MADRID.- La asociación de consumidores Facua
anunció el jueves que ha denunciado ante Bruselas el nuevo sistema para
fijar la factura de la luz en España al considerar que vulnera diversas
directivas comunitarias.
La organización,
que confía en que "la Comisión Europea intervenga expedientando a
España y se produzca la paralización del caótico modelo tarifario
impuesto", dice que las fórmulas utilizadas atentan contra los derechos
de los usuarios y contravienen las directivas sobre cláusulas abusivas.
La organización de consumidores considera que el hecho de que el nuevo Real Decreto contemple tarifas diferentes en función del tipo de contador y de su integración genera una "clara discriminación entre los consumidores".
Además, recuerda que la directiva europea sobre normas para el mercado interior de la electricidad establece que los estados apliquen precios "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".
También critica que el nuevo esquema tarifario incluye variaciones sustanciales de precios sin informar con anterioridad al consumidor.
Asimismo, advierte que la norma sobre abuso de mercado considera abusivas cláusulas que tengan por objeto estipular que el precio se determine en el momento de entrega o permitir al proveedor aumentar los precios sin que el consumidor tenga derecho a rescindir el contrato si el precio final es muy superior al convenido al inicio del contrato.
El viernes pasado, el Gobierno español aprobó un nuevo sistema para tarificar la parte variable del recibo eléctrico, que ya no tendrá en cuenta el resultado de las subastas trimestrales Cesur y estará vinculada al precio diario del mercado mayorista.
El nuevo recibo que determinará lo que pagan por la luz 17 millones de usuarios despierta recelos entre expertos del sector y consumidores porque menos del 20 por ciento de los contadores son digitales y porque el usuario no sabrá de antemano el precio que pagará por un servicio que comienza a ser un lujo para muchos españoles castigados por la crisis.
Las altas tasas de paro y la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación salarial han provocado que los recibos de electricidad y gas tengan un peso creciente en los gastos familiares, extendiendo el fenómeno conocido como pobreza energética.
Un informe divulgado la semana pasada por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA puso de manifiesto que el 17 por ciento de los hogares, o más de 7 millones de españoles, tuvieron problemas para pagar su factura energética en 2012, mientras que el 9 por ciento (cerca de 4 millones) fueron incapaces de mantener su casa en condiciones de climatización adecuadas.
La organización de consumidores considera que el hecho de que el nuevo Real Decreto contemple tarifas diferentes en función del tipo de contador y de su integración genera una "clara discriminación entre los consumidores".
Además, recuerda que la directiva europea sobre normas para el mercado interior de la electricidad establece que los estados apliquen precios "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".
También critica que el nuevo esquema tarifario incluye variaciones sustanciales de precios sin informar con anterioridad al consumidor.
Asimismo, advierte que la norma sobre abuso de mercado considera abusivas cláusulas que tengan por objeto estipular que el precio se determine en el momento de entrega o permitir al proveedor aumentar los precios sin que el consumidor tenga derecho a rescindir el contrato si el precio final es muy superior al convenido al inicio del contrato.
El viernes pasado, el Gobierno español aprobó un nuevo sistema para tarificar la parte variable del recibo eléctrico, que ya no tendrá en cuenta el resultado de las subastas trimestrales Cesur y estará vinculada al precio diario del mercado mayorista.
El nuevo recibo que determinará lo que pagan por la luz 17 millones de usuarios despierta recelos entre expertos del sector y consumidores porque menos del 20 por ciento de los contadores son digitales y porque el usuario no sabrá de antemano el precio que pagará por un servicio que comienza a ser un lujo para muchos españoles castigados por la crisis.
Las altas tasas de paro y la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación salarial han provocado que los recibos de electricidad y gas tengan un peso creciente en los gastos familiares, extendiendo el fenómeno conocido como pobreza energética.
Un informe divulgado la semana pasada por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA puso de manifiesto que el 17 por ciento de los hogares, o más de 7 millones de españoles, tuvieron problemas para pagar su factura energética en 2012, mientras que el 9 por ciento (cerca de 4 millones) fueron incapaces de mantener su casa en condiciones de climatización adecuadas.
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