MADRID.- El 8 de julio de 1997, un tal 'López H' entregó 15
millones de pesetas al Partido Popular para que cebara su caja B. En
noviembre de 1998, 'López Hierro' ingresó 4 millones de pesetas en la
contabilidad secreta de la formación. Así lo reflejó Luis Bárcenas en
los papeles que sirvieron para abrir el caso de la financiación
irregular del PP, según publica eldiario.es
Álvaro Pérez, lugarteniente del jefe de la trama Gürtel, se preguntó el martes
en el Congreso por qué el empresario Ignacio López del Hierro nunca ha
estado imputado si aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como “atizante”,
como uno de los que fue al PP a “soltar el mondongo”. Con esas
expresiones tan castizas, ‘El Bigotes’ se refería a la práctica seguida
por grandes constructores del país consistente en entregar dinero negro
al partido político cuyos cargos decidían entre quién repartían la obra
pública.
Pérez aclaró que él solo estaba aludiendo a los papeles
de Bárcenas, no fuera a ser que le acusaran de “difamación”. No ha
servido de mucho. Al día siguiente, el aludido anunció una querella.
“Judicialmente nunca se ha demostrado que los supuestos donantes López H y López Hierro tuvieran que ver con Ignacio López del Hierro, básicamente porque es mentira”, recogía el comunicado remitido a los medios.
La Audiencia Nacional considera acreditada, de forma indiciaria,
la existencia de una financiación irregular del PP durante las dos
décadas, el periodo que abarcan las anotaciones del extesorero. La UDEF
constató en un informe escrito a las pocas semanas de que arrancara el
caso que ‘López H.’ y ‘López Hierro’ eran la misma persona, Ignacio
Javier López del Hierro, marido desde 2009 de la actual secretaria
general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
La afirmación de ‘El Bigotes’ es compatible con el hecho de que López
del Hierro no haya llegado a estar imputado en el caso de la
financiación irregular del PP. El motivo de por qué no figura su nombre
entre los empresarios imputados en el caso de la caja B es la
prescripción del posible delito.
Las presuntas
anotaciones sobre López del Hierro se remontan a los años 97 y 98,
mientras que la causa se abrió en 2013. Para entonces, los nueve delitos
que la acusación popular le atribuía indiciariamente, entre ellos el
cohecho, habían ‘caducado’ judicialmente, según coincidieron la Fiscalía
Anticorrupción y el magistrado Pablo Ruz.
Cinco años de los ‘papeles de Bárcenas’
El próximo miércoles se cumplirán cinco años de la presentación de la
querella de Izquierda Unida y otras asociaciones que dio origen a la
pieza separada de Gürtel conocida como ‘papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’
del PP. A esta se unió otra del Observatori Desc. Ambas se basaban en la
documentación manuscrita que había publicado El País
el 31 de enero anterior y que evidenciaba un sistema de cobro de
supuestas mordidas y pago de sobresueldos en el corazón del Partido
Popular.
Las dos querellas iban dirigidas contra
dirigentes del partido, y también contra los empresarios donantes, pero
en ninguna de las dos aparecía el nombre de Ignacio López del Hierro.
“Simplemente, no reparamos entones en su importancia”, rememora uno de
los letrados de la acusación popular. La ausencia de ese nombre, en
plena vorágine por el estallido del mayor caso de corrupción asociado al
partido conservador, fue remediada más tarde.
Al mes
siguiente de la apertura de la pieza separada, el informe de la UDEF
identificaba a López del Hierro con las anotaciones de Bárcenas y
apuntaba los cargos que ocupaba en el momento de haber entregado
presuntamente el dinero al PP: apoderado de Constructora Continental
desde 1991; directivo de Construcciones y Gestiones de Servicios (CGS);
también del Grupo ONCE en los años de las donaciones, 1997 y 1998;
consejero de Renta Corporation Real State; consejero de Newco y
consejero ejecutivo de Metrovacesa.
El 15 de julio de 2013, una vez encarcelado, Luis Bárcenas lanzó el mayor proyectil contra el PP de toda su historia. El extesorero reconocía la financiación irregular
del Partido Popular, de la que él fue mano recaudatoria, durante al
menos veinte años. Entre los nombres que identificó en su declaración se
encontraba el de Ignacio López del Hierro.
Izquierda
Unida planteó una ampliación de querella que fue admitida solo en parte
por Ruz. En un auto fechado el 4 de diciembre de 2013, el magistrado
argumentaba su negativa a imputar al empresario en el hecho de “no
concurrir, de forma indiciaria, indicios alguno de responsabilidad
penal, en atención a la antigüedad de las fechas en las que se les
atribuyen los movimientos económicos reflejados en los documentos
contables objeto de la instrucción, que habría de determinar la
prescripción de los delitos invocados”.
