Timoshenko dice que "la dictadura ha caído" y se presentará a las presidenciales ucranianas

KIEV.- La ex primera ministra ucraniana Yulia Timoshenko,  considerada la heroína de la incruenta Revolución Naranja de 2004, aseguró hoy que "la dictadura ha caído" y anunció que se presentará a las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo.

Timoshenko hizo estas declaraciones en el aeropuerto de la ciudad oriental de Járkov tras recuperar la libertad después de cuatro años de cárcel y antes de viajar a Kiev para dirigirse a los manifestantes opositores concentrados en la plaza de la Independencia o Maidán.
Timoshenko, nada más abandonar en silla de ruedas la clínica en la que estuvo ingresada desde mayo de 2012 por una hernia discal, viajó en avión a Kiev para darse un baño de masas en el Maidán, la plaza de la Independencia, donde ya arengó a la población hasta la victoria en la incruenta Revolución Naranja de 2004.
La dictadura "cayó no gracias a los políticos y diplomáticos, sino gracias a aquella gente que salió (a las calles) para defenderse a sí mismos, a sus familias y a su país", declaró Timoshenko.
Mientras la esperaban decenas de miles de personas en el Maidán, Timoshenko hizo honor a su fama de política implacable y aseguró que todos los culpables del derramamiento de sangre y de la muerte de decenas de personas deben ser castigados.
Previamente, la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania, controlada ahora por la oposición, aprobó una resolución para "cumplir los compromisos internacionales" que exigían la excarcelación de Timoshenko, en alusión a las demandas de la Unión Europea y Estados Unidos.
El nuevo presidente de la Rada, Alexandr Turchínov, mano derecha de Timoshenko, aseguró que la liberación inmediata de la carismática política era vital, ya que "su vida corría peligro".
La Rada ya había aprobado el viernes una ley de reforma del código penal que allanaba el camino para la puesta en libertad de la opositora.
En principio, al ser rehabilitada de la pena que además le impedía ejercer cargo público, Timoshenko podría presentarse a las elecciones presidenciales anticipadas que se celebrarán el 25 de mayo próximo.
Contra todo pronóstico, Timoshenko fue derrotada por el actual presidente en las elecciones celebradas en 2010, tras lo que fue procesada y condenada por la firma de un acuerdo de gas con Rusia, que las nuevas autoridades consideraron oneroso para las arcas del país.
Timoshenko, que fue condenada en 2010, también fue acusada de estar implicada en el asesinato del empresario y diputado Yevgueni Sherban en 1996, cargo que le podría haber acarreado una pena de 12 años de prisión.
Previamente, la Rada asumió la coordinación de las labores del Gobierno, que se mostró dispuesto a facilitar el traspaso de poder, convocó comicios presidenciales y designó a nuevos ministros de Interior y de Defensa.
En una demostración de que la oposición asumió a través del Parlamento el poder de facto en Ucrania, el Ministerio de Interior difundió una declaración en la que expresó su apoyo a las "aspiraciones de los ucranianos de cambios democráticos".
"En este complejo momento de la historia de Ucrania el personal del Ministerio del Interior pone de manifiesto que sirve únicamente al pueblo ucraniano y comparte plenamente el deseo de los ciudadanos de cambios rápidos", rezaba la nota.
Además, la Rada nombró como ministro de Defensa en funciones al general Vladímir Zamana, destituido esta semana de su cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por desobedecer a Yanukóvich al negarse a movilizar al Ejército contra los manifestantes.

Compromís-Equo quiere evitar en España la licitación a coste menor del real

MADRID.- Compromís-Equo ha registrado en el Congreso de los Diputados, para su debate en la Comisión de Hacienda, una proposición no de ley con la que urge al Gobierno a modificar la Ley de Contratos Públicos para evitar las licitaciones a coste menor del real y las consecuentes desviaciones presupuestarias, así como a crear un nuevo organismo público que controle los abusos y fraudes de este tipo.

   En la iniciativa, el diputado Joan Baldoví justifica la necesidad de estos cambios en el contencioso surgido entre Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá a cuenta de los sobrecostes en el proyecto de ampliación del Canal, "para cuya adjudicación el grupo empresarial ofreció la mitad del precio de licitación público calculado por la Administración".

   Según el valenciano, este conflicto "ha puesto de relieve la práctica habitual que se sucede en España, donde los sobrecostes en las obras públicas son más la norma que la excepción" y que se deriva, cree él, de la adjudicación de los contratos a ofertas temerarias que proponen un precio muy bajo "contando con su progresivo incremento a medida que la obra avanza".

   "La connivencia o no de los gestores de la Administración pública con estas empresas es algo de lo que debiera ocuparse la Fiscalía Anticorrupción con mayor asiduidad", cree Baldoví, para quien las ofertas temerarias deberían recibir un "rechazo contundente de manera preceptiva y no voluntaria".

   Por eso, propone al Gobierno que reforme la legislación de contratos públicos actual para "impedir la existencia de sobrecostes y poner fin a la práctica habitual de licitación por precio bajo con la garantía de su progresivo incremento", dejando esta posibilidad únicamente para los casos "extraordinarios y realmente imprevisibles" que prevé ya la normativa.

   Y es que, a su juicio, "no es razonable" que las desviaciones lleguen a suponer el triple del precio original, sobre todo porque las obras públicas suelen ser proyectos de larga duración, lo que incrementa aún más estos desfases presupuestarios.

   Por otra parte, Compromís-Equo plantea la posibilidad de sustituir las actuales juntas de contratación administrativa por un organismo regulador y controlador de los contratos públicos "con potestad ejecutiva, que actúe con celeridad, eficacia y transparencia" en el seguimiento de las adjudicaciones y que además dé pautas a los poderes adjudicadores y a los contratistas para evitar abusos y fraudes en la contratación, hechos que "siempre repercuten negativamente tanto en el dinero público como en el retraso de las obras".

La PAH quiere potenciar la ocupación de pisos vacíos y penaliza su uso "antisocial"

BARCELONA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha celebrado este sábado su quinto aniversario con una asamblea estatal en la que ha fijado como objetivo potenciar la ocupación de pisos vacíos y conseguir que se penalice fiscalmente su uso "antisocial".

   La portavoz de la plataforma, Ada Colau, ha explicado que más de 400 personas procedentes de unas cien plataformas territoriales se han dado cita en Barcelona para celebrar la asamblea.

   Colau ha apuntado que la PAH ha demostrado que la gente sin recursos puede conseguir cosas, y que el problema más importante son los bancos, que "tienen la democracia secuestrada".

   La hoja de ruta que se ha fijado la entidad pasa por la colaboración con otros colectivos, la ocupación de pisos vacíos y la implicación de los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos en el proceso, ya que, segun Colau, tienen que utilizar sus competencias para defender a los ciudadanos.

   Colau ha añadido que si las comunidades autónomas y los ayuntamientos no responden, seguirán promoviendo y practicando la desobediencia civil, que se expande a través de la Obra Social de la PAH, con veinte edificios recuperados y más de mil personas realojadas.

   La portavoz de la plataforma ha celebrado que la PAH haya conseguido "romper el miedo" de los ciudadanos, y quiere mantenerse como referente de otros colectivos que han surgido en respuesta al problema general de política que vive España, según la portavoz.

El Parlamento destituye a Yanukovich y fija elecciones para mayo en Ucrania

KIEV.- El Parlamento ucraniano declaró el sábado al presidente Viktor Yanukovich constitucionalmente incapaz de cumplir con sus obligaciones y fijó un adelanto electoral para el 25 de mayo, gracias a que numerosos diputados del gobernante Partido de las Regiones abandonaron sus filas. Los diputados todos de la asamblea se pusieron de pie, aplaudieron y cantaron el himno nacional. Yanukóvich estaría ahora en paradero desconocido tras intentar huir a Rusia en avión.

El presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, dijo por su parte que no tenía intención de dimitir ni dejar Ucrania, afirmando que todas las decisiones tomadas por el Parlamento este sábado eran ilegales, informó Interfax citando una entrevista a la televisión.

Yanukovich calificó la situación en Ucrania de "golpe de Estado", y la comparó a la toma del poder por los nazis en los años 30 en Alemania, aunque en ruso y no en ucraniano.

"Mi coche recibió disparos. No tengo miedo. Siento pena por mi país", dijo a la cadena de televisión UBR y difundida por Internet. Y destacó que los mediadores internacionales le aseguraron que le darían garantías de seguridad.

El presidente calificó a los oposición de gángsters que aterrorizan el país y dijo que ahora viajaría por el sudeste de Ucrania reuniéndose con la ciudadanía.

La información no especificó su paradero, pero la entrevista televisiva estaba datada en Járkiv, en el noreste de Ucrania, mientras la sede presidencial en Kiev está controlada por la oposición.
Dijo que las leyes de amnistía adoptadas y todos los pasos dados por él y por su Gobierno estuvieron encaminados a estabilizar la situación política del país, "pero ocurrió lo ocurrido", sostuvo el gobernante, quien reiteró que no renunciará ni abandonará el territorio ucraniano.

Mientras Yanukovich hacía estas declaraciones, el Ejército ucraniano indicó que no se implicaría en ningún conflicto político.

