SEVILLA.- La juez Mercedes Alaya ha decretado el secreto de las actuaciones por
el supuesto fraude de los cursos de formación concedidos a consorcios y
«diversos entramados empresariales» al considerar que ante la «gravedad
de los hechos» es necesario que la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil realice nuevas diligencias para avanzar en la
investigación.
En un extenso auto, la juez afirma haber encontrado «bolsas de
fraude» en las subvenciones que le llevan a abrir nuevas líneas de
investigación, entre ellas la referida a la existencia de entramados
empresariales que se habrían beneficiado de un gran volumen de ayudas y
que incluso tendrían relación con cargos de la administración. Algunas
de estas sociedades fueron identificadas en su momento por el
responsable del departamento de Gestión de Formación Profesional,
Teodoro Montes, considerado testigo clave de este caso.
La juez también investiga la existencia de fraude en los consorcios
entre administraciones que habrían recibido subvenciones en
adjudicaciones sin concursos que han sido cuestionadas por la Cámara de
Cuentas. De hecho, según matiza el auto, la Junta ha iniciado un
expediente de reintegro a los consorcios para que devuelvan las ayudas.
Asimismo, también se están realizando diligencias sobre las ayudas
extraordinarias concedidas a empresas y fundaciones para la recolocación
de los extrabajadores de la empresa de automoción Delphi, merced a un
protocolo firmado entre la Junta y los sindicatos. En este sentido se
habrían concedido en torno a cien millones de euros para formación y
contratación de los exempleados.
Pero el principal objeto de investigación de la juez en esta causa
parece ser la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que
recibió 85,7 millones de euros en subvenciones. Según la juez, esta
entidad «llegó a convertirse en un instrumento de la Consejería de
Empleo», cuya única fuente de financiación eran subvenciones del
Servicio Andaluz de Empleo con graves irregularidades en su
justificación. La propia Cámara de Cuentas ya cuestionó 50 millones
recibidos así en 2009 y 2010.
Mientras instruye esta causa, Alaya ha remitido ya al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía la exposición razonada con los
indicios acumulados contra cuatro exconsejeros andaluces que en la
actualidad están aforados. Aunque el alto tribunal aún no ha decidido si
admite o no a trámite la causa y qué parte de ésta, ha decidido
informar ya a los afectados para que puedan ejercer su derecho de
defensa al haberse filtrado parte de la misma.
En esa exposición razonada, según adelantó el diario ‘El Mundo’, la
juez entiende que todos los consejeros y viceconsejeros del Gobierno
andaluz entre 2005 y 2007, bajo la presidencia de Manuel Chaves,
conocieron el fraude de los ERE al haber recibido hasta tres informes de
la Intervención General alertando de las irregularidades.
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