martes, 22 de mayo de 2018

Zaplana, el político que presumía de no tener mancha

MADRID.- Negó hasta la saciedad haber dicho que entraba en política "para forrarse" y se jactaba de no haber tenido "ningún problema judicial". Eduardo Zaplana (Cartagena, 1956) había logrado escaparse de las manchas que han salpicado al Partido Popular en la Comunidad Valenciana pese a haber ocupado cargos públicos en el partido desde 1991 a 2008, pero ha sido detenido en Valencia por presunto delito de malversación y blanqueo de capitales, recuerda hoy El Mundo

La carrera política de Zaplana arrancó en 1991 en Benidorm cuando una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, firmó la moción de censura para convertirle en alcalde. Al instante, Sánchez pasó a ser asesora de Cultura con un sueldo de 1.760 euros mensuales. Desde la alcaldía inició su escalada que empezó por convertirse en el hombre fuerte del partido en sustitución del ahora senador Pedro Agramunt en 1993, y hasta alcanzar la presidencia de la Generalitat en los comicios de 1995. 
La habilidad de Zaplana para buscar aliados fuera de su partido quedó de manifiesto en su pacto con la extinta Unión Valenciana -el llamado 'Pacto del Pollo'- que le dio la presidencia con el apoyo del partido regionalista de Vicente González Lizondo. Poco a poco, fagocitó a su socio (en afiliados y votos) y acaparó todo el poder popular con una única excepción: Valencia, bajo el control absoluta de Rita Barberá, con quien nunca tuvo sintonía.
Fue la etapa de la transformación de la Comunidad Valenciana, de la apuesta por obras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Circuito de Motociclismo Ricardo Tormo o Terra Mítica. 
El parque temático en Benidorm le trajo algún quebradero de cabeza porque uno de los empresarios juzgados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental le señaló como beneficiario de un supuesto cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, nunca fue llamado ni a declarar. 
Los 22 condenados por la Audiencia de Valencia suman más de 300 años de cárcel y entre ellos está Justo Valverde, entonces cuñado de Zaplana, que fue condenado a cuatro años de cárcel cada uno por delitos contra la Hacienda Pública.
Otra de las polémicas que estalló bajo su mandato fue el llamado caso IVEX, que investigó a Julio Iglesias por un posible delito relacionado con los pagos que recibió por parte del Ejecutivo de Eduardo Zaplana por su labor de promoción exterior de la región. 
En concreto, el cantante cobró seis millones por ser embajador de la Comunidad Valenciana y celebrar 14 conciertos por todo el mundo. El ex presidente ahora detenido siempre se enorgulleció de la operación.
Zaplana dejó la política valenciana el 24 de julio de 2002, cuando José María Aznar le reclamó para convertirse en Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno. Desde entonces, su presencia en al Comunidad Valenciana quedó orillada por sus tensiones con Francisco Camps
En el PP valenciano comenzaron las luchas entre campistas y zaplanistas que provocó que fuera relegado de las listas -tuvo que presentarse como número 5 por Madrid- y que incluso se le prohibiera la asistencia a actos oficiales. Camps quiso borrar todo su legado. 
De hecho, el ex presidente declaró el pasado mes de marzo en la Audiencia Nacional que fue Eduardo Zaplana quien introdujo a las empresas de Francisco Correa y a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. 
"Sería lo único en lo que habría seguido mis directrices", le respondió con ironía el ex ministro.
En Madrid vivió una de las etapas más difíciles. Le tocó ser la voz del Ejecutivo en el 11-M y, con la derrota en las urnas, fue el portavoz popular en el Congreso de los Diputados hasta que en 2008 decidió abandonar la política.
Desde entonces, su trabajo está ligado a la multinacional Telefónica -actualmente es secretario general- y sus apariciones públicas son contadas. En Valencia se habían intensificado porque estaba siendo tratado de una enfermedad. Hace unas semanas pronunció una conferencia en el Ateneo Mercantil con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. 
Este pasado fin de semana se le pudo ver en el palco del estadio Cartagonova siguiendo en el partido Cartagena-Rayo Majadahonda de la fase de ascenso a Segunda División.

Telefónica "suspende" su relación con Eduardo Zaplana tras su detención por blanqueo

MADRID.- Telefónica ha decidido suspender "con carácter inmediato" su relación con el exministro Eduardo Zaplana, asesor de la compañía desde 2008, tras su  detención este martes  por efectivos de la Guardia Civil en una operación dirigida por un juzgado de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Zaplana está acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, entre otros, según informa www.eldiario.es

Según fuentes oficiales de Telefónica, "se suspende con carácter inmediato su relación laboral, en el área de asuntos públicos, con la compañía a la espera de conocer más detalles sobre su situación". 
El PP también se ha apresurado a anunciar esta mañana la  suspensión de militancia de Zaplana por este asunto. En un primer momento, fuentes de Telefónica se habían limitado a señalar que estaban recabando información sobre Zaplana.
Por su parte, Logista, otro monopolio privatizados por el Gobierno de José María Aznar que desde hace años tiene a Zaplana como consejero, todavía está analizando la situación del ex ministro, al que renovó recientemente como vocal.
En septiembre de 2016, el exministro se definía en su Linkedin como "adjunto al secretario general" de Telefónica, aunque entonces él mismo matizó, en una conversación con eldiario.es, que su función era la de mero "asesor" en la multinacional, " un puesto funcionarial", según sus propias palabras. 
En ese momento, fuentes de la empresa le definían todavía como "adjunto a la presidencia", que ya entonces ocupaba José María Álvarez Pallete.
Telefónica anunció hace ahora diez años, con César Alierta al frente de la empresa, el fichaje de Zaplana (que acababa de dejar su escaño en el Congreso) como "Delegado de la Compañía para Europa", con un retribución que nunca ha sido pública. Hasta enero pasado, la Secretaría General y el área de Asuntos Públicos de Telefónica estaban bajo la dirección, respectivamente, de los abogados del Estado Ramiro Sánchez de Lerín  y Carlos López Blanco.
El primero está imputado en el 'caso Rato' por haber sido la persona que firmó el contrato entre la Telefónica de Alierta y Kradonara, una sociedad del expresidente de Bankia, por tareas de asesoramiento, mientras que López Blanco fue secretario de Estado con Aznar. 
En la distribuidora de tabaco Logista, donde la retribución de Zaplana como consejero "independiente" sí es pública (99.000 euros en 2017), se limitan a señalar a preguntas sobre este asunto que "aún no tenemos conocimiento de las circunstancias de las actuaciones". Añaden que "Logista continuará cumpliendo escrupulosamente con los Reglamentos y normativas para el buen gobierno de la sociedad".
El reglamento del consejo de administración Logista obliga a dimitir a sus vocales "cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de Grupo Logista o puedan perjudicar al crédito y reputación de la misma. En particular, deberán informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales". 
Es la fórmula habitual en estos casos.
Zaplana es consejero de esta empresa desde 2012 y en la junta de accionistas de marzo pasado, cuando Zaplana ya se había visto salpicado por el caso Lezo tras diversas grabaciones de sus conversaciones con el expresidente madrileño Ignacio González, la filial de la tabaquera británica Imperial Tobacco renovó el mandato del exministro por otros cuatro años.
Para respaldar su reelección, el consejo de Logista valoró su "conocimiento, experiencia profesional, reconocida solvencia y competencia, responsabilidad para el ejercicio del cargo y ausencia de conflicto de interés", tras considerar que "ha desempeñado el cargo de consejero de la sociedad, con la dedicación adecuada y de una forma eficiente, en cuanto a la calidad del trabajo".
Zaplana compatibiliza sus funciones en estas dos grandes empresas con su actividad en una consultora que administra junto a su hija, Decuria Consulting, que fue constituida unas semanas después de su fichaje por Telefónica y desde entonces hasta 2016 (último ejercicio del que ha presentado cuentas) ha facturado más de 2,3 millones de euros. 
La esposa de Zaplana y sus hijas también gestionan varias empresas del sector inmobiliario y hotelero, algunas  de la órbita del suegro del exministro, el empresario y ex senador del PP Miguel Barceló, fallecido en marzo pasado.

Eduardo Zaplana, un personaje escurridizo en el cieno de la corrupción

MADRID.- Eduardo Zaplana siempre ha sido un personaje escurridizo en el cieno de las turbulentas aguas de la corrupción asociada a los 20 años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana. Las sospechas que levantó su gestión como alcalde de Benidorm y como presidente de la Generalitat han sido tan relevantes como su habilidad para escabullirse del epicentro de los escándalos. Incluso para lograr la retirada de las denuncias en aquellos casos en los que alguien se ha atrevido a llevarle a los tribunales, como ocurrió con los empresarios de la trama de las comisiones de Terra Mítica, recuerda hoy El País.

