MADRID.- El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA)
reclaman al Gobierno que sauvice los requisitos para poder acogerse a la
moratoria antidesahucios establecida en el proyecto de ley de Medidas
Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, así
como congelar los intereses de demora mientras dure esa paralización de
las ejecuciones, mientras que el BNG pide que se aborden directamente
cambios de mayor calado en las normativas Hipotecaria, Concursal y el
Código Civil para atajar de raíz el problema de los desahucios.
Así figura en los textos alternativos que las tres formaciones parlamentarias han registrado en el Congreso
acompañando a sus enmiendas de totalidad al proyecto de ley, que prevé
una moratoria de dos años en las ejecuciones para familias que cumplan
ciertos requisitos económicos y sociales, y la creación de un fondo de
viviendas en alquiler social.
En su propuesta, los socialistas reclaman una paralización de
todas las ejecuciones hipotecarias --independientemente del punto en que
se encuentren-- durante tres años y sin acumulación de intereses de
demora, para todas las familias en situación de sobreendeudamiento
sobrevenido y no doloso que tengan una renta familiar inferior a tres
veces el IPREM y cuya hipoteca sobre la vivienda habitual supere el 50%
de sus ingresos netos.
Y es que el PSOE considera que los requisitos impuestos en el
decreto del Ejecutivo son demasiado restrictivos y únicamente retrasan o
incluso agravan el problema de estas familias, ya que se paraliza el
lanzamiento cuando ya se ha perdido la vivienda y además se continúan
acumulando los intereses de demora.
Por otra parte, el texto alternativo incluye también la exigencia
de que el Código de Buenas Prácticas aprobado hace casi un año sea
permanente y obligatorio para todas las entidades financieras, y no sólo
las participadas por el FROB, con el objetivo de que las personas que
hayan perdido su vivienda puedan renegociar y reestructurar sus deudas.
Con respecto al fondo social de viviendas, los socialistas
reclaman que se destinen al mismo todas las viviendas controladas por el
FROB, las que se transfieran al 'banco malo' y las gestionadas por las
administraciones públicas.
Por su parte, la Izquierda Plural reclama una moratoria "universal e indefinida"
de las ejecuciones --independientemente de la fase en que se
encuentren-- a petición del deudor con insolvencia sobrevenida o de las
administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales,
siempre que se trate de la vivienda habitual y no se disponga de otra
donde residir, sin otros requisitos económicos o familiares adicionales.
La moratoria conllevará una suspensión del devengo de intereses y se mantendrá "mientras no se acuerde la dación en pago o un procedimiento de liquidación ordenada"
de las deudas --quita o refinanciación ajustada a las posibilidades del
deudor--, acompañándose de la puesta a disposición de la familia de una
vivienda digna adecuada a sus posibilidades durante al menos cinco
años.
En la misma línea, se propone ampliar la moratoria de los
desahucios de vivienda urbana en régimen de alquiler en situaciones
similares y que se aceleren los términos de realojamiento, además de
sugerir la creación de un fondo de pago de rentas para que los
arrendadores no se vean perjudicados.
Además, se reclama que el Fondo de Alquiler incluya todas las
viviendas de titularidad pública que estén vacías, de entidades
financieras nacionalizadas o participadas por el FROB y del 'banco
malo'. Este fondo, que será de titularidad estatal pero que gestionarán
las comunidades autónomas, deberá ofrecer viviendas en alquiler a precio
protegido no superior al 30% de los ingresos mensuales de los
beneficiarios durante al menos cinco años.
IU-ICV pide por último que el arbitraje judicial y la mediación
sea obligatoria en cualquier proceso de ejecución, que el deudor pueda
elegir libremente qué opción de las previstas en el Código de Buenas
Prácticas se le aplican, y que se supriman los condicionantes y
limitaciones familiares o económicas para fijar el umbral de exclusión.
Por su parte, la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista
Galego (BNG) reclama cambios legales profundos ante una normativa
procesal, hipotecaria y civil que "impide que los juzgados adopten
medidas intermedias que ponderen el derecho de la entidad financiera
acreedora a que les sea resarcida la deuda contraída con el derecho al
acceso a una vivienda digna de personas cuyo incumplimiento de la
obligación de pago viene motivada por causas ajenas a su voluntad".
En concreto, los nacionalistas gallegos proponen que en los casos
de deudores de buena fe que vean en riesgo su vivienda habitual puedan
optar a la dación en pago, "de forma que la pérdida de valor de los inmuebles sea asumida también por parte de la entidad".
Además, reclaman procesos de negociación de las ejecuciones que
conduzcan a una moratoria en los pagos acomodándolos a la situación del
deudor, la transformación de la hipoteca en un alquiler con opción a
compra o la condonación parcial de la deuda.
El BNG pide también cambios en el Código Civil y la Ley
Hipotecaria para que pactos voluntarios o normas legales puedan alterar
el principio de responsabilidad ilimitada del deudor, de forma que no se
vea abocado a la ruina; así como modificaciones de la Ley Concursal
para que puedan acogerse a ella personas físicas.
Todos estos cambios deben extenderse a los préstamos hipotecarios
en trámite de ejecución anterior a la aprobación de la norma.
El PSOE quiere que el debate de estas enmiendas de totalidad se
celebre ya este mes de enero, aprovechando la sesión plenaria que deberá
tener lugar para convalidar los decretos ley aprobados por el último
Consejo de Ministros de 2012. Además, también han pedido al presidente
del Congreso, Jesús Posada, que convoque con urgencia la
Diputación Permanente a fin de poder acordar la celebración de las
sesiones extraordinarias necesarias para albergar las comparecencias y
negociaciones sobre este proyecto de ley.
Y es que los 'populares' aceptaron tras la convalidación del
decreto citar a comparecer a responsables de entidades financieras y
asociaciones de afectados por los desahucios, si bien no se cerró
ninguna fecha. Los socialistas pretenden aprovechar enero para realizar
estas comparecencias de cara a incluir sus propuestas en las enmiendas
parciales al proyecto, que deberán ser presentadas antes del 5 de
febrero.
Además, durante estas negociaciones los socialistas pondrán sobre
la mesa otras ideas con una visión de largo plazo como las que
incluyeron en su proposición de ley sobre Desahucios, relativas a la
modificación de la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento, en particular
en lo relativo a los intereses de demora o al precio de adjudicación.
También la Izquierda Plural cree que este proyecto de ley supone una "solución transitoria" a este "grave drama social",
con la que ganar tiempo en tanto en cuanto no se aborden otras reformas
de mayor calado, entre las que reclaman la dación en pago con carácter
retroactivo o el derecho a disponer de una vivienda digna.
Tras el debate de las enmiendas de totalidad, que serán rechazadas
gracias a la mayoría absoluta del PP. Entonces, la Comisión de Economía
contará con competencia legislativa plena para terminar de tramitar el
proyecto de ley.
El proceso coincidirá con el plazo máximo concedido a los
promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre desahucios
para presentar el medio millón de firmas necesarias para avalar su
propuesta, que vencerá el próximo 6 de febrero.
