Sale a la luz la “Rebelión de Alicante”: políticos españoles muestran temor a inaugurar obras

MADRID.- Diputados y senadores mostraban temor y preocupación en los pasillos de las cámaras ubicadas en Madrid por los incidentes sucedidos en Alicante durante la inauguración del AVE. Lo que se preveía un día de fastos y fanfarrias se transformó, gracias a la actitud decidida de casi un millar de ciudadanos, en un acto de rebeldía frente a Mariano Rajoy, el príncipe Felipe y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada por corrupción.  Los vídeos ciudadanos, alguno de los cuales alcanzó 70.000 visitas en 48 horas, han permitido calibrar el alcance de las ruidosas protestas de los alicantinos. 

Los parlamentarios españoles temen que las protestas en las inauguraciones políticas de las millonarias obras públicas, que se sucederán durante un año hasta las próximas elecciones europeas, transformen lo que todos creían “un sueño” para una ciudad en una “pesadilla” para quienes acuden a lo que vulgarmente se llama “hacerse la foto”. Y muestran su “temor” porque ya no está garantizada su seguridad personal, algo que han podido comprobar los numerosos cargos públicos de PP y PSOE que acudieron a la cita, entre ellos la ex ministra socialista Magdalena Alvarez, conocida como “Maleni”, que acudió a respaldar a Rajoy, el príncipe Felipe y los ministros Ana Pastor y García Margallo.

En el Congreso de los Diputados y en el Senado se conoce ya oficiosamente como “la rebelión de Alicante” lo que acaeció el 17-J en esta ciudad. Y en los pasillos de las cámaras no se hablaba de otra cosa. Aunque las televisiones oficiales minimizaron todo lo que pudieron las protestas, gracias a los vídeos emitidos en internet, particularmente en youtube, se ha sabido que la mayor parte de los ciudadanos alicantinos que acudieron a la inauguración de esta fastuosa obra, lejos de alegrarse por ella, asistieron no para aplaudir sino para protestar pacífica pero ruidosamente.

Los políticos que se expresaban confidencialmente en las cámaras eran sobre todo pertenecientes a la Comunidad Valenciana, pero también de otras zonas limítrofes o cercanas como Murcia, Castilla la Mancha, Cataluña, Aragón o Andalucía. Y en todos ellos se evidenciaba un rostro de preocupación, mezclado a veces con la ansiedad: a partir de este 17-J en Alicante, ya nada será lo mismo.

Lo que el político local considera como un “día de gloria personal” (la inauguración de una costosa obra pública para “hacerse la foto” con ministros, presidentes y hasta miembros de la Casa Real) ahora es un acto público que es sinónimo de “bochorno”, “deshonra” y hasta “peligro para nuestra integridad personal”, según comentaban entre ellos en privado. Y es que los alicantinos, quizás sin saberlo, han reproducido lo que hace un siglo y medio ocurrió en la cercana ciudad de Cartagena: el 12 de julio de 1873 los ciudadanos cartageneros también mostraron su rebeldía y se sublevaron contra sus autoridades para expresar su descontento. En aquel 12-J se acuñó la conocida frase española de “¡Viva Cartagena!”, sinónimo durante muchos años del cantonalismo como expresión de rebeldía popular frente al naufragio del Estado.

La tumultuosa inauguración del AVE de Alicante también ha puesto en guardia a la “clase política” española por otros dos motivos. Sabedores de que los jueces respaldan el derecho de manifestación y protesta de los ciudadanos, los sindicatos policiales han advertido a sus afiliados que no pueden quebrantar este principio constitucional porque también ellos van a hacer uso del mismo y está penado por la ley reprimirlo. Al tiempo, los diputados y senadores han conocido que en las recientes protestas que han tenido lugar en Brasil, han sido los propios policías los que se han puesto de parte de los manifestantes, en algunos casos incluso deponiendo sus armas, lo que ha obligado a recular a la presidenta Dilma Rousseff.

La Fiscalía se opone a que el ex presidente Aznar declare como testigo por los sobresueldos del PP

MADRID.-  La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el expresidente del Gobierno José María Aznar declare como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, al considerar que el pago de sobresueldos "no revela a priori ninguna actividad de naturaleza delictiva, que en cualquier caso y por el tiempo en que tuvieron lugar no podrían ser objeto de persecución".

   En un escrito remitido este viernes al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal Antonio Romeral señala que la declaración de Aznar, solicitada por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), "no resulta ni necesaria ni útil" para el esclarecimiento de los hechos investigados al no aportar "ningún conocimiento adicional, relevante y necesario".

   El Ministerio Público sostiene que la contabilidad oficial del PP recoge pagos a Aznar de 782.695,12 entre 1990 y 1996 que no tienen "ningún reflejo" en los 'papeles de Bárcenas'", por lo que su declaración por este extremo no resultaría "ni tan siquiera útil a los efectos de obtener algún indicio sobre la verosimilutud de dichos documentos".

   En relación con las "entregas J.M." que aparecen consignadas en los 'papeles de Bárcenas' entre abril y agosto de 1990 por importe de 1.530.000 pesetas (9.195,49 euros), el fiscal sostiene que no existe "ningún elemento o indicio" que permita afirmar que estas iniciales "se correspondan con las del testigo".

 "Y en cualquier caso ningún efecto tendría ello en el ámbito de la investigación que se lleva a cabo", añade el escrito.

   ADADE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, también reclamó que el exjefe del Ejecutivo explicara ante el juez si autorizó el pago de 3.600 euros mensuales al exconsejero navarro Calixto Ayesa entre 1991 y 1995, tal y como aparecía en los manuscritos de Bárcenas y corroboró ante el juez el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo.

   A pesar de que estos pagos también "carecerían de relevancia penal", el Ministerio Público señala que en la declaración de Del Burgo no existe "contradicción alguna" con la de Ayesa, que confirmó los pagos como compensación al cierre de su clínica dermatológica, ni "motivo de desconfianza".

   En el escrito, Romeral también acusa a ADADE de mostrar un interés en la causa que "se aparta del que ha de presidir la instrucción judicial de esclarecer los hechos presuntamente delictivos que conforman su objeto". 

"Su interés se centra más bien en someter la conducta del testigo a la censura y valoración, al menos, de las partes, en relación con los hechos en que fundamenta su petición, lo que excede de la función del proceso penal", apunta.

   ADADE quería que la declaración tenga lugar en la sede de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), de la que Aznar es presidente, al haber renunciado a su puesto en el Consejo de Estado por ser "incompatible" con su condición como "miembro del Consejo de Administración de un grupo internacional de comunicaciones".

