miércoles, 10 de mayo de 2017

España es vista en el exterior como "un país honesto" pese a la corrupción


MADRID.- La imagen de España en el exterior se ha mantenido en el último año en un notable y ha dejado de asociarse con la "crisis", apareciendo como "un país tradicional, confiable, honesto, fuerte, rico, religioso y tolerante", donde la corrupción no tiene un impacto detectable en la percepción desde fuera.

Así lo recoge la séptima oleada del Barómetro Imagen de España (BIE) realizado por el Real Instituto Elcano, encuesta efectuada en once países (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, China, Chile, Ecuador, Marruecos y Turquía) que mide desde 2012 la evolución de la imagen del país.
La valoración de España en esta encuesta, presentada hoy por la investigadora Carmen González Enríquez, es de 7,1 sobre 10, una décima por debajo con respecto a 2016.
Se produce un aumento de la imagen de España en Europa y Estados Unidos, que se ve compensada en la media por la menor valoración que se hace desde Marruecos, Turquía o Japón.
Según la encuesta, Italia es el país que otorga la nota más alta a España, que es el país europeo peor valorado por Marruecos, el Estado que valora más negativamente a España.
Un año más, España es valorada sobre todo como destino turístico. En esta ocasión se ha introducido como elemento nuevo a valorar el de la comida española y su puntuación resulta muy alta, ocupando el segundo lugar, por encima incluso de la que se da a los deportistas.
Existe unanimidad entre los ciudadanos de los diferentes países en su evaluación del atractivo turístico como el principal activo de España y sólo en un caso, el de Ecuador, hay otro elemento que alcanza una nota tan alta: las infraestructuras.
Como en anteriores oleadas, el fútbol se ha convertido en uno de los principales signos de identidad y origen de prestigio internacional para España.
En cuanto a los estereotipos, España ha dejado de estar asociada con la palabra "crisis" que aparecía de forma notoria en la oleada de 2015.
Se comprueba además que cuanto más lejano es un país, más peso tienen en la imagen de España el fútbol y todo lo relacionado con los toros y el flamenco.
En Alemania, Reino Unido y Francia, los países cuyos ciudadanos son los que con más frecuencia visitan España como turistas, el país aparece asociado a elementos que componen el turismo: sol, playas, ciudades, fiesta y paella, aunque los toros también se mencionan.
En Estados Unidos, Chile, China, Japón y Turquía la primera imagen asociada a España es el toro, "como icono y no sólo como corrida", precisa la investigadora de Elcano.
Sin embargo, la imagen de España en Ecuador se aleja de estos estereotipos y también de los turísticos y utiliza los términos "moderno" en primer lugar y "migración" en segundo.
En Marruecos, el fútbol es más importante en la imagen de España que los toros, y le siguen las menciones al islam. En conjunto, un 10 % de los entrevistados en este país árabe plantean referencias al pasado árabe y musulmán español.
Según el barómetro, España es vista como un país más tradicional que moderno en los países más ricos. Hay un gran acuerdo en los países de la muestra respecto a que España inspira confianza, y sólo en Reino Unido, Marruecos y Chile hay porcentajes cercanos al 25 % de los entrevistados que eligen la opción "no inspira confianza".
En el par rico-pobre, España sigue alejándose del extremo "pobre" que en 2015 muchos europeos identificaban con el país. Todavía un 63 % de los alemanes y de los franceses definen España como pobre.
Entre los elementos negativos destaca la imagen de "ociosa" que caracteriza a España en Japón.

El PP pide que Rajoy testifique por videoconferencia en 'Gürtel'

MADRID.- El PP ha pedido al tribunal que juzga el caso Gürtel que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda declarar como testigo en la vista oral por videoconferencia, ya que la "posición institucional" del testigo así lo "aconseja".

En un escrito dirigido al tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel,  el abogado del PP Jesús Santos alega que a tenor de "la legislación aplicable y las circunstancias concretas" procede acordar la declaración por videoconferencia "dado que, sin conculcar el derecho de las partes a un proceso con todas las garantías, es el medio que menos perjudica o perturba el ejercicio normal de su cargo como Presidente del Gobierno".
El representante legal del PP expone además, para reforzar su petición, que la "agenda del Presidente del Gobierno, de este o de cualquier otro país, es un asunto de Estado que afecta a la totalidad de los ciudadanos".
"Tan solo basta consultar la agenda publicada por el Palacio de la Moncloa en su página web para confirmar el perjuicio evidente que causaría al desempeño de dicho cargo público la paralización de su actividad para comparecer en persona" ante el tribunal, alega.
El abogado del PP critica que la acusación popular que ejerce Adade, que fue la que solicitó la testifical de Rajoy, haya querido "imponer" al tribunal "una serie de consideraciones en relación con la forma en que ha de practicarse la declaración de un testigo, como es la del Presidente del Gobierno".
Considera Santos que esta acusación se equivoca al entender que el tribunal ha decidido ya que ese testimonio debe darse en persona ante los magistrados, "olvidando la regulación existente, la práctica judicial, así como que esa es una decisión discrecional del Tribunal que debe acordar de oficio o a instancia del interesado".
Partiendo de esa premisa, que el PP considera errónea, Adade se opuso a la videoconferencia al entender que ese sistema no suponía "la comparecencia presencial del testigo ante el tribunal".
Así, "de modo cuando menos aventurado, viene Adade a erigirse como sabedor de la voluntad de los miembros del Tribunal" y proponer la posibilidad de que el tribunal y las partes se trasladen "al despacho oficial del testigo" como se hizo durante la instrucción de los papeles de Bárcenas con el expresidente del Senado Pío García Escudero.
El representante del PP difiere por tanto de esa interpretación, de que el testimonio debe realizarse en persona, y alega que ni en el auto en el que se admite la testifical, ni las leyes, ni la jurisprudencia, exigen "la declaración presencial del presidente del Gobierno ante un tribunal por petición de una acusación popular", que no contó con el respaldo de la Fiscalía.
Cree que el tribunal no adoptó decisión alguna al respecto y añade que uno de los magistrados, el presidente Ángel Hurtado, que se opuso a la declaración de Rajoy, señaló en su voto particular que existen "suficientes razones" para hacerlo por videoconferencia y lamentaba que sus compañeros, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, no hubieran dicho en su auto nada "al respecto".
Entiende que es el tribunal "el que debe resolver,bien de oficio, o bien a instancia del interesado, la posibilidad de declarar mediante el sistema de videoconferencia u otro de características similares" y considera que en el citado auto los magistrados no resolvieron la forma en que se debía tomar declaración a Rajoy como testigo.
Además, el abogado destaca que el tribunal y Adade "han omitido mencionar el artículo 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) y ello, a pesar de que se dan las razones de utilidad y orden público a tenor de las cuales debería practicarse la meritada declaración por medio de videoconferencia".
"La posibilidad de realizar actuaciones judiciales a través de videoconferencia está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y es una práctica cada vez más extendida en el proceso penal", observa.

La delegada del Gobierno en Madrid, imputada

MADRID.-Un Juzgado ha incoado diligencias previas para investigar por delito societario a 16 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, entre ellos la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González.

Se trata de un auto del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, que les da traslado de la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía y les advierte de que figuran como investigados (imputados), y que además ofrece acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las diligencias se abren respecto a Concepción Dancausa, Pablo González -hermano de Ignacio González, en prisión provisional por otra causa de corrupción, el caso Lezo-, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz.
Además, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losasa, todos los cuales integraban en 2013 el Consejo de Administración de la empresa pública Mercamadrid.
En su denuncia la Fiscalía solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".
Para la Fiscalía, el "enriquecimiento ilícito" de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por cánones impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.
En total, hasta octubre de 2016, Mercaocio recibió 2.255.349 euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno", según la Fiscalía.
El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año.