Esa capacidad de bordear el cepo sin pillarse nunca los dedos ha engrandecido su mito en la Comunidad Valenciana, donde la mayoría de sus colaboradores, lejos de seguir su estela, están imputados, procesados o, simplemente, condenados y encarcelados. Como José Luis Olivas, que fue su mano derecha en la Generalitat y, antes de llevar Bancaja al precipicio, fue su relevo al frente del Gobierno valenciano en 2002, cuando Zaplana dio el salto a Madrid como ministro de Trabajo de José María Aznar. O como el exconsejero Rafael Blasco, que, tras ser expulsado del PSOE por supuestos cohechos y antes de ser recluido por varios delitos, fue su lazarillo en el laberinto administrativo de la Generalitat cuando logró la presidencia en 1995.
La investigación del caso Lezo puso de nuevo a prueba su pericia para escurrirse. Una conversación telefónica entre Zaplana e Ignacio González despertó la curiosidad del juez que inició la investigación, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en el Gobierno del expresidente valenciano. No es la primera conversación telefónica que despierta interés judicial en su trayectoria.
Zaplana irrumpió en la alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm en 1991 de la mano de una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, que estuvo escondida en el hotel de un casino hasta que se materializó la operación. El arreglo benefició a todos. Hasta entonces Zaplana solo había hecho algunos pinitos como abogado. El matrimonio con la hija de un hombre fuerte del PP local le abrió grandes oportunidades.
En esos días, en los que se gestionó su primer contrato de concesión de la playa de Benidorm, Zaplana fue grabado en las pesquisas del caso Naseiro, la primera investigación judicial originada por las sospechas de corrupción en la financiación del PP, luego frustrada por la anulación de las escuchas. 
En una conversación telefónica con el concejal de Valencia Salvador Palop, el alcalde de Benidorm aseguraba que estaba “arruinado” y trataba de indagar “cómo podría rascar” para comprarse “un Opel Vectra de 16 válvulas”. Lejos de afectarle, esas grabaciones fertilizaron su carrera.
Como años después diría de él Julio Iglesias, Zaplana corría muy rápido. Su pragmatismo engrandeció su cartel de político kennedyano litoral en unos momentos bajos para el PP. Su momento llegó tras el asesinato de Manuel Broseta por los pistoleros de ETA, quien estaba llamado a liderar el partido en Valencia. 
Con el apoyo de Rita Barberá y el órgano mediático de la derecha valenciana se puso al frente del PP. Otro arreglo auspiciado por la patronal valenciana, el Pacto del Pollo (llamado así por celebrarse en el despacho del empresario avícola Federico Félix) fue su vehículo hasta el Palau de la Generalitat al allanar las diferencias entre Unión Valenciana y su partido para desalojar al PSOE. Hubo para todos.
La de Zaplana al frente de la Generalitat fue una gestión burbujeante. Con Aznar en la oposición, la Comunidad Valenciana se convirtió en el conejillo de indias de España. Todo ocurriría antes allí: la concertación de servicios públicos, la telebasura y los grandes eventos y contenedores, como la Ciudad de la Luz o Terra Mítica, en los que involucró para su desgracia a las cajas de ahorro valencianas. Y lo que ello llevaba implícito. 
Terra Mítica costó a la Generalitat más de 300 millones de euros y se vendió por 65. Su empeño personal en el parque temático de Benidorm, con cuentas investigadas en Suiza, se ha saldado, además, con 22 condenados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental.
Pero la Comunidad Valenciana era poco recipiente para su envergadura. Para ensanchar su imagen, Zaplana realizó una gira por varios países de Asia con Julio Iglesias como embajador de la Comunidad Valenciana. El cantante cobró seis millones de euros por ello (3,7 millones más de lo que admitió el presidente valenciano). Luego incluso intentó, sin éxito, presidir el Comité Europeo de las Regiones. 
Y convirtió en colaboradores habituales de Canal 9 a varios periodistas de Madrid que luego amplificaban su eco de político cruzado de Lincoln y Pericles en la Meseta. En 2002, la llamada de Aznar lo elevó a Madrid. Años después, la UDEF concluiría que la financiación ilegal del PP valenciano había empezado ese mismo año. Él no dejaría hasta dos años después la presidencia del partido en Valencia.
Zaplana saltó del tren antes de la explosión que despedazó a su heredero, Francisco Camps, y a Rita Barberá, dañando las partes esenciales de la organización. Sano y salvo, le permitió durante la descomposición del PP valenciano afirmar que se sentía orgulloso de no haber tenido “ningún problema jamás de índole judicial” y reivindicar su gestión frente a quienes le precedieron.
Telefónica le abrió la puerta a su salida de la política, tras los batacazos del PP en 2004 y 2008. Para la memoria dejaba sus intervenciones como portavoz del Gobierno de Aznar durante los atentados yihadistas del 11 de marzo, que en unas memorias inéditas todavía vincula una conspiración ibérica para apartar al PP del poder.
Desde entonces Zaplana ha alternado su función de delegado de Telefónica para Europa con los negocios privados, aunque la sombra de las sospechas le ha acompañado con una fidelidad inquebrantable. 
Un mes después de ocupar el despacho de Telefónica en la Gran Vía fundó la consultora Decuria Consulting, SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, organización de eventos y “explotaciones deportivas y de ocio de todo tipo”.
El juez Santiago Pedraz ya puso bajo su lupa a la administradora solidaria de esta consultora, su hija Rosa María, por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en la trama del hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana, Oleguer Pujol.
Las escuchas de su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González revelaban intenciones de participar en negocios de manera opaca para blanquear fondos ocultos en el extranjero, con el Canal de Isabel II como escenario. Zaplana no es nuevo en el sector hídrico ni en sus tejemanejes. Se empleó a fondo en el pulso por el control de Aguas de Valencia, que proyectó fusionar con el Canal de Isabel II en los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón, y hasta trató que le pagara un medio de comunicación afín. Mucha agua y mucho lodo en el fondo por el que escurrirse.
Ahora la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo ha detenido por un presunto blanqueo de capitales y delito fiscal por aflorar dinero negro procedente del extranjero. ¿Volverá a escurrirse?

El PSRM-PSOE y Podemos piden que Zaplana sea expulsado del Consejo Social de la UPCT

CARTAGENA.- El vicesecretario general del PSRM-PSOE y portavoz parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín López Pagán, ha exigido este martes la remoción (o cese) del político cartagenero Eduardo Zaplana como miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

En su opinión, la detención del ex ministro de la época de José María Aznar, por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, "le inhabilita, en tanto se aclare su situación judicial, a representar a una institución honorable como es la Universidad Politécnica.
"La corrupción del Partido Popular tiene raíces profundas y los tentáculos muy grandes y este es un episodio más que nos salpica de manera directa. Por ello, y en aras de la transparencia y para preservar la imagen de la institución, exigimos que Eduardo Zaplana abandone de inmediato el Consejo Social de la UPCT".
Por su parte, el portavoz parlamentario y secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha reclamado que el excargo público del PP sea expulsado inmediatamente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ya que "no podemos permitirnos a personas como Zaplana ensuciando la imagen de la universidad pública".
"El gobierno del PP fue quien lo puso ahí para intentar ayudar a un político acorralado por sus prácticas corruptas. Eso nos da la medida de la consideración que tiene este partido hacia lo que representa la UCPT", ha advertido.
Urralburu ha recordado que fue el gobierno del "plurimputado" Pedro Antonio Sánchez el que nombró a Zaplana representante del Consejo Social de la Politécnica.
Su objetivo era, según palabras del propio gobierno, "difundir fuera y dentro de la Región todo lo que en la UPCT se hace. Es decir, el PP escoge a alguien que ahora está detenido por blanqueo de capitales para darle 'brio' a la UPCT. Lamentable y vergonzoso, made in Partido Popular".
El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Alejandro Díaz, ha afirmado hoy que el Consejo Social de esta institución docente adoptará "las medidas que considere necesarias" sobre la continuidad de Eduardo Zaplana como miembro de este órgano.
 
Díaz ha recordado que Zaplana fue nombrado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en noviembre de 2016, al tiempo que ha agregado que el Consejo Social es un órgano colegiado de participación de la sociedad en la gestión y supervisión de la UPCT.
"Como órgano colegiado, estoy seguro que adoptará las medidas que considere necesarias en su próxima reunión", ha apuntado el rector, quien ha añadido que, "hasta ahora, sólo se conoce que ha habido una detención".

