Grecia saldrá del euro en 2013... y España en 2014 por la imposibilidad de crear empleo

MADRID.- Grecia saldrá del euro en 2013 y España en 2014, y será el paro y la incapacidad de ambos países de crear empleo el motivo del ‘nuevo Lehman’, que provocará una caída de nueve meses en los mercados antes de experimentar un fuerte rebote, como ocurrió en 2008.

Al menos eso defiende Charles Robertson, de Renaissance Capital, en su último informe macroeconómico en el que argumenta que el proceso será “rápido” e “impredecible” y recuerda cómo, durante la Gran Depresión, países con tasas de desempleo similares a las que sufre actualmente España abandonaron los tipos fijos del patrón oro para superar la crisis. España necesita la devaluación para ser competitiva y volver a crecer, como en los años 80, cuando con un paro del 20% se sirvió de debilitar la peseta para ayudar a crear puestos de trabajo.

Una tesis que dista mucho del momento de complacencia que viven los mercados y especialmente España, alimentado por algún dato positivo, un desplome de los costes de financiación, el rally del Ibex 35 y la pérdida de fuerza de la petición de rescate.

La clave está en el “grado de dolor que puede aguantar la población” y asegura que se va a “poner a prueba la fortaleza y resistencia de los españoles como nunca antes en la historia se ha hecho con una sociedad”.

Robertson parte de la previsión del Fondo Monetario Internacional del pasado mes de octubre, cuando aseguró que el crecimiento máximo que España puede esperar en 2017 es de apenas un 1,7%, muy bajo para que el país pueda crear empleo -teniendo en cuenta que desde 1981 el paro no ha disminuido con crecimientos inferiores al 2,5%- incluso asumiendo que la reforma laboral rebaje ese crecimiento al 1,5%-1,7%. De hecho, con estos números, la firma de inversión avisa de un paro cercano al 30% dentro de cuatro años. 

Incluso si se atiende a las previsiones de la Comisión Europea o de la OCDE, con tasa de desempleo del 26%-27%, lo cierto es que los españoles van a llegar a 2014 sin ningún tipo de esperanza de mejora y, aunque realmente la economía comience una fuerte recuperación para entonces, sus efectos no se sentirán en la población hasta más adelante.

Por ese motivo, asume que los españoles –que ya mostraron su enfado contra el Gobierno anterior con un descalabro histórico del PSOE en las urnas en 2011- constatarán que “Mariano Rajoy les ha fallado” y “la gente tomará las calles para exigir el cambio”. Aun si el Partido Popular aguantara hasta las elecciones de diciembre de 2015, “es difícil que el electorado tenga paciencia” y si bien en estos momentos no hay alternativa política, “tampoco nadie en Grecia había oído hablar de Alexis Tsipras antes de mayo de 2012, y en junio era uno de los candidatos plausibles a primer ministro”.

Los antecedentes del patrón oro

Aunque esta situación parece descabellada, una de las cosas que nos ha enseñado la historia es que el abandono de un régimen de tipo de cambio fijo es algo completamente impredecible, incluso con tres meses de antelación.

Así, por ejemplo, el presidente Franklin D. Roosevelt prometió no sacar a EEUU del patrón oro durante la campaña de las elecciones de 1932 y al poco de llegar a la Casa Blanca la situación económica del país le obligó a ello. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido en 1931, después de que el gobierno de coalición se viera abocado a llevar a cabo fuertes recortes, como el de los salarios públicos; o en los Países Bajos, que con un paro del 32,7% hizo lo propio en 1396.

“Actualmente nos encontramos en el momento equivalente a 1934, un año después de que EEUU abandonara el patrón oro (con un desempleo de entre el 21% y el 25%) y tres años después de que el Reino Unido liderara a un número de países europeos en la salida del tipo fijo del oro”, asegura Robertson. “Estos países, desde Suecia a Reino Unido, sufrieron menos la Gran Depresión, mientras los que devaluaron más tarde, Francia, Países Bajos y Polonia, sufrieron más tiempo”.

Todo esto, trasladado al momento actual, nos viene a decir que no debemos preocuparnos en exceso por Irlanda, Portugal o Italia, con tasas de paro de entre un 15,5% y un 10,6%, y sí por España y Grecia.

Grecia comenzará la recuperación antes que España

De hecho, si el experto fija en 2014 la salida de España del euro, Grecia tiene el camino de su salida más avanzado y se producirá tan pronto como este mismo año, con la caída del Gobierno provocada por una población que ya no puede aguantar más el estrangulamiento de los recortes impuestos desde Bruselas y la llegada de Alexis Tsipras al poder.

Así, después del shock inicial, con el normal caos económico posterior a una devaluación y un default -que no será tanto ya que los inversores han venido progresivamente reduciendo su exposición sobre el país- y que se podría traducir en caídas de entre un 10% y un 20% en las bolsas durante un trimestre, “para finales de 2014, la recuperación de exportaciones griegas habrá comenzado y el fuerte crecimiento y la creación de empleo en 2015 será tentador para España, como elboom de Reino Unido y Alemania a mediados de 1930 lo fue para los Países Bajos o Francia en 1936”.

Respecto a la posible oposición de Alemania a una ruptura del euro y las teorías que apuntan a que el motor de Europa necesita una moneda débil y que la revalorización de la divisa destruiría su competitividad, el analista de Renaissance Capital argumenta que “Alemania es un país de ahorro” y esto significa que “esos ahorros proveerán de una fuente barata de financiación al sistema bancario y, en consecuencia, al sector privado, que invertirá en ser más eficiente”. De hecho, con la apreciación del marco en los años 80 frente al dólar, que pasó de los 3,2 a los 1,5 dólares, la base exportadora de Alemania no se destruyó.

Por otro lado, sobre las palabras que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pronunció en agosto acerca de la irreversibilidad del euro, y que hará todo lo que sea necesario y "será suficiente", que se materializaron en el anuncio de un programa de compra de bonos en septiembre, Robertson asegura que “el apoyo del BCE es más una aspirina, que una cura” y asegura que “lo que realmente necesita España, y lo que necesita cualquier país cuando su economía es débil, son tipos de interés negativos en términos reales”.

El espejismo de los últimos brotes verdes

Así, sobre los últimos brotes verdes que se empiezan a ver en forma deproductividad y balanza comercial, el experto asegura que la mejora de los costes laborales procede en parte de la caída de los salarios, pero también del aumento del desempleo al 25%. “Si el paro subiera al 50%, el dato sería probablemente mejor aún, pero no es políticamente sostenible. España necesita creación de empleo, y urgentemente, y eso no está en el mandato del BCE”. Y es que también la productividad creció durante la Gran Depresión…

En cuanto al aumento de las exportaciones de bienes y servicios, estas representan un 35% del PIB, lo que supone poca variación desde el 34% en 2011 o del 32% en 2001. Y el PIB ha caído un 15% desde 2007. “El aumento de la balanza por cuenta corriente de en torno al 2% del PIB desde un déficit del 10% parece positivo, pero se debe al colapso de la demanda interna, lo que supone que España no saca capital fuera del país, pero tampoco entra”.

