BARCELONA.- "Con nocturnidad y alevosía", "sin contar para nada" con el resto de grupos parlamentarios, PP y PSOE promovieron un proceso "esperpéntico" de reforma del artículo 135 de la Constitución, una medida que la Cámara Baja tomó en consideración este martes, con el respaldo de 318 diputados socialistas y 'populares'. Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, resume así el relato de los acontecimientos y recuerda a los dos mayoritarios que su participación en la escritura de la Carta Magna le da legitimidad suficiente como para opinar sobre los cambios que se produzcan en ella. En la misma línea, Josu Erkoreka criticó a ambas formaciones por "aplicar el rodillo y atropellar a las minorías".
Los convergentes recordaron este martes a los dos grupos mayoritarios que CiU y el Partido Comunista de España (PCE), ahora integrado en IU, participaron en la elaboración de la Carta Magna, lo que los legitima para opinar sobre los cambios que se incluyan en ella. El texto "existe gracias a todos y, si fuese por algunos diputados de alguna bancada, ni tan siquiera existiría".
Por su implicación en el nacimiento de la Constitución, los catalanes critican especialmente que el PP y el PSOE hayan elaborado una reforma "con nocturnidad y alevosía" y... "Sin contar para nada con nosotros". A su juicio, este proceso "esperpéntico" supone "una ruptura del proceso constituyente".
Duran confesó que a su formación le produce "escalofríos" pensar que al partido del Gobierno y al de la oposición les da igual que CiU no se sienta identificada con la Carta Magna. Luego, insistió en que es "impresentable e inadmisible" acometer "en cuatro días" una "reforma exprés" de la misma. En su opinión, este tipo de cambios ha de llevarse a cabo "con seriedad, sosiego y consenso".
Estos hechos agravan, a su juicio, "la humillación" que implicó para Duran y los suyos la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatuto de Cataluña. "No sé si son conscientes de que, de no corregirse esta dirección, va producirse un choque de trenes de consecuencias desconocidas, pero que no serán positivas y no nos interesan, ni a ustedes ni a nosotros", alertó el portavoz.
Duran recordó que los nacionalistas catalanes comparten el principio de estabilidad y entienden la coyuntura económica en la que se ha impulsado la revisión constitucional. Sin embargo, los suyos creen que este principio no tiene por qué introducirse en la Constitución o en una ley orgánica.
El portavoz recordó que el Ejecutivo había apostado por que las cámaras autonómicas fijaran el tope de déficit de las comunidades, algo que contradice la decisión actual y que Duran lleva más allá: "Sin autonomía financiera, no hay autonomía política y, sin autonomía política, no se puede hablar del Estado de las Autonomías".
El dirigente catalán acusó a los mayoritarios de haber "marginado" a los entes locales en su acuerdo y defendió que los ayuntamientos tengan también un tope de déficit del 0,4 por ciento. Además, considera que el reparto de déficit entre el Estado (0,26 por ciento) y las autonomías (0,14 por ciento) es "injusto".
Por todo ello, los 10 diputados de CiU 'levantaron las manos' a la hora de votar, renunciando a participar en la votación: "Si no hemos estado en el consenso ni el diálogo, no estamos en la votación. Ellos se lo hacen, ellos se lo guisan y ellos se lo comen", sostuvo Duran, en referencia a los miembros de los dos grandes partidos.
También el PNV criticó a 'populares' y socialistas por "aplicar el rodillo y atropellar a las minorías", "pasando la apisonadora por encima de las formas y los procedimientos". Erkoreka afirmó: "Somos radicalmente contrarios a convertir las reglas de buena gestión en normas rígidas que encorsetan y limitan la capacidad de actuación de los poderes públicos, estrechando su margen fiscal y obligándoles a renunciar a determinados instrumentos de política económica".
Algunos de sus argumentos en contra de la reforma coincidieron con los de CiU. En su opinión, supone "un atropello en toda regla a los procedimientos democráticos", ya que una reforma de "calado" se ha tramitado en "peores condiciones de transparencia, publicidad y contraste público que las establecidas con carácter general para las leyes ordinarias".
Además, el portavoz nacionalista vasco sostuvo, entre otras cosas, que el acuerdo es "irrespetuoso con la estructura compuesta del Estado", puesto que pretende promover una reforma que afecta "decisivamente a las competencias fiscales y financieras de las comunidades autonómicas y entes locales, sin que hayan sido consultados". Él lo interpreta como un ejemplo del "impulso recentralizador".
Francisco Jorquera, de BNG, criticó que, en 33 años, "ni siquiera" ha sido posible cambiar la Carta Magna para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en la sucesión a la Corona. Ahora, "ha bastado con que la señora Merkel y el señor Sarkozy llamasen a capítulo" para acometer "una reforma vía exprés", afirmó en alusión a los dirigentes de Alemania y Francia.
Uxue Barkos sostuvo que el consenso no le gusta, "ni en el fondo ni en la forma", y que, ante un cambio de esta naturaleza, "no se puede hurtar" a los ciudadanos su derecho a opinar. La diputada de NaBai, que recibió un gran aplauso a su subida a la tribuna, después de haber estado de baja por un cáncer de mama, afirmó que su formación "está a favor del referéndum", que podría celebrarse "el 20 de noviembre".
Rosa Díez, líder de UPyD, se preguntó por qué PP y PSOE no han convocado un referéndum. Ella cree que es porque consideran que podría ser "peligroso": "Las dictaduras con mucho más sencillas y previsibles, pero la democracia es lo que tiene. Si preguntas a la gente, contesta, y si le dejas votar, ya ni te cuento. Es peligroso que la gente vote, se manifieste y que tengamos un debate abierto; es peligroso que nos comportemos con respeto a la norma democrática".
Fernando Ríos (CC) explicó que, sin entrar "en la idoneidad o no de limitar el techo de gasto", la forma de llevar a cabo este proceso "no ha sido adecuada", en cuanto a que no se ha considerado la opinión del resto de integrantes de la Cámara Baja.
"Van a petrificar un mecanismo rígido que impedirá atender con la necesaria agilidad cualquier situación de recesión y es el último golpe a la izquierda y a una posible salida social de la crisis", cree Joan Ridao, diputado de ERC. Los republicanos piensan que la norma "se carga" la autonomía fiscal y financiera de las comunidades, sin tener en cuenta sus competencias, su soberanía fiscal y su estructura de gasto.
A su juicio, la proposición de ley es una imposición del Banco Central Europeo (BCE), Alemania y la derecha europea, como "oneroso" pago al "rescate" de la deuda española de julio, con una reforma "innecesaria, sobreactuada e ideológicamente muy peligrosa". En su opinión, los cambios siguen una pauta "neocon" de personalidades como el ex presidente José María Aznar.
Como él, Gaspar Llamazares (IU) cree que la norma lleva al "desequilibrio" imponiendo la "opulencia y despilfarro" del mercados, bancos y empresas, "que suponen dos tercios del total de la deuda española". El izquierdista piensa que se impone la austeridad pública y, con ella, una "penitencia" a los ciudadanos, que se ven obligados a soportar un tope de déficit que no ha cumplido ningún país europeo, salvo Alemania, que lo hizo una vez en los últimos veinte años.
Todos los grupos minoritarios rechazaron el acuerdo. Sólo UPN se sumó a la postura de socialistas y 'populares'. El diputado Carlos Salvador afirmó que "lo mejor" de la reforma es, "sin duda", el consenso entre los dos partidos mayoritarios, la constatación de que hay que afrontar el futuro "con más consenso, respeto y concordia".
