miércoles, 1 de enero de 2014

Los políticos españoles siguen viviendo de lujo

MADRID. La crisis apenas ha pasado factura a los políticos. Una casta que sigue viviendo al margen de la mayoría de los españoles. Con medio país haciendo malabares para cuadrar las vacaciones, los diputados y senadores apenas han gastado un 15% de las suyas. 

Repasando las agendas oficiales del Congreso y del Senado se puede apreciar que los políticos no volverán al tajo hasta el 11 febrero. Las páginas correspondientes al mes de enero permanecen en blanco.
El primer mes del año, tampoco supondrá un esfuerzo para los diputados. Por ahora no hay ninguna convocatoria prevista, aunque podría haberla si fuese necesario. Probablemente motivado por la subasta para decidir la subida del precio de la luz.
En total y salvo cataclismo o sesión extraordinaria con motivo de la subasta eléctrica amañada, sus señorías disfrutarán de más de 50 días de vacaciones invernales. Ni los maestros de escuela. En concreto los diputados tendrán 52 días y los senadores 53, en lugar de los dos días -25 de diciembre y 1 de enero-que tienen el resto de los mortales. Porque no hay que olvidar que en verano -julio y agosto- también se cierran el Congreso y el Senado.
Solo 45 de ellos han tenido que sacrificarse y hacer un alto de 24 horas este viernes 27. Concretamente los diputados y senadores de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas que estaban citados para hoy.
Un contratiempo que ya fue compensado a primeros de mes porque en la semana que va del 2 al 8 de diciembre no hubo sesiones con los fastos del aniversario de la Constitución.
La excusa oficial es que las vacaciones no lo son tanto porque sus señorías se llevan mucho trabajo a casa y a sus circunscripciones de origen. Aunque las encuestas del CIS demuestran que la ciudadanía no se lo cree.
El caso es que con tantas vacaciones, nuestros políticos se han ahorrado dinero de billetes, que ya se sabe que suben de precio cuando se acerca la Navidad, y encima algunos de ellos también se ahorrarán la comida. Es el caso de los diputados autonómicos de Aragón: La cámara regional ya ha presupuestado una partida de 100.000 euros para 2014 que ayudará a sufragar el menú del día de sus 67 señorías. Una ayuda que cubre el 75% de la comida. El resto, el 25%, también lo pagan las Cortes a través de otra ayuda a los partidos políticos.

martes, 31 de diciembre de 2013

Los médicos del sistema público griego prolongan huelga hasta el 10 de enero

ATENAS. Los médicos adscritos al sistema público de salud griego (EOPYY) decidieron hoy prolongar hasta el próximo 10 de enero la huelga iniciada el pasado 25 de noviembre contra las amenazas de despido y la reforma sanitaria.
 
La decisión fue tomada tras una reunión infructuosa con el viceministro de Sanidad Andonis Bezas, en el marco del diálogo iniciado en vísperas de la Navidad para buscar una solución negociada.
El diálogo fue una iniciativa del primer ministro, Andonis Samarás, y del presidente de la Asociación Panhelénica de Médicos, Mijalis Vlastarakos, en una reunión que tuvieron el 16 de diciembre, en la cual participó también el ministro de Sanidad, Ádonis Yeoryiadis.
Las negociaciones están enfocadas en buscar un consenso sobre los salarios de los médicos que trabajarán en las policlínicas a tiempo completo y las condiciones de salida de los que opten por mantener únicamente sus consultas privadas.
"No hubo acuerdo sobre los salarios de los médicos que trabajar en las nuevas policlínicas", explicó el presidente del sindicato de los médicos de EOPYY, Azanasios Apostolópulos.
El ministerio de Sanidad exige que los médicos cierren sus consultas privadas y trabajen en las policlínicas con salarios de 1.200 euros mensuales mientras un médico en un hospital público cobra entre 1.600 y 1.700 euros mensuales netos.
Actualmente los médicos especialistas adscritos al sistema público ejercen tanto dentro de las policlínicas públicas (con contratos de media jornada) como en sus propias consultas, donde cobran del Estado por cada visita atendida.
Además todos los médicos que trabajarán en las nuevas policlínicas serán evaluados a un plazo de 5 a 10 meses.
"Nos ofrecen condiciones de trabajo inaceptables para obligarnos a abandonar el sistema público de salud", destacó Apostolópulos.
"A pesar de la falta de resultados continuaremos el diálogo. El 3 de enero está prevista una nueva reunión para negociar las condiciones de salida de los médicos que preferirán trabajar en sus consultas privadas", añadió.
Los planes del ministerio de Sanidad prevén que ese mismo día pasen al esquema de reserva laboral -un periodo de paro de ocho meses que puede derivar en despido- 2.500 especialistas de los 6.000 médicos que trabajan en las policlínicas de EOPYY.
El Gobierno griego se ha propuesto dar un vuelco al sistema sanitario, actualmente muy centrado en policlínicas y médicos especializados, así como en la atención hospitalaria, y sustituirlo por un sistema cuyo foco principal serán los médicos de familia y los centros de atención primaria.
Según datos del Ministerio de Sanidad, en Grecia hay 72.000 doctores, 1 por cada 145 ciudadanos, de los que solo el 3,5 % son médicos de familia.
En otros países europeos, al menos un 10 % de los facultativos es médico de cabecera, en Francia incluso el 50 %.
La movilización de los médicos adscritos a EOPYY comenzó con una huelga de tres días que fue prolongada semana tras semana a raíz de unas declaraciones de Yeoryiadis en las que afirmó no estar dispuesto a mantener en el sector público a "gente que no es necesaria".
La participación en la huelga continúa siendo alta. Según el presidente de los médicos de EOPYY, la participación en los centros urbanos de Atenas y de Salónica, donde vive dos tercios de la población griega, es de alrededor el 80 %. En la periferia ronda entre el 40 % y el 50 %.