Catalá no dimitirá porque tiene "la confianza de Rajoy''

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que no va a dimitir y que piensa seguir trabajando por el interés de los ciudadanos como ha hecho en los últimos treinta años porque tiene "la confianza" de quien tiene que tenerla, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Catalá se ha pronunciado así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE y Ciudadanos le han hecho tres preguntas sobre su gestión del caso Lezo, las presuntas injerencias del Ejecutivo en la actuación de la Fiscalía y su relación con Ignacio González, detenido por corrupción y en prisión provisional por el referido procedimiento judicial.
Y lo ha hecho pese a que el PSOE, a través de la diputada Isabel Rodríguez, le ha advertido de que si no dimite hoy planteará la próxima semana en la Cámara su reprobación para exigir su relevo, y de que Ciudadanos, por boca de José Manuel Villegas, haya puesto en duda que pueda seguir al frente del Ministerio si no da explicaciones suficientes.
"Estoy nombrado por el presidente del Gobierno; tengo la confianza de quien tengo que tenerla", ha recalcado Catalá, quien ha defendido de nuevo la autonomía de la Fiscalía y ha prometido dar todas las explicaciones que se le pidan, siempre y cuando sean de sus actos.
Además, ha pedido a los diputados -en concreto a Villegas- pruebas de sus acusaciones de que él ha filtrado datos del caso Lezo o ha avisado a Ignacio González. Isabel Rodríguez ha comentado que "hay algo más grave que su partido esté carcomido por la corrupción y es que desde el Ministerio de Justicia se estén nombrado a aquellos fiscales que están protegiendo la corrupción del PP".
"La única respuesta que merece esta Cámara y este país es saber si usted va a dimitir como ministro de Justicia", ha insistido. Isabel Rodríguez ha considerado que "el caso Lezo tiene que ser el último capítulo en la injerencia del Ministerio de Justicia y del Ministerio Fiscal en los casos de corrupción".
"Yo estoy nombrado por el presidente del Gobierno, intento cumplir cotidianamente con mis obligaciones y tengo la confianza de quien tengo que tenerla y por tanto seguiré trabajando como lo llevo haciendo desde hace más de treinta años al servicio del interés general del conjunto de los ciudadanos", ha mantenido el ministro.
Ha estimado que "acusar gravísimamente a profesionales servidores públicos como los fiscales de que protegen la corrupción no es precisamente una declaración de confianza en las instituciones".
Por su parte el diputado socialista Rafael Simancas ha preguntado a Catalá por qué se ha nombrado fiscal jefe Anticorrupción a Moix, del que ha comentado que fue el encargado de "enterrar" cualquier prueba que hubiera del "golpe antidemocrático" que supuso el "tamayazo", el episodio que le impidió ser presidente de la Comunidad de Madrid.
El ministro ha recordado que Moix es un fiscal con treinta años de carrera y que "si algo está haciendo al frente de la Fiscalía Anticorrupción es promover la acción de la justicia como es su obligación".
"Esa persona que se supone que tenía mucho interés en que fuera Moix el fiscal jefe Anticorrupción está en la cárcel porque los fiscales han pedido que se decrete prisión contra ese señor", ha destacado Catalá en referencia a Ignacio González.
José Manuel Villegas ha señalado al ministro que "va a tener que dar explicaciones sobre si filtró o no información sensible a su compañero de partido Pedro Antonio Sánchez -el anterior presidente de Murcia- y sobre si se ha presionado a la Fiscalía para que actúe favoreciendo los criterios procesales de sus compañeros de partido investigados por corrupción",
"También sobre si ha filtrado información a Ignacio González, sobre su SMS de apoyo al mismo y sobre por qué éste tenía un plan para zafarse de la justicia y contaba con usted como colaborador principal, como pieza clave", ha concluido, ante lo que Catalá le ha advertido de que para acusarle de todo ello debería tener pruebas.

Caso Lezo: Rajoy defiende a Moix y dice que actúa con independencia

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido hoy al fiscal anticorrupción, Manuel Moix, y ha asegurado que es un "profesional con amplia y exitosa trayectoria" que actúa con "total independencia y plena responsabilidad".

En la sesión de control del Congreso, Rajoy ha insistido en la "independencia absoluta de la fiscalía" y en su respuesta al líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado a éste de no tener la misma posición porque en su momento, cuando buscó una coalición con el PSOE abogó por jueces y fiscales "comprometidos" con el "gobierno de cambio" que quería formar.

Iglesias, por su parte, ha recordado a Rajoy las grabaciones del expresidente madrileño Ignacio González apostando por el nombramiento de Moix por ser su "preferido" y le ha explicado que la moción de censura que va a presentar contra él no se impulsa por diferencias ideológicas, sino porque los populares están "parasitando las instituciones del Estado".

Tres semanas después de que se desarrollara la operación Lezo, la oposición examina hoy de forma exhaustiva la gestión del Ejecutivo y del fiscal general del Estado en ese caso, de la que tendrán que dar cuenta el sede parlamentaria desde el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, hasta el propio José Manuel Maza, pasando por el ministro del Interior, José Antonio Zoido y el de Justicia, Rafael Catalá.

Además del 'caso Lezo', el Congreso debate también las últimas propuestas del Gobierno en vivienda y la situación en Cataluña:

"Creo que está funcionando muy bien la fiscalía anticorrupción, usted debería alegrarse", le ha dicho Rajoy a Iglesias, quien en su réplica ha recurrido al pasado del presidente como líder de la oposición para reprocharle su posición en este caso.

Así, el líder de Podemos ha recordado el episodio de 2009 cuando se supo que el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo había coincidido en una cacería con el juez Baltasar Garzón.

Aquel encuentro fue definido como "un atentado a la calidad democrática" por Rajoy, quien como ha recordado Iglesias dijo entonces que era también "motivo más que suficiente" para la dimisión del ministro y advirtió de que se estaba "liquidando la separación de poderes".

"Tenía usted razón", le ha dicho Iglesias a Rajoy, para citarle después las conversaciones de Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana en las que decía que Moix es "un tío serio" y que sería "cojonudo" que fuese nombrado fiscal anticorrupción.

martes, 9 de mayo de 2017

El ‘caso Lezo’ salpica a Gallardón por utilizar un paraíso fiscal para comprar 'Inassa'


MADRID.- El juez Eloy Velasco investiga la compra por parte del Canal de Isabel II de Inassa, la empresa que controla Aguas de Barranquilla en Colombia. Según informa este martes OkDiario, la compra se hizo desviando 73 millones de dólares (83 millones de euros de entonces y 67 al cambio actual) al paraíso fiscal de Panamá cuando Alberto Ruiz Gallardón estaba al frente de la Comunidad de Madrid.