El PP suspenderá hoy de militancia a Eduardo Zaplana

MADRID.- El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha anunciado que su partido suspenderá este martes mismo de militancia de forma cautelar al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro Eduardo Zaplana, detenido junto a otras cinco personas en una operación contra el blanqueo de capitales.

Asimismo, ha confirmado que serán suspendidos de militancia los demás detenidos en esta operación que sean afiliados del PP.
En los pasillos del Congreso, Maillo ha explicado que el Comité de Derechos y Garantías del PP se reunirá esta tarde para acordar la suspensión cautelar, a instancias del partido en la Comunidad Valenciana, que es el que ha elevado esta petición a Génova.
El "número tres" del PP ha reconocido que la suspensión es una decisión "drástica y difícil" pero ha subrayado que la detención es una causa suficientemente "grave" como para tomarla.
Maíllo ha admitido que Eduardo Zaplana ha sido una persona "muy importante" en el partido en otro tiempo, pero ha añadido que "cada uno tiene que responder de sus propios actos" y, por tanto, "tendrá que responder ante la justicia".
Y aunque ha recordado que el exministro lleva diez años alejado de la política y sin ocupar ningún cargo público ha insistido en que la gravedad del asunto obliga a suspenderlo cautelarmente de militancia, tanto a él como al resto de detenidos que estén en el PP.
El coordinador general del PP no ha querido poner calificativos a la detención del exministro y ha señalado que "simplemente es un hecho objetivo", para añadir después que "nadie es detenido por casualidad".
Ha añadido que hay que confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la justicia, así como en el derecho de defensa, pero ha insistido en justificar la decisión del PP "ante un hecho que reviste suficiente gravedad".
Fernando Martínez-Maillo ha recalcado también que el PP "no acepta ningún tipo de comportamientos de esta naturaleza" y "se comporta de forma enérgica" contra quienes utilicen "las siglas del PP en su beneficio".
Ha aclarado que no sabe si se da este caso con Zaplana, pero ha insistido en que en el PP tienen que ser "tajantes y claros" en la lucha contra la corrupción.
Por su parte, el expresidente del Congreso y exministro Jesús Posada ha reconocido que se encuentra "profundamente sorprendido" por la detención de Zaplana, con quien ha mantenido una "excelente relación".
"Lo siento mucho", ha asegurado Posada en los pasillos del Congreso.


Los cargos públicos de Eduardo Zaplana

  • 1991-1994. Alcalde de Benidorm.
  • 1991-2002. Diputado de las Cortes Valencianas.
  • 1995-2010. Presidente de la Generalitat Valenciana.
  • 2002-2004. Senador en las Cortes Generales.
  • 2002-2004. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España.
  • 2003-2004. Portavoz del Gobierno de España.
  • 2004-2008. Diputado en las Cortes Generales.
  • 2004-2008. Portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.
 

El político cartagenero Eduardo Zaplana, detenido por blanqueo y cohecho


VALENCIA.- El político cartagenero Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo del PP en el Gobierno de José María Aznar, ha sido arrestado este martes a la salida de su domicilio en la calle Pascual y Genís 12, de Valencia, por la Guardia Civil por al menos los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y contra Hacienda.

La detención la han practicado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una operación que continúa abierta y en la que se prevén más arrestos.
Zaplana ha sido detenido junto a otras cinco personas en una operación contra el blanqueo de capitales y la malversación de caudales públicos. Entre ellos estaría el empresario Vicente Cotino, sobrino del exconseller y director general de Policía, Juan Cotino.
La Guardia Civil acusa al exministro de aflorar dinero negro procedente del extranjero. Al parecer, este dinero podía proceder de paraísos fiscales y tener su origen en comisiones por adjudicaciones de contratos.
En nombre de Zaplana ha aparecido también vinculado a la operación Púnica y en
conversaciones del caso Lezo.
La detención del expresidente valenciano se enmarca dentro de una macrooperación contra la corrupción dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Las fuentes consultadas aseguran que en las próximas se producirán más detenciones, al menos cinco.

martes, 17 de abril de 2018

Letizia y la educación de una futura reina de España / Jesús Cacho *

Un alto cargo autonómico de cuyo nombre no quiero acordarme viajó a Madrid no hace mucho tiempo para mantener en Zarzuela una larga reunión de trabajo con Letizia Ortiz Rocasolano, hoy Doña Letizia. Se trataba de discutir los pormenores de la inauguración de un nuevo campus universitario en la capital de una comunidad relativamente cercana a Madrid. 

A la antigua locutora de RTVE le gusta documentarse y preparar a fondo los actos oficiales en los que interviene. Son sus “sesiones de trabajo matinales”, y en aquella entrevista quiso saber hasta el último detalle de aquella invitación que, no tras mucho cavilar, había decidido finalmente aceptar.  

-Se trata de inaugurar un anexo al campus universitario, en el que se van a instalar nuevas facultades, que va a ser de enorme utilidad para esta Comunidad Autónoma, y cuya primera piedra, por cierto, pusieron hace ya unos cuantos años don Juan Carlos y doña Sofía.

-¿Cóóóómo? ¿Ééééésos? ¿Y yo voy a ir ahora a inaugurar algo que hicieron éééésos hace 20 años? ¿Yo mezclada con éééésos a estas alturas? ¿Yo haciendo lo mismo que éééésos? ¿Yoooooo? –Los dedos índices en paralelo apuntando hacia fuera, los pulgares hacia arriba, en gesto de profundo disgusto, en ademán desafiante del pistolero a punto de abrir fuego- ¡Quééé horror! ¡Quééé horror! Repetía conmocionada. 

Y el pasmo de la Consorte era tan evidente que se puso en pie dando vueltas alrededor de la mesa, las manos a la cabeza, como si no lo pudiera creer, como si le hubieran insultado gravemente, como si le acabaran de anunciar una desgracia familiar irreparable. Porque nada que haya tenido que ver con Juan Carlos I y/o con la sufrida Sofía de Grecia puede/debe contaminar el buen nombre, el inmaculado crédito de esta mujer ridículamente progre que detesta a sus reales suegros, que reniega de la figura de Juan Carlos y Sofía por motivos, para empezar, puramente ideológicos.

Terminó acudiendo a la inauguración. El gesto agriado, la sonrisa glacial que luce en las ocasiones en que quiere evidenciar que le da por el saco el acto de marras, que no está a gusto y que se quiere ir cuanto antes. Y después de la breve inauguración protocolaria, pasaron todos al salón de actos donde esperaban las autoridades regionales, con el presidente de la Comunidad y el señor obispo, puede que arzobispo, cardenal incluso, a la cabeza, y un grupo de estudiantes invitados. 

Letizia, su chaquetita corta y su pantalón ajustado, vestida de “pobre” para la ocasión, porque ella sabe vestir pobre cuando la ocasión lo pide, saludó de prisa y corriendo, mueca incluida, a las autoridades y se dirigió directamente a los estudiantes con los que departió muy animada, mostrando su trasero al señor obispo, durante casi media hora. Cuando se cansó, dio media vuelta, saludó con idénticas prisas a las atónitas autoridades y puso rumbo a Madrid seguida por sus escoltas.

Esta es la reina consorte -¿reina con suerte?- de España. Este es el material humano que anida en esta señora. La soberbia de una señora que no sabe estar, que nunca llegará a saber estar, que no ha interiorizado su papel como representante de la institución monárquica y las obligaciones que ello conlleva, que ignora que las formas son fundamentales a la hora de preservar la institución. 

Han pasado ya unos cuantos días desde el escándalo por ella protagonizado a la salida de la misa de Pascua en la catedral de Palma. Los servicios de información de palacio han logrado adormecer la polémica surgida, sobre todo en los grandes medios, ello con la ayuda de las Cifuentes que a diario sacuden la actualidad de la casa patria. Pero el resplandor de la hoguera sigue intacto. Porque este no es un revolcón de prensa rosa. Esta ni siquiera es una pelea matrimonial, por más que afecte a la pareja real. Este es un asunto de Estado en tanto en cuanto afecta a la heredera al trono de España, la princesa Leonor, a la futura Jefa del Estado, y por ello a la propia estabilidad del Reino.  
   