El escándalo por corrupción hizo perder 100.000 millones de dólares a la economía turca

ANKARA. El escándalo político financiero que salpica al gobierno islamista conservador del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, costó más de 100.000 millones de dólares a la economía del país, afirmó el viceprimer ministro, Bulent Arinz.

"Hablamos de daños por valor de más de 100.000 millones de dólares", declaró Arinz, portavoz del Gobierno.
Esta crisis provocó fuertes caídas en el mercado bursátil y cambiario, de las que Turquía -considerado modelo de democracia en el mundo musulmán y una potencia económica emergente- comenzaba a recuperarse este lunes.
En respuesta a las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre su gobierno, Erdogan denunció una vez más el sábado pasado lo que él considera es un complot de sus rivales y de la justicia en su contra.
Al día siguiente de una serie de manifestaciones organizadas en una docena de ciudades, principalmente en Estambul y Ankara, para exigir su renuncia, Erdogan se mantuvo inflexible y movilizó el sábado a sus partidarios contra los "grupos criminales" que, según él, quieren acabar con Turquía.
En la línea de mira del jefe del gobierno islamo-conservador están los magistrados, en el origen de la investigación que llevó a la detención de más de veinte figuras cercanas al poder y a la renuncia de tres ministros.

Carta de un economista a Rajoy / José Carlos Díez

Señor presidente: he decidido hacer pública esta carta al escuchar los datos que usted ha usado en su rueda de prensa de balance de 2013. Las parados registrados en el INEM no disminuyen por haber encontrando un empleo. Han tirado la toalla y han dejado de confiar en usted y en la recuperación. Muchos han dejado de buscar empleo y otros muchos han huido de España ante la incapacidad de encontrar empleo en nuestro país y al no tener expectativas de encontrarlo en el futuro.

La Seguridad Social no va bien. A su ministro de Hacienda se le escapó que cerrará el año con un déficit de 1,8% del PIB o sea 18.000 millones. Es debido a que acabaremos el año con casi 300.000 personas que han perdido su empleo y han dejado de cotizar. Además, las empresas destruyen empleos estables de personas mayores de 45 años y los están sustituyendo por empleos a tiempo parcial y con salarios precarios de jóvenes. El resultado es menor recaudación.

El déficit público tampoco va bien. La destrucción de empleo y la bajada de salarios ha reducido la recaudación del Impuesto sobre la Renta. El IVA ha subido por el aumento de los tipos el pasado año pero no por la mejora de actividad. Los ingresos fiscales están estancados en 2013 y eso supone 4.000 millones de euros menos de lo que usted estimó en los presupuestos y a eso hay que sumar otros 4.000 millones en la Seguridad Social.

En 2013 vamos a pagar más intereses por la deuda pública. La deuda aumenta unos 10.000 millones al mes que es lo mismo que costó el Plan E que usted tanto criticó. Entre enero y octubre el déficit reconocido por la Intervención General de la Administración Central es de 37.000 millones. Un 10% superior al de 2012 y un 15% superior al que usted heredó del Gobierno anterior. La deuda pública va a acabar el año próxima a un billón de euros, 100.000 millones por encima de 2012.

La prima de riesgo no ha bajado fruto de sus reformas. La bajada ha sido generalizada en los países periféricos europeos y el país donde más ha caído es en Grecia. La banca española ha financiado la mitad del aumento de la deuda pública, mientras los inversores extranjeros sólo el 15%. Pero estos mismos inversores extranjeros han vendido bonos, acciones y préstamos a empresas y bancos españoles por más de 30.000 millones.

Las exportaciones no van bien. Tuvieron dos meses excepcionalmente buenos la pasada primavera pero desde entonces se han frenado en seco. Nuestra competitividad no ha mejorado desde 2011. La bajada de salarios y el aumento de la productividad por la masiva destrucción de empleo ha sido compensado por la intensa apreciación del euro contra el dólar y contra las divisas de países emergentes.

La reforma bancaria no ha funcionado. Le recomiendo que vaya a cualquier bar y pregunte a pequeños empresarios y familias por la situación del crédito. Qué garantías les exigen y a qué tipo les prestan. Comprobará que las condiciones son peores que antes del rescate bancario de la Troika.

Retrasar el ajuste fiscal nos ha permitido salir de la recesión, pero no compensa los efectos devastadores sobre el empleo y la deuda pública de su ajuste de 2012. EE UU ha demostrado que hay vida después de una crisis de deuda. Pero hace falta un buen diagnóstico y una política adecuada. Tras su discurso es evidente que tiene un error de diagnóstico y eso complica significativamente la salida de la crisis.

Necesitamos crecer mucho más, depreciar el tipo de cambio, provocar inflación moderada, aumentar la inversión, incrementar la recaudación fiscal y reestructurar deudas de familias y empresas para estabilizar la restricción de crédito. A la vez habrá que resolver la tragedia griega, portuguesa, chipriota, eslovena, irlandesa, etcétera. Si su política económica y la europea no cambian radicalmente, despediremos 2014 con menos población, menos crédito, más deuda y más pobreza

Quedo a su entera disposición y le deseo que la fuerza le acompañe.

miércoles, 25 de diciembre de 2013

Facua denuncia al Gobierno español en Bruselas por incumplir la directiva de electricidad

MADRID.- FACUA ha denunciado al Gobierno de España ante la Comisión Europea por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, ya que en su opinión no garantiza la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables". 

