jueves, 24 de abril de 2014

Interior dotará a las UIP españolas de 800 cascos y 300 escudos más duros, 350 chalecos nuevos y 800 espinilleras tras el 22M

MADRID.- El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los  Diputados una serie de medidas para mejorar la protección de los agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) españolas. Según ha dicho, el Ministerio del Interior va a adquirir de manera urgente 800 cascos y 300 escudos más duros, 350 chalecos de un modelo nuevo y, por primera vez, 800 pares de espinilleras.

  "Después de los incidentes que vivimos el pasado 22 de marzo, queremos subsanar determinadas deficiencias detectadas en el actual equipamiento policial que hacen a los agentes vulnerables frente a determinadas agresiones, lo que nos ha llevado a solicitar a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación por el procedimiento de emergencia de nuevos equipos adicionales", ha explicado Cosidó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
   Los 800 nuevos cascos "incorporan un revestimiento más resistente que el actual y una pantalla protectora de 4 milímetros que impide que los posibles impactos lleguen al rostro del funcionario". En cuanto a los escudos, en la actualidad las unidades de intervención disponen de escudos transparentes con faldón abatible.
   "Pero tras el estudio de la conveniencia de un nuevo escudo que mejore las prestaciones del actual se ha previsto la dotación de 300 nuevos modelos de conformación plana, con una plancha de policarbonato de 4 milímetros en vez del actual de 3 milímetros y de mayor longitud", ha dicho el director general.
   Por su parte, los nuevos chalecos "presentan avances como una acomodación de las dimensiones, cambio del cuello y también una nueva protección inguinal". Las espinilleras es la primera vez que se aplican a los antidisturbios y es que Cosidó ha recordado que buena parte de los policías heridos el pasado 22M fueron heridos en las piernas.
   Además, ha agregado que ya con anterioridad al 22M, para los años 2012 y 2013, se había iniciado un proceso de adquisición de 2.750 nuevas equipaciones por año, compuestas de prendas de uniformidad con características de impermeabilidad, retardantes al fuego, repelentes de ácidos y con alta resistencia al desgarro y a la abrasión.
   En los dos últimos años se han adquirido también 40 nuevos vehículos. Aunque ya estaba previsto con anterioridad, para este año se les va a dotar también de 55 nuevos cascos, 500 pantallas más resistentes, así como guantes anticorte y linternas.
   Cosidó ha adelantado además una serie de reformas para reorganizar las UIP "que las haga más operativas". Cada uno de los grupos pasará a estar formado por cuatro subgrupos -actualmente son tres- de modo que siempre estén disponibles para la actuación operativa un total de al menos 50 funcionarios por grupo.
   También se creará un grupo de intervención inmediata compuesto de dos subgrupos y jefe de grupo al frente de los mismos, con personal especialmente cualificado, dotados de vehículos que permitan su más rápida movilidad e intervención en los casos de graves disturbios o de situaciones de violencia en apoyo al resto de grupos.
   Cosidó ha lamentado que, "para actuar ante grupos violentos tan radicales, numerosos y en espacios urbanos abiertos, condiciona esa capacidad y la capacidad por subgrupos pierde su efectividad". Por ello ha anunciado que están "rediseñando los despliegues partiendo de un núcleo básico integrado por un mínimo de dos grupos operativos enlazados con el resto de los grupos intervinientes pero con movilidad de ambos grupos al unísono, especialmente cuando se intervenga ante situaciones de especial violencia".
   El tercer bloque de estas medidas para dar más apoyo a la UIP consiste en "mejorar y aumentar su seguridad jurídica". En este sentido ha anunciado la puesta en marcha, junto a la Abogacía del Estado, de iniciativas en nombre y representación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuando sean objeto de agresiones. Según ha dicho Cosidó, la Abogacía del Estado representará a los policías siempre que "hayan sido objeto, como consecuencia u ocasión del ejercicio de sus funciones, de alguna infracción".

Silva convierte su juicio en un espectáculo

MADRID.- El juez Elpidio José Silva ha convertido su juicio en un espectáculo, atípico en la historia de los tribunales. El acusado ha forcejeado dialécticamente con el tribunal una y otra vez con el apoyo de un grupo de preferentistas que comentaban en alto sus opiniones en la vista.

   Así han transcurrido las tres sesiones del juicio que estos días se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Silva por presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
   En contra de lo habitual, el procesado ha optado por sentarse junto a su abogado en lugar de en el banquillo de los acusados. Una vez ahí, ha interrumpido constantemente el desarrollo de la vista invocando sus conocimientos jurídicos para objetar todas las cuestiones que se iban sucediendo.
   Se ha quejado de que la secretaria judicial leía con "tono bajo y aséptico", que no se daban lectura a los autos que él mismo dictó, que las acusaciones intentaban manipular a los agentes de la Guardia Civil o que el abogado de Blesa actuaba como un "espía" y le faltaba el respeto llamándole "candidato delincuente" o "individuo".
 "¿Usted llama a Blesa individuo?", le ha preguntado.
   El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha pedido al abogado de Blesa retirar ese calificativo si es que ha ofendido al acusado. El letrado, Carlos Aguilar, defensor de Blesa, ha solicitado a su vez el amparo de los magistrados ante las interrupciones e invectivas que, a su juicio,  estaba dirigiendo el acusado.
   El juez Silva, procedente del tercer turno, ha pedido en varias ocasiones al presidente del tribunal que dejara de referirse a él como "letrado". 
"Soy acusado, magistrado y candidato al Parlamento Europeo", ha dicho.
   El juicio ha llegado a la insólita situación en la que el acusado acaparaba la atención con sus protestas en las intervenciones de los testigos y las otras partes e intentaba corregir al tribunal. Su abogado, Cándido Conde-Pumpido Varela, hablaba de su "excliente", reclamaba la presencia de "observadores internacionales" y exigía "dejar de dar este espectáculo". 
"Ya somos trending topic en Twitter, salimos en todas las cadenas", ha dicho.
   "Para estar indefenso, es el que más habla", ha exclamado el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, que con "paciencia franciscana", según ha dicho, contemplaba la atípica sesión. El fiscal Manuel Moix ha lamentado de que los únicos que guardan el respeto al tribunal son las acusaciones.
   La sesión de este miércoles ha terminado con los gritos de varios preferentistas del público durante la declaración de Blesa, la multa con 100 euros a uno de ellos y la petición de Silva de que se le permitiera retirarse para "llorar".
 "Llore aquí", le ha dicho el fiscal.

El fiscal general del Estado denuncia la falta en España de leyes contra la corrupción

MADRID.-El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha urgido  a tomar medidas para combatir la corrupción en España y para cambiar la opinión "extendida" de que la justicia "no trata igual al poderoso que al resto" y que hay un trato ideológico en función del acusado.

