BARCELONA.- El Parlamento de Cataluña pide tres años de cárcel para 20
manifestantes que participaron en el asedio a la cámara el 15 de junio
de 2011, al considerar que cometieron un delito contra las instituciones
del Estado impidiendo la entrada de parlamentarios, y la Generalitat
pide la misma pena para cuatro de ellos.
En sus escritos de acusación, el Parlamento y la Generalitat
recogen los incidentes que ocurrieron la mañana del 15 de junio durante
la protesta convocada contra los recortes bajo el lema 'Paremos el
Parlament. No dejaremos que aprueben los recortes', en la que algunos
diputados fueron increpados, golpeados y pintados, y que obligaron al
presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la del Parlament, Núria de
Gispert, a acceder en helicóptero.
Ambas instituciones, que actúan como acusación particular,
consideran que los acusados retrasaron la entrada de los diputados y
obligaron a modificar el orden del día, pese a que finalmente pudieron
acceder y se pudo celebrar el pleno previsto.
"Pese a que mayoritariamente los parlamentarios que acudieron a la
sesión del día 15 de junio de 2011, pudieron acceder a su escaño,
cambiando sus hábitos de transporte, la gran mayoría de ellos en medios
inhabituales (vehículos policiales, helicópteros o protegidos por
cápsulas policiales), lo cierto es que debieron recurrir a esas
extraordinarias medidas de protección por el temor e impedimento de
deambulación", recoge el escrito del Parlamento autonómico.
En el escrito también se refleja que algunos diputados fueron
rodeados, increpados y golpeados por los manifestantes y tuvieron que
refugiarse en la comisaría de la Guardia Urbana de la calle Nàpols y en
la sede de UDC de la misma calle, entre otros.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cinco años de
cárcel para estos 20 manifestantes acusados, al considerar que
provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que
intentaban entrar en la cámara.
En un escrito de acusación, la fiscal Teresa Sandoval atribuye a
los acusados un delito contra las Instituciones del Estado en concurso
ideal con otro de atentado contra la autoridad, y reclama que a cada uno
se le imponga además una multa de 7.500 euros; por su parte, Manos
Limpias, que ejerce de acusación popular, solicita ocho años y medio de
cárcel para los 20 acusados.
Por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Velasco
envió la causa a los juzgados de Barcelona en febrero de 2012 aunque el
Supremo resolvió en noviembre que la Audiencia Nacional era la
competente para investigar estos hechos por considerar que el Parlamento
catalán debe considerarse una institución del Estado.
Una campaña en Internet está recogiendo firmas para pedir al Parlament que retire su petición de cárcel para los acusados.
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