Una de las características de la escasa conciencia democrática de
las instituciones llamadas representativas en España es la manera como
responden a la legítima protesta y agitación social que está ocurriendo
frente a las políticas sumamente impopulares impuestas a la población
y, muy en especial, a las clases populares. Y digo impuestas, porque
ninguna de las políticas llevadas a cabo por los partidos gobernantes
en España (y en Catalunya) que están generando tales protestas
estuvieron en sus programas electorales.
Un tanto semejante ocurrió durante el gobierno Zapatero anterior,
aunque éste no recurrió a la represión que están ahora desarrollando los
gobiernos PP y CiU en España (y Catalunya). Según las últimas
noticias, el gobierno del Partido Popular está preparando una propuesta
legislativa considerando como delito cualquier forma de resistencia,
incluyendo la pasiva, tal como una sentada. Estas medidas están
orientadas a atemorizar a los colectivos, sean éstos el naciente
movimiento 15-M, sea el movimiento sindical, sean los movimientos de
protesta frente a los desahucios, o sean lo que fuera, que critican y
denuncian las medidas impopulares. Tales delitos serán castigados con
penas largas de prisión. Tales medidas son antidemocráticas y reflejan
el tic autoritario y represivo de las derechas españolas (y catalanas)
herederas del régimen dictatorial anterior en el que era práctica común
este tipo de represión.
En realidad, la resistencia pasiva es un comportamiento democrático
que ha hecho progresar la propia democracia. Cuando la anciana negra,
Rosa Parks, se resistió en EEUU a moverse y desplazarse al asiento
posterior del autobús, en un Estado del sur segregacionista, inició un
proceso de resistencia pasiva que cambió, para mejor, la calidad de la
democracia estadounidense, estableciéndose así el movimiento de los
derechos civiles, liderado por Martin Luther King, hoy considerado un
héroe nacional en aquel país. Tal movimiento estaba basado en la
resistencia pasiva y en la desobediencia civil. Su coherencia, su
ejemplaridad, la razón de su causa y su comportamiento no violento,
jugaron un papel determinante en conquistar la simpatía y el apoyo
popular, forzando así una respuesta y un cambio de enormes proporciones.
Y hoy continúan en EEUU, casi en bases diarias, gran número de
movilizaciones, basadas en resistencia pasiva, para defender causas que
merecen una protesta a instituciones, leyes o comportamientos
antidemocráticos que son rechazados por las clases populares. Uno de los
últimos casos es el movimiento de los sindicatos, apoyados por amplios
sectores de las clases populares que rodearon el Parlamento del Estado
de Wisconsin para protestar las leyes del gobernador Scott Walker,
perteneciente al Tea Party que, en sus medidas represivas antagonizó a
la gran mayoría de la ciudadanía de aquel Estado, hasta tal punto que en
un referéndum se está pidiendo la dimisión de tal gobernador. Todos
estos movimientos son comportamientos democráticos y parte del proceso
de participación popular.
Ni que decir tiene que la ultraderecha estadounidense que controla el
Partido Republicano –el Tea Party- quiere criminalizar estos actos,
como también ocurre en España. Pero lo que en realidad se intenta con
estas prohibiciones es estimular la violencia que desacredite a tales
movimientos. La prohibición y criminalización de actos de resistencia
pasiva, como sentadas, deja como única alternativa la resistencia
activa, lo cual es lo que se intenta al prohibir la resistencia pasiva.
Los movimientos de protesta, sin embargo, no deben caer en esta trampa.
La violencia es profundamente reaccionaria en este contexto, pues
rompe la simpatía popular hacia los movimientos de protesta, como el
15-M. Es la mejor manera de desacreditar el movimiento de protesta. En
cualquier movimiento de protesta, ésta gana si cuenta con la simpatía
primero, y con el apoyo y complicidad después, de la mayoría de la
ciudadanía, hecho que está ocurriendo en España, y del que las derechas
son plenamente conscientes, pues lo que desean antes que nada es
desacreditar tal movimiento, y para conseguirlo llegarán a extremos que
recordarán la dictadura, que también criminalizó tales actos.
Frente a este ataque a los derechos civiles, existe la necesidad, por
mera salud democrática, de movilizarse. Muestra de la enorme
incoherencia (algunos la llamarán, con razón, hipocresía) de los
llamados liberales en España (que se autodefinen como los grandes
defensores de los derechos individuales), es que están ahora callados
frente a la enorme violación de los derechos civiles de los ciudadanos
que representan las propuestas del Ministro del Interior de España,
Jorge Fernández Díaz, y del Conseller de Interior responsable de la
policía autonómica catalana, Felip Puig.
Ahora bien, toda la experiencia histórica muestra que fracasarán. Su
intento de represión no es la supuesta violencia de los manifestantes,
sino las ideas y causas que éstos representan. Indicador de ello es que
su propio lenguaje, que define a sus adversarios (“enemigos”) como
“anti-sistema” (considerándose a sí mismos como los defensores del
sistema democrático) ignora que es el establishment (al cual sirven el
Ministro Fernández Díaz y el Conseller Puig) el que está mostrando
claramente que no se adhiere a las reglas democráticas, pues impone
políticas que no estaban en sus programas electorales. En realidad, son
tales manifestantes (paradójicamente llamados anti-sistema) los que
están defendiendo a la democracia. Si el intento del establishment fuera
el de controlar la violencia, utilizarían, al menos, el término
“anti-violentos”. En lugar de ello, hablan de los elementos
“anti-sistema” como el enemigo a eliminar. Es un indicador más de su
nula conciencia democrática. Hoy, en una situación económica y social
intolerable, el ciudadano que no está indignado es que es parte del
problema y no de la solución. Y el que no está en la calles es que no
tiene conciencia democrática.
(*) Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.
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