Así lo ha puesto de manifiesto Torres-Dulce durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, que acoge desde este miércoles las opiniones de expertos sobre las posible soluciones para atajar esta lacra.
El titular del Ministerio Público ha subrayado que la corrupción supone "un ataque demoledor" a los pilares del Estado de Derecho que, si no se combate con "contundencia", se corre el peligro de su "generalización" en la sociedad y de que la ciudadanía, "amparándose en una percepción generalizada" de estas prácticas, "justifique" la elusión de las normas "dando lugar, por ejemplo, al incremento de los fraudes tributarios o a la Seguridad Social".
Por ello, ha llamado a llevar a cabo una actuación "lo suficientemente decidida y enérgica" contra la corrupción porque, de lo contrario, se corre el riesgo, por un lado, de "incrementar una sensación de impunidad" que sirva para "extender" comportamientos "irregulares o corruptos" y, de otro, de que puedan "generalizarse" críticas "infundadas o sectarias" cuestionando "irresponsablemente" la labor de los servidores públicos que cumplen "honestamente" con su deber.
Torres-Dulce ha señalado que hay una opinión "extendida" entre la ciudadanía de que la justicia no trata de la misma forma al poderoso que al resto y que existe ideología en la respuesta judicial, y para sostener dicha consideración ha destacado la existencia de una legislación "manifiestamente insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía".
También ha constatado que se dan investigaciones que rebasan "toda una década", prescripciones que conducen al archivo de responsabilidades, absoluciones inesperadas, condenas que no llevan aparejadas la recuperación del dinero público o indultos.
A su juicio, "desmontar" este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en la Administración de Justicia porque, ha dicho, "no basta pensar que se equivoca quien así lo considera". Según ha defendido, es necesario "acreditar" que ese prejuicio no se corresponde con la realidad dando una respuesta "eficaz, seria y rigurosa" a la corrupción y demostrando "con hechos" un trato igual para todos.
En cuanto a la respuesta que está dando la justicia da los procedimientos por corrupción, el fiscal general ha recalcado la idea de una maquinaria "lenta pero que no se detiene" se ajusta "a la realidad".
"La imagen de la apisonadora que circula con lentitud pero que ningún elemento externo es capaz de hacer parar concuerda muy bien con la actuación de la Administración de Justicia en la mayor parte de los casos de corrupción", ha apuntado Torres-Dulce, quien ha recalcado que, pese a reconocer la lentitud de la respuesta judicial, no hay "impunidad" en las causas de corrupción "ni injerencias externas que acarreen el archivo de este tipo de procesos".
Entre otras propuestas para tratar de mejorar la lucha contra la corrupción en el ámbito estrictamente judicial, el fiscal ha destacado la necesidad de que se deje la instrucción en manos de los fiscales. De hecho, ha denunciado que "en España, las causas más complejas no las instruye el juez ni el fiscal, sino que vienen "precocinadas" por la labor de la Policía y la Agencia Tributaria y la "capacidad de filtraje crítico" de lo que llega al juzgado "es muy limitado".
Torres-Dulce ha explicado que hoy la instrucción "se ha erigido en principal, no en accesoria" y ha llamado a lograr que ésta sea "más sencilla, más ágil, más rápida" y que se ajuste a los fines para los que se destina. También ha alertado de que el "agujero negro" de la justicia es la ejecución de las sentencias. "Sin una sentencia rápida no hay Justicia, pero sin una sentencia ejecutable en sus propios términos cuanto antes estamos haciendo una burla al trabajo de los tribunales", ha apuntado.
Asimismo, ha abogado por modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como ya ha planteado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reforzar la percepción externa de independencia del la Fiscalía. En concreto, propone "limitar" los poderes del fiscal general del Estado y el "blindaje" de los fiscales que llevan asuntos de especial sensibilidad política y social.
Precariedad en los medios
Durante su intervención, el fiscal general ha llamado la atención una vez más sobre la "precariedad" en los medios materiales y humanos con la que trabajan las fiscalías provinciales, donde se ventilan el 80 por ciento de las causas, lo que hace que afrontarlas se convierta en una tarea "titánica" y en muchos casos "destinada al fracaso".
De ahí que Torres-Dulce haya apostado por organizar los medios disponibles para conseguir un fiscal "impulsor" de la acción de la justicia, sobre todo para causas "complejas y gran trascendencia" evitando así que estos procedimientos se perpetúen en el tiempo.
En este punto, el fiscal ha avanzado que creará "en los próximos meses" secciones de investigación en todas aquellas fiscalías en las que estadísticamente se ha detectado un porcentaje de procesos penales que requieren una atención "más exigente y más dinámica" de estas causas, todo ello sin alterar las funciones de las fiscalías especializadas.
Además, ha avanzado que la Fiscalía General hará una circular antes de final de año para que en aquellos delitos en los que exista una percepción pública de disposición de fondos públicos o de corrupción pública o privada, la actuación del Ministerio Fiscal sea "extraordinariamente restrictiva respecto a las conformidades", como se conoce a los acuerdos con los acusados.

miércoles, 23 de abril de 2014

Cayo Lara (IU) se pregunta si los bancos van a devolver los rescates

VALLADOLID.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, se ha preguntado este miércoles si los bancos y cajas españolas, que según se ha conocido cerraron 2013 con 7.200 millones de euros de beneficios, empezarán a devolver con ellos la ayuda que recibieron para sus rescates, que fueron "financiados por todos los ciudadanos".

    Cayo Lara ha aseverado que "hoy no sería descabellado hablar de que en España la injusticia y la desigualdad campan por ancho".
   Lara ha recordado la información que señala que la banca española concluyó 2013 con unos 7.200 millones de euros de beneficios, por lo que se ha preguntado "si va a empezar el ciclo" de "devolver al Estado y a los ciudadanos" las ayudas que recibieron para sus rescates causados por "las políticas especulativas".
   Asimismo, ha citado la "injusticia" y la "sorpresa" que supone en su opinión que este miércoles se siente "en el banquillo" un juez, en referencia al magistrado Elpidio José Silva "acusado por un presunto delincuente" como el expresidente de Bankia, Miguel Blesa. "Vamos a pelear por que sea la justicia la que juzgue primero y no que esté actuando un presunto delincuente como acusador de un juez "que le metió en la cárcel".
   Así, ha abogado porque la justicia determine primero si el juez Silva "instruyó mal o instruyó bien, o se equivocó" con el expediente que llevó a la cárcel al exdirigente de Bankia.
   Minutos después, Lara se ha desplazado hasta el monolito instalado en la Plaza Mayor de Villalar en recuerdo de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado, donde, ante varios centenares de personas, ha defendido la lucha que plantea Izquierda Unida contra el "bipartidismo", que prefiere "ponerse a las ordenes de la troika" en Europa.

El tribunal vuelve a impedir un nuevo intento de Silva por bloquear su juicio

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a parar hoy un nuevo intento del juez Elpidio José Silva de bloquear su juicio, cuyo abogado ha insistido en renunciar y pedir que se abstenga una de las magistradas que le juzgan, al considerar que su conducta es un "fraude de ley de libro".

