Anticorrupción duda que la fortuna de Pujol sea heredada

BARCELONA.- El fiscal del caso Pujol cree "dudosa la procedencia última" de la fortuna oculta del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia, a juzgar por los movimientos de sus cuentas de Andorra y la "vaga explicación" que han dado sobre su origen.

En un escrito el fiscal Anticorrupción rechaza el recurso en que la defensa de la familia Pujol reclama el archivo de la investigación que la titular del juzgado de instrucción nº 31 de Barcelona abrió sobre su fortuna, a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias.

El fiscal mantiene en su escrito que "existe una sospecha sobre la ilicitud" de los fondos de los Pujol y advierte de que la familia del expresidente catalán debe ser investigada, al menos, por un delito contra la Hacienda Pública, aunque ya los hayan regularizado.

Para el fiscal, Fernando Luzón, el origen de los fondos que Jordi Pujol ha confesado haber mantenido ocultos en el extranjero durante más de 30 años resulta sospechoso, "habida cuenta de que la vaga explicación de la procedencia de una herencia no resulta del todo plausible, al presentar tanto lagunas como contradicciones".

El ministerio público recuerda también que la defensa de la familia Pujol no ha aportado "documentación legal de la herencia", pese a que la juez que investiga el caso les requirió el testamento de Florenci Pujol, padre del expresidente de la Generalitat, en una de las primeras diligencias que ordenó el pasado mes de agosto.

Además, Luzón basa sus sospechas en la información sobre los movimientos de las cuentas de los Pujol en la Banca Privada de Andorra que obra en el sumario, dado que, recalca, registraron ingresos "tanto en dólares como en euros, incluso en yenes", así como diversas aportaciones en efectivo.

Otro de los motivos que el fiscal esgrime para dudar del origen de los fondos de los Pujol es que los importes de las transferencias recibidas en las cuentas que la familia del expresidente catalán abrió en Banca Privada de Andorra en 2010 "no parecen coincidir con los ingresos de las segundas", constituidas en 2012.

Asimismo, destaca el escrito, no se conoce el saldo que se traspasa de las primeras a las segundas cuentas, ni todos los movimientos de las mismas.

Para el fiscal, resulta también sospechoso que los ingresos por trasferencias en las cuentas de Banca Privada de Andorra a nombre de los Pujol -algunas en efectivo- se realizaron en fechas distintas.

Anticorrupción entiende que los Pujol deben ser investigados por un delito contra la Hacienda Pública, dado que las cantidades que han regularizado son superiores a los 120.000 euros que el Código Penal establece como cantidad mínima para que un fraude fiscal sea considerado delito.

Por ese motivo, el fiscal cree necesario determinar el "alcance y la eficacia" de la regularización efectuada el pasado mes de julio por Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia, lo que, a su juicio, exige en primer lugar averiguar que "se haya realizado correctamente".

De todas formas, el ministerio público advierte de que "la regularización, aun correctamente realizada, no implica que queden vedadas las posibilidades de investigación de la ilicitud de los fondos con que se satisface la deuda tributaria y, mucho menos, que se produzca una legalización automática de los mismos".

El escrito subraya que tanto Jordi Pujol Soley como su esposa y sus hijos tienen la condición de "personas expuestas políticamente (PEP), para los que la banca debe observar unos deberes de vigilancia reforzados".

"Esta especial atención de los organismos e instituciones implicadas en las prevención del blanqueo de capitales respecto de quienes han asumido importantes responsabilidades públicas debe también predicarse de los órganos judiciales", prosigue Luzón, que llama a no permanecer "inactivos a la vista de un patrimonio que no puede corresponderse con las fuentes lícitas de renta conocidas de estas personas".

"Desde ese punto de vista resulta igualmente muy sencillo para los querellados aclarar el origen de los fondos cuya licitud se discute", agrega el fiscal.

El escrito del fiscal da respuesta al recurso de los abogados de la familia Pujol, Cristóbal Martell y Albert Carillo, que mantienen que la denuncia presentada por Manos Limpias lanza una "abstracta, genérica y gratuita suposición o conjetura" y propone "un escrutinio general, una investigación prospectiva que nuestro Tribunal Constitucional deplora".

En su recurso los letrados sostienen que en su carta de confesión el expresidente catalán se limitó a comunicar "unos fondos dinerarios aflorados voluntariamente por sus titulares mediante regularización", de acuerdo con los cauces legalmente previstos. "Ese es el hecho y nada más allá", remacha el escrito.

Jordi Pujol denuncia sufrir una inquisición general

BARCELONA.- La defensa de Jordi Pujol Soley y su esposa, Marta Ferrusola, ha calificado la denuncia de Manos Limpias como un "ramillete totalmente impreciso y variado de tipicidades", aderezado con "rumorología" y con abstractas y gratuitas "conjeturas", que tienen como objetivo abrir una suerte de "causa general o 'inquisitio generalis'" contra ellos, algo que el Tribunal Constitucional "deplora".

Los abogados del matrimonio, Cristóbal Martell y Alberto Carrillo, se expresan así en el escrito en el que solicitan el archivo de las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 31 de Barcelona puesto que el relato de Manos Limpias es "inidóneo" para sustentarlas.

A su juicio, la denuncia de Manos Limpias esboza "brochazos" y presenta un "deslavazado conjunto" de hechos heterogéneos, acusando a los Pujol de cobrar comisiones a cambio de contratos de la Generalitat y atribuyendo sus fondos residenciados en el extranjero a un "ejercicio torcido y enriquecedor de la función pública".

Pues bien, añade que ese "juicio de valor" está "huérfano" de la más mínima concreción y critica que Manos Limpias pretenda dirigir una "suerte de causa general o 'inquisitio generalis' incompatible con los dictados del Estado de Derecho".

 "El querellante propone un escrutinio general, una investigación prospectiva en términos que nuestro Tribunal Constitucional deplora", remacha.

"La denuncia plantea así una pretensión exorbitante de iniciar una 'inquisitio generalis' o causa general proscrita y que un Estado de Derecho abomina", resume.

Dicho esto, defiende que el ex president regularizó la fortuna familiar y que esta circunstancia es atípica en el Código Penal puesto que el artículo 305.4 exime de responsabilidad al que regulariza su situación tributaria antes del inicio de actuaciones inspectoras o la interposición de una denuncia en su contra. Ello, impide que pueda construirse sobre tal cuota un delito de blanqueo de capitales.

Sostiene que la acusación tampoco ha concretado qué funcionario ha podido ser destinatario de un posible delito de tráfico de influencias, ni ha detallado qué dádiva ha podido constituir un cohecho. Por todo ello, cree que la denuncia se trata de una especie de "sospecha genérica" sobre el origen de unos fondos regularizados.

Por todo ello, los abogados de la defensa critican que el juzgado haya asumido "íntegramente" la argumentación de la acusación en un caso de "trascendencia social y mediática" pese a no haber ninguna 'notitia criminis' y tan solo una denuncia aderezada con "rumorología de conocimiento general, público y notorio".

Por otra parte, la defensa también ha recurrido los autos por los que el juzgado remitió comisiones rogatorias a Andorra y Suiza para investigar sus cuentas bancarias e instrumentos financieros ya que los delitos invocados habrían prescrito según los cómputos anteriores a la reforma de 2010 y además esas comisiones aluden a "unos inexistentes e ignotos" hechos.

Anticorrupción pide que Fabra entre ya en prisión

CASTELLÓN.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de súplica contra el auto de la Audiencia de Castellón que suspendió la ejecución de la sentencia que condena a cuatro años de cárcel al expresidente de la Diputación y del PP provincial Carlos Fabra, y pide su "inmediato ingreso en prisión".