"Las fuerzas armadas de Ucrania son leales a sus obligaciones constitucionales y no pueden meterse en un conflicto político local", dijo.
En ausencia de Yanukóvich, las fracciones opositoras, amparadas en el acuerdo de ayer, que tiene la firma del gobernante y políticos europeos (cancilleres de Alemania y Polonia, y un representante de la Cancillería de Francia) convocaron al legislativo y apresuraron varios nombramientos clave.
Pusieron en vigor la Carta Magna de 2004, aprobada en el contexto de la revolución naranja aupada desde Occidente, y designaron nuevos titulares de Interior y Defensa, así como del Servicio Nacional de Seguridad.
A pesar de que el acuerdo supuestamente enfilado a zanjar la crisis política establecía la creación de un gobierno de coalición, hoy la repartición de ministerios y órganos estratégicos de poder recayó totalmente en las tres formaciones opositoras, sin comunistas, inclusive.
El servicio de Seguridad pasó a manos del partido Udar, del boxeador profesional Vitali Klichko, y la Procuraduría a la agrupación nacionalista Svoboda, mientras que las carteras de Interior y Defensa serán controlados por Batkisvchina.
Escenario clave también en la correlación de fuerzas políticas, la Rada cedió a las presiones opositoras y sirvió de amparo a una movida de piezas en el legislativo, tras la renuncia de su titular y regionalista Vladimir Rybak. Luego siguió la salida del vicepresidente primero Igor Kaletnik, del partido Comunista.
Así, con un nuevo presidente, Alexander Turchinov, de Batkisvchina (el segundo al mando y estrecho colaborador de Timoshenko) y centenares de manifestantes opositores fuera de la Rada, la oposición recuperó el espacio perdido desde 2010 en ese recinto.
En medio de ese drástico vuelco en la correlación de fuerzas en Ucrania sin una discusión parlamentaria o implicación de amplios sectores sociales y políticos, el partido de las Regiones sufre una masiva deserción de sus filas por la ruptura ante las concesiones y medidas del presidente Yanukóvich, según declaraciones de muchos diputados.
Asimismo, el partido de extrema derecha Sector Derechista alentó la prohibición de las actividades de las Regiones y Comunistas.
Con un Maidán enardecido por el giro de los acontecimientos y una incertidumbre por el futuro del país, se espera en Kiev en las próximas horas a la recién liberada ex primera ministra Yulia Timoshenko, la declarada enemiga política número uno de Yanukóvich.

Crónica de una huída... ¿hacia Moscú?


El Parlamento ucraniano votó este sábado a favor de destituir al presidente Viktor Yanukovich, horas después de que éste abandonara Kiev ante una oleada de manifestaciones y denunciara lo que describió como un golpe de Estado.
El Parlamento decretó también la liberación de su eterna enemiga, la ex primera ministra Yulia Tymoshenko, que salió del hospital donde ha permanecido detenida, completando una transformación radical de esta ex república soviética de 46 millones de habitantes.
El aparente derrocamiento del líder afín a Rusia tras unos violentos episodios esta semana en los que murieron 77 personas en el centro de la capital, convertida en un infierno, parece que alterará el futuro del país, acercándolo a Europa y alejándolo de la órbita de Moscú.
También supone un duro revés para el sueño del presidente ruso, Vladimir Putin, de recrear en lo posible la Unión Soviética en una nueva Unión Euroasiática, en la que Moscú contaba con Yanukovich para que Ucrania tuviera un papel clave.
Los diputados del Parlamento aplaudieron en pie y cantaron el himno del país después de declarar al presidente incapaz de cumplir con sus obligaciones y fijar elecciones anticipadas para el 25 de mayo.
En una entrevista televisada poco antes, que la cadena dijo que estaba realizada en la localidad de Járkiv, en el este del país, Yanukovich dijo que no dimitiría ni dejaría el país, y calificó todas las decisiones del Parlamento de "ilegales".
"Los acontecimientos presenciados por nuestro país y el mundo entero son un ejemplo de un golpe de Estado", dijo, comparándolos con la llegada al poder de los nazis en Alemania en los años 30.
Añadió que había sido atacado: "Dispararon contra mi coche. No tengo miedo. Me da pena mi país", dijo a la cadena de televisión UBR.
Pese a sus declaraciones, el desmantelamiento de su autoridad parecía claro, después de que su gabinete prometiera una transición a un nuevo gobierno, la policía se declarara al lado de los manifestantes y se liberara a su eterna enemiga, Yulia Tymoshenko.
Entre una serie de acciones destinadas a acabar con su gobierno, el Parlamento votó a favor de liberar a la ex primera ministra, que salió del hospital en el que ha pasado buena parte del tiempo desde que fue condenada en 2011.
"Nuestra tierra podrá ver desde hoy el sol y el cielo ya que la dictadura ha terminado", dijo a los periodistas tras ser liberada.
El recién designado ministro del Interior, Arsen Avakov, dijo que la policía ahora estaba con los manifestantes contra los que había combatido días, cuando el centro de Kiev se convirtió en una zona de guerra.
En las oficinas, Ostap Kryvdyk, que se describió como líder de la protesta, dijo que algunos de los manifestantes habían entrado en el edificio pero que no se estaban produciendo saqueos.
"Guardaremos el edificio hasta que llegue el próximo presidente", dijo. "Yanukovich no volverá nunca", añadió.
Los terrenos de la residencia de Yanukovich a las afueras de Kiev estaban también vigilados por milicias de manifestantes de "autodefensa".
"El gabinete de ministros y el Ministerio de Economía trabajan con normalidad", dijo el gabinete en un comunicado. "El actual Gobierno proporcionará una transferencia de poder plena y responsable cumpliendo la Constitución y la ley".
El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, que negoció concesiones de Yanukovich con otros ministros de Exteriores europeos en un acuerdo el viernes, tuiteó: "No hay golpe en Kiev. Los edificios gubernamentales han sido abandonados. El presidente del Parlamento ha sido elegido legalmente".
Responsables militares y policiales dijeron que no participarían en ningún conflicto interno. El Ministerio del Interior, responsable de la policía, dijo que servia "exclusivamente al pueblo ucraniano, compartiendo plenamente su deseo de un cambio rápido".
Yanukovich, que indignó a la población al alejarse de la Unión Europea para estrechar lazos con Rusia hace tres meses, hizo amplias concesiones en un acuerdo mediado por diplomáticos europeos el viernes después de unos días de violentos enfrentamientos durante los cuales francotiradores de la policía dispararon contra los manifestantes desde los tejados.
Pero el pacto, que recogía elecciones adelantadas para final de año, no fue suficiente para satisfacer a los manifestantes, que querían que Yanukovich se fuera de inmediato.
Este sábado, el presidente del Parlamento, leal a Yanukovich, dimitió y la cámara eligió a Oleksander Turchynov, aliado de Tymoshenko, como sustituto.
"Hoy (Yanukovich) ha dejado la capital", dijo el líder de la oposición, Vitaly Klitschko, excampeón de boxeo en la categoría de pesos pesados, dijo en una sesión de urgencia.
"Millones de ucranianos sólo ven una opción: elecciones presidenciales y parlamentarias", añadió.
Dos manifestantes con casco guardaban apostados la entrada de la oficina presidencial en Kiev. Preguntados por el paradero de los guardias de seguridad, uno, Mykola Voloshin, respondió: "Yo soy el guardia hora".
La liberación de Tymoshenko transforma Ucrania, dando a la oposición una líder y futura presidenta, aunque Klitschko y otros podrían también tener algo que decir.
La política de 53 años, conocida por su inconfundible trenza rubia, fue encarcelada por un tribunal, con Yanukovich en el poder, por un acuerdo de gas con Rusia que firmó cuando era primera ministra. La UE la consideraba una prisionera política, y su libertad fue una de las principales demandas para estrechar lazos con Ucrania durante los años de negociaciones que terminaron cuando Yanukovich giró abruptamente hacia Moscú en noviembre.
Tymoshenko era dirigente durante la "revolución naranja", en las que se vivieron manifestaciones masivas que dieron al traste con una victoria electoral fraudulenta de Yanukovich en 2004, pero tras un mandato disgregador como primera ministra, perdió ante él en los comicios en 2010.
Subrayando las divisiones regionales de Ucrania, los líderes de las provincias del este, de habla rusa y leales a Yanukovich, votaron a favor de desafiar los pasos dados contra el presidente en el Parlamento.
Los responsables regionales del Este reunidos en Járkov - la ciudad en la que aparentemente Yanukovich ha buscado refugio - adoptaron una resolución que afirmaba que los pasos dados en el parlamento "causan dudas sobre su legitimidad y legalidad".
"Hasta que se restaure el orden constitucional y la ley hemos decidido asumir la responsabilidad de salvaguardar el orden constitucional, la legalidad, los derechos de los ciudadanos y su seguridad en nuestros territorios", dijeron.
El gobernador de Járkiv, Mijaylo Dobkin, dijo en la reunión: "No estamos preparando romper el país. Queremos preservarlo".
En Rusia, Mijail Margelov, responsable del comité de política exterior de la Cámara Alta del Parlamento, dijo que la reunión de Járkiv demostraba que la "Maidan y la oposición no son la mayoría del pueblo ucraniano".
Pero el jefe del comité de asuntos exteriores en la Cámara Baja de Rusia, Alexei Pushkov, pareció reconocer que el mandato de Yanukovich había finalizado. "Huyó. La seguridad huyó. El personal huyó. Un final triste para el presidente", dijo.