La sesión de hoy ha comenzado con el alegato del letrado Cándido Conde-Pumpido para tratar de forzar al tribunal a aceptar la renuncia que presentó a última hora del lunes y con ello lograr posponer el juicio para después de las elecciones europeas, a la que su cliente concurrirá al frente de Movimiento Red.
Dado que el presidente de la sala, Arturo Beltrán, ha frenado nuevamente esta intención, Conde-Pumpido ha anunciado que pedía la abstención a una de las magistradas del tribunal, María Tardón, ya que ha leído en la prensa que fue consejera de la Asamblea de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa.
Tras cinco minutos de receso, la magistrada ha explicado que este hecho es "público y notorio" pero que ella abandonó el cargo en abril de 2005, por lo que nunca ha tenido "relación directa ni indirecta" con la causa en la que Silva investigaba un préstamo concedido en 2008 a Marsans de 26,6 millones de euros, ni con esta.
Además, ha dicho que no tuvo ninguna relación con Blesa y que, por tanto, no iba abstenerse porque con ello también "podría incurrir en una falta disciplinaria por dilaciones indebidas".
Previamente, el defensor había resaltado que se han producido "desaveniencias graves" que no le permiten ejercitar la "defensa real" y que permanecer vulnera este derecho constitucional y su "dignidad" profesional.
Sin embargo, el presidente de la Sala le ha aclarado que lo ocurrido hasta ahora "demuestra que el tribunal tenía razón", y es que pretendían desde el principio anular el juicio, bien en las cuestiones previas "o por cualquier otro medio".
De hecho, ha recordado que cuando renunció el pasado lunes, Silva llegó a elogiar la labor de su defensor y que entendía que renunciara.
Al día siguiente, ha relatado Beltrán, volvieron a insistir en su planteamiento pero, ante una nueva negativa, requirieron un receso para preparar el interrogatorio al acusado porque solo estaban "preparados para una sola solución posible", la de la anulación, y no contaban con que la vista siguiera adelante.
"Su pensamiento de que no se siente defendido no tiene efectos procesales", ha dicho Beltrán a Silva para precisar a su abogado: "la decisión del tribunal sí tiene efectos procesales y usted tiene que defender".
"Es un fraude de ley de libro", ha zanjado.
Además, ha recalcado que no hubo ninguna intención de amenazar al letrado cuando ayer le apercibió de que su conducta podría ser constitutiva de dos faltas disciplinarias y de un delito penal.
Por último, ha ironizado con la acusación que le ha lanzado Silva sobre que el tribunal ya tiene preparada la sentencia: "Es una cosa que no se puede pensar siquiera pero no hacemos caso, no nos enfadamos, no nos ofendemos; nos va en la paga, también nos pagan para aguantar esas impertinencias. Pero tenemos el deber de la tutela judicial efectiva".
Las palabras del presidente de la sala han provocado nuevamente la reacción de un miembro del público, que han comenzado a proferir gritos contra Miguel Blesa, que acudió temprano al tribunal, donde hoy está previsto que declare como testigo.
Por ello, el magistrado ha ordenado su expulsión mientras advertía al resto de que debían guardar las formas.
"Más numeritos de plató no", ha sentenciado.

martes, 22 de abril de 2014

Nace ‘Filtrala’, el portal de los documentos secretos

MADRID.- La asociación Associated Whistle-Blowing Press (AWP) ha lanzado un portal (www.filtrala.org) dedicado a la filtración de documentos (secretos o no), similar al proyecto Wikileaks, pero enfocado a España. Parte del grupo promotor –entre los que hay hackers, periodistas y miembros de movimientos sociales– trabajó antes en el equipo de Julian Assange, radicado en Islandia. “Ahora queremos desarrollar nuestra experiencia en España, donde hay unos niveles altísimos de corrupción sistémica”, explican.

Entre los avales que presentan los impulsores del portal figura Hervé Falciani, miembro de la Comisión Anticorrupción de la Red Ciudadana Partido X. Después de abandonar su empleo en la filial suiza del banco HSBC, donde trabajó ocho años, Falciani empezó a colaborar en 2009 con la Justicia de varios países, al filtrar datos bancarios de cerca de 130.000 evasores fiscales.
Otra de las experiencias previas (aunque éste no forma parte de Filtrala) es la de Edward Snowden, quien en mayo 2013 reveló la colaboración existente entre gobiernos y empresas destapando el “estado de vigilancia” con sus filtraciones. Siguiendo esta línea, Filtrala pone a disposición de la sociedad “un mecanismo ciudadano para luchar contra la corrupción y el abuso, con el único deseo de que se consiga una muy necesitada regeneración social, que debe estar basada necesariamente en la justicia y en la transparencia”, explica el colectivo a través de su carta de presentación.
En España, La Marea y otros tres medios de comunicación (Diagonal, eldiario.es y Mongolia) formarán un equipo de investigación para contrastar y verificar las filtraciones y denuncias ciudadanas.
El diseño del proyecto arrancó hace un año. Durante este tiempo, sus integrantes han creado un sistema que blinda a la persona que filtra documentos que considera importantes para la sociedad. El anonimato está garantizado y la asociación se compromete a no dar, “bajo ningún concepto”, datos a terceros. El proceso no requiere de conocimientos previos de informática y “está pensado para ser seguro a la vez que simple”, explican.
¿Cómo se hacen públicos documentos a través de Filtrala? El primer paso es instalar el navegador anónimo Tor, siguiendo las instrucciones de www.filtrala.org. Después de que el ciudadano envíe los documentos, el equipo los investiga y publica a través de www.awp.is.
Además de Tor, la plataforma utiliza –por cuestiones de seguridad– los cifrados GPG (de grado militar), AES y OpenSSL y el sistema operativo incógnito Tails, que no dejan rastro de la navegación en el ordenador del filtrador ni en los servidores propios. Todo el historial se borra de forma automática durante la navegación. Además, el equipo de AWP limpiará todos los metadatos de los documentos filtrados para que ningún servicio informático pueda saber de dónde proceden.
AWP solo aceptará y publicará materiales censurados o secretos de naturaleza política, científica, institucional, oficial, diplomática o de relevancia histórica. Por lo tanto, rumores, opiniones o material escrito en primera persona, que estén disponibles públicamente en otro espacio, no serán considerados.
La elección de Bélgica como sede para la asociación no es casual. “Estudiamos todas las legislaciones de la UE y la ley de prensa belga es la que nos garantizaba más protección”, añaden desde la asociación.
El objetivo de Filtrala, defiende uno de sus portavoces, “no es sólo destapar noticias, sino lograr cambios en las leyes a través de un trabajo en equipo”. De hecho, tras la publicación de las informaciones, un equipo de abogados y organizaciones civiles estudiará posibles acciones legales, en caso de que fuesen necesarias.

