MADRID.-El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha urgido a tomar medidas para combatir la corrupción en España y para cambiar la
opinión "extendida" de que la justicia "no trata igual al poderoso que al resto" y que hay un trato ideológico en función del acusado.
Así
lo ha puesto de manifiesto Torres-Dulce durante su comparecencia en la
Comisión Constitucional del Congreso, que acoge desde este miércoles las
opiniones de expertos sobre las posible soluciones para atajar esta
lacra.
El titular del Ministerio Público ha subrayado que la
corrupción supone "un ataque demoledor" a los pilares del Estado de
Derecho que, si no se combate con "contundencia", se corre el peligro de
su "generalización" en la sociedad y de que la ciudadanía, "amparándose en una percepción generalizada"
de estas prácticas, "justifique" la elusión de las normas "dando lugar,
por ejemplo, al incremento de los fraudes tributarios o a la Seguridad
Social".
Por
ello, ha llamado a llevar a cabo una actuación "lo suficientemente
decidida y enérgica" contra la corrupción porque, de lo contrario, se
corre el riesgo, por un lado, de "incrementar una sensación de
impunidad" que sirva para "extender" comportamientos "irregulares o
corruptos" y, de otro, de que puedan "generalizarse" críticas
"infundadas o sectarias" cuestionando "irresponsablemente" la labor de
los servidores públicos que cumplen "honestamente" con su deber.
Torres-Dulce ha señalado que hay una opinión "extendida" entre la ciudadanía de
que la justicia no trata de la misma forma al poderoso que al resto y
que existe ideología en la respuesta judicial, y para sostener dicha
consideración ha destacado la existencia de una legislación
"manifiestamente insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la
gravedad que se demanda por la ciudadanía".
También ha constatado
que se dan investigaciones que rebasan "toda una década", prescripciones
que conducen al archivo de responsabilidades, absoluciones inesperadas, condenas que no llevan aparejadas la recuperación del dinero público o indultos.
A
su juicio, "desmontar" este estado de opinión es una tarea que recae
principalmente en la Administración de Justicia porque, ha dicho, "no
basta pensar que se equivoca quien así lo considera". Según ha
defendido, es necesario "acreditar" que ese prejuicio no se corresponde
con la realidad dando una respuesta "eficaz, seria y rigurosa" a la
corrupción y demostrando "con hechos" un trato igual para todos.
En
cuanto a la respuesta que está dando la justicia da los procedimientos
por corrupción, el fiscal general ha recalcado la idea de una maquinaria
"lenta pero que no se detiene" se ajusta "a la realidad".
"La
imagen de la apisonadora que circula con lentitud pero que ningún
elemento externo es capaz de hacer parar concuerda muy bien con la
actuación de la Administración de Justicia en la mayor parte de los
casos de corrupción", ha apuntado Torres-Dulce, quien ha recalcado que,
pese a reconocer la lentitud de la respuesta judicial, no hay "impunidad" en las causas de corrupción "ni injerencias externas que acarreen el archivo de este tipo de procesos".
Entre
otras propuestas para tratar de mejorar la lucha contra la corrupción
en el ámbito estrictamente judicial, el fiscal ha destacado la necesidad
de que se deje la instrucción en manos de los fiscales. De hecho, ha
denunciado que "en España, las causas más complejas no las instruye el
juez ni el fiscal, sino que vienen "precocinadas" por la labor de la
Policía y la Agencia Tributaria y la "capacidad de filtraje crítico" de
lo que llega al juzgado "es muy limitado".
Torres-Dulce
ha explicado que hoy la instrucción "se ha erigido en principal, no en
accesoria" y ha llamado a lograr que ésta sea "más sencilla, más ágil,
más rápida" y que se ajuste a los fines para los que se destina. También
ha alertado de que el "agujero negro" de la justicia
es la ejecución de las sentencias. "Sin una sentencia rápida no hay
Justicia, pero sin una sentencia ejecutable en sus propios términos
cuanto antes estamos haciendo una burla al trabajo de los tribunales",
ha apuntado.
Asimismo, ha abogado por modificar el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, como ya ha planteado al ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reforzar la percepción externa de
independencia del la Fiscalía. En concreto, propone "limitar" los
poderes del fiscal general del Estado y el "blindaje" de los fiscales
que llevan asuntos de especial sensibilidad política y social.
Precariedad en los medios
Durante su intervención, el fiscal general ha llamado la atención una vez más sobre la "precariedad" en los medios materiales y
humanos con la que trabajan las fiscalías provinciales, donde se
ventilan el 80 por ciento de las causas, lo que hace que afrontarlas se
convierta en una tarea "titánica" y en muchos casos "destinada al
fracaso".
De ahí que Torres-Dulce haya apostado por
organizar los medios disponibles para conseguir un fiscal "impulsor" de
la acción de la justicia, sobre todo para causas "complejas y gran
trascendencia" evitando así que estos procedimientos se perpetúen en el
tiempo.
En este punto, el fiscal ha avanzado que creará "en los
próximos meses" secciones de investigación en todas aquellas fiscalías
en las que estadísticamente se ha detectado un porcentaje de procesos
penales que requieren una atención "más exigente y más dinámica" de
estas causas, todo ello sin alterar las funciones de las fiscalías
especializadas.
Además, ha avanzado que la Fiscalía General hará
una circular antes de final de año para que en aquellos delitos en los
que exista una percepción pública de disposición de fondos públicos o de
corrupción pública o privada, la actuación del Ministerio Fiscal sea "extraordinariamente restrictiva respecto a las conformidades", como se conoce a los acuerdos con los acusados.