Esta decisión
permitió a López del Hierro escapar de la ronda de declaraciones como
imputados de una veintena de empresarios. La causa contra los
constructores fue archivada finalmente porque no era posible demostrar
que el dinero aportado al PP fuera a cambio de una adjudicación
concreta, requisito para establecer el cohecho.
Quien
sí acabó ante el juez, pero solo como testigo, fue De Cospedal. Las
acusaciones populares, auténtico motor de la causa de la caja B,
intentaron preguntar a la secretaria general del PP por las menciones a
su marido en los papeles de Bárcenas. “No es pertinente”, zanjó el juez
Ruz cuando Mariano Benítez de Lugo, de ADADE, y Gonzalo Boye, de
Observatori Desc, intentaron plantear la cuestión. La testigo dijo no
tener problema en contestar. “No es él”, tuvo tiempo de responder.
El sustituto de Ruz, el juez José de la Mata, atendió en marzo de 2017 a la petición de las acusaciones populares y acordó la reapertura
con el acuerdo de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las revelaciones
que el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y uno de los
empresarios que pactó con el Ministerio Público, realizaron durante la
vista oral del primer gran juicio de Gürtel.
Los mismos “intereses” que el clan Pujol
López del Hierro no ha dejado de aparecer desde entonces en otros
escritos policiales y sumarios de distintas causas. Un atestado de la
UDEF en el caso Pujol, fechado el 5 de mayo de 2017, vincula a López del Hierro con con una red
de intermediación y cobro de comisiones en África. En el listado de
empresas figura Ibadesa Cat SL, sociedad en la que, según el informe
policial, "habrían estado representados los intereses de Jordi Pujol
Ferrusola [el primogénito de la familia Pujol], Ignacio Javier Lopez de
Hierro, José Joaquín Herrero Aleixandre, Jordi Puig Godés (hermano del
exconsejero de empleo de la Generalitat, Felip Puig Godés)”.
La reacción de López del Hierro llegó a través de su entorno, que
desmintió “tajantemente” cualquier relación con la red de corrupción.
Las mismas fuentes lamentaban que, “otra vez”, la UDEF intentará
implicarle sin pruebas en unos delitos y añadían que el empresario había
comprado y vendido acciones de Ibadesa Cat antes de 2001, año de los
hechos referidos en el informe.
Pero ahí no quedó la
protesta del marido de la ministra. El empresario escribió una carta al
director general de la Policía para exigirle una revisión de la
investigación que el Ministerio del Interior accedió a realizar. El
propio secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, anunció una auditoría interna
para descubrir si el informe contenía algún “error”, algo inédito en un
trabajo de los agentes que ejercen en funciones de policía judicial,
esto es, a las órdenes del magistrado instructor.
Tanto Nieto como el ministro, Juan Ignacio Zoido, pertenecen al sector
del PP andaluz alineado con Cospedal. La secretaria general representa
un auténtico ascendente sobre el titular de la cartera, reconocen a
eldiario.es fuentes del Ministerio. En el Congreso, Álvaro Pérez se
preguntó si López del Hierro no ha estado imputado porque “a lo mejor
tiene algún privilegio”.
A pesar de las presiones,
los policías autores del informe se negaron a rectificar y en un segundo
escrito insistieron en que las “atribuciones” a López del Hierro que
había hecho están “debidamente contrastadas” en el Registro Mercantil,
al tiempo que insistía en que los intereses del empresario “habían
estado representados” en Ibadesa Cat.
López del
Hierro creó Ibadesa Cat en 1996. Asegura que solo permaneció en la
sociedad dos años y que después le vendió sus acciones a Jordi Puig,
hermano del exconseller de Interior. Un “olvido” hizo que permaneciera
como consejero de la entidad hasta 2004, según las fuentes del entorno
del empresario que citaba El Mundo.
A día de hoy, López del Hierro no ha sido imputado en el caso Pujol.
Esas mismas fuentes hablaban de “una mano negra” detrás del informe de
la UDEF con la intención “política” de desgastar a Cospedal.
“Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”
Las escuchas telefónicas del caso Lezo provocaron un terremoto en las
esferas políticas, económicas y mediáticas. El nombre de López del
Hierro afloró también en este caso, concretamente en una conversación
entre el principal investigado, Ignacio González, y su hermano Pablo.
“Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”, decía el expresidente de la
Comunidad de Madrid.
A lo que Pablo González
respondía con un comentario referente al riesgo que corren las supuestas
aspiraciones de Cospedal por la trayectoria de su marido. “Con lo que
cuenta y tal (Ignacio López del Hierro), yo no sé cómo la otra está así
dispuesta, en cualquier momento la van a revolcar. Bueno, ahora que está
en Defensa igual no", dice Pablo González en el pinchazo.