La ejecución se suspendió temporalmente mientras el Gobierno se pronuncia sobre el indulto solicitado por Fabra, aunque el fiscal, en un escrito hecho público hoy, se opone a esta suspensión por la "gravedad de los hechos" y la "trascendencia y alarma social" que ha provocado la misma.

Con fecha de 15 de septiembre, la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentó este recurso contra la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón sobre la ejecución de la sentencia que condena a Fabra a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a una multa e indemnización de cerca de 1,4 millones de euros.

El fiscal explica que la Audiencia concedió esta suspensión temporal atendiendo a las razones de la representación legal de Fabra que hacen referencia a las dilaciones indebidas y a la voluntad de pago expresada por Carlos Fabra, así como a la carencia de antecedentes penales de éste.

En su escrito, la Fiscalía argumenta que el derecho a ser juzgado en un proceso sin dilaciones "ya ha sido apreciado en una considerable disminución de la pena impuesta", por lo que este motivo "no puede ser tenido de nuevo en cuenta".

También hace referencia al artículo del Código Penal que regula la suspensión temporal de la pena mientras se resuelve el indulto. Este artículo, dice el fiscal, es una fórmula pensada para casos con penas breves que pudieran ser cumplidas en su totalidad antes de que se decidiera sobre el propio indulto, lo cual "no es el caso".

En el caso de Carlos Fabra, añade el recurso, "no es previsible que su resolución se demore tanto" por lo que "no procede a la suspensión temporal".

Se hace referencia asimismo a la doctrina del Tribunal Constitucional que considera la suspensión en la ejecución como medida "provisional, excepcional y de aplicación restrictiva, pues de lo contrario se correría el riesgo de instrumentar la institución del indulto como un intento fraudulento y sistemático a utilizar por todos los delincuentes condenados para eludir o rechazar el cumplimiento de la condena".

Además, el TC, añade el fiscal, considera que deben ponderarse otros factores como la gravedad de los hechos enjuiciados, algo que es "indiscutible" en este caso.

También considera "indiscutibles" la "transcendencia y la alarma social" que provoca la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a Carlos Fabra, y "si la causa ya se ha prolongado innecesariamente en el tiempo no se advierten razones de entidad suficiente para no retrasarla levemente durante el tiempo imprescindible para la tramitación del indulto".

Como último argumento, esgrime que según varios autos de la Audiencia Provincial "no parece aconsejable suspender ahora la ejecución de la pena a no ser que la Sala de la Audiencia Provincial prevea que el Tribunal Supremo vaya a emitir un informe favorable al indulto total o parcial por encontrar razones de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia al condenado".

Estas razones, según el escrito de la Fiscalía, "no concurren en este caso".

También se opone a la medida porque el resto de los razonamientos jurídicos utilizados por la Audiencia y la carencia de antecedentes penales o la voluntad de pago "no son motivos excepcionales y singulares", por lo que se pide que se estime el recurso y se acuerde el "inmediato ingreso en prisión del condenado".

“Tipos infames”, del periodista y escritor Carlos Fonseca

Los desafueros, grandes escándalos y villanías de la elite (los “Tipos infames”,  título del libro del periodista y escritor Carlos Fonseca que este año ha publicado Planeta), suelen aparecer en los medios de manera fragmentada, parcial, o interesadamente en seriales, de modo que resulta difícil hacerse una composición completa del estercolero. 

Aparece un caso de corrupción, se dosifica y se aplica la estrategia del “goteo”, hasta que desaparece y es sustituido por otro. O se bombardea con información de manera que el “ruido” impide obtener conclusiones limpias. De ahí la ventaja de un libro como el de Carlos Fonseca, que ofrece amplia perspectiva, documentación muy exhaustiva y rigurosa, al tiempo que no esconde la subjetividad de un ciudadano (algo más que periodista y escritor) abiertamente “indignado”.

 Otro mérito del libro, no menor, es que designa con nombres y apellidos (no se queda en categorías retóricas) a los “tipos infames”. A los personajes de la “Troika” española (políticos, banqueros y empresarios).

Cuando el ciudadano de a pie se sienta delante del televisor para empaparse de los informativos, y ve a Luis de Guindos en la pequeña pantalla con traje y corbata, anunciando austeridad y “reformas”, conviene saber detalles que señala Carlos Fonseca. 

De Guindos comenzó como secretario de Estado a las órdenes de Rodrigo Rato, pasó a la presidencia ejecutiva para España y Portugal de Lehman Brothers (empresa implicada en el negocio de las “subprime” y la actual crisis), recaló después en Endesa como asesor, y de ahí a ministro. A ello se suman otros cargos, puede que menos conocidos, en Unedisa (editorial del diario El Mundo), Logista o el banco Mare Nostrum. 

Pero no es el único. Tras la derrota en las elecciones de 2011, la ministra de Economía con el PSOE, Elena Salgado, se enroló como consejera de Chilectra (filial chilena de Endesa), y también de la empresa Abertis.

El libro de Fonseca –periodista de largo recorrido, que ha trabajado en los diarios Ya, El Independiente, la revista Tiempo y, en la red, en El Confidencial, entre otros- es en buena medida un compendio de infamias. Puestos a escoger, tras una lectura atenta del texto, destaca la página 17, con las siguientes perlas. El presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, tuvo que abonar a Hacienda 200  millones de euros para no ser encausado por delito fiscal. La razón, el patrimonio multimillonario que escondía en Suiza. 

Mientras ocupó el cargo de gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, utilizaba el eufemismo de la “moderación salarial”, pero “se
marchó a su casa con un salario de 11.000 euros mensuales durante dos años”. Al presidente de Telefónica, César Alierta, le “sobran” en la compañía los trabajadores de 55 años, pero él se mantiene en el cargo con 68, y un salario de ocho millones de euros anuales. Las empresas del IBEX con filiales en paraísos fiscales, las SICAV con una tributación del 1%, etcétera.

Ciertamente, a los ejecutivos de las grandes compañías no les afectan las mismas penalidades que al resto de los mortales. El periodista Carlos Fonseca lo constata con otra ristra de “blindajes”, fueros y doradas prebendas. El primer caso es el de Baldomero Falcones, expresidente y exconsejero delegado de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que con la carta de despido (en enero de 2013) se embolsó una indemnización de 7,5 millones de euros. Dos ejecutivos de Telefónica, Luis Abril y Calixto Río, se marcharon al retiro con 10,8 millones de euros de indemnización. El que fue vicepresidente de Indra, Regino Morachel, con 9,1 millones de euros en 2012. Según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 31 de las 35 empresas del IBEX cuentan con cláusulas de blindaje, que afectan a 237 directivos.

Tal vez haya que hacer un alto en el año 2011. Bankia (que en sus anuncios invitaba a los españoles a convertirse en banqueros por el hecho de adquirir acciones) repartió ese año 7 millones de euros entre su personal directivo, de los que algo más de dos fueron al bolsillo de Rodrigo Rato. También en 2011, cuando la entidad financiera empezó a cotizar en Bolsa, Bankia presentó unos beneficios de 305 millones de euros, pero realmente las pérdidas ascendían a 3.000 millones (la auditora Deloitte se negó a avalar las cuentas). Bankia quebró. Fue rescatada con dinero público, y de la entidad se hizo cargo José Ignacio Goirigolzarri, quien abandonó el cargo de consejero delegado del BBVA con 55 años y una pensión de 68,7 millones de euros.