En su denuncia, FACUA advierte de que tanto el actual Gobierno como el anterior no han garantizado la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios". Así lo establece el artículo 3 de la Directiva 2009/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la UE.
En un comunicado, FACUA recuerda que en su artículo 3.7 la directiva plantea que "los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables". También establece que "los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado, también en el contexto más amplio de la pobreza en general".
La realidad, expone FACUA, es que el Gobierno de España no tiene ninguna medida que proteja realmente al consumidor vulnerable y que, cada año, aumenta el número de familias excluidas del suministro energético.
En su denuncia, FACUA argumenta que "la única medida supuestamente orientada a la protección de los consumidores vulnerables" del Gobierno español ha sido el bono social, "cuyas características no responden realmente a los objetivos fijados en la Directiva, ya que su tarifa no resulta realmente reducida ni da cobertura a un número suficiente de usuarios en situación de vulnerabilidad".
Para FACUA, el bono social deja fuera a multitud de familias con bajísimos recursos y resulta considerablemente elevada, "tanto por la penalización por el consumo de más de 500 kWh como por el precio del kW y kWh fijados en ella".
La organización explica en la denuncia que el 18% de familias de España no consiguen alcanzar una temperatura cálida en sus hogares durante los meses invernales.

lunes, 23 de diciembre de 2013

Los manifestantes eligen en Kiev un Consejo de la Maidan formado por Klitschko y Timoshenko

KIEV.- La asamblea de activistas opositores acampados en la plaza de la Independencia de Kiev, denominada Un País-Una Maidan (plaza) aprobó anoche la creación del Movimiento Civil de la Maidan dirigido por un Consejo de la Maidan, formado por dirigentes políticos, personalidades públicas y representantes de ONG.

   En concreto, el Consejo incluye a la ex primera ministra Yulia Timoshenko de la Unión Panucraniana Batkivschina (Patria), al líder del partido ultraderechista Unión Panucraniana Svoboda, Oleh Tiahnibok, y al líder de la Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma (UDAR), el boxeador Vitali Klitschko.
   "Anunciamos la creación del Consejo de la Maidan", ha anunciado Tiahnibok en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.
   En el organismo colegiado están integrados además otras personalidades políticas y públicas de la oposición y de ONG como Seryiy Kvit, Yuri Lutsenko y Arseni Yatseniuk.
   El objetivo del Movimiento Civil de la Maidan es dar un nuevo impulso a las movilizaciones contra el Gobierno del presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, y coordinar las iniciativas para protestar contra su "régimen".
   Además, han pedido la liberación de todos los detenidos durante las movilizaciones y los presos políticos, incluida Timoshenko. "Los activistas han reiterado hoy la necesidad de un cambio en Ucrania y de la liberación de todos los prisioneros políticos arrestados durante la EuroMaidan (como se conocen las movilizaciones), y también la de Yulia Timoshenko", informa la web de la ex primera ministra en un comunicado en el que recoge su integración en el Consejo de la Maidan.

HRW denuncia presiones e intimidaciones para que las víctimas de la violencia policial en Kiev no cuenten lo ocurrido

WASHINGTON.- Human Rights Watch ha denunciado que las víctimas de la violencia policial contra manifestantes de la oposición de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre han recibido presiones y han sido víctimas de intimidaciones para que no relatasen lo ocurrido.

   El grupo ha podido documentar los casos de siete manifestantes a los que los propios agentes de la autoridad que investigaban lo ocurrido presionaron e intimidaron a las víctimas de la violencia policial.
   "Las autoridades ucranianas se han comprometido a investigar la violencia policial, pero están intimidando a quienes presentan denuncias de abusos policiales", ha explicado la investigadora ucraniana de HRW Yulia Gorbunova. "Las autoridades están presionando a las mismas personas cuya confianza necesitan si quieren realizar una investigación seria", ha argumentado.
   El grupo ha remitido una carta a la Fiscalía General ucraniana para denunciar estos casos y otros de violencia policial que las autoridades se han negado a investigar. "La Fiscalía debe garantizar una investigación rápida e imparcial de las denuncias de abusos policiales y el fin de la presión indebida sobre las personas que han presentado denuncias", explica.
   En uno de los casos, un hombre asegura haber sido golpeado por la Policía en la plaza de la Independencia de Kiev, epicentro de las manifestaciones de la oposición. Fue detenido y pasó cuatro horas bajo custodia durante las que fue interrogado con preguntas como "¿Por qué ha participado en los disturbios masivos y quién los organizó?", "¿Cuánto le han pagado por participar?" o "¿Por qué se resistió a la Policía?".
   Sólo le hicieron una pregunta sobre la actuación violenta de los agentes y tras el interrogatorio debió ser hospitalizado para ser atendido por hipertensión.
   En otros dos casos, los policías se negaron a trasladar al denunciante de abusos a un médico forense para que emitiera un parte de lesiones producto de las cargas policiales.