El TSJM ordena continuar el juicio contra Silva, apercibe a su abogado y ve en su renuncia un posible delito

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado continuar el juicio que se sigue contra el juez Elpidio José Silva por el 'caso Blesa' y ha apercibido a su abogado, Cándido Conde-Pumpido Varela, por su "injustificada" renuncia, que incurre en una falta disciplinaria y puede llegar a ser un delito de deslealtad profesional con pena de inhabilitación.

   Los magistrados Arturo Beltrán, María Tardón y Eduardo Urbano han entendido que "subyace" en esa renuncia la intención de retrasar la vista, por lo que han apercibido al abogado y han añadido que su conducta puede incurrir en una infracción disciplinaria sancionable con una multa "equiparable a la más alta de las previstas para las faltas". Y puede tener "responsabilidad disciplinaria" ante su propio Colegio de Abogados e incluso en un delito del 467.2 del Código Penal.
   El fiscal Manuel Moix ha destacado que su conducta puede tener encaje en el artículo 467.2 del Código Penal, que castiga al abogado que "por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años".
   El abogado defensor ha dicho sentirse "coaccionado" por este "ataque completamente inaceptable a su libertad y la amenaza de acciones legales" y ha conminado a escuchar el parecer de su cliente para saber si sigue contando con su confianza.
   "La última palabra la tiene este tribunal, no Silva. Usted no suspende el juicio, el juicio se suspende de acuerdo a las normas", ha espetado el presidente del tribunal, el magistrado Arturo Beltrán, ante las interrupciones del acusado.
   Pese a ello, el cabeza de lista del Movimiento Red para las europeas ha tenido tiempo de decir que no se siente representado por su letrado. "Le apercibo de que se calle. Es irrelevante su voluntad, es fraudulenta", ha proseguido el magistrado, tras recordar que el acusado no puede  dirigir el desarrollo del juicio.
   Acto seguido, Conde-Pumpido ha pedido un receso porque no había tenido tiempo para preparar la defensa del día de hoy. El fiscal, apoyado por las acusaciones, han manifestado que no se oponen al descanso siempre que sirva para asesorar a su representado y no para ofrecer una "rueda de prensa".
   El presidente del tribunal ha pedido "cuidar las formas porque no es un teatro" y ha dado 45 minutos de descanso, eso sí, dentro de la Sala. Los magistrados han tomado esta decisión después de que Silva pidiera en la primera sesión del juicio un descanso y lo aprovechara para hacer declaraciones a los medios de comunicación.
   La segunda sesión del juicio ha comenzado este martes con la negativa del tribunal a aceptar la renuncia que planteó a última hora del lunes Conde-Pumpido en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que obliga a no acoger las fraudulentas, las realizadas de mala fe y las que no están objetiva y plenamente justificadas.
   "El tribunal no sabe las expectativas que  tenía el abogado pero sabe una cosa, que un altísimo porcentaje de sus cuestiones previas han sido rechazadas. Un porcentaje superior al 99 por ciento. Así que, o no eran razonables esas expectativas o no existieron como tales sino como mera posibilidad remota", ha afirmado Beltrán sobre el argumento esgrimido por la defensa, que dijo que renunciaba porque no había cumplido sus expectativas.
   Al inicio de la vista, el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha destacado que el fuero no es renunciable y el único tribunal competente para juzgar a togados es el Tribunal Superior. "Nos parece imposible declinar una jurisdicción que tenemos", ha remachado.
   Se ha mostrado dispuesto a dar lectura de correos electrónicos corporativos del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa siempre que sean concretos y estén relacionados con los hechos investigados. Asimismo, ha indicado que la conformación del tribunal "fue una gran preocupación" pero finalmente se ha logrado uno con magistrados que no han intervenido en fase de instrucción, al tiempo que ha rechazado la personación de la compañía aseguradora Zurich, encargada de afrontar la responsabilidad civil en algunos casos de los jueces.
   El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.

Las rebajas salariales alargan el camino de la recuperación de España

MADRID.- La reforma laboral, que dio a las empresas más flexibilidad para recortar los salarios y cambiar las condiciones contractuales de los trabajadores, ha ayudado a España a alejarse de una situación cercana al impago hace dos años, reactivando el crecimiento de las exportaciones al permitir que las empresas bajen sus precios. 

Pero el cambio en la normativa laboral, promovido por la Unión Europea en el marco de los cambios económicos exigidos a los países más endeudados de la zona euro, también ha transformado la sociedad española, con consecuencias a largo plazo que podrían minar la recuperación.
Los trabajadores con salarios bajos y contratos temporales se han llevado la peor parte de los recortes salariales, creando una nueva subclase de españoles que sufrirán el resto de su vida por encontrar un empleo estable.
Según el Fondo Monetario Internacional, la desigualdad salarial creció más rápidamente en España que en cualquier otro país de la UE de 2007 a 2012, una brecha que ha incrementado las tensiones sociales en el país.
Una encuesta reciente indicó que el respaldo a los dos principales partidos políticos de España caería drásticamente en las próximas elecciones europeas, a menudo utilizadas para los votos de castigo, a favor de grupos mucho más pequeños, debido en gran parte a su gestión de la crisis económica.
Con la caída de la confianza del electorado en las principales fuerzas políticas del país, el Partido Popular podría perder su mayoría absoluta parlamentaria en las elecciones generales del próximo año, haciendo más difícil aprobar reformas aún vitales en un parlamento dividido.A pesar de las claras señales de recuperación, con un PIB que se prevé que crezca alrededor de un 1 por ciento este año tras haberse contraído alrededor de un 7 por ciento desde que comenzó la crisis, es probable que el camino de España hacia la prosperidad a largo plazo sea empinado, según economistas.
Aunque las exportaciones han crecido hasta suponer un tercio del PIB total de España, frente al 20 por ciento de hace cinco años, la situación económica del país depende en gran medida del gasto de los hogares, que se ha reducido en el mismo periodo.
Eso significa que España tendrá dificultades para seguir los pasos de Alemania, cuyas reformas laborales de la década de 1990 transformaron al país en una potencia económica impulsada por las exportaciones de productos de gama alta en lugar de por el consumo interno.
Los economistas también cuestionan si los artículos básicos y más baratos que han impulsado el sector exportador de España pueden competir a largo plazo con productos rivales en países incluso con menores costes como Turquía o Marruecos.
"La salida para España va a ser dolorosa y, en general a corto plazo, España va a ser un país más pobre", dice Santiago Carbó Valverde, economista de la Universidad de Bangor, en Gales.
El gasto de los hogares, un pilar importante para una economía orientada a los servicios como España, se ha reducido en más de un 11 por ciento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace seis años. Aunque la velocidad de la contracción se está moderando, salarios mucho más bajos suponen que el regreso al crecimiento sostenible podría llevar años.
Tratar de mejorar la competitividad mediante la reducción de la masa salarial es contraproducente en España, dijo Klaus Armingeon, politólogo de la Universidad de Berna en Suiza.
"Reducir los salarios afecta al consumo doméstico, lo que afecta al crecimiento. Un crecimiento más bajo obligará al Gobierno a aprobar más medidas de austeridad para cumplir los objetivos fiscales, creando un círculo vicioso".
 