Éramos pocos y parió la abuela. Bueno, quien en realidad parió fue la nuera. Una mujer que ha mostrado en público el sistema de valores que está insuflando en sus hijas, la heredera del trono y su hermana: el de un total desapego hacia los padres del actual Rey de España y hacia toda la familia Borbón, como si esta bella niña Leonor fuera a encabezar la dinastía plebeya de los Borbón-Parla, nada que ver con la italiana de los Borbón-Parma, la dinastía populista del honrado bisabuelo taxista y la abuela sindicalista de CC.OO., desafección como prueba de una falta de respeto hacia sus mayores, y de ahí ese gesto airado, resabiado, con el que la bella niña rubia rechaza la mano sobre el hombro que le tiende su abuela, una Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, una royal emparentada con todas las casas reales europeas, porque ella no quiere que la toque, le da asquito, tantas veces se lo habrá reiterado la consorte, y este es el gesto que ha escandalizado a España entera, un gesto que fue un insulto a su suegra, la reina Sofía; a su marido, el rey Felipe VI, y a todos los españoles de bien a quienes Felipe VI representa, y representa muy bien como demostró el 3 octubre pasado.

Un episodio digno de estudio psicológico    

Un incidente –el del rechazo de la mano de su abuela, y ese otro, aún peor, consistente en pasar la mano por la frente de la heredera para borrar de su piel el estigma de ese beso furtivo que le acaba de dar doña Sofía, en episodio digno de estudio psicológico-, que está mal si responde a un incontrolado impulso de la heredera, un arranque de infantil incomodidad, pero que está mucho peor si, al final del camino, es consecuencia de la comedura de coco a la que esta señora está sometiendo a sus hijas en contra de sus abuelos, los Reyes eméritos. Es la auténtica lección que cabe extraer de este penoso incidente, y la pregunta inevitable y dolorosa que plantea: ¿en qué manos está la educación de la futura reina de España?

La inseguridad. Una inseguridad que le lleva a desconfiar de todo el mundo y que le provoca esos prontos linderos con la arrogancia, ese gesto de crispación, esa falta de naturalidad, ese envaramiento. Y la obsesión por proteger a sus hijas, ocultar a sus hijas, evitar todo contacto con sus abuelos, los reyes eméritos, alejarles de la familia Borbón… 

Letizia no autoriza ninguno de los viajes que la futura reina debería estar ya haciendo, con el tiento debido, por los cuatro puntos cardinales de España, y no permite que sus hijas acudan al funeral celebrado en Madrid al día siguiente del escándalo mallorquín con motivo del 20 aniversario de la muerte de don Juan de Borbón, inexcusable falta por parte de una heredera al trono por muy joven que sea. Todo como si las jóvenes princesas fueran propiedad privada, como si temiera que pronto se las fueran a quitar, sabedora de que con el paso del tiempo las niñas serán inevitablemente llamadas a tareas de representación que las alejaran de ella, un destino que las aproximará a los Borbones hasta confundirse con el apellido en la misma medida que las alejará de los Rocasolano y su pequeño mundo.

Y ese peculiar universo de Zarzuela que puede acabar explotando entre el entorno del Rey –con Jaime Alfonsín como Jefe de la Casa, con Martínez Palomo como secretario general, con Miguel Herráez como responsable de Seguridad-, y el de la Reina –con José Manuel Zuleta (duque de Abrantes con grandeza de España, y varios títulos más) como jefe de su secretaría, todos con sus correspondientes valet de chambre, dos universos paralelos plagados de celos y dispuestos al enfrentamiento, a la putada consuetudinaria, hasta el punto de que, tras un análisis detenido de las imágenes filmadas a las puertas de la catedral de Palma, de quién las filma, y del “tempo” de su difusión, hay quien llega a la conclusión de que alguien ha dado el visto bueno para que salieran a la luz, de que ahí ha metido mano la dirección general de RTVE, la vicepresidenta Soraya y el señor Alfonsín, entre otros, para ilustrar lo que sería una seria advertencia del entorno de Felipe VI –temeroso de lo que el entourage de Letizia pueda llegar a maquinar un día- a la Reina Consorte. El momento de darle una lección y enviarle un mensaje claro: chica, te estás pasando varios pueblos…! 

El entorno de la Casa del Rey, el de la secretaría de la reina, y dos círculos concéntricos más: el espacio exterior de los amigos y aduladores de Letizia, la “corte” privada de la reina consorte, sus celebradas amigas, muchas de ellas periodistas, con las que suele escaparse a cenar de cuando en cuando, y sus amigos periodistas, los Grijelmo, Urdaci y demás, y naturalmente el entorno íntimo de los Ortiz Rocasolano, con la mami Paloma como alter ego, la mujer que se ocupa de cuidar a las niñas cuando los reyes están fuera –doña Sofía no puede poner un pie dentro del pabellón de los Reyes; tiene vetada la visita a sus nietas-, que al parecer pasa más tiempo dentro de Zarzuela que fuera y cuya influencia en las niñas es más que obvia. 

Cuatro mundos atrayéndose y repeliéndose, potaje indigerible, cóctel explosivo que difícilmente puede salir bien y que terminará explotando algún día por algún lado. Temor que el ridículo montaje ideado cuatro días después a las puertas de la clínica donde el emérito acababa de ser operado –la nuera ejerciendo de obsequiosa abrepuertas, y las nietas haciéndose la foto de la mano de la abuela- no ha hecho sino incrementar. ¿Y qué pensarán esas niñas a las que ahora se les dice que no deben rechazar la mano de la apaleada abuelita por mucho asquito que les dé…?

Isabel II y la futura reina Leonor

Una cóctel explosivo cuyo primer responsable es el rey Juan Carlos, quien, en lugar de ocuparse en mantener y sacar adelante una familia unida por el amor y la atención constante, de cuidar la educación y las amistades de sus hijos, se empleó a fondo en ver qué mujer iba a visitar su cama la noche de aquel día y de dónde iba a lograr sacar un duro más para engordar su peculio, por lo que no cabe extrañar que tanto el príncipe Felipe como las infantas Elena y Cristina terminaran haciendo unos matrimonios deleznables. Si la princesa Leonor ha de llegar un día a ocupar el trono de España, su reinado no se podrá parecer en nada al de aquella otra Borbón que lo ocupó en la primera mitad del XIX, y mucho menos su educación:Carecía absolutamente de genio y se convirtió exactamente en lo que su educación hizo de ella, y su educación fue tan mala que difícilmente hubiera podido ser peor… La virtud no estaba en la familia y la virtud política menos aún… No podía por lo tanto aprender nada bueno observando el ejemplo de ninguno de sus padres y pasó sus años impresionables bajo la influencia de cortesanos que le enseñaron que el reino era su propiedad privada, y su capricho un principio suficiente para dirigir la elección de sus ministros.Más aún, a la edad en que aún debería haber estado en la escuela, la casaron con un marido que carecía de los atributos esenciales de un marido. Y eso teniendo le diable au corps”. Es la descripción que de Isabel II hizo su primer biógrafo (The tragedy of Isabella II), el inglés Francis H. Gribble.

“A los diez años Isabel resultaba atrasada, apenas si sabía leer con rapidez, la forma de su letra era la propia de las mujeres del pueblo, de la aritmética apenas sólo sabía sumar siempre que los sumandos fueran sencillos, su ortografía pésima. Odiaba la lectura, sus únicos entretenimientos eran los juguetes y los perritos. Por haber estado en manos de los camaristas ignoraba las reglas del buen comer, su comportamiento en la mesa era deplorable, y esas características, de algún modo, la acompañaron toda su vida”, dijo de ella el conde de Romanones

 “Yo creo que Letizia ha traspasado todas las barreras que protegían la convivencia en el seno de la familia real y lo ha hecho en público y de forma ostentosa”, asegura alguien que sirvió muchos años en Zarzuela. “Lo ocurrido es muy grave, y me parece que como no la metan en cintura la cosa acabará mal”. 

Un cóctel, el de Felipe VI, para el que solo parece haber una solución razonable, pero que compete en exclusiva a su vida privada. 

Mucho más importante, casi trascendental, es todo lo que atañe a la educación de la futura reina Leonor. ¿Corolario? La educación de la princesa heredera no puede quedar ni un día más a cargo de su madre y mucho menos de la abuela Rocasolano. Es una cuestión de Estado. Alguien debería tomar cartas en el asunto (algo que no hará el calzonazos Rajoy), como ocurriría en cualquier monarquía parlamentaria del mundo civilizado.



