miércoles, 6 de febrero de 2013

Los jueces decanos y el CGPJ también piden más medios para luchar contra la corrupción


MADRID.-   Los jueces decanos de España se han adherido al acuerdo adoptado el pasado 30 de enero por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para reclamar más medios materiales y personales en la lucha contra la corrupción, los delitos económicos y las causas de "especial relevancia social". 

   En un comunicado difundido este miércoles, los jueces decanos manifiestan su intención de desempeñar su trabajo "responsablemente y en las debidas condiciones" y aseguran que algunas de las deficiencias que presentan actualmente los juzgados y tribunales españoles se podrían resolver "de manera inmediata".

   "Son los jueces y fiscales quienes investigan los asuntos relacionados con la corrupción y, por tanto, las medidas más eficaces son aquellas que se dirigen a apoyar y facilitar su trabajo", afirman en un comunicado en el que señalan que no es posible llevar a cabo "una investigación seria y rigurosa" sin funcionarios, policías y peritos especializados.

   En concreto, los jueces decanos piden medidas de refuerzo al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. "El problema es que, o no llegan, o lo hacen demasiado tarde", aseguran.

   Entre las medidas necesarias apuntan el nombramiento inmediato de jueces y secretarios judiciales de refuerzo, la adscripción de fiscales con dedicación exclusiva, la facilitación de peritos contables con dedicación igualmente exclusiva en este tipo de asuntos (peritos de la Hacienda Pública, Banco de España, Intervención General del Estado) y la creación de un cuerpo nacional de peritos contables forenses. También destacan la necesidad de adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez.
   A su juicio, no parece que exista una especial sensibilidad hacia estos problemas, "cuando precisamente hace unas semanas se ha aprobado una norma que ha suprimido el llamamiento de jueces sustitutos, que son quienes venían llevando tales funciones de apoyo y refuerzo en los juzgados y tribunales".

El CGPJ pide información los TSJ

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha pedido hoy a todos los tribunales superiores de justicia autonómicos que entreguen toda la información referentes a casos de corrupción para agilizar los procedimientos en marcha.
Así lo ha señalado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa posterior al debate que el Consejo ha realizado hoy sobre un informe opuesto a la reforma de este órgano propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Previo al debate, Moliner ha informado al Consejo de la comunicación realizada a los presidentes de los tribunales regionales, y anunciada en el último pleno, con el fin de que éstos ofrezcan "una completa información sobre procesos relacionados con la corrupción política y económica", ha explicado Bravo.
La portavoz ha indicado que esta iniciativa fue adoptada por Moliner desde el respeto a la independencia del poder judicial y a la función jurisdiccional de los jueces en sus juzgados.
No obstante, el Consejo solicita esta información, ha comentado Bravo, "conscientes en estos momentos de la preocupación de la ciudadanía dada la proliferación de asuntos relacionados con corrupción política y económica".
El objetivo es determinar la afectación que los casos de corrupción tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, para saber si se colapsa y aportar soluciones necesarias o medidas de refuerzo para agilizar los procedimientos.
Bravo ha expresado que de esta manera el poder judicial quiere dar un mensaje de compromiso con la sociedad porque es "el último garante del sistema democrático".
Moliner, ha señalado Bravo, ha resaltado en el pleno la importancia de mostrar a los jueces el apoyo del Consejo desde todos los puntos de vista.
Una vez realizado el diagnostico de la situación, el presidente del CGPJ se comprometido a hablar con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para abordar los problemas que tienen los juzgados autonómicos y facilitarles los medios materiales y personales con absoluta eficacia", ha concluido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.

Urdangarin y Torres no pagan la fianza de 8,2 millones de euros

PALMA DE MALLORCA.- Tras cinco días de plazo otorgados por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, el Duque de Palma Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres no han abonado finalmente la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros que el magistrado les impuso en el marco de estas pesquisas. Los dos imputados tenían hasta esta medianoche para poder hacer frente al pago de la cuantía decretada la pasada semana.

   De esta forma, si bien en la mañana de mañana jueves se efectuará una nueva comprobación en la cuenta del Juzgado así como en el de guardia de la capital balear, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma podrá iniciar en breve los trámites para embargar los bienes de ambos encausados, quienes deberán designar los mismos hasta cubrir la caución fijada por el magistrado.
   Una vez comprobado su valor se procedería a su embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que ni Urdangarin ni Torres señalasen bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.
   Tal y como ya indicó el juez, entre los bienes se verán afectadas las participaciones de las que sean titulares ambos imputados en las empresas de su entramado: Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Strategy Innovation Lab, Shiriaimisu, Virtual Strategies, De Goes Center for Stakeholder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y Aizoon, la sociedad cuya propiedad Urdangarin comparte al 50 por ciento con la Infanta Cristina.
   En cualquier caso, fuentes judiciales han precisado que el hecho de que haya expirado el plazo para abonar la fianza, no impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de los bienes.
   Tanto Urdangarin como Torres han recurrido el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denuncia haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, lo que ha puesto de manifiesto "a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
   Un recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso de que finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad.
   En su auto de responsabilidad civil, el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
   En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
   De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".
   Es más, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".
   En concreto, la fianza engloba los 1,2 millones de euros que percibió Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos en virtud de un convenio con el Consell de la Generalitat y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
   Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global solicitada).

El PP pierde apoyo electoral en un sondeo del CIS previo al caso Bárcenas

MADRID.- El respaldo electoral al Partido Popular, que hace algo más de un año se hizo con el poder con mayoría absoluta, ha vuelto a caer, según el barómetro del CIS realizado previamente a que estallara el escándalo de corrupción en la formación que hoy gobierna España.

Los profundos recortes y las dificultades económicas por las que atraviesan los ciudadanos siguen pasando factura al PP que, de celebrarse hoy unas elecciones generales, se haría con el 35 por ciento de los votos, frente al 44,6 por ciento que obtuvo en noviembre de 2011, según los datos del CIS difundidos el miércoles.
El Partido Socialista, principal formación de la oposición, ve mejorar levemente sus resultados con un 30,2 por ciento de los sufragios, frente al 28,7 por ciento de los comicios pasados, con lo que la diferencia entre las dos principales fuerzas políticas del país se estrecharía de 12,7 puntos en 2011 a 4,8 puntos a día de hoy.
El sondeo, realizado entre el 4 y el 14 de enero entre 2.483 personas, no refleja el descontento de la ciudadanía ante el llamado caso Bárcenas, que empezó a aparecer en la prensa hace dos semanas a raíz de conocerse que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas tenía cuentas millonarias en Suiza.
Además, la Fiscalía Anticorrupción está investigando si Bárcenas realizó pagos irregulares a varios dirigentes del PP, entre ellos el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, procedentes de fondos abonados por empresas principalmente de la construcción.
Aunque Rajoy - en el que el 82 por ciento de los sondeados dijo tener poca o ninguna confianza - ha negado con contundencia las acusaciones, el creciente escándalo probablemente pase más factura al PP entre los ciudadanos, que ya están muy desilusionados con el Gobierno por la gestión de la profunda crisis económica y un desempleo de más del 26 por ciento.
De hecho, el paro y los problemas de índole económica siguen siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos, por delante de la política y los partidos en general y la corrupción y el fraude.
Frente a la caída de apoyos del PP, los grupos con menos presencia en el Congreso salen reforzados, como Izquierda Unida, que obtendría un 9,4% de los votos (frente al 7,02% actual) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), que lograría un 6,8 por ciento (4,76% hoy).

