Así se lucha contra la corrupción en el resto del mundo

BARCELONA.- La acumulación de noticias vinculadas a investigaciones judiciales con políticos implicados ha sacudido de forma traumática la política española en las últimas semanas. Prácticamente en cada rincón de la geografía española y en todos los grandes partidos se han conocidos casos de corrupción que han propiciado la sensación de que el gran mal de la política se ha generalizado entre quienes se encargan de gestionar los asuntos públicos, se escribe hoy en 'La Vanguardia'.

Hasta tal punto es así, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha visto forzado a ordenar una doble auditoría en las cuentas de su partido y lanzar el reto de conseguir un gran pacto nacional de todas las fuerzas parlamentarias contra la corrupción política.

Los golpes han sido tan duros y han revestido tanto alcance que algunos días el manto de la sospecha se ha extendido sobre toda la clase política. La reiteración de casos ha llegado a provocar la sensación de que muchos cargos públicos de la época del pelotazo inmobiliario, tanto en las administraciones públicas como en los partidos, aprovecharon la bonanza económica para llenar-se los bolsillos con la sensación de que nadie se daría cuenta del dinero distraído en su provecho personal. Como si la corrupción hubiese campado a sus anchas durante más de un decenio y ahora, gracias a las investigaciones policiales, aflorase la fructífera cosecha de la putrefacción sembrada durante aquellos años.

El último índice de percepción de la corrupción realizado por la organización Transparencia Internacional en 2012 sitúa a España en el número 30 del mundo (al líder del ranking se le supone el país menos corrupto del planeta), detrás de países como Botsuana, Qatar o Bahamas. El primero que se realizó, en 2002, colocaba a España en el puesto número 20, lo que indica que ha retrocedido 10 puestos en los últimos diez años.

A raíz de esta tormenta política que está haciendo vibrar los cimientos de la democracia española, La Vanguardia ha querido explicar cómo se manifiesta en los principales países el fenómeno de la corrupción política y cómo las diferentes sociedades expresan su reproche. La visión de cada país obedece a muchos factores, como su tradición democrática o su religión mayoritaria, pero también al momento político que están viviendo.

Alemania: Entre el rigor y la apariencia

En Occidente la corrupción se divide en dos culturas. Una es la del descaro católico-latino-meridional. Otra es la germano-anglo-sajona-protestante, rigurosa en lo anecdótico y nebulosa en lo esencial-estructural. En febrero el presidente alemán dimitió por un nimio asunto de favores. Un año antes el ministro de Defensa hizo lo mismo por plagiar su tesis doctoral. Ni siquiera eran delitos. Esa imagen de rigor es muy aparente porque los asuntos más graves (privatizaciones, sector farmacéutico, seguros, energía) son mucho más opacos y frecuentemente legales. Ocurre lo mismo con la evasión fiscal. Se persigue a conciencia la pequeña, mientras el gran fraude, estimado en 150.000 millones anuales (16% de la recaudación), es muy difícil de atajar y campa a sus anchas, señalan profesionales del sector.

Las grandes empresas y consorcios, con gran dominio de la política y de los medios, pueden financiar a los partidos sin límites. Todos los partidos alemanes, excepto el marginalizado Partido de la Izquierda, son financiados por grandes empresas. La participación sindical en consejos de supervisión supone también financiación de los sindicatos por las empresas.

Por ley, los partidos deben presentar un informe anual de sus cuentas y patrimonio, las donaciones por encima de los 50.000 euros deben publicarse en el Bundestag y no se permiten donaciones anónimas de más de 500 euros ni de empresas públicas. En la práctica su financiación deja, desde hace décadas, un rastro de escándalos que salpicaron a los principales partidos con todo tipo de gobiernos.

Alemania no ha firmado la convención de la ONU contra la corrupción. Y el Deutsche Bank, ha sido juzgado por estafa en Estados Unidos e Italia, pero no en Alemania. 

Francia: Presidentes salpicados por las irregularidades

No sucede cada día que un jefe de Estado sea condenado por la justicia por un asunto de corrupción. Pero este ha sido el caso de Jacques Chirac, el primer presidente de la V República -rara distinción- en ser condenado por la justicia. El 15 de diciembre del 2011, el Tribunal Correccional de París declaró a Chirac culpable de los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de confianza y prevaricación en el caso de los llamados empleos ficticios de la alcaldía de París -un medio indirecto de financiación irregular del partido gaullista de la época, el RPR-, y sentenciado a dos años de cárcel con suspensión condicional de la pena. La condena llegó muy tarde -los hechos se remontaban a los años ochenta, pero mientras estuvo en el Elíseo Chirac no pudo ser juzgado- y la opinión pública francesa, que en aquel momento observaba con cariño y benevolencia al ex presidente, estaba inclinada a perdonar.