(*) Columnista



viernes, 23 de marzo de 2018

Felipe VI, el rey más protegido de Europa

MADRID.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido contundente. Los reyes y jefes de Estado no merecen mayor protección frente a las críticas e insultos que cualquier otro ciudadano. Es más, la lógica democrática dicta que debe ser más bien al contrario: los ciudadanos (sean reyes o no) que ocupan las instituciones de todos deben estar más expuestos a la crítica, según recoge Público

Y la crítica política, afortunada o desafortunadamente, no siempre es correcta. A veces es agresiva. Zafia. Maleducada. Hiriente. En otras ocasiones, incluso, la crítica se manifiesta en forma de hoguera. Pero, sea como sea, es crítica política y, por tanto, se debe permitir.  A España, concretamente, el TEDH se lo ha dicho en dos ocasiones con sendas sentencias condenatorias contra el Estado. La primera en el caso de Otegi, que fue condenado por decir que el rey Juan Carlos era "el jefe de los torturadores". 
La segunda, en el caso de los dos jóvenes de Girona que quemaron una foto de los reyes Juan Carlos y Sofía durante una protesta. En las dos ocasiones la justicia europea explicó a España que la crítica política no se puede censurar con este delito. 
La misma lógica se aplica con el resto de instituciones del Estado y símbolos, tales como el himno o la bandera. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre otros muchos, han señalado que los estados no deberían prohibir la crítica a las instituciones, como el Ejército o la Policía, y que deplora la existencia del delito de "difamación del Estado" o el ultraje a sus símbolos.
Todos estos delitos, sin embargo, siguen presentes en el Código Penal español. Tanto el de injurias a la Corona (con las recientes condenas a los raperos Hasel y Valtonyc) como el de injurias a las instituciones del Estado (por el que también fue condenado Hasel) o ultraje a España, por el que Santiago Espot fue sentenciado a pagar 7.200 euros euros por haber impulsado la pitada al himno de España en la final de la Copa del rey. 
La lista es aún más larga. A estas sentencias habría que añadir la condena contra El Jueves por su ya célebre portada con los entonces príncipes Felipe y Letizia, o las condenas contra el que fuera alcalde de Puerto Real por decir que al rey es “hijo de crápula” o contra el coronel Martínez-Inglés. También en los años 80 se produjeron condenas contra dos ciudadanos vascos que publicaron un artículo dudando del papel del monarca Juan Carlos I en el golpe de Estado del 23-F.
¿Pero somos los únicos países europeos que ignoramos las recomendaciones del TEDH y de las organizaciones supranacionales especializadas en Derechos Humanos? ¿Es España una excepción dentro de los principales países de la Unión Europea con los que nos gusta compararnos? ¿Es España el único país que sobreprotege al jefe del Estado?
La respuesta a estas preguntas es complicada y tiene dos vertientes. Por un lado, hay que analizar los diferentes códigos penales de los países de la Unión Europea y comprobar si el delito de injurias a la Corona o a la jefatura del Estado todavía existe o si ha sido eliminado, como en el caso de Francia. 
Por otro lado, hay que analizar la parte práctica: cómo se interpreta y se aplica este delito en el resto de países.  Es decir, si es un delito activo o en desuso y si se usa para perseguir la crítica política o, por contra, solo para perseguir los ataques a la vida íntima de los jefes de Estado, sean reyes o no.
Por partes. El estudio Leyes de difamación e insultos en la región OSCE, elaborado por el Comisionado de la OSCE para la libertad de prensa y facilitado a Público por la PDLI, refleja cómo los reinos de Bélgica, Dinamarca, Suecia y Holanda, junto con el de España, mantienen en sus legislaciones el delito de lesa majestad. Sin embargo, ninguno de estos reinos tiene un nivel de condenas por delitos de lesa majestad, en los últimos años, al nivel del de España. 
"El problema en España no es la existencia del delito de injurias a la Corona en sí mismo. El problema es que se está utilizando, tal y como nos ha dicho el TEDH, para perseguir la crítica política. El delito puede existir sin contradecir las sentencias europeas si solo se utilizara para perseguir los insultos o ataques dirigidos contra la vida íntima del rey. Es decir, los reyes o jefes de Estado deben tener los mismos derechos que todos los ciudadanos a defender su honor, pero no más", explica a Público el exletrado del Constitucional Joaquín Urías
El análisis del informe de la OSCE permite concluir que España, a pesar de tener una de las penas más bajas por el delito de injurias a la Corona, es de los países de la Unión Europea, si no el que más, que más persigue y castiga por los ataques contra la jefatura del Estado. Para alcanzar esta conclusión es necesario realizar un repaso, país por país, tanto de las legislaciones vigentes como de la aplicación e interpretación del delito de lesa majestad. Este análisis se realizará en primer lugar de las monarquías y, posteriormente, de las diferentes repúblicas. 
Los reinos de Suecia y Dinamarca recogen su Código Penal penas más altas que las de España. En Suecia, este delito tiene un castigo potencial de hasta seis años de prisión. En Dinamarca, cuatro. Sin embargo, como es apreciable en el informe de la OSCE, no se ha registrado en los últimos años ningún procedimiento judicial por este delito. En el caso de Gran Bretaña, por su parte, no hay ninguna ley que proteja el honor de la Corona de manera especial y tampoco se ha registrado ningún procedimiento judicial por este delito.
Por último, quedaría por analizar el caso de los reinos de Holanda y Bélgica. Los dos recogen en su Código Penal artículos que prohíben las ofensas a la Monarquía. En el caso de Bélgica, la ofensa hacia el monarca y la familia real y el insulto público al rey está castigo con penas de seis meses a tres años de y una multa. Si el insulto se dirige a cualquier otra persona de la familia real la pena desciende de tres meses a dos años de prisión, más la correspondiente multa. 
No obstante, no se ha registrado ninguna condena en el país por este delito. Eso sí, tal y como informa Alexandre Mato en CTXT, la Casa Real belga sí acudió al Consejo de deontología periodística del país para protestar por un libro que versaba sobre presuntas infidelidades en el matrimonio real y la supuesta homosexualidad del entonces Príncipe Felipe. El Consejo resolvió que el periodista había recurrido a insinuaciones y abusado de la práctica del off the record. No hubo multa ni proceso judicial.
El caso de Holanda es diferente. Tras España, posiblemente sea el país de las democracias occidentales que más uso ha hecho de este delito, aunque la cuantía de las multas y castigos no es comparable. En 2007 un hombre sin hogar fue multado con 400 euros por decir que la reina era "una puta". Una semana después, un periodista acudió a una rueda de prensa con una camiseta que rezaba 'La reina Beatriz es una puta'. El periodista fue arrestado, aunque finalmente no fue acusado de ningún delito.
El editor de la revista Spunk, a la que pertenecía el periodista, explicó que la intención era denunciar la condena que se había producido una semana antes. El último caso de este tipo que se vivió en el reino holandés fue cuando el activista Abulkasim al-Jaberi dijo en una manifestación de 2014 lo siguiente: “¡Que se joda el Rey! ¡Que se joda la Casa Real”, tal y como recoge el informe de la OSCE. No obstante, la causa fue archivada poco tiempo después.
El análisis comparado de las legislaciones y condenas por delitos contra el honor de los monarcas, por tanto, tumba el argumento habitual de que España no se sale de la normalidad europea dictando condenas por el delito de injurias a la Corona. España, tal y como se refleja, es el país que más está condenado por este delito en las monarquías de la Unión Europea. 
"La reciente sentencia del TEDH pone en evidencia que la existencia de este tipo penal en España no es el único problema en España. También lo es cómo se está aplicando: por su uso desproporcionado (fuera de los parámetros de las Naciones Unidas) por parte de la Fiscalía y por una posterior interpretación de los tribunales ajena a los estándares internacionales de Derechos Humanos. 
Así lo entendió también el magistrado del Constitucional que emitió un voto particular en el caso de la quema de la foto de los reyes", explica a Público Yolanda Quintana, portavoz de la PDLI, que considera que el tipo penal de las injurias a la Corona es una "amenaza" tanto "real como latente" contra un derecho fundamental como es "la libertad de expresión". "Por ello pedimos que este delito sea eliminado del Código Penal esta misma legislatura", sentencia. 