El Gobierno español prevé ahorrar 37.700 millones con la reforma de la Administración

MADRID.- El Gobierno español de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación. 

  Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), algunas de las cuáles ya adelantó hace dos días el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Si se aplicasen las 217 medidas recogidas en ese documento, el ahorro sería de 6.500 millones

  Sáenz de Santamaría ha avanzando que el Ejecutivo ha creado además una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo. Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado y que tendrá rango de subsecretaria, que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma y anualmente presentará un "análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer".

  La portavoz del Ejecutivo ha explicado que 37.000 millones es la cifra "global" del ahorro incluyendo desde el 2012 al 2015, y todo el "adelgazamiento" de las administraciones públicas, esto es, las medidas de la CORA, la reforma local -cuyo ahorro se aproxima a los 8.000 millones de euros-- y las medidas estructurales sobre empleo público --alrededor de 19.000 millones--.

   Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha calculado lo que ahorra la administración y lo que ahorra el ciudadano. Según ha dicho, hasta su completa implantación en el 2015 la reforma genera a las administraciones públicas un ahorro de 6.500 millones y al ciudadano de 16.300 millones.

   Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, a las que se les ofrece "una guía" de recomendaciones y sugerencias para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, el informe del Gobierno incluye en concreto 120 medidas sobre duplicidades.

   Fuentes gubernamentales han admitido que en los 6.500 millones de euros que calcula el Ejecutivo se han contabilizado las medidas sobre duplicidades como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos. Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno tiene cálculos sobre lo que cuesta tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo Nacional, que ascendería a unos 400 euros, y lo que cuesta ante el mismo órgano a nivel autonómico, que se elevaría a unos 800 euros.

  Sáenz de Santamaría ha subrayado en la rueda de prensa que el objetivo del Gobierno es hacer una administración "más racional, más eficaz y eficiente", así como que "funcione mejor" y de una "manera más barata".

   En parecidos términos se ha expresado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha señalado que es una reforma dotada de "autenticidad" que pretende hacer más eficaces a las administraciones para que sean "trampolines" para salir de la crisis económica.

El precio del progreso / Boaventura de Sousa Santos *

Con la elección de la presidenta Dilma Roussef, Brasil quiso acelerar el paso para convertirse en una potencia global. Muchas de las iniciativas en ese sentido venían de atrás, pero tuvieron un nuevo impulso: Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, Rio+20 en 2012, Mundial de Fútbol en 2014, Juegos Olímpicos en 2016, lucha por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, papel activo en el creciente protagonismo de las “economías emergentes”, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), nombramiento de José Graziano da Silva como director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2012 y de Roberto Azevedo como director general de la Organización Mundial del Comercio a partir de 2013, una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en África, principalmente en Mozambique, fomento de la gran agricultura industrial, sobre todo para la producción de soja, agrocombustibles y la cría de ganado.

Beneficiado por una buena imagen pública internacional granjeada por el presidente Lula y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impone ante el mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. No podía, pues, ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en la última semana sacaron a la calle a centenares de miles de personas en las principales ciudades del país. Si ante las recientes manifestaciones en Turquía la lectura sobre las “dos Turquías” fue inmediata, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de “dos Brasiles”. Pero está ahí a ojos de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia natureza del “otro Brasil”, un Brasil furtivo a análisis simplistas. Ese Brasil está hecho de tres narrativas y temporalidades. La primera es la narrativa de la exclusión social (uno de los países más desiguales del mundo), de las oligarquías latifundistas, del caciquismo violento, de las élites políticas restrictas y racistas, una narrativa que se remonta a la colonia y se ha reproducido sobre formas siempre mutantes hasta hoy. La segunda narrativa es la de la reivindicación de la democracia participativa, que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988, en los presupuestos participativos sobre políticas urbanas en centenares de municipios, en el impeachment del presidente Collor de Mello en 1992, en la creación de consejos de ciudadanos en las principales áreas de políticas públicas, especialmente en salud y educación, a diferentes niveles de la acción estatal (municipal, regional y federal). La tercera narrativa tiene apenas diez años de edad y versa sobre las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula da Silva a partir de 2003, que condujeron a una significativa reducción de la pobreza, a la creación de una clase media con elevada vocación consumista, al reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena y a las políticas de acción afirmativa, y a la ampliación del reconocimiento de territorios y quilombolas [descendientes de esclavos] e indígenas.

Lo que sucedió desde que la presidenta Dilma asumió el cargo fue la desaceleración o incluso el estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no existe el vacío, ese terreno baldío que dejaron fue aprovechado por la primera y más antigua narrativa, fortalecida bajo los nuevos ropajes del desarrollo capitalista y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes infraestructuras y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obcecadas  por el deseo de éste. Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de responder a las expectativas de quien se sentía merecedor de más y mejor. La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional, que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentó el asesinato de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al crecimiento” simplemente por luchar por sus tierras y formas de vida, contra el agronegocio y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la presa de Belo Monte, destinada a abastecer de energía barata a la industria extractiva).

La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de indisimulable hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas, un cambio drástico respecto a su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los aliados políticos más conservadores las agendas que consideró menos importantes. Así, la Comisión de Derechos Humanos, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homófobo, que promovió una propuesta legislativa conocida como cura gay. Las manifestaciones revelan que, lejos de haber sido el país que se despertó, fue la presidenta quien se despertó. Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Dilma dejó claro que las respuestas represivas solo agudizan los conflictos y aislan a los gobiernos. En ese sentido, los alcaldes de nueve capitales ya han decidido bajar el precio de los transportes. Es apenas un comienzo. Para que sea consistente, es necesario que las dos narrativas (democracia participativa e inclusión social intercultural) retomen el dinamismo que ya habían tenido. Si fuese así, Brasil mostrará al mundo que sólo merece la pena pagar el precio del progreso profundizando en la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo la diferencia cultural y política de aquellos que consideran que el progreso sin dignidad es retroceso.

(*)  Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático de Sociología en la Universidad de Coímbra

La pobreza y la desnutrición infantil en la agenda política / José Oneto

Después de numerosos señales de alarma, se están produciendo las primeras reacciones para afrontar una serie de problemas que ha provocado la crisis económica y que afectan, sobre todo, a la población infantil: la desnutrición, el raquitismo, la falta de alimentos que hacen que muchos niños se vean obligados a vivir confiando solamente en Cáritas y en los Bancos de Alimentos, y la progresiva exclusión social de muchos menores, que les hace vivir en un mundo, que en nuestro país, no se conocía desde el final de la Guerra civil.