Intento de fuga

La guardia de fronteras de Ucrania ha revelado que impidió hoy el vuelo de un avión "charter" que pretendía abandonar el país sin pasar el control fronterizo y en el que viajaba el destituido presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich,
"Hoy, del aeropuerto de Donetsk (en el este de Ucrania) trató de salir un vuelo sin el correspondiente control fronterizo", explicó a las agencias locales el número dos del Servicio Estatal de Fronteras ucraniano, Serguéi Astájov, quien precisó que en el avión se encontraba el ya expresidente Yanukóvich.
Yanukóvich intentó huir a la vecina Rusia pero fue interceptado en la frontera y ahora está en paradero desconocido, aunque previsiblemente en algún lugar de su regional natal de Donetsk, bastión rusoparlante, según Turchínov.

El Gobierno español aprueba una ley de control de las cuentas de los partidos políticos

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un anteproyecto de ley dirigido a aumentar el control de las cuentas y la transparencia de los partidos políticos, salpicados en los últimos años por numerosos escándalos de corrupción.

La nueva normativa, algunas de cuyas medidas ya fueron adelantadas por el Gobierno en diciembre, incluye como novedad la obligación de que los partidos publiquen en sus sitios web los nombres de los donantes que les entreguen cantidades superiores a 50.000 euros y de los bancos con los que tienen créditos pendientes.
"Será obligado que los partidos políticos publiquen en su páginas web, junto con el balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el tipo de interés y el plazo de amortización así como las donaciones y subvenciones recibidas por encima de 50.000 euros", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno ya había aprobado algunas de las medidas de esta ley, como la prohibición de que las personas jurídicas, dentro de las cuales están las empresas donen dinero a los partidos.
En el nuevo texto, que habrá de pasar ahora el trámite parlamentario, sólo las personas físicas podrán realizar donaciones y que estas no podrán superar los 100.000 euros, según el Ejecutivo.
El Gobierno dijo que se prohibirá las condonaciones de deudas de los partidos por parte de los bancos, tanto del principal como de los intereses de los créditos, y que no podrán negociar los tipos de interés por debajo del precio de mercado.
La iniciativa, adelantada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la nación de febrero de 2013, establece que no podrán ejercer un cargo público quienes hayan sido condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, especialmente en los casos de terrorismo
El plan llega en un momento en el que la Justicia está investigando una supuesta financiación ilegal del Partido Popular, surgida a raíz de la imputación de su extesorero Luis Bárcenas, que llevó las cuentas de la formación en el poder durante décadas antes de descubrirse que tenía cuentas millonarias en Suiza.
Bárcenas afirmó en sede judicial que canalizó entre 1990 y 2008 millones de euros en donaciones de magnates de la construcción a los bolsillos de dirigentes del partido, incluido el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que éste niega.
El caso Bárcenas y el de la supuesta financiación ilegal del PP son algunos de los escándalos de corrupción surgidos durante los años del boom inmobiliario en España, donde la ciudadanía considera la corrupción como el segundo problema del país tras el desempleo.

La Iglesia Católica recauda en España 249 millones de euros en 2013 con la casilla del IRPF

MADRID.- La Iglesia católica ha recaudado un total de 249 millones de euros en la campaña de la Declaración de la Renta 2013, con datos de 2012, casi dos millones más que el año anterior.

Además, se ha incrementado en términos relativos en un 0,04 por ciento el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia católica, que han pasado a ser 7,3 millones. De hecho, la CEE observa en este porcentaje que el apoyo a la Iglesia es "estable, sostenido y con una ligera tendencia creciente".

Teniendo en cuenta que una de cada cinco de las declaraciones presentadas son conjuntas, se puede estimar que en torno a nueve millones de declarantes asignaron a favor de la Iglesia en 2012, unos 900.000 más que en 2006, según ha explicado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal.

No obstante, ha precisado que, aunque se ha incrementado el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia en términos relativos, el número total de declaraciones en las que se ha marcado la 'X' han disminuido en 17.935. Además, según datos facilitados por la Agencia Tributaria, el número de declaraciones presentadas en toda España también ha disminuido en 2012 en 77.314.

"Es verdad que hay 17.935 declaraciones menos a favor de la Iglesia, pero como ha habido muchas menos declaraciones presentadas ante Hacienda, el porcentaje de declarantes (a favor de la Iglesia) ha aumentado", ha explicado Barriocanal.

Pese a este descenso en el total de declaraciones, la cantidad recaudada por la Iglesia ha sido de dos millones más debido a que la presión impositiva también ha sido mayor, según ha precisado Barriocanal.

A partir de 2007, con el nuevo sistema de asignación tributaria, la Iglesia renunció a la exención del IVA por lo que también se ha visto afectada por el incremento de este tipo impositivo del 16 al 21%. En cualquier caso, aunque Barriocanal ha explicado que el acuerdo con el Gobierno preveía la posibilidad de que si cambiaban sustancialmente las condiciones económicas se podría renegociar, la CEE "en ningún momento a día de hoy se plantea el retoque de este tipo de parámetros en que se basa la asignación tributaria".

Por comunidades autónomas, Madrid (con 68,1 millones), Andalucía (34,2 millones) y Cataluña (30,9 millones) son las que más recursos aportan a la asignación tributaria. Además, Barriocanal ha destacado que en todas las CCAA en los últimos seis años ha crecido el número de declaraciones a favor de la Iglesia católica.

En caso de tener que "apretarse el cinturón", Barriocanal ha indicado que si se tienen menos recursos tendrán que trabajar más, a lo que Gil Tamayo ha añadido que ese apretarse el cinturón "nunca lo van a sufrir los que más lo necesitan" pues "la visión de la Iglesia no va a ir por los recortes en las capas sociales" que más lo necesitan. "La Iglesia no tiene en su casillero el no", ha subrayado.

Preguntado por el IBI, Barriocanal ha insistido en que la Iglesia "no goza de ningún privilegio" sino que está acogida a la Ley de Mecenazgo y ha precisado que en los territorios donde el legislador puede cambiar este sistema, como en Navarra, donde lo ha hecho, u otros territorios forales, "la Iglesia estará a lo que marque el legislador". En todo caso, ha insistido en que esas exenciones "ayudan a hacer el bien".

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha indicado que están "satisfechos" por los resultados de la campaña de la Declaración de la Renta aunque "sin triunfalismos". Así, ha añadido que lo que quieren los obispos es que "la crisis acabe".

La campaña 'portantos' (www.portantos.es) da a conocer la actividad de la Iglesia entre los ciudadanos y este año la Iglesia destinará un total de 4,8 millones de euros a la campaña, una inversión que consideran "rentable".

El TEDH no paraliza el desahucio de una joven con dos niños en un piso

ESTRASBURGO.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado en una sentencia admitir a trámite una demanda interpuesta por una madre de 24 años con dos niños para impedir ser desahuciada de un piso del Instituto Municipal de la Vivienda de Madrid al que accedió de forma ilegal en julio de 2009.

   Así consta en una sentencia dictada por el Tribunal de Estransburgo, en la que se inadmite a trámite la demanda por prematura. De este modo, se aceptan los argumentos del Gobierno español para levantar las medidas provisionales que se habían impuesto sobre el desalojo de A.M.B., de etnia gitana.

   Según la resolución, la mujer buscó desde 2007 una vivienda para ella y para sus hijos, sin obtener respuesta de las autoridades. Tras ello, decidió ocupar en julio de 2009 un piso del IVIMA. La afectada se encuentra en situación de desempleo sin prestación y recibe 500 euros mensuales de renta mínima de inserción.

   En una resolución, el director del IVIMA acordó el 22 de febrero de 2011 el desalojo de la vivienda, sin "dar alojamiento alternativo al solicitante". En mayo de 2012, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid solicitaron a los tribunales autorizar el desalojo.

Los recortes exigidos por la troika provocan una alarma sanitaria en Grecia

ATENAS.- Un equipo de expertos critica que los recortes impuestos a la Sanidad griega está provocando gravísimos problemas de salud entre la población.

“La administración pública griega usa cuchillos de carnicero”, dijo en 2011 el por entonces ministro de Sanidad de Grecia, Andreas Loverdos, en referencia a los salvajes recortes de gasto que estaba aprobando su Gobierno por indicación de la troika. Y fue en su cartera —por la que han pasado cuatro ministros en algo más de un año— donde estos carniceros del Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea cortaron con más fuerza. Unas cuchilladas que han dejado a la población griega en una terrible situación de desamparo sanitario, disparándose las cifras de ancianos y niños desatendidos, con los problemas mentales de la población multiplicándose, las cifras de suicidios en escalada y problemas para el abastecimiento de medicamentos y el acceso a la atención médica.

Y lo que es peor: las autoridades locales y las que verdaderamente mandan, desde Fráncfort, Bruselas y Washington, niegan la realidad de lo que está ocurriendo, según denuncia en la revista The Lancet un grupo de expertos que han recogido toda la literatura científica que demuestra el formidable daño que las exigencias de la troika está procurándole a los griegos. “El costo del ajuste lo está soportando principalmente la gente común. Están sujetos a uno de los programas más radicales de reducción del Estado de bienestar de los últimos tiempos, que está afectando a la salud de la población”, critican.

Tanto es así que mientras se aprobaba la publicación de este artículo en The Lancet Atenas aprobó otro nuevo machetazo para la salud de los griegos, privatizando la atención primaria. El Organismo Nacional de Atención Médica pasa de ser un organismo prestador de servicios médicos a un simple contratista que tendrá que comprar estos servicios a empresas privadas y despedir a 6.000 médicos.

