El fiscal recurre para impedir que Bermúdez cite a los supuestos donantes del PP

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para impedir que el juez Javier Gómez Bermúdez continúe investigando la supuesta contabilidad B del PP y cite a declarar a los empresarios que, según los papeles atribuidos al extesorero 'popular' Luis Bárcenas, habrían hecho donaciones irregulares a esta formación. 

   En un recurso presentado este jueves, el Ministerio Público defiende la necesidad de "dejar sin efecto la práctica de las diligencias" acordadas por el juez instructor, al considerar que son "innecesarias y desproporcionadas" y no resultan pertinentes "para cumplir y satisfacer la finalidad perseguida".

   Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado lunes una querella presentada por Izquierda Unida (IU) y otros cuatro colectivos sociales con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que le informó de que el competente para asumir esta investigación era el juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que había abierto una pieza separada tras encontrar tres conexiones entre las dos causas.

   En su escrito, el Ministerio Público recuerda que ya se pronunció el pasado 8 de marzo en el sentido de que Ruz es el competente para investigar estos hechos y pide a Gómez Bermúdez que se pronuncie sobre su inhibición antes de realizar diligencias, a fin de evitar una "doble instrucción sobre los hechos".

   "Consideramos innecesarias y también desproporcionadas las diligencias que se acuerdan por el instructor antes de resolver sobre su competencia, máxime cuando partimos de un hecho plenamente constatado por el instructor, cual es el parecer ya manifestado por los querellantes (...) de considerar competente al Juzgado Central de Instrucción nº 5", señala el escrito.

   En concreto, la Fiscalía pide que se "dejen sin efecto" las declaraciones de los 12 imputados que Gómez Bermúdez ordenó realizar entre los días 25 y 27 de este mes y la entrega de documentación sobre todos ellos que el juez pidió al Partido Popular (PP), la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Registro Público de Contratos, el Tribunal de Cuentas y el diario 'El País', al que reclamó los denominados 'papeles de Bárcenas' que publicó el pasado 31 de enero.

   La Fiscalía también cuestiona por qué Gómez Bermúdez dio "credibilidad, al menos indiciariamente" a los hechos expuestos en la querella en lo relativo a "supuestos pagos de empresas y empresarios" y consideraba que existía "un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo" sobre los sobresueldos que habrían cobrado dirigentes del PP.

   "Si revisamos tanto la querella como la documentación con ella aportada, comprobamos que la fuente de unos hechos y otros son las anotaciones que se reflejan en los denominados 'papeles de Bárcenas', de suerte que la diferencia no está en elemento objetivo alguno ajeno a los mismos ni en el relato de hechos que se contiene en la querella, sino en la interpretación a nuestro entender no justificada del instructor", señala el fiscal.

   Esta convicción llevó a Gómez Bermúdez a citar como imputados a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; al presunto número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo; y a los empresarios José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy)  Juan Manuel Villar Mir (OHL), Luis de Rivero (Sacyr Vallehermoso), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones  y Contratas), Antonio Vilella (Construcciones Rubau) y Adolfo Sánchez.

   Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 dejó fuera de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y a los exministros Ángel Acebes y Federico Trillo.

   El informe fiscal, que no va firmado por ningún representante del Ministerio Público, también muestra su sorpresa por el hecho de que Gómez Bermúdez alegara que, antes de pronunciarse sobre su inhibición, era necesario escuchar a los querellantes y darles traslado de los dos autos en los que Ruz consideraba que la Fiscalía era competente para investigar los hechos en el marco de las diligencias informativas que abrió el pasado 24 de enero.

   "Nos sorprende, bajo el argumento que se establece, pues en modo alguno han sido alegados ni tenidos en cuenta por el Ministerio Fiscal para instar la inhibición", recalca la acusación pública antes de recordar que el 8 de marzo ya entregó al juez el auto por el que Ruz abría una pieza separada para investigar la supuesta contabilidad B del PP. "Con la entrega del citado auto a la parte querellante ya dispone de los mismos documentos que ha tenido el Ministerio Fiscal para emitir su informe", añade.

   A todos los querellados se les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.

Bermúdez interrogará a los supuestos donantes del PP

El juez Gómez Bermúdez interrogará a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y a diez supuestos donantes de esta formación entre los días 25 y 27 de marzo si la Sala de lo Penal no estudia con urgencia el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
   Así lo han indicado fuentes jurídicas, que han señalado que, si se cumplen los plazos habituales para la tramitación de los recursos de apelación, que en la Sala de lo Penal suelen durar en torno a un mes, el juez Gómez Bermúdez podrá realizar estas diligencias antes de que se determine si es competente para investigar la supuesta contabilidad B de los 'populares'.
   El artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) establece que los recursos de reforma y apelación presentados contra una decisión de un juez instructor "no suspenderán el curso del procedimiento", lo que avala la posibilidad de que Gómez Bermúdez lleve a cabo las diligencias que ha acordado.
   Después de que el juez Gómez Bermúdez reciba en su juzgado el recurso de apelación de la Fiscalía, presentado este jueves, dará traslado a los querellantes --Izquierda Unida (IU) y otros cuatro colectivos sociales-- para que en un plazo de cinco días puedan "alegar por escrito lo que estimen conveniente, señalar otros particulares que deban ser testimoniados y presentar los documentos justificativos de sus pretensiones".
   En los dos días siguientes a la finalización de este plazo, el juez "remitirá testimonio de los particulares señalados" a la Sala de lo Penal que, "sin más trámites, resolverá dentro de los cinco días siguientes". Este plazo, establecido en la LECRIM, no suele cumplirse a rajatabla, según las fuentes jurídicas consultadas.
   Excepcionalmente, además, la Audiencia correspondiente podrá "reclamar las actuaciones para su consulta siempre que con ello no se obstaculice la tramitación de aquéllas". En estos casos, según señala la legislación, deberán devolverse las actuaciones al juez "en el plazo máximo de tres días".