Ana Colau, cara visible del movimiento
ciudadano contra los desahucios, la que llamó criminales a los banqueros
en sede parlamentaria, celebró con tanto entusiasmo la luz verde del
Congreso a su iniciativa legislativa popular que el presidente de la
Cámara tuvo que expulsarla, a ella y a sus compañeros, de la tribuna de
invitados. Ocurrió el martes pasado en la sesión plenaria que tomó en
consideración dicha iniciativa para proceder a tramitarla. Por
unanimidad de todos los diputados, incluidos los del Partido Popular,
con una sola abstención entre los 334 diputados asistentes a la sesión
plenaria.
Será bonito mientras dure. Quiero decir que lo del martes, la
admisión a trámite de la iniciativa apadrinada por los activistas del
movimiento antidesahucios, escenificó la unanimidad de todas las fuerzas
políticas en la voluntad de frenar este drama social, pero realmente
solo es una formalidad. Tomar en consideración la iniciativa supone el
compromiso de darle curso parlamentario, no aceptación de sus
propuestas. Se integrarán éstas en la tramitación ordinaria del llamado
proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios. Más conocida como la ley de los desahucios.
A partir de ahora lo que cuenta es la fuerza numérica de los
distintos grupos parlamentarios. No hace falta recordar que la mayoría
absoluta del PP (186 diputados) nos permite afirmar sin equivocarnos que
sólo prosperarán las enmiendas aceptadas por el partido en el poder. Y
en principio no está muy por la labor de respaldar las cuatro más
importantes que figuran en la iniciativa de la PAH (Plataforma de
Afectados por la Hipoteca). A saber: la dación en pago, la paralización
del desahucio de la vivienda habitual y el alquiler social.
Por tanto, este paso triunfal del movimiento antidesahucios, que
ha logrado lo primero que se reclamaba en la iniciativa presentada por
casi millón y medio de ciudadanos -su tramitación parlamentaria- se
puede quedar en nada si el inesperado voto favorable del PP no pasa de
ser un gesto de cara a la galería. Por eso lo que procede es que ponga
en común con otros grupos, sobre todo con el PSOE, la voluntad política
de conciliar, por un lado, una legislación respetuosa con el derecho de
propiedad, y por el otro, el rescate de las familias que pueden quedarse
sin techo a consecuencia de una crisis económica generada por
decisiones equivocadas de gobernantes y banqueros. Hay margen para
modular las propuestas de la iniciativa popular sin alterar
sustancialmente las bases reguladoras del mercado hipotecario. Lo que no
puede hacer el legislador es seguir mirando hacia otro lado mientras la
legalidad vigente sigue apadrinando el rescate de los bancos y no el de
las familias.
En todo caso, el movimiento ciudadano, que ha llegado a recurrir a
los escudos humanos como último recurso, demuestra que la sociedad no
estaba tan anestesiada como parecía ante los efectos de la crisis
económica.
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