Las repúblicas de nuestro entorno

La protección de los jefes de Estado no es una particularidad de las monarquías. También sucede en las repúblicas. De hecho, en nuestro entorno, los estados de Alemania, Grecia, Italia, Malta, Polonia, Portugal y Eslovenia mantienen una ley especial que castiga las injurias y las difamaciones contra los jefes de Estado.
La gran excepción, en este caso, sería la República de Francia, que eliminó en 2013 el artículo de la Ley sobre libertad de prensa, de 1881, que penaba las ofensas al presidente de la República con una multa máxima de 45.000 euros. 
Antes, en el año 2000, el país galo había eliminado las penas de prisión por delitos relacionados con las injurias y la difamación. Sin embargo, la eliminación de la sobreprotección del jefe del Estado no es total, ya que el presidente de la República se encuentra entre la lista de funcionarios públicos que goza de una mayor protección contra las injurias y la difamación que el resto de ciudadanos (artículo 30 y 31 de la Ley sobre Libertad de prensa de 1881).  
La última vez que el país galo vivió un caso de este tipo fue en el año 2008, tal y como muestra el informe de la OSCE facilitado por la PDLI. El militante socialista Hervé Eon fue condenado a pagar 30 euros por sostener una pancarta en la que podía leerse Cállate, pobre cabrón”. El TEDH condenó a Francia por vulnerar la libertad de expresión de este militante socialista y la Asamblea francesa actuó rápido para eliminar de la Ley de libertad de prensa este delito. 
En Alemania, por su parte, la difamación del presidente de la República está castigado con penas de tres meses a cinco años de prisión, pero el delito está prácticamente en desuso. El informe de la OSCE recoge que los enjuiciamientos por difamación del presidente son "raros" aunque no "desconocidos". Así, también cabe destacar que para poder iniciar un procedimiento judicial por este delito es necesaria la aprobación del presidente.
La última vez que ocurrió un caso similar fue en 2011 cuando el presidente Christian Wulff otorgó permiso para que se juzgara a un bloguero que había realizado un montaje en el que la esposa del ahora expresidente aparecía realizando el saludo nazi. Finalmente, Wulff retiró el permiso y el caso fue archivado. "Entre 1990 y 2004, por ejemplo, el permiso para juzgar se otorgó en dos ocasiones", recoge el informe.
Un caso más llamativo en Alemania, aunque se sale de los márgenes de este texto, es la petición que presentó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en 2016 para que Alemania iniciara un procedimiento judicial contra el presentador de televisión y humorista Jan Böhmermann por el delito de injurias contra un jefe de Estado extranjero, un delito inexistente en España. 
Un mes después de la solicitud, Merkel anunció que autorizaba el procedimiento, aunque también anunció el procedimiento para retirar ese artículo del Código Penal. Poco tiempo después, la Fiscalía alemana anunció que archivaba la causa contra Böhmermann ya que el poema denunciado estaba protegido por "la libertad artística".

Condenas aisladas

En el caso de Italia, el artículo 278 del Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión por "ofender el honor o prestigio del presidente de Italia". Sin embargo, las condenas por este delito son más bien raras de encontrar. 
El informe de la OSCE no recoge ninguna, mientras que el periodista Pierluigi Morena, en CTXT, se hace eco de una condena a 18 meses de prisión al político de la Liga Norte Umberto Bossi por decir que Giorgio Napolitano, hoy ya expresidente de la república italiana, era un "terùn", es decir, un garrulo del sur, mientras hacía el gesto de los cuernos con la mano.
Portugal castiga el insulto o la difamación contra el presidente con la pena de tres meses de prisión o una multa, aunque si el delito se ha cometido con publicidad el castigo asciende a entre seis meses y tres años de prisión. El informe de la OSCE no recoge ninguna condena por este tipo penal, aunque sí llama poderosamente la atención el alto número de condenas por difamación de funcionarios públicos o políticos. 
Por último, cabe destacar el caso de Grecia. La república helena castiga los insultos al jefe del Estado con hasta tres meses de prisión y autoriza la incautación de publicaciones que contienen insultos al presidente de Grecia. Mientras que la difamación, el insulto y la injuria está penada en Eslovenia con un máximo de un año de prisión. El informe de la OSCE no recoge ningún caso específico de personas condenas por insultar al jefe del Estado en estos países.

viernes, 9 de marzo de 2018

'El Corte Inglés' y 'Globalia' ganan el súpercontrato de viajes de funcionarios

MADRID.- Los trece ministerios del Gobierno de Rajoy ya tienen agencia de viajes para los desplazamientos de altos cargos y funcionarios de las diferentes carteras. El Ministerio de Hacienda acaba de adjudicar el famoso contrato CORA, es decir, el acuerdo centralizado para el servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado para los próximos dos años prorrogables por otros dos, según https://www.lainformacion.com

Durante las últimas horas el departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha ido notificando a los agraciados quiénes han sido los adjudicatarios de los cinco lotes. El montante total es de 285,6 millones de euros y los elegidos han sido El Corte Inglés, Halcón Viajes (Globalia) y, por último, IAG7.
El lote número 1, relativo a los desplazamientos que realizará el Ministerio de Defensa, será gestionado por IAG7 (que se ha aliado con Nautalia para este contrato), quien presentó la oferta más ventajosa. 
Así, la firma especializada en viajes de empresa se encargará de facilitar los vuelos de los militares y trabajadores de Defensa entre Madrid y Canarias, así como entre Barcelona, Sevilla y Málaga con destino al archipiélago canario. A nivel internacional, ofrecerá los billetes de avión entre la capital e Irak, Dakar, Incheon (Corea del Sur), Munich, París y Roma. 
Asimismo, la agencia pondrá a disposición de los trabajadores de Defensa una serie de hoteles de entre cinco y tres estrellas en Madrid, Zaragoza y Sevilla.
IAG7 también ha sido la compañía elegida para facilitar a los funcionarios del Ministerio del Interior -policías y guardias civiles- los desplazamientos y hoteles que necesiten. 
Así, la agencia se encargará de gestionar los vuelos de Madrid a Barcelona, Canarias, Vigo, Palma, Sevilla y Tenerife, así como billetes internacionales con destino a Amsterdam, Bogotá, París, La Valeta, Quito, Santiago de Chile, Santo Domingo y Viena. 
Los hoteles ofrecidos en Madrid, Barcelona y Sevilla también variarán entre las cinco y las tres estrellas.
El lote 2 y 3 ha sido adjudicado a Viajes Halcón, la compañía del grupo Globalia, que será la agencia de viajes de los ministerios de Economía (donde acaba de llegar Román Escolano), Energía, Hacienda, Exteriores, Presidencia, Educación y Justicia. Estos departamentos prevén viajes de funcionarios entre Madrid y varias ciudades españolas, así como vuelos internacionales a Amsterdam, Berlín, Buenos Aires, Ginebra, Lisboa, Luxemburgo, México DF, Nueva York, París, Santo Domingo, Viena y Washington, y hoteles en Madrid, Barcelona, Bruselas y París. 
El Corte Inglés, por su parte, se encargará de gestionar los viajes de los ministerios de Agricultura, Empleo, Fomento y Sanidad correspondientes al lote número 4. Estos departamentos prevén viajes tanto nacionales como internacionales a las ciudades anteriormente citadas y a otras adicionales como Colonia, Düsseldorf, Frankfurt, Luxemburgo y Lisboa.
Todas las empresas a las que ha contratado el Gobierno para los viajes ofrecen un seguro que debe cubrir las siguientes necesidades: fallecimiento o incapacidad permanente total del asegurado (750.000 euros), repatriación desde cualquier lugar del mundo, cobertura sanitaria con un límite de 15.000 euros, cobertura odontológica de hasta 750 euros, desplazamientos y estancia de acompañante en caso de hospitalización, y pérdida, robo o daño de equipajes de hasta 1.200 euros.

Un contrato polémico

El actual contrato por 285,6 millones supone un incremento económico notable respecto al actual acuerdo en vigor. En los últimos tres años, Globalia ha gestionado en exclusiva los viajes de los diferentes Ministerios por 171 millones, una etapa que se ha caracterizado por las quejas recurrentes de los funcionarios por un servicio que ha tenido algunas carencias. 
Ahora el Gobierno eleva un 67% el montante destinado a desplazamientos y alojamientos de los funcionarios y cargos de la Administración General del Estado, pero sigue confiando en Globalia para dos de los cinco lotes. Las tres agencias adjudicatarias en este nuevo acuerdo comenzarán a trabajar en los ministerios a partir del próximo 6 de abril.
Este contrato de viajes de funcionarios del Estado no ha estado exento de polémica. La Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV) presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al considerar que no existía igualdad de trato en la convocatoria. 
En concreto denunciaba que se producía alguna ventaja para aquellas agencias que ya tienen una línea aérea (como el caso de Globalia con Air Europa) ya que podrían ofrecer tarifas de vuelos en condiciones más económicas. El recurso no ha sido tenido en cuenta por el comité de expertos, compuesto por funcionarios de Hacienda, Agricultura y Defensa, que ha sido quien ha participado en la resolución este contrato marco.
Hay que recordar que Avoris, del Grupo Barceló, y Carlson Wagonlit Travel, de CWT, ya comunicaron a principios de año que renunciaban a pujar por este macrocontrato y denunciaron que las condiciones de Hacienda obligaban a los aspirantes a "asumir como pérdidas las diferencias de tarifas de los operadores al no depender el precio final de ella misma, lo que hace que el concurso ponga en riesgo claramente a los licitadores".