El que este verano, en plenas vacaciones muchos colegios españoles tengan que abrir sus puertas para poder dar de comer a parte de esa población infantil, al borde de la exclusión social, que carece de recursos y que solo tienen acceso a las comidas que les proporciona el Colegio (caso de Canarias, o caso de Andalucía, donde se está dando tres comidas diarias a la población infantil sin otros recursos) ha hecho que intervenga la Defensora del Pueblo y que el Gobierno, por boca de su presidente, haya anunciado en el Parlamento que, parte del 0,7% de la declaración de la Renta que se dedica a fines sociales, se atenderá especificamente a la pobreza infantil, y que en el plazo de seis meses, se presentará un plan contra la exclusión social.

Pero, teniendo en cuenta la proximidad del periodo de vacaciones escolares, La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha solicitado información sobre el número aproximado de menores que pueden estar en esta situación y sobre las intervenciones que se están llevando a cabo para atender la alimentación adecuada de los mismos. También quiere conocer el coste y las previsiones temporales para la puesta en marcha de medidas destinadas a paliar estos problemas.

La Defensora del Pueblo considera que la alimentación infantil debe ser una prioridad para los servicios sociales de las Comunidades Autónomas y, en ese esfuerzo, deben comprometerse el conjunto de las administraciones públicas. Por este motivo, tras conocer informes que alertaban de situaciones de alimentación inadecuada de los menores, la Defensora, ha decidido iniciar esta investigación de oficio, para promover e incentivar medidas que palíen la alarmante desnutrición infantil, que se ha detectado en colegios donde los niños sufren desmayos e, incluso alteraciones del carácter, según han denunciado los servicios sociales.

Las estadísticas nacionales señalan que el 26% de los menores españoles, 2,2 millones de niños, viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, por lo que por primera vez se sitúan como el colectivo más pobre de España. Así se desprende del último informe sobre la infancia. El impacto de la crisis en los niños realizado por Unicef, que destaca que en dos años hay casi 205.000 niños más que viven en hogares cuyos ingresos son inferiores a 16.000 euros anuales para una unidad familiar de dos adultos y dos niños.

Subraya que el número de hogares con niños con todos los miembros adultos sin trabajo ha crecido un 120% entre 2007 y 2010, lo que según esta organización demuestra que el impacto de la crisis está siendo más fuerte en las familias con menores que en aquellos núcleos en los que no hay niños. Además, los datos de Unicef España ponen de relieve que se ha intensificado la vulnerabilidad en aquellos hogares que ya padecían una situación de pobreza crónica, aquellos que llevan tres de los cuatro últimos años bajo el umbral de la pobreza.

Ahora, después de que el PP rechazase una propuesta socialista para aprobar un vasto plan contra la pobreza, el Gobierno ha prometido incluir en su agenda la situación del sector más débil del escalón social, la población infantil y ha prometido la presentación de un Plan contras la exclusión social, en el plazo de seis meses, un plazo probablemente demasiado largo para los niños con hambre y que tienen la nevera vacía, según se ha denunciado en el Parlamento. 

“La malnutrición es propia de países subdesarrollados”, ha dicho esta semana Rosa Díez de UPyD (Unión Progreso y Democracia) en una interrelación al Gobierno, tras enumerar los casos que hay en España – Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, especialmente – de niños que no comen suficientemente en sus hogares como constatan en los colegios y que se ha llegado a la creación de programas especiales para que coman tres veces al día.”

En este sentido, y, aunque su grupo votó en contra de la iniciativa socialista de crear un fondo de 1.000 millones de euros contra la pobreza, hasta la diputada del Grupo Popular Susana Camarero ha reconocido la gravedad de la situación al invocar el informe de UNICEF 2012-13 en el que señala que el 13,7% de los menores de 18 años vive en hogares con un nivel “de pobreza alto”. Se trata de familias con dos niños menores de 14 años y con ingresos inferiores a 10.983 euros. “Es la cifra más elevada de todos los países de la Unión Europea de los 15, y solo tienen por debajo a Rumanía y Bulgaria en la Europa de los 27″.

http://www.republica.com/2013/06/20/la-pobreza-y-la-desnutricion-infantil-en-la-agenda-politica_667457/ 

Vicente Gimeno: “La corrupción política puede acabar generando auténticas mafias”

MADRID.- "La corrupción política en España podría acabar generando la aparición de auténticas mafias". Esta es la advertencia que ha lanzado este jueves Vicente Gimeno Sendra, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Procesal de la UNED en el marco de la jornada La corrupción política. Propuesta de medidas legislativas impulsada por el Consejo General de la Abogacía Española.

 “El alcalde de Polop fue asesinado por intereses urbanísticos”, ha ejemplificado, pese a que el crimen de Alejandro Ponsoda aún permanece sin resolver. El motivo de la expansión de la corrupción, que en casi una década ha alcanzado 800 casos y 2.000 denuncias es, a juicio de Gimeno, la desaforada expansión urbanística de los años de bonanza económica.

Gimeno ha participado en la jornada con el también catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y exletrado del Constitucional Joan Queralt Jiménez. Ambos han propuesto una batería de medidas legislativas para frenar la corrupción. Queralt ha sugerido que se apliquen penas de inhabilitación para volver a ejercer un cargo público en detrimento de las privativas de libertad. “Hay que dar donde duele”, ha aseverado.

El catedrático ha reconocido que hace falta una reacción más enérgica de la magistratura para combatir este tipo de delitos, pero ha admitido que actualmente no hay herramientas suficientes ya que la justicia se encuentra anquilosada. “Los procesos penales son eternos y generan la sensación de impunidad en la sociedad”.

Gimeno ha señalado la necesidad de modificar la manera en que los partidos se financian para evitar que se produzcan casos de donaciones irregulares, como ha ocurrido con las supuestas que conformaron una contabilidad en b al PP que se investigan dentro del caso Bárcenas. Para evitarlo, se ha mostrado partidario de que el cien por cien de los ingresos de un partido provengan de los Presupuestos Generales del Estado, y que se les prohíba recibir dinero de donaciones y de cuotas de socios. “Prefiero que me suba los impuestos si sé que van a terminar con este problema”.

