MADRID.- La jueza de Instrucción nº 8 de Plaza de
Castilla que tomó declaración a los 34 detenidos por los incidentes del
25 de septiembre alrededor del Congreso de los Diputados se ha inhibido
del conocimiento de este procedimiento judicial a favor del Juzgado de
Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez
Santiago Pedraz, quien ya la semana pasada rechazó investigar estos
hechos al considerar que no eran de su competencia.
La
magistrada ha tomado esta decisión al acusar a los arrestados por estos
hechos de un presunto delito contra las instituciones del Estado, según
un auto fechado hoy, 1 de octubre.
De esta forma, da por notificada esta resolución al Ministerio Fiscal y
demás partes personadas advirtiendo que contra la misma puede
interponerse recurso de reforma y subsidiaria de apelación dentro de los
tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación dentro de
los cinco días siguientes a su notificación.
Las diligencias por este caso se incoaron en virtud del atestado número
4894/12 del 25 de septiembre proporcionadas por la Brigada Provincial
de la Policía Judicial de Información.
Esta causa es
ampliatoria de otra abierta (número 4705/12) por la misma Unidad
policial del 15 de septiembre cuando varias personas fueron
identificadas en el parque del Retiro cuando organizaban la
manifestación del 25-S. El atestado está circunscrito además al
procedimiento penal de diligencias previas abierto por el Juzgado número
1 de la Audiencia Nacional.
El atestado 4894, junto con las 34
personas detenidas por los disturbios del pasado martes, fue presentado
al Juzgado nº 8 de Plaza de Castilla de Guardia de Detenidos, tras
la providencia de la Audiencia Nacional que rechazó la competencia para
conocer estos hechos.
Sin embargo, la jueza de instrucción
asegura que "queda claro que el presente atestado es consecuencia y
continuación del atestado 4705". Además, argumenta que los hechos
podrían encuadrarse en un presunto delito contra las Instituciones del
Estado, concretamente sobre al artículo 493 del Código Penal, "por lo
que procede la remisión de las mismas a la Audiencia Nacional".
La jueza afirma que hubo una concentración de ciudadanía ante el
Congreso de los Diputados coincidiendo con la celebración de la Sesión
Plenaria del 25 de septiembre "con el fin de exigir un destitución y
ruptura del régimen vigente, etc.".
"El día de la convocatoria
la Policía protegía el Congreso de los Diputados y el derecho a que los
ciudadanos ejercieran libremente sus funciones, originándose los
altercados e incidentes con los ciudadanos, los cuales pretendían
rebasar el perímetro de seguridad del Congreso, rebasando vallas y
enfrentándose por ello con los funcionarios de la Policía", ha esgrimido
en el auto.
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