La operación se cerró a caballo entre 2001 y 2002, nada más llegar a la presidencia del Canal de Isabel II Pedro Calvo, persona de la máxima confianza de Gallardón, que sustituía en el cargo a Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja, quien casualmente habría dejado el cargo poco antes de que se ejecutara la compra.
En aquella época Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas en la Comunidad de Madrid, era gerente del Canal de Isabel II. El Consejo de Gobierno presidido por Gallardón dio el visto bueno a la operación el 21 de noviembre de 2001.
En una de las conversaciones telefónicas intervenidas a Ignacio González, el expresidente decía que la compra de Inassa “sí que fue un pelotazo”. Lo dijo después de que Cristina Cifuentes, el pasado mes de julio, presentara un informe ante la Fiscalía Anticorrupción en el que detallaba irregularidades en la compra de la braileña Emissao en noviembre de 2013, que se cerró con un pago de 23 millones por una empresa que apenas valía 5. En el caso de Inassa su valor real era de 7 millones de dólares, diez veces por debajo del precio que se pagó.
De hecho, la compra de Inassa se consumó pese a las advertencias que se formulaban de un informe elaborado por el despacho Garrigues en el que se alertaba de la posible ilegalidad de realizar el pago a través de un paraíso fiscal. En él también se ponía en cuestión el precio. Aunque Panamá en este momento no está considerado paraíso fiscal gracias a un acuerdo de colaboración al que se llegó en 2011, en 2001, fecha la que se inició la operación, sí figuraba como tal en el listado de la Agencia Tributaria.
El Grupo Inassa se describe en su página web como “cabecera de expansión de Canal de Isabel II Gestión en América Latina, con amplia trayectoria en la gestión del ciclo integral del agua”. Tiene presencia en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Brasil.

Los altos ejecutivos de EE.UU. ganaron 347 veces más que sus trabajadores en 2016

WASHINGTON.- El salario de los principales ejecutivos de las empresas del índice S&P 500 de Wall Street ascendió en 2016 un 5,9 %, y el ratio de sus ingresos creció a 347 veces más que el del empleado medio, indicó hoy un estudio del sindicato estadounidense AFL-CIO. En 2015, el ratio fue de 335 veces más salario que el de los trabajadores.

El consejero delegado medio de estas empresas recibió una retribución media de 13,1 millones de dólares el pasado año, mientras que el sueldo medio de un empleado se situó en 37.620 dólares.
La compensación de los ejecutivos supone un alza del 5,9 % comparado con el año pasado, mientras que, si se ajusta por la inflación, la de los trabajadores se ha estancado.
"El reporte de este año ofrece mayores evidencias de que la avaricia de los consejeros delegados está impulsando la crisis de desigualdad de ingresos en Estados Unidos", aseguró Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la principal asociación gremial del país.
Trumka remarcó que "las grandes empresas continúan encontrando la manera de modelar la economía a su favor y en línea con los bolsillos de sus jefes a expensas de los trabajadores que hacen que los negocios prosperen".
"Demasiado a menudo, las empresas ven a sus trabajadores como costes que deben ser recortados, más que activos en los que invertir", agregó.
Este incremento ahonda en la tendencia que se ha venido registrando en Estados Unidos en las últimas décadas, y que ha alimentado el recelo respecto a la disparidad de ingresos.
En la década de 1960, los principales ejecutivos recibían un salario cerca de 20 veces más que el de su empleado medio, en 1980 el ratio ascendía a 42 veces y en 1990 a 107 veces.
En 2013, se sobrepasó por primera vez el umbral de ratio de 300 veces la compensación de altos cargos respecto a la de los trabajadores, según un análisis del centro Economic Policy Institute.
Entre los consejeros con mayores ingresos en 2016 figuran Thomas M. Rutledge, de Charter Communications, con 96 millones de dólares anuales (2.100 veces más que el trabajador medio); y Philippe P. Dauman, de Viacom, con 93 millones anuales (2.400 veces el de un empleado).
A continuación, se encuentran Leslie Moonves, de CBS, con 69 millones anuales (1.800 veces); Fabrizio Freda, de Estee Lauder Companies, con 48 millones anuales (1.280 veces); o el jefe de Nike, Mark G. Parker, con 47 millones anuales (1.260 veces).
Estos datos son de dominio público después de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC) aprobara durante la Presidencia de Barack Obama (2009-2017) una normativa que exige revelar el ratio entre retribuciones de los consejeros delegados y los sueldos de los empleados, dentro de la ley "Dodd-Frank" de reforma financiera de 2010.

Podemos y ERC reclaman al Senado indagar el papel español en la Guerra de Irak


MADRID.- Unidos Podemos y ERC han presentado este martes una iniciativa para crear una comisión de investigación en el Senado sobre el papel de España en la Guerra de Irak, con especial atención a la "estrategia de comunicación engañosa" que justificó la invasión y a las promesas hechas a empresas españolas para la reconstrucción.

La iniciativa se debatirá en el pleno que la Cámara Alta celebrará dentro de dos semanas y ha sido presentada en rueda de prensa por la senadora de Unidos Podemos Sara Vilà, el senador de ERC Jordi Martí y la representante de la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Irak (CEOSI) Sara Sánchez.
Su propuesta reitera otros intentos previos para esclarecer diversos aspectos de la Guerra de Irak de 2003, tanto en el Congreso como en el Senado, donde Podemos ya buscó sin éxito, en esta misma legislatura, la comparecencia del expresidente del Gobierno José María Aznar para explicar el rol que desempeñó España.
El propósito final de la comisión sería indagar “sobre las causas y consecuencias de la participación de España en la Guerra de Irak” a partir de numerosos aspectos resumidos en siete puntos.
En ellos, según el documento que debatirá el pleno, se alude a la “estrategia de comunicación engañosa citada en el informe Chilcot acordada por Blair y Aznar” a fin de averiguar “qué medios de comunicación españoles participaron en ella y qué cargos públicos colaboraron en generar una ‘buena opinión en los ciudadanos conforme se había hecho todo lo posible para evitar la guerra’”.
También se pretende estudiar el papel de Aznar “para intentar legitimar la invasión”, así como la “influencia” del Gobierno de España en la Cumbre de las Azores, o aclarar por qué el Ejecutivo “decide seguir con la intención de invadir Irak aun sabiendo que no había armas de destrucción masiva”.
En este punto se citan distintas declaraciones de altos cargos sobre la entrada de empresas españolas en las tareas de reconstrucción del país y los beneficios que supondrían para ellas.
El carácter de la misión encomendada a las tropas españolas en Irak y su coste, así como las repercusiones del conflicto en la actual situación del país completan la relación de asuntos que los dos grupos proponentes quieren que sean estudiados por el Senado.
El llamado “informe Chilcot”, una investigación encargada por el ex primer ministro británico Gordon Brown en 2009 considerada muy rigurosa por los promotores de la comisión sirve también de base para justificar su propuesta, y de hecho recuerdan que José María Aznar es citado hasta en once ocasiones en el documento.
La senadora Vilà se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de que senadores de Compromís, o del PDeCAT puedan apoyar la comisión, e incluso del PSOE, habida cuenta del rechazo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mostró a esta guerra, y ha emplazado también a los senadores del PP a respaldarla y “desmarcarse del Gobierno”.
Jordi Martí ha anunciado que el resultado de la votación en pleno de la propuesta les servirá para sopesar las posibilidades de que tenga éxito en el Congreso.
Ha hecho hincapié en que lo que pretenden es “esclarecer la verdad, dirimir responsabilidades, hacer justicia y reparar a las víctimas” e indagar en aspectos concretos como los 6.000 millones de euros supuestamente prometidos a las empresas españolas para la reconstrucción del país.
Además, la senadora Vilà ha rechazado que la Guerra de Irak sea “un tema del pasado o del Paleolítico” porque tras 14 años las consecuencias de esta “devastadora” guerra son “incalculables” como millones de víctimas, incluidos los once soldados y los dos periodistas españoles que fallecieron entonces.
Por su parte, la representante de CEOSI ha recordado que el pueblo iraquí “sigue resistiendo” 14 años después de la guerra aunque las “cifras escalofriantes de asesinados, desaparecidos y muertos” y la repercusión del conflicto ha hecho que “el país que conocimos prácticamente haya desaparecido”. Esta es la razón por la que CEOSI apoya crear una comisión que sirva para “reparar la memoria de los millones de víctimas que ha dejado la Guerra de Irak”.

