MADRID.- A veces los silencios son más llamativos que las propias declaraciones y, en ese sentido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a dejar ayer claro que la Casa Real y el Monarca seguirán, de momento, sin someterse al escrutinio de la Ley de Transparencia, recuerda hoy 'El Confidencial'.
La diputada de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, reclamó ayer al Gobierno, durante la sesión de control al Ejecutivo, la puesta en marcha de medidas
para luchar contra la corrupción, entre las que citó, expresamente,
que la Casa Real y los partidos se incluyen en la próxima ley que ya ha comenzado su tramitación parlamentaria. Rajoy, en cambio, sólo hizo una concesión hacia lo segundo
y, en una nueva rectificación al dictado del escándalo Bárcenas,
anunció que incluirá a las formaciones políticas en el texto final.
La
inclusión de la Casa Real en el proyecto de ley nunca ha estado en el
guion del Ejecutivo, tal y como quedó en evidencia desde el mismo
momento en el que la vicepresidenta la presentó en un Consejo de
Ministros en marzo del año pasado. Soraya Sáenz de Santamaría explicó entonces que la Corona “no forma parte del grupo de Administraciones Públicas”
que deben facilitar documentos a la ciudadanía. Un criterio que, sin
embargo, tampoco se aplica estrictamente a los partidos políticos, que
finalmente sí se verán afectados y que no comparten algunos de los
primeros expertos que ya han comparecido en el Congreso para ser
escuchados por los grupos.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, fue claro al señalar ante sus señorías, el pasado 23 de enero, que a su juicio “sería también importante que la ley se extendiera a los sindicatos, la CEOE y la Casa Real”, lo mismo que ayer vino a reclamar la portavoz de UPyD. “Una Ley de Transparencia
que afecte a la Casa Real, a los partidos políticos y a todos los que
reciben subvenciones públicas”, explicó. “Cuando los ciudadanos nos vean
hacer estas leyes que van contra nuestra propia impunidad y que van, de
verdad, a favor de una democracia de más calidad, creerán en nosotros y
creerán en la democracia. Y entonces en España podremos conjugar
democracia con mayúsculas”.
De momento, el Gobierno no ha querido a entrar en ese debate y, desde el PP, defienden que, si no toda la Casa Real, sí que buena parte de ella estará bajo el control de la ley
pues son varios los ministerios, entre ellos Presidencia, Interior o
Exteriores, obligados a la transparencia, los que sufragan importantes
partidas de la Casa Real como el uso de vehículos, el pago de la seguridad o el mantenimiento de los palacios.
En enero, el Congreso también escuchó a Antonio Garrigues Walker, fundador del capítulo español de Transparencia Internacional,
sobre el mismo proyecto de ley en el que abogó porque sea una realidad
lo antes posible para que, una vez puesta en marcha, se puedan detectar
sus deficiencias.
Preguntado entonces sobre la Casa Real, Garrigues Walker señaló que “es un tema abierto a debate”. “Uno tiene la idea de que lo lógico sería que todo el mundo estuviera incorporado a la Ley de Transparencia,
pero hay países en los que las monarquías están incorporadas y otros en
los que no lo están, y a veces no se hace por problemas de respeto,
sino simplemente porque creen que podría generar más problemas que
soluciones y porque el ámbito no es tan importante desde el punto de
vista de la propia Ley de Transparencia”, explicó.
El
jurista advirtió, eso sí, que su ausencia en la ley no debe suponer un
daño para la institución o que pareciera que “se transmitiera a la
opinión pública como una especie de resistencia de la propia Casa Real”.
“Es un tema que puede estar perfectamente aislado de la Ley de Transparencia, porque la dimensión económica es muy pequeña y porque podría generar algún otro tipo de daño.
No anticipo qué daño, digo simplemente que podría generar
sensibilidades que no se buscan. Ahora bien, tampoco me parece un
principio sagrado. Me imagino que poco a poco muchas de las
instituciones que en estos momentos no van a ser afectadas por la Ley de Transparencia
acabarán siéndolo, y me refiero a sindicatos, a partidos políticos y a
otras muchas instituciones. Es inevitable, es absolutamente inevitable, y
además todo el mundo lo sabe”.
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