Cuatro pinceladas sobre Bankia y unos pocos brochazos sobre Endesa. En la compañía eléctrica, relata Carlos Fonseca, coincidieron De Guindos, Salgado, Solbes y Aznar. El expresidente entró en la empresa en diciembre de 2010 como asesor encargado de orientar la estrategia de crecimiento en América Latina. Por 200.000 euros anuales. Presta también sus servicios a Endesa, Felipe Errázuriz Correa, exministro con Pinochet (formó parte del equipo de abogados que lo defendió en Londres) y expresidente del Banco Central de Chile. Hasta 2007 presidió Endesa, Manuel Pizarro, quien se marchó a su casa (un retiro “dorado”) con 18,5 millones de euros de indemnización. En las elecciones de 2008 Rajoy ofreció a Pizarro el número dos de la candidatura por Madrid y casi la certeza de ejercer como ministro de Economía.

Esta realidad ha recibido una denominación ya célebre –las “puertas giratorias”-, que ha suscitado la indignación en algunos sectores (por ahora minoritarios), pero sin traducirse en cambios políticos. Fonseca pone números al trasvase de elites entre las esferas pública y privada y, para ello, se apoya en la información del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (años 2010 y 2011): el 7% de los consejeros o asesores de las empresas del IBEX han desempeñado algún alto cargo (de designación directa) en la Administración durante la última década (son 34 consejeros que forman parte de 19 de las 35 empresas del IBEX). Más cifras que retratan a los “tipos infames”, y que permiten responder a una descarnada pregunta: ¿Quién paga la crisis?

Enumera Carlos Fonseca, autor en 2004 de “Trece Rosas Rojas”, un rosario de datos que habitualmente se pierden en la vorágine periodística. Pero sobre los que se asienta la pretendida recuperación económica que bendicen los medios oficiales. Entre 2012 y 2013 el número de millonarios en el estado español aumentó un 13%. Alcanzó las 402.000 personas (con un patrimonio superior a los 740.000 euros), según un informe de Credit Suisse. Un informe de la CNMV (octubre de 2013) señalaba que el 66,4% de las principales empresas españolas obtuvieron beneficios en el primer trimestre (14 puntos porcentuales por encima de 2012). Otras veces la “ley del embudo” alcanza el colmo del cinismo. En 2013 el Salario Mínimo Interprofesional (SIM) en España era de 9.000 euros anuales (645,3 euros al mes). Luis María Linde, exgobernador del Banco de España, ganó 81.320 euros entre el 10 de junio de 2012 (cuando fue nombrado) y diciembre del mismo año. Mientras predicaba la derogación del salario mínimo.

La crisis suele presentarse como un fenómeno casi meteorológico, sin causas inteligibles y explicables, de manera que sólo reste una posibilidad: la resignación. Mientras, a medida que avanzaba la crisis y su reguero de damnificados, los altos directivos del IBEX-35 se subieron en 2010 el sueldo un 19,4% respecto al año anterior. En la nómina, Alfredo Sáenz –consejero delegado del Banco de Santander (10,20 millones de euros, según los datos de 2009)-; José Antonio Tazón García –expresidente de Amadeus (10 millones de euros por sacar el grupo a Bolsa)-; Ignacio Sánchez Galán –presidente de Iberdrola (5,34 millones de euros)-; Francisco González –presidente del BBVA (5,31 millones de euros)-; Antonio Brufau –presidente de Repsol (4,5 millones de euros)-. 

Tampoco se trata de un fenómeno exclusivamente hispano. La directora del FMI, Cristina Lagarde, pidió en medio de la recesión un recorte salarial del 10% para los trabajadores españoles, aunque no se aplicó el mismo criterio: se subió el suelo en 2011 (nada más acceder al cargo) un 11%, con lo que pasó a cobrar 346.622 euros netos anuales.

Todo se justifica con la necesidad de corregir el déficit y poner el dogal a una deuda pública desbocada. ¿Pero es un problema de excesivo gasto o de carencias en el capítulo de ingresos? De un “agujero fiscal” que escasamente se menciona en medios ortodoxos. Carlos Fonseca se explica con las cifras del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 33 de las 35 empresas del IBEX disponían en 2011 de sociedades (437) en paraísos fiscales (354 en el año 2010 y 273 en 2009). Los responsables del “agujero”: El Banco de Santander contaba con 72 empresas en paraísos fiscales (el doble que en 2009); ACS, 71 sociedades (cuatro veces más que en 2010). El BBVA presentó en 2011 unos beneficios de 3.770 millones de euros, pero pagó en concepto de impuesto de sociedades 285 millones de euros (un 7,55%). Según el RSC, 17 sociedades de Inditex operan en paraísos fiscales y 15 de Telefónica.

El capítulo 13 del libro de Fonseca se titula “Que paguen impuestos los que menos tienen. Sólo los pobres pagan a Hacienda”. Y, de nuevo, lo justifica con estadística. La de los inspectores de Hacienda: entre el 80 y el 90% de la recaudación de todos los impuestos proviene de las rentas del trabajo. La economía sumergida en el Estado español se sitúa entre el 20 y el 25% del PIB. Además, 7 de cada 10 euros defraudados corresponden a grandes empresas y multimillonarios. Antes de la crisis, los billetes de 200 y 500 euros que circulaban en el Estado español representaban el 71,2% del conjunto de la UE. Y las SICAV de Alicia Koplovitz (marquesa de Bellavista y del Real Socorro), la familia Del Pino, Ana María Calvo-Sotelo Bustelo; Isabel Gamazo (esposa de Juan Abelló), Sandra Ortega Mera (hija de Amancio Ortega). Y los millonarios de la revista Forbes (noviembre de 2013): Amancio Ortega (47.600 millones de euros); Juan Roig (5.800 millones de euros); Sandra Ortega (5.400 millones); Manuel Jove, principal accionista individual del BBVA (3.900 millones de euros)… Carlos Fonseca tira de cruel estadística para componer “Tipos infames”. ¿Se queda alicorto en el título?

Rivero llama a Baleares a hacer frente común con Canarias contra el petróleo

IBIZA.- El presidente canario, Paulino Rivero, se ha mostrado convencido de que las prospecciones petrolíferas previstas frente a Canarias y Baleares se podrán parar si "todas las islas" se unen y van "de la mano en una lucha común". 

En una conferencia que ha ofrecido esta noche en el Club Diario de Ibiza, el presidente canario ha alertado de la intención del Gobierno central de "intentar desunir y separar las posiciones de los dos archipiélagos" y ha recordado a los baleares que la autorización que se acaba de conceder a Repsol para iniciar sus sondeos a 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura.

Y, en ese contexto, ha llamado la atención de su auditorio con un conocido refrán: "Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...".

El jefe del Ejecutivo canario ha definido la actitud del Gobierno central hacia su archipiélago como de "colonial" y lo ha comparado con "los antiguos imperios que se limitaban explotar a los países africanos llevándose sus materias primas".

Rivero ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de actuar "sin talante, ni respeto, ni lealtad institucional".

 "Las comunidades autónomas también somos Estado. A las instituciones insulares hay que respetarlas y no tratarlas con desprecio", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que se oponen a las prospecciones petrolíferas por "sentido común" y ha subrayado que la principal actividad económica de Canarias y Baleares es el turismo.

Sin embargo, también ha reconocido que las relaciones entre su Gobierno y el balear que preside José Ramón Bauzá (PP) "se han enfriado desde que apareció el petróleo".

 "Razones de tipo político impiden una alianza que sería definitiva para parar las prospecciones", ha lamentado Rivero, que cree el Ejecutivo de Rajoy ahora quiere ganar tiempo en este asunto hasta las elecciones autonómicas de 2015.

El presidente canario ha cifrado en 60.000 millones de euros los ingresos que genera el turismo en las arcas del Estado, la mitad de los cuales se producen en Canarias y Baleares.

Rivero ha defendido que "el petróleo es una actividad económica coyuntural y a corto plazo", mientras que "el turismo, en cambio, tiene futuro, es una actividad sostenida en el tiempo y que genera bienestar en la sociedad". 

"No podemos arriesgar esta fuente de riqueza, no tenemos otro remedio que ser firmes contra la actividad petrolera", ha añadido líder nacionalista canario, que cree que turismo y petróleo resultan "absolutamente incompatibles".

Ayuda en Acción pone rostro a la pobreza con el documental '1 de cada 5'

MADRID.- Ayuda en Acción ha lanzado el informe documental '1 de cada 5', analiza el impacto de la crisis en España poniendo el foco en esa quinta parte de la población que vive al borde de la exclusión social y en la que hay muchas familias: 686.600 que no perciben ningún ingreso, según la Encuesta de Población Activa. 

'1 de cada 5', realizado por Gabriel Pecot y Celia Hernández y producido en colaboración con eldiario.es, consta de tres historias que narran en primera persona sus protagonistas, como Vanessa y Adrián una pareja con dos hijos que vive en Leganés (Madrid) y cuyos ingresos, por falta de un empleo, no superan los 600 euros mensuales.

En el documental, explican de primera mano cómo se organizan para intentar garantizar el bienestar de sus hijos con el apoyo de familiares, amigos y un conjunto de padres de alumnos que han formado un grupo de ayuda en el barrio para recoger y distribuir alimentos. "Estamos viviendo un proceso de desintegración social, que cala cada vez más en la sociedad española, y uno de sus aspectos más preocupantes es cómo está afectando a la infancia, la más vulnerable", explica la directora de Ayuda en Acción, Patricia Moreira.

Según afirma, "la desigualdad es muy dolorosa cuando la ves en la clase, en un colegio o en un comedor" y se traduce en "niños y niñas que tienen necesidades en aspectos tan básicos como la nutrición, o que en el ámbito escolar dejan de asistir a las excursiones, muy necesarias para su desarrollo personal".

 "No podemos seguir dándole la espalda. El apoyo a esa infancia y a sus familias es urgente", ha añadido. Para contextualizar las historias personales que recogen los tres episodios del documental, Ayuda en Acción aporta la visión profesional del investigador y activista Gonzalo Fanjul, la presidenta del Consejo del Trabajo Social, Ana Lima; la diputada de ICV Laia Ortiz; el especialista en desarrollo comunitario Antonio Santana; la periodista y escritora Rosa Montero y la periodista Ana Pastor.

La primera de las historias, titulada 'Que los que pueden, quieran', así como las reflexiones de los distintos expertos están disponibles para el público en la web 1decada5.es, donde los internautas también pueden encontrar el cauce para colaborar con Ayuda en Acción, que durante el último curso facilitó 530 becas de comedor, 1.951 de material escolar y libros y 2.040 de actividades extraescolares a familias en España.

El alma republicana en el cuerpo monárquico / Ramón Cotarelo *

El pronunciamiento es de Rubalcaba. Al tratarse de la abdicación de Juan Carlos I, su aforamiento, el ascenso al trono del sucesor, el PSOE, invocando lealtad a los "compromisos" de la transición, ofreció su leal apoyo a la Monarquía, tanto más valioso cuanto se prestaba en horas bajas de esta. El PSOE guardaría en el armario su "alma republicana" para facilitar la gobernación del Estado monárquico. Por eso Palinuro considera que los dos partidos mayoritarios son partidos dinásticos, denominación acrisolada que recuerda la primera restauración borbónica que, en realidad, era la segunda, pues primero vino la del Deseado, Fernando VII. Hay qué ver qué cosas desean los españoles. La segunda, en realidad la tercera, la vuelta de Alfonso XII de la mano del generalato. Y la tercera, esto es, la cuarta, con el nombramiento de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de Rey y que ahora se prolonga en la figura del sucesor del sucesor. 

Ayer, PP, PSOE y UPyD votaron en contra de tramitar una proposición de celebrar un referéndum de los del artículo 92 de la Constitución, de carácter consultivo, sobre si los españoles queremos una Monarquía o una República. Los otros partidos se abstuvieron, como en el caso de CiU, o votaron a favor de la proposición que, por supuesto, resultó derrotada por abrumadora mayoría: 274 votos en contra, 26 a favor y 15 abstenciones; de 316 diputados presentes. 

El partido con el alma republicana votó ayer en contra de su alma. Y no crea el lector que lo hiciera con el desgarro interno con que, es de suponer, Enrique II ordenó el asesinato de Becket. Con perfecta tranquila conciencia. Y votó todo el personal socialista presente; nadie se abstuvo, ni los que cultivan imagen de díscolos. Todo el grupo parlamentario votó en contra de preguntar/consultar a los españoles si prefieren una Monarquía o una República. Votó en contra. Pudo abstenerse y salvar así algún rescoldo del espíritu republicano. Solo con la mayoría del PP hubiera bastado para rechazar la propuesta; los votos del PSOE no eran necesarios. Pero ni siquiera se sintió el socialismo obligado a recurrir a esa ficción tan común en teoría de juegos, cuando un jugador puede permitirse el lujo de una apuesta vistosa que le dará mucho prestigio, pero sabiendo de antemano que no va a ganar, pues no le interesa. No, no: se votó en contra para subrayar el carácter dinástico del PSOE por si alguien lo dudaba, su lealtad a la Corona, al principio monárquico. 

Y ¿qué fue del alma republicana? Desapareció por el sumidero de la historia como lo hizo el derecho de autodeterminación que el PSOE propugnaba al comienzo de la transición. Pero con la tradición republicana no será tan fácil ya que, si el derecho de autodeterminación es cosa de minorías nacionales no españolas, esa tradición republicana está muy extendida entre los españoles y se transmite de padres a hijos que se añaden luego a los seguidores del republicanismo de nuevo cuño. 

Ahí el PSOE tendrá un problema real porque sus bases republicanas se sienten incómodas con el carácter dinástico de su partido. Este monarquismo sobrevenido es parte de un ánimo de derechización del PSOE, como se ve la cuestión catalana, las relaciones de la Iglesia y el Estado, la gestión económica de la crisis. La deriva a la derecha puede costarle fuga de votos hacia su izquierda si bien, en este asunto concreto de la visión republicana, el temor no es tan grande porque en Podemos, por ejemplo, se piensa que la república y la guerra civil no son temas que motiven al electorado.

La falta de valentía del PSOE es deplorable. Es incapaz de plantearse los rasgos básicos de un sistema político del que se beneficia casi en régimen de duopolio con el PP pero del que se distancia una mayoría cada vez más amplia de gente. Y, preguntado por la posibilidad de que, por fin, se materialice de algún modo esa alma republicana, el socialismo español responde invariablemente que ahora no corresponde. Han pasado casi cuarenta años del primer "no corresponde", sigue sin corresponder y puede continuar así hasta el siglo XXII. 

 

(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED

Nueve de cada diez franceses no quieren que Hollande vuelva a ser candidato

PARÍS.- Casi nueve de cada diez franceses (87 %) no quieren que en 2017 el presidente de Francia, François Hollande, se presente de nuevo al cargo, indica un sondeo difundido hoy por la revista "Paris Match". 

La encuesta, realizada entre los pasados 11 y 15 de septiembre, detalla que el actual jefe del Estado aparece en la última posición de un listado liderado por el exministro de Exteriores conservador Alain Juppé, cuya candidatura es deseada por el 44 % de los ciudadanos.

La líder del ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, se coloca en segundo puesto (38 %), por delante del primer ministro, Manuel Valls, del centrista François Bayrou y del expresidente Nicolas Sarkozy, todos ellos con un porcentaje del 36 %.

Juppé se sitúa igualmente como favorito para representar a la Unión por un Movimiento Popular (UMP) en las presidenciales, seguido por Sarkozy (27 %), por el exprimer ministro François Fillon (15 %) y por el exministro de Agricultura Bruno Le Maire (13 %).

Sarkozy acapara el visto bueno, en cambio, entre los que se dicen de derechas, con un porcentaje del 47 %, frente al 26 % de Juppé.

De las previsiones se concluye también que solo el 45 % de los encuestados cree que Hollande se acabará presentando como candidato en 2017, frente a porcentajes que se elevan al 90 % en el caso de Le Pen y al 83 % en el de Sarkozy.

El juez acepta incorporar parte de los correos de Blesa

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado incorporar a la pieza en la que investiga las preferentes de Caja Madrid los correos corporativos mantenidos entre el expresidente de la entidad Miguel Blesa y los miembros de su consejo de administración y su comisión ejecutiva.

En un auto, Andreu acuerda requerir a las entidades Banco Financiero y de Ahorrros SA y Bankia SA para que remitan a la mayor brevedad posible "cuantos correos electrónicos consten en sus archivos, en cualquier formato, y que hayan sido emitidos o recibidos por D. Miguel Blesa de la Parra a través del correo electrónico corporativo de Caja Madrid durante el año 2009".

El juez acota esta decisión a los correos que el expresidente mantuvo con los miembros de la comisión ejecutiva o del consejo de administración de la entidad, y acuerda el secreto de estas actuaciones.

Para el magistrado, existen indicios suficientes que indican que los directivos de Caja Madrid "sabrían o deberían haber sabido el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo", por eso el contenido de los correos entre Blesa y su equipo directivo -únicamente esos mensajes- puede ayudar a aclarar los hechos que se investigan.

Se trata, prosigue el juez, de hechos "cuya gravedad y trascendencia social y económica" justifica que se admitan los correos en la causa, ya que se trata de mensajes enviados a través de un correo corporativo y no particular de Blesa.

El auto especifica que los correos electrónicos serán examinados únicamente por el propio juez y, en su caso, por el Ministerio fiscal, y que Blesa podrá estar presente en compañía de un letrado.

El juez imputa a la alcaldesa de Alicante por presunto trato de favor al promotor urbanístico Enríque Ortiz

ALICANTE/VALENCIA.- El titular del juzgado de instrucción nº 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ha imputado a la alcaldesa de la ciudad, la 'popular' Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz, en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, lugar en el que se prevé la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.

En un auto de fecha de este martes, el juez ha citado a la alcaldesa de Alicante para declarar por presunta prevaricación y tráfico de influencias el 27 de noviembre a las 10.00 horas. En la resolución se cita igualmente como imputados por el mismo motivo al constructor Enrique Ortíz para el 27 de octubre a las 10.00 horas; a dos técnicos del Ayuntamiento --Enrique Sanus e Isabel Campos-- para el 28 de octubre y a otros dos del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco Javier Criado al día siguiente.

El juez ha preguntado al fiscal y al resto de partes personadas --EUPV y PSOE-- si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio y actual responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras recibir el informe policial realizado por los funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante del que, según consta en la resolución, se desprende que durante la tramitación del expediente administrativo del 'Plan Rabasa' y estando suspendida la ejecución del plan parcial desde diciembre de 2009 por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana --sala de lo contencioso-administrativo--, el Ayuntamiento continuó el proceso.

En el pleno de 29 de enero de 2010 se aprobó someter a exposición pública el proyecto de convenio entre el consistorio y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L. e Ikea Ibérica SAU para regular las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector Lagunas de Rabasa. El juez subraya que en el informe policial "existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses" del empresario Enrique Ortíz.

El informe policial fue realizado por funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales que llevaron a cabo la intervención de las comunicaciones ordenadas por el juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela, que fue el órgano que inició la tramitación del conocido como 'caso Brugal', del que se han desligado esta pieza que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del 'plan Rabasa' y otra que instruye las del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. En esta última causa están igualmente imputados Castedo y Ortíz.

El juez, que acuerda la unión a la causa del informe, señala que de su contenido se desprenden indicios de que los cuatro funcionarios "pudieron dar un trato de favor" en el ejercicio de sus funciones al empresario Enrique Ortíz en la tramitación del expediente administrativo de Rabasa, unos hechos que considera que en este momento se puede considerar que son constitutivos de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Asimismo, acuerda dar traslado a Sonia Castedo como denunciada del contenido de la denuncia y de todas las actuaciones.

La alcaldesa de Alicante está también imputada en la parte del 'caso Brugal' que investiga presuntas irregularidades en el PGOU por los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El caso se instruía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hasta el pasado mes de mayo cuando Castedo presentó su renuncia al acta de diputada, por lo que volvió a los juzgados de Alicante.

La opinión de Alberto Fabra

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, a preguntas de los medios sobre si debe dimitir la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en por un presunto trato de favor en la tramitación del Plan Rabasa, ha mantenido que su postura para las personas que estén en cargo público es que deben ser "un ejemplo para todos los ciudadanos". En este punto, ha recordado que el acta de concejal es personal y, por tanto, debe ser la propia Castedo la que "valore en cualquier momento lo que significa para ella y para la institución".

   Fabra se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios en relación a la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa.

   El jefe del Consell ha precisado que, además de "insistir" en la cuestión de la línea roja "no podemos hacer nada más", salvo a la hora de elaborar las listas electorales donde el partido "sí tiene algo que decir". En este sentido, ha remarcado que las personas imputadas por corrupción no podrán concurrir con el PPCV a las elecciones.

   "A pesar de lo que algunos ahora puedan compartir, a mí me han criticado mucho por la línea roja" pero "tengo las cosas muy claras y creo que hace falta ganar esa honorabilidad y honestidad de los cargos públicos frente a los ciudadanos", ha remarcado Fabra.

   Fabra ha continuado destacando que se sabe "de sobra" cuál es su  actitud frente a los casos de corrupción y lo que espera "tanto de la alcaldesa de Alicante, como de cualquier otro cargo público que pueda ser imputado, a la hora de elaborar las listas electorales".

   "Debemos ser muy transparentes y hacer ver que no hay nada que pueda hacer avergonzar a los ciudadanos sobre el comportamiento de cualquier cargo público representando a una institución", ha defendido el jefe del Consell, quien ha afirmado que están "poniendo las bases para que el ciudadano pueda comprobar que en las instituciones y en mi partido haya personas que no puedan tener sombra de duda sobre su comportamiento".

   Preguntado por la actitud de la alcaldesa, Fabra ha insistido en que ya ha dicho "cuál va a ser el siguiente paso" y es que en las listas electorales "no va a haber ninguna persona que esté imputada por casos de corrupción".

 "Poco más tengo que decir porque es lo que he ido diciendo desde hace mucho tiempo". Asimismo, ha reconocido que no ha hablado con Castedo estos días.

   Por otro lado, en relación a las ausencias de Castedo en algunos actos regionales del PPCV, el también presidente 'popular' valenciano ha dicho que las responsabilidades del cargo "hacen que no siempre pueda acompañar a los actos que el partido pueda hacer".

 "Una persona que ostenta una alta responsabilidad como es la Alcaldía de Alicante, debe dedicarse a sus vecinos y es comprensible" esas faltas.

   "Desde luego, no creo que sea cuestión de si acude a un acto o no. Lo primero es la atención a los ciudadanos de Alicante", ha señalado Fabra, que preguntado por su valoración sobre el papel de Castedo como alcaldesa, ha dicho que guarda para él su opinión.

Esperanza Aguirre declarará el día 22 por desobediencia

MADRID.- El juez que investiga el incidente de tráfico protagonizado por Esperanza Aguirre ha citado a declarar a la política madrileña el próximo día 22 por un delito de desobediencia, han informado hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Esta decisión se ha producido hoy después de que la Audiencia Provincial ordenase que el caso se instruya como un delito de desobediencia a los agentes y no como una falta, como defendía un juzgado de Plaza de Castilla y la Fiscalía Superior de Madrid.

Delincuentes con bula / Joaquín Abad *

Qué pena que los españoles, que se creen lo que les dicen por televisión y publican los diarios sostenidos por la corrupción, no sepan la verdad. Porque la verdad es que los empresarios de postín, los afamados, son intocables a pesar de que son unos delincuentes a los que el Gobierno de turno, todos, pesoe, pepé, les tratan con guante blanco. Vamos que son delincuentes con cuello blanco, y con bula. 

Desde el ochenta y cinco, sí, hace casi treinta años, el Gobierno de Felipe González tuvo informes de inteligencia donde se daban pelos y señales de las comisiones que los de la Generalitat, Pujol y sus políticos, exigían a cambio de poder hacer negocio en Cataluña. Un tres por ciento, que denunció Maragall, y que, según Carot Rovira, era del cuatro por ciento. Pero por razones de Estado, les han dejado robar, delinquir, durante treinta años. Y eso es complicidad... Imagino que Felipe González y sus ministros no se fueron del Gobierno con las manos vacías, después de haber expropiado Rumasa y repartírsela entre todos. 

Porque cuando algún juez intentó tramitar el sumario por cesiones de créditos al Santander, sentando en el banquillo a Emilio Botín, los resortes del poder se movieron a un muy alto nivel judicial para que aquello se diluyera. Y se diluyó y, a partir de esa fecha, don Emilio incluso bautizó como Doctrina Botín una sentencia del Supremo que decía digo donde siempre dijo Diego. Claro se trataba de que un delincuente con cuello blanco no se viera encarcelado... 

Con otros delincuentes de cuello blanco, como los primos Albertos, divorciados de las hermanas Koplowitz tras descubrirse sus correspondientes amantes, que debían cumplir condena por estafa, se llegó hasta el Tribunal Constitucional, nada menos. Claro, se trataba de los amigos del Rey Juan Carlos...

El trato exquisito de la Fiscalía en la declaración ante el juez Ruz del hijo de Pujol ha sido toda una muestra del enjuague que el Gobierno es capaz de orquestar por las llamadas razones de Estado. A cambio de no hacer leña con el caso Pujol, a lo mejor Artur Mas da marcha atrás y se arruga lo suficiente para no poner en un compromiso serio al actual inquilino de La Moncloa.

No me extraña que los de Podemos obtengan cada vez más seguidores asqueados de los enjuagues de los poderosos. Poderosos que cotizan sus fortunas al 1 por ciento mientras al trabajador, al asalariado, se le saquea de forma desvergonzada. Siempre ha habido clases, claro. 

(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com

Unos manifestantes arrojan a un diputado ucraniano al contenedor de basura

KIEV.- Decenas de manifestantes enfadados cerca del Parlamento ucraniano metieron el martes a un prominente diputado de la oposición en un contenedor de basura, acusándolo de no respaldar leyes que acaben con las turbulencias en el país.

El incidente implicó a Vitaly Zhuravsky, un exmiembro del partido del derrocado presidente Viktor Yanukovich. No estaba claro por qué Zhuravsky atrajo la ira de los manifestantes, pero el incidente ocurrió antes de una sesión parlamentaria en la que los diputados ratificaron un acuerdo con la Unión Europea y respaldaron leyes que dan a las regiones controladas por los separatistas un estatus especial.

"Vivimos en un país en el que la sangre corre por tu culpa", dijeron los manifestantes que rodearon el contenedor con el diputado de 59 años dentro.
Zhuravsky culpó posteriormente del incidente a sus competidores en unas elecciones parlamentarias que se celebrarán previsiblemente en octubre.

PP, PSOE y UPyD rechazan juntos convocar un referéndum sobre monarquía o república

MADRID.- El PP y el PSOE, junto a UPyD, se han unido en el Congreso para rechazar por una amplia mayoría una moción de la Izquierda Plural que pedía la convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos pudieran escoger entre la monarquía o la república. 

La iniciativa, la primera que se vota en el Congreso sobre la elección entre monarquía o república, ha sido rechazada con 274 votos en contra, 26 a favor y 15 abstenciones.

En defensa de la moción, el diputado de IU Alberto Garzón ha vuelto a insistir, al igual que hizo en la interpelación de la semana pasada a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que los ciudadanos tienen que poder elegir entre monarquía y república porque el Ejecutivo no puede "desoír" la voluntad del pueblo. Tampoco puede "esconderse" en parapetos jurídicos para rechazar el referéndum, porque eso es "cobardía", ha dicho Garzón tras apelar a la Constitución republicana de 1931 por su carácter "modernizador" y los valores de "participación política y social" que representaba y que fueron suprimidos por un golpe de Estado.

No le han faltado críticas a la institución monárquica, no sólo por su carácter "inviolable", sino también por estar implicada, ha dicho, en casos de "corrupción y enchufismo". El republicanismo -ha argumentado Garzón- no solo se refiere a la "ausencia de rey" sino a todo lo que tiene que ver con la soberanía popular, a la participación porque la implicación de los ciudadanos en la vida política no se puede quedar solo en "un voto cada cuatro años".

Por el contrario, el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna ha acusado a IU de venir al Congreso a dar lecciones de democracia cuando su ideología carga en sus espaldas la "infamia política". Ha remarcado que la propuesta de referéndum es claramente inconstitucional y un "fraude de ley" porque se pretende pedir una consulta para cambiar la propia Carta Magna, cuando para ello existe otro procedimiento.

Para Gómez de la Serna, IU insulta a la inteligencia de los ciudadanos asegurando que la república es como el "bálsamo de Fierabrás" que todo lo cura. "Lobos bolivarianos con piel de cordero republicanos", les ha espetado.

En esta misma línea, la diputada del PSOE Meritxell Batet ha dejado claro desde el minuto uno de su intervención el apoyo de los socialistas a la monarquía parlamentaria porque así se pactó entre todas las fuerzas políticas en 1978. Fue "un buen pacto para este pueblo", ha subrayado tras señalar que la monarquía parlamentaria es "más democrática" que muchas repúblicas y "mucho más republicana" que muchas repúblicas, aún teniendo en cuenta, según ha dicho, que la monarquía debe ser "más transparente y más austera" como otras instituciones.

Batet ha reprochado a Alberto Garzón que haya planteado esta iniciativa que, a su entender, "ataca" la esencia del constitucionalismo y del republicanismo por hablar con "ligereza" y hasta con "menosprecio" de la Constitución. "No entiendo deshonrar a nuestros padres para honrar a nuestros abuelos", ha lamentado la diputada socialista sobre la moción de Garzón al referirse a sus críticas a la Carta Magna.

También ha rechazado la moción el portavoz adjunto de UPyD Carlos Martínez Gorriarán que, aunque considera legítimo pedir que se pueda escoger la forma de Estado, cree que debe plantearse en una reforma constitucional y no a través de un referéndum. Además, ha reclamado a IU que aclare qué tipo de república propone y se ha preguntado con ironía si lo que desea la coalición de izquierdas es una república bolivariana como en Venezuela.

Desde CiU, Montserrat Surroca ha justificado su abstención en coherencia con lo que su formación ya votó en el debate sobre la abdicación del rey Juan Carlos. "Ante la pregunta de monarquía o república nosotros decimos Cataluña", ha asegurado Surroca, que ha reclamado que antes de votar sobre monarquía o república, los catalanes "quieren decidir sobre su futuro".

Sí ha apoyado la iniciativa el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha recordado que el pacto constitucional de 1978 estuvo en todo momento controlado por los poderes fácticos heredados del franquismo. 

El referéndum sobre monarquía o república ha tenido también apoyos en el grupo mixto. Olaia Fernández, del BNG, ha pedido que se permita la consulta soberanista de Cataluña. ERC, por boca de Joan Tardà, ha lamentado que se "niegue" a los ciudadanos del siglo XXI el derecho a decidir, mientras que Sabino Cuadra, de Amaiur, ha atacado a la institución monárquica por ser "genéticamente antidemocrática".

Sólamente 200.000 euros de fianza para los dos guardias procesados por reventar un ojo a una manifestante

BARCELONA.- El juez instructor ha procesado a un subinspector y a un escopetero de los Mossos d'Esquadra por disparar la pelota de goma que reventó el ojo a Esther Quintana en la huelga general de noviembre de 2012 y les ha impuesto una fianza de 200.000 euros para cubrir una eventual indemnización a la manifestante. 

El titular del juzgado de instrucción nº 11 de Barcelona ha dictado un auto de procesamiento de los dos agentes imputados por las heridas causadas a Quintana, en el que reitera su tesis de que la manifestante resultó herida por una pelota de goma, pese a que el departamento de Interior de la Generalitat ha mantenido siempre que en la huelga general del 14-N no se dispararon artefactos de ese tipo.

El juez ha dictado el auto de procesamiento después de que la Audiencia de Barcelona, estimando el recurso presentado por la acusación particular ejercida por Quintana, rechazara limitar a una imprudencia la actuación policial, al entender que cabe la posibilidad de que los mossos dispararan la pelota de goma apuntando directamente a las personas. El auto da por cerrada la instrucción del "caso Quintana" y fija una fianza de 200.000 euros a los dos agentes procesados, a los que cita para el próximo 16 de octubre para tomarles declaración de nuevo, como obliga el procedimiento sumarial antes de enviar el caso a juicio.

Esa fianza pretende asegurar la responsabilidad civil que una eventual sentencia condenatoria pueda imponer a los dos agentes por la pérdida de un órgano principal, como es el ojo, las "secuelas físicas y previsiblemente psicológicas" que Quintana arrastrará y el "evidente perjuicio estético" producido. El magistrado Francisco Gómez Maíllo insiste en que Quintana resultó herida al recibir el impacto de una pelota de goma en el ojo disparada por el escopetero bajo las órdenes del subinspector, en un momento en que los manifestantes se retiraban y en un lugar donde no había incidentes, por lo que en opinión del juez no existió "proporcionalidad" en la actuación policial.

El auto recuerda que el Departamento de Interior y los mandos de los Mossos d'Esquadra han negado siempre que ese día se dispararan pelotas de goma, pero el juez da por buena la versión de Quintana en base al informe pericial, que señala que ésa es la causa de las lesiones de la manifestante, y el testimonio del enfermero que la atendió en urgencias. Además, razona el magistrado, en la confluencia entre el paseo de Gràcia y la calle Casp en que ocurrieron lo hechos "tampoco se disparó la lanzadora, además de que esta genera unas consecuencias lesivas mucho menores".

El juez descarta asimismo la posibilidad, apuntada en su día por el entonces conseller de Interior Felip Puig, de que Quintana resultara herida por objetos lanzados por los manifestantes: "ni consta que se produjeran lanzamientos de objetos capaces de generar esas lesiones, ni tendría sentido lógico, pues vendría del lugar en el que se encontraban los agentes", añade el auto. 

Según el magistrado, la furgoneta antidisturbios cuyos agentes dispararon a Quintana había actuado previamente en la Via Layetana, de Barcelona, donde sí se produjeron incidentes y se quemaron dos vehículos de la Policía Nacional, por lo que "todo indica que cuando bajaron (en paseo de Gràcia) el arma ya estaba cargada".

La justicia alemana levanta la prohibición dictada contra Uber

BERLÍN.- La Audiencia provincial de Fráncfort ha anulado este martes la resolución provisional que dictó a finales de agosto y que prohibía a Uber, la compañía que conecta a vehículos con conductor con potenciales pasajeros, actuar en todo el territorio alemán. El tribunal celebró hoy una vista oral para estudiar el recurso presentado por Uber y dio la razón está vez a la empresa frente a la cooperativa de taxistas que la demandó.

Según la Audiencia, la resolución provisional fue correcta, pero se ha comprobado que no hay motivos para aplicar un procedimiento de urgencia en este caso. En su primer auto, el tribunal dio la razón a la cooperativa de taxistas al considerar que Uber y Uberpop no podían conectar viajeros sin contar con la licencia que exige la ley alemana de transporte de personas. Estableció además una multa de 250.000 euros para el caso de que se incumpliera la resolución provisional, que la empresa recurrió de inmediato.

Tras conocer la última decisión judicial, los taxistas avanzaron en un comunicado su intención de apelar ante la Audiencia territorial, la instancia superior para los procedimientos de urgencia. La cooperativa que decidió llevar a Uber a los tribunales denuncia que la empresa gane dinero sin invertir y sin asumir responsabilidad alguna, ya que los conductores no son controlados y no están asegurados, con lo que los pasajeros, advierten, tampoco están protegidos.

"El sector del taxi acepta la competencia que cumpla la ley. Uber no lo hace", subrayaron los taxistas. 

Por su parte, Uber rechaza las críticas y asegura que cortar sus servicios supone "restringir la posibilidad de elección" de los ciudadanos.

 El pasado junio miles de taxistas de grandes ciudades europeas, como Barcelona, Madrid, Berlín, París o Milán, se movilizaron contra el intrusismo que, a su juicio, favorecían aplicaciones como Uber.

La Defensora del Pueblo reclama a la banca española que no desahucie a deudores de buena fe

MADRID.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha asegurado este martes que la institución ha mantenido reuniones con representantes de la banca española en las que ha trasladado "firme y claramente" que "no debe haber desahucios de familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas por razones explicadas y motivadas de buena fe".

Becerril ha informado de estos encuentros durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso de los Diputados, en la que ha tratado, entre otros asuntos, el informe elaborado por la institución sobre viviendas protegidas vacías.

Según ha indicado, la Administración debe contribuir para "evitar los lanzamientos de personas deudoras de buena fe". En este sentido, ha celebrado la decisión del Gobierno de prorrogar los efectos del decreto de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios, que vence este mes de noviembre.

Pero también ha llamado a movilizar a través del alquiler la bolsa de casi 14.000 viviendas protegidas vacías que gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos.

Según datos de 2012 que maneja la institución, sólo las comunidades autónomas gestionan 13.500 viviendas protegidas sin ocupar, de las que cierto número no sería posible adjudicar por cuestiones de conservación, mientras que los ayuntamientos contarían con otras 427 viviendas.

Así, Becerril ha calculado que, contando con que cada familia cuenta con cuatro miembros de media, habría 52.000 personas que podría beneficiarse de una de estas viviendas. "Son muchas las personas que podrían tener un techo adecuado con un precio posible", ha recalcado.

Por ello, ha llamado a la administración a "buscar salidas" y a establecer los mecanismos necesarios para dar salida a este parque de viviendas protegidas vacías. "Que estas viviendas se pongan en alquiler sigue siendo nuestra preocupación", ha añadido.