La ley de Financiación de los Partidos Políticos -aprobada en 1988 y reformada y endurecida en 1990, 1993, 1995 y 2003- estableció fuertes ayudas públicas, que pueden representar hasta el 60% de los ingresos de un partido, y limitó los gastos electorales y las donaciones privadas. Y teóricamente tendría que haber acabado con las antiguas prácticas y abusos. Pero una cosa es la teoría y otra la realidad.

Que es así lo demuestra el hecho de que la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiación Política haya rechazado recientemente las cifras presentadas por Nicolas Sarkozy sobre la campaña de las presidenciales del 2007 y que la justicia francesa esté investigando la posible entrega de dinero en negro de parte de la multimillonaria propietaria de L'Oréal, Liliane Bettencourt.

Italia: Nueva ley, pudor electoral y regiones bajo sospecha

La corrupción política en Italia es tan grave y endémica que el Gobierno técnico de Mario Monti fijó como prioridad endurecer la legislación para combatirla. A pesar de que en el último Parlamento había un centenar de diputados con causas judiciales pendientes, se aprobó por amplia mayoría, en octubre pasado, una nueva ley anticorrupción. En ella se clarifican los delitos y se establecen -en muchos casos- penas más duras. En parte Italia se ha limitado a aplicar de manera más rigurosa los acuerdos internacionales suscritos sobre la materia, como la convención de la ONU de Mérida o la convención penal de Estrasburgo. Para ciertas modalidades de corrupción, la pena de cárcel puede llegar a los 8 años, y para el abuso de oficio, hasta los cuatro años. Se establece como delito específico el "tráfico de influencias ilícitas", con penas de hasta tres años de cárcel. La nueva legislación tuvo algunas críticas, sobre todo por no redefinir el delito de falsificación contable, que prácticamente fue despenalizado cuando gobernaba Silvio Berlusconi. Con todo, existe una mayor sensibilidad e incluso el partido de il Cavaliere, en su afán por presentar candidatos "limpios", ha excluido por primera vez de las listas electorales para los comicios del 24-25 de febrero a algunos políticos, ahora en el Parlamento, que están siendo investigados por corrupción y por vínculo mafioso. Monti, en su programa electoral, anuncia su intención de reformar el título V de la Constitución italiana, sobre las competencias de los diversos entes territoriales, para -entre otras razones- contener la corrupción de las administraciones regionales, protagonistas de recientes escándalos de gran envergadura en Lombardía y Lacio. Monti no oculta un objetivo recentralizador para controlar el gasto público y "no caer en el particularismo y en el folklore". 

Japón: El difícil equilibrio entre ley, honor y fidelidad al clan

Transparency International, una oenegé que combate la corrupción desde hace más de una década, sitúa a Japón en el puesto 17 de su lista de 174 países. Es el tercer asiático menos corrupto, por detrás de Singapur y Hong Kong.

Esta clasificación sobre la percepción de la corrupción indica que en Japón hay poca corrupción. En el ámbito político existe, desde 1995, una ley de financiación a los partidos que limita las donaciones empresariales y privadas y obliga a éstas últimas a hacerse públicas a partir de 150.000 yenes anuales (1.260 euros). Los políticos las acatan y su sentido de la responsabilidad les lleva a dimitir si creen incumplidas sus promesas.

Este pundonor llega al extremo del suicidio. Ese fue el caso del ministro de Agricultura en el año 2007, Toshikatsu Matsuoka, que se quitó la vida horas antes de afrontar una sesión parlamentaria sobre la ocultación de donaciones económicas.

El problema al que se enfrentan las nuevas generaciones de políticos japoneses es como erradicar el poder del que gozan los altos funcionarios y romper la tupida red de relaciones de veterano políticos, funcionarios y empresarios que se remonta en ocasiones a décadas. Unos vínculos que tienen que ver con la fidelidad al clan y el clientelismo.

En este juego de influencias, los más poderosos y susceptibles de recibir sobornos son los funcionarios, dada la volatilidad de los políticos. Son los que practican el amakudari (paracaídas), la obtención de un puesto confortable en el sector privado. Es la salida que buscan los burócratas cuando ya no pueden escalar más en la administración pública. Una meta que sólo logran tras haber forjado unos buenos nexos con una compañía y que acostumbran a pasar por facilitar favores en la adjudicación de concursos públicos.

Reino Unido: Aumenta la tolerancia, disminuyen las dimisiones 

Reino Unido no se salva tampoco de la lacra de la corrupción política y podría decirse que se encuentra a mitad de camino entre el laissez faire mediterráneo y la pureza escandinava. El anterior gobierno laborista, moldeado a imagen y semejanza de Tony Blair, fue especialmente propenso a las corruptelas, como suele ocurrir en administraciones que permanecen largo tiempo en el poder y se creen indestructibles. El escándalo más sonado estuvo relacionado con la financiación de las campañas, diseñándose la original fórmula de vender títulos nobiliarios a cambio de contribuciones a las arcas del partido. Lo que no hay, al menos a escala significativa, son pagos de comisiones en operaciones urbanísticas, y la connivencia entre políticos, banqueros y constructores habitual en países donde la economía se ha apoyado de una manera desproporcionada en el ladrillo. Lo que sí existe es la tendencia a aprovechar cualquier resquicio legal para enriquecerse, ya sea con originales fórmulas para evadir impuestos o maximizando los beneficios del cargo. Diputados en la Cámara de los Comunes de todos los partidos han interpretado a su conveniencia durante años las normas para el cobro de gastos parlamentarios, pasando como tales los televisores, las lavadoras y hasta en algunos casos la comida del perro, o reclamando dinero por alquileres inexistentes. La tolerancia hacia la corrupción va en aumento y comportamientos poco éticos que hace dos décadas acababan con la dimisión fulminante de un ministro son ahora pasados por alto. Peter Mandelson, una de las figuras de la era Blair, fue cesado dos veces, primero por recibir de dinero del partido para comprar una casa, y la segunda por favores a unos millonarios hindúes. Sucesores suyos han cometido pecados más graves sin ser castigados. La piel se ha vuelto mucho más dura. 

Estados Unidos: "Dicen que la luz del sol es el mejor desinfectante"

Si los hombres fueran ángeles no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios controles externos ni internos sobre los gobiernos". El padre fundador James Madison ya lo explicó en el artículo 51 de los Papeles Federalistas, publicado en 1788. El artículo defiende el sistema de contrapoderes -los checks and balances- como escudo ante los excesos del poder. Contra la corrupción, separación de poderes.

El principio sigue vigente. Cuando el presidente traspasa las normas éticas y legales, el Congreso, la prensa o el poder judicial le paran los pies. Y no son sólo las leyes anticorrupción las que lo garantizan. "La mejor ley es la opinión pública", explica el politólogo Michael Genovese, coeditor del volumen Corruption and American Politics. Un problema en EE.UU., señala Genovese, son las prácticas que en otras sociedades se considerarían corruptas y aquí son legales. Por ejemplo, los donativos ilimitados a campañas políticas.

El magnate de Las Vegas Sheldon Adelson financió con decenas de millones de dólares la campaña para derrotar al presidente Barack Obama en las presidenciales del pasado noviembre. Y no escondió que lo hacía por interés: investigado por las autoridades, Adelson declaró al diario Politico que la reelección de Obama provocaría el "vilipendio de las personas que están contra él". Otro ejemplo: los donantes a campañas que son nombrados embajadores.

La ventaja de que estas prácticas sean legales es que es más fácil conocer quién da qué, a quién, y a cambio de qué. "Dicen que la luz del sol -escribió una vez el juez del Tribunal Supremo Louis Brandeis (1856- 1941)- es el mejor de los desinfectantes".

Unión Europea: Prohibido, expresamente, aceptar regalos y sobornos

La Comisión Europea tuvo recientemente la ocasión de demostrar que ha aprendido la lección de los riesgos de tomarse a la ligera las acusaciones de descontrol, favoritismo y fraude. En 1999, el ejecutivo de Jacques Santer acabó dimitiendo en bloque a raíz de la difusión de un demoledor informe sobre la falta de sentido de responsabilidad en la institución. Su actual presidente, José Manuel Durão Barroso, tomó buena nota del caso y, cuando el año pasado el comisario John Dalli fue salpicado por un escándalo de tráfico de influencias, prefirió cortar por lo sano: la dimisión (forzosa) de Dalli fue fulminante. Ahora está a la espera de juicio. El código de conducta de las instituciones europeas es categórico a la hora de prohibir a los funcionarios aceptar regalos sin permiso o tener intereses en cualquier negocio relacionado con la UE: cualquier actividad externa debe consultarse. Los escándalos de corrupción a nivel de funcionarios han sido escasos pero a veces esta lacra se presenta bajo formas más sutiles. Las puertas giratorias entre el sector público y el privado son más difíciles de controlar. Y aunque las normas se aplican también a los comisarios, cuando abandonan sus funciones muchos se colocan sin problemas en empresas con actividades no tan alejadas de sus antiguas responsabilidades. El Parlamento Europeo es tristemente famoso por las tretas de algunos diputados para abusar en el cobro de dietas, gastos de viaje y contrataciones. Las normas se reformaron recientemente y en algunos casos se ha puesto coto a este tipo de conductas. Más difícil de controlar es la aceptación de sobornos de los lobbies a cambio de enmiendas a la legislación europea. Un diario británico tendió una trampa a varios diputados hace un par de años. Cayeron tres (y fueron expulsados y juzgados). Sólo entonces se enmendó el código de conducta para prohibir expresamente la aceptación de sobornos y regalos de más de 150 euros.