La Generalitat de Cataluña impedirá cortar la luz y el gas a los más desfavorecidos

BARCELONA.- El Gobierno catalán ha aprobado este lunes un decreto ley para que no se pueda cortar la luz ni el gas desde noviembre hasta marzo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

   Lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consell Executiu el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, junto al portavoz del Gobierno, Francesc Homs, que han explicado que entrará en vigor el 1 de enero.
   Según el texto, se podrán beneficiar quienes forman parte de una unidad familiar con un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de la Renta de Suficiencia --a la cual hay que añadir un 30% a partir del tercer miembro--, que no puedan reducir su consumo de bienes e inmuebles, y que acrediten tener contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales.
   Los afectados, una vez reciban el aviso de interrupción del suministro eléctrico o de gas, tendrán que presentar en el máximo de diez días un informe de los servicios sociales básicos que acredite el cumplimiento de estos requisitos.
   En el momento en que se acredite la situación de los afectados, las empresas suministradoras suspenderán el proceso de interrupción de sus servicios energéticos entre los citados meses, y las deudas que se acumulen se pospondrán en las condiciones que acuerden los usuarios y las compañías, y se podrán pagar entre los meses de abril y octubre siguientes.
   El texto también determina los mecanismo de intercambio de información entre empresas suministradoras, administraciones, entidades sociales y usuarios sobre tarifas sociales, ayudas y medidas para hacer frente a la pobreza energética.
   El contenido del decreto ley estaba incluido en el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras, cuyo trámite parlamentario ha estado bloqueado por el PP tras solicitar un informe al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
   Según el Gobierno catalán, esta iniciativa, una modificación del Código de Consumo, es la primera medida normativa para hacer frente a la pobreza energética.

Ruz pide informes de conclusiones sobre la red de Correa y sus contratos con Madrid

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Intervención General del Estado y la Agencia Tributaria que, a fin de "agilizar la instrucción", le presenten diez informes de conclusiones en los que se detalle la actividad que desarrollaba la organización de Francisco Correa y los contratos que realizó con varias administraciones públicas, entre ellas la Comunidad de Madrid.

   En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 destaca la "necesidad" de contar con estos informes entre el 31 de enero y el 15 de febrero, y advierte a las unidades requeridas que justifiquen cualquier "retraso o demora" en la presentación de los mismos.
En concreto, el juez Ruz pide a la UDEF que antes del 31 de diciembre presente sendos análisis sobre "la sede central de la organización de Correa", situada en la calle Serrano de Madrid; las empresas Easy Concept y Galher Servicios Administrativos; y la nave industrial del polígono Ventorro del Cano (Alcorcón) en la que se incautó numerosa documentación.
   También se reclama a este organismo que exponga sus conclusiones sobre la memoria externa de almacenamiento que se  incautó al contable de la trama 'Gürtel', José Luis Izquierdo, y que Correa identificó en unas conversaciones grabadas en la cárcel como "el puto pen drive", al reflejar la contabilidad B de sus empresas. Además, solicita la agenda personal y memoria intervenida a David Luis Cerezo.
   El último informe solicitado a la UDEF, que deberá ser presentado por este cuerpo antes del 15 de febrero, se refiere a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, vinculada presuntamente a la entrega de cohechos en nombre de la trama.
   De la misma forma, el juez Ruz reclama a la Intervención General del Estado que le informe antes del 31 de enero sobre los contratos de la Comunidad de Madrid que se adjudicaron las empresas de Correa y que obtuvieron en los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.
   También pide a la Agencia Tributaria que antes de esta misma fecha le entregue los informes que tienen pendientes respecto de las ampliaciones de comisiones rogatorias que se han cursado a  varios países.

Prohíben a los detenidos por el 14D en Madrid acercarse al Congreso

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid ha prohibido a cinco de los 14 detenidos por la protesta de 'Rodea el Congreso' del pasado 14 de diciembre acercarse a menos de 500 metros de la sede del Congreso de los Diputados, según se desprende del auto judicial fechado a 20 de diciembre.

Aunque el mismo sábado de los altercados se detuvo a siete personas, el pasado jueves, en el marco de la 'operación cresta', se detuvieron a otros siete, dos de ellos menores de edad. La medida cautelar afecta a estos últimos detenidos --quedan fuera los menores de edad que han pasado a la Fiscalía de Menores--, han señalado hoy fuentes policiales.
En el auto el juez, que se encontraba de guardia en el momento de las detenciones, toma esta medida cautelar después de que el Ministerio Fiscal hubiera pedido una medida de alejamiento durante la tramitación de la causa fijada en una distancia de 1.000 metros.
Acusados de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y de lesiones, los detenidos en su declaración prestada en el juzgado "reconocieron su intervención en la protesta" y, además del propio atestado que origina la iniciación de las actuaciones, hay "reconocimientos fotográficos".
El juez entiende que para adoptar esta medida no se requiere una "prueba plena" sino un "indicio razonable de la existencia del hecho punible y de la intervención" de los detenidos, además del "examen e identificación fotográfica" antes mencionada que "puede considerarse como un cato de la naturaleza expresada".
A ello se le une la "gravedad" de los hechos analizados, atentar el ejercicio de sus funciones por unos agentes de la autoridad, "encargados del mantenimiento del orden interno del Estado" y contra la "integridad física de las personas y el patrimonio de un organismo estatal". Esta gravedad, dice, "obliga a impedir la repetición futura de hechos de parecidas características".
El juez toma esta decisión con una extensión menor a la solicitada por el Ministerio Público pues aunque los detenidos residen fuera del término municipal de Madrid, salvo uno que necesita acudir a un centro educativo del barrio de Latina, cree que la distancia de los mil metros "restringiría en exceso las posibilidades deambulatorias de los afectados".
Todos los detenidos están acusados de varios delitos de lesiones, atentado a agente de la autoridad, desórdenes públicos y daños durante los disturbios. Además, se les considera responsables de causar múltiples traumatismos a 11 agentes de las Unidades de Intervención Policial, más conocidos como antidisturbios, a los que arrojaron todo tipo de objetos contundentes. Otras 13 personas resultaron heridas.
El pasado sábado 14, los manifestantes comenzaron una marcha por las principales vías de la capital, provocando problemas circulatorios de gran importancia en el centro de la ciudad. Cuando esta manifestación, no comunicada a la Delegación del Gobierno, alcanzó la Puerta del Sol, en la plaza se encontraban miles de personas.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid explicó la semana pasada que en ese momento miembros de Unidades de Intervención Policial trataron de dialogar con la cabecera de la manifestación para evitar que con la entrada de una masa de personas se pudieran generar momentos de caos y temor en los ciudadanos allí presentes.
"Lejos de dialogar, los radicales que encabezaban la marcha comenzaron a rodear a los agentes y a proferirles insultos graves. Para evitar momentos de tensión con los manifestantes, los policías decidieron replegarse. Cuando se produjo el repliegue un grupo de violentos aprovechó para agredir a los agentes, propinándoles patadas y lanzándoles botellas", detallaron desde la Policía.
Posteriormente, el grupo de manifestantes continuó su camino hasta la confluencia de las calles de Atocha y San Sebastián, donde destrozaron un vehículo de la Policía Municipal. Para socorrer a los dos agentes municipales llegaron a la zona varios agentes de la Unidad de Intervención, "que se encontraron con una masa extremadamente violenta".
Los radicales comenzaron a lanzar botellas de vidrio, piedras y otros objetos contundentes contra los policías, hiriendo de diversa consideración a once de ellos.
Cuando se produjeron los enfrentamientos violentos contra las fuerzas del orden, se encontraban en la calle Atocha numerosos vehículos de particulares y un autobús repleto de pasajeros. El medio de transporte colectivo sufrió múltiples impactos de botellazos y otros objetos "provocando momentos de gran temor y ansiedad entre sus ocupantes", según el parte policial.
Los disturbios acabaron con cuantiosos daños materiales en el mobiliario urbano, por importe superior a 15.000 euros, entre papeleras, señalización, limpieza viaria, contenedores de vidrio y papel, entre otros enseres. El día de los altercados se llevaron a cabo otras siete detenciones por desórdenes públicos y atentado.

