Eric Sanz, abogado de la comisión legal del 15-M, denuncia que el Gobierno está creando las condiciones para poder reprimir a movimientos sociales pacíficos

MADRID.- El informe sobre la reforma del Código Penal presentado ayer por el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pone en el punto de mira a los ciudadanos que salen a la calle a protestar en tiempos de recortes, recoge 'Público'. 

Gallardón ha adelantado que se incluirá como delito la difusión de mensajes de movilizaciones que inciten a la alteración del orden público, algo que, según señala Eric Sanz, abogado de la comisión Legal del 15-M, "es un cajón donde cabe absolutamente todo".

El movimiento de los indignados suele convocar concentraciones mediante las redes sociales que no se comunican a la delegación del Gobierno y que, en ocasiones, terminan en cortes de calles por parte de los manifestantes. 

Para que haya persecución penal es suficiente con lanzar el mensaje de la convocatoria aunque finalmente no se concrete el acto de desorden, ya que se configura, según fuentes del Ministerio de Justicia, como un delito de peligro y no de resultado.

"Estas modificaciones responden a casos mediáticos, se está intentando reprimir a los que salen a la calle a defender los derechos sociales en una época en la que estamos sufriendo recortes brutales", asegura Sanz, quien apunta además que no se está apuntando a "las causas socio-económicas de los delitos".

"¿Dónde está el endurecimiento de las penas por delitos de cohecho o de corrupción, que son el verdadero cáncer que tenemos ahora mismo?", se pregunta.

La nueva reforma convertiría en delito además acciones de "pillaje", algo que a muchos les ha recordado a la acción de ‘expropiación' del Sindicato Andaluz de Trabajadores al Mercadona de Sevilla. 

"No se puede hacer que el hurto sea un delito leve, ya que más del 90% de las personas que cometen hurto tienen muy poco poder económico, y encima ahora van a tener antecedentes", denuncia.

Además, la acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel. Las amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad también serán consideradas delito, algo que, en opinión de Sanz, "da pie a una gran arbitrariedad por parte de la policía".

"Se están dotando de herramientas punitivas frente a un movimiento que ha usado la no violencia como bandera. Se habían quedado desprovistos de supuestos que posibilitasen la represión contra una persona que se sienta, levanta las manos y no hace nada", concluye Sanz.

Las leyes no pueden coartar la democracia

Desde Barcelona, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este sábado que las leyes no pueden coartar la democracia y ha advertido al Gobierno que la voluntad de los catalanes está "por encima de cualquier ley que el Estado quiera imponer".
   De este modo ha contestado a las declaraciones de la vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, quien advirtió este viernes de que la respuesta del Gobierno a los planteamientos independentistas se fundamentará en la Constitución y en las leyes.
   En declaraciones a los medios, Junqueras ha asegurado que si el Parlament proclamase la independencia, tras la celebración de un referéndum, el Ejecutivo no podría quejarse: "¿A quién le diría que está en contra de la democracia?", se ha preguntado.
   Por otra parte, el republicano ha celebrado los discursos de esta semana del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya que considera que está "dando pasos en el sentido correcto", por lo que se ha mostrado dispuesto a ayudar a avanzar lo más rápido posible hacia la independencia.
   Sobre la manifestación contra las medidas de ajuste que se celebra este sábado en Madrid, ha afirmado que preferiría que los catalanes "dejasen de ser víctimas de los recortes y pasasen a ser protagonistas de la solución, que es la independencia".