Los niños griegos son uno de los colectivos más vulnerables: un informe de 2012 de la ONU destacó que “el derecho a la salud y acceso a servicios de salud no está siendo respetado para todos los niños [en Grecia]” . Una decisión política que provoca un dato espeluznante: la mortalidad infantil aumentó un 43% entre 2008 y 2010. Los últimos datos disponibles muestran que creció un 19% el número de bebés nacidos con bajo peso (por problemas de desarrollo intrauterino). Además, entre 2008 y 2011 aumentó un 21% el número de partos que daban a luz un bebé muerto, un dato que los Investigadores de la Escuela Nacional de Salud Pública griega atribuyen a las dificultades que las embarazadas encuentran para acceder a los servicios de salud prenatal.

Fruto de los recortes

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* Las infecciones de VIH entre drogadictos se han multiplicado por más de 30
* Los fondos estatales para salud mental disminuyeron un 55%
* Las depresiones se multiplicaron por 2,5
* Los suicidios aumentaron un 45% entre 2007 y 2011
* La mortalidad infantil subió en un 43% entre 2008 y 2010
* La proporción de niños en riesgo de pobreza aumentó del 28% en 2007 al 30% en 2011

“Las muertes neonatales sugieren que hay barreras en el acceso a la atención oportuna y eficaz durante el embarazo y los primeros años de vida, mientras que las muertes post-neonatales apuntan a un empeoramiento de las circunstancias socioeconómicas. En resumen”, critican los investigadores, “aunque se calcularon mal los efectos económicos negativos de la austeridad, los costos sociales fueron ignorados, con efectos nocivos sobre el pueblo de Grecia”.

La troika ha exigido muchos tijeretazos en las políticas sociales en Grecia, lo que ha supuesto que sólo entre 2009 y 2011 el presupuesto de los hospitales públicos se redujera en un 26%. A partir de ahí han llegado la falta de recursos para atender debidamente a la población, el notable aumento de las listas de espera e incluso el desabastecimiento de medicamentos. La falta de materiales como esprays antimosquitos ha provocado que en algunas regiones resucite la malaria por primera vez en 40 años.

Menos de la mitad de gasto farmacéutico

Los hombres de negro exigieron que el gasto farmacéutico griego pasara de 4.370 millones de euros en 2010 a 2.880 en 2012 para quedarse en 2.000 millones en el presupuesto de este año. Esto ha provocado que muchas farmacias no puedan comprar medicinas, que los laboratorios se nieguen a distribuir sus productos y que algunos medicamentos sean inaccesibles. En la región de Acaya, por ejemplo, el 70% de los ciudadanos asegura no tener dinero para seguir el tratamiento que les recetan sus médicos, ya que en muchos casos tienen que adelantar el coste de la medicina. Estas circunstancias afectan seriamente a la población anciana, especialmente vulnerable a medidas implantadas en Grecia como el copago sanitario o la introducción del cobro de las llamadas telefónicas para pedir cita con los facultativos.

En el caso de grupos de riesgo, como drogadictos o vagabundos, es trágico: los contagios por VIH por uso de jeringuillas contaminadas pasaron de 15 en el año 2009 a 484 en 2012 y el de tuberculosis se ha doblado. Entre esas dos fechas, el Gobierno tumbó los programas que distribuían jeringuillas y condones entre estos grupos. Pero todo puede ser incluso peor: el actual ministro de Sanidad, Adonis Georgiadis, aprobó una ley que permite la realización de test médicos forzosos para dar con enfermedades contagiosas en prostitutas, drogodependientes e inmigrantes. La ONU ha reclamado que se cambie esa ley porque puede servir “para justificar acciones que violen los derechos humanos”.

Los problemas de salud mental se disparan

También es especialmente grave el caso del tratamiento de la salud mental de los griegos, mucho más dañada por los efectos directos de la crisis. Los firmantes del estudio, de las universidades de Cambridge y Oxford y de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, lamentan que cuando más se debía proteger ese aspecto más se ha desatendido: mientras aumentaba un 120% el número de usuarios de este servicio, el tijeretazo del presupuesto en salud mental fue del 20% en 2011 y del 55% en 2012. Como consecuencia, la prevalencia de depresiones se multiplicó por 2,5 y los intentos de suicidio crecieron un 36%. Las muertes por suicidio entre 2007 y 2011 aumentaron un 45%.

A pesar de las evidencias, los expertos critican que “la respuesta predominante ha sido la negación de que existen dificultades graves, aunque esta respuesta no es aplicable sólo a Grecia, ya que el Gobierno español ha sido igualmente reacios a admitir el daño causado por sus políticas”. Uno de los firmantes del trabajo es Martin McKee, que ya ha golpeado duramente al Gobierno español por los recortes sanitarios en otro artículo en The Lancet y que vinculó en la prestigiosa revista médica BMJ los recortes en sanidad y la crisis con el aumento de suicidios en España.

“Aunque el sistema de atención sanitaria griego tenía graves deficiencias antes de la crisis”, reconocen los investigadores, “la escala y la velocidad del cambio impuesto han limitado la capacidad del sistema de salud pública para responder a las necesidades de la población en un momento de mayor demanda. El pueblo de Grecia se merece algo mejor”.

La PAH crea un documento tipo para suspender ejecuciones

BARCELONA.-   La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha elaborado un nuevo documento tipo que ha puesto este miércoles a disposición de todos los afectados por ejecuciones hipotecarias y de alquiler, para que pidan paralizar sus desahucios indefinidamente hasta que la administración les garantice una vivienda alternativa.

   "Es una nueva herramienta jurídica que esperamos sirva para parar todos los desahucios, tanto por ejecuciones hipotecarias, impago de alquiler o pisos de bancos ocupados", ha declarado a los medios el portavoz de la Obra Social de la PAH, Pau Llonch, ante la Ciudad de la Justicia, donde tres afectadas han sido las primeras en presentarlo ante el juez.

   El documento ha sido elaborado por el Observatori Desc basado en el derecho a la vivienda que recoge la Constitución y el Derecho Internacional, pero también en la resolución del Tribunal de Estrasburgo sobre el caso del desahucio de Salt (Gerona) que dictó que "no puede haber desalojos cuando afecte a los Derechos Humanos", ha explicado la colaboradora de este observatorio Romina Tuliano.

   Confía en que los jueces utilicen este documento para, en el marco de la ley, suspender las ejecuciones: "Les podría servir para frenar los desalojos haciendo responsables al Estado, que siempre es el último garante del derecho a la vivienda", según Tuliano.

   Tres afectadas del barrio barcelonés de Ciutat Meridiana --Eva, Kathia y Sandra-- han sido las primeras en utilizar este documento para intentar paralizar sus respectivos desahucios después de no haber obtenido respuestas positivas de los servicios sociales al pedir una vivienda alternativa.

Inspector judicial argentino desata polémica por promover escraches en redes

BUENOS AIRES.- El titular del organismo de Inspección General de Justicia de Argentina, encargado de registrar y fiscalizar sociedades comerciales, desató hoy la polémica por denunciar a los supermercados y sumarse a los escraches a empresarios a través de las redes sociales.

El Inspector General de Justicia, Rodolfo Tailhade, promovió, a través de sus cuentas en distintas páginas, una campaña de escraches a varios grandes empresarios por las subidas de precios y les acusó de robar el sueldo a los argentinos.

"Estos tipos te roban el sueldo", aseguró Tailhade en su página de Facebook, en una publicación que acompañaba fotos de carteles con caras de varios empresarios que fueron utilizados en una protesta organizada por una asociación próxima al kirchnerismo a principios de febrero.

"Coto, Carrefour, Wal Mart, Garbarino, Shell, Jumbo, Fravega, son los nombres del saqueo de estos días. Te están robando el sueldo", reiteró desde su perfil de Twitter.

"Nosotros, a la única playa que vamos a ir, es a la playa de estacionamiento de Coto. Para cuidar los precios, para respirarles en la nuca", continuó el titular del organismo que vigila y registra la actividad de sociedades comerciales, sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones para el ministerio de Justicia.

Tailhade, abogado de 42 años, además de su cargo al frente de la Inspección General de Justicia, es concejal electo en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas (unos 35 kilómetros al noroeste de la capital) por el oficialista Frente para la Victoria y apoya enérgicamente a Cristina Fernández en las redes sociales.

"La disputa no es económica; no es que subió el dólar y tienen que mantener sus ganancias. Mentira. Es política: quieren que Cristina se vaya", aseveró en otra publicación en internet.

El Gobierno argentino se encuentra inmerso en una lucha por combatir la subida de precios a través de negociaciones con supermercados, proveedores y productores de todo tipo de bienes de consumo.

La elevada inflación se vio además perjudicada en enero por una abrupta caída de la cotización del peso -cuando retrocedió un 23 por ciento frente al dólar estadounidense en un mes- que el Ejecutivo de Cristina Fernández atribuyó a ataques especulativos de los grandes grupos concentrados.

El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, tildó de "inescrupulosos" y "antipatrióticos" a los empresarios que suban los precios.

La inflación aumentaron un 3,7 por ciento el pasado enero, la mayor tasa en un mes de los últimos doce años, según el nuevo Índice de Precios al Consumidor difundido este mes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El juez Garzón denuncia la sumisión de los derechos a la economía

MADRID.- El juez español Baltasar Garzón, reconocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal, considera que la economía está anteponiéndose a los derechos humanos en España, donde en breve quedarán cerrados casos de supuestos genocidio y tortura por una modificación legislativa.