El colapso del sector del ladrillo en 2007 y 2008 después de una década de burbuja inmobiliaria metió al país en una espiral descendente. Hogares y empresas quedaron profundamente endeudados; el Estado se vio privado de lucrativos impuestos inmobiliarios y las empresas despidieron trabajadores en masa.
Casi una tercera parte de todos los parados de los 17 países de la zona euro están en España. La preocupación por el déficit público y la banca de la cuarta mayor economía del bloque llegó a amenazar la estabilidad de toda la moneda única.
Empujado por sus socios internacionales, España emprendió reformas estructurales. Tanto el actual Gobierno conservador como el anterior de centroizquierda aprobaron cambios encaminados a crear más empleo, en parte haciendo más fácil y barato para las empresas con dificultades para sustituir a trabajadores.
El número de personas con salarios bajos y contratos a corto plazo se ha disparado. A finales del año pasado, el 16,3 por ciento de los trabajadores tenían empleos a tiempo parcial, desde el 11,1 por ciento de mediados de 2007.
Teresa Cavero, analista de la agencia de ayuda internacional Oxfam en España, dice que la consecuencia ha sido un incremento en el número de los trabajadores en riesgo de pobreza.
"Hay gente que sí encuentra trabajo, pero son empleos tan precarios, que no puede salir de la pobreza", dijo. El porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza saltó casi un 18 por ciento de 2007 a 2012, según el Instituto Nacional de Estadística.
"Hay que garantizar empleo, sí, pero no a cualquier coste", dijo Cavero.
 
Con unos seis millones de personas sin trabajo, los españoles se agarran a cualquier oportunidad de empleo.

La Policía descarta a Resistencia Galega en los disturbios del 22M

MADRID.- Los informes elaborados por la Policía Nacional en relación con los incidentes violentos entre radicales y policías en las calles de Madrid al término de las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo descartan la presencia de integrantes del grupo terrorista Resistencia Galega, según han informado hoy fuentes de la investigación.

   En estos informes, que ya obran en poder de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se señala como responsables de los disturbios en los que resultaron heridas un centenar de personas (entre ellas 67 policías) a grupos de carácter anarquista insurrecionalista (AI) que actúan de forma organizada. El insurreccionalismo aboga por pasar de la teoría a los hechos y llevar a cabo acciones directas violentas.
   Según estas fuentes, estos grupúsculos detectados en el 22M por los expertos de la Policía en este tipo de movimientos radicales guardan un perfil similar con el Comando Insurreccionalista Mateo Morral, desarticulado el año pasado después de que sus integrantes colocasen un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza.
   Estas y otras cuestiones son las que explicará mañana miércoles desde las 11.00 horas en el Congreso de los Diputados el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. No obstante, la Comisión de Interior de la Cámara Baja también abordará los fallos cometidos por el despliegue policial durante los incidentes violentos.
   De hecho, el director general de la Policía anunció su intención de comparecer ante esta comisión de manera voluntaria, pero una vez finalizada la investigación interna abierta por su Departamento. La Policía finalizó sus pesquisas el pasado jueves 10 de abril.
   Pocos días después del 22M, el 'número dos' de la Policía, el director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, en su única reunión con los sindicatos policiales para abordar esta cuestión, se comprometió a depurar responsabilidades en el Cuerpo si se acreditaban fallos en el operativo. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció sólo un día después la existencia de esos errores por lo que es probable que se produzcan ceses en la Policía en los próximos días.
   Los agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y los sindicatos que les representan no contemplan otra resolución que no pase por la destitución de alguno de los responsables de esta unidad. Señalan directamente al jefe de la UIP de Madrid, el inspector jefe Francisco Javier Virsea --con poca experiencia en el puesto-- y al responsable de las unidades a nivel nacional, José María Ruiz Igusquiza.
   Denuncian mala planificación, falta de coordinación y la tardanza en dar la orden de ayudar a policías agredidos por manifestantes. Estas críticas también alcanzan al propio Comisario General de Seguridad Ciudadana Florentino Villabona. Nada más comparecer en el Congreso, Cosidó se reunirá también con los sindicatos policiales.
   El portavoz del PSOE en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, ha recordado la responsabilidad del propio Cosidó ya que "fue él quien eligió a estos responsables policiales de las UIP".
 "Fue una planificación desastrosa que provocó el peor operativo que se recuerda", ha añadido Trevín, quien ha destacado que ya en los días previos la Policía contaba con información suficiente para conocer el peligro que se avecinaba.
   Por su parte, el portavoz de IU, Ricardo Sixto, asegura que no tienen muchas esperanzas en que las explicaciones del director general de la Policía ayuden a conocer lo que sucedió y apunta a "la responsabilidad clarísima" de Igusquiza en lo que ha calificado como una "falta de previsión". Cree que su "incapacidad" puso "en peligro" a los policías y reprocha la orden dada a los antidisturbios de cargar antes de que finalizase la manifestación.    
    Desde la Policía han defendido estas últimas semanas que no se falló en la prevención dado que contaban con información previa de la afluencia de personas radicales que se iban a congregar en Madrid y que por ello establecieron un despliegue sin precedentes en la capital. No obstante, existe la conciencia general de que el grupo que quedó aislado en Recoletos permaneció demasiado tiempo sin recibir refuerzos pese a que esos grupos cuentan con material de autodefensa.

Los sherpas nepaleses renunciaron a la temporada de escalada en el Everest

KATMANDÚ.- Los guías nepaleses anunciaron este martes que habían decidido abandonar el campamento base del Everest y poner fin a la temporada en homenaje a sus colegas muertos el viernes pasado en un alud.

“Mantuvimos una larga reunión esta tarde y hemos decidido no escalar más este año en homenaje a nuestros hermanos. La decisión de los sherpas es unánime”, dijo uno de ellos, Tulsi Gurung.
Otro sherpa y un alpinista estadounidense presente en el campamento base confirmaron la información, cuatro días después de la muerte de 13 guías en un alud.
“Algunos guías ya se han ido y otros se quedarán aquí durante aproximadamente una semana, el tiempo de empaquetar todo y marcharse“, afirmó Gurung, cuyo hermano forma parte de las víctimas.
Trece sherpas murieron en un alud el viernes y los cuerpos de otros tres siguen sepultados bajo la nieve tras el accidente, el más mortífero registrado en esta montaña.
“Dieciséis personas murieron en esta montaña el primer día del ascenso. ¿Cómo la vamos a escalar?”, comentaba otro sherpa, Pasang Sherpa.
Esta decisión parece anticipar el desenlace de las negociaciones entre los sherpas y el gobierno nepalés.
Los guías nepaleses amenazaron con poner fin a la temporada si el gobierno no satisfacía antes del lunes sus reivindicaciones, en particular la mejora de la ayuda financiera para las familias de las víctimas y de la cobertura de seguros.
Varios alpinistas occidentales abandonaron el campamento base el martes por la tarde rumbo a Katmandú con el objetivo de intentar ayudar a resolver la crisis.
“Decidieron que la indemnización no es el único tema, estimaron que incluso se debería cerrar el Everest este año en recuerdo de los muertos”, dijo Ed Marzec, un alpinista estadounidense en el campamento base.
Los sherpas ganan entre 3.000 y 6.000 dólares por temporada pero están mal cubiertos por el seguro.
Más de 300 personas, sobre todo sherpas, han muerto en esta montaña desde el primer ascenso en 1953.