En su intervención, el magistrado emérito ha insistido en que la corrupción política ha aflorado demasiado en las comunidades del Mediterráneo desde que estallara hace siete años el caso Malaya en Marbella. “Solo en el Parlamento valenciano hay 10 imputados por corrupción, podrían hacer un partido propio”, ha bromeado. A su juicio, no sobran funcionarios en la Administración, pero sí “políticos de lujo", asesores y cargos duplicados. “La mayoría de los políticos son honestos y trabajadores, pero deben purgarse a sí mismos”.
También ha achacado el ingente número de casos en España al anquilosamiento de la Justicia por la escasa inversión del Gobierno en el poder judicial y su consiguiente atasco. “En España hay un juez por cada 100.000 habitantes y un político por cada 300”, ha reprochado. "Se ha recortado un 20% a Justicia en los Presupuestos, eliminado un 80% de jueces sustitutos y tres unidades de policía judicial en Costa del Sol, Mallorca y Levante", ha completado Queralt.
Incrementar las partidas para el poder judicial o el autogobierno de la magistratura o establecer un servicio informático único que permita a jueces de diferentes autonomías comunicarse han sido otras medidas que ha citado como posible solución para agilizar la justicia, un aspecto clave a la hora de combatir la corrupción. "El tiempo medio desde que se inicia una instrucción hasta que sale la sentencia es de cinco años, es intolerable", ha recalcado Queral.
Gimeno también ha citado revisar el aforamiento para que un imputado no puede acogerse a esa condición si el delito fue cometido antes de su mandato o permitir a los jueces de lo contencioso administrativo dictar licencias de urbanismo para evitar sobornos.

El juez Silva deja a Blesa en libertad

MADRID.- El juez de Instrucción nº 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ha decretado este jueves la puesta en libertad del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa tras la petición realizada hace unas horas por la Fiscalía y su abogado defensor. Blesa ha permanecido en prisión quince días desde que volviera a la cárcel por segunda vez el pasado 5 de junio.

   A primera hora de esta tarde, el abogado del exbanquero, Carlos Aguilar, llegaba a la prisión en Soto del Real con el auto y el mandamiento de libertad, han señalado hoy fuentes jurídicas.

   A las puertas de la prisión el letrado ha manifestado a los medios de comunicación congregados en el lugar que estaba parcialmente satisfecho con la puesta en libertad de su cliente ya que ha permanecido varias semanas de manera "injusta" en prisión y esta circunstancia es difícilmente reparable. Todavía no ha decidido si adoptará medidas contra el instructor del caso.

   La decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara este miércoles las actuaciones derivadas de la investigación sobre el préstamo de 26,6 millones de euros concedido al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad.

   Entre ellas, ha quedado así anulada la resolución por la que se le impuso una fianza de 2,5 millones para poder eludir la cárcel la primera ocasión en la que se acordó su ingreso. Entonces, Blesa pagó la caución en menos de 24 horas y salió a la calle el pasado 17 de mayo, una fianza que tiene derecho a recuperar, según las fuentes consultadas.

   Aunque Blesa se encuentra en prisión desde el pasado 5 de junio en relación con una pieza separada de esta causa -por la venta del City National Bank de Florida-, tanto la Fiscalía como su defensa solicitaron esta mañana su excarcelación al considerar que era obligada tras la nulidad de la pieza principal.

   La Audiencia de Madrid anuló este procedimiento por considerar que el juez Elpidio José Silva, que rechazó inicialmente la querella que originó las actuaciones, lo había reabierto meses después sin un soporte probatorio suficiente. El auto añadía que se atentó además  contra el derecho a la intimidad y al secreto de comunicaciones tanto de Blesa como de Díaz Ferrán al ordenar tener acceso al contenido de sus correos electrónicos.

   En el escrito presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid se solicitaba la puesta en libertad por la "falta de validez de los nuevos elementos probatorios" invocados por el juez Silva para justificar el ingreso en prisión de Blesa y por la "falta de legitimación" de Manos Limpias que ejerce la acusación y solicitó la medida cautelar de la prisión provisional.

   El sindicato Manos Limpias, que ha ejercido la acusación en el 'caso Blesa', ha adelantado que plantea llegar hasta el Tribunal Supremo para que se reabra la investigación contra "una pareja --en referencia a Blesa y Gerardo Díaz Ferrán-- que se ha llevado por delante tres líneas aéreas, un baluarte del turismo español y la cuarta entidad financiera" del país.

   El juez Silva acordó en noviembre pasado reabrir las actuaciones que se incoaron después de que Manos Limpias presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Imputa a ambos  delitos societarios y falsedad documental.

   Manos Limpias acusa al que fuera presidente de Caja Madrid de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un 'holding' empresarial que se encontraba en quiebra".

   El juez Fernando Andreu rechazó la admisión a trámite de este asunto argumentado que el sindicato presentaba los hechos que serían objeto de investigación "de una forma muy genérica y sin ninguna concreción", pretendiendo la ampliación del procedimiento "a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente".

Casi el 90% de los españoles cree que España es un país corrupto

MADRID.- Casi el 90 por ciento de los españoles cree que España es un país corrupto y el 75 por ciento considera que la imagen del país en el exterior no ha mejorado en los últimos meses, según el último Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE).

   "La corrupción, ahora mismo, tiene obsesionados a los españoles porque aparece en todos los medios y los escándalos de corrupción surgen de debajo de las piedras", ha declarado el investigador principal de la imagen exterior de España y opinión pública, Javier Noya.

   A pesar de que el 75 por ciento de los españoles cree que la imagen de España en el exterior no ha mejorado en los últimos meses, el 65 por ciento hace una valoración positiva de la iniciativa Marca España.

   "El ciudadano español da prácticamente la misma importancia a las políticas de imagen que a las políticas para solucionar los problemas reales de la economía: hay que hacer un esfuerzo para cambiar nuestra imagen en el exterior, aunque también en el interior del país", ha señalado Noya.

La Policía turca se gasta en 20 días casi todo el gas lacrimógeno comprado para 2013

ESTAMBUL.- La Policía turca ha hecho una oferta para adquirir 100.000 nuevos botes de gas lacrimógeno y 60 nuevos tanques de agua, según ha informado este miércoles el diario turco 'Milliyet', debido al gasto del material durante las protestas en Estambul y otras ciudades.

   En el año 2013 la Policía Nacional había comprado 150.000 botes de gas lacrimógeno, de acuerdo con el plan anual de gasto. El uso excesivo por parte de las fuerzas de seguridad ha provocado una drástica caída en la cantidad del material almacenado: 130.000 botes de gas lacrimógeno se han utilizado en tan solo 20 días durante las protestas del parque Gezi, que comenzaron en Estambul y que se han propagado por 77 provincias del país.

   La Policía espera adquirir también un total de 60 tanques antidisturbios de agua, 45 grandes y 15 de menor tamaño, ya que los que poseen han sufrido muchos daños durante las protestas, según ha informado el diario 'Milliyet'.

