MADRID.- El fraude fiscal alcanzó en España el 6% del
PIB en 2012, según cálculos del Consejo Económico y Social (CES), a
partir de los datos de la OCDE sobre economía sumergida, que para el
caso español cifra en el 19,2% del PIB.
Así se desprende del 'Informe sobre distribución de la renta en
España' recientemente aprobado por unanimidad de todos los grupos
(empresarios, sindicatos, sociedad civil) presentes en el CES. El
organismo indica que el fraude fiscal supone un "lastre" para el sistema
español, tanto por el lado de la suficiencia, por el importante volumen
de recursos que la Hacienda española deja de recaudar, como por el lado
de la equidad, dado que el fraude se concentra en las rentas que no
están sujetas a retención.
El CES apunta que la enorme diferencia entre la renta media que se
viene declarando en el IRPF por trabajo (menos de 25.000 euros al año) y
por actividades económicas (menos de 10.000 euros anuales) se
explicaría, al menos en parte, por la importancia del fenómeno de
"infradeclaración u ocultación de rentas" ligadas a la economía
sumergida.
Para el organismo, el fraude fiscal tiene "fuertes efectos
distorsionadores" de la equidad, la progresividad y la distribución de
la riqueza ya que, cuando mayor sea la cantidad defraudada, mayor será
la carga fiscal para el resto de contribuyentes. También es contrario,
añade, a la equitativa distribución de la renta porque se concentra en
las fuentes de mayor riqueza.
El informe destaca que, hasta mediados de los 90, el sistema
tributario español ha venido siendo más o menos proporcional o
ligeramente progresivo, pero a partir de entonces, en línea con lo
observado en otros países del entorno, se han acometido una serie de
reformas en la imposición directa que han limitado el potencial
recaudatorio del sistema tributario y su capacidad redistributiva.
De esta manera, apunta que tanto en el IRPF, con la reducción de
tipos y tramos y las deducciones por planes de pensiones y vivienda que
benefician a las rentas más altas, como en el Impuesto de Sociedades,
donde han proliferado las deducciones que han rebajado el tipo efectivo
del impuesto, las reformas han supuesto una caída de la recaudación y un
aumento de la inequidad.
Además, denuncia que la supresión del Impuesto de Patrimonio y la
drástica limitación de la imposición sobre Sucesiones y Donaciones ha
desembocado en la "práctica eliminación" de la imposición sobre la
riqueza en España.
En este contexto, la presión fiscal española pasó del 37% del PIB
en 2007 (próxima a la media de la UE-27) hasta el 31,1% en 2011, casi
ocho puntos por debajo de la media europea. No obstante, con los
incrementos de impuestos aprobados en 2011 y 2012, la presión fiscal
habría aumentado sensiblemente el pasado año, aunque previsiblemente
hasta niveles todavía lejanos a los registrados antes de la crisis.
Por todo ello, el CES pide plantear una reforma "en profundidad"
del conjunto del sistema fiscal, "equilibrado y con visión de largo
plazo", frente a los cambios introducidos desde mayo de 2010 y a
instancia de los sucesivos gobiernos, que se hicieron "de manera
precipitada, descoordinada y poco meditada", con la única finalidad de
aumentar a corto plazo la recaudación para cumplir los objetivos de
déficit.
En consecuencia, el organismo en el que están representados los
agentes sociales exigen que se abra un debate sobre la oportunidad de
acometer una reforma fiscal "ampliamente consensuada", encaminada a
aumentar la capacidad recaudatoria del sistema, la equidad en el reparto
de la carga y su eficacia respecto al sistema productivo.