El nuevo 'Govern' borrará al Ejército de Cataluña en un plazo de seis meses

MADRID.- No habrá presencia militar en Cataluña seis meses después de la formación del nuevo 'Govern'. Así se recoge en el acuerdo de investidura suscrito entre ERC y JxCat en el que se dibuja la 'construcción de la nueva república catalana'. Más de cuarenta folios de leyes, disposiciones, pretensiones y ambiciones en las que se dibujan los 'criterios esenciales de la legislatura'. Entre ellos, la desaparición de las Fuerzas Armadas de la región. Se hará en seis meses, según vozpópuli.

No se habla en el texto explícitamente de 'expulsión', sino de 'desmilitarizar Cataluña'. Nada de desfiles, ni de maniobras, ni presencia de uniformes en actos públicos, ni en las calles, ni asistencia a ferias, procesiones, actos religiosos, centros educativos, locales deportivos y otras manifestaciones ciudadanas. También se impulsará la recuperación de todo el patrimonio militar de tipo inmobiliario. Es decir, expropiación y defenestración. 
Primer paso, en seis meses, reclusión en los cuarteles, sin apenas capacidad para salir de ellos. Segundo paso, erradicación de las Fuerzas Armadas del territorio, tal y como plantea exigentemente  la CUP. Como 'precalentamiento', la Feria de Gerona ha expulsado a las Fuerzas Armadas de su Salón de la Juventud durante los próximos tres años. La misma medida que adoptó Ada Colau en la Feria de Barcelona. La "desmilitarización" ya ha empezado. Ahora se consagra en las líneas del acuerdo para la nueva Cataluña. 
Restablecer la honorabilidad de los Mossos d'Esquadra, institución cuya imagen resultó severamente damnificada por los episodios del referéndum del 1-O y sus derivados hasta el intento de golpe de Estado. Josep Lluís Trapero, anterior jefe operativo del cuerpo, así como sus responsables políticos, están actualmente imputados o en prisión. El documento para la investidura plantea la creación de una 'policía integral', en la que se incluirán los Mossos y los cuerpos de seguridad municipales, una cuestión que se ha planteado en ocasiones precedentes.

La construcción de la república

Las dos fuerzas mayoritarias del secesionismo consagran también el 'espacio libre en el exilio', es decir, la mansión de Waterloo donde reside Carles Puigdemont, como escenario desde el que se dirigirá la construcción de la república. Allí se asentarán tanto el 'consejo de la República' como la 'asamblea de representantes' y la propia presidencia. Dos veces al año peregrinarán hacia Bruselas los miembros de esa Asamblea para decidir cuestiones sobre la gestión política de Cataluña. Es decir, para recibir las órdenes del expresident. 
Elaborar una nueva Constitución, en base a aportaciones emanadas de un 'gran pacto ciudadano', para someterla luego a una 'multiconsulta', son las bases fundamentales de esta nueva etapa, bautizada ya en medios del independentismo como 'el Procés 2'. El documento incurre en excesos e ilegalidades de similar calado que los que condujeron a los episodios del 27 de octubre. No se menciona la palabra 'independencia' para evitar problemas con la Justicia. Pero se recogen todo tipo de excesos. 
La cuestión es lograr el respaldo de la CUP. El independentismo necesita sus cuatro escaños para proceder a la investidura de Sánchez. No parece que tal circunstancia se concrete, bien por el rechazo de los antisistema o porque el Supremo no permitirá al aspirante que salga de la cárcel para su investidura. De momento, los partidos de Puigdemont y de Junqueras han elaborado un papel para salir del paso. Incluído un nuevo referéndum. Ahí empezó todo.

jueves, 8 de marzo de 2018

¿Borbonea Felipe VI? / Javier Valenzuela *

Si alguno de los consejeros de Felipe VI tuviera dos dedos de frente y le quisiera de verdad, le rogaría de rodillas una rectificación de su proceder. Le recordaría lo que les ocurrió a su tío Constantino y su bisabuelo Alfonso por meterse en política, y le recomendaría que siguiera, en cambio, el ejemplo de exquisita neutralidad de su también pariente Isabel II. A ella nada ni nadie le saca de su papel ornamental. Ni tan siquiera el referéndum de Escocia.

Pero los consejeros de Felipe VI participan del tremendismo de derechas que infecta España. El que, por ejemplo, auguraba el fin de la continuidad en Barcelona del Mobile World Congress por el hecho de que Ada Colau no asistiera al besamanos al monarca. Pues bien, el Mobile World Congress valoró su edición 2018 como “una de las más exitosas” y tan solo lamentó que hubiera hecho “mal tiempo”.

Al negocio internacional de la telefonía móvil le importa un carajo si tal o cual rinde o no pleitesía (ahora se emplea el eufemismo de “respeto institucional”) al Borbón. Eso solo obsesiona a nuestros políticos y periodistas cortesanos. Los del Mobile se mueven por las compraventas, los buenos hoteles y restaurantes, el clima agradable y, en no pocos casos, el sexo fácil. El asunto es así, no lo he inventado yo.

Las gentes de ese y otros negocios, al igual que los turistas, no desean, por supuesto, disturbios, atentados y catástrofes. Eso les ahuyenta, pero no la politiquería local. Que no les engañen: si el conflicto de Cataluña inquietó durante un momento a las opiniones públicas del extranjero fue por las imágenes de violencia policial del pasado 1 de octubre que pudieron ver en sus telediarios.

Los cortesanos se han extrañado por ese reciente editorial del Times de Londres que recomienda a Felipe VI y Mariano Rajoy que dejen de perseguir a los independentistas catalanes y dialoguen con ellos. No tienen ni idea de que Reino Unido es una democracia vieja, inteligente y liberal, regida, incluso en un medio conservador como el Times, por ese common sense que permitió la celebración del referéndum escocés. Por cierto, tiene bemoles que el diario londinense dijera lo que no es capaz de decir ningún diario impreso español. Dice mucho sobre la mediocridad y el servilismo aquí imperantes.

Lo que aquí tenemos es una intensa propaganda, que, indudablemente, formatea muchas opiniones. Es la que aplaudió a rabiar la intervención agresiva y partidista sobre el conflicto catalán de Felipe VI del pasado 3 de octubre. ¿No hubo nadie en Zarzuela, Moncloa o Ferraz que tuviera el valor de decirle al monarca que lo mejor era callarse como Isabel II en el caso escocés, o, en todo caso, adoptar un tono moderado y arbitral, hacer un llamamiento genérico al diálogo, la negociación y el acuerdo en el marco de la legislación vigente?

No lo hubo, bien lo sabemos. Rajoy, Sánchez, Rivera y compañía ensalzaron a Felipe VI como supremo defensor del orden constitucional. Vinieron a decir que su intervención televisiva del 3 de octubre igualó a la de su padre en la noche del 23-F. Tal comparación era un colosal disparate: el 23-F hubo un Congreso secuestrado por hombres armados, hubo disparos en ese Congreso y hubo tanques en las calles de Valencia.

Felipe VI se lo ha creído, le ha soltado a Colau que su papel es defender la Constitución y se ha metido en otro charco. Lo ha dejado muy fácil a los que estos días recuerdan que solo ha irrumpido de modo extraordinario en el prime time televisivo de los españoles cuando los independentistas catalanes han puesto en cuestión su mamandurria.

Las redes sociales se han llenado de comentarios al respecto. ¿Acaso se le ha visto pedir pista para defender el artículo 50 de la Constitución que establece el derecho de los mayores a cobrar pensiones dignas y actualizadas? ¿O el derecho al trabajo de los parados? ¿O el derecho a la vivienda de los desahuciados? ¿O el derecho a la libertad de expresión de las víctimas de la Ley Mordaza?

No se sabe cuántos españoles son republicanos, jamás se les ha permitido elegir explícitamente en referéndum entre una y otra forma de Estado. Como le confesó Suárez a Victoria Prego, no se hizo durante en la Transición porque cabía la posibilidad de que perdieran los monárquicos. Así que el tema se metió en un paquete. ¿Quieres democracia? Pues vota sí a este texto. Es todo o nada.