El magistrado, de 58 años, dijo en una entrevista que los pasos dados por el gobernante Partido Popular para acabar con el principio de jurisdicción universal en España están directamente relacionados con la orden de detención dada la semana pasada por la Audiencia Nacional contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros tres exdirigentes acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad en el Tíbet.

"Este Gobierno es tan pragmático que opta antes por la paz económica que por la beligerancia jurídica para defender principios", dijo el juez, inhabilitado en España a raíz de una condena por prevaricación, en su despacho de abogados en Madrid.
"Aquí los únicos principios son los de los mercados, eso es lo grave para resolver crisis, que solamente importan esos aspectos económicos, olvidando los principios que subyacen y que son los que dan la configuración de un sistema democrático fuerte", añadió.
El jurista, que alcanzó fama internacional al ordenar en 1998 la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, afirmó que la ley que permite juzgar en España supuestos crímenes cometidos en otros países se quiere modificar por la vía rápida para hacer frente a las veladas amenazas diplomáticas desde China en el terreno económico.
"Que va a haber problemas diplomáticos, sí, pero si no superamos esos problemas entonces vamos a estar siempre humillados. ¿O es que los derechos humanos valen para los países grandes y no para los pequeños? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una especie de comodín que nos interesa ubicarlo aquí pero que nos preocupa exigirlo a países como EEUU, o como China, o como Rusia, o como Israel, o Arabia Saudí", se lamentó.
Garzón, que ayudó a convertir a España en pionera en la persecución de casos de vulneración de los derechos humanos, lamenta que las presiones diplomáticas conduzcan ahora a dar carpetazo a los aproximadamente 15 casos abiertos en la Audiencia, como los del Tíbet, Guantánamo o el del camarógrafo español José Couso, muerto en 2003 al alcanzarle un proyectil estadounidense durante la guerra de Irak.
La modificación, que está ya en el trámite parlamentario, permite limitar esas investigaciones a los casos en los que los sospechosos sean españoles o residan en España, lo que ha desencadenado críticas de grupos de defensa de los derechos humanos. El PP, que alega que la actual ley no es eficaz porque los procesos no llegan a ningún sitio, afirma que esta modificación no responde a ningún caso en particular, aunque reconoce que ha habido fricciones diplomáticas por estas causas.El juez se refirió a la paradójica situación de que hoy el modelo a seguir en el terreno de la justicia universal sea Argentina, país al que sirvió de ejemplo la condena en España a más de 1.000 años de cárcel al exmilitar Adolfo Scilingo, por torturas y desapariciones forzosas durante la dictadura argentina.
En el país sudamericano hay varios casos abiertos de víctimas de la dictadura de Francisco Franco (1939-75) que han visto cómo sus reclamaciones judiciales en España se topaban con la negativa del Tribunal Supremo, que consideró en 2010 que los crímenes del franquismo no podían investigarse, dado que existía una ley - la de amnistía de 1977 - que lo impedía.
"Nosotros actuamos respecto a Argentina en el 96 (con Scilingo), ahora Argentina está actuando respecto de nosotros para investigar los crímenes franquistas que aquí. De forma vergonzosa, la justicia ha decidido que ni se investiga, ni se repara, ni se opta por la verdad", dijo.
El magistrado señaló que aunque el Gobierno español está colaborando formalmente con la justicia argentina en estos casos, no extraditará ni juzgará a ningún acusado, lo que conducirá a la impunidad y a que no se repare a las víctimas.
"España está haciendo lo contrario a lo que nos están diciendo desde organismos de derechos humanos (..), que nos piden que tenemos que hacer lo necesario para acabar con la ley de amnistía y atender, proteger y reparar a las víctimas del franquismo", dijo Garzón, que afirmó que hay más de 150.000 víctimas y unos 30.000 niños robados a sus madres al nacer.El caso de los crímenes del franquismo fue una de las últimas investigaciones que dirigió Garzón desde la Audiencia Nacional y que le valió que se le denunciara por prevaricación en 2009, al declararse competente para abordar un asunto que legalmente no se podía investigar.
Sin embargo, fue otro caso - el de la trama de corrupción Gürtel - el que apartó a Garzón de la Audiencia Nacional, donde durante 24 años se hizo cargo de algunos de los sumarios más relevantes de los últimos decenios, desde casos de corrupción a narcotráfico o terrorismo.
El Tribunal Supremo lo apartó de su puesto en 2012 al entender que se había excedido en su interpretación de la ley por ordenar intervenir las conversaciones telefónicas que mantenían con sus abogados desde prisión los principales encausados de la trama Gürtel, en la que se ha implicado a varios cargos del partido en el poder.
"Lo que quiero es que el PP colabore con la justicia en el caso de corrupción Gürtel, lo que opinen de mí me da igual", dijo sobre un caso que ha llevado a que se investiguen las cuentas de la principal fuerza política del país.
"Me preocupa como ciudadano, como juez, que la credibilidad de la política esté por los suelos (..) Y no tengo tiempo para estar doliéndome de las heridas, ya pasó", dijo sobre la decisión judicial que le ha inhabilitado hasta 2023 y que tiene recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Tras su inhabilitación, el magistrado se ha centrado en su despacho de abogados, la gestión de su fundación pro derechos humanos, presente en cuatro países, y otro caso de alcance internacional, la defensa de Julian Assange, fundador de la web WikiLeaks, conocida por revelar información reservada del Gobierno estadounidense.
También se dedica a una plataforma - Convocatoria Cívica - para fuerzas políticas minoritarias, con el fin de cambiar el sistema democrático español, que ahora tiende al bipartidismo, y propiciar la participación cívica.
"Hay que convencer a los ciudadanos de que esas nuevas corrientes tienen que ser tenidas en cuenta" para que el electorado pueda votar "sin taparse la nariz", concluyó Garzón, quien se dedicó unos meses a la política activa en 1993, tras su elección como diputado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Al PP y el PSOE "los tenemos que hacer cambiar, abrirse y evolucionar. Esa teoría de decir 'no, la Constitución no se toca, la estructura no se toca, la financiación no se toca...' ¿por qué no cambiar en función de las necesidades que tiene la sociedad?", se preguntó Garzón.

Catorce muertos durante los fuertes enfrentamientos de hoy en Kiev

KIEV/OTTAWA.- La Policía ucraniana ha cifrado en catorce los muertos en los disturbios que estallaron hoy en el centro de Kiev, en los que han resultado heridos 150 manifestantes y 47 efectivos de orden público. 

Según un portavoz de la Policía de la capital ucraniana, siete de los muertos serían civiles, entre los que figurarían varios manifestantes, y dos efectivos del Ministerio del Interior. El presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, mantiene esta noche una reunión de emergencia con los principales dirigentes opositores para tratar de contener la escalada de violencia.

Tres de los manifestantes habrían muerto durante el asalto a la sede del gobernante Partido de las Regiones, al que los opositores prendieron fuego con cócteles molotov. "Uno (murió) en la oficina del Partido de las Regiones asfixiado por el humo, tres muertos se encontraban en la Casa de los Oficiales (dos con heridas de bala y otro en un accidente de tráfico) y otro murió en una ambulancia en la calle Mazepa, también de un disparo", ha señalado el portavoz policial. Además, "otros dos murieron de infarto en la calle Institútskaya", donde tuvieron lugar los primeros choques entre manifestantes y antidisturbios. El Ministerio del Interior ucraniano también ha informado sobre 22 heridos graves entre las fuerzas del orden, 18 de ellos con heridas de bala.

Después de que los efectivos antidisturbios rodearan el Maidán, bastión de las protestas antigubernamentales, el dirigente opositor Vitali Klitschkó no descartó una dispersión violenta de la plaza de la Independencia. No obstante, el primer ministro en funciones, Serguéi Arbuzov, ha asegurado en conversación telefónica al comisario de Ampliación de la Unión Europea, Stefan Fülle, que "las armas permanecerán calladas". 

"Acabo de hablar con el primer ministro en funciones y le dije que ver a los Berkut (antidisturbios) con (fusiles) kaláshnikov es motivo de una profunda inquietud. Me dijo que él, personalmente, y las autoridades harán todo lo posible para que las armas permanezcan calladas. Rezaré por ello", ha dicho Fülle.

Manifestantes y antidisturbios protagonizan hoy en Kiev los primeros choques violentos desde los violentos desórdenes de fines de enero pasado. Los choques estallaron la calle Grushevki cuando la policía intentó impedir el paso de una marcha multitudinaria convocada por la oposición para demandar que se restituya la Constitución de 2004, lo que limitaría los poderes del presidente en favor del Parlamento. 

Manifestantes se refugian en 

la embajada canadiense en Kiev 

Las autoridades canadienses dijeron que varios manifestantes entraron en la embajada canadiense en Kiev "para escapar la violencia del Gobierno" y que esperan que puedan abandonar la legación diplomática sin ser perseguidos.

El director de comunicaciones del ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Rick Roth, señaló en su cuenta de Twitter que los manifestantes refugiados en la embajada "son pacíficos y no han causado ningún daño al edificio o al personal".

"Esperamos que esos individuos puedan abandonar la embajada de forma segura, sin intimidación, arrestos o más acoso", añadió Roth.

El ministro de Asuntos Exteriores canadiense, John Baird, dijo en un comunicado antes de la entrada de los manifestantes en la embajada estar "horrorizado y consternado por la violencia y muertes hoy en Kiev".