Inquietud por la corrupción

La preocupación por la corrupción y el fraude ha marcado un nuevo récord de los últimos años y continúa como el cuarto problema para los españoles por detrás del paro, la economía y los políticos, según se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de enero.
   El sondeo, hecho público este martes, se basa en 2.483 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los días 4 al 14 de enero de 2013.
   En medio del trabajo de campo se conoció el acuerdo de conciliación sobre el 'Caso Pallerols', en el que dirigentes Unió reconocieron el desvío de fondos públicos al partido. Sin embargo, aún no había estallado el 'caso Bárcenas' ya que fue el 16 de enero cuando se conoció que extesorero del PP Luis Bárcenas tuvo hasta 22 millones de euros escondidos en Suiza.
   En concreto, en enero la corrupción y el fraude fueron citados como un problema en el 17,7 por ciento de los cuestionarios, medio punto más del 17,2 por ciento que se había anotado el mes anterior. Este porcentaje supone un nuevo récord con respecto a las cifras de los últimos años, aunque queda muy lejos del 33,5 por ciento que logró en enero de 1995, durante los últimos meses de gobierno de Felipe González.
   En cualquier caso, la principal inquietud de los españoles sigue siendo el paro, que aparece en el 81,1 por ciento de los cuestionarios, seguida de los problemas económicos en general, con un 38,9 por ciento.
   Como viene ocurriendo desde febrero de 2010, la clase política figura como tercer problema, si bien ahora el porcentaje está cerca del doble del de hace tres años, ya que mientras en 2010 se situaba en un 16,8 ahora está en el 30,3 por ciento.
   Tras la corrupción y el fraude, esta vez el quinto puesto es para la sanidad, que baja uno respecto a diciembre y es mencionada como un problema en el 12,1 por ciento de las encuestas. La preocupación por la educación, que era la quinta en el mes anterior, empata ahora con la que generan los bancos, con un 5,8 por ciento. El séptimo lugar es para los recortes en general con un 5,4.
   La relación de problemas personales también está encabezada por el desempleo (48,4 por ciento) al que le siguen la economía (36 por ciento), la sanidad (12,4 por ciento), los políticos (9,2 por ciento) y los recortes, con el 8,7 por ciento.
   Como hace todos los meses, el CIS también preguntó en enero sobre la percepción de la situación política y económica. Nueve de cada diez consultados tachan de "mala" o "muy mala" la coyuntura económica, frente al 0,6 por ciento que la "bien" o "muy bien". El 66 por ciento considera que está peor que hace un año y cuatro de cada diez auguran que seguirá empeorando en los próximos doce meses.
   En paralelo, el 37 por ciento cree que su situación económica personal irá a peor durante este año, frente al 13,2 que confía en que mejore. En el plano laboral, el 19,2 por ciento prevé que le irá peor en su trabajo durante en 2013, mientras que el 12,3 espera que sea al revés.
   La situación política es "mala" o "muy mala" para el 77,4 por ciento y sólo el 2,6 la percibe como "buena" o "muy buena". El 42,6 por ciento asegura que ahora es peor que en enero de 2012 y el 34 por ciento pronostica que todavía será peor a un año vista; sólo un 12,7 por ciento opina que mejorará.

El Gobierno tunecino cae tras las protestas por la muerte de un opositor

TÚNEZ.- Los islamistas en el poder en Túnez disolvieron el Gobierno el miércoles y prometieron celebrar elecciones lo más pronto posible en un intento por calmar las mayores protestas desde la revolución de hace dos años, que estallaron por la muerte de un líder opositor.

El anuncio del primer ministro de que un gabinete de tecnócratas interino sustituiría a su coalición, liderada por islamistas, se produjo al final de un día que arrancó con la muerte a tiros de Chokri Belaid, un abogado izquierdista con un seguimiento político modesto pero que habló en nombre de muchos que temen que los radicales religiosos estén apoderándose de las libertades logradas en la primera de las revueltas de la Primavera Árabe.
Durante el día, los manifestantes se enfrentaron a la policía en las calles de la capital y otras ciudades, como Sidi Bouizid, el lugar donde nació la "revolución de Jazmín" que derrocó a Zine al Abidine Ben Ali en enero de 2011.
En Túnez, la multitud prendió fuego a la sede de Ennahda, el partido islamista moderado que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones legislativas hace 16 meses.
El primer ministro Hamdi Jebali, de Ennahda, habló en televisión por la noche para declarar que las semanas de conversaciones entre varios partidos políticos sobre la remodelación del Gobierno habían fracasado y que sustituiría todo su Ejecutivo por un equipo de tecnócratas no partidistas hasta que se celebren elecciones, lo antes posible.
Los incidentes del miércoles, en los que la policía dijo murió un oficial, habrían llevado a Jebali, que permanecerá como primer ministro, a tomar las medidas.
"Después del fracaso de las negociaciones entre las partes sobre un cambio de gabinete, decidí formar un pequeño gobierno tecnócrata", dijo.
"El asesinato de Belaid es un asesinato político y el asesinato de la revolución tunecina", agregó.
No estaba claro a quién nombrará para su gabinete, pero la medida pareció ser bien recibida y las calles permanecían mayoritariamente en calma en la noche.
Las protestas tras el asesinato de Belaid mostraron la profunda división entre los movimientos islamistas y laicos, que temen que la libertad de expresión, la libertad cultural y los derechos de las mujeres estén amenazados a apenas dos años de que una revuelta popular puso fin a décadas de dictadura.
"Este es un día negro en la historia moderna de Túnez (...) Hoy les decimos a los islamistas 'váyanse' (...) es suficiente", dijo Souad, un maestro de 40 años en las afueras del ministerio del Interior, donde miles de manifestantes se habían reunido.
"Túnez se sumergirá en sangre si se quedan en el poder", añadió.
La convocatoria a una huelga general para el jueves podría generar más problemas, aunque la familia de Belaid dijo que su funeral, otro posible punto álgido, tal vez no se realice hasta el viernes.
Los islamistas, que sobrevivieron a las décadas de férrea dictadura, han enfrentado críticas de líderes laicos de que intentan mezclar las ideas religiosas en el nuevo estado. Aún debe terminarse la redacción de una Constitución.
Un hombre armado disparó contra Belaid, de 48 años, en la puerta de su hogar cuando se dirigía al trabajo. El agresor huyó en una motocicleta. En pocas horas, multitudes se enfrentaban con la policía, arrojando piedras en medio de ráfagas de gas lacrimógeno.
Las potencias mundiales, cada vez más alarmadas por la influencia islamistas y los estancamientos políticos, instaron a los tunecinos a rechazar la violencia y continuar con la transición a la democracia que comenzaron dos años atrás, cuando su revolución puso fin a décadas de dictadura e inspiró revueltas similares en Egipto y en naciones del norte de Africa y Oriente Próximo.
Miles de personas también protestaron en ciudades como Mahdia, Sousse, Monastir y Sidi Bouzid, donde la policía lanzó gas lacrimógeno y disparó en advertencia contra manifestantes que incendiaron automóviles y una comisaría.
Ennahda negó cualquier relación con el asesinato. Su líder Rached Ghannouchi culpó a quienes buscan desbaratar la transición democrática en el país. "Túnez hoy se encuentra en uno de los mayores estancamientos políticos desde la revolución. Deberíamos quedarnos tranquilos y no caer en un espiral de violencia. Más que nunca necesitamos unidad", afirmó.
Acusó a sus oponentes laicos de incitar a las personas contra su partido tras el asesinato.
Túnez fue el primer país árabe que derrocó a su líder y celebró elecciones libres antes de que los levantamientos se extendieran por la región hace dos años, llevando a la caída de los dirigentes de Egipto, Yemen y Libia y a la guerra civil en Siria.
Desde la revolución, el Gobierno ha afrontado una serie de protestas sobre las dificultades económicas y el futuro de Túnez, y muchos se han quejado de que los salafistas estaban secuestrando la revolución en un país dominado previamente por una élite laica.
El año pasado, grupos salafistas impidieron la realización de varios conciertos y obras de teatro en ciudades tunecinas, diciendo que violaban principios islámicos. Ello preocupa a los secularistas entre los 11 millones de habitantes, que temen que la libertad de expresión esté en peligro.
La caída del comercio con la Unión Europea, afectada por la crisis de deuda, ha dejado a los tunecinos en dificultades para lograr la mejora del nivel de vida que muchos esperaban tras la salida de Ben Ali.
El presidente Moncef Marzouki, que el mes pasado advirtió de que las tensiones podían llevar a la "guerra civil", pidió calma y acortó un viaje a Francia, además de cancelar una visita a Egipto prevista para el jueves, tras el asesinato.
"Hay fuerzas políticas en Túnez que no quieren que esta transición tenga éxito", dijo Marzouki a periodistas en Estrasburgo.

Bárcenas se somete a una prueba caligráfica en Anticorrupción

MADRID.- El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ha realizado una prueba caligráfica durante su comparecencia este miércoles ante el fiscal anticorrupción Antonio Romeral, han informado fuentes del entorno del que fuera responsable de finanzas del PP, que ha negado que la letra que figura en los documentos publicados por el diario "El País" sea la suya.

   A lo largo del interrogatorio al que ha sido sometido en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha prolongado durante más de dos horas, el ex tesorero ha negado también la existencia misma de documentos donde pudiera haberse reflejado una contabilidad en 'B' del Partido Popular.
   El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha respondido en calidad de imputado a todas las preguntas formuladas por Romeral, según ha informado el Ministerio Público. Esta situación le ha permitido asistir a la comparecencia acompañado de su letrado, Alfonso Trallero, y sin obligación de decir verdad.
   A su llegada a la sede de Anticorrupción, Bárcenas ha sido  increpado en la calle por ciudadanos que gritaban 'chorizo, ladrón, delincuente' y "¿Dónde está mi sobre?"
   El que fuera gerente y responsable de finanzas del Partido Popular ha sido increpado en el marco de las diligencias informativas incoadas el pasado 24 de enero por la Fiscalía Anticorrupción sobre los supuestos pagos opacos en el seno del partido que sustenta al Gobierno.
    Antes de llegar a Anticorrupción, Bárcenas había  adelantado que contestaría a las cuestiones del fiscal en el mismo sentido "sin quitar ni una coma" a como lo hizo en la entrevista emitida el pasado lunes por 13TV, en la que negó la existencia de una contabilidad B en el PP y la autoría de los documentos publicados con los presuntos sobresueldos a dirigentes 'populares'. "
   No fue hasta el viernes pasado cuando se conoció la existencia de estas diligencias de investigación abiertas una semana antes, coincidiendo con el informe oficial que hubo de entregar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que había pedido que el Ministerio Público se posicionara sobre una posible citación de Bárcenas.
   La tramitación de las diligencias de investigación puede demorarse unos seis meses, prorrogables, tras los cuales el fiscal encargado del asunto puede optar por archivar la causa, al no encontrar indicios de delito, o bien judicializarla. De optarse por esta segunda opción, la instrucción del asunto correría a cargo del titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga el "caso Gürtel".

Suiza dice colaborar

Suiza está cooperando con España ante la solicitud de detalles de cuentas bancarias conectadas con el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en el marco de un caso de corrupción que ha salpicado a la formación en el poder, dijo el miércoles el fiscal general suizo.
Michael Lauber declinó nombrar los bancos o individuos bajo sospecha.

"Puedo decir dos cosas. Mantenemos una buena cooperación con las autoridades españolas. Desde luego, tenemos interés en recibir todo lo necesario para continuar las indagaciones", dijo Lauber en rueda de prensa en Ginebra al ser preguntado sobre el estado de la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción investiga las informaciones del diario El País, según las cuales había una contabilidad alternativa en el Partido Popular a través de la cual se realizaban pagos irregulares a sus dirigentes con dinero procedente de constructoras durante el boom inmobiliario que precedió al estallido de la burbuja que hundió a España en la crisis de deuda y en la recesión hace cinco años.

El presidente Mariano Rajoy ha dicho que las acusaciones son falsas, anunció auditorías de las cuentas de su partido y prometió hacer pública su declaración de la renta en la página web del Gobierno.

"En todo lo que respecta al número de cuentas y el nombre de sus titulares, nuestra práctica es que nunca comentamos oficialmente si una determinada persona o banco puede estar implicado en una de nuestras investigaciones", dijo Lauber.

"Si confirmásemos que tuviésemos algo en ese sentido, se comprometerían algunas de nuestras investigaciones. Por eso somos muy prudentes", añadió.

Ada Colau: mucha corrupción se debe a que los políticos se beneficiaron de la burbuja

MADRID.- La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, ha opinado este miércoles que muchos de los casos de corrupción política están asociados con la burbuja inmobiliaria ya que éstos se beneficiaron de la misma.

   En una entrevista con Antena 3, Colau ha indicado que las administraciones públicas se "beneficiaron" y "financiaron" a corto plazo "con el tema inmobiliario" y es por eso que en España hay "tantos casos de corrupción que están muy asociados a la burbuja inmobiliaria y cuando todo esto estalla".
   Asimismo, ha añadido que durante años "inmobiliarias, constructoras y entidades financieras" sacaron beneficio y contribuyeron a que se incentivara la burbuja.
   También, en este sentido ha criticado que "hasta el mismo día" que estalló todo el asunto las ministras socialistas decían que "no había burbuja, que la vivienda era un valor seguro, que lo mejor que podía  hacerse en España era comprarse una vivienda".
   Por otra parte, la portavoz de la PAH ha lamentado que este país "está en el punto de mira" de todos los medios de comunicación del mundo que "se escandalizan con la ley que tenemos aquí".
   "No hay ningún país de Europa, ni en EEUU, ni en ningún otro lugar que estén desalojando como aquí y, encima, la gente se quede con la deuda de por vida", ha subrayado al tiempo que ha dicho que "todo el mundo reconoce que esto es una anomalía".
   Haciendo alusión a los alquileres en España, ha explicado que a diferencia de otros países del mundo, "no es una alternativa real" porque, según ha destacado, son más caros y de mala calidad. Sin embargo, en Alemania el alquiler "es la opción mayoritaria porque está incentivado por el estado, está protegida, hay límites de precios y no te pueden echar así como así", ha ejemplificado.
   Además, ha recalcado que las personas afectadas por las hipotecas no es que rehuyan de su responsabilidad, sino que la gente "está dispuesta a asumir la responsabilidad que era consciente que asumía".
   Colau ha criticado que en este país a las inmobiliarias, a las empresas, a los corruptos y a los partidos les "perdonan" y les "prescriben" las deudas "muy rápido", sin embargo, "a los únicos que no les prescriben es a las familias".
   También, ha afirmado que hay un discurso oficial que "culpabiliza" a la gente más pobre y que lo ha perdido todo. Algo que, a su juicio, es "intolerable" porque ese discurso "se hace, evidentemente, para rehuir las propias responsabilidades".
   A la pregunta de si se arrepiente de haber denominado ayer de  "criminal" a un representante de la banca durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, ha sostenido que "en absoluto" , que incluso fue "prudente" y que la banca "tiene las manos marcadas de sangre".  
   "Digo criminal y lo ratifico porque la política que han seguido las entidades financieras es criminal, han hundido la economía de este país y han hundido a miles de personas a las que han empobrecido hasta el final de sus días", ha aseverado Colau.

lunes, 4 de febrero de 2013

Los jueces de la Audiencia Nacional española piden más medios para luchar contra la corrupción

MADRID.- Los seis jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional española han solicitado más medios personales y materiales para investigar las causas por delitos económicos y vinculadas con casos de corrupción que tienen que instruir debido a la "trascendencia y complejidad" de estos asuntos. 

   Así consta en un nota aprobada el pasado 30 de enero por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción del tribunal que ha sido remitida a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, con el objetivo de que la envíe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia.
   El escrito, que está firmado por el juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y sus compañeros Pablo Ruz, Fernando Andreu, Javier Gómez Bermúdez, Ismael Moreno y Eloy Velasco, destaca que en la Audiencia Nacional se instruyen causas en las que está presente la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organzada que "requieren de un mayor apoyo para su investigación".
   Por ello, los magistrados solicitan que se incrementen los medios personales y materiales de los que disponen y que se refuercen las unidades de auxilio a la instrucción judicial en lo relativo a peritos de Hacienda Pública, de la Intervención General del Estado e instituciones análogas.
   En este sentido, consideran que la Audiencia Nacional debería contar con más personal o que se permitiera la dedicación exclusiva a las funciones de auxilio judicial de estos profesionales, a fin de no demorar los plazos de emisión de los correspondientes peritajes necesarios para la finalización de los procedimientos judiciales.
   En la actualidad, la Audiencia Nacional instruye causas de corrupción como Gürtel, Pretoria, la SGAE o Emperador; delitos económicos como los imputados a Gerardo Díaz Ferrán o Nueva Rumasa, así como irregularidades en la entidades financieras como Bankia, la Caja de Castilla-La Mancha (CCLM), el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El 'Finantial Times' pide una investigación sobre las cuentas de Bárcenas

LONDRES.- El 'Finantial Times' sostiene en un editorial publicado este lunes que España necesita "una investigación completa, transparente e independiente" sobre las presuntas cuentas del extesorero del PP Luis Bárcenas. "Ni el Gobierno ni el país pueden permitirse menos", afirma.

   Bajo el título 'Rajoy en crisis', el rotativo británico dedica un editorial a la situación política en el Gobierno y el Partido Popular tras las informaciones desveladas por la prensa sobre presuntos pagos con dinero negro a dirigentes del PP, que llevan al jefe del Ejecutivo a enfrentarse a "la batalla de su vida".
   El periódico apunta que esta "bomba" no podía haber "estallado en un momento peor, con la población enfrentándose a un nivel de desempleo de record y una austeridad sin precedentes, y ya enfurecidos por una ola de escándalos de corrupción".
   Ahora, señala, el Gobierno "necesita ir al fondo de estas, hasta ahora, acusaciones sin confirmar, si quiere sobrevivir"
. "No puede ser otro caso de sobornos --presuntamente entregados en este caso por empresas de la construcción-- acumulando polvo en los tristemente lentos tribunales españoles", dice.
   El periódico recuerda la "reunión de emergencia" convocada por Rajoy el pasado sábado en Génova, tras la que el presidente negó haber recibido pagos irregulares de su partido, pero avisa de que "con seguridad no será suficiente" que el partido se dé "a sí mismo el visto bueno", como ocurrió el sábado "después de una somera investigación interna".
   En su opinion, aunque Rajoy y sus colégas pretenden publicar sus declaraciones de la renta durante el periodo en cuestión, puede que no sirva para desmentir que hubo "pagos secrestos en efectivo". Por ello, considera que hay una "urgente" necesidad de respuestas ante la "opinión pública", si el Gobierno del PP quiere "olvidar el escándalo".
   "España todavía está abriéndose camino en la mayor crisis económica  de la era democrática, mientras casi todas sus instituciones, desde la monarquía al sector judicial, muestran signos de podredumbre", señala el periódico.
   Además, del editorial, el 'Finantial Times' publica una información de análisis sobre la situación en España, que acompaña con la foto de una pintada en una pared en la que se lee 'Rajoy ladrón'. Bajo el titular 'La indignación crece mientras Rajoy queda sumergido bajo el escándalo', relata la comparecencia del sábado del presidente del Gobierno para declarar su inocencia.
   Unas palabras que, según apunta este periódico, "no hicieron nada para silenciar la creciente indignación popular por los supuestos pagos secretos a destacados miembros del partido". Además, recalca que el partido del Gobierno "puede ser forzado a explicar de donde procedía el dinero, qué se prometió a cambio y si las donaciones fueron recogidas y gestionadas en conformidad con las reglas del partido".
   El 'Finantial Times' también se refiere a la encuesta publicada este fin de semana por 'El País' que mostraba una "brusca" caída del PP y apunta que, a pesar de la indignación popular, pocos analistas prevén una "amenaza inmediata" para Rajoy y su Gobierno, en particular por "la ausencia de alternativas populares".
   En concreto, el periódico señala que el PSOE se encuentra "débil y luchando por una dirección", a pesar de la caída drástica del apoyo al Partido Popular.

Protesta en Berlín durante el encuentro entre Rajoy y Merkel


BERLÍN/MADRID.- Un numeroso grupo de ciudadanos españoles residentes en Berlín se han concentrado hoy con pancartas de rechazo y censura (en español y alemán) para recibir al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a las puertas de la sede de la cancillería alemana.

Rajoy ha sido recibido hoy lunes en Berlín con una lluvia de sobres, gritos y pancartas, en español y alemán, llamándolo delincuente mientras sonaba, cerca de la Cancillería, sede del Gobierno alemán, donde se reunía con Angela Merkel, la banda sonora de El Padrino interpretada con trompetas. Sin vergüenza, Rajoy ha dejado claro que se considera con la suficiente entidad moral para pedir más sacrificios a los españoles.

El Movimiento 15 Berlín había convocado a través de las redes sociales una concentración en la entrada del Bundeskanzlaremt, donde Merkel recibió al presidente a las 14 horas. El grupo justifica la convocatoria por la “política de recortes y los casos de corrupción,  malversación de fondos y tráfico de influencias que asolan la cúpula de su partido y a él mismo”.  

Un total de 994 personas habían confirmado su asistencia en la red social este lunes y el número de invitados ascendía a 3.471 personas.
La reunión se produce en el momento más delicado de la presidencia de Mariano Rajoy a raíz de la publicación de la contabilidad secreta del PP, que revela presuntos pagos en ‘B’ del extesorero del partido a la cúpula del PP. 

En ese contexto, un grupo de ciudadanos españoles residentes en Berlín ha decidido recibir de esta guisa al presidente del Gobierno a las puertas de la sede central de la cancillería alemana. 

Mariano Rajoy acudió a Berlin acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Manuel García-Margallo; el titular de Economía, Luis de Guindos; la ministra de Empleo, Fátima Báñez y el ministro de Industria, José Manuel Soria. 

La protesta se había convocado en el contexto de la publicación por el diario El País de la lista “Bárcenas” en la que figuran supuestos sobresueldos recibidos por parte dirigentes del Partido Popular, partido del gobierno en el Estado Español.

Texto de la convocatoria

Bienvenida a Rajoy en Berlín / “Willkommen” in Berlin, Rajoy

(Enlace al evento en Facebook)

Lugar: Cancillería alemana en Berlín (Kanzleramt).

Hora: 12:30 h.

Día: lunes 4 de febrero.

Este lunes nuestro querido presidente viene a rendirle cuentas a Merkel y los bancos alemanes.

Varias son las voces que han pedido una recepcion a gritos para “explicarle” lo que pensamos de su politica de recortes y los casos de corrupción, malversación de fondos y tráfico de influencias que asolan a la cúpula de su partido y a él mismo.

Por ello, desde el 15M Berlin os convocamos este próximo lunes 4 de Febrero enfrente del Bundeskanzleramt, donde Rajoy y su séquito serán recibidos por Merkel.

Es importante que muchos de los gritos y pancartas sean en alemán, para que Merkel y la prensa alemana entienda qué es lo que pedimos.

Toca aprender palabras como Rücktritt (dimisión), korrupt (corrupto), etc.

Esperamos veros a tod@s alli para poder hacer el mayor ruido posible.

Vamos a quedar el sabado y/o domingo para hacer pancartas, recoger ideas, etc. Dejar en el muro vuestras propuestas.

Tag para Twitter: #lunesrajoyenberlin

Todo sale del PP

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho hoy que los papeles que se han publicado sobre entregas de cantidades a dirigentes del PP, que, según ella, son falsos y están manipulados, han salido "sin duda" de alguien que "ha tenido relación con el partido".
Cospedal, entrevistada en el programa "El cascabel al gato", de 13 TV, ha manifestado, al ser preguntada de quién pueden provenir esas informaciones que no sabe de quién, pero "sin duda" de alguien que "ha tenido relación con el partido, alguien que tenía conocimiento y alguien que tenía ganas de contar mentiras mezcladas con verdades".
María Dolores de Cospedal ha asegurado que habrá una querella contra el autor de los apuntes que se han publicado, si es el extesorero del PP Luis Bárcenas, que "todo parece indicar que puede haber sido él", contra él y si no, contra quién haya sido.
La secretaria general del PP ha reconocido que es "público y notorio" que no tuvo "las mejores relaciones" con Bárcenas, si bien ha negado que tuviera que llamar a un cerrajero para entrar en el despacho que el extesorero tenía en la sede del partido.
"Otras cosas que se han contado son verdad pero esa no", ha manifestado Cospedal, que asegura que, cuando ella asumió la secretaría general, hizo cambios que no sólo afectaron al área de Bárcenas, sino que también, por ejemplo, actuó para cambiar ciertas situaciones laborales o de horarios.
También ha negado que Bárcenas contara con un despacho y con una secretaria en la sede del partido tras dejar de ser tesorero.
Según Cospedal, Jesús Bárcenas pidió un sitio para dejar una documentación, pero "no era un despacho" y, respecto a la secretaria con que se ha publicado que contaba, ha explicado que lo que sabe es que una vez llamó una persona preguntando y se le pasó la llamada a la que había sido su secretaria.
María Dolores de Cospedal ha dicho que a Bárcenas se le pagó el abogado después de dejar de ser tesorero y senador por su imputación en el caso Gürtel porque en ese momento se entendió que su imputación tenía que ver con su condición de tesorero.
Por otro lado, ha manifestado que el PP no está esperando a nada en concreto para actuar contra Luis Bárcenas y que se hará en cuanto los abogados tengan terminada la demanda, algo que espera "no sea a mucho tardar".
Asimismo, se ha mostrado a favor de que se investigue "hasta el fondo" la "asombrosa" e "indignante" cantidad de dinero que, según se ha publicado, tenía el extesorero del PP en una cuenta en Suiza, aunque ha dicho que no se puede extender la sombra de la duda a cualquiera en el PP porque haya un procedimiento judicial, como el caso Gürtel, que afecta a personas que en su día militaron en el partido.
Respecto a la relación del exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, (citados ambos como receptores de regalos de la trama Gürtel), con el partido después de dejar la Alcaldía por su imputación en el caso Gürtel, Cospedal ha explicado que siguió trabajando para el partido porque era empleado del PP y pidió su reingreso.
Cospedal ha explicado que el que alguien esté imputado en un proceso no es motivo laboral de despido y que si no se le hubiera dejado regresar hubiera sido un despido improcedente.
De todas formas, ha dicho, que Sepúlveda lo que hace son informes desde su casa y que "apenas aparece por la sede del partido".
Por otro lado, la secretaria general del PP ha asegurado que ella sabe "a ciencia cierta" que en los papeles con el pago de cantidades a dirigentes del PP que se han publicado "hay datos que son falsos", aunque haya otros ciertos.
Uno de ellos el crédito que se concedió en su día al actual presidente del Senado, Pío García Escudero, para que pudiera arreglar su vivienda afectada por un atentando hasta que llegara el dinero del Consorcio de Seguros, si bien ha dicho que este pago no figura de la misma manera en la contabilidad del partido que en los papeles publicados.

ERC pedirá que la UE investigue la presunta financiación irregular del PP

BARCELONA.-   ERC enviará una carta a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para que investigue si ha existido una financiación irregular del PP a través de la adjudicación de obras del AVE a la empresa Constructora Hispánica. 

   En rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido, la portavoz republicana, Anna Simó, ha argumentado que esta constructora aparece como donante del partido en los documentos publicados por 'El País' sobre la contabilidad del extesorero del PP Luis Bárcenas.
   Para pedir la intervención de la OLAF, Simó ha argumentado que Europa tiene que entrar en esta cuestión porque en las obras de la alta velocidad también se han usado fondos europeos aparte de lo invertido por el Estado de forma directa.
   Los republicanos han considerado que debería ser el propio presidente Mariano Rajoy el que debería apostar por "hacer limpieza" en su partido y ser él mismo quien pidiera la intervención de la OLAF para analizar si existieron presuntas comisiones irregulares en la adjudicación de las obras a la constructora.
   La portavoz republicana ha valorado positivamente la cumbre sobre corrupción que ha impulsado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y ha contrapuesto esta decisión a la inactividad que, a juicio de ERC, el presidente Rajoy está mostrando con los casos de presunta corrupción.
   "Pensamos que está muy bien la cumbre de Mas. Está dando la cara y haciendo propuestas alternativas", ha sentenciado Simó, que sin embargo ha advertido al presidente catalán de que estas reuniones no son suficientes para solucionar el problema.

Detenido un hijo del expresidente de la CEOE José María Cuevas

MADRID.- La Policía ha detenido a un hijo de José María Cuevas, presidente de la CEOE entre 1984 y 2007, en el marco de la operación 'Caballo de Troya' desplegada por la Policía y la Agencia Tributaria contra la empresa Teconsa, han informado fuentes de la investigación.

   Estas mismas fuentes han indicado que por el momento se han producido 15 detenciones entre ellas la del empresario valenciano Ángel de Cabo, quien ya se encontraba en prisión tras ser arrestado el pasado mes de diciembre en el marco de la 'operación Crucero' junto al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
   A los detenidos se les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública e insolvencia punible.
   El origen de las pesquisas se sitúa en febrero de 2012 después de que José Martínez Núñez vendiese el Gran Hotel en Santiago de Compostela a Ángel de Cabo, quien también se hizo con Teconsa cuando esta empresa se declaró en concurso de acreedores.
   Las fuentes consultadas han advertido de los paralelismos entre esta investigación y la llevada a cabo en torno a la 'Operación Crucero' en la que, entre otras cosas, se investiga a De Cabo por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos. De Cabo habría seguido el mismo procedimiento que realizó en Marsans o Nueva Rumasa.

La Fiscalía pide la imputación de Oriol Pujol por la trama de las ITV

BARCELONA.- La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada ha pedido este lunes a la juez que impute al secretario general de CDC, Oriol Pujol, por su presunta vinculación con la supuesta trama de cargos públicos y empresarios del sector de las ITV en Cataluña para la adjudicación irregular de estas estaciones, han informado fuentes de la Fiscalía.

   Debido a que Pujol es diputado en el Parlament, y por tanto es aforado, la titular del Juzgado de Instrucción nº9 de Barcelona, Silvia López Mejía, no tiene potestad para imputarlo y deberá remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que es el competente para adoptar esta decisión.
   La Fiscalía ha pedido al juzgado de Barcelona que eleve al TSJC una exposición razonada al entender que existen indicios e un delito de "tráfico de influencias" y participación en la trama junto con los otros imputados en el caso: el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, Josep Tous, y tres empresarios del sector de las ITV: Sergio Pastor, Sergio Alsina y Ricard Puignou.
   La petición de la Fiscalía ha llegado después de que un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario situase al único hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que se ha dedicado a la política como "colaborador necesario" de la trama de las ITV.
   Según consta en el sumario, Oriol Pujol es "el hombre encargado de aportar influencia política" y de mediar para conseguir beneficios a este grupo de empresarios.
   Alsina, y la esposa de Pujol, habían trabajado en la misma empresa, la consultora industrial Alta Partners, y los investigadores sospechan que ella pudo haber emitido presuntamente facturas falsas por conceptos genéricos.
   Este lunes, Oriol Pujol ha comparecido en rueda de prensa y ha vuelto a negar cualquier implicación en la trama, y ha asegurado que si finalmente lo imputan será la manera que tendrá para poder defenderse.
   "Nadie debe estorbar al proceso histórico que ha puesto en marcha esta formación política", ha asegurado, vinculando su posible imputación con el proyecto soberanista de su partido, con lo que no descarta acabar dimitiendo si lo imputan.
   En julio del pasado año tras salir a la luz el informe de Hacienda, Oriol Pujol ya había defendido su inocencia en una comparecencia en el Parlament convocada para defender a su vez a su partido de las acusaciones de financiación irregular a través del Palau de la Música: "No soy ni colaborador ni necesario".
   El político convergente aseguró que no había "montado" ninguna empresa del sector de las ITV y que no tiene capacidad para responder de las conversaciones de imputados en este caso que investiga la justicia en las que su nombre aparezca citado.
   Todo el caso parte de la reforma que hizo el tripartito del mapa de las ITV catalanas, un mercado hasta el momento dominado por dos empresas que gestionaban 44 centros, las dos de Applus+, que lanzó dos concursos con dos lotes y tres estaciones cada uno, ganados por Atisae e Itevelesa, con lo que el mapa de ITV alcanza las 50 estaciones.
   El primer concurso lo recurrió Certio ITV ante un juzgado contencioso administrativo porque consideró que se ha hecho mal, ya que algunas de las condiciones se establecieron después de que las empresas presentaran su oferta y la sala quinta del TSJC paralizó este concurso.
   El magistrado ponente de aquél recurso fue Joaquín Ortiz, investigado dentro de este mismo caso por reunirse en un almuerzo con Ricard Puignou y los servicios jurídicos de la Generalitat.
   Un segundo recurso, presentado por Oca, dificultó aun más que se normalizara la situación del mapa de las ITV, este recurso, además, lo resolvió el TSJC tumbando el decreto del tripartito que creaba un nuevo diseño de este sector, dejándolo todo en el aire.
   Es en este momento complicado cuando presuntamente estos empresarios habrían tratado de crear una nueva sociedad mediante la búsqueda de influencias políticas.

El exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, sigue trabajando para el PP

MADRID.- El exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, que está imputado en la trama Gürtel, sigue trabajando para el Partido Popular, según han confirmado fuentes de la dirección del PP. Sepúlveda se reincorporó a Génova, la sede popular, después de dimitir como alcalde de Pozuelo tras haber sido imputado.

   Según publica hoy eldiario.es, Jesús Sepúlveda no trabaja físicamente en la calle Génova, sino que lo hace desde casa y se dedica a realizar informes cuya periodicidad y temática no ha sido aclarada oficialmente.
   Las fuentes oficiales consultadas aseguran que no tiene despacho en las oficianas de Génova 13, pero tampoco aclaran cuál es exactamente su función o qué temas tiene encomendados. Sí confirman que Jesús Sepúlveda tenía un contrato indefinido con el PP y una excedencia forzosa tras haberse presentado a las elecciones y haber sido elegido alcalde de Pozuelo.
   Su reincorporación se produjo en el año 2009, después de ser imputado en el 'caso Gürtel' y tras dimitir de su cargo de alcalde y sigue en la misma situación desde que se incorporó, precisan las fuentes consultadas.
   El pasado viernes se conoció un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), que desvelaba regalos a la familia de Jesús Sepúlveda y Ana Mato, pago de fiestas de cumpleaños por valor de 11.800 euros y viajes turísticos valorados en 50.000 euros Además se recogen otros 75.000 euros para la oficina del partido en Pozuelo y otros gastos recogidos en el documento: "Extracto Cuenta de Servicios Pozuelo".
   En el citado informe se detallaba que la organización liderada por Francisco Correa prestó "distintos servicios turísticos para el llamado Jesús Sepúlveda y/o distintos miembros de su familia entre los años 2000 y 2004 por parte de la empresa Pasadena Viajes".
   La ministra de Sanidad ha negado que la red le haya hecho regalos y afirma que los gastos familiares que la correspondían los ha pagado de su bolsillo, mientras que su exmarido emitió el pasado viernes un comunicado exculpando a Ana Mato y precisando que ella es ajena a sus actividades económicas.

Valenciano pregunta a Rajoy "qué cosas" no son falsas de la lista con la presunta contabilidad B del PP

MADRID.- La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha preguntado este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "qué cosas" son las que no son falsas de la lista publicada la semana pasada con la presunta contabilidad B del PP.

   Valenciano ha pedido esta aclaración después de que Rajoy dijera en rueda de prensa en Berlín que todo lo que figura en esos papeles sobre sus compañeros y él mismo "no es cierto salvo alguna cosa que se ha publicado en los medios de comunicación".
   "Rajoy dice que 'todo es falso menos algunas cosas'. La pregunta es ¿cuántas cosas? ¿Qué cosas?", ha preguntado la dirigente socialista en su cuenta personal de Twitter, para después insistir: "¿Y cómo es de fea la cosa?".
   Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha recordado también en Twitter que el pasado sábado, durante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el presidente afirmó que "todo" lo publicado era falso, pero que hoy ha remarcado que "todo menos algunas cosas".
   "¿Y mañana? Rajoy no puede seguir. Tiene que dimitir", ha subrayado López, reiterando las palabras que él mismo ha pronunciado durante una rueda de prensa en Ferraz, en la que ha exigido al presidente que dimita porque "no puede seguir al frente del país alguien con esa situación de debilidad interna y externa".
   Las palabras de Rajoy en Berlín han provocado multitud de comentarios en Twitter, todos ellos bajo la etiqueta #salvoalgunacosa, que apenas una hora después de la rueda de prensa ofrecida por el presidente junto a la canciller alemana, Angela Merkel, ya era 'trending topic' en España.

El partido gobernante español anuncia demandas por caso de corrupción

MADRID.- El conservador Partido Popular (PP), que gobierna en España, anunció este lunes que emprenderá acciones judiciales contra todos aquellos que "han publicado" o "filtrado" informaciones que implican a sus dirigentes en un supuesto caso de corrupción.

Estas acciones judiciales serán contra "personas o grupos de personas que han atribuido al PP o a sus órganos de dirección acciones ilegales o irregulares", declaró Carlos Floriano, el número tres del Partido Popular, en una rueda de prensa.
"Todos aquellos que hayan podido filtrar" las acusaciones y "aquellos que las hayan publicado" serán objeto de acciones judiciales, afirmó. "Todos" repitió en numerosas ocasiones, aunque sin precisar en ningún momento quienes serán los grupos y personas demandados.
El nombre del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, presidente del PP desde 2004, apareció el pasado jueves entre los documentos contables manuscritos publicados por el diario El País que supuestamente pertenecían a dos extesoreros del partido, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Según esos documentos, apuntó el periódico, el actual jefe de Gobierno recibió entre 1997 y 2008 "pagos por un total de 25.200 euros al año" en forma de donaciones procedentes de empresarios privados.
El nombre de otros dirigentes del partido, entre ellos María Dolores de Cospedal, su número dos, aparecieron también en la prensa.
El PP afirmó entonces actuar siempre dentro de la estricta legalidad y que sus cuentas eran "transparentes". Por su parte, Rajoy desmintió el sábado haber cobrado "dinero negro" y anunció que publicará esta semana su declaración de la renta y su patrimonio.
Bárcenas, antiguo tesorero del PP, calificó este lunes el asunto de "burda manipulación", desmintiendo que Rajoy hubiera cobrado sueldos irregulares y la existencia de una contabilidad paralela.
"Le estoy diciendo que es una burda manipulación" respondió Bárcenas, a preguntas de la cadena de televisión Antena 3, antes de insistir en que "ni existe ni ha existido ninguna libreta secreta".
Las revelaciones de la semana pasada, en un país harto de la multiplicación de los casos de corrupción, levantaron una ola de indignación popular.
El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal grupo de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidó el domingo la dimisión de Rajoy.
Rubalcaba entendió que el jefe del Gobierno no está a la altura de afrontar "la situación muy grave" que atraviesa España, donde la crisis económica y social se añade a la crisis de confianza hacia la clase política y un profundo malestar en la opinión pública.

La corrupción de las élites extractivas / Juan Laborda *

El olor a nauseabundo que emana y fluye por las alcantarillas del poder de nuestra querida España es un proceso que viene de lejos. Sin embargo, con el gobierno actual ha alcanzado la categoría de irrespirable e insoportable. Los datos que vamos conociendo ponen de manifiesto algo que era un secreto a voces, las conexiones estrechas e intensas de los poderes corporativos, que son quienes corrompen, con el poder político. Y de este acuerdo tácito se derivan un conjunto de políticas económicas injustas donde siempre acaban siendo los ciudadanos quienes pagan los platos rotos. Se trata de las élites extractivas.

El concepto de élite extractiva fue formulado por los economistas Daron Acemoglu y Jim Robinson, y lo definieron de la siguiente manera: “un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”. Eso es lo que ha pasado en España durante el boom y el posterior estallido de la burbuja inmobiliaria.

La actuación de las élites extractivas en nuestro país

Sin ningún control público, más bien bajo un absoluto descontrol, una élite constructora y financiera, apoyada por una política monetaria irresponsable, decidió inundar nuestro país de deuda para la compra de terrenos donde construir y de pisos donde vivir. Mientras el precio de la vivienda subía, muy por encima de la renta disponible de los españoles, los tenedores de suelo, los constructores, y el sistema financiero apalancado, especialmente su gerencia, se forraban. Por contra la ciudadanía fue acumulando una deuda insostenible.

Ayuntamientos, comunidades autónomas, y estado central, en el mejor de los casos, miraban a otro parte, y en numerosas ocasiones, más de las deseadas, tentados por el dinero fácil y rápido, eran pasto de la corrupción y corresponsables de la mayor burbuja de nuestra historia. En el momento en que estallara, y tal como veníamos avisando algunos desde 2005, se produciría una recesión de balances privados y un empobrecimiento sin parangón en nuestra historia reciente. Sin embargo, las cosas han ido incluso peor de lo que algunos preveíamos, porque no nos imaginábamos que el poder político fuera a implementar políticas tan despreciables.

Las medidas económicas adoptadas tanto por el ejecutivo Rajoy como por el anterior, además de ser ineficientes desde un punto de vista económico, reavivan una brutal lucha de clases. De un lado, los protegidos, que no son otros que los acreedores que tomaron riesgos excesivos, la élite bancaria insolvente, y la clase empresarial que siempre ha jugado con las cartas marcadas. De otro, los perdedores, la ciudadanía en su conjunto, representada por los trabajadores, las clases medias, y, sobretodo, los más desfavorecidos.

Y ello es especialmente grave, cuando en nuestra querida España han sido fundamentalmente las élites económicas y financieras, representadas por las sociedades no financieras y las instituciones bancarias, quienes se apalancaron sin ningún control del riesgo, o bien alrededor de un colateral cuyo precio acabó colapsando, o sobre un negocio cuyos retornos son y serán muy inferiores a los que se suponían por el precio pagado. Fueron las élites quienes vivieron por encima de sus posibilidades y ahora, sin ningún rubor, quieren que les paguemos la fiesta.

España ejemplo de totalitarismo invertido

En un blog anterior introdujimos a Sheldon Wolin, profesor emérito de filosofía política de la Universidad de Princeton, que en 2003 publicó una de sus obras más relevantes, “Inverted Totalitarianism. El totalitarismo invertido es el momento político en el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificación como fenómeno puramente económico y se transforma en una coparticipación globalizadora con el Estado. Mientras que las corporaciones se vuelven más políticas, el Estado se orienta cada vez más hacia el mercado.

La antidemocracia, y el dominio de la élite son elementos básicos del totalitarismo invertido. Políticamente, significa alentar la "desmovilización cívica", condicionando al electorado a entusiasmarse por períodos breves, controlando su lapso de atención y promoviendo luego la distracción o la apatía. El ritmo intenso de trabajo y los horarios de trabajo prolongados combinados con la inseguridad laboral son la fórmula para la desmovilización política.

Según Wolin en el totalitarismo invertido, "los elementos clave son un cuerpo legislativo débil, un sistema legal que sea obediente y represivo, un sistema de partidos en el que un partido, esté en el gobierno o en la oposición, se empeña en reconstituir el sistema existente con el objetivo de favorecer de manera permanente a la clase dominante, los más ricos, los intereses corporativos, mientras que dejan a los ciudadanos más pobres con una sensación de impotencia y desesperación política y, al mismo tiempo, mantienen a las clases medias colgando entre el temor al desempleo y las expectativas de una fantástica recompensa una vez que la nueva economía se recupere”.

Pero hay mucho más, “ese esquema es fomentado por unos medios de comunicación cada vez más concentrados y aduladores, por la integración de las universidades con sus benefactores corporativos; por una máquina de propaganda institucionalizada a través de grupos de reflexión y fundaciones conservadoras generosamente financiadas, por la cooperación cada vez más estrecha entre la policía y los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley, dirigido a la identificación disidentes internos, extranjeros sospechosos…”

Desde un punto de vista económico, el totalitarismo invertido explota a los pobres, reduciendo o debilitando los programas de salud y los servicios sociales, reglamentando la educación masiva para una fuerza de trabajo insegura, amenazada por la importación de trabajadores de bajos salarios. Hobbes acaba venciendo a Rousseau: cuando los ciudadanos se sienten inseguros y al mismo tiempo impulsados por aspiraciones competitivas, anhelan estabilidad política más que compromiso cívico; protección más que participación política.

España es pasto de todas y cada una de las afirmaciones de Sheldon Wolin. Si queremos realmente salir de la situación en la que estamos inmersos, se necesitan políticas y acciones encaminadas a cambiar la actual inercia. El ingrediente más importante para una recuperación económica sostenida es la reforma de los abusos que permitieron una burbuja espectacular, una mala asignación del capital productivo y los efectos negativos de los monopolios y los fraudes financieros en la economía real. Por lo tanto, una auténtica política reformista exige hacer frente a los monopolios empresariales y financieros. Y de eso nada de nada. Porque para ello hay que cambiar tantas cosas sobre los partidos políticos, la forma en que se relacionan con los ciudadanos, sus vinculaciones con los grupos de poder, en definitiva se necesita toda una regeneración democrática. Y obviamente las élites políticas y económicas, de momento, se niegan.

(*) Economista, profesor del IESE y estratega jefe de varias entidades financieras