MADRID.- La Fiscalía española ha recomendado evitar la
criminalización de conductas que sean consecuencia de la situación
"desesperada" de su autor, que "sigue sufriendo en sus carnes las
gravísimas consecuencias" de la crisis económica. Por contra, ha
apostado por "extremar el rigor" en la persecución de aquellas
actividades defraudatorias que causen la pérdida de puestos de trabajo o
perjuicios a pequeños ahorradores.
Así se expresa en la Memoria correspondiente al año 2013 hecha
pública este miércoles, en la que advierte de que, aunque los últimos
datos macroeconómicos "parecen permitir algo más de optimismo", lo
cierto es que una "importante" cantidad de la población padece todavía
el paro, los desahucios y otras carencias.
El Ministerio Público observa una consolidación en la tendencia a
la baja de los procedimientos incoados por defraudación de IRPF,
mientras que constata un aumento "no excesivamente significativo" pero
sí "apreciable" en las defraudaciones de IVA y sociedades. La situación
económica también ha provocado un aumento en el número de delitos
societarios.
En este sentido, el departamento dirigido por Eduardo Torres-Dulce
avisa de que incluso conductas como el robo violento se han visto
incrementadas "artificialmente" a través de simulaciones, que "movidas
por un clima de penuria económica", llevan a presentar denuncias con el
objeto de cobrar indemnizaciones a través de pólizas de seguro.
"El consenso de las distintas Fiscalías en que la crisis económica
actúa como inequívoco motor de muchos de estos delitos y causa clara de
concretos repuntes de delincuencia", resume. La simulación del delito
era "marginal" hace años, pero ahora ha experimentado un notable
incremento del 25% en las calificaciones.
Además, pone de relieve el incremento del 19% en las incoaciones y
del 34% en las calificaciones por delitos de usurpación y los vincula
también a la coyuntura económica. "Se sigue detectando que muchas
conductas se dirigen contra el parque acumulado de viviendas de algunas
entidades financieras, que permanecen sin ocupar, sin detectarse que
respondan a actuaciones grupales u organizadas, sino que se trata de
familias que desalojan la vivienda tan pronto como se realiza el
requerimiento judicial", explica.
La Memoria aboga por aumentar la especialización al tratar los
delincuencia económica y recoge las principales preocupaciones de los
fiscales jefes en la Sección de Delitos Económicos. Por ejemplo, el
fiscal de Sevilla lamenta la "continua renovación" que se viene
produciendo entre los componentes de la sección, lo que ocasiona "graves
perjuicios" en su funcionamiento.
Desde Almería, se lamenta la "generalizada" concesión de
beneficios de suspensión de condena en las "escasas" ocasiones en que se
dictan por delito fiscal, mientras que en Málaga aprecian "cierto
automatismo" en la aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas.
La Fiscalía de Navarra reseña un aumento del número de
conformidades en los delitos contra la Hacienda Pública, al tiempo que
el fiscal de Álava expresa su preocupación la absolución desde la
Audiencia Provincial de supuestos de blanqueo de capitales cuando las
organizaciones utilizan a "mulas".
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada ha intervenido en 312 procedimientos judiciales en 2013, de
los cuales 68 se siguen por defraudaciones, insolvencias punibles y
delitos relativos al mercado y los consumidores, 101 por delitos contra
la Hacienda Pública, 131 por delitos contra la Administración Pública,
69 por blanqueo de capitales y 18 por delitos de asociación ilícita y
organización criminal. Algunos de los procedimientos aglutinan varios
ilícitos.
La Audiencia Nacional conoce 142 procedimientos, los juzgados de
Cataluña 26, la Comunidad de Madrid 31, Málaga 56, mientras que diez se
siguen en las Islas Canarias, uno en el Principado de Asturias, 14 en la
Comunidad Valenciana, dos en Castilla-La Mancha, seis en Sevilla , 24
en las Islas Baleares, cinco en Murcia, dos en Almería y uno en
Zaragoza.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción asumió la competencia
de 55 nuevos procedimientos penales, frente a 41 del año anterior, once
de ellos derivados de la conclusión de diligencias de investigación de
la propia Fiscalía, doce asignados en virtud de decreto del Fiscal
General del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción ha recibido 1.940 comunicaciones el año
pasado frente a las 1.468 del curso anterior; ha pasado de remitir
4.555 a 5.907 comunicaciones y ha incoado 19 diligencias de
investigación frente a las 19 de 2012.
Según detalla, la práctica totalidad de las comisiones rogatorias
se ha referido a delitos de blanqueo, participación en organizaciones
criminales y delitos conexos como fraudes o falsedades. Se han centrado
en investigaciones patrimoniales e información bancaria.
Andorra ha solicitado en siete ocasiones información, Italia en
cuatro, Rusia en cuatro, Portugal, Francia y Reino Unido en dos, aunque
Luxemburgo, República Checa, Países Bajos, Letonia, Estados Unidos,
Argentina, Perú y Venezuela también figuran en la lista de países
requirentes.
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