   El Departamento de Abastecimiento y Mantenimiento, encargado de organizar el pedido, planea que la compra del material se lleve a cabo gracias a un fondo de excedentes del primer ministro en caso de que Hacienda responda negativamente al nuevo presupuesto.

La acusación dice que los dirigentes del PP se repartieron 22,3 millones en sobresueldos

MADRID.- La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B atribuida al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, cifra en 22.334.747,26 euros el dinero que los dirigentes de esta formación se habrían repartido en sobresueldos y gastos de representación entre los años 1990 y 2011. 

   Así consta en un escrito remitido por esta parte al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que se reclama que 40 dirigentes y antiguos responsables 'populares', entre ellos el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exjefe del Ejecutivo José María Aznar, aporten sus declaraciones fiscales para corroborar que declararon a Hacienda estas percepciones.

   El escrito de la asociación de letrados, que adjunta una tabla de remuneraciones realizada a partir de los denominados 'papeles de Bárcenas', la contabilidad oficial del PP y del Tribunal de Cuentas y la información remitida por la UDEF y la Agencia Tributaria, también pide al juez Ruz que dirija un oficio al Congreso de los Diputados y al Senado para que entreguen las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los cargos 'populares' que ocuparon un escaño.

   De igual modo, ADADE señala en su escrito que las cantidades que habrían percibido los dirigentes del PP, según los manuscritos atribuidos a Bárcenas que fueron publicados el pasado 31 de enero por el diario 'El País', ascenderían a un total de 1.754.844,18 euros.  

   Según la tabla de ADADE, el dirigente 'popular' que más dinero cobró en sobresueldos y gastos de representación fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con 1.580.752,81 euros entre 1990 y 2011. Al sumar su sueldo como parlamentario, como presidente del Gobierno y ministro y las percepciones consignadas en los 'papeles de Bárcenas' sus  remuneraciones ascienden a 3.473.853,60 euros.  

   El extesorero Bárcenas habría percibido 3.553.323 millones de euros, de los que 3.152.518 corresponderían a gastos de representación, mientras que su antecesor, Álvaro Lapuerta, se habría embolsado 2.722.624,39, con unos sobresueldos de 1.980.364,44 euros.

   También aparecen en la lista el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete (con un total de 2,8 millones de euros); los exsecretarios generales del PP Javier Arenas (2,8 millones) y Ángel Acebes (2,6 millones); el coordinador de Organización, Juan Carlos Vera (2,4 millones); el exministro de Defensa Federico Trillo (2,4 millones); el presidente del Senado, Pío García Escudero (2,3 millones); los ministros de Sanidad, Ana Mato, y Hacienda, Cristóbal Montoro (2 millones cada uno); y el exsecretario general Francisco Álvarez Cascos y el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda (con 1,9 millones, respectivamente).

   Figuran asimismo el expresidente del Gobierno José María Aznar (1,7 millones); el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (1,7 millones); el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato (1,2 millones); la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría (1,1 millones); y la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal (918.331 euros).

El número de millonarios en España aumentó un 5,4% en 2012

MADRID.- El número de personas con unos activos financieros de al menos un millón de dólares (0,74 millones de euros), excluyendo la primera vivienda y los consumibles, se situó en España en 144.600 ciudadanos en 2012, un 5,4% más que en el año anterior, según el informe anual de la 'Riqueza en el Mundo de 2013' elaborado por RBC Wealth Management y Capgemini.

   A nivel global, la riqueza de los individuos con grandes patrimonios aumentó un 10% en 2012, hasta alcanzar la cifra récord de 46,2 billones de dólares (34,5 billones de euros), después de la caída del 1,7% del año anterior.

   De acuerdo con la decimoséptima edición del informe, un millón de personas se unieron a la población mundial de individuos con grandes patrimonios, hasta alcanzar los 12 millones, lo que supone un aumento del 9,2%.

   Por regiones, Norteamérica, que fue superada el pasado año por Asía-Pacífico, recuperó su posición en 2012 y se sitúo como la región con mayor número de grandes fortunas. En concreto, con una población de 3,73 millones de ciudadanos con grandes patrimonios, Norteamérica superó a Asia-Pacífico, que alcanzó los 3,68 millones de individuos ricos, mientras que su volumen de riqueza se situó en 12,7 billones de dólares (9,48 billones de euros), por encima de los 12 billones de dólares (8,95 billones de euros) en la región Asia-Pacífico.

   Por su parte, América Latina fue la única región que no incrementó la población de millonarios en 2012 debido al lento crecimiento del PIB y los desafíos de los mercados de capital.  

   Respecto a las perspectivas de futuro, se prevé que la riqueza mundial de los grandes patrimonios crezca un 6,5% anual durante los próximos tres años, frente al crecimiento del 2,6% anual registrado desde el comienzo de la crisis financiera de 2008.    

    No obstante, a pesar del récord de niveles de riqueza del pasado año, un 33% de los grandes patrimonios están más centrados en preservar su riqueza, frente al 26% que lo que buscan es su crecimiento. De este modo, un 30% de la riqueza de los grandes patrimonios optaron por efectivos y depósitos.

   Por zonas geográficas, las diferencias regionales se muestran más claras en lo que se refiere a la renta variable, con un 37% de la cartera de los grandes patrimonios de Norteamérica, mientras que los grandes patrimonios en América Latina y Asia-Pacífico (excepto Japón) preferían inversión inmobiliaria, con un 30% y 25% de la cartera, respectivamente).

El juez del 'caso Blesa' pide amparo formal por las presiones que sufre

MADRID.- El titular del Juzgado de Instrucción de Madrid nº 9, Elpidio José Silva, instructor del "caso Blesa", ha remitido  este martes un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando formalmente el amparo ante las presiones que dice sufrir desde distintos ámbitos.

   Aunque no se ha dado a conocer el contenido de escrito, fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que el juez que ha enviado a prisión al expresidente de Caja de Madrid, Miguel Blesa, dice en su escrito que sufre injerencias en su trabajo por parte de la Fiscalía de Madrid, de miembros del propio CGPJ y de algunos periodistas.

   La petición deberá ser estudiada en Comisión Permante por el Consejo aunque es improbable que se haga en la sesión convocada para mañana, puesto que el escrito acaba de llegar y debe ser analizado antes de que la Secretaría del órgano de gobierno de los jueces emita un dictamen favorable o contrario a la petición.

   La semana pasada, fuentes del CGPJ aconsejaron al juez Silva que presentara por escrito y formalmente solicitud de amparo tras denunciar durante un acto público estar sufriendo "todo tipo de presiones" y "muchísimas injerencias".

   Se da la circunstancia de que el magistrado tiene pendiente desde el pasado mes de abril un expediente disciplinario incoado por el CGPJ por retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y falta de consideración a sus funcionarios.

   La Comisión Disciplinaria le investiga por dos faltas muy graves y una grave. Las primeras lo son por "absoluta y manifiesta falta de motivación" de sus resoluciones y por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado mientras que la grave corresponde al artículo 418.5, que sanciona la falta de consideración a sus funcionarios.

Interior teme la implantación en España de las maras centroamericanas

MADRID.- Las Fuerzas de Seguridad trabajan para impedir la implantación en España de nuevos fenómenos de delincuencia como las maras centroamericanas o las bandas de moteros violentas como por ejemplo 'Los Ángeles del Infierno', que usan distintas actividades ilícitas de financiación, según ha anunciado este martes en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

   En la exposición de las líneas generales de su Departamento, el 'número dos' de Interior se ha referido en la Comisión de Interior a las nuevas amenazas para la seguridad entre las que ha incluido la "preocupación" por "la posible importación de las denominadas maras centroamericanas, auténticos grupos criminales organizados y fuertemente jerarquizados cuya actividad criminal supera ampliamente a las bandas latinas".

   Martínez ha añadido que aunque en España "no se dan los factores potenciadores de los países de origen, no es posible descartar fenómenos de imitación".

   Otra de las nuevas preocupaciones en Interior son "las bandas moteras" a las que ha descrito como "grupos organizados delincuenciales internacionales" también jerarquizados. Incluso ha llegado a citar algunos de estos grupos como Hell's Angels (Ángeles del Infierno), Bandidos, Gremiuns, Pawnees y Outlaws. Según ha dicho hay hasta 70 bandas de este tipo.

   Entre las amenazas emergentes, el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz sitúa también "el movimiento anarquista violento". Martínez se ha referido a "lo que las policías europeas llaman" el "triángulo del anarquismo radical", formado por activistas de España, Italia y Grecia.  

   En este capítulo, Martínez también se ha detenido en los riesgos del "contrabando de material de defensa y doble uso" con una "especial atención a la proliferación de armas de destrucción masiva dados los riesgos que conllevan para la estabilidad internacional".

España sólo concede asilo a un 15% de los demandantes

BRUSELAS.- España sólo concedió protección a 565 demandantes de asilo en 2012, el 15% de las 3.740 peticiones que gestionó en total, una de las tasas más bajas en la Unión Europea, según los datos publicados este martes por la agencia estadística comunitaria Eurostat.

   En el conjunto de la UE, los Estados miembros concedieron protección a 102.700 demandantes de asilo el año pasado del total de 407.270 demandas estudiadas, incluidos 51.375 que recibieron el estatus de refugiados, 37.105 casos en los que recibieron protección subsidiaria de los Estados miembros y 14.205 que recibieron protección por motivos humanitarios. El año pasado, los Estados miembros aceptaron dar protección a 84.300 demandantes de asilo.

   Alemania (22.200), Suecia (15.300) , Reino Unido (14.600) y Francia (14.300) son los países que concedieron protección al mayor número de demandantes de asilo en sus territorio y representan casi dos terceras partes de los casos positivos de protección.

   En el lado opuesto, los países que menos demandas de asilo aceptaron son Estonia (25), Letonia (30), Eslovenia (35), Luxemburgo (45) y Lituania (55).

   Entre los países de la UE que han concedido menos solicitudes de asilo que en el caso de España también se encuentran Portugal (100), Chipre (150), Irlanda (140), Bulgaria (195), República Checa y Eslovaquia (200 cada uno), Hungría (460), Rumanía (505) y Polonia (545).

   En el caso de España, las autoridades del país aceptaron dar protección a un total de 565 demandantes de asilo del total de 3.740 peticiones gestionadas, el 15% del total. Las autoridades españolas concedieron el estatus de refugiado en 240 casos de los 565, otorgaron protección subsidiaria en 285 casos y concedieron el asilo por motivos humanitarios en los otros 40 casos.

   Los sirios se consolidan como la primera nacionalidad cuyos ciudadanos han obtenido en más ocasiones protección y acogida en los Estados miembros, seguidos de afganos y somalíes.

   Según los datos de Eurostat, un total de 18.725 sirios han recibido protección en la UE, el 18,2% del total de demandantes de asilo, sobre todo en Alemania (8.400) y Suecia (5.030), así como 13.485 afganos, el 13,1% del total y sobre todo en Alemania (3.245) y Bélgica (1.495) y 8.105 somalíes, el 7,9% del total y que sobre todo han sido acogidos en Suecia (2.145), Malta (1.090) y Países Bajos (1.060).

   En el caso de España, fueron palestinos, marfileños y somalíes las nacionalidades que más se beneficiaron de protección de asilo en 2012. España aceptó dar protección para 85 individuos de los territorios palestinos, el 14,8% del total, seguidos de 80 marfileños (13,9% del total), y 50 somalíes (8,5% del total).

La Policía turca detiene a decenas de personas en varias redadas

ANKARA.- La Policía turca ha detenido este martes a decenas de personas en el curso de una amplia operación en las principales ciudades del país, después de casi tres semanas de movilizaciones antigubernamentales, según han informado los medios locales.

   Según la televisión estatal TRT, al menos 25 personas han sido detenidas en la capital, Ankara, trece en Eskisehir, en el oeste, y "muchas" en la ciudad más extensa del país, Estambul. Fuentes policiales han confirmado la operación y han precisado que, "de momento, solo se va a detener a los provocadores para su interrogatorio".

   Las protestas comenzaron en Estambul a raíz del anuncio de la tala de árboles centenarios de la plaza Taksim para la construcción de un centro comercial, pero la violenta represión policial contra los manifestantes provocó una movilización aún mayor, que se extendió a otras ciudades del país, para denunciar lo que consideran autoritarismo del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan.

   Erdogan, que se ha enfrentado a las mayores movilizaciones en su contra en sus diez años de poder, declaró el pasado domingo ante cientos de miles de partidarios reunidos en Estambul que las protestas habían sido manipuladas por "terroristas". El departamento antiterrorista de la Policía de Ankara ha asegurado que no dispone de ninguna información sobre las redadas de este martes.

La ONU pide contención a las autoridades brasileñas ante el aumento de las protestas

BRASILIA.- La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha instado a las autoridades brasileñas a contenerse en la respuesta que dan las fuerzas de seguridad a las manifestaciones que se suceden en diferentes ciudades del país, iniciadas por la subida del precio del transporte público.