A la espera de evaluar sobre el terreno la acogida de las recomendaciones que la institución viene realizando en esta dirección desde hace tiempo, Becerril cree que ya se están dando pasos al respecto, y ha recordado, por ejemplo, que el Ministerio de Fomento ya ha incluido en el último Plan Estatal de Vivienda la necesidad de elaborar un registro claro y con un mínimo común entre comunidades autónomas y ayuntamientos, para poder tener un mapa inicial de las viviendas protegidas disponibles.

Unos diez millones de personas subsisten en EE UU con menos de dos dólares diarios

WASHINGTON.- Cerca de diez millones de personas subsisten en Estados Unidos con menos de dos dólares al día, y viven al margen de la economía monetaria, ha asegurado el investigador Laurence Chandy del Brookings Institution en Washington. 

Chandy ha explicado que, cuando se toman en cuenta los ingresos, unos diez millones de ciudadanos subsisten "prácticamente sin dinero" gracias a los beneficios sociales, como los vales de comida o las comidas gratis que se reparten en las escuelas públicas y por las instituciones de beneficencia.

El experto ha señalado que "las personas que viven excluidas de la economía del dinero" son las más vulnerables a los imprevistos, como la enfermedad o la muerte de un familiar.

Chandy, que acaba de publicar un estudio acerca del segmento de la población más pobre en el país, ha afirmado que "se conoce muy poco de la población que subsiste por debajo del umbral de la pobreza", sobreviven en la sombra de los estudios académicos. Sin embargo, "la pobreza en el país es un problema latente", con cerca a 46 millones de personas que viven bajo del umbral de la pobreza, establecido en 16 dólares diarios, y unos 20 millones que subsisten con menos de ocho dólares al día.

La particularidad de los pobres en el país, ha agregado, es que "son capaces de subsistir casi sin ingresos gracias a los beneficios y servicios sociales", tomando en cuenta que comparando con países europeos, "Estados Unidos no se distingue por su generosidad en cuanto a los subsidios públicos".

Los países desarrollados "tienden a presuponer que la extrema pobreza no es un problema que los pueda afectar", ha puntualizado el experto, quien considera que "el foco de la atención de la política se centra en medidas destinadas a la clase media", lo que contribuye a popularizar la percepción de que la pobreza es marginal y temporal, y además, "cualquiera que se lo proponga puede alcanzar el éxito".

Lo cierto es que la movilidad social en Estados Unidos se ha mantenido "bastante baja" en los últimos 50 años, lo que contrasta con el idealizado 'sueño americano'. Asimismo, la ascensión social en el país no solo se ha mantenido baja en las últimas décadas, sino que es menor a los índices registrados en la mayor parte de países europeos, ha enfatizado Chandy.

Chandy ha señalado la necesidad de destinar más recursos para estudiar la pobreza extrema en Estados Unidos y la población más rica en los países en desarrollo, de la cual "apenas se estudia". Con la finalidad de poner en marcha políticas públicas para aliviar la situación de los ciudadanos más desfavorecidos, el primer paso es conocer su situación, y "entender cómo son capaces de subsistir con menos de dos dólares al día", ha añadido.

Una comparación en cuanto al volumen de personas que viven en extrema pobreza en el mundo, con menos de dos dólares al año, situaría a EE UU -ha agregado Chandy- por detrás de las población urbana en Argentina, China, Jordania, Rusia o Tailandia.

Podemos aspira a ser el partido 'más democrático'

MADRID.- Podemos ha iniciado este lunes la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede, durante la que definirán sus principios éticos, políticos y organizativos con los que aspiran a convertirse en el partido "más democrático" de España, sin que eso reste eficacia a su funcionamiento asambleario.

"Es falsa la contraposición entre democracia y eficacia", ha asegurado Luis Alegre, coordinador del equipo técnico de Podemos, en rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes, donde ha presentado las líneas básicas de la asamblea que comienza hoy y que se prolongará durante dos meses.

Alegre ha señalado que en la asamblea podrá participar quien quiera con solo inscribirse, y que no se establecerán obstáculos "políticos, económicos o legales" a la participación, como sí hacen, ha dicho, otros partidos.

En el periodo que ahora comienza, Podemos tendrá que establecer sus principios éticos y políticos, así como los organizativos, que "por imperativo legal" funcionarán como estatutos del partido, y definirá además su posicionamiento sobre cuestiones concretas a través de "resoluciones" que votarán los simpatizantes.

"La intención es que todo lo decida la gente, aunque inevitablemente tiene que haber unos órganos de dirección", ha explicado Alegre, unos órganos que se votarán una vez que hayan sido aprobados los documentos que constituyan la base del partido.

Los principios se elaborarán en base a las aportaciones que los simpatizantes del partido van a realizar a través de internet, y luego serán defendidos y votados en un acto en Madrid.

Esos principios establecerán la política de alianzas con otros partidos, aunque Alegre ya ha advertido de que la intención de Podemos no es "formar un frente de unidad de la izquierda", sino que ha insistido en que su objetivo es "construir una nueva mayoría social".

Esa mayoría social tiene que ser capaz, ha dicho, de "arrebatar la mayoría política a los partidos que han estado haciendo de la vida pública un negocio privado".

"Se trata de recuperar para los ciudadanos el control democrático de las instituciones", ha añadido.

Los tres documentos que servirán de base ideológica del partido -principios éticos, políticos y organizativos- también van a incluir una serie de requisitos para "validar" los círculos.

Ahora mismo hay mas de 900 repartidos por todo el país, y tanto los antiguos como los de nueva creación tendrán que someterse a unas directrices para poder representar al partido en los distintos territorios.

Alegre tampoco ha aclarado si Podemos se presentará a las elecciones a la alcaldía de Madrid, ya que ha manifestado que durante la asamblea, una de las cuestiones a definir es si el partido se presenta con marca propia, o integrado en otras plataformas al estilo de Ganemos Madrid.

En cualquier caso, ha añadido que, de una u otra forma, Podemos va a estar presente en todos los territorios de España, respondiendo así a algunas reclamaciones que han hecho miembros del partido como el eurodiputado Pablo Echnique.

Será durante este periodo cuando también se decidirá la periodicidad de las siguientes asambleas ciudadanas, aunque Alegre ha señalado que el proyecto que salga de la que ahora comienza tendría que tener un recorrido mínimo de dos años, o al menos hasta que se celebren las elecciones generales.

Una vez definida la base ideológica del partido, los simpatizantes tendrán que elegir -de nuevo, "por imperativo legal"- unos órganos de dirección que se votarán a través de primarias abiertas, en las que se podrá votar presencialmente o a través de la red.

Los candidatos, que tendrán que acatar los documentos aprobados por la asamblea, mantendrán un debate presencial en Madrid en noviembre, se votará entre el 10 y el 14 de ese mes y el ganador será proclamado el día 15.

El coordinador del equipo técnico de Podemos también ha explicado que, como ya ocurrió en la campaña para las europeas, se abrirá un 'crowfunding' para financiar la asamblea ciudadana, aunque no ha aclarado cuánto dinero van a necesitar para llevarla a cabo.

"Tendremos que ser eficaces con un presupuesto austero, ya lo hemos hecho en la pasada campaña", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que solo requieren financiación para las votaciones y los dos encuentros presenciales.

"Somos conscientes del reto al que nos enfrentamos, hay millones de personas que confían en Podemos", ha asegurado Alegre, quien ha advertido de que el día 15 de noviembre comienza la nueva etapa del partido: "Cerramos un proceso y a partir de ahí salimos a ganar".