Con todo, la cuestión más importante para los inversores de cara a los próximos años es si España abandona la Eurozona. Si finalmente ocurre, como asegura Robertson, veremos una reacción similar en los mercados a la que ocurrió en el último trimestre de 2008 tras la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, en septiembre de ese año, con desplomes del 50% en la renta variable, para después rebotar con fuerza entre los tres a nueve meses siguientes. En este escenario, muchos bancos tendrán que ser nacionalizados y el mundo experimentará otro shock económico global.

http://www.elconfidencial.com/mercados/2013/01/15/grecia-saldra-del-euro-en-2013-y-espana-en-2014-por-la-imposibilidad-de-crear-empleo-8054 

Carta a Cayo Lara del padre de un hijo tonto / Andrés Aberasturi

Sr. Cayo Lara: Me resulta complicado empezar esta carta de otra forma porque ni puedo escribir "querido amigo" porque no lo es, ni albergo en mi interior por usted ese sentimiento que podría justificar la utilización del socorrido "estimado", así que vale como está. 

 

   El motivo de esta carta no es polemizar con usted sobre la III República, que tanto desea, ni sobre la expropiación de YPF, que tanto parece gustarle, ni sobre nada demasiado trascendente; es más, esta carta no trata siquiera de polemizar ni de discutir sino, sencillamente de explicarle algo que, por lo visto, usted ignora y todo hace sospechar que desprecia: un hijo tonto. Yo tengo un "hijo tonto" Sr. Cayo Lara y le podría explicar qué hemos hecho y que hacemos su madre, su hermano, su familia, cada hora de cada día en los últimos 32 años.

   Mire usted, se me ocurren mil formas de cuestionar la monarquía bastante mas inteligentes que decir lo que usted ha dicho y que transcribo textualmente para quien no lo sepa: "No entendemos que alguien por el hecho de ser hijo de, tenga que ser jefe de un Estado. ¿Y si sale tonto? ¿Tenemos que cargar con un jefe del Estado tonto?" La primera frase incluso la comparto plenamente, pero en la segunda me temo que no sólo no ha estado usted muy afortunado sino que, más que ofender, ha herido a demasiada gente de forma gratuita. Sabemos que no era su intención, faltaría más, pero cuando algo se dice sin intención, es lícito pensar que de alguna forma funciona el subconsciente y, en su caso, lo de menos es la realidad que ponía como ejemplo; lo que duele es el desprecio que se traduce en ese "y si nos sale tonto", en ese "tenemos que cargar". Ya, ya sé que habla usted de un presunto Jefe de Estado pero eso no le justifica en absoluto. Ustedes -y hacen bien aunque equivocados- se pasan el día con lo de "compañeros y compañeras" para no discriminar a la mujer. ¿Qué le parece que podemos sentir todos los que tenemos un hermano con síndrome de Down o un hijo con parálisis cerebral, eso que usted llama genéricamente "tonto"?

   Sé que algunos van a entender que exagero, que saco las cosas de su contexto, que voy más allá de lo que en realidad no deja de ser una expresión casi coloquial. Y ese es precisamente el problema, que se hayan convertido en algo coloquial adjetivos como subnormal y derivados. Hay tanto desprecio, tanta ignorancia del dolor y el trabajo y la lucha y la alegría de quienes sí tenemos no un adjetivo sino una realidad "subnormal" a la que amamos sobre todas las cosas, que oír lo que usted dijo en RNE -y no he visto que haya pedido disculpas por ello, puede ser, pero yo no lo he leído- nos produce primero incredulidad y luego desprecio. El mismo desprecio que sentimos por el concejal de Izquierda Unida -mire usted, también de IU- en el Ayuntamiento de Badajoz, Manuel Sosa, cuando en una rueda se comentó sobre el accidente de Froilán que lamentaba "que el nieto del Rey se haya pegado un tiro en el pie con la cantidad de sitios que hay en el cuerpo para pegarse un tiro". 

   Señor Cayo Lara, créame: así no vamos a ninguna parte. 

Ni suyo y afectísimo, firma esta carta el padre de un niño tonto.

España «regala» más de 2 millones al año a los expresidentes autonómicos

MADRID.- Entre el derroche de Cataluña –que gasta un millón de euros anual sólo en alquileres y personal al servicio de Jordi Pujol, Pascual Maragall y José Montilla– y la sobriedad asturiana, cuyos mandatarios pasan a ser ciudadanos de a pie sin un solo privilegio al día siguiente de dejar el cargo, ser presidente autonómico en España puede ser o no un chollo para toda la vida en función de una diáspora de tratamientos. Lo cierto es que el Estado «regala» a algunos de los que lo han sido al menos dos millones de euros al año entre despachos, coches, secretarias o pensiones, según 'Abc'.

El Principado, junto con Aragón, Baleares, Canarias y Murcia, representa un extemo de austeridad diametralmente opuesto al club de las Comunidades más ricas, cuyos mandatarios sucumbieron a principios de la boyante década pasada a la tentación de asegurarse, por si acaso, sueldo futuro y relumbrón con prebendas que pasan por despachos de apoyo, puestos en los muy bien pagados Consejos Consultivos, cesantías o jugosas pensiones.

Era el tiempo de Juan José Ibarretxe en el País Vasco; Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana; Pujol en Cataluña o Manuel Chaves en Andalucía, promotores fundamentalmente al final de sus respectivos mandatos de derechos suntuarios que –según los datos aportados por cada Administración– en ocasiones no se han estrenado. A este club de primera clase nunca se sumaron quienes gobernaban en Madrid, pero sí se apuntaron José Bono en Castilla-La Mancha y Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura, cuya Junta está hoy en vías de extinguir todo el catálogo de ventajas a mayor gloria de sus exmandatarios que tejió cuando la prosperidad parecía infinita.

Un repaso por el mapa de las regulaciones diseñadas para distinguir a los expresidentes revela la vocación de dotar de decoros a quienes ejercieron la más alta representación y de proporcionarles recursos que les permitan seguir poniendo al servicio de su Comunidad sus cualificadas experiencias. Aunque hayan sido de sólo ocho meses. Es el caso de José Constantino Nalda, que gobernó Castilla y León hasta julio de 1987 y disfruta desde 2003 de una nómina de 72.000 euros anuales que puede alargar hasta 2019. Reflexión aparte merecería el valor que los ciudadanos dan a lo que reciben a cambio de pagar sueldos similares u oficinas cuyos titulares se dedican a la empresa (José Antonio Ardanza, en Euskaltel hasta 2011), tienen un escaño (Montilla, en el Senado) o viven de sus negocios privados. En la crisis actual, hay administraciones que han empezado a recortar algunos de esos excesos.

A golpe de talonario

La panorámica del universo de los expresidentes autonómicos obliga a volver una y otra vez a Cataluña porque gasta en estas distinciones más que el resto de las Comunidades juntas.

Como publicó ABC esta semana, dedica más de un millón de euros cada ejercicio sólo a pagar los alquileres y el personal de las Secretarías abiertas, sin límite temporal, en lo más exclusivo de Barcelona para Montilla, Maragall (310 y 312 metros cuadrados respectivamente en la Avenida Diagonal) y para Pujol (411 metros en el Paseo de Gracia), artífice en sus últimos meses en el poder en 2003 de un régimen de prebendas frente al que palice el de cualquier otra región.