   Las protestas han ido creciendo por todo el país hasta llegar a Río de Janeiro y Brasilia. A las reivindicaciones de bajada del precio del transporte público, se han unido las críticas por los gastos de la organización de la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016, mientras se reduce el presupuesto a otras partidas.

   Además, el lunes fue la jornada en la que más personas se echaron a la calle en todo el país, con unas 200.000 personas concentradas en todo Brasil, según varios medios de comunicación. El Movimento Passe Livre ha vuelto a convocar para este martes a las 17 horas (22, hora peninsular española) una nueva protesta en Sao Paulo.

   "Con más protestas planificadas, nos preocupa que pueda producirse de nuevo el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad", ha indicado Pillay en un comunicado, citando las "informaciones sobre heridos y detenciones, incluyendo la de periodistas que cubrían los eventos".

   Pillay ha destacado también las palabras de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por reconocer la legitimidad de las manifestaciones. "Pedimos al Gobierno de Brasil que tome todas las medidas para garantizar el derecho de reunión y evitar el uso desproporcionado de la fuerza en las protestas", ha solicitado.

   La Alta Comisionada de Naciones Unidas ha instado también a las autoridades brasileñas a investigar las denuncias sobre detenciones arbitrarias y los posibles abusos cometidos por la Policía antidisturbios en la represión de las protestas.

Protestas multitudinarias en las principales ciudades de Brasil

BRASILIA.- Miles de personas se han manifestado en varias ciudades brasileñas para protestar por la subida del precio del transporte público  y por el elevado coste de la organización de la Copa Confederaciones, que se celebra estos días, y del Mundial de Fútbol de 2014.

   La manifestación más multitudinaria ha tenido lugar en Río de Janeiro, donde 100.000 personas han tomado las calles para protestar por el elevado coste de organizar dichos eventos deportivos y, además, por el aumento del precio del transporte público de 2,75 a 2,95 reales.

   Los manifestantes han recorrido con flores en las manos el centro de la ciudad carioca en dirección a Cinelândia. Sin embargo, se han producido disturbios con pequeños grupos que han intentado desviarse del trayecto autorizado.

   A la altura de la Quinta da Boa Vista un grupo de manifestantes ha intentado llegar hasta el estadio de Maracaná, donde ayer ya hubo enfrentamientos, por lo que un Batallón de Choque de la Policía Militar se lo ha impedido con gases lacrimógenos y gas pimienta.

   Poco después, otro grupo de manifestantes ha intentado llegar a la Asamblea Legislativa. Los uniformados han lanzado gases lacrimógenos para contenerlos, pero éstos han respondido con cócteles molotov y han alcanzado la escalinata del congreso regional, donde han prendido fuego a un coche. Al menos cinco policías han resultado heridos.

   En Brasilia, 10.000 personas, entre ellos cientos de estudiantes de secundaria, han marchado contra la corrupción, el precio del transporte público y las consecuencias para la Hacienda Pública de la celebración de dichos eventos deportivos.

   Un grupo de manifestantes ha llegado hasta el Congreso Federal, que estaba protegido por un cordón policial. A pesar de ello, han conseguido subir la escalinata y llegar al techo. Los uniformados han empleado gases lacrimógenos y gas pimienta para sacarlos de ahí.

   Las autoridades brasileñas han decidido cortar la luz de la fachada principal del Congreso Federal para favorecer la actuación policial, si bien, se han producido algunos desperfectos, como la rotura de los cristales de la entrada principal.

   También se han producido disturbios en Belo Horizonte, donde unas 20.000 personas se han manifestado contra la subida del precio del transporte público y los gastos generados por la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas de 2016.

   Los manifestantes han intentado llegar al estadio de Mineirao, donde se ha celebrado el partido de fútbol entre Nigeria y Taití. La Policía Militar ha usado gases lacrimógenos y balas de goma para impedirlo. En el marco del enfrentamiento, uno de los manifestantes ha caído por el viaducto, pero el Cuerpo de Bomberos lo ha rescatado.

   En Porto Alegre, 15.000 personas han clamado frente al Ayuntamiento contra el precio del transporte público, los eventos deportivos y los partidos políticos. Los disturbios se han desatado cuando un grupo se ha desviado por la Avenida Ipiranga. Los agentes han lanzado gases lacrimógenos y balas de goma. En otro punto, los manifestantes han quemado una sucursal bancaria y locales comerciales.

   En Maceió, 3.000 personas han marchado contra la subida del transporte público, la corrupción entre los altos cargos que se encargan de organizar los eventos deportivos y la violencia policial. Un hombre ha recibido un disparo, pero todavía no se ha identificado al autor.

   Sao Paulo, epicentro de las protestas, ha acogido a 65.000 personas que han marchado contra la subida del precio del transporte público de 3 a 3,20 reales y contra la violenta represión de la manifestación del pasado viernes. En este caso, la marcha ha transcurrido de forma pacífica, aunque bajo una fuerte vigilancia.

   También ha habido manifestaciones multitudinarias en las ciudades de El Salvador, con 5.000 personas, y en las de Belem, Victória y Curitiba, con una afluencia menor, todas ellas pacíficas, de acuerdo con la prensa brasileña.

Heridos y detenidos

Al menos 29 personas han resultado heridas y 20 han sido detenidas por los disturbios que se han producido en el marco de la manifestación que se ha celebrado anoche en Río de Janeiro contra la subida del precio del transporte público y el elevado coste de organización de la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016.
   Alrededor de 100.000 personas --según los convocantes-- han tomado las calles de la ciudad carioca para protestar por el elevado coste de organizar dichos eventos deportivos y, además, por el aumento del precio del transporte público de 2,75 a 2,95 reales.
   Los manifestantes han recorrido con flores en las manos el centro de Río de Janeiro en dirección a Cinelândia. Sin embargo, se han producido disturbios con pequeños grupos que han intentado desviarse del trayecto autorizado.
   A la altura de la Quinta da Boa Vista un grupo de manifestantes ha intentado llegar hasta el estadio de Maracaná, donde ayer ya hubo enfrentamientos, por lo que un Batallón de Choque de la Policía Militar se lo ha impedido con gases lacrimógenos y gas pimienta.
   Poco después, otro grupo de manifestantes ha intentado llegar a la Asamblea Legislativa. Los uniformados han lanzado gases lacrimógenos para contenerlos, pero éstos han respondido con cócteles molotov y han alcanzado la escalinata del congreso regional, donde han incendiado un coche.
   Los disturbios se han extendido a los alrededores de la Asamblea Legislativa, con la quema de más coches y de mobiliario público y ataques a sucursales bancarias y locales comerciales, de acuerdo con la cadena O'Globo.
   En total, 29 personas han resultado heridas --20 policías militares y nueve manifestantes-- algunos de ellos por impactos de bala, según la Secretaría de Seguridad.
   Además, 20 personas han sido detenidas, entre ellos varios jóvenes que aseguran que han sido arrestado de forma arbitraria porque simplemente se encontraban en los alrededores del congreso regional.