Manos Limpias denuncia a la patronal y a las eléctricas por la subasta

MADRID.- El sindicato Manos Limpias ha presentado en la Audiencia Nacional una denuncia contra el presidente de la patronal eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, y contra los responsables de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC, EDP y E.ON por el "escándalo" de la última subasta eléctrica. 

En un comunicado, Manos Limpias explica que la denuncia obedece a la subida del precio de la luz, del 11%, que salió de la citada subasta eléctrica, posteriormente anulada por el Gobierno. 
En concreto, acusa a los dirigentes de la patronal y de las principales compañías eléctricas de fraude en delito societario, estafa, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y defraudación de fluido eléctrico.
En un comunicado, este sindicato califica la subida de "leonina y antisocial", pues coloca a las clases medias y bajas en una situación dramática.

jueves, 19 de diciembre de 2013

El PP bloquea el proyecto de garantizar la calefacción

MADRID.- El gobernante Partido Popular (PP) impuso hoy su mayoría legislativa para rechazar una propuesta de prohibición de corte de electricidad a los hogares en invierno. El proyecto presentado por el grupo Izquierda Plural, integrado por varios partidos de esa tendencia, intentaba favorecer a familias pobres que no pueden pagar ese servicio, cuando se prevé para enero un encarecimiento del 11 por ciento de la tarifa.

Al argumentar la negativa, el congresista del PP Mario Flores aseguró que el gobierno toma medidas urgentes para proteger a las familias más vulnerables aunque admitió existe un incremento de la pobreza desde el inicio de la actual crisis.

La portavoz de Energía de la Izquierda Plural y promotora de la propuesta, Laia Ortiz, recordó asimismo que el pasado invierno 1,4 millones de hogares sufrieron algún corte de luz por falta de pago.

En opinión de Carlos Martínez, de Unión Progreso y Democracia, la situación es resultado de una mala política, mientras Josep Sánchez, de Convergencia y Unión pidió al Estado asumir las necesidades mínimas para evitar pérdida de vidas.

También diversas organizaciones de defensa de los consumidores criticaron el encarecimiento de un servicio cuyo costo en España es superior al de Francia y Alemania.

El coordinador de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético José Vicente Barcia estimó que debido a la subida de la tarifa dos millones de hogares no podrán hacer uso de calefacción este invierno.

Barcia culpó a la política gubernamental de proteger los intereses de las empresas que, dijo, tendrán este año 6.300 millones de euros en beneficios.

En la pobreza están la mitad de los ancianos españoles atendidos por la Cruz Roja

MADRID.- Unos 180.000 ancianos españoles de los 360.000 atendidos por la Cruz Roja están por debajo del umbral de pobreza debido al impacto de la crisis económica, reveló hoy un informe de esa organización. 

Otros de los datos ofrecidos en un reporte sobre vulnerabilidad indica que el 33 por ciento de las personas registradas por la Cruz Roja carece de recursos para poner la calefacción este invierno, cuando ya las temperaturas bajan de cero grado centígrados.

Estos índices son resultado de una encuesta realizada por primera vez entre 1.112 inscriptos en los programas de la institución.

También el cuatro por ciento dejó de percibir ayuda de los servicios sociales, pese a lo cual el 46 por ciento respondió que ayuda a los miembros de su familia, precisó en rueda de prensa el coordinador general de la Cruz Roja española, Antoni Bruel. Según el análisis de los resultados del sondeo, el hecho que las personas de mayor edad se vean obligados a tener que ayudar a familiares empeora sus condiciones de vida.