Los Presupuestos catalanes especifican que en 2012 la factura de los tres despachos se elevó a 389.195 euros y la nómina de jefe de gabinete y dos secretarias por cada oficina a 512.766 euros. Aparte hay que computar coche oficial y chófer, pero la Generalitat no ha facilitado cifra alguna a este diario sobre su coste ni el de otros muchos conceptos que engordan la cuenta que generan los antecesores de Artur Mas. Su sueldo de 144.030,12 euros el año pasado –casi el doble que el de Mariano Rajoy– es referente para calcular la paga equivalente al 80 por ciento (115.224 euros) a la que los expresidentes tienen derecho durante un periodo igual a la mitad del tiempo que permanecieron en el cargo. Pujol, por tanto, puede disfrutarla hasta 2015, pero el gobierno catalán no despeja si lo hace. Montilla pudo cobrarla en 2011, aunque en 2012 optó por su sueldo de senador. Cumplidos los 65 años, al alcance de todos ellos está una pensión vitalicia de 86.418 euros (un 60 por 100 del salario de Mas), que en caso de fallecimiento es transferible a sus viudas y, más allá, a hijos menores de edad.

En realidad, el País Vasco fue la primera Comunidad en abrir en 1999 la brecha de las prerrogativas para sus exlendakaris con un decreto luego retocado en 2011 y con un régimen de compensaciones mucho más reducido que Cataluña. Junto a ella, es hoy por hoy la única autonomía en la que todos sus exgobernantes mantienen despacho a cargo de los ciudadanos -José Antonio Ardanza en Pamplona y Carlos Garaicoetxea y Juan José Ibarretxe en Pamplona- con un coste que su Gobierno ha cifrado en 68.273 euros en 2012 sin contar, eso sí, personal,coche y chófer. La suma incluye 45.023 euros en alquiler, 2.500 en luz, 800 en agua, otros 800 en material y 16.950 en «locomoción y estancias».

Hay que precisar que la excepción la ha inagurado Patxi López, que usa la oficina de su partido, el PSE. A lo que tendrá derecho, como quienes le precedieron en la Lendakaritza, es a pensión igual a la mitad del sueldo del presidente en ejercicio (97.519 euros en 2012) o a un complemento para alcanzar esa cantidad si ingresan cualquier otro tipo de jubilación.

Un ranking de los retiros de oro exigiría necesariamente situar aquí el que Juan Carlos Rodríguez Ibarra se diseñó en 2002 en Extremadura y del que, en parte, hizo uso a través del despacho que estuvo a su servicio en Mérida durante casi cuatro años y en cuya decoración gastó 1,6 millones de euros. Devolvió las llaves en 2011, cuando PP e IU se aliaron para acabar con la regulación de privilegios, que además comprende dos secretarias, chófer y cesión de coche oficial -que Ibarra tiene aún disponibles en la Fundación que lleva su nombre-, amén de dos años de cesantía y pensión vitalicia, que no ha solicitado. Se jubiló como profesor universitario y desde 2011 tiene puesto por cuatro años renovables en Madrid, sentado en el Consejo de Estado.

En todo caso, Rodríguez Ibarra previó un sueldo seguro consagrando el derecho a entrar en el órgano jurídico paralelo de su propia autonomía, el Consejo Consultivo, como también se recoge en la ley de 2003 que se aprobó en Castilla-La Mancha en la última etapa de José Bono. Ninguno de ellos ha ingresado en esas instituciones, ni tampoco sus sucesores: en Extremadura, Guillermo Fernández Vara es jefe de la oposición en la Asamblea y, en Castilla-La Mancha, José María Barreda es diputado nacional y renunció a toda pompa expresidencial.

En esta última región, el PP trató antes de llegar al Gobierno de liquidar las prebendas, concentradas particularmente en la Secretaría de apoyo con dos asistentes, conductor y coche que Bono tiene en Toledo. Cuesta 160.890,11 euros al año y el expresidente puede disfrutar de ella sea cual sea su ocupación hasta 2024, lo que representaría un gasto total superior a los tres millones de euros.

Hay otras Comunidades que también contemplan en su ordenamiento burós de representación, pero que nunca se han puesto en marcha. Andalucía es el ejemplo más nítido: allí no ha habido ocasión de aplicar lo previsto en una Ley de 2005 de Chaves porque ni él -ministro y ahora diputado en Madrid-, ni los anteriores presidentes lo pidieron, confirma la Junta andaluza. También que ninguno se acogió a recibir la pensión vitalicia igual al 60 por ciento de la retribución del presidente en ejercicio, aunque ese beneficio ya se suprimió en 2011.

En la Comunidad Valenciana, la Secretaría de apoyo que tramitó en tiempo récord Zaplana antes de ser nombrado ministro en 2002 también permanece inédita. Sólo Francisco Camps ha invocado el estatuto de los «ex», pero para ejercer al derecho a plaza en el Consejo Consultivo valenciano y tener un sueldo de 77.000 euros anuales, por el que ha renunciado a la paga como diputado regional.

En la alta institución jurídica gallega está también desde marzo de 2010 y con horizonte hasta 2022 Emilio Pérez Touriño, que gana allí aproximadamente 72.000 euros brutos incompatibles con cualquier otro ingreso, como la paga de cesantía de dos años que podría haber ido a parar a su cuenta pero no reclamó. La letra de la normativa de Galicia no menciona la palabra «despacho» ni «oficina», pero sí que se puede asignar a los expresidentes coche con conductor y adscribirles un asistente, que Touriño sí tiene a su servicio.

Madrid, la excepción

La desaparición de todo lo que pudiera inspirar el montaje de despachos vitalicios o no para los expresidentes se cumple en la Comunidad de Madrid, excepción a ese club de autonomías poderosas que las regularon. Aquella era coincidió con los mandatos de Alberto Ruiz Gallardón y, después, de Esperanza Aguirre, que nunca desarrollaron un estatuto específico para sí mismos o sus relevos. Al menos hasta 2007, cuando la aprobación de la Ley del Consejo Consultivo sí les garantizó un trabajo de por vida: el de miembros permanentes en ese órgano, condición de la que goza hace poco más de un año Joaquín Leguina, a razón de 87.440 euros en 2012. También cuenta con una secretaria pagada por la Comunidad de Madrid, que le acompañó incluso cuando se incorporó al Instituto Nacional de Estadística, del que es funcionario, tras su etapa como diputado nacional.

En Madrid los expresidentes pueden incorporarse cuando quieran al Consejo Consultivo, mientras no desempeñen ningun empleo o cargo público. Ese impedimiento se amplía al ejercicio de actividades privadas en el caso de la otra autonomía donde el retiro en esa institución es el único beneficio previsto para sus expresidentes, hasta que cumplan 75 años: Castilla y León. Nunca pidieron ingresar José María Aznar, Juan José Lucas o Jesús Posada, y sí los socialistas Demetrio Madrid (hasta 2011) y, como se ha mencionado, Nalda.

Gratitud «low cost»

La geografía política entendida según el aparato creado para distinción de sus mandatarios se completa con el conjunto de autonomías donde no hay sueldos esperándoles en butacas jurídicas, ni céntricos despachos desde los que figurar. Ni pensiones.

Cantabria tenía un complemento para que la paga de jubilación particular de los expresidentes alcanzara el máximo legal y la suprimió en 2012. Juan Hormaechea (1987-1990, condenado por malversación) lo ha recurrido en los tribunales. Lo único que el ordenamiento cántabro contempla hoy para quienes cesen es una indemnización equivalente a un mes de sueldo, siempre que el beneficiario no tenga otros ingresos.

Esa es también la fórmula a la que tienen derecho los miembros del Gobierno de Navarra que dejan de serlo, in’cluido su presidente, con el añadido de una cesantía igual al 80 por ciento de su nómina que pueden alargar hasta dos años, pero que decae si existe retribución de cualquier tipo.

La Rioja tampoco distingue un régimen para expresidentes separado del de sus consejeros: todos reciben una prestación de 45 días por año.

Asturias, Aragón, Murcia y las islas, sin privilegios

En Asturias, quien deja de ser presidente pasa a ser un ciudadano, no hay «absolutamente nada» previsto en términos de privilegio y «nunca lo hubo», señala su Gobierno. Tampoco en Murcia ni en Aragón –que únicamente contempla el tratamiento de «Excelencia» con carácter vitalicio– o en Baleares, donde el título de «honorable» se quedó en 2011 en el de simple «señor».

Canarias completa el quinteto de las autonomías sin estatus especiales, aunque una ley de 1983 llamaba a establecerlo y en 2010 se propuso una dotación de sueldos y secretarias que nunca se aprobó. En todas ellas se les reconoce un lugar protocolario de honor en los actos oficiales.

Con nombre y apellidos

Jordi Pujol Su oficina cuesta 153.725,8 euros al año y el personal 167.245, chófer y coche aparte. Tiene derecho a una cesantía de 11.422 hasta 2015.

Pascual Maragall El alquiler de su despacho es de 127.628,93 euros, y el personal a su cargo supone 171.311,25 euros, más vehículo y conductor. Tiene derecho a una pensión de 86.418 euros anuales.

José Montilla Su secretaría supone 87.841 euros al año y sus asesores 174.209 euros. También tiene derecho a coche con conductor.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra En 2011 cerró su oficina, cuya decoración costó 1,6 millones. Mantiene a su servicio el personal adscrito: jefe de gabinete, secretaria y conductor.

José Bono Tiene derecho hasta 2024 a una oficina con dos secretarias y chófer que en 2012 costaron 160.890,61 euros.

José Antonio Ardanza, Carlos Garaicoetxea y Juan José Ibarretxe El primero tiene despacho de representación en Pamplona y los otros dos en Vitoria. El coste para el Gobierno vasco en 2012 fue de 68.273 euros, sin contar con una secretaria y coche con chófer por cada oficina.

Joaquín Leguina Consejero vitalicio del Consejo Consultivo autonómico desde 2011, lo que supone 87.440 euros al año. Tiene una secretaria pagada por la Comunidad de Madrid.

Francisco Camps Se incorporó en 2011 como consejero nato del Consejo Consultivo, lo que supone 77.000 euros al año.

Miguel Sanz En octubre renunció a la cesantía que le correspondía hasta julio de 2013, de 74.000 euros anuales.

José Constantino Nalda Gobernó Castilla y León ocho meses, desde 2003 está en el Consejo Consultivo con un sueldo superior a 72.000 euros.

Emilio Pérez Touriño Tiene una secretaria pagada por la Xunta y renunció a coche y chófer. Cobra 72.000 euros en el Consejo Consultivo.

Un sondeo revela falta de líderes hispanos en EE.UU

WASHINGTON. - La comunidad latina en Estados Unidos adolece de un enorme déficit de líderes nacionales, de acuerdo con una nueva encuesta dada a conocer hoy por el centro hispano Pew. Aunque la magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Sonia Sotomayor, emergió como la figura pública más reconocida entre la comunidad hispana, el vacío de lideres es evidente y revelador, según el sondeo publicado por 'El Diario'.

Sotomayor, la primera hispana en llegar al máximo tribunal judicial, fue ubicada por apenas 7% de los hispanos como la más importante líder que existe en el país.

Otro 5% ubicó en segundo lugar al congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, cuya notoriedad ha derivado en gran medida de su trabajo a favor de la reforma migratoria.

La ubicación de Gutiérrez en está posición resultó notable porque contrasta con la atención nacional que en fechas recientes han generado otros políticos hispanos electos a cargos de elección popular, de acuerdo con el centro Pew.

Además, destacan los casos del senador republicano por Florida, Marco Rubio, y los gobernadores republicanos Brian Sandoval, de Nevada, y Susana Martínez, de Nuevo México.

En tercer lugar fue ubicado el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, con apenas 3% y en cuarto lugar el periodista mexicano de la cadena Univisión, Jorge Ramos.

Sin embargo, un 64% dijo desconocer quién es el más importante, mientras que para 10% no existe nadie que puede ser considerado como tal.

Estos hallazgos fueron resultado de la encuesta conducida por el centro hispano Pew entre 1,375 hispanos seleccionados al azar con un margen de error de 3.3%.

El volumen en España de créditos impagados aumentó un 2% en el tercer trimestre

MADRID.- El volumen de créditos impagados en el tercer trimestre de 2012 aumentó un 2% con respecto al trimestre anterior, situándose en niveles de 2010 y 2011, según el barómetro trimestral sobre comportamiento de pago y recuperación de impagos de Intrum Justitia.

   En concreto, estos datos indican que los niveles del primer trimestre de 2012, que sufrieron un incremento del 8,5% con respecto al trimestre precedente, corresponden a un repunte de nuevas carteras fallidas para gestión.

   Si se compara con años anteriores, el volumen de créditos impagados del tercer trimestre se incrementó un 16% con respecto al mismo periodo de 2011 y un 6% con respecto al mismo periodo de 2010.

   En lo que respecta al importe total de los casos en recuperación del tercer trimestre de 2012, tras el repunte del primer trimestre del año pasado, se mantuvo en nivel con el trimestre anterior.

   Respecto a la variación en comportamiento de pago, en términos generales el comportamiento de pago de los casos en recuperación durante los 90 días presentó una ligera mejora con respecto al trimestre anterior (8%) y un 27% respecto al mismo trimestre de 2011.

   En los casos de los consumidores, la recuperación en los 90 días de gestión aumentó un 25% con respecto a la recuperación del trimestre anterior y disminuyó un 33% comparado con el mismo trimestre de 2011.

   Por parte de las empresas, la recuperación durante los 90 días de gestión del tercer trimestre se mantuvo en el mismo nivel que el trimestre anterior y disminuyó un 36% con respecto a la recuperación del mismo trimestre de 2011.

   En lo referente a los créditos vencidos del tercer trimestre de 2012, se registró una recuperación de los impagos de consumidores con respecto al trimestre anterior, aunque sigue sin alcanzar niveles de otros terceros trimestres del año. Respecto al trimestre anterior, la recuperación en los primeros 30 días de gestión aumentó un 23%, en el segundo mes un 14% y un 40% en el tercer mes de gestión.

El apoyo a los políticos españoles cae a nuevos mínimos

MADRID.- El apoyo a los líderes políticos españoles ha caído a nuevos mínimos, según un sondeo publicado el domingo por el diario El País, en medio de una profunda recesión económica y un desempleo que alcanza cifras récord.

En un sondeo de Metroscopia realizado entre el 9 y el 10 de octubre, sólo el 29,8 por ciento de los encuestados dijeron que votarían por el gobernante Partido Popular, el nivel de apoyo más bajo desde las elecciones de noviembre de 2011, cuando ganó con mayoría absoluta.

La encuesta mostró una creciente desilusión con los líderes políticos. El 84 por ciento afirmó que tenía poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mientras que un 91 por ciento opinó lo mismo sobre el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sólo el 23,3 por ciento dijo que votarían al PSOE, un resultado que baja desde el 28,7 por ciento obtenido en las elecciones de 2011.

Mientras tanto, creció el apoyo a Izquierda Unida hasta el 15,6% desde el 7,7 por ciento de hace un año, y a UPyD, que obtuvo un 10,2 por ciento desde el 4,6 por ciento de enero de 2012.

La encuesta también mostró que el 74 por ciento de los entrevistados no creía que el Gobierno supiera cómo resolver la crisis económica, mientras un 96 por ciento dijo que pensaba que existía corrupción en la vida política española.

Se espera que la economía española continúe contrayéndose en 2013 mientras aumentan las protestas contra las medidas de austeridad en un país donde una de cada cuatro personas está desempleada.

La economía se ha hundido durante tres de los últimos cuatro años después del estallido de la burbuja inmobiliaria que ha destrozado el consumo y el sentimiento empresarial, mientras el Gobierno aplica recortes presupuestarios para controlar uno de los déficits públicos más altos de la zona euro.

La supervisión de los reguladores falló en la crisis por la "excesiva" confianza en la autorregulación españoles

MADRID.- El resorte de la supervisión y control de los organismos reguladores durante la crisis ha fallado por la "excesiva" confianza en la autorregulación, según el catedrático emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla y vicepresidente de Cuatrecasas, Gonçalvez-Pereira, Manuel Olivencia. 

"No es culpa del sistema de 'corporate governance', sino de los encargados de vigilar su correcto funcionamiento. Los responsables son quienes no ejercieron correctamente las competencias que en el sistema de mercado les estaban encomendadas", explica en un artículo para la publicación de la UNACC 'El sistema financiero y el gobierno corporativo'.

En este sentido, culpa a los miembros de los órganos de vigilancia y supervisión, los auditores encargados de verificar y censurar las cuentas sociales, las agencias de rating a las que compete la calificación de valores y emisores.

A renglón seguido advierte que las funciones de estos agentes están regidas "por normas imperativas, existentes y en vigor" pero que han sido ignoradas o "abiertamente" se han incumplido, infringido o defraudado.

Por ello, concluye que "ni los códigos de buen gobierno son culpables de la crisis, ni ésta determina una crisis de los códigos de buen gobierno, a los que corresponde un importante papel en la salida de la crisis: el de acentuar los valores éticos del gobierno societario con mayor transparencia y más responsabilidad de sus administradores".

Olivencia recuerda que en España, los códigos de buen gobierno, desde el de 1998 al actual código unificado (2006), "no han supuesto 'desregulación' alguna que afecte al sistema de normas imperativas". "Al contrario, no pocas de sus recomendaciones han inspirado la promulgación de nuevas normas que han convertido lo voluntario en obligatorio", afirma.

Así, insiste en que no se puede establecer ninguna relación entre los códigos de buen gobierno y las causas de la crisis económica en España y pone de ejemplo EE.UU., donde "las ilícitas conductas de los responsables no solo no respetaron las normas de buen gobierno, sino que infringieron abiertamente normas imperativas, como las penales, y las que regían las compañías y su contabilidad".

El socialista Rubalcaba pide a los partidos españoles "poner punto final" a la corrupción política

MADRID.-  El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que su formación planteará al resto de partidos un "compromiso para abandonar el 'y tú más' y "poner el punto final" a la corrupción política en España.

   En un 'post' en su muro de Facebook, Rubalcaba ha alertado de que los últimos casos de corrupción política han creado "una grave herida en la democracia" española que merece "una reflexión profunda" por parte de los partidos "que estén dispuesto a ello".

   Entre las propuestas que contempla el político socialista ha citado el refuerzo del control sobre las finanzas públicas o la mejora de los mecanismos de investigación y castigo de estos delitos. "En suma. control, persecución y transparencia, mucha transparencia", ha señalado.

   Además, ha recordado que en su intervención de ayer en el comité federal del PSOE ya alertó de este problema y "muchos compañeros expresaron esa misma preocupación con interesantes aportaciones para afrontarlo".

Avisan de que las Diputaciones españolas son "refugios" para los aparatos de los partidos y nadie sabe cómo se eligen

TOLEDO.- El alcalde de Toledo y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que, "en muchos casos", las diputaciones provinciales españolas resultan ser "refugios de los aparatos de los partidos políticos" y, debido a que no se conforman mediante el voto directo de los ciudadanos, "casi nadie sabe cómo se elige" a sus representantes.

   García-Page ha mencionado el caso de la Diputación de Orense, ahora de actualidad tras la imputación de José Luis Baltar por un delito de prevaricación continuada, ya que se le acusa de colocar a 104 personas en la Diputación sin seguir ninguno de los procedimientos legales.

   "En muchos casos, las diputaciones, no digo el de Orense que es el caso más evidente, son refugios de los aparatos de los partidos políticos", ha señalado el regidor.

   Aunque ha dicho no ser "un fanático de las diputaciones, ni a favor ni en contra", García-Page sí se ha preguntado si "no sería más razonable", en caso de que se tuvieran que suprimir administraciones, "empezar por aquellas que no tienen el voto directo de los ciudadanos".

   "Casi nadie sabe cómo se elige un presidente de diputación. Nadie les vota, nadie les exige cuentas. A mí me parece que si tenemos que depositar competencias y cada día más presupuesto público en unos señores que casi nadie sabe cómo se les elige, digo yo que estamos invirtiendo los términos... No es lo mejor en términos democráticos", ha explicado.

   Así se ha manifestado el líder de los socialistas castellano-manchegos a raíz de la propuesta del Gobierno para reformar la administración local, según la cual se refuerzan el papel y las competencias de las diputaciones en detrimento de los municipios.

   En su opinión, aquellos políticos que quieran ser presidentes de diputación deberían "presentarse a las elecciones como un alcalde" y que "si se está haciendo un planteamiento de recorte administrativo, habrá que empezar, si somos lógicos, por aquellas instituciones que son más opacas desde el punto de vista democrático" porque empezar por los ayuntamientos le parece "una irrealidad, un absurdo".

   Además, se ha preguntado "con qué dinero van a asumir" la prestación de servicios de algunos municipios "si las diputaciones ya  tienen como cometido desde su nacimiento la función de cooperar y asesorar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes".

   "Ahora, lo que están haciendo las diputaciones es, las que tenían un hospital, quitárselo de encima, las que tenían un psiquiátrico, quitárselo de encima. Al final, se quedan para asesorar al alcalde. Pero, para ser sinceros, ¿de verdad alguien piensa que las diputaciones son la solución a la crisis económica de este país? Si alguien está apostando por las diputaciones es porque detrás tiene un interés estrictamente interno de partido y electoral", ha apuntado.

   En cuanto a la propuesta del Gobierno de que los sueldos de los alcaldes sean fijados en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, García-Page ha afirmado que no le gustaría que "parezca que la culpa de la crisis la tienen los alcaldes".

   A su juicio, "lo razonable" sería que el Ejecutivo acordara este tipo de cosas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en lugar de que sean "imposiciones". 

"Nadie se pregunta por el sueldo del seleccionador de fútbol, pero todo el mundo se pregunta sobre el sueldo de los alcaldes", ha añadido.

   Por todas estas razones, el líder de los socialistas castellano-manchegos ha acusado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de "ningunear" a los ayuntamientos porque "los está recluyendo a un esquema de negociados de cuarta".

   "Yo no he visto nunca un desprecio tan tremendo a una autonomía municipal. Es verdaderamente increíble. Lo que no termino de entender bajo ningún concepto es que los alcaldes del PP no le digan al Gobierno de España que ya está bien de ninguneo", ha subrayado.

   En su opinión, "tendría que ser obligatorio que uno para llegar a ser ministro haya sido concejal como mínimo", ya que considera que Montoro "no tiene ni idea de lo que es un ayuntamiento, ni de lo que es una ciudad, ni de lo que le importa a la gente en la calle".

Multitudinaria 'marea blanca' por la sanidad pública madrileña

MADRID.- La segunda de profesionales sanitarios, según los convocantes, se han manifestado este mediodía en el centro de Madrid en defensa de la sanidad pública y en contra de las reformas promovidas por el Gobierno regional, que culminaron con la Ley de Medidas Fiscales que permiten ampliar la externalización de la gestión sanitaria.

   La marcha, convocada por los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (AMYTS, SATSE, CSIT-UP, UGT, CC.OO. y CSIF), se ha iniciado a las 12 horas desde la Plaza de Colón y ha terminado frente al Ministerio de Sanidad, con una cabecera conformada por una amplia pancarta con el lema 'La sanidad no se vende, se defiende'.

   La de este domingo ha sido la segunda 'Marea Blanca' del año, después de que los profesionales sanitarios se manifestaran el pasado lunes desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol convocados por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) y la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (PATU-Salud) bajo el lema 'La lucha sigue. ¡Sí se puede!'.

   Minutos después de iniciarse la marcha, el vicesecretario general de AMYTS, Gabriel del Pozo, ha señalado que se trata de "una más de las múltiples manifestaciones y reclamaciones que han venido haciendo a la administración pidiendo la retirada del plan de privatización".

   Respecto a las declaraciones anteriores del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en las que culpaba a la nueva huelga sanitaria de una "pura pelea" entre sindicatos, Del Pozo ha explicado que en la marcha "están todos los sindicatos de mesa y todos los componentes de las plataformas".

   "No sé si es que el consejero vive en un palacio de cristal donde no le llegan las noticias o lo que intenta es intoxicar y poner la atención en un punto distinto en vez de resolver el problema de la sanidad madrileña", ha sentenciado.

   Por su parte, el miembro de SATSE Madrid Juan Carlos Mejías ha señalado que se manifiestan "a favor de la sanidad pública, universal y gratuita, y en contra de cualquier modelo de privatización del Sistema Nacional de Salud, porque esto ya no se circunscribe a la Comunidad de Madrid".

   Así, ha detallado que le iban a pedir a la ministra de Sanidad, Ana Mato la "intermediación a nivel nacional para que no se lleven a acabo ningún modelo de privatización de sanidad".

 "Todas las comunidades autónomas y toda la sanidad de España está en peligro", ha concluido.

   Al igual que en el resto de manifestaciones sanitarias, la cabecera de la marcha la ha conformado una pancarta con la consigna 'La Sanidad no se vende, se defiende', pero también se han podido observar otras como 'Por la salud', 'Pacientes sí, clientes no', 'La sanidad no es del PP, es de los madrileños' o ' Islandia, campeones'.

   Por su parte, a lo largo del recorrido hasta llegar al Ministerio de Sanidad se han diferenciado distintos cánticos, como 'Sí se puede', 'Sanidad pública', 'Menos asesores y más trabajadores' o 'Luego diréis que somos cinco o seis', entre otros.

   Asimismo, y como sucediese en la 'marea blanca' del pasado lunes, una orquesta ha tocado instantes después del inicio de la marcha canciones en contra de los 'recortes' y especialmente contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

   Los cánticos han ido cobrando más fuerza según la 'marea blanca' se aproximaba al Ministerio de Sanidad, donde los consignas de 'Sanidad pública' se sentían a su paso a lo largo del Paseo del Prado, cortado desde Cibeles en dirección a Atocha.

   En esta ocasión, como la manifestación ha pasado por la Plaza de Neptuno, y en previsión de que no se produjese ningún disturbio por su cercanía con el Congreso de los Diputados, la Carrera de San Jerónimo se encontraba parcialmente vallada y contaba con la presencia de varios furgones policiales.

   La cabecera de la manifestación ha llegado al destino fijado, el Ministerio de Sanidad, en torno a las 13.10 horas, y se ha situado de espaldas al mismo y frente a todos los profesionales sanitarios que han salido en esta ocasión a la calle.

   Allí, han predominado las consignas de 'Sí se puede', 'Ladrones' y 'Sanidad pública', siempre acompañadas con silbatos, algún altavoz y repetidas en múltiples ocasiones.

   Ante la sede ministerial, la responsable de Sanidad de UGT Madrid, Carmen Medranda, ha mostrado su alegría por el "respaldo de la gente" y espera que el consejero vea que "toda la ciudadanía está en contra de la reforma que él quiere aplicar".

 "Desgraciadamente lo que hacen en Madrid se exporta a otras comunidades autónomas", ha añadido.

   Finalmente, sobre las 13.30 horas se ha puesto fin a la segunda manifestación de 'batas blancas' de 2013, y un miembro de la cabecera ha señalado que "todos están unidos" y que si la Consejería de Sanidad no rectifica, continuarán las manifestaciones por una sanidad pública.

Millones de personas subsisten en Rumanía con salarios ínfimos

BUCAREST.- Rumanía cuenta con los salarios más bajos de toda la Unión Europea (UE), lo que beneficia a las empresas por el bajo coste de la mano de obra, pero complica la vida de millones de ciudadanos que subsisten con unos pocos cientos de euros al mes.

De acuerdo a las estadísticas de la Unión Europea (UE), un 22,2 % de la población rumana se encuentra bajo el umbral de la pobreza, mientras que 3 de los 18,5 millones de rumanos cuentan con una renta mensual inferior a los 400 lei, ni siquiera 100 euros.

Rumanía, país miembro de la Unión Europea (UE) desde 2007, se encuentra bajo una economía de libre mercado feroz que ha provocado la nostalgia de muchos de la época comunista.

"En el comunismo uno se permitía disfrutar de unas vacaciones en las playas del Mar Negro, ahora ni tan siquiera podemos ahorrar, sino más bien seguir aceptando los paquetes de comida que nos envían nuestros padres", asegura la joven.

Un 60 % de la población rumana asegura que se vivía mejor bajo el comunismo desde el punto de vista económico, según se desprende de un sondeo del Instituto de Investigación de los Crímenes del Comunismo (IICCMER), realizado en mayo de 2011.

Se trata de una nostalgia por un pasado en el que todos eran pobres aunque el Estado proveía al menos servicios básicos.

Rumanía cuenta hoy con el salario mínimo más bajo de la UE, con apenas 700 lei (158 euros), empatado sólo con su vecino Bulgaria.

"Se paga tan poco porque la mayoría de los trabajos no requieren calificación alguna y presentan una actividad que genera poca productividad", explica el analista Cristian Orgonas.

El experto precisa que la clase de trabajo depende del empresario y no del asalariado: "Las multinacionales transfieren a Rumanía una actividad de trabajo intensivo, pocas veces se puede ver una línea de producción automatizada".

Según un estudio publicado por la oficina de Estadística de la UE (Eurostat) en 2011, dos tercios de la población rumana se dedican a trabajos que carecen de una calificación específica.

Los trabajadores calificados rondan el 23,1 % en el país balcánico cuando la media europea está en el 39,1 %, con Alemania y Francia a la cabeza con 44 % y 43 %, respectivamente.

La economía sumergida está muy extendida en el país balcánico y podría equivaler a la mitad del Producto Interior Bruto (PIB), estiman expertos locales.

Ante la presión de ser el país con los salarios más bajos de la UE, el flamante primer ministro, el socialdemócrata Victor Ponta, ha dicho que propondrá aumentar el salario mínimo a 800 lei (181 euros) al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un equipo de expertos del FMI se encuentra de visita en Bucarest hasta el 15 de enero para analizar las condiciones de otro préstamo preventivo que evite un colapso de la finanzas públicas del país.

Rumanía selló en 2009 un acuerdo para una ayuda de 20.000 millones de euros, lo que obligó al Ejecutivo a reducir los salarios en el sector público un 25 % y aumentar el IVA del 19 al 24 %.

La PAH prevé presentar en el Congreso un millón de firmas por la dación en pago

BARCELONA.-   La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha anunciado este sábado que prevé presentar en el Congreso un millón de firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la dación en pago.

   La entidad doblaría así las 500.000 firmas necesarias, según ha explicado en una rueda de prensa tras reunirse en Barcelona las cincuenta asociaciones de afectados que están activas de todo el Estado.

   La plataforma, que lleva cuatro años de acciones para cambiar la legislación hipotecaria, ha paralizado 400 desahucios desde que comenzó su actividad.

Primer año de Gobierno de Rajoy en España: Más de 36.000 manifestaciones y concentraciones

MADRID.- El primer año de Gobierno de Mariano Rajoy se saldó con más de 36.000 manifestaciones y concentraciones en toda España, sin contar las celebradas en el País Vasco, lo que supone una media diaria de casi 120 protestas.

   Según los datos que ha recopilado el Ejecutivo hasta el 26 de octubre, en respuesta al portavoz de Interior de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Ricardo Sixto, la comunidad autónoma con más manifestaciones o concentraciones organizadas, fuera o no comunicadas oficialmente, fue Andalucía, con 7.141 movilizaciones registradas.

   En esa clasificación autonómica, en segundo lugar figura Castilla y León (4.435), seguida de la Comunidad Valenciana (3.147), Cataluña (3.116), Islas Baleares (3.112), Navarra (2.842), Madrid (2.846) y Galicia (2.213).

   Según el texto, a la cola se encuentran, debido a su reducida población, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que han contabilizado 26 y 45 protestas, respectivamente. Le siguen las uniprovinciales La Rioja (270), Asturias (335), Murcia (460) y Cantabria (717).  

   Ahora bien, al analizar los datos por provincias destaca el caso de Madrid, donde está asentada la capital, que encabeza la tabla con 2.846 protestas, casi diez cada día. Y eso que los datos sólo abarcan hasta el 26 de octubre del pasado año, por lo que no se han contabilizado, por ejemplo, las movilizaciones protagonizadas por los sanitarios madrileños contra la voluntad del Ejecutivo regional de privatizar la gestión de este servicio público.

   Otras provincias con altos índices de protestas callejeras han sido Sevilla, con 2.842 manifestaciones o concentraciones, seguida de  Cádiz, con 1.543, Valencia, con 1.485, y Valladolid, con 1.338.

   No obstante, en este listado no se ha contado el número de movilizaciones que tuvieron lugar en el mismo periodo de tiempo en el País Vasco, comunidad que ha declinado facilitar esos datos alegando que esa competencia está transferida, conforme al artículo 27 del Estatuto vasco. Y Cataluña, que también cuenta con esa competencia, sólo ha ofrecido datos de la comnunidad, no provinciales, y por los Mossos d'Esquadra hasta el 29 de noviembre.

   El responsable de que se hayan conocido estos datos, el diputado de IU por Valencia, Ricardo Sixto, subraya que, con estas cifras en la mano, queda acreditado "el malestar social" ante la "terrible" crisis que padece el país y que, a su juicio, no parece tener visos de solución.

   Y es que, según ha apuntado, el hecho de que en 2012 casi se haya duplicado el número de manifestaciones respecto del año inmediatamente anterior se debe a que los ciudadanos, incluidos votantes del PP "decepcionados", han querido salir a la calle a protestar contra la política económica aplicada durante este primer año de gobierno de Rajoy y contra el incumplimiento del programa con el que concurrió a las elecciones.

   Dicho esto, Sixto ha informado de que IU está estudiando trasladar a otras circunscripciones la querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por imponer de manera "injustificada" multas a algunos participantes de las manifestaciones celebradas en la capital.

   Sanciones, ha puntualizado, que no sólo en Madrid sino en otras comunidades se han puesto "por el simple hecho" de que una convocatoria de manifestación no se ha comunicado previamente a las autoridades, no porque los participantes hayan causado daño alguno al mobiliario urbano o a terceras personas.

   "Si bien la ley obliga a que se haga esa comunicación previa, lo que hay tener en cuenta es que es que manifestarse es un derecho constitucional, y si se hace sin producir perjuicio alguno, no tiene ningún sentido que las delegaciones de Gobierno se dediquen a imponer multas", ha resumido.

Han vuelto a pasar 40 años / Cristina Fallaras

Si en España dices 40, son años. Si dices 40 años, son Franquismo. Miedo, ignorancia, obediencia y superstición. O sea, dictadura y catolicismo. 40 años de miedo y obediencia crean una tara de generaciones. Varias generaciones. O sea, yo, que cumplo este año 45, seguramente tarada.

Lo primero que quisimos después de tanta podredumbre –40 años, insisto— fue divertirnos, claro. Hubo que sacar una teta, meterse una chuta y mear en la calle. Había prisa por ser otros. Un bar es un buen lugar para echarse a vivir. Los chicos necesitan expandir su creatividad. Dejemos que florezca la extravagancia. La responsabilidad es un término a borrar del diccionario.

Allá detrás, algunos hombres listos empezaron a construir sobre lo que nunca se destruyó, borraron con goma de verde billete las manchas negras de los ribazos, la sangre seca, y silenciaron a escarnios y con la nariz tapada a aquel pequeño núcleo que quiso abrir la boca. Hoy ya casi todos han muerto, otros están lejos o pasan por locos. Enamorados de la moda juvenil. Ningún chaval sabrá de Agustín García Calvo, nadie les contará que fue Paco Porrúa quien nos trajo Rayuela y Cien años de soledad, Ballard y Bradbury. En las tribunas de los medios “progresistas” sentaron a un par de disidentes de la conciencia para ponerse boina. Ellos también murieron casi todos, y se olvidarán. Recupéreme un fruto sustancial de la Movida, si es tan amable. Sitúelo en mitad de este desierto.