Uno de los “sitios” de los que se acusó de cobrar a López del Hierro en
una querella fue Lieberbank, la entidad que acogió a Caja Castilla-La
Mancha, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Según una querella
de Comisiones Obreras, López del Hierro recibió 80.000 euros anuales de
Lieberbank a cambio de un asesoramiento inmobiliario que nunca existió, a
través de su sociedad Hilo de Inversiones.
“¡Oye,
José Luis, que no existe tal contrato, joder, que lo firmes!”, le dijo
un directivo a un representante sindical en una conversación sobre las
retribuciones del empresario y que fue incorporada a la querella. El
juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó admitir la querella
al considerar que no existían indicios “mínimamente acreditativos o
indiciarios” de los pagos a López del Hierro.
En las
grabaciones del caso Lezo, Ignacio González califica a López del Hierro
como “un desagradable que te cagas”. A pesar de ello, González mantuvo
durante años una buena relación con su esposa, María Dolores de
Cospedal, surgida durante la temporada que coincidieron en el Ministerio
del Interior que dirigía Ángel Acebes. Tiempo después ellos eran el
vínculo que permitía mantener el contacto entre Génova y el PP de Madrid
a pesar del choque frontal de Esperanza Aguirre con Mariano Rajoy.
La carrera de González se acabó cuando se cruzó en ella un policía que
él vincula con María Dolores de Cospedal. Fue a raíz de la difusión de
un extracto de la conversación que el político, siendo presidente de la
Comunidad, mantuvo con el hoy encarcelado comisario José Manuel
Villarejo y otro mando policial a cuenta del caso Ático. Aquella
grabación precipitó la caída política de González, dos años antes de que
fuera detenido por la Guardia Civil.
El encuentro
con el comisario Villarejo no era el primero que tenía Ignacio González.
La Unidad Central Operativa encontró en el registro de la casa del
político tres cuartillas con anotaciones de su puño y letra que
constituyen un análisis de situación del caso Ático, sobre sus aliados y
enemigos, en la política, la policía y los medios de comunicación.
“Villarejo me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30
años y que ayuda a María Dolores y que la conoce”, anota Ignacio
González.
eldiario.es se ha dirigido a la ministra a
través de uno de sus colaboradores para conocer si De Cospedal, López
del Hierro o ambos conocen a Villarejo y si éste ha ayudado en algo a la
titular de Defensa. La respuesta ha sido que "no comentan lo que
escribe Ignacio González".
Los policías del matrimonio
El comisario jubilado fue detenido el pasado noviembre y desde entonces permanece en prisión provisional por varios delitos,
entre ellos pertenencia a una organización criminal. El hombre del
archivo secreto que hace temblar a políticos, empresarios y miembros de
la judicatura no sería el único miembro de un grupo de policías que
frecuenta al matrimonio.
María Dolores de Cospedal
abanderó la campaña del PP contra la Unidad contra la Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía desde la oposición. Se trataba,
argumentaban, de una suerte de policía política que intentaba destruir
el PP fabricando pruebas en el caso Gürtel, siempre bajo el control de
Alfredo Pérez Rubalcaba.
Con el cambio de Gobierno,
la UDEF no es solo la unidad que menciona en un informe a López del
Hierro. También es el destino del policía que ejerció de sombra de
Cospedal en su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha. Semanas antes
de que el PP perdiera el Gobierno autonómico, Andrés Gómez Gordo volvió a
la Policía, como jefe de vigilancias de la unidad, con un amplio
control de todas las investigaciones sobre el terreno de la unidad
especializada contra la corrupción, entre otros asuntos.
La Junta de Castilla-La Mancha le había tenido contratado como director
de Documentación y Análisis, pero su trabajo visible era ser jefe de
escolta de la presidenta. Cinco meses después de regresar a la Policía,
concretamente a la UDEF, fue condecorado con una medalla pensionada.
Gómez Gordo no solo trabajaba en la UDEF sino que compaginaba su trabajo
con la Dirección Adjunta Operativa, la estructura en la que el
comisario Eugenio Pino montó el grupo que investigó a políticos
separatistas sin control judicial y que fabricó el informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.
Amigo declarado de Villarejo y defensor público de su trayectoria es el comisario José Luis Olivera,
jefe de la UDEF desde su formación, en tiempos de Zapatero, y que logró
continuar en el puesto cuando el PP llegó al poder. “María Dolores
pacta con Rubal y ahora mantienen a Olivera en UDEF para hacer otras
cosas”, escribe Ignacio González en las mismas notas en las que alude a
Villarejo y López del Hierro, adelantadas por Infolibre.
Olivera fue destituido en octubre de 2013, pero el policía no salió mal
parado. Fue elegido director del Centro de Inteligencia contra el
Crimen Organizado y, a pesar de su participación en la Operación
Cataluña, nombrado después para el organismo que salió de fusionar ese
centro con otro de coordinación en terrorismo.