"Canadá solicita a todas las partes que exhiban moderación y cesen todos los actos de violencia de forma inmediata. Ningún acto de violencia o represión pasará desapercibido para el Gobierno de Canadá y trabajaremos con nuestros aliados en la comunidad internacional para asegurar que los responsables paguen", añadió.

'No habrá nueva España sin una regeneración democrática y política', dice Rosa Díez

SANTANDER.- La fundadora de UPyD y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, cree que no se podrá construir una "nueva España" si las medidas económicas para salir de la crisis no van a acompañadas de una "regeneración democrática" y política que acabe con la corrupción "generalizada" por la no existencia de una separación real de poderes.

   Así lo ha afirmado en Santander, donde ha participado en el Foro Ser Cantabria, en el que ha defendido que el hecho de que en España "no haya", a su juicio, una separación de poderes verdadera permite la "parasitación" de los políticos en órganos de control, como el Consejo General del Poder Judicial, y es lo que provoca que haya en España exista este corrupción "generalizada".

   Ha afirmado que la crisis en España está siendo más "profunda" que en otros países es porque, en su opinión, a la económica se une otra de carácter político.

   Por ello, ha abogado por que en la salida de la crisis "no se repita la misma historia" y se lleve a cabo una regeneración democrática y política que exigirá cambiar leyes.

   Según ha dicho, este debe ser el caso de una Ley Electoral que es "profundamente injusta" y que beneficia al PP, al PSOE y a los nacionalistas, que es por lo que éstos partidos no lo quieren cambiar.

   En su intervención, Díez ha defendido que es "posible" otro política al margen del "bipartidismo" de los "viejos" partidos, PSOE y PP, a los que ha acusado de ser los "principales responsables" de la crisis.

   La portavoz nacional de UPyD ha abogado por "luchar" contra la "falsa idea" de que todos los partidos "son iguales".

   Además, y sin salirse del plano político, Díez ha afirmado que las mayorías absolutas en España han dado "muy malos resultados en términos del país".

El Gobierno español destina 40 millones de euros para alimentos a desfavorecidos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a licitar, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el suministro de alimentos a las personas más desfavorecidas por un valor de 40 millones de euros, en el marco de la ayuda alimentaria.

   Se cubre así, con presupuesto nacional, la demora de la financiación comunitaria para estos planes como consecuencia del retraso en la aprobación de la nueva normativa europea que regulará las ayudas para el periodo 2014-2020.

   "La Unión Europea ha cambiado el sistema y tiene prevista la aprobación de un nuevo Fondo Europeo de ayuda a las personas más desfavorecidas. pero el retraso hace necesario que el Gobierno haya previsto una dotación nacional", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   Los productos que se van a establecer en la licitación son: alimentos infantiles (leche de continuación en polvo y potitos), lentejas, leche UHT, arroz, macarrones, tomate frito, galletas y judías verdes en conserva.

    El objeto del contrato comprende el suministro de los alimentos, su entrega, descarga y apilamiento en los almacenes de las organizaciones caritativas que designe el FEGA, distribuidos en todo el territorio nacional, a cambio de una contraprestación económica para que los alimentos lleguen de forma gratuita a más de 9.000 entidades benéficas.

   Estas organizaciones, a su vez, distribuirán los alimentos de primera calidad entre más de dos millones de personas necesitadas para que puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés.

    La autorización de esta licitación supone dar continuidad a los programas de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea que se llevan desarrollando desde mediados de los años 80, en tanto se aprueba la normativa europea que regulará esta medida en el periodo 2014-2020, para que durante todo el año 2014 lleguen alimentos a las personas con dificultades.

Un exconsejero de Caja Madrid cuestionó la falta de un informe externo para comprar el City National Bank

MADRID.- El exconsejero de Caja Madrid Estanislao Rodríguez Ponga ha relatado a la juez que investiga al expresidente de la entidad Miguel Blesa por la compra del City National Bank (CNB) de Florida (EEUU) que puso reticencias a la operación por la falta de una valoración externa sobre su conveniencia, aunque la apoyó porque no era obligatoria.

Rodríguez-Ponga ha comparecido como testigo ante la juez sustituta de Elpidio José Silva en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, a la que ha insistido que, aunque hubiera preferido un informe externo de un banco de negocios, votó a favor de la adquisición porque éste no era preceptivo, han informado fuentes jurídicas.

Según las fuentes, el exconsejero ha precisado que esas reticencias las mostró en la reunión de la Comisión de Inversiones -órgano consultivo- del 11 de abril de 2008, en la que se abstuvo porque, a pesar de ellas, la valoración no era obligatoria y la operación cumplía con todos los requisitos necesarios.

Por ello, tres días después, en la reunión del Consejo de Administración, del que también formaba parte, dio su visto bueno a la compra del CNB.

Algunas de las fuentes consultadas han explicado que Rodríguez-Ponga ha afirmado que, además de haber propuesto un informe externo dada la envergadura de la operación por ser la primera vez que una caja adquiría un banco, expresó la conveniencia de controlar si cumplía con la Ley de Cajas, que obliga a pedir autorización a la Comunidad de Madrid cuando una compra supera el 5 % de recursos propios.

Pese a que el supervisor dio su conformidad, en un informe del 19 de abril de 2010 apuntaba a que la adquisición del banco se hizo de manera que "pueda eludirse el preceptivo control de la consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid" y que su precio excedió al que abonaron el Banco Popular y el Banco Sabadell en la compra de otras entidades en Miami.

La compra se fraccionó en dos partes, adquiriendo primero un 83 % por 618 millones de euros y después el 17 % restante, que ascendió a 127 millones.

Sobre ello, el propio Blesa, que está imputado por abuso de posición dominante y administración social fraudulenta, declaró el pasado 24 de enero que la compra se llevó a cabo conforme a los requisitos exigidos por el Banco de España y que no se solicitó autorización a la Comunidad de Madrid porque no era necesario al no superar el 5 % de los recursos propios de la caja.

También ha comparecido un representante legal de la Fundación Caja Madrid, que ha descartado personarse como parte perjudicada en el procedimiento, según ha informado Ausbanc, que ejerce de acusación en nombre del sindicato Manos Limpias.

El Gobierno español permitirá cobrar por citar noticias en buscadores de Internet

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que permitirá a los editores de noticias cobrar en algunos casos a los buscadores o agregadores de contenidos online como Google, al limitar el derecho de cita o reseña.

"Se reconoce el derecho de las empresas editoras y autores de noticias de ser compensados económicamente por la explotación en determinadas circunstancias de sus contenidos", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ley permitirá que los agregadores o buscadores utilicen "fragmentos no significativos" de contenidos generados por los periódicos y otros editores como portales de información a cambio de una compensación equitativa aún por definir.

La norma excluye la fotografía, que siempre requiere tener derechos, mientras que la búsqueda por palabras aisladas que remiten al texto original no precisarán ni autorización ni tendrán compensación.

La crisis económica, con el consiguiente descenso en picado de la publicidad, y la reconversión del sector con la explosión de Internet, donde sigue sin haber un modelo de negocio viable claro, han obligado a cerrar decenas de periódicos y abocado al paro a 9.500 periodistas en España en los últimos cuatro años.

La opción de tener una compensación fue calificada por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) como el paso más importante que ha dado un Gobierno español para la protección de la prensa y espera que se extienda a otros países europeos.

"Reaccionamos con muchísima satisfacción a la ley de propiedad intelectual que recoge una reivindicación histórica de los editores de prensa", dijo Irene Lanzaco, adjunta al director general de la agrupación que aglutina a las principales cabeceras del país.

No obstante, Lanzaco indicó que no se trataba de una campaña "antiGoogle", sino que el objetivo era compensar una inversión y un trabajo que realizan los editores de prensa, aunque añadió que se desconocía la cuantía o cómo se definiría la compensación.

Una portavoz de Google en España dijo que la empresa no podía hacer declaraciones porque desconocía el documento exacto aprobado por el Consejo de Ministros.

"Parece absolutamente razonable que si hay un editor que hace un esfuerzo de inversión para sacar un producto periodístico de calidad (...) y alguien se beneficia de este trabajo pague por ello, aunque es discriminatorio que el Gobierno deje al margen a la música y el cine", dijo Antonio Fernández, director general de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI).

"Al final se está generando una cadena de valor económico en el sector digital en el que hay un desplazamiento de ingresos a alguien que no hace nada, simplemente pone tecnología", agregó Fernández, cuya entidad agrupa a las principales entidades de derechos de autor como la Sgae, Cedro o Egeda.

Varios gobiernos y grupos de comunicación europeos han negociado o están negociando con Google modos de compensación por mostrar sus contenidos.

La nueva ley de Propiedad Intelectual también pretende abordar la piratería en Internet, un fenómeno especialmente frecuente en el país, que ha generado críticas por parte de los sectores culturales y de gobiernos como el de Estados Unidos.

Sin embargo, la norma, que ahora tiene que superar el trámite parlamentario, afronta el rechazo de la mayor parte del sector, que considera que no aporta soluciones a los principales desafíos de la piratería digital a los que se enfrentan.

Las críticas se centran en que la reforma no aporta herramientas eficaces que garanticen una retirada ágil y efectiva de los contenidos que vulneren los derechos de autor y que no se considere ilegal enlazar a sitios webs que ofrezcan este tipo de contenidos.