El 56 por ciento de los encuestados vive solo, el 22 por ciento con su cónyuge y una proporción similar con los hijos u otros familiares y el 45 por ciento declaró que tiene la sensación de ser percibido como una carga para la sociedad.

El perfil de las personas atendidas por la Cruz Roja abarca el 64 por ciento de mayores de 80 años, el 62 por ciento viudos. La mitad recibe pensiones inferiores a 620 euros al mes y el 6,8 por ciento carece de ingresos.

La banca española gana un 98% más hasta septiembre

MADRID.- Los grupos bancarios españoles han obtenido un beneficio atribuido de 6.702 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 98,3% respecto al mismo periodo de 2012. Este aumento de los beneficios se explica por los significativos saneamientos extraordinarios realizados el pasado ejercicio, según datos presentados por la Asociación Española de la Banca (AEB).

   Los decretos aprobados por el Gobierno el pasado ejercicio para sanear los balances de activos inmobiliarios distorsionan la comparación interanual. Las provisiones ascendieron a 17.976 millones de euros de enero a septiembre de este año, un 29,8% inferiores a las registradas en los nueve primeros meses de 2012.
   El secretario general de la patronal de la banca, Pedro Pablo Villasante, ha puesto en valor que la cifra de provisiones aún está por encima de las media de los últimos años.
   En una presentación titulada 'Avanzando en un año puente hacia la recuperación', Villasante ha concretado que el margen bruto consolidado de la banca española alcanzó los 55.622 millones, esto es un 6,8% menos en comparación con septiembre de 2012. El secretario general de la AEB ha explicado la reducción del margen bruto por los bajos tipos de interés y un escenario económico todavía "difícil".
   El margen de intereses se redujo un 12,2%, hasta los 35.039 millones, en tanto que el resultado de la actividad de explotación alcanzó los 9.699 millones, un incremento del 56,1%.
   Villasante ha puesto en valor que estos resultados se han registrado sin recurrir a ayuda públicas de capital y sin traspasar activos a la Sareb. Y ha añadido que incluso la banca ha tenido que soportar una parte "sustancial" de las pérdidas por la crisis de algunas cajas de ahorros, a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la participación en el accionariado del conocido como 'banco malo'.
   El secretario general de la patronal bancaria ha subrayado el esfuerzo "colosal" de la banca a lo largo de la crisis para sanear sus balances, al que destinaron 158.163 millones, una cifra que duplica los 77.055 millones del beneficio consolidado obtenido entre 2007 y septiembre de este año. En este sentido, ha esperado que el saneamiento se prolongue durante este año.
   La tasa de mora se situó en el 13,2%, con una tasa de cobertura del 62%, ante la condiciones económicas "difíciles" y la reducción del 'stock' de crédito.
   A 30 de septiembre, el nivel de capitalización de los bancos se situaba por encima del 8%, con un ratio BIS superior al 13,6%, lo que refleja un exceso de recursos propios sobre los mínimos exigidos de 57.699 millones. El capital principal alcanzó el 11,46%, 100 puntos básicos más que hace un año.

Dos millones de hogares no podrán en España encender la calefacción

MADRID.- El coordinador de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético José Vicente Barcia ha advertido este jueves de que la subida de la factura energética del 11% que se producirá a partir de enero provocará que dos millones de hogares en España no puedan encender la calefacción este invierno, al no poder hacer frente a estos costes.

   Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios, minutos después de conocerse el incremento del precio de la energía resultante de la subasta trimestral. "En enero, con lo que ha anunciado el Gobierno y con la subasta de Cesur, la electricidad doméstica subirá de forma insoportable, y hará que más de 2 millones de hogares España no puedan encender la calefacción este invierno", ha advertido.
   Y todo por culpa de un mercado "absolutamente intervenido" y que "no funciona", porque el Gobierno se dedica a proteger los "espurios intereses" de Unesa, el "gran cártel de la electricidad". 
"La actitud del ministro de Industria, José Manuel Soria, es equiparabale a la etimología de la palabra mentira. Básicamente intenta confundir para seguir subiendo permanentemente la luz, haciendo una salvaguarda de los intereses y beneficios de Unesa, que este año tendrá más de 6.300 millones de beneficios", ha reprochado.
   Finalmente, Barcia ha recordado que en este 2013 el precio de la electricidad ha subido tres veces, situando la factura española como la tercera más cara de Europa tras Chipre e Irlanda, "dos países con situaciones insulares" que encarecen la producción energética, y que de hecho la semana pasada era "la más cara" del continente, como consecuencia de las trabas que se están poniendo a las renovables.

El juez Ruz envía a la policía a la sede del PP

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz envió este jueves a la Policía a la sede madrileña del Partido Popular para obtener una documentación que había solicitado dentro de su investigación sobre una supuesta contabilidad B de la formación en el poder, informaron diversos medios.

El magistrado había pedido el pasado julio información sobre la reforma que el partido conservador llevó a cabo en el edificio entre 2005 y 2011 para averiguar si fue pagada con dinero negro, según informaron varios medios citando fuentes de la investigación.
No fue posible confirmar la información con la Audiencia Nacional ni con el PP.
Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, los fondos de la supuesta contabilidad B que manejaba el extesorero del PP Luis Bárcenas se habrían utilizado para pagar al arquitecto responsable de la reforma, según informan los medios.

La corrupción, enemigo público número uno para el jefe del Banco Mundial

WASHINGTON.- El Banco Mundial adoptó hoy jueves una postura atrevida al afirmar su presidente, Jim Yong Kim, que la corrupción en el nivel público y privado es el azote del mundo en vías de desarrollo.

