A través de la historia, España ha sido un país que no se puede
vanagloriar de una clase política que haya estado a la altura de las
necesidades de su desarrollo y crecimiento como nación autónoma. Su
presencia en el escenario global siempre ha ido de la mano de su
subordinación y dependencia de otros actores internacionales.
Desde hace varias centurias, puntualmente a partir de 1700 la familia
Borbón (proveniente de Francia) ha “conducido” los destinos del Estado
español con sólo dos breves interrupciones en 1808 y 1868 y un
interregno mayor en el siglo XX período en el cual desde 1936 hasta 1975
estuvo en el poder Francisco Franco quien instauró una dictadura
fascista, caracterizada por la represión contra el movimiento popular y
su apoyo a la Alemania nazi. Al finalizar la segunda guerra mundial con
la derrota de Alemania y sus aliados, España estuvo sometida al
aislamiento internacional sin que su economía pudiera despegar durante
décadas. Su condición anti democrática significó que se mantuviera al
margen de las primeras iniciativas de integración europeas.
Un alto dirigente franquista, Manuel Fraga quien fue titular de
información y turismo, de gobernación y vicepresidente durante la
dictadura creó en 1976 la Alianza Popular uniendo diversas fuerzas de
la ultra derecha conservadora y fascista. En 1989, Fraga y otros líderes
franquistas la transforman en el actual Partido Popular de España.
De esta manera, dictadura franquista, monarquía y Partido Popular
configuran diferentes expresiones del mismo poder político que se
estableció a partir de un origen común y un desarrollo paralelo. La
novedad de los últimos años ha sido que a esa tenebrosa trilogía se le
ha venido a adicionar un nuevo actor que surgió y se mantuvo al margen
durante décadas hasta que ya en democracia y bajo el liderazgo de Felipe
González, inició su travestismo político: el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).
González lideró al PSOE durante 22 años y fue presidente del Estado
español durante 14, desde 1982 hasta 1996. En ese período, aparentemente
logró sacar a España del marasmo económico al que estuvo sometida por
siglos, a cambio de una nueva subordinación dependiente de la Unión
Europea (UE). Para ello, incurrió en una gigantesca deuda pública, en
la solicitud de concesión a España de la mitad de los recursos
financieros de la UE disponibles en los Fondos de Desarrollo, así como
de importantes recursos provenientes de los Fondos de Cohesión y de la
Política Agrícola Común de la UE. Eso hizo que se creara en el país
ibérico una falsa sensación de prosperidad y la suposición de que
concurrían al siglo XXI con una fortaleza económica que le permitiría
actuar en el escenario internacional en igualdad de condiciones que las
grandes potencias. En realidad, habían comenzado a flotar en una
burbuja que los condujo a un nuevo sometimiento a la UE y en particular a
Alemania. Los acontecimientos recientes reflejan que no han podido
salir de la inercia ahora sostenida por esta nueva tríada perversa:
monarquía, PSOE y PP.
Hoy, la monarquía ha sido ampliamente cuestionada por sus actuaciones
públicas y por el involucramiento de varios de sus representantes en
hechos de corrupción o cuando menos de dudoso comportamiento moral para
quien ejerce funciones en la cúpula del Estado. Aunque desde hace un
tiempo las acciones poco éticas de la monarquía son de común dominio de
la opinión pública española, es desde el año pasado cuando han adquirido
notoriedad a nivel global.
En abril de 2012 se reportó que mientras la tasa de desempleo se
encontraba cercana al 25% y aproximada al 50% para los jóvenes en edad
laboral, el Rey se encontraba en un safari para cazar elefantes en
Botswana. El costo de dicha diversión monárquica es superior al salario
que percibe durante todo un año la mayoría de los españoles y el doble
del salario promedio anual.
En su momento, esta situación llevó a Tomás Gómez, secretario general
del Partido Socialista de Madrid (PSM) a decir que “Ha llegado el
momento de que la Casa Real se plantee, en este caso el jefe del Estado,
que tiene que elegir entre las obligaciones y las servidumbres de las
responsabilidades públicas o una abdicación que le permita disfrutar de
una vida diferente”. Tal opinión ha sido refrendada por el primer
secretario del Partido Socialista de Cataluña Pere Navarro, quien el
pasado miércoles 20 pidió que el Rey Juan Carlos abdique y que su hijo,
el príncipe Felipe encabece una “segunda transición” política en España.