"La gravedad de la situación exige más cambios para asegurar la protección eficaz de los derechos. Si bien se introducen algunas mejoras, las consideramos insuficientes", dijo en un comunicado Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores, que agrupa a varias entidades del sector de los autores de contenidos.

Uno de cada dos internautas españoles descarga libros, películas, música y videojuegos en webs sin derechos de autor y se estima que el sector cultural dejó de ganar 1.220,6 millones de euros en 2012, según datos del Observatorio de piratería de la Coalición de Creadores, que ya ha avanzado que los datos de 2013, que publicarán próximamente, no han mejorado.

Por último otro de los objetivos de la ley es reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, alguna de las cuales se ha visto afectada por escándalos económicos.

La Asociación de Internautas de España califica de "aberrante" la "criminalización" del enlace en la nueva Ley de Propiedad Intelectual

MADRID.- El presidente de la Asociación Española de Internautas, Víctor Domingo, ha calificado de "aberrante" la "criminalización" del enlace que, a su entender, desarrolla Ley de Propiedad Intelectual, cuyo proyecto ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso.

   Según ha explicado Domingo, esta ley "en vez de resolver un problema genera una inseguridad jurídica" para los usuarios de Internet. Así, ha alertado de que cualquier internauta que suba un enlace a una red social podría ser sancionado o recibir un aviso con la puesta en marcha de la nueva legislación.

   "El tema de los enlaces es una cuestión aberrante porque se criminaliza el enlace y no se van a decidir las sanciones a través de un juez, sino por una comisión. Excepto algunas salvedades como Google, a quien sin embargo le ha impuesto otra tasa para los editores", ha explicado.

   En cualquier caso, ha lamentado la redacción final del texto, que ha que ha quedado "como una cosa absolutamente abstracta".

 "Da pie a cualquier tipo de arbitrariedad y el tratamiento queda bastante abstracto", ha concluido, tras recordar que a la Comisión de Propiedad Intelectual se le otorga "más prestaciones y funciones de las que le corresponde".

El tratamiento queda bastante abstracto.

El fundador de 'Menéame' sobre la Ley de Propiedad Intelectual: "Hemos perdido"

MADRID.- El socio fundador de Menéame Ricardo Galli ha criticado la aprobación del anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual este viernes en el Consejo de ministros. Ha lamentado la 'tasa Google', la persecución de las páginas que enlazan y considera que "esto no lo cambiarán ningún gobierno, salvo para hacerla más restrictiva". Además, se ha preguntado cómo afectará la ley a redes sociales en las que compartir noticias es muy habitual, como Facebook y Twitter.

   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría y el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, han anunciado esta tarde tras el Consejo de ministros, algunas de las claves de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que ahora ha sido enviada al Congreso.

   El anteproyecto contempla una mayor persecución de aquellos que violen la propiedad intelectual, compartiendo o enlazando a contenidos protegidos. Por ejemplo, las páginas de descargas son consideradas ilegales y con la nueva ley se podrá solicitar por la vía civil datos de identificación como la dirección IP cuando sea violada.

   Además, el anteproyecto establece que los agregadores de noticias solo podrán incorporar un "fragmento" de las noticias que enlacen y que tendrán que pagar una tasa a los editores. Según el fundador de Menéame, con esta ley, "la 'doctrina cultural' triunfante es la mercantilista", "con la complicidad necesaria de "intelectuales de la cultura".

   A juicio de Galli, tal y como ha criticado en Twitter, se ha aprobado la Ley de Propiedad Intelectual "más restrictiva que se podía hacer". En este sentido, ha opinado que en niveles de persecución del intercambio de archivos "se iguala al anglosajón", pero que además en este caso los agregadores deben de pagar, como ocurre de forma similar en otros países como Francia y Alemania.

   Así ha lamentado el fundador de Menéame la noticia: "Hemos perdido, y esto no lo cambiará ningún gobierno, salvo para hacerla más restrictiva". Sin embargo, también ha llamado a la calma a sus seguidores en Twitter ante la avalancha de críticas relacionadas con la nueva ley: "De todas formas, nos estamos apresurando, hay que esperar y leer el texto".

   Galli deja entrever a la reacción de Menéame a este anteproyecto de ley y ha respondido a lo que harán en caso de conflicto con un editor: "Muy fácil, cualquier medio que opine o considere que copiar la entradilla es un ilícito, banearemos ese medio inmediatamente". Asimismo, también se ha preguntado si Twitter o Facebook, "donde una actividad importante es compartir enlaces y fragmentos", serán demandados tras la aprobación de la nueva ley.

La ministra española Mato dice que retirar la tarjeta sanitaria a los emigrados "acaba con los fraudes"

MADRID.- La ministra español de Sanidad, Ana Mato, ha dicho hoy que retirar la tarjeta sanitaria a quienes salen fuera de España por más de tres meses "acaba con los fraudes", ya que "no parece lógico" que el extranjero que vuelve a su país siga disfrutando de una "sanidad pagada por todos los españoles" sin límite de tiempo.

Mato ha respondido así al senador socialista Jacinto Varela, quien le ha acusado de "cebarse con los colectivos más castigados por la crisis" al "dejar en una situación de indefensión" a los parados que salen de España en busca de trabajo.

"Fátima Báñez los coloca fuera de nuestro país y usted los remata retirándoles la asistencia sanitaria", ha matizado en referencia a la ministra de Empleo.

La titular del Ministerio de Sanidad ha garantizado que los españoles que se trasladen temporalmente a otro país podrán recuperar su tarjeta sanitaria cuando vuelvan "sin ningún requisito más", y ha pedido al PSOE que deje de "sembrar miedo y confusión" entre los ciudadanos.

En referencia a los trámites que esto implica, Varela ha denunciado que quienes se vean en dicha situación "van a tener que pasar un calvario para recuperar su tarjeta sanitaria".

Mato también ha defendido que esta medida pretende "poner solución a irregularidades" y establecer el límite de tiempo en el que España debe hacerse cargo de la sanidad de los inmigrantes retornados o los españoles que se establecen en otro país.

Por otra parte, la senadora del PSOE María Victoria Chivite ha pedido al Gobierno que retire los distintos copagos sanitarios y ponga en marcha "medidas que no afecten a la salud y la vida de los ciudadanos".

La ministra ha respondido que su partido busca establecer los "pilares" de la "sociedad del siglo XXI" con la reforma sanitaria y ha acusado a los socialistas de "mirar para otro lado" ante la "insostebilidad" del Sistema Nacional de Salud.

Según ha comentado, su intención es que todas las personas "tengan acceso a los mismos medicamentos" en condiciones de igualdad y en todas las comunidades autónomas, ya que se debe evitar que haya "ciudadanos de primera o de segunda".

El PP rechaza en el Congreso la proposición de ley que posibilita la dación en pago

MADRID.- El Congreso ha rechazado, con los votos en contra del PP, tomar en consideración la proposición de ley del Parlamento de Cataluña de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria, que posibilitaba la dación en pago.

El resto de grupos que han intervenido en el pleno han manifestado su apoyo a la propuesta, que en su momento fue aprobada por unanimidad por el Parlamento catalán, pero la mayoría absoluta del PP no ha permitido que la iniciativa prospere.

En la defensa de la proposición, los tres representantes del Parlamento catalán -Meritxell Borràs, de CiU; Pere Aragonés, de ERC; y Salvador Milà, de Iniciativa per Catalunya- han insistido en que la ley obtuvo el apoyo de todos los grupos en su tramitación en el órgano autonómico, incluido el del PP, que hoy ha votado en contra.

El portavoz de Economía en el Congreso del PP, Vicente Martínez Pujalte, ha explicado que su grupo considera que la proposición "no es eficaz para dar la solución a los problemas del ciudadano", aunque ha reconocido el trabajo realizado por el Parlamento catalán.

En este sentido, Pujalte ha defendido que el PP quiere evitar que desaparezca la cultura del pago en España, que acabaría con el crédito, por lo que con su voto en contra pretende "proteger a los ciudadanos que quieren acceder a la vivienda en el futuro y encontrarse con un mercado hipotecario que funcione".

Además, Pujalte ha asegurado que el PP "piensa todos los días en las familias", y ha manifestado que nadie "tiene el monopolio de lo social" en el Congreso, porque su grupo también se preocupa por mejorar la situación social.

El resto de grupos parlamentarios se han mostrado a favor de la iniciativa procedente de Cataluña y han destacado el drama que viven muchas familias desahuciadas, que no sólo tienen que sufrir la pérdida de su vivienda, sino que además arrastran una deuda a la que no pueden hacer frente.

En este sentido, el diputado socialista Joan Ruiz i Carbonell se ha preguntado cómo el Gobierno "no ha sido capaz" de dar solución a "una de las principales preocupaciones" de aquellos a los que representa, y ha insistido en que las medidas tomadas por el Ejecutivo al respecto han sido un "fracaso".

Una opinión que ha compartido el diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela, que ha vuelto a criticar que no se utilice Sareb -el "banco malo"- para "constituir un fondo social de alquiler".

Por parte de UPyD, el diputado Carlos Martínez Gorriagán ha recordado que el Parlamento Europeo aprobó en diciembre que se elabore una directiva europea que incluya la dación en pago, mientras que la diputada de CiU Lourdes Ciuró ha destacado que otros países europeos ya tienen una ley de segunda oportunidad.

