recurso de apelación ante la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional y en él figuran los cerca de 90 millones
de euros pagados por Jaime Botín, empresario y principal accionista de
Bankinter con el 24% del capital, y sus cinco hijos. Sin embargo, no se
aportan las cantidades pagadas por Emilio Botín y sus hijos.
Según informaron fuentes de la entidad, los doce miembros de
la familia Botín presentaron 72 declaraciones del IRPF y del Impuesto
sobre Patrimonio de entre 2005 y 2009 por los activos de la herencia
familiar en Suiza, lo que les llevó a pagar a Hacienda unos 200 millones
de euros, incluidos los recargos.
Andreu explica en su resolución que el sobreseimiento de la
causa se produce porque al regularizar su situación fiscal de forma
"voluntaria" los imputados quedan "exentos de la responsabilidad
criminal", una decisión que es "ajena al contenido injusto y,
probablemente también, de culpabilidad del hecho".
Esta conclusión deriva de los informes periciales elaborados
por los técnicos de Hacienda que concluyen que la regularización
realizada por Emilio Botín y su familia "ha pretendido, en base a la
documentación acreditativa de los hechos de la que han dispuesto (que no
siempre ha podido ser completa), adecuarse en todo momento
razonablemente a lo establecido en la normativa reguladora de los
mencionados impuestos".
En este sentido, el juez añade que la regularización "afecta
exclusivamente al elemento de la punibilidad, excluyéndola por razones
eminentemente político-criminales: la reparación del perjuicio irrogado
mediante el pago de las deudas exigibles eludidas". Los miembros de la
familia Botín se enfrentaban a penas de hasta cuatros años de cárcel.
En junio de 2011, la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes de la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra
ellos para comprobar la regularización del IRPF de 2005 a 2008 y del
Impuesto de Patrimonio de 2005 a 2007, tras recibir información de las
autoridades francesas sobre españoles con cuentas en el HSBC de Suiza.
En esta información figuraban cerca de 3.000 cuentas bancarias de
ciudadanos españoles.
El auto refleja que Jaime Botín pagó un total de 50,6 millones
de euros por la regularización del IRPF de los ejercicios 2005 a 2008 y
un total de 18,18 millones de euros en concepto de Impuesto sobre el
Patrimonio entre 2005 y 2007. Casi todas las regularizaciones
practicadas por la familia de Jaime Botín cuentan con excesos de
tributación.
Por su parte, los hijos de Jaime Botín (Marcelino, Marta,
Gonzalo y Alfonso) han pagado entre todos un total de 14,9 millones de
euros en concepto de IRPF correspondientes a los ejercicios comprendidos
entre 2005 y 2008.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, los cuatro hijos
pagaron un total de 1,19 millones de euros por el ejercicio 2005. Los
técnicos de Hacienda no detectaron diferencias entre las bases
imponibles incorporadas y verificadas respecto a los ejercicios 2006 y
2007.
Respecto a Lucrecia, la quinta hija de Jaime Botín
investigada, el auto recoge un pago al fisco de más de 6 millones de
euros por los beneficios obtenidos por la venta de acciones de Bankinter
en 2005..
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