En el trasfondo, se respira el ambiente maligno creado por el yerno
del rey, Iñaki Urdangarin, duque de Palma, quien utilizando su condición
de miembro de la monarquía, se aprovechó para desviar millones de
euros de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía. Por esta causa,
la Fiscalía está indagando su involucramiento en delitos de falsedad
documental, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
El manejo mediático de la investigación ha puesto el énfasis en
tratar de descubrir si hubo conocimiento o vínculo de la monarquía con
tales delitos. A pesar que el propio Urdangarin ha negado tal relación,
la prensa española ha divulgado correos electrónicos en los que se liga
al esposo de la hija del Rey en negocios con Corinna Sayn-Wittgenstein,
quien según la misma prensa es la amante de Juan Carlos y lo acompañaba
en su tour de cacería en Botswana. Como señala el periódico El Mundo de
Madrid de 18 de febrero pasado “En la mayoría de estos correos, tanto
Urdangarin, como Corinna hacen referencia a que Juan Carlos estaba al
corriente de estas ´operaciones` como, las califica el duque”. Incluso,
en otros correos aportados por el ex socio de Urdangarin a la justicia,
-refiriéndose a los negocios de éste- se indica la mediación directa del
Rey en el mismo. En uno de esos correos, el yerno real cuenta que su
suegro prometió “toda su ayuda para encontrar ayuda financiera” (SIC).
En otro ámbito, no es mejor la situación de los otros dos eslabones
de la tríada que se hunden y, hunden en la putrefacción a la política
española. Mientras una marea ciudadana protestaba en varias ciudades
contra la corrupción y las medidas restrictivas en materia social, -en
un país minado por la recesión y por un desempleo que alcanza los 6
millones de parados- el PP y el PSOE se trenzaron en un absurdo debate
para tratar de demostrar cuál de los dos es más culpable de la crisis.
En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados con motivo de
su informe anual sobre el estado de la nación el presidente Mariano
Rajoy señaló que “ya pasó lo peor” y vaticinó una inminente salida de la
crisis. Con total hipocresía dijo que a pesar de todo “el barco no se
ha hundido”. Ante el estupor de los españoles obvió decir que en su año
de gobierno la paupérrima situación económica heredada de los
socialistas ha empeorado. La tasa de desempleo ha alcanzado el 25,4%, en
los últimos 14 meses se han eliminado 900 mil empleos a razón de 8 mil
500 por día, debido en gran medida a una reforma laboral que favoreció
a los empresarios. En ese mismo período más de 400 mil familias
españolas han perdido sus viviendas y 12 personas se han suicidado por
tal motivo.
En su defensa el gobernante de derecha informó que a pesar de la
pérdida de empleo y la magnitud de la crisis, el déficit público cerró
por debajo del 7%, inferior al 9% del año anterior. Evitó decir que no
alcanzó la meta propuesta de 6,3% con la que se comprometió con la Unión
Europea. También soslayó referirse a los escándalos de corrupción que
afectan a su partido. Por el contrario refutó a la principal agrupación
opositora afirmando que el PP no ha sido sometido a juicio, a
diferencia del PSOE.
Las tibias intervenciones del líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba
-quien acusó a Rajoy de demagogo y de no tener credibilidad-, se
encaminaron a poner el acento en el tema de la corrupción. A partir de
ello ambos políticos evidenciaron el hedor nauseabundo que despide la
clase política española al involucrarse en una tan estéril como absurda
discusión, no exenta de recriminaciones personales que pusieron en el
tapete la certeza de que ninguno de los dos es garantía cierta para
salir de la crisis, por lo menos en condiciones de que la mayoría de los
españoles puedan retomar estándares aceptables de vida. Vale decir que
ambos partidos en conjunto tienen menos del 50% de aprobación de la
ciudadanía.
Algo pasa en España, ante la crisis y la charlatanería de la clase
política el movimiento popular se moviliza de manera creciente. Sería
deseable que tal espíritu de lucha se manifieste en acciones concretas
que conduzcan a la derrota de esta nueva tríada de poder que en base a
la corrupción, el engaño y el derroche ha sumido a España en la peor
crisis de su historia.
(*) Venezolano. Licenciado y Magister en Relaciones
Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Analista y
consultor internacional.
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