Por otro lado, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha denunciado que, aunque "ha acabado la notoriedad mediática del problema", el drama de los desahucios continúa, y es que, tal y como ha dicho el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví, 35.098 familias fueron desahuciadas entre enero y julio de 2013.

EEUU manifiesta su "profunda preocupación" por los "abusos" contra la oposición en Cuba

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado su "profunda preocupación" por el incremento de las "detenciones arbitrarias, la violencia física y otros abusos" contra la oposición política en Cuba y ha instado al régimen de Raúl Castro a dejar de "silenciar" a la disidencia.

La portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Marie Harf, ha hecho público un comunicado en el que ha querido condenar la detención del opositor cubano Jorge Luis García Pérez, 'Antúnez'. Para Washington se trata de un ejemplo de la "violencia" ejercida desde el Gobierno "contra defensores pacíficos de los derechos humanos y civiles".

En este sentido, según Harf, el arresto de 'Antúnez' es "sólo el último ejemplo del acoso ejercido por el Gobierno cubano contra las voces críticas".

El Departamento de Estado estadounidense ha reclamado a La Habana que "ponga fin a la práctica de detenciones arbitrarias y permita a los ciudadanos cubanos expresar sus opiniones con libertad y poder reunirse pacíficamente".

"Las libertades de expresión y reunión están reconocidas internacionalmente como derechos humanos y el Gobierno cubano permanece al margen del Hemisferio Occidental al no respetarlas", ha lamentado Harf, que también ha condenado los intentos de las autoridades para "intimidar" a la sociedad civil.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció la semana pasada que, sólo en enero, se produjeron 1.052 detenciones arbitrarias por motivos políticos.

Boicotean dos charlas de Baltasar Garzón en la Universidad de Santiago

SANTIAGO DE CHILE.- Un grupo de jóvenes ha intentado boicotear la charla-coloquio que el ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón finalmente impartió en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago, y le han obligado a suspender otra en la Facultad de Historia.

Con gritos de "fascista" y "torturador", cerca de veinte jóvenes han intentado esta mañana sin éxito que Baltasar Garzón, quien invitó a los que le insultaban a subir a la mesa para exponer sus argumentos, no hablase sobre "Democracia y Derechos Humanos".

"Fue un momento incómodo pero nos vamos con varias lecciones aprendidas. Una de ellas es el modo de estar y el modo de reaccionar de Baltasar Garzón, con tolerancia, dialogo y respeto a pesar de la discrepancia", explicó el catedrático de Pedagogía Social, José Antonio Caride.

"Y la otra -continuó el profesor universitario- es que a veces las democracias también se tienen que construir así, haciendo valer la razón frente a los que no están dispuestos ni a exponerla ni a escucharla".

En un aula completamente abarrotada, hubo momentos de tensión entre los alumnos que querían escuchar al ex juez y los que con un micro no cesaban de dedicarle insultos mientras portaban pancartas del colectivo estudiantil AGIR.

Por eso, Caride, uno de los organizadores del acto, agradeció el esfuerzo del ex juez porque "a pesar de que algunos no querían escucharlo, él tomó la palabra para exponer sus argumentos y tratar de darle la palabra a los que a él se la estaban retirando".

"Afortunadamente la inmensa mayoría de nuestros alumnos quisieron que ese acto fuese lo que tenía que haber sido, una lección más de las que la Universidad tiene la obligación de dar acerca de la democracia y los derechos humanos", agregó Caride, quien recordó que "fueron unos pocos, no más de 25, los que no quisieron que eso pudiera suceder".

En la facultad de Ciencias de la Educación también aparecieron numerosas pintadas, en las que se podía leer "Baltasar Garzón, cómplice de la tortura", "Garzón, torturador" o "Garzón, fascista".

A las doce del mediodía estaba prevista otra intervención de Baltasar Garzón en la Facultad de Historia de la USC, pero finalmente los organizadores decidieron suspenderla.

Fuera de la facultad, en el casco histórico de Santiago, hubo un enfrentamiento dialéctico entre un grupo de opositores a la presencia del ex juez y los que coreaban "Queremos a Garzón, Queremos a Garzón".

"Habíamos elegido a Garzón para dar una conferencia sobre pasados incómodos, porque es una persona indicada para hablar de este tema, pero no pudo ser. No pudo hablar, era imposible porque no tenía ni voz ni condiciones", indicó el profesor Lourenzo Fernández Prieto, uno de los organizadores del coloquio en la Facultad de Historia.

"Me gustaría saber qué defienden (los que protestan), qué democracia defienden si ni siquiera dan derecho a hablar. Me apena mucho que haya un grupito de seis, entre doscientos que tengan esta actitud. Ayer abrieron la primera universidad privada en Galicia y de eso no tienen nada que decir", criticó.

El magistrado pronunció una conferencia anoche en la Fundación Araguaney donde colgó el cartel de lleno e incluso hubo gente que no pudo acceder a la sala.

El rector de la USC, Juan Casares Long, y el presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), el propio magistrado, firmaron un convenio marco de colaboración que posibilitará el desarrollo futuro de actividades culturales, científicas, pedagógicas o de investigación.

La Audiencia rechaza que las escuchas de Garzón contaminaran la causa

MADRID.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado que las escuchas practicadas en prisión a los abogados de imputados en la causa que investiga la trama Gürtel hayan contaminado la instrucción y ha rechazado la nulidad que reclamaban varias defensas.

   En un auto hecho público este martes los magistrados rechazan la pretensión de nueve acusados de "declarar la nulidad absoluta y radical de todo el procedimiento" al entender que aceptarla supondría "conferir una desmedida y abusiva amplificación de la doctrina jurisprudencial".

   Entre los imputados que reclamaban que se anulara la causa se encuentra el cabecilla de la trama, Francisco Correa, el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, el exdiputado Jesús Merino y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.

   "Pretender que la nulidad se generalice a todas las diligencias de investigación anteriores y posteriores" a la autorización conferida por el juez Baltasar Garzón  a las escuchas en la cárcel "supondría materializar una irregular transmisión de la contaminación procesal detectada y eliminar toda la esforzada y procedente actividad de comprobación delictiva".

   La Sala subraya en un auto del que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel que obrar de otro modo "supondría amparar verdaderas impunidades". La decisión respalda la tomada por el juez Pablo Ruz el pasado mes de octubre y avala la licitud de pruebas como las contenidas en el pen drive del contable José Luis Izquierdo o las grabaciones del exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas.

   La decisión da carpetazo definitivo a la pieza sobre posibles nulidades abierta en abril de 2010 por el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira,  y avala las diligencias practicadas antes y después de que se autorizaran las escuchas, por las que en febrero de 2012 el Supremo condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación.

   La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ya validó en junio pasado las grabaciones entre Peñas y al lider de la trama Francisco Correa argumentando que su práctica no se podía equiparar a la técnica periodística de "cámara oculta" porque en este caso no medió "el engaño ni la presión ni se han extraído datos que afecten a la zona mas intrínseca de la personalidad".

   La nulidad fue solicitada por las defensa de Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el testaferro del primero, Antoine Sánchez; al que se adhierieron las representaciones del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y otros seis imputados. De igual forma confirma el auto que el instructor, Pablo Ruz, dictó en mayo pasado.

Asociaciones españoles de consumidores exigen transparencia en el coste de la energía

MADRID.- La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) se ha sumado a la demanda presentada ayer por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para exigir más transparencia en torno a los cambios en el coste de la energía del Ministerio de Industria.

Ambos colectivos han denunciado a través de comunicados de prensa que el cese de las subastas eléctricas así como la subida del término de potencia no soluciona el verdadero problema del precio de la energía, que es "la retribución de la generación eléctrica muy por encima de su coste real".

La CEACCU ha apuntado los hogares españoles pagan por la luz que consumen un precio que está "muy por encima de su coste real" y que a partir de los próximos meses aumentará según el término de potencia que tengan contratado.

Ha detallado que mientras las familias que consuman mucha energía ahorrarán en la factura de la luz gracias a esta nueva medida, aquellos hogares en los que apenas haya consumo el encarecimiento del recibo podría duplicarse.

Este nuevo sistema que entrará en vigor a partir del próximo abril ha sido criticado por las asociaciones de usuarios porque "soluciona solo una parte del problema" y beneficia a las grandes eléctricas dado que les permite "mantener unos ingresos constantes precisamente cuando cae el consumo".

La modificación del Ministerio de Industria para aumentar el término de potencia se traduce en que la base fija del recibo de la luz y que está medida en kilovatios por hora será más alta independientemente del gasto en energía, beneficiando así a los que tienen un mayor gasto mensual, como las familias numerosas.

Por otro lado, la CEACCU calcula que aquellos hogares en los que no se produzca ningún consumo la factura se encarecería en torno a un 18 % respecto a octubre de 2013.

La principal crítica de la OCU y de la CEACCU al Ministerio de Industria es "la falta de transparencia" del Gobierno. En 2010 se produjo un compromiso público por parte del Gobierno (entonces del PSOE) para analizar los costes del sistema eléctrico, una promesa que, apuntan, aún no se ha producido.

Además, la CEACCU ha pedido a Industria que lleve a cabo un cambio en los precios de generación de energía, que debería medirse atendiendo a cálculos que beneficien a los hogares y no a las grandes eléctricas.

Las asociaciones recuerdan además que las próximas medidas del Gobierno deberían ir encaminadas al cese de las manipulaciones, la especulación y la falta de competencia en torno a la subida del recibo de la luz.