La institución, reacia desde hace tiempo a abordar la corrupción por quererse mantener alejada de la política, dijo que tenía intención de contratar a más expertos en materia de cumplimiento de la ley y en otros asuntos de gobernanza.
Kim dijo que la corrupción debe situarse en el centro de las labores del banco de desarrollo.
"Cada dólar que un cargo público o de una empresa corrupta mete en su bolsillo es un dólar robado a una embarazada que necesita cuidados para la salud", dijo Kim durante un comité.
"En el mundo en vías de desarrollo, la corrupción es el enemigo público número uno".
El anuncio muestra lo mucho que el banco ha cambiado desde los años 90, cuando la corrupción era un tema tabú en una institución que tiene 188 países miembros y rehuye tomar una posición clara.
El expresidente de la institución Jim Wolfensohn planteó el tema en un discurso en 1996, calificando la corrupción de un "cáncer" al que los países deben hacer frente, pese a las advertencias para evitar el tema.
"Me dije '¿Por qué no usar la palabra?'", recordó Wolfensohn el jueves. "Y (un asesor) dijo 'bueno, la mitad de tus directores representan a países corruptos'".
El ministro filipino de Finanzas, Cesar Purisima, dijo que los países necesitan mejores formas de seguir el movimiento de fondos de cara a combatir la corrupción. Sugirió un "pasaporte" o algún tipo de convención para etiquetar los flujos de capital de cara a asegurar que el dinero va donde se supone que debe de ir.
"La corrupción es un eslogan muy popular", dijo durante el comité. "El problema está en la ejecución", añadió.

martes, 17 de diciembre de 2013

Ada Colau alerta de una segunda oleada de desahucios en España

BARCELONA.- La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau ha alertado de que en los próximos meses se va a vivir en España una segunda oleada de desahucios debido a que muchas personas refinanciaron sus hipotecas al principio de la crisis para pagar una cuota menor --en la mayoría de casos, abonando sólo intereses--, y ahora terminan estas condiciones especiales.

   "Cada vez llegan más personas que han pagado alrededor de 100.000 euros --de hipoteca-- y ahora deben igual o más porque la cuota ha bajado durante unos años pero ha subido su deuda", ha afirmado este martes en declaraciones a los medios durante la presentación del informe 'Emergencia Habitacional en el Estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos'.
   Colau ha sostenido que "lejos de resolverse la situación, cada vez se agrava más" y ha criticado que las medidas que está tomando el Gobierno son insuficientes y no están dando respuestas estructurales a la situación de emergencia habitacional y a la nueva burbuja inmobiliaria que se está produciendo, especialmente en el mercado del alquiler.
   En ese sentido, ha cargado contra el Gobierno central por incentivar la compra de viviendas de la Sareb a fondos buitre --"que como mucho van a ponerlas en alquiler a la espera de que recuperen su valor"-- y también contra el Ejecutivo catalán, que ha planteado la posibilidad de vender parte del parque público del Incasòl para cumplir con el objetivo de déficit de 2014.
   También ha recordado que el año pasado se tomaron medidas para liberalizar el mercado del alquiler, acelerando los tiempos que deben transcurrir entre un impago de la cuota y el desahucio del inquilino.
   "Ahora se ven menos desahucios porque son menos visibles, pero sólo el mes pasado paramos más de 50; lo que pasa es que tenemos más capacidad de negociación", ha explicado Colau.
   Ha destacado que aunque se están consiguiendo cada vez más daciones en pago, esto no siempre resuelve el problema, ya que estas personas muchas veces quedan excluidas del sistema de ayudas públicas al considerar que ya han conseguido unas condiciones favorables, cuando en realidad se trata de "desahucios encubiertos", según Colau.
   Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esgrimidos por la activista, desde que empezó la crisis ha habido casi medio millón de ejecuciones hipotecarias en España, de las cuales unas 93.000 se han producido en Cataluña.
   Según la muestra del informe de Emergencia Habitacional --elaborado por el Observatorio Desc (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y la PAH a partir de más de 11.000 encuestas electrónicas--, cada hogar afectado por la hipoteca está formado por una media de tres personas.
   El profesor de Derecho Consitucional de la Universitat de Barcelona (UB) y vicepresidente del Observatorio Desc, Gerardo Pisarello, ha cargado contra la reforma del código penal y contra la ley de seguridad ciudadana que quiere impulsar el Gobierno porque, además de vulnerar el derecho a manifestación, hará que personas afectadas por la hipoteca todavía aumenten más sus deudas para poder hacer frente a las nuevas sanciones que se derivarán, por ejemplo, de una acción para parar un desahucio.

El 50% de afectados por hipotecas en Barcelona y Madrid queda fuera de la dación

BARCELONA.- El 51,09% de los afectados por la hipoteca de Barcelona y el 48,5% de los de Madrid no pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado en 2012 por el Gobierno para promover la dación en pago, ya que sus hipotecas son superiores a 200.000 euros y, por tanto, quedan excluidos.