PP y Podemos se enzarzan en el Congreso por Venezuela y la corrupción

MADRID.- El PP y Podemos se han enzarzado hoy en una discusión en la que los populares han pedido al partido de Pablo Iglesias que "rompa" sus "anclajes" con el Gobierno de Nicolás Maduro, mientras la formación morada ha acusado al partido del Gobierno de usar Venezuela para ocultar su "ciénaga" de corrupción.

El PP ha defendido esta tarde en el pleno del Congreso una proposición no de ley que se votará el jueves y que busca un pronunciamiento de la Cámara para exigir al régimen venezolano que respete la democracia, garantice la separación de poderes y libere a los presos políticos.
Los populares cuentan ya con el apoyo del PSOE, con el que siguen negociando una enmienda para el texto definitivo, y con Ciudadanos y otros partidos como el PNV, mientras que Podemos va a abstenerse.
Se da la circunstancia, además, de que Izquierda Unida -integrada en el grupo de Unidos Podemos- votará por primera vez en esta legislatura de forma distinta a Podemos, ya que lo hará en contra.
El "número tres" del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha sido el encargado de defender la iniciativa y durante buena parte de su intervención se ha dirigido directamente a Podemos para pedir a ese partido que aproveche la ocasión para desvincularse de Maduro, "suelte la mano que les dio de comer" y sean "coherentes" no con el gobierno venezolano, sino con la libertad y la democracia.
"No existen excusas, ninguna, sólo si se considera que Venezuela es una democracia ejemplar", ha dicho Maíllo, recordando que Pablo Iglesias hizo este calificativo en una intervención en televisión en 2013.
El coordinador general del PP ha insistido además en pedir a Podemos que se una al reclamo de las principales organizaciones internacionales y pida la libertad de los presos políticos de ese país.
Con dureza ha respondido a Maíllo el responsable de Exteriores de Podemos, Pablo Bustinduy, quien ha acusado al PP de utilizar Venezuela para desviar la atención sobre los casos de corrupción que le afectan.
Así, ha asegurado que, cuando estalló el caso Lezo y fue detenido el expresidente madrileño Ignacio González o cuando dimitió Esperanza Aguirre, dirigentes del PP como el propio Mariano Rajoy o el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, colgaron mensajes en Twitter para denunciar la situación venezolana.
"Una y otra vez repiten la misma jugada como malos futbolistas que tienen un solo regate y en medio de la ciénaga irresponsable de corrupción" que azota al PP, le ha dicho a los populares Bustinduy.
Además, ha acusado al PP de no haber hecho ni una sola propuesta "viable" para Venezuela y le ha reprochado su actitud "irresponsable" por no contribuir a una "solución política dialogada" para ese país y utilizarlo solo para tratar de "deslegitimar" a Podemos.
Desde el PSOE, Antonio Gutiérrez Limones ha justificado el apoyo a la iniciativa del PP, porque los socialistas, ha dicho, no pueden permanecer impasibles ante la grave situación venezolana, pero ha defendido la enmienda presentada porque insta de forma más explícita no solo a liberar los presos sino también a impulsar un calendario electoral en ese país y facilitar un canal humanitario para los ciudadanos.
Joan Tardá, de ERC, ha acusado a los populares de practicar el "cinismo y la hipocresía" con este asunto y ha dudado de las intenciones del "partido más corrupto de Europa", un calificativo por el que ha pedido la palabra el portavoz del PP, Rafael Hernando, para exigir una rectificación.
Tardá ha aceptado para concretar que quería decir que el PP es el partido con más casos de corrupción abiertos de Europa.
El PP cuenta para la votación del jueves con el apoyo, además del PSOE, de Ciudadanos, y el diputado Fernando Maura ha considerado que España debe liderar una respuesta internacional en favor de la democracia en Venezuela.
También apoya la iniciativa el PNV, que ha recalcado la situación constitucional inaceptable de Venezuela e insostenible para sus ciudadanos, en palabras de Aitor Rivera.
Al debate de esta iniciativa han asistido familiares de presos opositores venezolanos.
El padre de Leopoldo López ha subrayado tras el debate que el apoyo del Congreso español da "mucho aliento" y ha valorado el respaldo recibido y la "unidad de criterio" de la Cámara, salvo alguna "pequeña minoría", a favor de la propuesta.
Por su parte, Mitzy Capriles, mujer de Antonio Ledezma, ha dicho estar agradecida a la Cámara y "doblemente" al PP por proponer la propuesta ante esta "tragedia tan grande" que viven los venezolanos.

La Fiscalía asegura que Ignacio González recurrió a algún juez, fiscal o policía para tener impunidad

MADRID.-La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el expresidente madrileño Ignacio González recurrió a personas con "influencias" en las carreras judicial y fiscal, o incluso de la Policía, "para lograr impunidad en sus acciones", motivo por el que se opone a su puesta en libertad por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras haber ingresado en prisión el 21 de abril, la Fiscalía recuerda que el propio González admitió en su declaración que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quién".
En cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, Anticorrupción expone que la "mayor parte de los miembros de la familia" del expresidente madrileño "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un escrito en el que se opone a la excarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, principal imputado en la 'operación Lezo', según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La defensa de González apeló la semana pasada ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la prisión preventiva que el exdirigente madrileño cumple desde el pasado 21 de abril y solicitó su puesta en libertad alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse.
Argumentó, entre otras razones, que huir de la justicia es "materialmente imposible" porque tiene sus bienes embargados y carece de medios económicos, además de tener un "arraigo notorio" en España donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales "va a celebrar su boda en pocos meses".

División en la izquierda por la iniciativa sobre el Valle de los Caídos

MADRID.- Contra todo pronóstico, la proposición no de ley del PSOE que pide un nuevo impulso de la Ley de Memoria Histórica y exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, no ha concitado el respaldo de partidos de izquierda como Podemos o ERC, que creen insuficiente la iniciativa de los socialistas.

El pleno del Congreso ha debatido hoy -aunque votará el jueves- esta proposición no de ley del PSOE que, al no tener rango de ley, no es de obligado cumplimiento para el Gobierno.
Podemos amenaza con abstenerse el jueves si no se aceptan sus enmiendas, lo mismo que ERC que incluso se plantea votar en contra ante una iniciativa que califica de "monumento al cinismo político".
Del otro lado, el PP se opone también a la propuesta en su conjunto mientras que Ciudadanos está dispuesta a apoyarla, siempre que no se acepten las enmiendas de ERC y Podemos.
Así las cosas y siempre que no se acerquen posturas de aquí al jueves, la iniciativa no parece que pueda salir adelante por los vetos cruzados.

El PP admite que existen "discrepancias" entre fiscales

MADRID.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha admitido este martes que existen "discrepancias" en el seno de la Fiscalía pero ha proclamado que, a diferencia de lo que ocurría antes, en los asuntos de corrupción "ahora no se tapa a nadie" como sucedió, por ejemplo, con el 'caso Pujol'.

Así se ha pronunciado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre el hecho de que el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, mintiera al afirmar que él no había promovido que se apartara del 'caso Lezo' al fiscal Carlos Yáñez, sino que era el representante del ministerio público quien quería dejarlo.
Hernando ha dicho desconocer la existencia de un decreto en el que Moix releva a Yáñez, pero ha apuntado que, como en tantos colectivos, en el seno de la Fiscalía se producen discrepancias "entre distintas personas".
"Supongo que unas veces tienen razón unos y otras otros", ha añadido, incidiendo en que lo que hay que hacer es "dejar trabajar" a los fiscales y confiar en las instituciones.

Además, ha remarcado que "ahora no se tapa a nadie", que "quien la hace la paga" y, gracias a las normas impulsadas por el Gobierno del PP se "va a recuperar hasta el último céntimo de lo defraudado" en asuntos de corrupción.
"Esto no se hizo con el PSOE", ha sentenciado tras enumerar algunas de la reformas anticorrupción aprobadas entre 2011 y 2015 y asegurar que a los 'populares' "nadie les va a poner colorados" con esta cuestión.
Hernando también ha recordado que el próximo jueves se constituirán en el Congreso sendas comisiones de investigación, una sobre la supuesta financiación ilegal del PP y otra sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas y que los 'populares' esperan llegar a un acuerdo con el resto de grupo sobre los miembros de las mesas de sendos órganos.
Para presidir la comisión sobre las cajas se perfila la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, mientras que el diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, podría hacerse con la presidencia de la relativa al PP.

El fiscal cree que el número dos de Interior avisó a Ignacio González de la 'operación Lezo'

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción se opone a la excarcelación del expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, ante el riesgo de fuga y de manipulación de pruebas, en un escrito donde alude a una "presunta investigación 'chivada'" del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras su ingreso en prisión el 21 de abril, la Fiscalía destaca que el juez Eloy Velasco valoró ya en el auto de prisión "la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar".
Recuerda en este sentido la conversación que se grabó en el despacho del expresidente madrileño a los hermanos Ignacio, Isabel (diputada madrileña) y Pablo González, éste último también en prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros.
En esa conversación, del 6 de marzo, se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad", refiriéndose a José Antonio Nieto quien admitió una reunión con Pablo González dos días después de la reunión de los hermanos.
Los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, relatan cómo antes de esa reunión Pablo González contactó con sus hermanos y en una de esas llamadas al hablar de Ignacio dice: "Le habían avisado de que tenía pinchados los teléfonos...Vamos, vamos se quedó un poco preocupado".
Añade además que el propio González admitió que contactó "con algún alto cargo de la Policía Nacional para saber "cómo estaban algunas cosas y conocer si tenían algún informe que le afectase" y también reconoció que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o de la Policía "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quien".
"Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones", destacan los fiscales.
De hecho aseguran que ha sido "una constante" en esta investigación que González, "junto con otros investigados, se han valido de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento".
Y es que, señalan, "Ignacio González ha demostrado una capacidad real de acción para interferir en el normal desarrollo de la investigación por las vías ilícitas señaladas".
"Para ejecutar esta acción de entorpecimiento de la investigación" González y su hombre de confianza en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, recurrieron "a personas perteneciente al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial".
La Fiscalía habla asimismo de "un pacto delictivo" entre los investigados, cuyo "principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de 'componendas ilícitas pagadas con dinero público'".
Sobre el desvío de fondos, la investigación tiene ya acreditado que González "disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta" y en cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, la Fiscalía apunta a que la "mayor parte de los miembros de la familia" "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".
La Fiscalía considera además que el que sea una persona de notoriedad pública tampoco anula el riesgo de fuga, ya que "la realidad judicial de España" ha demostrado que en otros casos en que eso parecía "impensable" la huida finalmente se produjo.

Contra la pueta en libertad de Edmundo Rodríguez

En otro informe, los fiscales también se oponen a la puesta en libertad de Edmundo Rodríguez, cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II.
Principalmente porque el "ingente dinero público desviado permanece oculto", afirma el fiscal, que hace hincapié en el "uso indiscriminado" que se hizo de la empresa pública que presidió Rodríguez de 2003 a 2016.
Inassa fue gestionada, según el fiscal, "como si de una empresa privada se tratase", hasta tal punto que el propio Rodríguez manifestó al juez que "era privada y así se gestionó", aunque luego reconoció que quien ponía el dinero para sus ampliaciones de capital e inversiones era Canal Extensia, empresa pública, y que el dinero comprometido también lo era.
"Estos tejemanejes, alejados del control de los órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid, y sin contar con las autorizaciones legalmente previstas, le han granjeado indiciariamente elevadas ganancias ilícitas",, lo que explicaría sus inversiones inmobiliarias en Colombia, República Dominicana y Londres.
La investigación también apunta a que los imputados pudieron pagar comisiones a funcionarios en Panamá, Colombia o República Dominicana a cambio de adjudicaciones, "negocios que presuntamente siguen a día de hoy reportando ingentes beneficios fraudulentos" a Rodríguez.
"Una de las operaciones más groseras" de Rodríguez, destaca el informe, fue la adquisición de la empresa brasileña Emissao con un sobreprecio de 20 millones de euros de capital público de la Comunidad de Madrid que se desvió y que le generaron unas ganancias que depositó en cuentas de Suiza.

La preocupación por el paro cae a niveles anteriores a la crisis

MADRID.-La preocupación por el paro ha alcanzado en el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el nivel más bajo desde octubre de 2008, pues es el principal problema para el 69,6 por ciento de los españoles, el menor porcentaje de estos casi nueve años.

También registra su punto más bajo en dicho periodo de nueve años la descripción negativa de la situación económica, que en el barómetro ven mala o muy mala un 55,7 por ciento de los españoles, el menor índice desde junio de 2008.
El estudio de abril del CIS, que se hizo entre los días 1 y 8 de ese mes, antes de que se activara la operación Lezo contra los supuestos casos de corrupción en el Canal de Isabel II de Madrid, consolida a la corrupción como el siguiente problema ciudadano, ya que lo cita un 42 por ciento de los encuestados.
Se frena el aumento que tuvo su pico en el barómetro anterior, de marzo, cuando lo mencionaron como principal preocupación un 44,8 por ciento de españoles.
De nuevo sobre la preocupación por el paro, fue el barómetro de noviembre de 2008 el primero que superó la barrera del 70 por ciento en la lista de principales problemas ciudadanos, y desde entonces siempre ha rebasado ese umbral.
Es decir, con motivo del estallido de la crisis y durante este periodo de secuelas, siete de cada diez ciudadanos, o más, aseguraban que el paro era su principal preocupación. Hasta la encuesta de hoy.
Hay que remontarse al CIS de octubre de 2008 (el paro fue el primer problema del 64,9 por ciento de los entrevistados) para encontrar un índice de preocupación ciudadana menor al 69,6 por ciento de este barómetro de abril.
Asimismo, este último CIS señala que sólo un 15,2 por ciento de los encuestados considera que la situación económica será peor dentro de un año, lo que revela un nuevo descenso en comparación con barómetros anteriores. Desde finales de 2015 el pesimismo no era tan bajo. Por el contrario, más de un 70 por ciento de los ciudadanos opina que la economía, en un año, estará mejor o igual que ahora.
También la percepción sobre la situación política ha disminuido en casi tres puntos, ya que el 68 % de los encuestados declara que es mala o muy mala frente al 70,9 del mes pasado. Un 24 por ciento ve la situación política como regular, un 4,1 % como buena y sólo un 0,1 % la ve muy buena.
Tras el paro y la corrupción, los problemas de índole económico son citados por el 21,2 por ciento de los ciudadanos, en tanto que los partidos políticos son una preocupación para el 20,9 por ciento. Paro, corrupción, economía y partidos ocupan por tanto los primeros cuatro puestos en la lista de problemas de los españoles.
A cierta distancia, la sanidad, que es una preocupación para el 12,6 por ciento de los ciudadanos; la educación, que lo es para el 10,4; y los "problemas de índole social", a los que se refieren un 10,1.
La violencia contra la mujer, en uno de los años en los que se han producido más asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas, aparece como problema para un 2,8 por ciento de los ciudadanos. Las pensiones, para algo más del 4 por ciento.
El 2 por ciento menciona el terrorismo internacional y no llega al 1 por ciento los ciudadanos que hablan del nacionalismo como problema fundamental.

Según el CIS, el PSOE adelanta a Podemos y el PP pierde apoyos

MADRID.- El PP ha perdido un punto y medio en estimación de voto hasta el 31,5 por ciento según el último barómetro del CIS, que refleja una subida de 1,3 puntos para el PSOE -19,9- que recupera la segunda plaza ante la bajada de 2 puntos de Unidos Podemos y sus confluencias, que se quedan con el 19,7.

Según esta encuesta, Ciudadanos sería además el partido que más sube de los cuatro grandes, ya que obtiene 2,5 puntos más que en el sondeo anterior y alcanza el 14,9 por ciento de los votos.
El trabajo de campo de esta encuesta tuvo lugar entre el 1 y el 8 de abril, coincidiendo con la dimisión del presidente murciano Pedro Antonio Sánchez, pero antes de que estallase el caso Lezo con la detención e ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y después de conocerse que Susana Díaz se presentaría a las primarias del PSOE.
En quinto lugar estaría ERC, que baja una décima y se queda en 2,9 por ciento, seguido de PDeCAT, que sube tres décimas hasta el 2 por ciento y el PNV, que baja siete décimas y se queda en el 1,1 por ciento, el mismo porcentaje que obtendría Bildu, dos décimas por encima del anterior sondeo. Coalición Canaria obtendría un 0,3 por ciento, una décima más que en el anterior sondeo elaborado el mes de enero pasado.
Es el segundo barómetro consecutivo en el que el PP pierde apoyos desde que se celebraron las últimas elecciones generales. La encuesta de octubre reflejaba una estimación de voto para los 'populares' del 34,5 por ciento, que cayó al 33 por ciento en enero, y que ahora se ha quedado en el 31,5 de los sufragios.
En voto directo -sin la estimación del CIS- el PP también desciende del 20,7 por ciento de enero al 18,5 por ciento de abril, mientras que el PSOE sube del 12,7 al 13,4 por ciento.
También en este apartado, Unidos Podemos y sus confluencias se deja casi un punto hasta el 14,1 de voto directo, en la primera encuesta que publica el CIS desde la asamblea de Vistalegre II en la que las tesis de Íñigo Errejón fueron derrotadas y se produjo una profunda reestructuración del partido.
Ciudadanos vuelve a ser el partido que más sube en voto directo, del 8,0 por ciento en enero a 9,2 por ciento en el barómetro de abril.

Centenares de guardias civiles cobran las horas extras casi dos años después de hacerlas

MADRID.- El Gobierno reconoció que unos 7.500 guardias civiles recibieron en enero las retribuciones que les correspondían a las horas de exceso, nocturnas y festivas trabajadas en abril de 2015 y que no recibieron en su día.

Según figura en una respuesta parlamentaria al diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado, la Dirección General de la Guardia Civil debía diversos conceptos de productividad a agentes desde hace casi dos años y que pueden suponer en la nómina entre 300 y 600 euros, según la escala del agente.
"Es inaceptable el estado de abandono y el desprecio con el que este Gobierno trata a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Precisamente el PP, el que más habla de patria, es el que menos cumple con los servidores de la misma", denunció Delgado, exmiembro del instituto armado.
Además de las horas extras, nocturnas o festivas que no fueron abonadas, la respuesta del Ejecutivo también admite que en las nóminas del pasado mes de febrero se abonaron los retrasos del llamado abono de trabajador nocturno correspondientes a 2015, así como el 2016.
En total, fueron perceptores del pago de este concepto de productividad 5.676 agentes, de los cuales 3.401 son de abonos con retraso de 2016 y 2.274 de 2015.
A juicio de Delgado es "muy injusto" que los agentes tengan que soportar, además de la discriminación salarial que padecen, "el retraso de las retribuciones por un trabajo que ya han realizado".

La juez archiva una denuncia a Ruiz Gallardón por los sobrecostes de la M-30

MADRID.- Un juzgado de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia presentada contra el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón (2003-2011), por la presunta comisión de sendos delitos de malversación y prevaricación administrativa por la "omisión de los trámites esenciales en la constitución y transformación" de la entidad 'Madrid Calle 30 S. A.', responsable de la gestión y ejecución de las partidas públicas destinadas a la remodelación de la principal carretera de circunvalación de la ciudad. 

La magistrada Luisa Lázaro ha rechazado investigar la presunta apropiación indebida de fondos públicos y falseamiento de las cuentas públicas de la entidad, denunciada por el partido político Contrapoder, dirigido por el abogado murciano José Luis Mazón
El argumento de la juez para archivar la denuncia es que "el control económico y presupuestario de los entes autonómicos se ejerce tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Cámara de Cuentas en el ámbito que les es territorialmente propio, en este caso Madrid".
Asimismo, añade la magistrada que "la actuación de tales entes fiscalizadores del sector público se contrae a su propio ámbito competencial, con exclusión en todo caso de aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delito, proponiendo en la correspondiente memoria las medidas a adoptar, en su caso, para la mejora de la gestión económica y financiera del sector público". 
Por lo tanto, concluye que no queda debidamente acreditada la perpertración de infracción penal alguna de Ruiz Gallardón.
Según la denuncia, se han perpetrado multitud de gravísimas irregularidades constatadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su informe de fiscalización de la empresa mixta municipal 'Madrid Calle 30', en los ejercicios de 2012 y 2013, "cuya apariencia de diversos tipos delictivos era más que evidente", como las graves irregularidades de falseamiento de cuentas y sobreprecios (malversaciones) y delitos de falsificación de contabilidad pública conectadas a la misma mercantil mixta.
Ante el sobreseimiento provisional, el denunciante José Luis Mazón ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para que obligue a la juez a investigar los hechos.

Las familias y empresas españolas en quiebra suben casi un 50% hasta marzo

MADRID.- Las familias y empresas españolas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas aumentaron un 3,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 1.319, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este martes.

En concreto, las familias que se declararon en concurso de acreedores ascendieron a 263, lo que supone un incremento del 42,9% respecto al mismo trimestre de 2016, mientras que las empresas concursadas bajaron un 2,7%, hasta sumar 1.056 procedimientos de quiebra.

En tasa intertrimestral (primer trimestre del año sobre cuarto trimestre de 2016), el número de deudores concursados aumentó un 0,8%, con un repunte del 31,5% en el número de familias declaradas en concurso y un descenso del 4,8% en el caso de las empresas concursadas.
De las 1.056 empresas que entraron en concurso en el primer trimestre, 118 eran sociedades anónimas, con un descenso interanual del 0,8%, mientras que 842 eran sociedades limitadas, un 4% menos que en el primer trimestre de 2016.