El PP frena por cuarta vez una comisión de investigación sobre el 'caso Bárcenas'

MADRID.- No habrá comisión de investigación en el Parlamento sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Es más, no habrá debate en el pleno del Congreso sobre la idoneidad o no de crearla. El partido gubernamental ha frenado hoy en la Junta de Portavoces, por cuarta vez en lo que va de legislatura, una proposición del PSOE en la que reclama someter al examen político de la cámara baja el 'caso Bárcenas'. 

La portavoz del primer partido de la oposición, Soraya Rodríguez, ha tildado de "inoportuna" la negativa del PP tras la publicación de los datos del último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Polícía Nacional en la que se vinculan las donaciones opacas de empresas constructoras mencionadas en la supuesta contabilidad B del PP con campañas electorales.
Los socialistas volvieron a la carga ya después de que el extesorero del PP, ahora encarcelado, declarara ante el juez Pablo Ruz, hace poco más de diez días, que su antiguo partido tenía cajas en negro en "todas las provincias y regiones". Concediendo a ese testimonio toda credibilidad, el PSOE anunció su intenticón de reactivar todas las vías de denuncia y control en su mano: volvió a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció nuevas diligencias en la vía judicial y planteó la creación de comisiones de investigación en todos los Parlamentos autonómicos y el Congreso.
El recorrido de esta última opción, en todo caso, se ha demostrado corto, como ya era de prever. El PP ya había impedido en otras ocasiones, la última el pasado septiembre, incluir en el orden del día del pleno parlamentario este debate. Del mismo modo que se han bloqueado con su mayoría absoluta en otras tantas ocasiones la reclamación aún más amplia de la Izquierda Plural, que no desea limitarse a la financiación del PP sino a la de los partidos políticos en su conjunto.
En todo caso, no solo lo relacionado con el caso Bárcenas cayó en saco roto durante la reunión de la Junta de Portavoces ccelebrada esta mañana. El Grupo Popular también ha rechazado que se lleve al hemiciclo la creación de una comisión de investigación solicitada por IU sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. E incluso la solicitada por PNV y CiU sobre la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá.

Bárcenas reiteró al juez que dio sobres a Rajoy y Cospedal

VIGO.- El extesorero del PP Luis Bárcenas reiteró en su última declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que entregó sendos sobres con 25.000 euros al presidente y la secretaria general del partido, Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, provenientes de donativos recabados por la sede de Pontevedra.

Bárcenas ha insistido en que fue el gerente del PP de Pontevedra, cuyo nombre no recuerda, quien llevó los sobres hasta la sede del partido en Madrid y se los dio personalmente a él.
Ha detallado que esos 50.000 euros forman parte de los 187.569,83 euros que habían sido embargados en una cuenta del partido en el Banco de Vitoria por un impago por parte de la sede del PP de Pontevedra, y que figuran en la contabilidad nacional bajo el epígrafe "embargo proveedor PP Galicia".
El 15 de julio de 2013, Bárcenas cifró esa deuda en unos 160.000 euros, pero a preguntas del juez Ruz sobre si serían los 187.569,83 euros que identificaron los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, ha contestado que, efectivamente, ésa es la cantidad.

El juez Silva se niega a declarar y el tribunal ordena seguir el juicio

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva se ha negado a declarar en el juicio por prevaricación que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al sostener que carece de abogado, una situación que, ha dicho, no se produce "ni en Corea del Norte".

"A todo efecto legal no tengo abogado en este proceso, usted me esta coaccionando", ha espetado Silva al presidente del tribunal que le juzga, Arturo Beltrán, que ha ordenado proseguir con la vista rechazando la renuncia que ayer presentó el letrado Cándido Conde-Pumpido Varela en un intento de forzar un aplazamiento hasta después de las elecciones europeas, a las que concurrirá el juez.
Cuando éste ha sido preguntado por Beltrán si quería formular alguna pregunta a su cliente, el letrado ha respondido que por "mandato expreso" del Colegio de Abogados de Madrid no iba a hacer ninguna.
Silva ha insistido entonces en que no se daban las condiciones para declarar y ha amenazado a los magistrados con acudir a instancias superiores, refiriéndose al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por las coacciones que, denuncia, han sufrido él y su defensor, contra el que han "lanzado acusaciones muy duras".
La sala había rechazado a primera hora de la mañana suspender la vista por la "injustificable" renuncia de Conde-Pumpido, a quien ha advertido de que su conducta podría ser constitutiva de un delito penal y dos faltas disciplinarias.
Sin embargo, el letrado ha mantenido que el Colegio de Abogados de Madrid le ha informado de que "en ningún caso incurriría" en ninguna de ellas y que le ampara "abundante" doctrina del Tribunal Constitucional.
Por todo ello, el magistrado, actualmente suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, ha advertido al tribunal, especialmente a Beltrán, de que quería recusarles porque está "contaminado", al mismo tiempo que les ha emplazado a facilitarles los instrumentos para ello, puesto que, ha insistido, carece de abogado.
El debate ha provocado la irrupción de tres espontáneos que han acudido como público al juicio, que han proferido gritos como "Vergüenza" y "Esto está amañado", ante lo cual Beltrán les ha tenido que expulsar explicándoles que "tienen derecho a creer lo que quieran" porque "el público es el juez del juez", pero no a dar gritos, voces ni a alterar el orden".
A su salida del TSJM, ha especificado que debe ver "de qué manera técnicamente" puede apartar a los magistrados que le juzgan, ya que el tribunal debería dejarle nombrar un nuevo letrado, aunque la realidad es que ha demostrado "una actitud de conculcación de derechos fundamentales".
"Las condiciones que se dan en este proceso ahora mismo carecen de precedentes en todos los sentidos", y se trata de "un hecho insólito en la historia judicial", ha manifestado el juez, que ha comparado su situación a la que se vive en países autoritarios.
"En cualquier país del mundo, no sé si en Corea del Norte habría una excepción a esto, lo ignoro, pero creo que también allí alguien que sea acusado tiene derecho a un abogado", ha concluido antes de reiterar que el TSJM "ha demostrado que quiere seguir adelante con esto a toda costa".
Previamente, el juez Elpidio José Silva había llegado con diez minutos de retraso al juicio por presunta prevaricación en la instrucción del 'caso Blesa' porque su abogado había terminado poco antes de conceder una entrevista a un medio de comunicación, lo que, a su juicio, era "muy importante" porque la ciudadanía debe saber que no está teniendo un "juicio justo".
Al ser preguntado a qué se debe el retraso en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Silva ha respondido a los medios de comunicación que a "una entrevista que ha tenido que conceder su abogado" para responder a la "gravedad" de lo que, en su opinión, está sucediendo en la vista.
"La ciudadanía tiene que saber que estamos en un proceso que no está adecuadamente constituido. No tenemos un juicio justo y es muy importante tener un juicio justo porque sin pruebas no hay juicio", ha respondido al juez, acompañado de su abogado Cándido Conde-Pumpido Varela.
El instructor del 'caso Blesa' ha sido citado a las 10.00 horas de la mañana. A esa hora, estaba conformado el tribunal y diez minutos después ha aparecido Silva entre los aplausos de una decena de simpatizantes del Movimiento Red que encabeza. Los congregados llevaban caretas del banquero Emilio Botín y portaban pancartas en las que se podía leer "España es diferente, juzga a jueces y no a delincuentes".
El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.

lunes, 21 de abril de 2014

Crece el número de familias italianas sin ingresos por desempleo

ROMA.- Más de un millón de familias italianas carecían de ingresos económicos por desempleo hacia finales de 2013, cifra superior en un 18 por ciento a la registrada en 2012, divulgó hoy el Instituto de Estadísticas (Istat). 

Según un estudio de esa entidad, los datos del año pasado duplican los correspondientes a 2011, lo cual indica un gran crecimiento del número de personas sin trabajo en el país.

Las zonas más afectadas por esta situación son el norte y el sur de esta nación y casi la mitad de los hogares perjudicados están conformados por parejas con hijos, destaca el informe.

En Italia, alrededor de ocho millones de individuos viven en el límite de la pobreza y el índice de desempleo supera el 12 por ciento, la tasa más alta de las últimas tres décadas, señala un reporte de la Oficina europea de estadísticas Eurostat.

Una investigación de ese organismo concluyó que la problemática afecta, fundamentalmente, a los jóvenes, sector con un 30 por ciento de desocupación.

El juez Silva fuerza retrasar su juicio al renunciar su abogado a última hora

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva ha intentado forzar hoy un aplazamiento de su juicio por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al renunciar su abogado por sorpresa a última hora de la sesión de la vista, que proseguirá mañana.

El letrado del juez, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha pedido la anulación del juicio pero, ante la negativa de los tres magistrados que componen el tribunal de la Sala Civil y Penal del TSJM, ha presentado su renuncia porque ha "fallado" a su cliente.
"Teniendo en cuenta que he fallado, no puedo más que decir que hay una disparidad de criterios y por lo tanto renuncio a la defensa", ha dicho el letrado después de lamentar que "parece que todo vale" y pedirle al tribunal que otorgue a Silva un plazo de 10 días para designar uno nuevo.
Fuentes jurídicas han señalado que las posibilidades procesales abiertas tras la renuncia del letrado de Silva "son muchas", y que habrá que esperar a mañana para ver por cuál se decanta el TSJM.
Mientras, el juez ha asegurado a su salida que se siente "atropellado e indefendido" por las decisiones de la sala y sus maneras "amenazantes" y ha advertido de que si no anula el juicio, se "reproducirá la renuncia legal" de su abogado.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que dio origen a este procedimiento al interponer una querella contra Silva por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia durante su investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ha denunciado que se trata de un "nuevo fraude de ley".
Los abogados de Blesa y Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, que ejercen de acusación, han señalado, respectivamente, que se trata de una "pirueta absolutamente previsible" y un "insulto a la inteligencia".
El tribunal, que se había negado previamente a anular la vista porque, en palabras de su presidente, Arturo Beltrán, es "la más fuerte y rotunda de las resoluciones que se pueden tomar para solucionar un problema" cuando no existen "otras alternativas", ha acordado retomar mañana el juicio para resolver esta cuestión.
La sesión de hoy ha comenzado con la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía, que reclama 30 años de inhabilitación, y de los abogados Carlos Aguilar y Nicolás González-Cuéllar, que representan a Blesa y Díaz Ferrán y que piden 43 años de inhabilitación y 24, respectivamente.
Posteriormente, la defensa de Silva había reclamado la nulidad del auto por el que se señaló la fecha del juicio y se acordaba la prueba a practicar en el mismo, dado que dos de los tres magistrados que componían inicialmente el tribunal aceptaron la recusación por haber participado en la instrucción.
Según su escrito, concurren hasta cinco causas de nulidad, entre ellas la existencia de ese motivo de recusación, que "provoca una evidente indefensión" a su representado "al producirse una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".
Según el letrado, la actuación del TSJM "solo puede ser explicada por las prisas existentes" de juzgar a su defendido "antes de las elecciones europeas a las que es candidato y con un claro ánimo de influir en dicho proceso electoral".
"Resulta evidente que de no haber sido el señor Blesa el objeto de la investigación judicial, el magistrado jamás se habría visto sometido a un proceso por prevaricación", resalta el escrito, en el que critica además que no dejaran acceder a su cliente a los correos corporativos que él mismo ordenó incautar a Miguel Blesa.
Por último, el letrado señala la falta de competencia del tribunal para enjuiciar a Silva, que se encuentra en situación de excedencia y apartado cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial, ya que por ello no tiene aforamiento y, de tenerlo, renunciaría a él para ser juzgado por un tribunal ordinario.
Motivos todos ellos a los que se han opuesto el fiscal y las acusaciones y que ha compartido el tribunal, cuyo presidente ha recordado que los dos magistrados recusados aceptaron ser apartados y que su decisión de concurrir a las elecciones fue posterior a la apertura del juicio.
La sala también ha rechazado permitir a Silva, que ha negado "todas y cada una de las imputaciones" que pesan sobre él, ausentarse de las sesiones por estar inmerso en la preparación de la campaña electoral de los comicios europeos del 25 de mayo.

El juez Silva denuncia que su juicio es "manifiestamente ilegal" y pedirá su nulidad

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva ha denunciado hoy que la vista en la que se le empezará a juzgar hoy por haber presuntamente prevaricado durante su investigación a Miguel Blesa es "manifiestamente ilegal", por lo que reclamará su nulidad.