Son legítimas

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha considerado "legítimas" las manifestaciones contra la subida del precio del transporte público y el elevado coste de la celebración de la Copa Confederaciones, que se celebra estos días, el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016.
   "La presidenta considera las manifestaciones pacíficas con legítimas y propias de la democracia y que es propio de los jóvenes que se manifiesten", ha dicho la secretaria de Comunicación Social, Helena Chagas, en declaraciones recogidas por la Agencia Brasil.
   Además, ha revelado que Rousseff se ha reunido este lunes con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para que le informara del transcurso de las manifestaciones que se han celebrado en las últimas horas en varias ciudades brasileñas.
   Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, ha admitido la "preocupación" del Gobierno por estas protestas y ha hecho un llamamiento al diálogo a los promotores de las mismas para abordar "los anhelos" que han llevado a la gente a las calles.
   Las protestas comenzaron la semana pasada en Sao Paulo contra la subida del precio del transporte público, pero, tras la violenta represión de la manifestación del pasado viernes, que ha dado lugar a una investigación en la Policía Militar, las marchas han ampliado su alcance.
   Este lunes, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades para protestar contra el precio del transporte público, los eventos deportivos, la corrupción y los partidos políticos. En Brasilia ha habido disturbios en el Congreso Federal y en Río de Janeiro frente a la Asamblea Legislativa.

Un arzobispo mejicano “invitó” hoy a no malbaratar el patrimonio del pueblo ni endeudarse más

MÉXICO.- Un arzobispo mejicano, Jesús Carlos Cabrero Romero, “invitó” hoy a no malbaratar el patrimonio del pueblo ni endeudar más porque se dejan de cubrir necesidades básicas.“Es importante que como hombres públicos sepamos administrar los (recursos) bien”.

Pidió que los municipios y gobiernos endeudados primero luchen por pagar  y a los ayuntamientos y gobiernos estatales, les dijo que calculen bien los años que van a encontrarse al frente de su administración, y que revisen si pueden lograr lo que prometieron en campaña con los recursos que solicitan y los recursos que se han comprometido a aplicar.

“Venimos padeciendo deudas y más deudas y los exhorto y los animo a que no nos endeudemos más porque quitamos más oportunidades a nuestra gente, de cubrir nuestras necesidades, muchas de ellas hasta básicas”.

Comentó que todo esto que está pasando no es más que mirar cómo la corrupción ha entrado a todos los niveles y por supuesto, lo es el malbaratar el patrimonio del pueblo.

Dijo que es necesario que como hombres públicos, sepan administrarse bien, porque vivimos en una sociedad donde nada más algunas colonias gozan de todo y las otras carecen de muchas cosas.

“Por eso invitamos a nuestros gobernantes a que con buen tino y buena ética nos ayuden a ser buenos administradores de los bienes que el pueblo les confía”.

Brasileños que viven en América y Europa se sumarán a las protestas en su país

BRASILIA.- Brasileños que residen en el exterior se han solidarizado con las protestas contra el alza del transporte público y la "represión policial" en su país y convocado actos para los próximos días en 28 ciudades de América y Europa.

Las convocatorias, hechas a través de las redes sociales bajo la consigna "La democracia no tiene fronteras", proponen una protesta global contra el aumento del valor del transporte público y la "represión policial", sobre todo en la ciudad de Sao Paulo, donde el pasado jueves decenas de personas resultaron heridas en una manifestación.

Algunas de esas protestas se celebrarán mañana lunes en coincidencia con la sexta manifestación convocada por el Movimiento Pase Libre de Sao Paulo, promotor de las movilizaciones que en los últimos días se han extendido por casi todo Brasil.

Según los organizadores, en Europa las convocatorias han tenido eco en Madrid, Barcelona, La Coruña y Valencia (España); París y Lyon (Francia); Londres; Lisboa, Coimbra y Porto (Portugal), Berlín, Múnich, Hamburgo y Fráncfort (Alemania), Turín y Bolonia (Italia), Denn Haag (Holanda), Dublín (Irlanda) y Bruselas (Bélgica).

En Estados Unidos, se han convocado en Nueva York, Chicago, Bostón y Edmond, en América Latina han sido anunciadas en Buenos Aires y Ciudad de México, y en Canadá serán en Toronto, Montreal y Vancouver.

En la mayoría de los casos las protestas serán entre lunes y martes, y serán realizadas frente a las embajadas y consulados de Brasil.

En algunos casos, como el de París, los organizadores dijeron que aún están gestionando los permisos necesarios y que calculan que la protesta será realizada el próximo 28 de junio.

Nueva protesta en Madrid contra la austeridad

MADRID.- Miles de personas se manifestaron en Madrid este domingo contra las políticas de austeridad y el desempleo, instando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, centrarse en la creación de puestos de trabajo para ayudar a que el país salga de la recesión.

Al son de los tambores, los manifestantes marcharon por las calles de la capital española, bajo un sol abrasador, con banderas sindicales rojas y blancas y llevando carteles que decían "la austeridad destruye y mata" o "los recortes son robo".

"Esperamos que el Gobierno se dé cuenta de que no se puede revertir la situación con recortes, recortes y más recortes. Es hora de cambiar el rumbo y hacer más para fomentar el crecimiento", opinó Diana Rodríguez, de 47 años, que perdió su empleo como cajera de un banco hace dos años.

Los manifestantes también salieron a las calles de otras 28 ciudades de España, entre ellas Barcelona, la segunda ciudad del país, y el puerto de Vigo.

Estas marchas fueron organizadas por los tres principales sindicatos españoles: Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), y Unión Sindical Obrera (USO).

"El Gobierno tiene que cambiar de rumbo. Es obvio que el camino que está tomando nos cava más profundo en este lío", dijo Carlos Lago, un funcionario público de 32 años, que lleva una pancarta en la que está escrito "sin pan, no hay paz".

Cuarta economía de la Eurozona, España se debate con una draconiana política de austeridad para reducir su déficit público.

El gobierno del conservador Mariano Rajoy aprobó ajustes por valor de 150.000 millones de euros entre principios de 2012 y finales de 2014, provocando un malestar social que hizo multiplicarse las protestas.