Las personas físicas con actividad empresarial elevaron los procesos concursales un 38,3% en tasa interanual, hasta totalizar 65, y los incrementaron un 10,2% respecto al trimestre anterior.
Durante el primer trimestre, los concursos voluntarios subieron un 3,7% en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 1.213, en tanto que los concursos necesarios avanzaron un 7,1%, con un total de 106 procesos.
Por clase de procedimiento, los concursos ordinarios aumentaron un 5% en tasa interanual y los abreviados, un 3,8%, hasta 190 y 1.129 procesos, respectivamente.

jueves, 12 de enero de 2017

Más de 1.370 cargos públicos, procesados por corrupción en España

MADRID.- Los juzgados y tribunales españoles han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción contra 1.378 responsables públicos entre julio de 2015 y setiembre de 2016, según el mapa de la corrupción presentado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas han presentado el primer archivo de datos de procedimientos judiciales por delitos relacionados con la corrupción, un archivo que será de acceso público por internet.

Según los datos facilitados por el CGPJ, los 1.378 procesados lo fueron en 166 procedimientos por delitos de corrupción, de los cuales finalmente terminaron en sentencia 99 y, de ellos, el 72,7% incluyeron condenas para algunos de los implicados.
Estos procesados son funcionarios públicos, gobernantes y políticos con responsabilidades públicas.
Los datos se refieren a cinco trimestres (desde julio de 2015 a septiembre de 2016), los cubiertos por el archivo actualmente (se actualizará trimestralmente).

jueves, 17 de noviembre de 2016

España, percibida como uno de los países más corruptos de Europa

MADRID.- Según la percepción de sus ciudadanos, España es una de las naciones europeas más aquejadas por la corrupción, afirma un informe de Transparencia Internacional publicado este miércoles sobre la situación en 42 países de Europa y Asia Central.

Con un 66% de los encuestados, España es el segundo país del continente en el que más gente cree que la corrupción es uno de los problemas más graves. La media en los países sondeados es de un tercio, y el líder es Moldavia, con un 67%. Alemania está en la cola con un 2%.
"España es el país en el que más se ha incrementado la percepción de corrupción en los cinco últimos años", comenta Manuel Villoria, miembro del comité directivo de Transparencia Internacional-España.
Según él, esto se explica en primer lugar por "los numerosos escándalos de corrupción política" que han dominado la actualidad de los últimos años y han salpicado entre otros al gobernante Partido Popular (PP).
También por el hecho de que "la ciudadanía considera que la corrupción no son solo estos escándalos, sino también un mundo de relaciones y conexiones familiares, de amistad, etcétera, que funciona en beneficio de unos pocos". Por todo ello, "la gente aquí está más enfadada", apostilla.
En España, un 80% de las 1.000 personas encuestadas entre el 15 y el 22 de diciembre de 2015 cree que el Gobierno lo está haciendo "mal" a la hora de combatir la corrupción.
Este porcentaje es el más alto entre los 20 Estados sondeados de la Unión Europea (de un total de 28), muy por delante de Italia (70%), Francia (64%) y Grecia (59%). El porcentaje más bajo lo ostenta Suecia, con un 28%.
Asimismo, el informe añade que el 88% de los entrevistados "dijeron que las personas de los sectores más ricos influían indebidamente en las decisiones gubernamentales".
En esta línea, Jesús Sánchez Lambás, otro directivo de Transparencia Internacional-España, cree que faltan "mecanismos de transparencia entre los poderes económicos y fácticos y los aparatos de Estado".
Por esa razón, existe entre la gente la continua sospecha de que los empresarios puedan por ejemplo manipular a su favor a las autoridades reguladoras, o a la administración fiscal para que les dé un trato de favor en caso de problemas.
Al mismo tiempo, España es uno de los países donde menos sobornos se pagan a los funcionarios (sólo un 3% de los hogares dijo haberlo hecho para acceder a servicios básicos, frente a un 29% en Rumanía, un 34% en Rusia y un 18% en Turquía).

La encuesta española coincidió con los últimos días de la campaña electoral previa a las legislativas del 20 de diciembre de 2015.
Uno de los temas estrella de campaña fue precisamente la corrupción, una acusación que le costó la mayoría absoluta al PP de Mariano Rajoy, presidente del gobierno desde fines de 2011.
La formación conservadora está procesada como persona jurídica por el borrado de los discos duros de su ex tesorero Luis Bárcenas, quien habría orquestado un vasto montaje de financiación ilegal.
Igualmente están en curso dos macroprocesos que implican a numerosas figuras del partido, el de la llamada 'trama Gürtel' y el de las 'tarjetas black'.
El primero concierne un esquema de apropiación ilícita de decenas de millones de euros de fondos públicos entre 1999 y 2005.
En el segundo, el ex ministro de Economía del PP (1996-2004) y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato está acusado de dirigir un sistema de desvío de fondos, cuando presidió las entidades bancarias Caja Madrid y Bankia, de 2010 a 2012.
Los 12 millones de euros presuntamente desviados por los 65 imputados (entre ellos varios empresarios, sindicalistas y un ex jefe de la Casa Real) fueron a fiestas y artículos de lujo, algo sonrojante en una España sometida a una estricta política de rigor en plena crisis económica.
Igualmente, del lado socialista están imputados entre otros los ex presidentes regionales de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por irregularidades en la concesión de multimillonarias ayudas públicas.
La fiscalía anticorrupción pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación contra Griñán, predecesor en el cargo de Susana Díaz, una de las figuras clave del PSOE en la actualidad.

jueves, 1 de septiembre de 2016

La Fiscalía pide retirar el pasaporte al rapero catalán Pablo Hasel por delito contra la Corona

MADRID.- El Ministerio Fiscal ha pedido este jueves medidas cautelares para el rapero Pablo Hasel -comparecencias semanales ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España- tras la declaración prestada por el cantante en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por una quincena de tuits publicados en la red social contra la Corona y de apoyo a los Grapo.

Según informan fuentes fiscales, el cantante ha reconocido ante el magistrado José de la Mata la autoría de los tuits -tales como "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero" o "que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono"- y ha considerado que lo que dice es verdad y que está "probado y justificado".
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 le citó después de una nueva denuncia presentada en contra del cantante por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le imputa delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra la Corona y calumnias e injurias contra las instituciones del Estado.
Hasel que ha llegado a la Audiencia pasadas las 10.15 horas acompañado de su abogado y la ha abandonado una hora después sin atender a los periodistas, ha respondido a las preguntas de las partes y se ha amparado en el derecho a la libertad de expresión.
La defensa del cantante, por su parte, se ha opuesto a las medidas solicitadas por la fiscal Ana Noé y ha pedido el archivo de la causa, si bien el Ministerio Público las considera necesarias ya que sobre el rapero catalán pesa una condena de dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo.
En sus mensajes de la red, Hasel califica al monarca de "ladrón", acusa a la Policía de "golpear y torturar" y se refiere a las cárceles como "centros de exterminio". Su perfil @pablohasel cuenta con 55.700 seguidores y, según la Fiscalía, "es muy activo", llegando a generar 200 mensajes diarios.
Unos mensajes que reiteró en un escrito publicado anteayer en twitter, donde se refirió a la Audiencia Nacional como "tribunal fascista" y recalcó que se le quería condenar a prisión "por contar la realidad". Añade que lo que temen es que su mensaje, que califica de revolucionario, "se expanda y no quede solo en un reducido círculo".
"He demostrado y seguiré demostrando que no cedo a sus chantajes, pero quieren que esta represión sirva para que otros se lo piensen dos veces antes de ser solidarios con los presos políticos, denunciar torturas y asesinatos a manos de los cuerpos represivos o denunciar a la monarquía mafiosa", recalca en el escrito.
Esta no es la única denuncia que pesa contra el rapero ya que el alcalde de Lleida, Àngel Ros, le acusó de amenazarle de muerte en otro de sus temas. En este caso la Fiscalía leridana solicita una pena de un año y tres meses de cárcel.
Según denunció Ros, en la canción aludida se decía que el primer edil "merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza" y "que li fotin (metan) una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la puerta de la Paeria".

