MADRID.- El Gobierno atribuye la poca implantación de
las hipotecas inversas tanto al desinterés de la banca hacia este
producto financiero como a la falta de seguridad jurídica, y en ese
sentido admite que el reglamento aprobado en 2011 no ha tenido el
"efecto deseado" y que debería cambiarse "dentro de la reforma más
amplia que se llevará a cabo de la legislación hipotecaria".
Así lo indica en una respuesta parlamentaria, dirigida al diputado de CiU Antoni Picó, quien se interesó por
las medidas que se adoptarán para promover el uso de este tipo de
créditos hipotecarios que, desde el año 2007, las personas mayores de 65
años o muy dependientes pueden solicitar con su piso como aval para
disponer de liquidez hasta su fallecimiento.
El Ejecutivo achaca la falta de éxito de este producto financiero,
que en España tiene una contratación "mínima", a factores como el
desconocimiento por parte de los ciudadanos, el "desinterés" de las
entidades financieras por promocionarlo o que "el resultado de su
contratación no sea el óptimo desde el punto de vista de la seguridad
jurídica".
Y es que la actual reglamentación, recogida en la orden de
Transparencia y Protección del Cliente de Servicios Bancarios
de octubre de 2011, prevé que en la contratación de las hipotecas
inversas sea obligatoria la entrega de las ofertas vinculantes, la
prestación de un servicio de asesoramiento independiente y previo, que
el notario compruebe que dicho asesoramiento ha tenido lugar y advierta
si ha sido desfavorable, y que la Ficha de Información Precontractual y
la de Información Personalizada se ajusten a ciertos requisitos.
No obstante, se reconoce que "sería precisa una regulación de la
institución dentro de la reforma más amplia que se llevará a cabo de la
legislación hipotecaria y, en concreto, de su desarrollo en el
Reglamento Hipotecario, intentando paliar alguno de los efectos
negativos que en la aplicación de la normativa actual ha dado lugar la
contratación en la práctica de este tipo de hipoteca".
Esto no garantiza, sin embargo, que el Gobierno vaya a promover
estos cambios durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley
Antidesahucios, que comenzará a principios de febrero y en cuya
negociación formaciones como el PSOE, IU-ICV-CHA o el BNG pretenden
proponer una revisión más profunda de todo el sistema hipotecario, lo
que daría cabida a cambios en este sentido.
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