MADRID.- La Organización Profesional de Inspectores
de Hacienda del Estado ha pedido la aprobación de un plan de inspección
de los representantes políticos de todos las administraciones públicas y
de todos los partidos políticos, y ha solicitado que se trate de un
plan de carácter permanente y que se incluya, por tanto, cada año en el
Plan de Control Tributario.
El presidente de la Organización de Inspectores, Ransés Pérez
Boga, que presentó este jueves un documento con propuestas del colectivo
en materia de lucha contra el fraude, destacó que en momentos como el
actual, en el que los ciudadanos consideran que el fraude y la
corrupción son el segundo problema del país después del desempleo, se
hace más necesario que nunca este nuevo plan.
También piden que sea obligatorio remitir a la Agencia Tributaria
la información de los registros de bienes patrimoniales de cada entidad
local, así como cualquier registro oficial de este tipo existente en
otros órganos e instituciones, como es la declaración de bienes y rentas
que han de presentar los diputados en el Congreso.
El seguimiento patrimonial de las personas condenadas por
corrupción o tipificar como delito, castigado con penas de prisión, la
no entrega o falseamiento de datos en la declaración de bienes
patrimoniales son otras de las propuestas de este colectivo.
A pesar de que para los inspectores ser político es una profesión
de riesgo fiscal, como así está reconocido internacionalmente en el caso
del blanqueo de capitales, desde el Ministerio de Hacienda se rechaza
la posibilidad de establecer una línea especial de inspección para este
colectivo porque, a su juicio, no está justificado.
Para atajar la corrupción, los inspectores también demandan
potenciar la Fiscalía Anticorrupción, aumentando el número de
funcionarios de la Agencia Tributaria que auxilien a este órgano, así
como aprobar una ley anticorrupción que supervise y controle todos los
casos y que tenga facultades legales y medios necesarios.
Pérez Boga denunció que, además de desoír estas propuestas de la
organización de inspectores, el Gobierno, en la última modificación del
Código Penal que entró en vigor en enero, ha mantenido la "excusa
absolutoria" en el caso de los imputados por delito fiscal (fraude
superior a 120.000 euros), de tal forma que su delito queda fuertemente
rebajado cuando en el plazo de dos meses desde su imputación saldan sus
deudas con Hacienda.
En concreto, los jueces y tribunales pueden imponer al autor del
delito la pena inferior en uno o dos grados, lo que puede rebajar la
pena de prisión a entre 3 y 6 meses (por lo tanto no supone el ingreso
efectivo) y una multa del 25% al 50%, que es un importe inferior al que
se le habría impuesto en el ámbito administrativo.
"El defraudador tiene la puerta abierta para que pagando lo que no
pagó en su día se pueda librar de la cárcel", insiste Pérez Boga, quien
se preguntó de qué sirve el endurecimiento de las penas en el Código
Penal si al que paga, aunque ya esté imputado, le resultan ahora mucho
más ventajosas las penas que las que se imponían antes de la reforma.
Los inspectores de Hacienda, que dan toda credibilidad a los
estudios que cifran en torno al 20% del PIB la economía sumergida,
denuncian también que, de acuerdo con el modelo de inspección actual,
apenas tienen tiempo para investigar el fraude más sofisticado y
complejo. En este sentido, indican que cada equipo de inspección debe
analizar a 12 grandes empresas al año, lo que por término medio, supone
dedicarles únicamente 20 días, un tiempo que consideran claramente
"insuficiente".
A la escasez de medios, se une también, según denuncian, los
baremos utilizados para repartir entre los funcionarios de la Agencia
Tributaria el complemento de productividad (que puede llegar a ser hasta
el 25% del sueldo), que priman el número de contribuyentes investigados
y la deuda recaudada, lo que motiva que se cierren los expedientes
rápidamente, regularizando los incumplimientos más visibles y dejando de
investigar las estructuras más complejas.
Además, también rechazan que todo procedimiento de inspección se
debe realizar en un máximo de 12 meses --limitación que no existe en
ningún país desarrollado--, por lo que los expedientes se tienen que
cerrar muchas veces antes de haber descubierto todo el fraude.
Ante este panorama, la Organización de Inspectores pide un plan
especial de actuaciones en la Agencia Tributaria, de tal manera que los
funcionarios puedan trabajar horas extra, acudiendo por las tardes a sus
puestos de trabajo por ejemplo, y sin coste para el organismo, ya que
se podría financiar con el 5% del fraude descubierto por este trabajo
extra. Así, de cada 100 euros de mayores ingresos obtenidos, 5 se
destinarían al pago de los mayores gastos en la ejecución del plan.
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