En todo caso, la mayoría de los republicanos hemos demostrado que estamos dispuestos a soportar un monarca si nos sale barato, es discreto y no mete a España en más líos. Felipe VI no nos sale demasiado barato: es posible que un presidente de la República a la alemana nos costara menos. Felipe VI no es discreto: ¿a qué vino el vídeo del almuerzo familiar y el paseíto en coche con la que está cayendo? Felipe VI tampoco parece servir para eso que decían tanto los socialistas sobre “el papel de la corona como elemento integrador de los pueblos de España”: miren la que se ha liado en Cataluña durante su reinado.

Empieza a decirse que Felipe VI no es tan simpático como su padre, que parece más soberbio y más de derechas que Juan Carlos, que menuda mirada le dirigió a Roger Torrent en la cena del Mobile…  Esto es lo malo que tiene meterse en política, pensarán en algunas casas reales europeas. A ti no te ha votado nadie, querido Felipe. Respeta a todos los contribuyentes que pagan tu sueldo, tus gastos y los de tu familia. Sonríe y calla. No borbonees.
 
 
 
(*) Periodista
 
 

ERC pide que se despenalicen las injurias a la Corona y la quema de banderas

MADRID.- Esquerra Republicana (ERC) defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición de ley para derogar los artículos del Código Penal en los que se castiga con penas de prisión el delito de calumnias o injurias a los miembros de la Casa Real y el que establece multa por ofensas o ultrajes a España, sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas.

Los independentistas catalanes han decidido incluir el debate de toma en consideración de esta iniciativa en la sesión plenaria del próximo martes, según el orden del día acordado este martes por la Junta de Portavoces.
La portavoz de Justicia de ERC, Ester Capella, autora de esta propuesta presentada el pasado 10 de noviembre, alega que "la libertad de expresión es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas libremente, y por tanto, sin censura", y que así queda recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Estados Unidos como ejemplo

Los independentistas catalanes defienden que una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión y sugiere tomar como ejemplo otros países de larga tradición democrática, como Estados Unidos, donde su derecho constitucional considera que la quema y otros actos de sacralización de la bandera norteamericana están protegidos, "en tanto que se consideran muestras de libertad de expresión".
ERC pone también como ejemplo la portada secuestrada de la revista El Jueves, en julio de 2007, con el entonces heredero de la Corona como protagonista, o la persecución al rapero mallorquín Valtònyc por sus referencias a la monarquía.

IU también lo defiende

El Código Penal contempla que las injurias a la Corona serán castigadas con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son. De su lado el ultraje a la bandera de España o sus comunidades conlleva una pena de multa de siete a doce meses.
Pero ERC no es el único partido que ha planteado despenalizar las injurias a la Corona o el ultraje a España. Recientemente, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, presentó en el Congreso una propuesta de reforma legal para eliminar estos dos artículos, así como los que hacen referencia al enaltecimiento del terrorismo o la vejación de representantes religiosos, por considerar que son "obsoletos" y "ambiguos" y que, además, se están utilizando para restringir la libertad de expresión.

'Politico Europe' cuestiona el relato de que España es el mejor ejemplo del proyecto europeo

BRUSELAS.- Duele desde su mismo título: "Un 'país de ladrones' brega con la corrupción" ('Country of thieves' wrestles with corruption). El país en cuestión es España y el título es el de la "Carta desde Madrid" que escribe Guy Hedgecoe en Politico Europe, el diario más leído y más influyente entre la fauna que se mueve en Bruselas, capital de la Unión Europea. Dos frases resumen el contenido. Una, el subtítulo: "El deficiente sistema judicial y el legado del fascismo aún contaminan los partidos políticos en España". Otra: "Este es un país de chorizos y de una justicia que no funciona", dicha por el dirigente comunista Julio Anguita en el 2009 y que Hedgecoe recuerda, según ElNacional.cat de Barcelona.

La cosa es que la pieza concentra en cuatro o cinco minutos los casos de corrupción más conocidos, simplificados, en frío, tal como los ve un extranjero (el autor, irlandés, trabaja en España desde 2003). Es un puñetazo. Leer, de corrido —no aquí y allí—, que entre julio de 2015 y septiembre de 2016, 1.378 funcionarios o políticos de todos colores fueron juzgados por corrupción; que el PP tiene ahora mismo 50 casos de ídem en los tribunales; que el exsecretario general del PP de Valencia ha aceptado ante el Supremo que financió campañas electorales con dinero negro; que dos ex presidentes de Andalucía están procesados por presunta participación en una estafa con dinero público por importe de 136 millones de euros; que al tesorero de CDC le han condenado por el caso Palau (seis millones en comisiones); que España ocupa la posición 42 en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International, detrás de Costa Rica y Botsuana.... Leyéndolo todo de golpe ¿qué cara se le queda, allende los Pirineos, a un eurócrata, a un diplomático o a un euroquídam cualquiera?
Según la crónica, "los abusos cometidos en la actual España tienen sus raíces en la dictadura de Franco", que "puso en práctica lo que Paul Preston ha llamado 'pillaje institucionalizado'". De aquí a cuestionar el mito de la transición va una micra. Los comentaristas que cita el periodista apuntan en esta dirección. Las democracias surgidas del fascismo heredan las estructuras corruptas, dice uno. Remacha otro: administrar una nueva democracia es muy difícil si no es con los métodos aprendidos durante la dictadura. Añade un tercero: los mismos partidos han gobernado demasiado tiempo, han debilitado los controles y equilibrios del sistema. Se han convertido en mafias, concluye otro más.
"En España, la justicia contribuye al déficit [democrático]", explica Hedgecoe, que cita el Eurobarómetro del año pasado, que muestra que los españoles "tienen menos fe en la independencia del poder judicial que cualquiera de sus vecinos de la UE, excepto Hungría y Polonia". Para acabar de arreglarlo, recuerda la dimisión del nuevo fiscal anticorrupción después de que los papeles de Panamá revelaran que tenía activos escondidos en una empresa offshore. Encima, "la sensación que los medios de comunicación no vigilan a políticos y empresas con rigor adecuado".
No es extraño, concluye uno de los comentaristas, historiador, que los políticos españoles "experimenten la impunidad que los políticos franquistas solían experimentar".
El artículo trata del alcance de la corrupción y de sus raíces. No es un retrato completo de España, ni tampoco una pieza académica. A su tono reprobatorio, entre el regaño y la bronca, contribuye la parcialidad de los citados en la crónica, todos, digamos, "indignados": Darío Adanti y Edu Galán, director y editor del mensual satírico Mongolia; Jaume Muñoz historiador, director de L'Avenç y autor de "La España Corrupta" (prologado por Paul Preston); Joan Coscubiela, exportavoz de CSQP, y Simona Levi, dramaturga, activista y directora del Master en Derechos Civiles, Tecnopolítica y Cultura Digital de la UPF Barcelona School of Management y coautora de "Votar y cobrar - La impunidad como forma de gobierno".
“Me interesa muchísimo por qué hay tantos casos de corrupción en España y quería entenderlo”, explica Hedgecoe a El Nacional. Sobre la selección de fuentes: “no quería hablar con políticos, obviamente. No pensaba que toda la gente con quien hablé me remitiría a Franco como origen de todo. Entiendo que no es la única causa, pero es la raíz”.
El periodista no lo ha pasado muy bien: “es un tema delicado: no quieres hablar de Franco cuando hablas de España”. Otra causa de la corrupción es la concentración de poder en algunos partidos: el PSOE en Andalucía, el PP en Valencia y Madrid, CDC en Catalunya... Y otro factor son los medios, que tienen un papel importante en todo esto”.
Esta crónica, más panorámica que otras recientes, por muy incompleta y tendenciosa que se quiera, contiene hechos que afectan al mismo relato de la UE, que suele presentarse en el mundo como la institución que sostiene el periodo de paz más largo nunca conocido en el continente (Premio Nobel de Paz 2012), y se gusta señalando España como mejor muestra de los beneficios del proyecto europeo. No sólo cuestiona este marco de interpretación. Promueve el contrario. ¿Por ejemplo, como cae, en este contexto, la represión del independentismo, o la noticia de que se ha cambiado el régimen del IVA con efectos retroactivos para los centros catalanes de investigación, algunos de referencia mundial, que ahora tienen que abonar, de golpe, 20 millones de euros a Hacienda? Pues cae, como imagina cualquiera, en el contexto de la corrupción y del abuso. Estas crónicas escuecen.