MADRID.- El Tribunal de justicia de la Unión Europea
(TJUE) ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios
vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos
una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
Al respecto, el Gobierno dice que cumplirá "lógicamente" con la
sentencia y promete corregir de inmediato los fallos denunciados por el
TJUE.
La legislación española no permite a los jueces paralizar
un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que
esta cuestión debe tratarse en otro juicio una vez que ya se ha
ejecutado la expulsión. El fallo cree que esta protección a posteriori
"resulta incompleta e insuficiente" ya que "no permite evitar la pérdida
definitiva e irreversible de la vivienda" sino que se limita "al pago
de una indemnización por daños y perjuicios".
"Basta con que
los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para
privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la
directiva", denuncia la sentencia.
Por consiguiente, el
Tribunal de Justicia declara que "la normativa española no se ajusta al
principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o
excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria
iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores
son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a
estos últimos".
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo
responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de
Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por Mohamed Aziz
contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba
en enero de 2011 por impago de la hipoteca.
Aziz solicitó que
se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en
consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea
considerado también nulo.
En su fallo de este jueves, el TUE
insiste en que "el régimen procesal español menoscaba la efectividad de
la protección que pretende garantizar la directiva".
"La
directiva sobre las cláusulas abusivas se opone a una normativa
nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez
que conozca del proceso declarativo -es decir, el que tiene por objeto
declarar el carácter abusivo de una cláusula- adoptar medidas
cautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución,
cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión
final", concluye la sentencia.
"Lo están estudiando (los servicios jurídicos) y nosotros, lógicamente,
pues cumpliremos con lo que nos dicen las sentencias", ha declarado el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras señalar que no había tenido
aún tiempo de examinar en detalle la sentencia del TUE. "No quiero
hablar de las cosas sin tener absoluto conocimiento de causa y no lo
tengo ahora", se ha excusado.
"Me dicen que hay algunos
problemas de procedimiento que intentaremos subsanar, es una ley que
data ya de hace muchos años", ha indicado el presidente del Gobierno,
para después explicar que el Gobierno aprovechará la tramitación en
marcha de un real decreto de ley en el Congreso para "mejorar esta
situación".
"Procuraremos adecuarnos a lo que allí se nos pide", ha
concluido en rueda de prensa.
Al respecto, el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha garantizado que, a la espera de un
"estudio en profundidad" de la redacción de la sentencia, el Gobierno
"naturalmente" incorporará la doctrina del TJUE a la legislación
española. "Asumimos el compromiso de corregir aquellos aspectos que se
consideren contrarios a la legislación europea", ha asegurado.
De hecho, el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Alfonso
Alonso, ha señalado que con la reforma de la ley hipotecaria que tramita
actualmente el Congreso, la que aglutinará el proyecto derivado del
decreto ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la
dación en pago, bastará para adaptar la legislación española a la
sentencia del TJUE, un proceso que se hará en breve plazo y que como
máximo requerirá prorrogar hasta la próxima semana el plazo de
enmiendas.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, ha coincidido en que el Gobierno debe "valorar y estudiar
convenientemente" la sentencia para trasladar al ordenamiento jurídico
español "todo lo que sean garantías". "Tipificar supuestos de cláusulas
abusivas en los contratos de hipoteca me parece que defiende al
consumidor y que restablece el principio de equilibrio entre las
partes", ha reflexionado.
Por su parte, el PSOE ha pedido al Gobierno que apruebe un decreto ley
que sirva para paralizar todos los desahucios que estén en marcha debido
a cláusulas abusivas de las entidades financieras hasta que se elabore
una nueva norma que adapte y corrija los aspectos que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea considera que no protegen suficientemente a
los ciudadanos.
Sin embargo, el PP ha rechazado esta propuesta
de los socialistas. "Me parece muy bien el desvelo del PSOE, que no
propuso jamás nada cuando gobernó y ahora es sorprendente que tengan
tanta iniciativa", ha señalado Alonso.
Respecto a la sentencia,
la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez
Piñero, y la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, se han
felicitado por ella ya que crea jurisprudencia en toda la UE y con ella
se da "protección a los deudores", pero han advertido de que puede
llevar a provocar un "aluvión" de procedimientos judiciales.
"Hay que revisar la Ley y ponerla al día, porque los tiempos y la
sociedad han cambiado. Hay que analizar y revisar la legislación a la
que este tema se refiere", ha señalado la defensora del Pubelo, Soledad,
Bcerril sobre la sentencia del TJUE.
Para la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH), el dictamen es una "victoria". Fuentes
de la asociación, han explicado que la sentencia les "da
la razón" sobre que la normativa no garantiza a los ciudadanos la
protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas, y ha
llamado a los españoles a tener en cuenta la sentencia para defender
sus derechos.
Asimismo, ha llamado a los jueces a aplicar un
sentencia que según ha remarcado es de obligado cumplimiento para todos
los magistrados de la UE, y ha afirmado que la plataforma seguirá
presionando para que prospere la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
para la dación en pago, que está en periodo de enmiendas en el Congreso.
Por su parte, Mohamed Aziz, el vecino de Martorell cuyo desahucio ha
originado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contraria a la
norma hipotecaria española, ha explicado que ha recibido la noticia "con
alegría y con nervios", y ha declarado estar muy contento por haber
conseguido el aval del TJUE.
"Esta sentencia debe ser una
esperanza para todas las familias que están sufriendo un desahucio", ha
afirmado.
En este sentido, el
titular del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, José María Fernández
Seijo, que trasladó la cuestión al TJUE sobre la norma hipotecaria
española, ve muy positivo el fallo.
Por último, el presidente
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo,
Gonzalo Moliner, ha manifiestado que la sentencia europea es
"inmediatamente aplicable" en España y ha remarcado que el Gobierno
central tendrá que modificar la actual ley hipotecaria al "tratarse de
una normativa comunitaria".
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