   Así se desprende del informe 'Emergencia Habitacional en el Estado Español' presentado este martes en rueda de prensa y elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio para el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) a partir de 11.561 encuestas electrónicas, de las cuales, un 20,7% a personas en proceso de ejecución hipotecaria y un 7,3% a desalojadas.
   Según el documento, el 17,3% de los encuestados del conjunto de España tiene una hipoteca inferior a 100.000 euros; un 45%, de entre 100.000 y 200.000 euros, y el 34,2% de más de 200.000 euros, lo que los excluiría del Código.
   Como ya apuntaba el informe preliminar presentado en julio, el 60,8% de los afectados tienen un porcentaje de su hipoteca sin pagar de entre el 80 y el 100%, y sólo un 21% ha amortizado más del 60%.
   Seis de cada diez familias desahuciadas o en proceso de ejecución tienen a dos o más menores a su cargo, y casi la mitad de los afectados a por lo menos una persona mayor.
   El colectivo soporta graves dificultades para acceder a necesidades básicas: la mayor problemática se concentra en el pago de ropa (70%) y suministros del hogar (65%), si bien más de la mitad tiene problemas para afrontar gastos escolares.
   Además, el 45% presenta "muchas o bastantes dificultades" para comprar los alimentos que precisan, y para cuatro de cada diez pagar la hipoteca les impedía acceder a alimentos adecuados, pagar los suministros del hogar y el vestido.
   Si se descompone la información en función de la localización por provincias, casi un 25% de las personas afectadas se concentra en la provincia de Barcelona, un 15% en Valencia y un 13% en Madrid.
   De hecho, Catalunya lidera el porcentaje de afectados por la hipoteca (30,3%), por delante de la Comunidad Valenciana (20,7%), la Comunidad de Madrid (12,9%) y Andalucía (9,27%), unos datos en consonancia con los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
   Según datos del CGPJ, desde 2008 se han iniciado más de 400.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, y durante este mismo período se han llevado a cabo un mínimo de 250.000 desalojos, muchos de ellos por la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler.

Descontento y decepción en el tercer aniversario de la revolución tunecina

TÚNEZ.- Túnez celebró este martes el tercer aniversario de la inmolación de un vendedor ambulante que desencadenó la oleada de protestas conocidas como 'Primavera árabe', pero ante la persistencia de las tensiones sociales y políticas, también será una jornada de manifestaciones.

En Sidi Buzid, la ciudad donde Mohamed Buazizi se inmoló el 17 de diciembre de 2010, harto de la pobreza y las actuaciones policiales, estaba convocada una manifestación para denunciar la marginación económica de esta región del centro-oeste del país.
Después de que muchas protestas degeneraran en violencia en los últimos años, el jefe del Estado, Moncef Marzuki; el primer ministro, Ali Larayedh; y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Mustapha Ben Jaafar, prefirieron no acudir a las ceremonias oficiales.
"Por cuestiones de seguridad, la inauguración (del festival) en presencia de los tres presidentes ha sido anulada", dijo Mohamed Jaleli, organizador de las celebraciones oficiales del Festival internacional de la revolución del 17 de diciembre.
Durante las ceremonias del año pasado, algunos asistentes lanzaron piedras a los dirigentes tunecinos.
Desde el inicio de la mañana de este martes, los manifestantes habían empezado a reunirse ante la sede del gobernador regional, donde se inmoló Buazizi, una acción que desencadenó una oleada de protestas que se saldaron con la caída del régimen de Zine El Abidine Ben Alí, el 14 de enero de 2011.
En los países de la región a los que se contagiaron estas movilizaciones, la pobreza sigue siendo el principal motivo de descontento. Túnez, además, es el país con la tasa más elevada de desempleo, que alcanza a un 24,4% de la población activa y a un 57,1% de los diplomados.
"Ninguno de los diferentes gobiernos de los últimos tres años ha conseguido mejorar las condiciones económicas de los hombres y mujeres" en el país, escribió con motivo del aniversario el diario La Presse.
En Túnez capital, tampoco había previstas grandes ceremonias, pero sí que se habían convocado manifestaciones a través de internet.
Entre ellas estaba la de Ansar Asharia, un movimiento yihadista prohibido al que se acusa de ataques contra las fuerzas tunecinas y del asesinato de dos opositores este año.
Los islamistas del partido Ennahda, que llegaron al poder tras las elecciones de octubre de 2011, son acusados a menudo de laxismo, o incluso de complicidad, con los grupos yihadistas.
El aniversario de la revuelta llega, además, en un contexto político complejo.
Tras dos meses de negociaciones y a pesar del rechazo de una parte de la oposición, el ministro de Industria, el independiente Mehdi Jomaa, fue designado el sábado como sucesor de Ali Larayedh como primer ministro.
Las negociaciones en las que se determinará el calendario de formación del futuro gobierno tunecino comenzarán el viernes, y no el miércoles, como se preveía inicialmente, anunció este martes el sindicato UGTT.
El sábado, el partido islamista Ennahda, sus aliados y parte de la oposición le encargaron formar un gobierno de personalidades independientes, con el objetivo de sacar al país de una profunda crisis política generada por el asesinato de un opositor en julio.
"Por petición de varios partidos políticos, ya que algunos están ocupados con reuniones de sus burós ejecutivos, la reunión del miércoles 18 de diciembre fue postergada al viernes 20 de diciembre a las diez de la mañana", indicó el sindicato, que apadrina las negociaciones.
Las negociaciones deben fijar el calendario de la entrada en funciones de Jomaa y de la dimisión del primer ministro actual, Ali Larayedh, miembro de Ennahda.
Túnez está privado de instituciones sólidas a falta de un consenso sobre la Constitución.
Pero a pesar de la crisis política, del auge de los grupos yihadistas y de los profundos problemas económicos y sociales, Túnez no se ha hundido en la violencia y la represión, como otros países de la 'Primavera árabe'.
"Túnez es actualmente la experiencia más avanzada de (la 'Primavera árabe'). Nada permite afirmar que se hunda realmente en la inestabilidad", consideró François Burgat, del Instituto de Investigación y de Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulmán.