OVIEDO.- Fernando Jiménez Sánchez (Almería, 1963)
es actualmente profesor titular de Ciencia Política y Administración en
la Universidad de Murcia (anteriormente, durante diez años, fue
profesor de la Universidad de Santiago de Compostela). Doctor en
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de
Madrid, también es miembro del Instituto «Juan March» de Estudios e
Investigaciones y evaluador del denominado Programa GRECO (Grupo de
Estados Contra la Corrupción) del Consejo de Europa. Invitado por
la Asociación Asturiana de Sociología y el Colegio Oficial de Ciencias
Políticas y Sociología de Asturias, pronunció, en el Centro de Cultura
Antiguo Instituto, una conferencia titulada «¿Por qué fracasan tan a
menudo las políticas anticorrupción?». Lo entrevistó el diario asturiano 'La Nueva España'.
-La actualidad manda.
¿Con la imputación judicial de la Infanta Cristina en el «caso Nóos»
podemos entender que España vive en un estado generalizado de
corrupción?
-Sería una exageración afirmar que vivimos en un
estado generalizado de corrupción, aunque es verdad que hay determinados
sectores donde la corrupción ha sido muy alta. Fundamentalmente
destacaría tres grandes sectores: la contratación pública, aunque para
el volumen de contratación pública la cantidad de casos sospechosos no
es tampoco tan alta, pero es uno de los campos más problemáticos. Un
segundo sector ha sido el urbanismo, aunque ahora ya no al no existir
actividad urbanística, pero en los años del «boom» inmobiliario ha sido
tremendo y la mayor parte de los casos en el ámbito local. Y el tercer
sector más problemático es el de la financiación de los partidos.
Comparado con otros países la situación española tampoco es desesperada
ni mucho menos, aquí no hace falta pagarle a un funcionario para obtener
un pasaporte o a un médico para que te atienda en un hospital... Un
tipo de corrupción que es frecuente y no hace falta pensar en África o
en América Latina, incluso en países de la Europa del Este como Rumanía o
Bulgaria. Aquí estamos lejos de una situación como esa. Tenemos una
corrupción que es más de élites, más política que administrativa, pero
sí es verdad que la percepción de los ciudadanos es que la corrupción es
galopante al tratarse de casos muy llamativos y que afectan a
personajes que tienen una popularidad muy grande, como la Infanta
Cristina.
-¿No podemos hablar de que la corrupción es el sistema?
-Podemos decir que hay problemas serios más o menos localizados; sobre todo en corrupción política más que en administrativa.
-¿Cómo
se puede entender, entonces, que políticos condenados por corrupción o
por acoso sexual vuelvan a ser elegidos en una elecciones?
-Es
verdad que sucede y hemos tenidos muchos casos, uno de los más
destacados fue Jesús Gil, quien encadenó cuatro mayorías absolutas
consecutivas. ¿Por qué sucede? Tiene que ver con la propia cultura
política de los españoles, es decir, o con las percepciones o las
expectativas que se tienen de como funciona el sistema político. Las
sospechas de las españoles sobre el funcionamiento del sistema político
son enormes, la gente recela muchísimo y piensa que la corrupción está
muy generalizada, y por tanto es muy fácil descontar la información
negativa de la corrupción, o sea, cuando la corrupción afecta a tu
candidato favorito hay muchas maneras de descontar esa información
pensando que, en realidad, todos son iguales y por tanto sigo votando a
quien está más cercano a mí. Esta es la parte problemática, de manera
que ya imputada la Infanta Cristina lo que suceda, lo mismo que lo que
suceda con el resto de los imputados ilustres, es muy importante.
-¿En qué sentido?
-Podemos
contribuir a que estos recelos sigan creciendo o por primera vez
empecemos a frenarlos. Si realmente la justicia trata con total
indepencencia e imparcialidad el caso de la Infanta Cristina o quien
sea, se contribuirá a frenar los recelos de los ciudadanos.
-Los
dos grandes partidos políticos, que son las columnas sobre las que se
sustenta el sistema nacido en la Transición, tienen encima, cada uno,
formidables casos de corrupción. ¿Hay ya la percepción de final de
ciclo, por qué fracasan tan a menudo las políticas anticorrupción?
-Es
la gran pregunta. Los partidos, especialmente los dos grandes, pero, en
general, los tradicionales del sistema democrático español, todos están
salpicados por grandes casos de corrupción y su reacción hasta el
momento ha sido, en gran medida, mirar hacia otro lado y dejar que los
casos se pudran y poner los mínimos cortafuegos. No se han tomado
suficientemente en serio poner en marcha medidas que hagan que lo que
llevó a que surgieran ese tipo de casos no pueda volver a suceder. Los
partidos tradicionales han basado la construcción de un apoyo social en
un intercambio de tipo clientelar, es decir, en España se distribuyó
empleo público, contratos con la Administración, etcétera a cambio de
apoyo tanto financiero como en votos al partido, y esto hace mucho daño.
A los partidos les cuesta muchísimo salir de ahí.
-Pero desde
la Transición no sólo los partidos han estado jugando así, también los
grandes sindicatos y las organizaciones patronales se financian del
Estado, como en una especie de democracia orgánica...
-Es más o
menos lo que sucede en otros países, lo que pasa es que en otros el
tema es la rendición de cuentas que ofrecen este tipo de actores. Es
sintomático que nosotros no tengamos todavía una ley de transparencia y
somos el único país grande en toda la Unión Europea que sigue sin ella.
Luego, el proyecto de ley que presentó el Gobierno tenía muchísimos
defectos, es muy tímido ese proyecto. Pero este tipo de cosas sí que
están cambiando. La ciudadanía española ya expresó con el movimiento del
15-M su rechazo y dio un puñetazo encima de la mesa para decir que está
harta de jugar con estas reglas y que quiere unas administraciones
públicas y unos partidos transparentes y que no quieren seguir jugando
con este clientelismo de los últimos treinta años. El reto es si los
partidos van a coger el toro de la corrupción por los cuernos, y
deberían hacerlo si no quieren contribuir a que la brecha entre los
ciudadanos y los políticos siga creciendo.
-¿Qué opina de los «escraches»?
-Tiene
una parte negativa, en el sentido de meter a las familias por medio; es
una presión social que recuerda a épocas pasadas que no merece mucho la
pena recordar. Ahora, de momento, simplemente recordar a los políticos
que están sufriendo la presión debido a que hay muchos ciudadanos que
están sufriendo una presión que es muy injusta por la persecución para
que paguen sus hipotecas, es comprensible.
-¿Desde el punto de vista sociológico es una válvula de escape a la presión de la olla social?
-Sí,
por supuesto, es una protesta comprensible. Con la crisis y con la
acumulación de escándalos la gente llega a un punto de indignación que
ya le da igual y lo que quiere es salir a la calle y decirles a los
políticos que reaccionen.
-¿Perseguir policialmente las protestas puede conducir a una violencia más soterrada?
-Creo
que no puede prohibirse así. Sin violencia de por medio, es decir, si
queda simplemente en señalar al político afectado, la policía no puede
pararlo, no se está cometiendo ningún delito, salvo que se dé un paso
hacia lo que iba la «kale borroka» o la persecución de los judios en la
Alemania nazi. Si vamos a una violencia mayor, evidentemente que la
policía no puede permitirlo y el propio movimiento perderá apoyos.
-Desde el análisis de la ciencia política, ¿España camina hacia el modelo italiano?
-No
creo que estemos tan cercanos al punto italiano. Hay que ver un poco
como han llegado los italianos a la situación presente. La situación
española actual se parece más a la de 1994 en Italia, a la de todo el
rescoldo del movimiento «Manos limpias». El problema de Italia es que
después de «Manos limpias» se produjo una revolución enorme en el
sistema político, pero se hizo muy en falso: desaparecieron los partidos
tradicionales, se cambió el sistema electoral de manera radical, hubo
muchísimas reformas institucionales importantes, muchas de ellas de
lucha contra la corrupción que, en realidad, no tuvieron los efectos que
la gente pretendía. Tuvieron los efectos que los políticos quisieron
que tuvieran esas reformas...
-¿Otra vez Lampedusa y el cambiarlo todo para que nada cambie?
-Exactamente.
Una de las reformas más interesantes fue lo que ocurrió con el sistema
de financiación de los partidos. Hubo un movimiento ciudadano que pidió
en un referéndum que se eliminara la financiación pública de la
actividad ordinaria de los partidos, que sólo quedara la compensación
por las campañas electorales. El referéndum lo ganaron sus convocantes,
pero lo que ocurrió fue que los políticos pasaron olímpicamente y
construyeron un sistema de compensación de gastos electorales que no
miraba en absoluto el gasto electoral y directamente se decretaron una
serie de fondos públicos en función de cada tipo de elección y a partir
de la representación que cada partido obtenía en las elecciones se
repartían ese fondo. La conclusión fue que los partidos italianos están
obteniendo ahora más dinero público que antes sumando la financiación
ordinaria y la electoral. Es decir, defraudaron por completo a los
ciudadanos. La conclusión italiana es que hubo ya una reacción en contra
de lo que hacían los políticos muy fuerte, se introdujeron reformas
institucionales, pero fallidas y controladas por los partidos. El
resultado es la ingobernabilidad del país y la aparición de fuerzas que
están en otra onda por completo.
-Insisto, ¿vamos en ese camino?
-Si
fallamos ante la petición tan sólida de la ciudadanía española de que
hay que renunciar al clientelismo, tener una Administración mucho más
profesionalizada y más transparente, tener una Administración de
justicia que sea mucho más rápida y eficiente y restaurar la confianza
que han perdido los ciudadanos en el sistema político, entonces iremos a
la italiana, efectivamente, en el plazo de unos años, cuando veamos que
seguimos por el camino de Lampedusa. Ahora mismo tenemos el reto de no
acabar como los italianos. Veremos si los partidos han aprendido la
lección y toman las medidas oportunas.
