MADRID.- La propuesta de la comisión nombrada por el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para prohibir a los
partidos, sindicatos y asociaciones ejercer la acusación popular es
criticada por jueces o formaciones políticas y organizaciones que, en
algunos casos, se personan en delitos de corrupción.
Ven en la medida un intento por "controlar" asuntos seguidos
contra "poderosos", políticos y banqueros que deja "totalmente
indefensa" a la sociedad civil y "aniquila" un derecho consagrado en la
Constitución.
El artículo 125 de la Carta Magna propugna el derecho de los
ciudadanos a "ejercer la acción popular y participar en la
Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la
forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine".
Ahora bien, la propuesta del Código Procesal Penal elaborada por
un grupo de expertos acota el tribunal de jurado a los homicidios y
asesinatos consumados y también limita la personación y la lista de
delitos que son susceptibles de ser denunciados por la acusación
popular.
Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, con
esta propuesta la "gran mayoría" de procesos de corrupción "no se
hubieran destapado" ya que la Fiscalía, en algunos casos, no ha querido
actuar. "Han seguido adelante gracias a las acciones populares", ha
añadido.
Asuntos de gran trascendencia mediática en los que se indaga el
perjuicio que han sufrido las arcas públicas son investigados gracias al
impulso de sindicatos, asociaciones o partidos políticos que ejercen la
acción popular. Así ha ocurrido en los casos instruidos contra
entidades financieras como Bankia o Novacaixagalicia o contra
personalidades como el exbanquero Miguel Blesa o el expresidente de la
Generalitat Valenciana Francisco Camps en el llamado 'caso de los
trajes'.
Bosch admite que pueden haberse producido "excesos" en su
utilización pero que ello no justifica la "práctica supresión" de "una
forma de participación que ha aportado mucha información de interés
público y ha servido para que lleguen a juicio asuntos sobre los que, al
menos, era oportuno que se pudiera resolver".
"Si esta nueva regulación
sale adelante, la acusación popular va a desaparecer en los términos
que está concebida".
"Da la impresión de que el Gobierno pretende controlar
políticamente la instrucción penal y, por otro lado, evitar que se
produzcan acusaciones que no puedan ser controladas desde el poder
político", reconoce. En su opinión, esta medida "puede generar
impunidad" en un momento en el que no paran de aflorar casos de
corrupción contra políticos o personalidades del mundo financiero.
La propuesta también ha levantado ampollas en el sindicato Manos
Limpias, que mantiene una posición activa en las investigaciones
llevadas a cabo contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa o
contra el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin.
La organización se ha puesto en pie de guerra y planea llevar la
ley al Tribunal Constitucional e incluso a instancias europeas si el
Gobierno la aprueba en estos términos. Su secretario general Miguel
Bernard ve esta idea "totalmente inconstitucional" porque "se carga,
extermina y aniquila" el artículo 125 de la Constitución. "Me recuerda a
la política del nazismo", ha agregado.
"Esto no puede quedar así porque es un golpe al Estado de Derecho.
No lo vamos a consentir", ha enfatizado Bernard, para remarcar que
detrás de este planteamiento está el intento de "los poderosos por
cubrirse" y por "dejar totalmente indefensa a la sociedad civil".
"Es un
retroceso a regímenes totalitarios nazis".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), con
mayor representación en la Administración de Justicia, reivindica la
"función social" de los sindicatos y se opone a cualquier "injerencia
del poder político".
"No puede haber resquicio que permita la impunidad
de conductas delictivas", ha añadido.
"La limitación del ejercicio de la acción popular es una 'vuelta
de tuerca' más al derecho de tutela judicial efectiva que, últimamente,
se ha visto vapuleado con reformas como la de las tasas judiciales,
recurrida ante el Tribunal Constitucional por excesiva", precisa.
La propuesta de la comisión institucional designada por Gallardón
excluye del ejercicio de la acción popular a partidos políticos,
sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, salvo a colectivos
de víctimas en casos de terrorismo.
El borrador, en fase de estudio por el Gobierno, limita los
delitos que son perseguibles mediante esta acusación, que actualmente
actúa en cualquier delito de naturaleza pública, incluidos los
económicos.
De ser aprobado, solo podrá actuar en delitos de prevaricación
judicial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan sido
cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y
por particulares partícipes en los mismos.
La ristra de delitos incluye aquellos contra la ordenación del
territorio y el urbanismo, el medio ambiente, los delitos electorales,
el terrorismo o la provocación a la discriminación, al odio o a la
violencia contra asociaciones, así como la difusión de información
injuriosa sobre estos grupos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario