miércoles, 8 de enero de 2014

España no es país para jueces, dice el magistrado Elpidio Silva

MADRID.- Hace ocho meses el juez instructor Elpidio José Silva estaba investigando un caso de corrupción de primer nivel que llevó unos días a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, un banquero con excelentes conexiones políticas.

Ahora Silva está preparando su propia defensa después de que Blesa, que presidió la caja de ahorros ahora integrada en Bankia entre 1996 y 2009, se querellara contra él argumentando que estaba siendo perseguido.
La delicada situación del juez nace de una garantía procesal española que permite a los acusados querellarse contra jueces, uno de los muchos factores que han ralentizado una serie de destacados casos de fraude, mermando la confianza en el sistema judicial y planteando dudas sobre la influencia política, según las encuestas.
Silva, que niega que actuara de forma contraria a la ley, fue apartado del caso y aunque luego fue reasignado, finalmente se abstuvo por conflicto de interés ya que podría enfrentarse a un juicio por prevaricación en la investigación de los posibles delitos cometidos en Caja Madrid antes de que la entidad se integrara en Bankia, que luego precisó el mayor rescate bancario de la historia de España.
Los abogados de Blesa declinaron hacer comentarios en esta historia, pero en documentos judiciales han negado los delitos de falsedad en documento mercantil, y apropiación indebida en la compra de un banco en 2008.
Silva continúa trabajando en otros casos y está escribiendo un libro. Dice que lo va a titular: "La justicia desahuciada: España no es país para jueces".
La percepción que la población tiene del fraude en España es una de las más altas de Europa. Más de un 90 por ciento dijo sentirse frustrado por el tiempo que se demoran las investigaciones y culpan mayoritariamente a los recursos de los acusados, según una encuesta independiente de Metroscopia.
"Por las demoras, a la gente le da la impresión de que hay poco interés en investigar, o que hay algún tipo de colusión entre el Gobierno y los jueces. El proceso lento da la sensación de unos estándares bajos", dijo José Juan Toharia, presidente de Metroscopia.
España también cuenta con un número de jueces proporcionalmente menor que Alemania, Francia, Italia o Portugal, y muchos cambian de puesto a mitad de la instrucción, lo que contribuye a los retrasos.
Silva ha lanzado una campaña mediática para afirmar que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas y tienen un efecto negativo en las investigaciones de casos de corrupción.
"La querella contra mí es una querella abusiva y política, no es jurídica. Tendrían que haberla archivado ya. No tienen nada contra mí", dijo Silva en su piso de Madrid, mientras respondía a llamadas de personas que estaban recogiendo firmas para apoyarle.
Baltasar Garzón, el exjuez español internacionalmente conocido por perseguir al dictador chileno Augusto Pinochet, también fue acusado de prevaricación y suspendido de la carrera judicial en 2010 por grabar ilegalmente las conversaciones de algunos sospechosos del "caso Gurtel".
Garzón, que ahora es asesor en derechos humanos a nivel mundial, afirma que fue perseguido políticamente por intentar investigar los delitos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Tras la muerte de Franco, el sistema judicial se rediseñó para salvaguardar los derechos de los acusados, pero las querellas sin fundamento contra jueces han conllevado largos retrasos en varios casos, como los ocho años que transcurrieron hasta que se condenó a políticos y promotores inmobiliarios en Marbella y la década que pasó hasta que el político del PP Carlos Fabra fue juzgado por fraude a la Hacienda Pública. Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel, pero ha recurrido el caso.
Incluso la familia real española se ha visto salpicada por una larga investigación por corrupción cuya fase de instrucción aún no ha terminado. El juez lleva más de tres años investigando al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, por malversación y fraude, entre otros, a través de una fundación sin ánimo de lucro. El juez imputó el martes a su esposa, la infanta Cristina, por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.
La infanta y su marido, que defienden la legalidad de sus acciones, no han presentado ninguna querella para ralentizar el proceso, pero el juez y el fiscal anticorrupción han discrepado sobre cómo continuar la instrucción del caso.
La élite política española también se ha visto sacudida por la acusación de que Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, acumuló hasta 48 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza y llevaba una contabilidad paralela de la formación en el poder con dinero de los magnates de la construcción.
Cuatro años después de iniciarse la investigación, está en prisión provisional acusado de blanqueo de capitales y otros delitos, pero el juicio podría demorarse aún varios años. También niega haber cometido ninguna irregularidad.
Aunque pocas personas querrían volver a un sistema menos garantista con los acusados, y cada año se plantean un puñado de casos contra jueces por conducta impropia, el lento ritmo de la rendición de cuentas ha dañado la fe en las instituciones públicas, según las encuestas, que muestran que los partidos minoritarios podrían salir beneficiados en las próximas elecciones.
La investigación de Silva -suspendido cuatro meses el año pasado por falta de motivación de otras de sus resoluciones- siempre iba a ser un caso delicado, ya que Caja Madrid, como muchas cajas de ahorros españolas, estaba estrechamente ligada al poder político, y Blesa era amigo del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Caja Madrid se vio inmersa en problemas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Fue rebautizada como Bankia tras fusionase en 2010 con otras seis cajas, pero con miles de millones de préstamos tóxicos a promotores inmobiliarios, pronto necesitó un rescate de 22.500 millones de euros.
El rescate de la caja, su desastrosa salida a bolsa de 2011, y los complejos instrumentos de deuda disfrazados de depósitos de ahorro desencadenaron una serie de investigaciones penales.
Silva estaba investigando si Blesa esquivó las normas sobre la gestión de riesgos cuando Caja Madrid compró City National Bank of Florida en 2008. En junio emitió un auto en el que dijo que había evidencias de cuatro delitos: societario, de administración desleal, falsedad de documento mercantil, y apropiación indebida y decretó prisión provisional para Blesa.
Blesa quedó en libertad tras pagar una fianza y sus abogados luego se quejaron de que Silva había abusado de su autoridad. La fiscalía de Madrid abrió una investigación sobre el juez por prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia y delitos contra la libertad individual de Blesa.
El sustituto de Silva en el caso ordenó el martes a Blesa comparecer este mes para responder sobre la compra en Florida y determinar si perjudicó a Caja Madrid. Los abogados de Blesa no han contestado aún al auto.
Mientras, Silva recoge firmas para demostrar que tiene apoyo público.
"Si no me condenaran es porque lo pararíamos, porque toda la ciudadanía se movería".

Evo Morales defiende un mundo "sin oligarquías ni monarquías" al asumir el G77

NUEVA YORK.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, abogó hoy por un mundo diferente, "sin oligarquías ni monarquías", al asumir formalmente la presidencia del Grupo de los 77 países en desarrollo (G77) y China, desde la que aseguró que trabajará para "socializar la riqueza para erradicar la pobreza".

"Estamos en tiempos de pueblos y no de imperios (...) Queremos un mundo sin monarquías, oligarquías ni jerarquías", dijo Morales durante un acto en la sede del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc) en el que recibió la presidencia del G77 de manos del ministro de Exteriores de Fiji, Ratu Inoke Kubuabola.
El presidente boliviano, que defendió el respeto a la diversidad de visiones y enfoques de modelos de desarrollo "sin imposiciones y sin exigencias paternalistas ni colonialistas", dijo que el mundo capitalista se enfrenta a una crisis sin precedentes, por lo que ahora "es el tiempo de los países del sur".
"Para el pueblo boliviano, el 8 de enero de 2014 es un día histórico e inédito por confiarnos presidir y coordinar este año el G77", dijo Morales durante el acto, en el que estuvo acompañado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de la Asamblea General, John Ashe.
En este sentido, aseguró que trabajará en los próximos doce meses para que el G77 se convierta en uno de los principales "actores de cambio en este momento histórico" y resumió sus objetivos para su presidencia: "socializar la riqueza para erradicar la pobreza, universalizar los servicios básicos y ampliar la democracia".
Para ello, planteó diez "tareas fundamentales" que van desde pasar de un desarrollo sostenible a uno integral, y que los servicios básicos sean un derecho universal hasta "descolonizar" la economía, la cultura y el mundo, erradicar el hambre y la pobreza y poner la ciencia y tecnología al servicio de la Humanidad.
Morales abogó también por "refundar la democracia" para que sea "participativa y comunitaria", una nueva arquitectura económica mundial, restablecer la soberanía sobre los recursos naturales, crear instituciones internacionales al servicio del pueblo y promover la integración complementaria de los pueblos del mundo.
El presidente anunció que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G77 y China se celebrará en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra el próximo 15 de junio -el mismo día en que se fundó el grupo hace cincuenta años- y aseguró que el secretario general de la ONU aceptó hoy su invitación para asistir a la cita.
El G77, fundado en 1964 por 77 estados en vías de desarrollo, agrupa a casi toda América Latina, África y las naciones del sur de Asia, y en la actualidad incluye a un total de 133 países que representan dos tercios de los miembros de Naciones Unidas y en torno al 60 por ciento de la población mundial.
Después del acto protocolario y de agasajar a los invitados con un almuerzo en el que el producto estrella fue la quinua, Morales ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que su próxima tarea será retirar a la hoja de coca de la lista de estupefacientes de la Convención antidrogas de la ONU de 1961.
"Hoy hemos comido nuevamente la quinua y lo único que me falta es pijchear (mascar) la hoja de coca, y será en la próxima con muchas autoridades", advirtió el presidente, quien defendió entre sus bondades medicinales que "algunos bolivianos y sudamericanos se curan de diabetes".
Por otro lado, reiteró ante la prensa su intención de seguir trabajando para que su país tenga energía atómica "con fines pacíficos y medicinales" de tal manera que a los bolivianos "no les falte energía", después de defender nuevamente la nacionalización de los hidrocarburos decretada por su gobierno.
Sobre la situación que atraviesan algunos países africanos como Mali o República Centroafricana, Morales denunció que se enfrentan a conflictos "muy preocupantes" que son "provocados, organizados y financiados por el imperio" para, según dijo, poder adueñarse de sus recursos naturales.
Por último, en cuanto al problema del cambio climático, uno de los temas que dominarán los debates de la cumbre del G77 de junio, el mandatario boliviano criticó a los países "exageradamente industrializados" por no asumir sus responsabilidades y echar las culpas a los países del sur.

50 millones de estadounidenses viven bajo el umbral de pobreza

NUEVA YORK.- Hace hoy 50 años, el presidente Lyndon Johnson declaró ante el Congreso "una guerra incondicional contra la pobreza en EEUU". Su arsenal incluyó los programas de salud públicos Medicaid y Medicare, los cupones de alimentos, más gastos en educación y recortes de impuestos para ayudar a crear empleos.

En 1964, 1 de cada 5 estadounidenses era pobre. Hoy, un 16% sigue siéndolo, según un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Las cifras plantean una inevitable pregunta: ¿ha fracasado la guerra contra la pobreza? En 2012, había 49,7 millones de americanos por debajo de la línea de la pobreza, incluyendo a 13,4 millones de niños, según las cifras de la Casa Blanca.
Existen muchas discrepancias sobre cómo se calcula quién es pobre en EE.UU. El índice que utiliza el informe de la Casa Blanca es el que usa la oficina del Censo, que tiene en cuenta, además de los ingresos por renta, si las familias obtienen ayuda de algunos de los programas del gobierno. De esta forma, el umbral de pobreza para una familia compuesta por dos adultos y dos niños fue de 23.283 dólares (unos 17.100 euros) en 2012.
Otro estudio de la Universidad de Michigan señala que uno de cada 10 niños afroamericanos y 3 de cada 10 latinos son pobres. 1,7 millones de hogares en EEUU viven en pobreza extrema según la definición del Banco Mundial (menos de 2 dólares de dinero en efectivo por persona al día). "Nuestro trabajo está lejos de terminar", ha dicho el presidente Barack Obama en un comunicado. "En la nación más rica de la tierra, demasiados niños todavía nacen en la pobreza, demasiados pocos tienen posibilidades de escapar de ella".
Cincuenta años después del discurso de Johnson, el debate sobre el papel que debe cumplir el gobierno para fomentar las oportunidades económicas está más vivo que nunca. Los programas como los seguros de desempleo y los cupones de alimentos mantienen a millones de familias a flote. Los republicanos están intentando recortar ambos programas en una muestra del intenso desacuerdo de los dos partidos sobre la mejor solución.
Demócratas y Republicanos coinciden en que la mejor ayuda para los más pobres sería una recuperación económica más fuerte que bajara el nivel de desempleo más allá del 7% actual. La tasa de pobreza para trabajadores a tiempo completo es del 3%; para los que no trabajan es del 33%. Sin embargo, no hay acuerdo en cómo conseguir que la economía se recupere y cómo ayudar a los necesitados mientras eso ocurre.
Obama ha dicho que la desigualdad "es el desafío que define nuestro tiempo". Para afrontarlo, quiere expander el programa de salud para los pobres, Medicaid, y conseguir un aumento del salario mínimo y de los fondos para las escuelas infantiles. "Si no hubiéramos declarado la guerra incondicional a la pobreza en EEUU, millones más de estadounidenses estarían viviendo en la pobreza hoy", ha escrito Obama. "Eso significa que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para asegurarnos de que nuestra economía funciona para todos los estadounidenses que trabajan".
Para el presidente, eso supone "ayudar a nuestras empresas a crear nuevos trabajos con salarios más fuertes y beneficios, expandir el acceso a la educación y la sanidad, reconstruir las comunidades que están al margen de la esperanza y construir nuevas laderas de oportunidad para que nuestra gente escale". Los Republicanos argumentan que la debilidad de la economía y el sufrimiento de las familias son la prueba de que las iniciativas demócratas han fracasado.
Los conservadores, como el Congresista Paul Ryan, miran a las estadísticas de pobreza con más escepticismo. Consideran que el gobierno malgasta dinero en la red de protección social y necesita destinarlo a la economía y oportunidades de empleo.
Varias iniciativas en el Congreso ilustran la batalla entre los dos partidos. El Senado debate prorrogar los subsidios para desempleados de larga duración. Los pagos del seguro expiraron al final del año pasado porque los republicanos se negaron a renovarlos, con el argumento de que el programa tenía naturaleza temporal y su extensión disuade a quienes están en paro de buscar activamente un nuevo puesto laboral. Además, existe la propuesta de aumentar el salario mínimo a 10,10 dólares la hora, desde los 7,25 actuales. Según un estudio de la Universidad de Massachusetts, eso permitiría reducir el índice de pobreza en 1,7 puntos porcentuales o lo que es lo mismo, sacar a 5 millones de personas de la pobreza.
Tanto Ryan como Marco Rubio presentarán sus propuestas para reducir la pobreza esta semana. "El presidente ha definido la pobreza y la desigualdad de ingresos como el hecho que define nuestro tiempo y su solución es aumentar los impuestos a los americanos más ricos y aumentar el salario mínimo a los 10,10 dólares la hora", dijo Rubio. "Eso no es una solución, 10,10 dólares no es el sueño americano. Yo quiero que ganen 50 dólares". Entre las ideas republicanas está fijar requisitos de empleo para conseguir ayudas, mejorar la formación y educación y reducir impuestos a los más necesitados. Los demócratas argumentan que las ideas republicanas recortarán la red de seguridad con el pretexto de reformarla y que la economía necesita más apoyo para salir de la recesión.

martes, 7 de enero de 2014

La Infanta Cristina, imputada por presunto delito fiscal y de blanqueo

PALMA DE MALLORCA.- El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo mediante un auto de 227 páginas que ha dictado este mismo martes.

   La hija del Rey Don Juan Carlos será de este modo interrogada por su participación en el impulso de la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria junto a su marido Iñaki Urdangarin, así como en torno a la supuesta defraudación a Hacienda y los gastos en los que incurrió a través de esta mercantil.
   La decisión está avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, así como los propios Duques de Palma, se oponen a este extremo al considerar que los indicios que pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal.
   Ya el pasado mes de abril el juez encausó a la Infanta al considerar que habría incurrido en los mismos delitos que presuntamente cometió su marido a través del Instituto Nóos, si bien la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares dejó sin efecto esta imputación, dejando, no obstante, las puertas abiertas a que fuese investigada por blanqueo y fraude a la Hacienda pública. Unas pesquisas que el magistrado ha llevado a cabo a lo largo de estos nueve meses.
   Y es que, según el tribunal, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos -que a su vez percibió cantidades de dinero público- así como de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son cotitulares.
   El tribunal recalcaba así que el dinero que, de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos, no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.

Cesan a 350 mandos policiales tras la operación anticorrupción en Turquía

ANKARA.- Las autoridades turcas han destituido en la noche del lunes al martes a unos 350 mandos policiales en Ankara tras la operación policial contra la corrupción que llevó a la detención de los hijos de tres ministros el pasado 17 de diciembre, ha informado la cadena de televisión CNN Turk.

   Desde la operación policial contra esa red de sobornos y fraude en contratos públicos que llevó a la detención de los hijos de tres ministros y a su posterior dimisión, cientos de mandos policiales han sido cesados o reasignados.
   Las autoridades han nombrado a unas 250 personas para ocupar los destinos de los relevados, que ahora realizarán su trabajo en secciones de tráfico de la Policía o en comisarías de barrio, ha informado la cadena de televisión turca NTV. La Policía de Ankara no ha querido realizar declaraciones sobre estos últimos movimientos.

viernes, 3 de enero de 2014

Salir de la pesadilla del euro / Alberto Montero Soler *

Pasan los meses, se convierten en años y las posibilidades de que los países periféricos de la Eurozona superen esta crisis por una vía que no sea una solución de ruptura se alejan cada vez más del horizonte.

Frente a quienes mantienen que existen vías de reforma capaces de enfrentar la actual situación de deterioro económico y social, la realidad se empeña en demostrar que la viabilidad de esas propuestas requiere de una condición previa inexcusable: la modificación radical de la estructura institucional, de las reglas de funcionamiento y de la línea ideológica que guía el funcionamiento de la Eurozona.

El problema de fondo es que ese marco resulta funcional y esencial para el proceso de acumulación del gran capital europeo; pero, también, y es algo que debemos mantener permanentemente presente, para que Alemania consolide tanto su papel protagónico en Europa como al que aspira en la nueva geopolítica multipolar en construcción. En este sentido, pueden plantearse al menos dos argumentos básicos que refuerzan la tesis de la necesidad de la ruptura del marco restrictivo impuesto por el euro si se desea abrir el abanico de posibilidades para optar a una salida de esta crisis que permita una mínima posibilidad emancipatoria para el conjunto de los pueblos europeos.

El primer argumento es que la solución que se está imponiendo frente a esta crisis desde las élites dominantes a nivel europeo es, en sí misma, una solución de ruptura por su parte y a su favor. Las políticas de austeridad constituyen la expresión palmaria de que esas élites se encuentran en tal posición de fuerza con respecto al mundo del trabajo que pueden permitirse romper unilateral y definitivamente el pacto implícito sobre el que se habían creado, crecido y mantenido los Estados de bienestar europeos. Esas élites saben perfectamente que una clase trabajadora precarizada, desideologizada, desestructurada y que ha perdido ampliamente su conciencia de clase es una clase trabajadora indefensa y sin capacidad de resistencia real para preservar las estructuras de bienestar que la protegían de las inclemencias de la mercantilización de los satisfactores de necesidades económicas y sociales básicas. Las concesiones hechas durante el capitalismo fordista de posguerra están en trance de ser revertidas porque, además, en la privatización de esas estructuras de bienestar existe un nicho de negocio capaz de facilitar la recuperación de la caída en la tasa de ganancia.

El segundo argumento es que no puede olvidarse, como parece que se hace, la naturaleza adquirida por el proyecto de integración monetaria europeo desde que se creó y comenzaron a actuar las dinámicas económicas que el mismo promovía a su interior. El problema esencial es que la Eurozona es un híbrido que no avanza en lo federal, con y por todas las consecuencias que ello tendría en materia de cesión de soberanía, y se mantiene exclusivamente en el terreno de lo monetario porque esa dimensión, junto a la libertad de movimientos de capitales y bienes y servicios, basta para configurar un mercado de grandes dimensiones que permite una mayor escala de reproducción de los capitales, que elimina los riesgos de devaluaciones monetarias competitivas por parte de los Estados y que facilita la dominación de unos Estados sobre otros sobre la base de la aparente neutralidad que se le atribuye a los mercados.

Por lo tanto, Europa –y, con ella, su expresión de “integración” más avanzada que es el euro– se ha convertido en un proyecto exclusivamente económico puesto al servicio de la oligarquías industriales y financieras europeas con el agravante de que, en el proceso, han cooptado a la clase política, tanto nacional como supranacional, secuestrando con ello los mecanismos de intervención política sobre la dinámica económica y restringiendo los márgenes para cualquier tipo de reforma que no actúe en su beneficio. En consecuencia, este espacio difícilmente puede ser identificado y defendido por las clases populares europeas como la Europa de los Ciudadanos a la que en algún momento aspiró la izquierda.

II

De hecho, existe una serie de elementos que explican por qué el euro haya sido, desde la perspectiva de los pueblos europeos, un proyecto fallido desde su mismo inicio: por un lado, tanto las políticas de ajuste permanente que se articularon durante el proceso de convergencia previo a la introducción del euro como las políticas que se han mantenido desde su entrada en vigor han restringido las tasas
de crecimiento económico con el consecuente impacto sobre la creación de empleo; por otro lado, la ausencia de una estructura fiscal de redistribución de la renta y la riqueza o de cualquier mecanismo de solidaridad que realmente responda a ese principio ha dificultado la reducción de los desequilibrios de las condiciones de bienestar entre los ciudadanos de los Estados miembros; y, finalmente, también debe resaltarse que las asimetrías estructurales existentes entre las distintas economías al inicio del proyecto se han ido agravando durante estos años, reforzando la estructura centro-periferia al interior de la Eurozona y apuntalando la dimensión productiva de la crisis actual.

Si a todo ello se le añade el que las políticas encaminadas a salvar el euro son políticas dirigidas a preservar los intereses de la élite económica europea en contra del bienestar de las clases populares, la resultante es que se reafirma la idea del distanciamiento acelerado de la posibilidad de identificar a la Eurozona con un proceso de integración que los pueblos europeos puedan reconocer como propio y construido a la medida de sus aspiraciones.

Puede concluirse, entonces, que el euro –y entiéndaselo no sólo como una moneda en sí misma, sino como todo un sistema institucional y una dinámica funcional puesta al servicio de la reproducción ampliada del capital a escala europea– es la síntesis más cruda y acabada del capitalismo neoliberal. Un tipo de capitalismo que se desarrolla en el marco de un mercado único dominado por el imperativo de la competitividad y en el que, además, se ha producido un vaciado de las soberanías nacionales –y no digamos de las populares–, en beneficio de una tecnocracia que actúa políticamente a favor de las élites europeas y en menoscabo de las condiciones de bienestar de las clases populares.

Y si coincidimos en que para éstas últimas la creación del euro se trata de un proyecto fallido, la cuestión que inmediatamente se plantea es qué pueden hacer, al menos las de los países periféricos sobre los que está recayendo con mayor intensidad el peso del ajuste, frente a un futuro tan poco esperanzador y en el que las opciones de reforma en un sentido solidario se van bloqueando con candados cada vez más férreos. La respuesta a esta cuestión va a depender de cuál sea la concepción que se tenga de la crisis actual, de las dinámicas que la mantienen activa y de las perspectivas de evolución de las relaciones políticas y económicas al interior de la Eurozona que pudieran revertir la situación actual o, en sentido contrario, consolidarla.

III

A mi modo de ver, la crisis presenta en estos momentos dos dimensiones difícilmente reconciliables y que facilitan la consolidación del status quo actual.

La primera dimensión es financiera y se centra en el problema del endeudamiento generalizado que, en el caso de la mayor parte de los países periféricos, se inició como un problema de deuda privada y se convirtió en uno de deuda pública cuando se rescató –y, por tanto, se socializó– la deuda del sistema financiero. Los niveles que ha alcanzado el endeudamiento, tanto privado como público, son tan elevados que es imposible que esa deuda pueda reembolsarse completa, y eso es algo de lo que se debe ser plenamente consciente por sus consecuencias prácticas. De eso, y del hecho de que, privados de moneda nacional y con unas tasas de crecimiento del ratio deuda/PIB muy superiores a las de la tasa de crecimiento económico, la carga de la deuda se hace insostenible y se convierte en una bomba de relojería que en algún momento estallará sin remedio.

La segunda dimensión es real y se concreta en las diferencias de competitividad entre las economías centrales y las economías periféricas. Esas diferencias se encuentran, entre otros factores, en el origen de la crisis y el problema de fondo es que no sólo no están disminuyendo sino que se están ampliando. Es más, la lectura de la reducción de los desequilibrios externos de las economías periféricas al interior de la Eurozona como un síntoma de que estamos en tránsito de superación de la crisis es manifiestamente perversa porque desconsidera la tremenda repercusión del estancamiento económico sobre las importaciones.

El vínculo de conexión entre ambas dimensiones de la crisis lo constituye la posición dominante alcanzada por los países centrales frente a los periféricos y, en concreto, la posición alcanzada por Alemania en el conjunto de la Eurozona, no sólo relevante por su peso económico sino también por su control político de las dinámicas de reconfiguración de la Eurozona que se están desarrollando con la excusa de ser soluciones frente a la crisis pero que actúan, de hecho, reforzando su hegemonía.

Si a ello se le añaden las peculiaridades de su estructura productiva, caracterizada por la debilidad crónica de su demanda interna –y, por tanto, por la existencia recurrente de exceso de ahorro nacional– y la potencia de su demanda externa –fundamento de sus superávits comerciales continuos–, comprobaremos cómo lo que parecía un círculo virtuoso de crecimiento para toda la Eurozona se ha acabado convirtiendo en un yugo sobre las economías periféricas, principal destino de los flujos financieros a través de los que Alemania rentabilizaba sus excedentes de ahorro interno y comerciales reciclándolos en forma de deuda externa que colocaba en dichas economías.

De esa forma, Alemania ha reconvertido su posición acreedora en una posición de dominación cuasi hegemónica que le permite imponer las políticas necesarias a sus intereses. Esto implica, en la práctica, que cualquier solución de naturaleza cooperativa para resolver la crisis es automáticamente rechazada mientras que se refuerzan, por el contrario, los planteamientos de naturaleza competitiva entre economías cuyas desigualdades en términos de competitividad ya se han demostrado insostenibles en un marco tan disímil y asimétrico como el de la Eurozona.

Y, así, resulta tan trágico como desolador asistir a la aquiescencia con la que los gobiernos de la Eurozona periférica asumen y aplican políticas que están agravando las diferencias estructurales preexistentes y que, por lo tanto, no hacen sino acentuar las diferencias en términos productivos y de bienestar entre el centro y la periferia sin que pueda existir ningún viso de solución a través de las mismas: los procesos de deflación interna no sólo merman la capacidad adquisitiva de las clases populares sino que, además, elevan la carga real de la deuda a nivel interno tanto de la deuda privada (por la vía de la deflación salarial) como de la deuda pública (por el diferencial entre las tasas de crecimiento del producto interior bruto y de la deuda pública), con el agravante añadido de que cualquier apreciación del tipo de cambio del euro se traduce en una erosión de las ganancias de competitividad espurias conseguidas por la vía de la deflación salarial. Se trata, por tanto, de un camino hacia el abismo del subdesarrollo.

Es por ello por lo que, si no se producen cambios estructurales radicales (que pasan todos ellos por mecanismos de transferencias fiscales redistributivas), la Eurozona se consolidará como un espacio asimétrico de acumulación de capitales en el que las economías periféricas se verán condenadas a desenvolverse en alguna de las soluciones de equilibrio sin crecimiento posibles, por utilizar un eufemismo economicista, o, en el peor de los casos, aquélla acabará saltando parcial o totalmente por los aires.

El problema es que esas reformas radicales no sólo no aparecen en la agenda europea, sino que son sistemáticamente vetadas por Alemania. De hecho, creo que es fácilmente constatable cómo en estos momentos, en el seno de la Eurozona, existen tensiones entre los intereses de las élites económicas y financieras europeas y los de las clases populares del conjunto de la Eurozona, más intensas en el caso de las de los Estados periféricos; entre los intereses de Alemania y otros Estados del centro y los de los Estados de la periferia; y entre las propuestas de solución de la crisis impuestas por dichas élites y Estados y la lógica económica más elemental, la que queda expresada en las principales identidades macroeconómicas que recogen las interrelaciones entre los balances de los sectores privado, público y externo de las economías de la Eurozona. Todas esas tensiones, debidamente gestionadas por quienes detentan el poder en los diferentes ámbitos de expresión del mismo, son funcionales a la consolidación de una Eurozona asimétrica, en el sentido ya señalado, y dominada por Alemania.

IV

Pero, además, esas tensiones ciegan la posibilidad de una salida a la crisis para las clases populares que no sea de ruptura, tal y como se apuntó al inicio de este texto. El problema se presenta cuando quienes únicamente están planteando esa posibilidad de ruptura unilateral, de salida del euro, son los partidos nacionalistas de extrema derecha, apropiándose de un sentimiento de insatisfacción popular creciente contra el euro, frente a una izquierda que sigue invocando la opción por unas reformas que confrontan directamente con los intereses de quienes han puesto a su servicio las potencialidades de dominación imperial por la vía económica que facilita el euro. Desde ese punto de vista, sería oportuno dejar de visualizar al euro meramente como una moneda y pasar a asimilarlo a un arma de destrucción masiva que está destruyendo no sólo el bienestar de los pueblos europeos sino, también, el sentimiento europeísta basado en la fraternidad entre esos pueblos que tanto trabajo costó construir.

El problema de credibilidad se agrava para la izquierda cuando, para promover las reformas necesarias, se apela a la activación de un sujeto, la “clase trabajadora europea”, que actúe como vanguardia en la transformación de la naturaleza de la Eurozona. Y es que la situación de la clase trabajadora en Europa nunca se ha encontrado más deteriorada en lo que a conciencia e identidad de clase se refiere, sin que ello merme un ápice el hecho incontestable de que la relación salarial sigue siendo la piedra de toque esencial del sistema capitalista. Como escribía recientemente Ulhrich Beck, vivimos la tragedia de estar en momentos revolucionarios sin revolución y sin sujeto revolucionario. Ahí es nada.

En todo caso, el horizonte se clarificaría si la izquierda fuera capaz de dar una respuesta creíble a una cuestión que se niega a considerar y que, sin embargo, puede manifestarse más pronto que tarde en el escenario europeo y, concretamente, en Grecia: ¿qué podría hacer un gobierno de izquierdas que alcanzara el poder en un único país de la periferia? ¿Debería esperar a que estuvieran dadas las condiciones objetivas en el resto de la Eurozona para proceder a su reforma, siendo conscientes que eso exige el voto unánime de 27 Estados, o debería aprovechar la ventana de oportunidad que la historia le ha permitido abrir y promover la salida de ese Estado del euro?

Evidentemente, la respuesta no es fácil pero tampoco cabe hacerse trampas al solitario. Para ello es necesario reconocer de partida que, en el marco del euro, no hay margen alguno para políticas realmente transformadoras que actúen en beneficio de las clases populares. Es más, me atrevería a afirmar que en ese marco no hay margen alguno para la política porque ésta ha sido secuestrada por el tipo de institucionalidad desarrollada para dar carta de naturaleza a una moneda que carece detrás de cualquier tipo de proyecto de construcción de una comunidad política integradora de los pueblos de Europa. Es por ello que resulta un contrasentido reclamar procesos constituyentes cuando la condición de posibilidad previa para que ese proceso pueda realizarse con plenitud es la ruptura con el marco institucional, político, económico y legal que impone el euro. Una comunidad sólo puede refundarse a través de un proceso constituyente si lo hace sin restricciones de partida previas, impuestas desde fuera y que actúan, para más inri, en detrimento de los intereses de las mismas clases populares que reclaman ese proceso constituyente.

O, por decirlo en otros términos, la ruptura con el euro no es condición suficiente pero sí necesaria para cualquier proyecto de transformación social emancipatorio al que pueda aspirar la izquierda. Por lo tanto, reivindicar la revolución en abstracto y, simultáneamente, tratar de preservar la moneda europea y las instituciones y políticas que le son consustanciales en esta Europa del Capital hasta que se den las condiciones europeas para su reforma, constituye una contradicción en los términos que resta credibilidad ante unas clases populares que parecen haber identificado al enemigo con mayor claridad que los dirigentes de la izquierda.

Es por ello que hasta que esa contradicción no sea asumida y superada y los discursos políticos y económicos sean ambos de ruptura y corran en paralelo; hasta que la salida del euro sea percibida no sólo como un problema, sino también como parte de la solución a la situación dependiente de las economías periféricas al abril el horizonte de posibilidades para recomponerse como economías y buscar su senda de desarrollo en la producción y provisión de bienestar de una forma más autocentrada y menos dependiente de su inserción en la economía mundial; hasta que deje de atenazarnos el miedo a romper las cadenas del euro por carecer de certezas absolutas sobre cómo podría ser la vida fuera del mismo, de la misma forma que atenazaba a quienes se negaban a romper con el patrón oro tras la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado; hasta que todo eso no ocurra sólo me queda pronosticar, con pesar, un largo periodo de sufrimiento social y económico para los pueblos y trabajadores de la periferia europea.

(*) Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.

miércoles, 1 de enero de 2014

‘The Economist’ sitúa a España entre los 46 países con riesgo alto de protestas en 2.014

MADRID. La prestigiosa revista británica The Economist ha situado a España en la lista de los países con un alto riesgo de protestas en el 2014. La publicación clasifica a los países en cuatro categorías, según el riesgo de que se produzca un “malestar social o político” que suponga “una grave amenaza para los gobiernos o el orden político existente”, según recoge 'La Marea'.

España queda encuadrada en la categoría de “riesgo alto”, junto a países como Camboya, Honduras, Pakistán, Ucrania, Albania o Brasil, entre otros. Entre los países con un riesgo “muy alto” de malestar social que desemboque en protestas están Argentina, Sudán, Egipto, Venezuela y Grecia. En Italia, Francia, Rusia, Tailandia e Israel, el riesgo es “medio”, según The Economist; mientras que en Alemania, Finlandia, Estados Unidos y Uruguay es “bajo”; y en Dinamarca, Japón, Luxemburgo y Austria, “muy bajo”.

La Economist Intelligence Unit (EIU), una unidad de negocios independiente dentro del rotativo económico, asegura que “las dificultades económicas son casi un requisito previo para la protesta, pero no explica por completo los arrebatos”. “La disminución de los ingresos y el alto desempleo no siempre son seguidos de disturbios.

Sólo cuando los problemas económicos se acompañan de otros elementos de vulnerabilidad existe un alto riesgo de inestabilidad. Tales factores incluyen una amplia desigualdad de ingresos, el mal gobierno, los bajos niveles de las prestaciones sociales, las tensiones étnicas y una historia de disturbios”, señala el organismo.

Crisis de la democracia

Uno de los motivos principales para que se produzcan revueltas, indica la EIU, es la “erosión de la confianza en los gobiernos e instituciones: una crisis de la democracia”.

La EIU mide el riesgo de malestar social en 150 países de todo el mundo, poniendo especial énfasis en las debilidades institucionales y políticas. En comparación con hace cinco años, 19 países más se encuentran ahora encuadradas en las categorías de alto riesgo.

“Oriente Medio y el Norte de África, el sur de Europa y los Balcanes serán particularmente vulnerables”, afirma The Economist, que constata que “la resistencia se puede coordinarse con mayor facilidad que nunca en la era de los teléfonos inteligentes”.

Un ex alto cargo del Gobierno devuelve al Estado griego siete millones de euros

ATENAS. Antonis Kantas, ex alto cargo del Ministerio de Defensa griego que ha admitido que recibió sobornos en su etapa de Gobierno, ha devuelto al Estado un total de siete millones de euros, según ha anunciado el Ministerio de Finanzas griego.

   Kantas, que fue subdirector de Armamento del Ministerio de Defensa entre 1997 y 2002, fue detenido y acusado este mes de diciembre después de que los jueces descubrieran que tenía 13,7 millones de euros en una cuenta en un banco de Singapur.
   Kantas es el primer alto cargo griego que ha admitido que fue sobornado en la negociación de contratos de armas con compañías de países como Alemania, Francia, Rusia, Brasil y Suecia. "Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para devolver el resto del dinero en los próximos días", han indicado sus abogados en un comunicado.
   El testimonio de Kantas a los jueces que investigan el caso, en el que concreta los nombres de los empresarios de armamento que le sobornaron, ha dado pie una macroinvestigación en la que dos hombres han sido acusados oficialmente y comparecerán ante los tribunales en los próximos días.
   Uno de los acusados, Dimitris Papachristos, de 78 años de edad, fue detenido este lunes. Su abogado ha asegurado que su cliente cooperará con los investigadores aunque tiene graves problemas de salud e incluso sufre de amnesia.
   Los multimillonarios contratos de compra de armamento y material de defensa son visto como una de las razones por las que Grecia se vio abocada a pedir un rescate de 240.000 millones de euros a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional bajo unas estrictas condiciones que han hecho aumentar la pobreza y el paro.
   Grecia ha tenido en la última década el mayor gasto de Defensa en términos comparativos de toda la Unión Europea. Cuando comenzó la crisis, en 2009, su gasto militar se situaba en torno al 4 por ciento del PIB. La justicia griega ha condenado a un exministro de Defensa y al inmediato superior de Kantas por blanqueo de dinero.

"Escrache", palabra del año para la Fundéu BBVA

MADRID. "Escrache", un término que alude a las manifestaciones convocadas frente a los domicilios de políticos y otros personajes públicos, es la palabra del año 2013 para la Fundación del Español Urgente.

Por primera vez en sus ocho años de vida, la Fundéu BBVA ha elegido su palabra del año de entre las muchas sobre las que se ha pronunciado, ya sea en sus recomendaciones diarias, ya en las respuestas a las consultas recibidas durante los últimos doce meses.
"Buscábamos una palabra que tuviera cierto interés desde el punto de vista lingüístico, bien por su origen o por cómo está formada, y que haya estado en el primer plano de la actualidad en los últimos meses", explica el director general de la Fundéu BBVA, Joaquín Muller.
"'Escrache' reúne cualidades en los dos aspectos: es una palabra con un origen no del todo cierto, pero muy interesante, que ha llegado al español de España desde el de Argentina y Uruguay, y que se convirtió en protagonista de la actualidad y en el centro de una polémica en la que se cruzaban los elementos lingüísticos y los políticos", aclara Muller.
"Conviene destacar también el valor que tiene el viaje transatlántico de esta palabra. Un hecho lingüístico que cada día se produce con mayor frecuencia y rapidez y que resulta un elemento enriquecedor del español, sumando aportaciones propias de la lengua de una comunidad al resto de comunidades de habla hispana", añade.
El Diccionario de la Real Academia Española no incluye ese término, pero sí el verbo "escrachar" como una expresión coloquial propia del español rioplatense con dos significados: 'romper, destruir o aplastar' y 'fotografiar a una persona'.
El "Diccionario de americanismos", de la Asociación de Academias de la Lengua Española, añade que en esos países "escrachar" significa también 'dejar en evidencia a alguien'.
Y para el sustantivo "escrache" aporta la definición que ha popularizado el término fuera de su ámbito original: 'manifestación popular de denuncia contra una persona pública a la que se acusa de haber cometido delitos graves o actos de corrupción y que en general se realizan frente a su domicilio o en algún otro lugar público al que deba concurrir la persona denunciada'.
Con ese sentido y en el contexto de la investigación de los crímenes de sus dictaduras, empezó a emplearse con frecuencia en los medios de comunicación argentinos y uruguayos en los años 90.
En España la palabra se populariza durante las protestas organizadas en los primeros meses de 2013 por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Muy pronto, a la polémica generada por ese tipo de acciones, que llevó incluso a reformas legales para regular estas manifestaciones, se sumó otra sobre el propio uso del término, que para algunos representantes políticos no era más que un eufemismo para lo que consideraban un "acoso con métodos violentos".
La polémica llegó incluso al seno de la Policía cuando un sindicato denunció que se había pedido a los agentes que no empleasen la palabra "escrache" en sus comunicaciones y diligencias, aunque luego el Ministerio del Interior aclaró que había instado a no usarla porque no se adapta a la terminología de la legislación actual.
Respecto al origen del término, hay varias teorías. Unas lo sitúan en el italiano "schiacciare" ('aplastar, astillar, machacar') o en el genovés "scraccâ" ('escupir'), términos que habrían llegado al español a través del lunfardo, una jerga originalmente empleada por las clases más bajas de Buenos Aires, muchos de cuyos integrantes provenían de Italia.
Para otros existe una conexión clara con el inglés "to scrach" ('arañar, rasguñar, marcar'). De hecho en el español de los Estados Unidos se usa "escrache" como 'arañazo o rasguño', como recoge el "Diccionario de americanismos".
Esa combinación de factores lingüísticos y de actualidad es, explica Muller, la que justifica que "escrache" sea la palabra del año para la Fundéu BBVA; una fundación constituida por la Agencia EFE y el BBVA, que trabaja asesorada por la Real Academia Española y que tiene como principal objetivo velar por el bueno uso del idioma en los medios de comunicación.
Los filólogos y periodistas que trabajan en esta organización hicieron una primera selección de doce términos entre los que, además de la finalmente elegida, figuraban varios vocablos relacionados de algún modo con la situación económica, como "copago", "emprender", "ere" -la forma lexicalizada de la sigla ERE-, "quita" y "austericidio".
El mundo de internet y las redes sociales estaban presentes con voces como "meme", "autofoto" y "wasapear". La docena de palabras aspirantes se completaba con un término del mundo de la ciencia ("bosón"), otro del deporte ("cholismo") y, por último, con la forma "expapa", una palabra que en más de dos mil años de historia de la Iglesia no había habido apenas ocasión de emplear, pero que saltó a las páginas de los medios con ocasión de la renuncia de Benedicto XVI.

Miles de manifestantes marchan en Hong Kong por la democracia

HONG KONG. Miles de personas participaron este miércoles en una marcha por la democracia en Hong Kong para reclamar a Pekín la instauración del sufragio universal para la elección de sus dirigentes.

Los organizadores dijeron que se esperaba la participación de más de 50.000 personas, si bien la policía cifró en 6.100 manifestantes los que salieron de Victoria Park, donde comenzó la protesta.
"Porque somos ciudadanos de Hong Kong, tenemos que votar", dijo Sharon Tang de 49 años, participante en esta protesta convocada menos de un mes después del inicio de una consulta popular sobre el futuro sistema electoral.
Los manifestantes temen, sin embargo, que China controle la elección de los candidatos para asegurarse la elección de un dirigente afín.
Pekín prometió que Hong Kong, que tiene un estatus semiautónomo desde su devolución a China por el Reino Unido en 1997, podría elegir a su propio líder en 2017. 
Actualmente un comité pro Pekín elige al jefe del ejecutivo de esta ciudad china.

Los políticos españoles siguen viviendo de lujo

MADRID. La crisis apenas ha pasado factura a los políticos. Una casta que sigue viviendo al margen de la mayoría de los españoles. Con medio país haciendo malabares para cuadrar las vacaciones, los diputados y senadores apenas han gastado un 15% de las suyas. 

Repasando las agendas oficiales del Congreso y del Senado se puede apreciar que los políticos no volverán al tajo hasta el 11 febrero. Las páginas correspondientes al mes de enero permanecen en blanco.
El primer mes del año, tampoco supondrá un esfuerzo para los diputados. Por ahora no hay ninguna convocatoria prevista, aunque podría haberla si fuese necesario. Probablemente motivado por la subasta para decidir la subida del precio de la luz.
En total y salvo cataclismo o sesión extraordinaria con motivo de la subasta eléctrica amañada, sus señorías disfrutarán de más de 50 días de vacaciones invernales. Ni los maestros de escuela. En concreto los diputados tendrán 52 días y los senadores 53, en lugar de los dos días -25 de diciembre y 1 de enero-que tienen el resto de los mortales. Porque no hay que olvidar que en verano -julio y agosto- también se cierran el Congreso y el Senado.
Solo 45 de ellos han tenido que sacrificarse y hacer un alto de 24 horas este viernes 27. Concretamente los diputados y senadores de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas que estaban citados para hoy.
Un contratiempo que ya fue compensado a primeros de mes porque en la semana que va del 2 al 8 de diciembre no hubo sesiones con los fastos del aniversario de la Constitución.
La excusa oficial es que las vacaciones no lo son tanto porque sus señorías se llevan mucho trabajo a casa y a sus circunscripciones de origen. Aunque las encuestas del CIS demuestran que la ciudadanía no se lo cree.
El caso es que con tantas vacaciones, nuestros políticos se han ahorrado dinero de billetes, que ya se sabe que suben de precio cuando se acerca la Navidad, y encima algunos de ellos también se ahorrarán la comida. Es el caso de los diputados autonómicos de Aragón: La cámara regional ya ha presupuestado una partida de 100.000 euros para 2014 que ayudará a sufragar el menú del día de sus 67 señorías. Una ayuda que cubre el 75% de la comida. El resto, el 25%, también lo pagan las Cortes a través de otra ayuda a los partidos políticos.

martes, 31 de diciembre de 2013

Los médicos del sistema público griego prolongan huelga hasta el 10 de enero

ATENAS. Los médicos adscritos al sistema público de salud griego (EOPYY) decidieron hoy prolongar hasta el próximo 10 de enero la huelga iniciada el pasado 25 de noviembre contra las amenazas de despido y la reforma sanitaria.
 
La decisión fue tomada tras una reunión infructuosa con el viceministro de Sanidad Andonis Bezas, en el marco del diálogo iniciado en vísperas de la Navidad para buscar una solución negociada.
El diálogo fue una iniciativa del primer ministro, Andonis Samarás, y del presidente de la Asociación Panhelénica de Médicos, Mijalis Vlastarakos, en una reunión que tuvieron el 16 de diciembre, en la cual participó también el ministro de Sanidad, Ádonis Yeoryiadis.
Las negociaciones están enfocadas en buscar un consenso sobre los salarios de los médicos que trabajarán en las policlínicas a tiempo completo y las condiciones de salida de los que opten por mantener únicamente sus consultas privadas.
"No hubo acuerdo sobre los salarios de los médicos que trabajar en las nuevas policlínicas", explicó el presidente del sindicato de los médicos de EOPYY, Azanasios Apostolópulos.
El ministerio de Sanidad exige que los médicos cierren sus consultas privadas y trabajen en las policlínicas con salarios de 1.200 euros mensuales mientras un médico en un hospital público cobra entre 1.600 y 1.700 euros mensuales netos.
Actualmente los médicos especialistas adscritos al sistema público ejercen tanto dentro de las policlínicas públicas (con contratos de media jornada) como en sus propias consultas, donde cobran del Estado por cada visita atendida.
Además todos los médicos que trabajarán en las nuevas policlínicas serán evaluados a un plazo de 5 a 10 meses.
"Nos ofrecen condiciones de trabajo inaceptables para obligarnos a abandonar el sistema público de salud", destacó Apostolópulos.
"A pesar de la falta de resultados continuaremos el diálogo. El 3 de enero está prevista una nueva reunión para negociar las condiciones de salida de los médicos que preferirán trabajar en sus consultas privadas", añadió.
Los planes del ministerio de Sanidad prevén que ese mismo día pasen al esquema de reserva laboral -un periodo de paro de ocho meses que puede derivar en despido- 2.500 especialistas de los 6.000 médicos que trabajan en las policlínicas de EOPYY.
El Gobierno griego se ha propuesto dar un vuelco al sistema sanitario, actualmente muy centrado en policlínicas y médicos especializados, así como en la atención hospitalaria, y sustituirlo por un sistema cuyo foco principal serán los médicos de familia y los centros de atención primaria.
Según datos del Ministerio de Sanidad, en Grecia hay 72.000 doctores, 1 por cada 145 ciudadanos, de los que solo el 3,5 % son médicos de familia.
En otros países europeos, al menos un 10 % de los facultativos es médico de cabecera, en Francia incluso el 50 %.
La movilización de los médicos adscritos a EOPYY comenzó con una huelga de tres días que fue prolongada semana tras semana a raíz de unas declaraciones de Yeoryiadis en las que afirmó no estar dispuesto a mantener en el sector público a "gente que no es necesaria".
La participación en la huelga continúa siendo alta. Según el presidente de los médicos de EOPYY, la participación en los centros urbanos de Atenas y de Salónica, donde vive dos tercios de la población griega, es de alrededor el 80 %. En la periferia ronda entre el 40 % y el 50 %.

El escándalo por corrupción hizo perder 100.000 millones de dólares a la economía turca

ANKARA. El escándalo político financiero que salpica al gobierno islamista conservador del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, costó más de 100.000 millones de dólares a la economía del país, afirmó el viceprimer ministro, Bulent Arinz.

"Hablamos de daños por valor de más de 100.000 millones de dólares", declaró Arinz, portavoz del Gobierno.
Esta crisis provocó fuertes caídas en el mercado bursátil y cambiario, de las que Turquía -considerado modelo de democracia en el mundo musulmán y una potencia económica emergente- comenzaba a recuperarse este lunes.
En respuesta a las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre su gobierno, Erdogan denunció una vez más el sábado pasado lo que él considera es un complot de sus rivales y de la justicia en su contra.
Al día siguiente de una serie de manifestaciones organizadas en una docena de ciudades, principalmente en Estambul y Ankara, para exigir su renuncia, Erdogan se mantuvo inflexible y movilizó el sábado a sus partidarios contra los "grupos criminales" que, según él, quieren acabar con Turquía.
En la línea de mira del jefe del gobierno islamo-conservador están los magistrados, en el origen de la investigación que llevó a la detención de más de veinte figuras cercanas al poder y a la renuncia de tres ministros.

Carta de un economista a Rajoy / José Carlos Díez

Señor presidente: he decidido hacer pública esta carta al escuchar los datos que usted ha usado en su rueda de prensa de balance de 2013. Las parados registrados en el INEM no disminuyen por haber encontrando un empleo. Han tirado la toalla y han dejado de confiar en usted y en la recuperación. Muchos han dejado de buscar empleo y otros muchos han huido de España ante la incapacidad de encontrar empleo en nuestro país y al no tener expectativas de encontrarlo en el futuro.

La Seguridad Social no va bien. A su ministro de Hacienda se le escapó que cerrará el año con un déficit de 1,8% del PIB o sea 18.000 millones. Es debido a que acabaremos el año con casi 300.000 personas que han perdido su empleo y han dejado de cotizar. Además, las empresas destruyen empleos estables de personas mayores de 45 años y los están sustituyendo por empleos a tiempo parcial y con salarios precarios de jóvenes. El resultado es menor recaudación.

El déficit público tampoco va bien. La destrucción de empleo y la bajada de salarios ha reducido la recaudación del Impuesto sobre la Renta. El IVA ha subido por el aumento de los tipos el pasado año pero no por la mejora de actividad. Los ingresos fiscales están estancados en 2013 y eso supone 4.000 millones de euros menos de lo que usted estimó en los presupuestos y a eso hay que sumar otros 4.000 millones en la Seguridad Social.

En 2013 vamos a pagar más intereses por la deuda pública. La deuda aumenta unos 10.000 millones al mes que es lo mismo que costó el Plan E que usted tanto criticó. Entre enero y octubre el déficit reconocido por la Intervención General de la Administración Central es de 37.000 millones. Un 10% superior al de 2012 y un 15% superior al que usted heredó del Gobierno anterior. La deuda pública va a acabar el año próxima a un billón de euros, 100.000 millones por encima de 2012.

La prima de riesgo no ha bajado fruto de sus reformas. La bajada ha sido generalizada en los países periféricos europeos y el país donde más ha caído es en Grecia. La banca española ha financiado la mitad del aumento de la deuda pública, mientras los inversores extranjeros sólo el 15%. Pero estos mismos inversores extranjeros han vendido bonos, acciones y préstamos a empresas y bancos españoles por más de 30.000 millones.

Las exportaciones no van bien. Tuvieron dos meses excepcionalmente buenos la pasada primavera pero desde entonces se han frenado en seco. Nuestra competitividad no ha mejorado desde 2011. La bajada de salarios y el aumento de la productividad por la masiva destrucción de empleo ha sido compensado por la intensa apreciación del euro contra el dólar y contra las divisas de países emergentes.

La reforma bancaria no ha funcionado. Le recomiendo que vaya a cualquier bar y pregunte a pequeños empresarios y familias por la situación del crédito. Qué garantías les exigen y a qué tipo les prestan. Comprobará que las condiciones son peores que antes del rescate bancario de la Troika.

Retrasar el ajuste fiscal nos ha permitido salir de la recesión, pero no compensa los efectos devastadores sobre el empleo y la deuda pública de su ajuste de 2012. EE UU ha demostrado que hay vida después de una crisis de deuda. Pero hace falta un buen diagnóstico y una política adecuada. Tras su discurso es evidente que tiene un error de diagnóstico y eso complica significativamente la salida de la crisis.

Necesitamos crecer mucho más, depreciar el tipo de cambio, provocar inflación moderada, aumentar la inversión, incrementar la recaudación fiscal y reestructurar deudas de familias y empresas para estabilizar la restricción de crédito. A la vez habrá que resolver la tragedia griega, portuguesa, chipriota, eslovena, irlandesa, etcétera. Si su política económica y la europea no cambian radicalmente, despediremos 2014 con menos población, menos crédito, más deuda y más pobreza

Quedo a su entera disposición y le deseo que la fuerza le acompañe.

miércoles, 25 de diciembre de 2013

Facua denuncia al Gobierno español en Bruselas por incumplir la directiva de electricidad

MADRID.- FACUA ha denunciado al Gobierno de España ante la Comisión Europea por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, ya que en su opinión no garantiza la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables". 

En su denuncia, FACUA advierte de que tanto el actual Gobierno como el anterior no han garantizado la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios". Así lo establece el artículo 3 de la Directiva 2009/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la UE.
En un comunicado, FACUA recuerda que en su artículo 3.7 la directiva plantea que "los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables". También establece que "los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado, también en el contexto más amplio de la pobreza en general".
La realidad, expone FACUA, es que el Gobierno de España no tiene ninguna medida que proteja realmente al consumidor vulnerable y que, cada año, aumenta el número de familias excluidas del suministro energético.
En su denuncia, FACUA argumenta que "la única medida supuestamente orientada a la protección de los consumidores vulnerables" del Gobierno español ha sido el bono social, "cuyas características no responden realmente a los objetivos fijados en la Directiva, ya que su tarifa no resulta realmente reducida ni da cobertura a un número suficiente de usuarios en situación de vulnerabilidad".
Para FACUA, el bono social deja fuera a multitud de familias con bajísimos recursos y resulta considerablemente elevada, "tanto por la penalización por el consumo de más de 500 kWh como por el precio del kW y kWh fijados en ella".
La organización explica en la denuncia que el 18% de familias de España no consiguen alcanzar una temperatura cálida en sus hogares durante los meses invernales.

lunes, 23 de diciembre de 2013

Los manifestantes eligen en Kiev un Consejo de la Maidan formado por Klitschko y Timoshenko

KIEV.- La asamblea de activistas opositores acampados en la plaza de la Independencia de Kiev, denominada Un País-Una Maidan (plaza) aprobó anoche la creación del Movimiento Civil de la Maidan dirigido por un Consejo de la Maidan, formado por dirigentes políticos, personalidades públicas y representantes de ONG.

   En concreto, el Consejo incluye a la ex primera ministra Yulia Timoshenko de la Unión Panucraniana Batkivschina (Patria), al líder del partido ultraderechista Unión Panucraniana Svoboda, Oleh Tiahnibok, y al líder de la Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma (UDAR), el boxeador Vitali Klitschko.
   "Anunciamos la creación del Consejo de la Maidan", ha anunciado Tiahnibok en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.
   En el organismo colegiado están integrados además otras personalidades políticas y públicas de la oposición y de ONG como Seryiy Kvit, Yuri Lutsenko y Arseni Yatseniuk.
   El objetivo del Movimiento Civil de la Maidan es dar un nuevo impulso a las movilizaciones contra el Gobierno del presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, y coordinar las iniciativas para protestar contra su "régimen".
   Además, han pedido la liberación de todos los detenidos durante las movilizaciones y los presos políticos, incluida Timoshenko. "Los activistas han reiterado hoy la necesidad de un cambio en Ucrania y de la liberación de todos los prisioneros políticos arrestados durante la EuroMaidan (como se conocen las movilizaciones), y también la de Yulia Timoshenko", informa la web de la ex primera ministra en un comunicado en el que recoge su integración en el Consejo de la Maidan.

HRW denuncia presiones e intimidaciones para que las víctimas de la violencia policial en Kiev no cuenten lo ocurrido

WASHINGTON.- Human Rights Watch ha denunciado que las víctimas de la violencia policial contra manifestantes de la oposición de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre han recibido presiones y han sido víctimas de intimidaciones para que no relatasen lo ocurrido.

   El grupo ha podido documentar los casos de siete manifestantes a los que los propios agentes de la autoridad que investigaban lo ocurrido presionaron e intimidaron a las víctimas de la violencia policial.
   "Las autoridades ucranianas se han comprometido a investigar la violencia policial, pero están intimidando a quienes presentan denuncias de abusos policiales", ha explicado la investigadora ucraniana de HRW Yulia Gorbunova. "Las autoridades están presionando a las mismas personas cuya confianza necesitan si quieren realizar una investigación seria", ha argumentado.
   El grupo ha remitido una carta a la Fiscalía General ucraniana para denunciar estos casos y otros de violencia policial que las autoridades se han negado a investigar. "La Fiscalía debe garantizar una investigación rápida e imparcial de las denuncias de abusos policiales y el fin de la presión indebida sobre las personas que han presentado denuncias", explica.
   En uno de los casos, un hombre asegura haber sido golpeado por la Policía en la plaza de la Independencia de Kiev, epicentro de las manifestaciones de la oposición. Fue detenido y pasó cuatro horas bajo custodia durante las que fue interrogado con preguntas como "¿Por qué ha participado en los disturbios masivos y quién los organizó?", "¿Cuánto le han pagado por participar?" o "¿Por qué se resistió a la Policía?".
   Sólo le hicieron una pregunta sobre la actuación violenta de los agentes y tras el interrogatorio debió ser hospitalizado para ser atendido por hipertensión.
   En otros dos casos, los policías se negaron a trasladar al denunciante de abusos a un médico forense para que emitiera un parte de lesiones producto de las cargas policiales.

La Generalitat de Cataluña impedirá cortar la luz y el gas a los más desfavorecidos

BARCELONA.- El Gobierno catalán ha aprobado este lunes un decreto ley para que no se pueda cortar la luz ni el gas desde noviembre hasta marzo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

   Lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consell Executiu el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, junto al portavoz del Gobierno, Francesc Homs, que han explicado que entrará en vigor el 1 de enero.
   Según el texto, se podrán beneficiar quienes forman parte de una unidad familiar con un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de la Renta de Suficiencia --a la cual hay que añadir un 30% a partir del tercer miembro--, que no puedan reducir su consumo de bienes e inmuebles, y que acrediten tener contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales.
   Los afectados, una vez reciban el aviso de interrupción del suministro eléctrico o de gas, tendrán que presentar en el máximo de diez días un informe de los servicios sociales básicos que acredite el cumplimiento de estos requisitos.
   En el momento en que se acredite la situación de los afectados, las empresas suministradoras suspenderán el proceso de interrupción de sus servicios energéticos entre los citados meses, y las deudas que se acumulen se pospondrán en las condiciones que acuerden los usuarios y las compañías, y se podrán pagar entre los meses de abril y octubre siguientes.
   El texto también determina los mecanismo de intercambio de información entre empresas suministradoras, administraciones, entidades sociales y usuarios sobre tarifas sociales, ayudas y medidas para hacer frente a la pobreza energética.
   El contenido del decreto ley estaba incluido en el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras, cuyo trámite parlamentario ha estado bloqueado por el PP tras solicitar un informe al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
   Según el Gobierno catalán, esta iniciativa, una modificación del Código de Consumo, es la primera medida normativa para hacer frente a la pobreza energética.

Ruz pide informes de conclusiones sobre la red de Correa y sus contratos con Madrid

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Intervención General del Estado y la Agencia Tributaria que, a fin de "agilizar la instrucción", le presenten diez informes de conclusiones en los que se detalle la actividad que desarrollaba la organización de Francisco Correa y los contratos que realizó con varias administraciones públicas, entre ellas la Comunidad de Madrid.

   En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 destaca la "necesidad" de contar con estos informes entre el 31 de enero y el 15 de febrero, y advierte a las unidades requeridas que justifiquen cualquier "retraso o demora" en la presentación de los mismos.
En concreto, el juez Ruz pide a la UDEF que antes del 31 de diciembre presente sendos análisis sobre "la sede central de la organización de Correa", situada en la calle Serrano de Madrid; las empresas Easy Concept y Galher Servicios Administrativos; y la nave industrial del polígono Ventorro del Cano (Alcorcón) en la que se incautó numerosa documentación.
   También se reclama a este organismo que exponga sus conclusiones sobre la memoria externa de almacenamiento que se  incautó al contable de la trama 'Gürtel', José Luis Izquierdo, y que Correa identificó en unas conversaciones grabadas en la cárcel como "el puto pen drive", al reflejar la contabilidad B de sus empresas. Además, solicita la agenda personal y memoria intervenida a David Luis Cerezo.
   El último informe solicitado a la UDEF, que deberá ser presentado por este cuerpo antes del 15 de febrero, se refiere a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, vinculada presuntamente a la entrega de cohechos en nombre de la trama.
   De la misma forma, el juez Ruz reclama a la Intervención General del Estado que le informe antes del 31 de enero sobre los contratos de la Comunidad de Madrid que se adjudicaron las empresas de Correa y que obtuvieron en los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.
   También pide a la Agencia Tributaria que antes de esta misma fecha le entregue los informes que tienen pendientes respecto de las ampliaciones de comisiones rogatorias que se han cursado a  varios países.

Prohíben a los detenidos por el 14D en Madrid acercarse al Congreso

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid ha prohibido a cinco de los 14 detenidos por la protesta de 'Rodea el Congreso' del pasado 14 de diciembre acercarse a menos de 500 metros de la sede del Congreso de los Diputados, según se desprende del auto judicial fechado a 20 de diciembre.

Aunque el mismo sábado de los altercados se detuvo a siete personas, el pasado jueves, en el marco de la 'operación cresta', se detuvieron a otros siete, dos de ellos menores de edad. La medida cautelar afecta a estos últimos detenidos --quedan fuera los menores de edad que han pasado a la Fiscalía de Menores--, han señalado hoy fuentes policiales.
En el auto el juez, que se encontraba de guardia en el momento de las detenciones, toma esta medida cautelar después de que el Ministerio Fiscal hubiera pedido una medida de alejamiento durante la tramitación de la causa fijada en una distancia de 1.000 metros.
Acusados de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y de lesiones, los detenidos en su declaración prestada en el juzgado "reconocieron su intervención en la protesta" y, además del propio atestado que origina la iniciación de las actuaciones, hay "reconocimientos fotográficos".
El juez entiende que para adoptar esta medida no se requiere una "prueba plena" sino un "indicio razonable de la existencia del hecho punible y de la intervención" de los detenidos, además del "examen e identificación fotográfica" antes mencionada que "puede considerarse como un cato de la naturaleza expresada".
A ello se le une la "gravedad" de los hechos analizados, atentar el ejercicio de sus funciones por unos agentes de la autoridad, "encargados del mantenimiento del orden interno del Estado" y contra la "integridad física de las personas y el patrimonio de un organismo estatal". Esta gravedad, dice, "obliga a impedir la repetición futura de hechos de parecidas características".
El juez toma esta decisión con una extensión menor a la solicitada por el Ministerio Público pues aunque los detenidos residen fuera del término municipal de Madrid, salvo uno que necesita acudir a un centro educativo del barrio de Latina, cree que la distancia de los mil metros "restringiría en exceso las posibilidades deambulatorias de los afectados".
Todos los detenidos están acusados de varios delitos de lesiones, atentado a agente de la autoridad, desórdenes públicos y daños durante los disturbios. Además, se les considera responsables de causar múltiples traumatismos a 11 agentes de las Unidades de Intervención Policial, más conocidos como antidisturbios, a los que arrojaron todo tipo de objetos contundentes. Otras 13 personas resultaron heridas.
El pasado sábado 14, los manifestantes comenzaron una marcha por las principales vías de la capital, provocando problemas circulatorios de gran importancia en el centro de la ciudad. Cuando esta manifestación, no comunicada a la Delegación del Gobierno, alcanzó la Puerta del Sol, en la plaza se encontraban miles de personas.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid explicó la semana pasada que en ese momento miembros de Unidades de Intervención Policial trataron de dialogar con la cabecera de la manifestación para evitar que con la entrada de una masa de personas se pudieran generar momentos de caos y temor en los ciudadanos allí presentes.
"Lejos de dialogar, los radicales que encabezaban la marcha comenzaron a rodear a los agentes y a proferirles insultos graves. Para evitar momentos de tensión con los manifestantes, los policías decidieron replegarse. Cuando se produjo el repliegue un grupo de violentos aprovechó para agredir a los agentes, propinándoles patadas y lanzándoles botellas", detallaron desde la Policía.
Posteriormente, el grupo de manifestantes continuó su camino hasta la confluencia de las calles de Atocha y San Sebastián, donde destrozaron un vehículo de la Policía Municipal. Para socorrer a los dos agentes municipales llegaron a la zona varios agentes de la Unidad de Intervención, "que se encontraron con una masa extremadamente violenta".
Los radicales comenzaron a lanzar botellas de vidrio, piedras y otros objetos contundentes contra los policías, hiriendo de diversa consideración a once de ellos.
Cuando se produjeron los enfrentamientos violentos contra las fuerzas del orden, se encontraban en la calle Atocha numerosos vehículos de particulares y un autobús repleto de pasajeros. El medio de transporte colectivo sufrió múltiples impactos de botellazos y otros objetos "provocando momentos de gran temor y ansiedad entre sus ocupantes", según el parte policial.
Los disturbios acabaron con cuantiosos daños materiales en el mobiliario urbano, por importe superior a 15.000 euros, entre papeleras, señalización, limpieza viaria, contenedores de vidrio y papel, entre otros enseres. El día de los altercados se llevaron a cabo otras siete detenciones por desórdenes públicos y atentado.

Manos Limpias denuncia a la patronal y a las eléctricas por la subasta

MADRID.- El sindicato Manos Limpias ha presentado en la Audiencia Nacional una denuncia contra el presidente de la patronal eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, y contra los responsables de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC, EDP y E.ON por el "escándalo" de la última subasta eléctrica. 

En un comunicado, Manos Limpias explica que la denuncia obedece a la subida del precio de la luz, del 11%, que salió de la citada subasta eléctrica, posteriormente anulada por el Gobierno. 
En concreto, acusa a los dirigentes de la patronal y de las principales compañías eléctricas de fraude en delito societario, estafa, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y defraudación de fluido eléctrico.
En un comunicado, este sindicato califica la subida de "leonina y antisocial", pues coloca a las clases medias y bajas en una situación dramática.

jueves, 19 de diciembre de 2013

El PP bloquea el proyecto de garantizar la calefacción

MADRID.- El gobernante Partido Popular (PP) impuso hoy su mayoría legislativa para rechazar una propuesta de prohibición de corte de electricidad a los hogares en invierno. El proyecto presentado por el grupo Izquierda Plural, integrado por varios partidos de esa tendencia, intentaba favorecer a familias pobres que no pueden pagar ese servicio, cuando se prevé para enero un encarecimiento del 11 por ciento de la tarifa.

Al argumentar la negativa, el congresista del PP Mario Flores aseguró que el gobierno toma medidas urgentes para proteger a las familias más vulnerables aunque admitió existe un incremento de la pobreza desde el inicio de la actual crisis.

La portavoz de Energía de la Izquierda Plural y promotora de la propuesta, Laia Ortiz, recordó asimismo que el pasado invierno 1,4 millones de hogares sufrieron algún corte de luz por falta de pago.

En opinión de Carlos Martínez, de Unión Progreso y Democracia, la situación es resultado de una mala política, mientras Josep Sánchez, de Convergencia y Unión pidió al Estado asumir las necesidades mínimas para evitar pérdida de vidas.

También diversas organizaciones de defensa de los consumidores criticaron el encarecimiento de un servicio cuyo costo en España es superior al de Francia y Alemania.

El coordinador de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético José Vicente Barcia estimó que debido a la subida de la tarifa dos millones de hogares no podrán hacer uso de calefacción este invierno.

Barcia culpó a la política gubernamental de proteger los intereses de las empresas que, dijo, tendrán este año 6.300 millones de euros en beneficios.

En la pobreza están la mitad de los ancianos españoles atendidos por la Cruz Roja

MADRID.- Unos 180.000 ancianos españoles de los 360.000 atendidos por la Cruz Roja están por debajo del umbral de pobreza debido al impacto de la crisis económica, reveló hoy un informe de esa organización. 

Otros de los datos ofrecidos en un reporte sobre vulnerabilidad indica que el 33 por ciento de las personas registradas por la Cruz Roja carece de recursos para poner la calefacción este invierno, cuando ya las temperaturas bajan de cero grado centígrados.

Estos índices son resultado de una encuesta realizada por primera vez entre 1.112 inscriptos en los programas de la institución.

También el cuatro por ciento dejó de percibir ayuda de los servicios sociales, pese a lo cual el 46 por ciento respondió que ayuda a los miembros de su familia, precisó en rueda de prensa el coordinador general de la Cruz Roja española, Antoni Bruel. Según el análisis de los resultados del sondeo, el hecho que las personas de mayor edad se vean obligados a tener que ayudar a familiares empeora sus condiciones de vida.

El 56 por ciento de los encuestados vive solo, el 22 por ciento con su cónyuge y una proporción similar con los hijos u otros familiares y el 45 por ciento declaró que tiene la sensación de ser percibido como una carga para la sociedad.

El perfil de las personas atendidas por la Cruz Roja abarca el 64 por ciento de mayores de 80 años, el 62 por ciento viudos. La mitad recibe pensiones inferiores a 620 euros al mes y el 6,8 por ciento carece de ingresos.

La banca española gana un 98% más hasta septiembre

MADRID.- Los grupos bancarios españoles han obtenido un beneficio atribuido de 6.702 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 98,3% respecto al mismo periodo de 2012. Este aumento de los beneficios se explica por los significativos saneamientos extraordinarios realizados el pasado ejercicio, según datos presentados por la Asociación Española de la Banca (AEB).

   Los decretos aprobados por el Gobierno el pasado ejercicio para sanear los balances de activos inmobiliarios distorsionan la comparación interanual. Las provisiones ascendieron a 17.976 millones de euros de enero a septiembre de este año, un 29,8% inferiores a las registradas en los nueve primeros meses de 2012.
   El secretario general de la patronal de la banca, Pedro Pablo Villasante, ha puesto en valor que la cifra de provisiones aún está por encima de las media de los últimos años.
   En una presentación titulada 'Avanzando en un año puente hacia la recuperación', Villasante ha concretado que el margen bruto consolidado de la banca española alcanzó los 55.622 millones, esto es un 6,8% menos en comparación con septiembre de 2012. El secretario general de la AEB ha explicado la reducción del margen bruto por los bajos tipos de interés y un escenario económico todavía "difícil".
   El margen de intereses se redujo un 12,2%, hasta los 35.039 millones, en tanto que el resultado de la actividad de explotación alcanzó los 9.699 millones, un incremento del 56,1%.
   Villasante ha puesto en valor que estos resultados se han registrado sin recurrir a ayuda públicas de capital y sin traspasar activos a la Sareb. Y ha añadido que incluso la banca ha tenido que soportar una parte "sustancial" de las pérdidas por la crisis de algunas cajas de ahorros, a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la participación en el accionariado del conocido como 'banco malo'.
   El secretario general de la patronal bancaria ha subrayado el esfuerzo "colosal" de la banca a lo largo de la crisis para sanear sus balances, al que destinaron 158.163 millones, una cifra que duplica los 77.055 millones del beneficio consolidado obtenido entre 2007 y septiembre de este año. En este sentido, ha esperado que el saneamiento se prolongue durante este año.
   La tasa de mora se situó en el 13,2%, con una tasa de cobertura del 62%, ante la condiciones económicas "difíciles" y la reducción del 'stock' de crédito.
   A 30 de septiembre, el nivel de capitalización de los bancos se situaba por encima del 8%, con un ratio BIS superior al 13,6%, lo que refleja un exceso de recursos propios sobre los mínimos exigidos de 57.699 millones. El capital principal alcanzó el 11,46%, 100 puntos básicos más que hace un año.

Dos millones de hogares no podrán en España encender la calefacción

MADRID.- El coordinador de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético José Vicente Barcia ha advertido este jueves de que la subida de la factura energética del 11% que se producirá a partir de enero provocará que dos millones de hogares en España no puedan encender la calefacción este invierno, al no poder hacer frente a estos costes.

   Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios, minutos después de conocerse el incremento del precio de la energía resultante de la subasta trimestral. "En enero, con lo que ha anunciado el Gobierno y con la subasta de Cesur, la electricidad doméstica subirá de forma insoportable, y hará que más de 2 millones de hogares España no puedan encender la calefacción este invierno", ha advertido.
   Y todo por culpa de un mercado "absolutamente intervenido" y que "no funciona", porque el Gobierno se dedica a proteger los "espurios intereses" de Unesa, el "gran cártel de la electricidad". 
"La actitud del ministro de Industria, José Manuel Soria, es equiparabale a la etimología de la palabra mentira. Básicamente intenta confundir para seguir subiendo permanentemente la luz, haciendo una salvaguarda de los intereses y beneficios de Unesa, que este año tendrá más de 6.300 millones de beneficios", ha reprochado.
   Finalmente, Barcia ha recordado que en este 2013 el precio de la electricidad ha subido tres veces, situando la factura española como la tercera más cara de Europa tras Chipre e Irlanda, "dos países con situaciones insulares" que encarecen la producción energética, y que de hecho la semana pasada era "la más cara" del continente, como consecuencia de las trabas que se están poniendo a las renovables.

El juez Ruz envía a la policía a la sede del PP

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz envió este jueves a la Policía a la sede madrileña del Partido Popular para obtener una documentación que había solicitado dentro de su investigación sobre una supuesta contabilidad B de la formación en el poder, informaron diversos medios.

El magistrado había pedido el pasado julio información sobre la reforma que el partido conservador llevó a cabo en el edificio entre 2005 y 2011 para averiguar si fue pagada con dinero negro, según informaron varios medios citando fuentes de la investigación.
No fue posible confirmar la información con la Audiencia Nacional ni con el PP.
Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, los fondos de la supuesta contabilidad B que manejaba el extesorero del PP Luis Bárcenas se habrían utilizado para pagar al arquitecto responsable de la reforma, según informan los medios.

La corrupción, enemigo público número uno para el jefe del Banco Mundial

WASHINGTON.- El Banco Mundial adoptó hoy jueves una postura atrevida al afirmar su presidente, Jim Yong Kim, que la corrupción en el nivel público y privado es el azote del mundo en vías de desarrollo.

La institución, reacia desde hace tiempo a abordar la corrupción por quererse mantener alejada de la política, dijo que tenía intención de contratar a más expertos en materia de cumplimiento de la ley y en otros asuntos de gobernanza.
Kim dijo que la corrupción debe situarse en el centro de las labores del banco de desarrollo.
"Cada dólar que un cargo público o de una empresa corrupta mete en su bolsillo es un dólar robado a una embarazada que necesita cuidados para la salud", dijo Kim durante un comité.
"En el mundo en vías de desarrollo, la corrupción es el enemigo público número uno".
El anuncio muestra lo mucho que el banco ha cambiado desde los años 90, cuando la corrupción era un tema tabú en una institución que tiene 188 países miembros y rehuye tomar una posición clara.
El expresidente de la institución Jim Wolfensohn planteó el tema en un discurso en 1996, calificando la corrupción de un "cáncer" al que los países deben hacer frente, pese a las advertencias para evitar el tema.
"Me dije '¿Por qué no usar la palabra?'", recordó Wolfensohn el jueves. "Y (un asesor) dijo 'bueno, la mitad de tus directores representan a países corruptos'".
El ministro filipino de Finanzas, Cesar Purisima, dijo que los países necesitan mejores formas de seguir el movimiento de fondos de cara a combatir la corrupción. Sugirió un "pasaporte" o algún tipo de convención para etiquetar los flujos de capital de cara a asegurar que el dinero va donde se supone que debe de ir.
"La corrupción es un eslogan muy popular", dijo durante el comité. "El problema está en la ejecución", añadió.