MADRID.- Los servicios sociales ven cada vez más amenazada su cobertura por cierres y recortes de personal en medio de graves problemas de liquidez de las administraciones públicas españolas, pese a una demanda creciente reflejada en abarrotados comedores sociales y cada vez más gente sin hogar en un país con más de cinco millones de desempleados.
"Esta dinámica (de más pobreza y menos cobertura social) venía dándose desde tiempo atrás. Lo que hace la crisis es acelerar esas dinámicas", dijo Carlos Alberto Castillo Mendoza, director de la sección de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.
La financiación de estos servicios - que atienden desde enfermos mentales y drogodependientes hasta mujeres maltratadas - dependen en gran parte, cuando no únicamente, de subvenciones de endeudadas comunidades autónomas (CCAA) y ayuntamientos, que restringen al máximo su gasto para cumplir los objetivos de déficit y atender a un elevado volumen de crédito pendiente de pago.
Con un 21,8 por ciento de la población española por debajo del umbral de la pobreza, según datos oficiales, y la tasa de desempleo más alta de la zona euro, el sector de atención social cobra una especial importancia y amenaza con reducirse drásticamente por falta de pago, cuando no por recortes.
El comedor social Ave María, uno de los que distribuyen gratuitamente alimentos en Madrid, se ve cada mañana desbordado por una pequeña multitud que no para de crecer. Financiado por caridad y gestionado por la Iglesia católica, el centro es una de las escasas excepciones que escapan a la "quiebra".
"Ahora hay mucha gente 'normal' que se ha quedado en el paro y tiene que venir, les cuesta por vergüenza (...) En el momento en que el paro aumenta, con el tiempo la gente se queda sin subsidio, y cuando se acaban los recursos, hay que recurrir a los servicios sociales", explica Paulino Alonso, coordinador del comedor.
La red contra la pobreza EAPN España - que engloba a decenas de organizaciones sociales, desde Cruz Roja a Cáritas - cifra en 450 millones de euros la deuda pendiente de cobro de los organismos públicos.
"Se están produciendo retrasos de pago en centros de atención de personas, y éstos, que en algunas casos son muy prolongados, están afectando a su probabilidad de supervivencia. Hay algunos que están cerrando o a punto de cerrar, que no pueden continuar sin fondos", dijo Carlos Susias, director general de EAPN España.
Las comunidades autónomas y ayuntamientos, que tienen transferidas las competencias que afectan al ámbito social - educación y sanidad, en gran parte - tienen un déficit pendiente de 167.852 millones de euros, de los cuales 135.151 millones corresponden a las autonomías, según datos del Banco de España del tercer trimestre de 2011.
Las limitaciones de financiación y la crisis del crédito ha llevado a muchos proveedores de servicios públicos a echar el cierre. Como botón de muestra, las grandes empresas cotizadas de servicios acumulan deudas multimillonarias con las administraciones. En los servicios de mantenimiento, basuras y jardines, ACS, FCC y Ferrovial acumulan deudas vencidas pendientes de pago por 5.000 millones de euros de los ayuntamientos, mientras que el sector farmacéutico amenaza con abandonar proyectos en el país y llama a una urgente solución a la deuda de 6.300 millones de euros por suministros de fármacos no pagados.
Para ilustrar la dimensión del problema y pese al afán reformista y ahorrador del nuevo Gobierno, el Ejecutivo se ha visto obligado a facilitar créditos por hasta 35.000 millones de euros para que los proveedores puedan cobrar y no retroalimenten la larga cola del paro.
Pero la situación, lejos de resolverse, amenaza con agravarse habida cuenta de que las comunidades autónomas van a hacer el mayor esfuerzo presupuestario, con recortes previstos para este año de 15.000 millones de euros que ya han provocado quejas de diversos presidentes regionales.
Tras desafiar a Bruselas elevando al 5,8 por ciento del PIB el déficit previsto en 2012 desde el 4,4 por ciento inicialmente comprometido cargando gran parte del peso en las regiones, el Gobierno central se enfrenta al riesgo de "plantes" similares.
Con los bancos prácticamente cerrados al crédito y sin aceptar como garantía las deudas pendientes con la administración, en Castilla-La Mancha, las enfermeras de una residencia de discapacitados psíquicos en Puertollano, Ciudad Real, acumulan cuatro meses sin cobrar.
"Nuestras enfermeras hacen un trabajo excelente. Todos los residentes tienen discapacidad, lo que quiere decir que necesitan cuidados las 24 horas de la cuna a la tumba, pero nuestros cuidadores no pueden continuar con su propia vida si no les pagamos", explica Mercedes García, directora del centro operado por la Fundación Fuente Agria.
Pablo Ortiz, de 37 años, trabajaba en un centro cofinanciado por la misma comunidad - con una deuda sobre su PIB de más del 18 por ciento - y el ayuntamiento de Numancia de la Sagra, un pueblo toledano de 11.000 habitantes donde atendía a familias con dificultades.
"El 29 de diciembre nos llama el alcalde (a dos de tres empleados) y nos dice que no nos renueva (...) el motivo oficial es que no hay dinero", explica.
En la Comunidad de Madrid, el presupuesto del organismo que canaliza la atención y prevención de drogodependencias, la Agencia Antidroga, ha reducido casi 20 por ciento su presupuesto en los últimos dos años.
A finales de febrero, cerró un centro de atención integral a drogodependientes en Madrid y 11 de los 18 pisos que alojaban a grupos de drogodependientes han echado el cierre.
Desde la Comunidad, la más saneada de entre las regiones españolas, argumentan que los recortes - que llevarán al paro a más de 200 personas - buscan optimizar recursos con criterios clínicos.
"Estamos tratando de adaptar la red a este tipo de paciente", dijo Almudena Pérez, la gerente del organismo madrileño para la drogodependencia, argumentando que en los últimos años ha cambiado el perfil del drogodependiente, actualmente un hombre de 30 a 50 años, soltero, con trabajo y nivel de educación secundaria y con un consumo más asociado a la cocaína que a la heroína.
La funcionaria se defendió de las acusaciones de dejar en la calle a decenas de afectados asegurando que en este mes de marzo sacarán a concurso nuevos pisos.
"Al reducir los centros y los pisos, desgraciadamente mucha gente no va a tener la calidad de servicio que he tenido yo. Estos recursos son necesarios y funcionan. Sé que esto es esencial y necesario", explica un "rehabilitado" Luis Palacios.
Palacios, de 36 años, dilapidó una fortuna amasada como constructor en cocaína y actualmente es uno de los promotores de las protestas en contra del cierre del centro madrileño de Batán, que busca sin éxito formas alternativas de financiación.
Tras cuatro años consecutivos de crisis y con la economía aproximándose a la segunda recesión en dos años, los nuevos parados hace tiempo que han dejado de ser novedad en los comedores y albergues sociales.
Con 13.701 personas sin techo según datos del INE para 2010, los trabajadores de lo social tratan de evitar la máxima situación de exclusión.
"Ya hay señales que nos están avisando de que tenemos que tomar algún tipo de medida tanto en la red de atención primaria como nosotros para evitar que personas que están en situación de precariedad entren en exclusión", dijo Darío Pérez, jefe del departamento del SAMUR Social de Madrid, que se ocupa en gran parte de la atención a personas sin hogar.
En 2010, cuando el paro ya afectaba de lleno a las economías familiares, aumentó en un millón el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión en España, un 58 por ciento de las personas que pasaron a esa situación en toda la UE, según datos de Eurostat.
"(El estudio) evidencia que las medidas que se están poniendo en marcha para combatir la pobreza y la exclusión social en España no están siendo efectivas", dijo la red EAPN en una nota reciente.
"Creo que es una falacia, una utopía, que los políticos prometan que hay que cortar, pero no en educación, ni en sanidad, ni en pensiones, porque cuando el 80 por ciento de tus gastos están allí, es imposible", se queja Francesc Pujol, economista de la Universidad de Navarra.
Cataluña ya inauguró una nueva era de austeridad con medidas que afectaron a servicios públicos básicos como la sanidad, al instaurar el pago de un euro por cada receta médica del servicio público de salud.
Otro termómetro de la crisis es el crecimiento de los tratamientos contra la ansiedad y las enfermedades depresivas, a los que podrían sumarse un crecimiento de adicciones y otros hábitos dañinos que habitualmente no dan la cara a corto plazo.
"La gente puede empezar a beber mucho ahora que no tiene trabajo y no tiene paro, pero no llegará a ser un alcohólico y un problema social hasta dentro de cinco años, y si tiene hijos, sus hijos no lo serán hasta dentro de 20", dijo el sociólogo Jacobo Ferrer.
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