Luego, cuando quisimos darnos cuenta, ya nos habían hecho ricos. Cocaína, brother, cocaína y gastronomía de campanillas para los teóricos del género. Eliminemos la palabra izquierda. Me han dicho que hay un pueblo donde quedan dos pobres, podemos ir de viaje. Eliminemos la palabra libertario. Compra una casa, el teléfono móvil va en el sueldo. Eliminemos la pana. ¿Ves como tenían razón los de la Transición? Ya somos europeos, ricos, conectados y cultos. Eliminemos la palabra asociación. Cada palabra que eliminas mata una idea, y con ella su posibilidad. Si pagas suficientemente a los de la cultura, te ofrecen un retrato satisfactorio de nosotros mismos, algo que no moleste, viva el pop. ¿Quién tiene las pelotas de echar la vista atrás delante de una preciosísima esferificación de humo? Plop. ¿Quién es el cenizo que pretende amargarnos nuestro enésimo museo-escultura, la rutilante pista de aterrizaje? La policía es buena, y nacional, la represión no existe, lo que hay es mucho fanático de las teorías conspirativas que dice que El País ya no es El País ni mi casa es ya mi casa, viejos locos.

Pedir explicaciones no es responsabilidad nuestra. Observar a nuestros representantes no es responsabilidad nuestra. Enterrar nuestros muertos no es responsabilidad nuestra. Denunciar los atropellos de los bancos no es responsabilidad nuestra. Pedir la retirada de los franquistas de los órganos de poder no es responsabilidad nuestra. Exigir cárcel para los políticos corruptos no es responsabilidad nuestra. Mirar dentro de los centros donde se pudren los inmigrantes no es responsabilidad nuestra. Pensar que llegará el día en el que ya no recibamos fondos de Europa no es responsabilidad nuestra. ¿No tenemos políticos? ¿No les votamos cada cuatro años? Pues que trabajen. A mí me gusta el gintónic de Ten, un gintónic bien hecho sí que es una responsabilidad, y lo demás, tonterías.

Luego llegó un señor y dijo “Yo soy de derechas, que es lo único serio”. Dijo eso y ya no tenía nada enfrente, y en medio de esa nada, la palabra “miembra”.

Si en España dices 40, son años. Si dices 40 años, son Franquismo. Y nos parece una barbaridad de tiempo, porque es una barbaridad de tiempo. Pues bien, han vuelto a pasar otros 40 años, y ¿qué hemos construido además de maneras eficaces de sacudirnos la responsabilidad de encima? Ahora, alguien creerá que inventa los ateneos populares. Y puede que sea verdad, porque ¿quién recuerda todo aquello? No nosotros, desde luego, que cedimos la memoria con la misma soltura tarada en tecnicolor con la que cedimos el poder.

Carromero sale de la cárcel en España tras obtener el régimen de semilibertad

MADRID.- El joven político español Angel Carromero, que cumple en España la condena a cuatro años de prisión dictada en Cuba por la muerte accidental de disidente Oswaldo Payá, obtuvo el régimen de semilibertad y salió este viernes de la cárcel, informó una portavoz de las prisiones españolas.

"Salió esta tarde", declaró la portavoz de Instituciones Penitenciarias confirmando que este organismo concedió a Carromero el "tercer grado" o régimen penitenciario abierto.

Alcira expropiará casas a los bancos para alquilarlas por 50 € a familias desahuciadas

ALCIRA.- El Ayuntamiento de Alcira expropiará viviendas a los bancos para ponerlas a disposición de familias desahuciadas por un alquiler simbólico después del oportuno proceso de rehabilitación, que también servirá para dar trabajo a personas necesitadas. El proyecto que presentó la alcaldesa, Elena Bastidas, comenzará con 48 casas del barrio de l'Alquerieta que los técnicos consideran inhabitables o en ruina y arrancará precisamente con los 400.000 euros de recargo cobrados a la filial inmobiliaria de Bankia por la demora en pagar las cuotas de Vilella.

 Estas primeras viviendas tendrán como beneficiarios a menores de 35 años "y con arraigo" en la ciudad, ya que se pretende aprovechar esta iniciativa para revitalizar esta barriada en la que se han tapiado decenas de casas para evitar ocupaciones ilegales.
La presentación del proyecto "Alzira Social" fue toda una declaración de guerra a las entidades financieras por parte de Bastidas, que pretende pagar con la misma moneda a aquellos que han actuado "sin piedad, dejando sin casa a muchas familias que temporalmente no podían hacer frente a sus pagos", por lo que defendió que no sería justo "que se tengan la más mínima consideración" con los bancos cuando incumplen sus obligaciones de conservar en las debidas condiciones los inmuebles de su propiedad.
El proyecto se cimenta en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, una herramienta prevista en la ley para garantizar el cumplimiento del deber de edificación y conservación que tiene el propietario de un inmueble, que el ayuntamiento activó el año pasado y en el que en noviembre ya incluyó una primera vivienda en ruinas.
La inscripción de una vivienda en este registro priva al propietario del derecho a intervenir sobre ella y abre la puerta a que cualquier interesado presente un Programa de Actuación Asilada (PAA) con un proyecto y una oferta económica para adquirir el inmueble. 

Si no se produce ninguna oferta en dos años el ayuntamiento tiene la obligación de expropiar aunque, en este caso, será la propia Administración la que presente sin agotar el plazo la propuesta para asumir la rehabilitación de los inmuebles a través de un plan de empleo para ofrecerlos en alquiler a familias desahuciadas o que tengan problemas para acceder a una vivienda por un alquiler medio de 50 euros.

Las administraciones públicas españolas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas españolas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".

   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.

   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".

    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.

   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.

   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.

   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.

   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".

   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.

   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.

   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

Rehn: suprimir la deducción por vivienda reducirá el sobreendeudamiento en España

BRUSELAS.- El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha descartado proponer una norma común en la UE para frenar los desahucios alegando las diferentes situaciones en los Estados miembros. En el caso de España, Rehn cree que la supresión de la deducción por vivienda, exigida por Bruselas, contribuirá a reducir el sobreendeudamiento hipotecario.

   "El problema de los desahucios ha sido merecedor de especial atención en España y ha dado lugar a la adopción de nueva legislación que impone una moratoria de dos años para los desahucios en el caso de los grupos especialmente vulnerables", ha destacado Rehn en respuesta a una interpelación de la eurodiputada socialista Maria Badia.

   "Habida cuenta de las grandes diferencias entre Estados miembros en lo que respecta tanto a la severidad de la situación como a las estructuras institucionales y jurídicas, no se considera recomendable ni posible imponer un enfoque armonizado para esta cuestión", ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario.

   La Comisión, prosigue Rehn, ha estudiado el problema del endeudamiento hipotecario de las familias y sus implicaciones macroeconómicas como parte del nuevo procedimiento para prevenir los desequilibrios excesivos a escala de la UE.

   A raíz de este análisis, ha explicado el responsable económico, "se formularon recomendaciones específicas a una serie de países, incluida España, que pueden contribuir a prevenir el sobreendeudamiento hipotecario, como, por ejemplo, la eliminación de los incentivos fiscales que favorecen el acceso a la vivienda en propiedad, que fueron un importante factor para la acumulación de esa deuda antes de la crisis".

   En su interpelación, Badia alertaba del "alarmante crecimiento de los desahucios en España" y preguntaba a la Comisión si pensaba armonizar las normas de la UE para frenarlos, tal y como ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, y si planteará propuestas para instar a los Estados a ayudar a los ciudadanos afectados.