Silva ha hecho estas declaraciones a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) minutos antes de que arranque el juicio en la Sala Civil y Penal, donde está previsto que hoy se debatan las cuestiones previas.
El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid ha asegurado estar "tranquilo" porque se trata de una "patraña" que atenta contra sus "derechos fundamentales" y "libertades" de cara a su candidatura en las próximas elecciones como cabeza de lista del Movimiento Red.
Para Silva, el auto con el que el TSJM acordó las pruebas a practicar en esta vista, así como su calendario, es nulo porque dos de sus magistrados aceptaron la recusación que planteó por haber participado en la instrucción de la querella que interpuso contra él la Fiscalía.
"El auto es nulo y lo sabe el tribunal; el juicio es nulo y también lo sabe el tribunal: es un juicio manifiestamente ilegal", ha resaltado.
Su abogado, Cándido Conde Pumpido Varela, ha añadido que el juicio debe suspenderse y los magistrados que componen el tribunal tienen que fijar una nueva fecha.
Los dos magistrados recusados eran el presidente de la Sala de lo Civil y Penal Francisco Javier Viera y Susana Polo, con lo que ahora el tribunal está compuesto por Arturo Beltrán, Eduardo Urbina y María Tardón.
De no suspenderse, mañana deberá declarar como acusado Silva y, el miércoles, Blesa y su abogado, Carlos Aguilar.
Silva, acusado de un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia, se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 30 años de inhabilitación, que la defensa de Blesa eleva a 43 y la del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán deja en 24.

Bárcenas sobre cajas B regionales: "suponíamos que en todos los sitios tenían"

MADRID.- El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional que su formación disponía de 'caja B' en "todas las provincias y regiones" que se destinaba a la financiación de las campañas electorales. "Suponíamos que en todos los sitios tenían", dijo en su declaración del pasado 10 de abril, para añadir: "Ni supervisábamos ni queríamos saber".
 
   Respecto a los cargos encargados de gestiones estas 'cajas', Bárcenas indicó que normalmente las llevaba "el secretario regional del partido en cada sitio, y el tesorero del partido".
 "Vamos a ver... la realidad es que en cualquier provincia, en cualquier región de cualquier partido hay donaciones, especialmente cuando son campañas de índole municipal y autonómica", agregó, según refleja la transcripción íntegra de su declaración.
   "Eso se plantea en todos los niveles de la organización. Se plantea a nivel nacional y eso sirve para que la campaña nacional tenga un plus de fondos que se pueden dedicar a determinadas acciones y se plantea en las sedes provinciales y las sedes autonómicas con un criterio similar en las campañas que les afectan a ellos", agregó.
   "No se salva ningún partido, absolutamente ninguno", apuntó y explicó que hay gente que "sencillamente quiere colaborar con las personas que se presentan a las elecciones y contribuir a las campañas".
   El extesorero se refirió a la existencia de esta contabilidad opaca en las sedes regionales 'populares' en respuesta a las preguntas formuladas por las fiscales Anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell.
   "Por lo que usted sabía, por lo que a usted le constaba, las sedes regionales y en las sedes provinciales también debía de llevarse una contabilidad o unos papeles semejantes a los suyos, ¿es así?", preguntó Anticorrupción, a lo que Bárcenas contestó: "Así es".
   El extesorero explicó que las distintas cajas existían porque "en todos los sitios hay donantes".
 "Hay una campaña en Cáceres o en Badajoz, y hay un señor empresario que quiere aportar dinero para esa campaña, y eso pasa absolutamente en todas las provincias, entonces somos conscientes o éramos conscientes de que eso sucedía así, pero no interveníamos en nada de eso".
Durante el interrogatorio de cinco horas de duración, Bárcenas se refirió también a los poderes que el PP le confirió tras ser nombrado primero como gerente y después como tesorero del partido. "Yo los poderes que he tenido siempre, y hasta que se me nombra en junio de 2008 tesorero del partido, son poderes específicos para contratación y para temas relacionados con la gestión de recursos humanos", indicó.
   Según su versión, pasó a tener poderes que le permitían disponer de las cuentas corrientes cuando se le nombra tesorero en el congreso de junio del 2008 y dejó de disponer de ellos en el mes de marzo de 2010.
   Esta afirmación se contradice con la declaración prestada el pasado mes de agosto por la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que aseguró que el partido le retiró el apoderamiento en octubre de 2009.
   "Yo esa afirmación la he oído, y es posible evidentemente, pero revocar el poder si no se le comunica a la persona que tiene el poder... hombre, es una barbaridad", aseguró el extesorero que indicó que nunca se le comunicó la retirada del apoderamiento.
   "Si ese poder estaba revocado, yo he seguido firmando en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en teoría sin tener poder. El poder no basta con revocarlo, sino que hay que entregarlo a los bancos para que sepan que el poder está revocado. Si esta señora revocó mis poderes en octubre de 2009, y no se lo comunica al revocado, y no lo comunica a las entidades bancarias... no sé qué figura es esa, pero yo habría estado actuando sin apoderamiento", agregó.
   El juez Ruz dió el pasado día 15 cinco días de plazo al PP para que aporte la totalidad de las escrituras que ha venido otorgando desde 2007 a favor del extesorero para actuar en dicha condición y en la de gerente. Trata de acreditar la eventual "responsabilidad tributaria que pudiera alcanzar" la formación política.

Condenan a España por ordenar la expulsión de 30 saharauis sin ver su demanda

ESTRASBURGO.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por ordenar la expulsión de treinta inmigrantes saharauis sin haber concluido el examen de sus demandas de asilo.

Los demandantes llegaron en patera a Fuerteventura entre enero de 2011 y agosto de 2012, tras huir del campamento de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún (Sáhara Occidental), que había sido desmantelado por la Policía marroquí.
A su llegada pidieron protección internacional ante el temor a sufrir tratos inhumanos si eran devueltos a Marruecos, pero esta fue rechazada por el Ministerio del Interior, que ordenó una expulsión que finalmente no se produjo.
Interior calificó sus alegaciones de "contradictorias e insuficientes", mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que eran "coherentes" y los "indicios suficientes" para aceptarlas.
Los demandantes, representados por los abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentaron recursos contencioso-administrativos contra las órdenes de expulsión y solicitaron su suspensión hasta que se examinaran, pero la Audiencia Nacional denegó esa solicitud.
Sólo la aplicación de las medidas provisionales de la Corte europea, a la que acudieron entre enero de 2011 y octubre de 2012, impidió que se ejecutaran las expulsiones.
Esas medidas implican que el TEDH solicite la interrupción temporal de la orden y, sin las mismas, según Estrasburgo, "los demandantes hubieran sido expulsados a Marruecos sin que el fondo de sus recursos fuera objeto de un examen tan riguroso y rápido como fuera posible".
La sentencia de hoy mantiene que el procedimiento por el que los saharauis pidieron en España la suspensión de las expulsiones no les permitió aportar información precisa sobre los riesgos que corrían.
El fallo concluye que España vulneró el artículo 13 (Derecho a un recurso efectivo), combinado con los artículos 2 (Derecho a la vida) y 3 (Prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos humanos.
La sentencia recuerda igualmente que los tribunales nacionales "tienen que demostrar una diligencia y prontitud particular y decidir sobre el fondo en plazos breves", porque si no es así, "el recurso perdería su eficacia".
Y en aplicación del artículo 46 del Convenio, estima que el Gobierno "debe garantizar, jurídica y materialmente, el mantenimiento de los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas", que sigue abierto.