Ante mi declaración en la Audiencia Nazi-onal http://contrasugenocidiodiario.blogspot.com.es/2016/08/ante-mi-declaracion-el-jueves-1-en-la.html 

viernes, 26 de agosto de 2016

Las principales facciones en la batalla por el planeta Tierra y su estado actual / Benjamin Fulford *

La batalla en curso por el control del sistema financiero, y por lo tanto el control sobre el proceso de decidir lo que nosotros, como especie, vamos a hacer en el futuro, está llegando a un clímax. Por esta razón, este podría ser un buen momento para ver quiénes son los actores principales y cuál es su posición.

En primer lugar, echemos un vistazo a la facción jázara / nazi que tomó el control de Europa, Japón y los Estados Unidos tras el ataque de falsa bandera del 11 de septiembre 2001 en Nueva York.

Esta facción está dirigida por George Bush padre, David Rockefeller y sus lacayos. Su plan era reducir la población mundial en un 90% por medio del hambre, la enfermedad y la guerra. Buena prueba de ello ha sido proporcionada a varias agencias de policía, militares y de inteligencia de todo el mundo.

Ya que la toma del poder nazi de los Estados Unidos se completó con la elección robada por George Bush Jr. en el año 2000, el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de asesinarnos a través de la liberación de armas biológicas incluyendo SARS, la gripe aviar, el Ébola, etc.

La verdadera razón por la que querían matar al 90% de la población era que tenían miedo de perder el control sobre el planeta, ya que grupos como los chinos, los musulmanes y los hindúes, que no estaban bajo su control, crecieron en población y en poder.

Los hicsos adoran a un ser con cara de cabra con una cola bifurcada conocida a través del tiempo por nombres tales como Set, Baal, Marduk, Lucifer, Satanás, etc. También practican sacrificios humanos, a veces a gran escala, tal como en una Guerra Mundial hecha a propósito mediante ingeniería (social y política). Probablemente no hay más de un millón de miembros de este grupo, pero ocupan posiciones de control en muchas instituciones de gobierno, las finanzas, la religión, los medios de comunicación, etc en todo el mundo. Muchos de ellos son etiquetados erróneamente como judíos. Para proteger a las personas inocentes, los llamamos la mafia jázara. Los principales miembros de este grupo ahora tienen puesta una recompensa por cada una de sus cabezas y sus nombres se han enumerado públicamente.

Las principales facciones opuestas a este grupo en el mundo occidental son los cristianos, miembros de la fe judía que adoran a Jehová, así como ateos que creen sólo en la Regla de Oro (Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti).

Los miembros de la élite de este grupo trataron de detener la masacre planificada de “comedores inútiles” proponiendo un impuesto sobre el carbono para recaudar fondos para pagar a los países pobres para preservar y ampliar sus bosques. Las principales personas detrás de la facción del calentamiento global eran miembros de familias aristocráticas y reales europeas que apoyaron al cristianismo en contraposición a los ideales satánicos. Se perdió la lucha por el poder en 2000, cuando le robaron las elecciones Presidenciales a su hombre, Al Gore. El principal problema con este grupo fue que crearon una mentira sobre el calentamiento global causada por el carbono para promover su impuesto. Su sistema de comercio de carbono también estaba plagado de fraude.

No obstante, este grupo tiene un poder considerable ejercido a través de la parte no satánica de los masones junto con la parte de la Iglesia Católica que no había sido tomada por los satanistas. Este grupo logró sustituir al Papa Benedicto XVI en 2013. Su sustituto, Francisco, de inmediato comenzó a purgar la Iglesia Católica de pedófilos, limpiado el banco del Vaticano y llegó a acuerdos con Cuba y Colombia para detener el flujo de dinero de la droga a la facción de Bush / nazi de la CIA. Se habla de la participación de Francisco en la guerra sucia en Argentina, pero hasta ahora sus acciones demuestran que está tratando de hacer el bien.

Sin embargo, el grupo de liderazgo que puso en el poder a Francisco sigue presionando para dominar el mundo a través de un impuesto sobre el carbono controlado y recaudado en secreto por ellos. Ellos no van a tener éxito con este tipo de fraude, ya que se basa en mentiras y sigue siendo fraudulento.

El grupo detrás de Francisco también está presionando para que Donald Trump sea elegido Presidente de los Estados Unidos. Si tienen éxito, Trump comenzará arrestando a muchos de los principales jefes de la mafia jázara dentro de los EE.UU..

Trabajando en armonía con estas fuerzas está el Rojo y el Azul de Asia y sus aliados de la Sociedad Dragón Blanco.

El Rojo y el Azul se remontan, según su propia versión, a las organizaciones creadas por Mozi (??) alrededor del 450 antes de Cristo. Estos grupos se aliaron en la década de 1700 con los restos de la burocracia Ming, el ejército y la marina de guerra en una lucha para derrocar a los conquistadores manchúes de China. Después de muchos intentos fallidos sangrientos finalmente tuvieron éxito en 1911 cuando derrocaron al último emperador. Este grupo luego estuvo prácticamente inactivo.

Sin embargo, volvieron a estar en guerra total recientemente después de que encontraron pruebas de que el régimen de Bush había estado difundiendo el arma biológica SARS en un intento de matar a los pueblos de Asia. También conocieron los planes genocidas de los jázaros cuando grabaron varios sucesos en Bohemian Grove tras llegar al poder Bush Jr.. Al Rojo y el Azul se les unió más tarde la familia de dragones, que es una confederación de las antiguas familias reales del mundo.

Cuando los asiáticos buscaron aliados en Occidente en su lucha contra los jázaros se formó la Sociedad del Dragón Blanco. La SDB es una coalición que tiene sus raíces en las antiguas tradiciones de Occidente que apoyaban hacer buenas obras de todo tipo.

Estos caballeros blancos fueron los responsables de las cosas tales como la Carta Magna, la democracia, la caballerosidad, la protección de los débiles y los pobres y la necesidad de luchar, si es absolutamente necesario, para proteger todo lo que es correcto y decente. Los miembros del SDB están ahora en el control de la mayor parte del complejo industrial militar de Estados Unidos con excepción de los mercenarios al servicio de la mafia nazi de Bush / Clinton. El SDB trabaja en conjunto con los servicios de seguridad rusos, los servicios secretos británicos, los masones, las sociedades secretas musulmanes reales (en oposición a los falsos musulmanes que financian a los terroristas de ISIS), las sociedades secretas japonesas, los Illuminati, la nobleza blanca italiana, las familias reales de Europa, varias sociedades de artes marciales, etc, etc.

Los jázaros ahora se han reducido a unos pocos focos de mando en Washington DC, Nueva York, Arabia Saudita, Israel y algunos estados delincuentes.

Si los asiáticos y sus aliados del SDB dan un fuerte impulso podría ser el final del juego para los jázaros y su antiguo régimen de terror y de esclavitud tan pronto como este año. Poner fin a su mandato sería uno de los eventos más importantes en la Historia humana durante los últimos miles de años. Podría conducir a la Paz mundial y a una era de prosperidad sin precedentes.

La campaña de otoño de este año será una de las más importantes, sin embargo, en esta larga guerra híbrida para el control del planeta. Esta vez una victoria real y total es una posibilidad muy realista. Si todo el mundo hace su parte seremos capaces de iniciar pronto una nueva era, una era dorada, una era de asombro.



 (*) Periodista