La Policía pide a los agentes referirse a los "escraches" como "acoso, amenazas y coacciones"

MADRID.- La Dirección General de Policía ha remitido a todas las comisarías y dependencias policiales una orden en la que pide a los agentes que dejen de utilizar el término "escrache" cuando hablen de este tipo de acciones contra representantes políticos y se refieran a ellas como "acosos, amenazas y coacciones".

   Según reza el texto de la orden, difundido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en "todas las comunicaciones, escritos y diligencias en las que se notifique que se han producido acosos, amenazas y coacciones a representantes políticos, dejará de utilizarse el término 'escrache'".

   De este modo, tal y como señala la orden que con carácter "urgente" ha emitido la Policía, los "escraches" deberán ser denominados por los agentes a partir de ahora "con la acepción castellana correspondiente", entre las que proponen "acoso, amenazas o coacciones".

   Este tipo de acción ha sido utilizada durante las últimas semanas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para pedirle a los diputados del PP que apoyaran la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, son algunos de los políticos que han sido objeto de un escrache.

   Por su parte, el SUP considera que "en un escrache, seguimiento o manifestación pacífica, puede haber o no coacciones, amenazas o acoso", y por ello, piden a los agentes que "no imputen ningún acto delictivo sin poder demostrar que se ha cometido", es decir, que esperen a que "el acosado, amenazado o coaccionado" presente la denuncia, porque no hay "garantía de protección jurídica" para actuar antes.

   "Después sumamos los datos policiales, no antes", señala el comunicado emitido por el SUP tras la orden de la Dirección General de Policía, mediante la cual, según asegura el sindicato policial, se está instando a los agentes a imputar delitos de acoso, amenazas y coacciones "en todos los escraches", lo que les obliga a "hacer una comunicación al juzgado" y a "identificar a las personas a las que vamos a acusar".

   Según advierte el SUP, puede ocurrir "con esta criminalización masiva" que un agente haga una denuncia, que "el acosado, amenazado o coaccionado" no la ratifique y que "los denunciados" denuncien por su parte a la Policía por "denuncia falsa".

 "Los responsables penales de ello serán los policías que firmen la nota, no el  ministro ni el director general", avisan.

Los socialistas acusan al PP de no escuchar a las 'mareas' y sí a los obispos

MADRID.- La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha acusado al PP de no escuchar a las 'mareas' ciudadanas que claman contra los recortes pero sin embargo sí seguir las doctrinas de la Conferencia Episcopal para poner en marcha una reforma de la ley del aborto.

   En rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva Federal que ha celebrado el PSOE, Valenciano ha recordado la postura contraria de la formación a la reforma del aborto que prevé abordar el Gobierno y ha avisado de que este asunto centrará una de las campañas socialistas "de mayor intensidad" durante los próximos días.

   En este sentido, ha censurado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ni siquiera vaya a esperar al dictamen del Tribunal Constitucional sobre la reforma aprobada por el Gobierno socialista y tenga previsto aprobar una legislación "que haría de España el país con una de las legislaciones más reaccionarias del mundo occidental".

   Por ello, ha insistido en que el PSOE "no va a asistir pasivamente" a este "retroceso" y hará frente a lo que considera "una tropelía" contra los derechos y la libertad de las mujeres.

   Pero además, ha lamentado el "protagonismo" que ha cobrado de nuevo la Conferencia Episcopal. Valenciano ha denunciado que, mientras el Gobierno "no escucha" a quienes defienden una educación y una sanidad pública o los que protestan contra los desahucios, "los obispos sí son escuchados en primer término".

   "Si se consuma esta fechoría contra las mujeres vamos a estudiar fórmulas para pedir que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede y defender la autonomía de España y las mujeres", ha dicho antes de que el portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, haya explicado que plantearían una revisión de los actuales acuerdos con el Vaticano.

   El diputado socialista ha explicado que actualmente ya hay situaciones que "vulneran" los principios sobre los que están constituidas las relaciones con la Iglesia, como por ejemplo la asignatura de religión. A su juicio, esto hace necesaria una revisión porque "no se pueden mantener invariables" los términos del "viejo acuerdo" de 1979.

   "Gobierna la derecha porque así lo ha querido la soberanía popular, eso no lo vamos a discutir -ha reconocido Valenciano--. Pero sí podemos poner en discusión que los obispos influyan en las decisiones. Como les vimos juntos en manifestaciones contra la ley del aborto, no nos extraña nada que en la revisión de esa ley también vayan a ir de la mano".

Colau y 100 'yayoflautas' ocupan la Ciudad de la Justicia de Barcelona

BARCELONA.- Un centenar de 'yayoflautas' han irrumpido en la Ciudad de la Justicia de Barcelona en protesta contra la "criminalización" de las manifestaciones ciudadanas que consideran se está llevando a cabo desde algunos partidos políticos y sectores sociales.

   El veterano colectivo, vinculado al movimiento 15M, ha entrado en la mañana de este lunes al grito de 'Sí se puede' --eslogan contra los desahucios-- y otras consignas de protesta en el vestíbulo del complejo judicial donde ha habido momentos de tensión entre algunos manifestantes y el servicio de seguridad privada al impedirles filmar la protesta en el interior del edificio.

   Ya fuera del recinto, entre gritos de 'sí de puede' por parte de un centenar de manifestantes, la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, ha tomado el megáfono y la palabra para agradecer a los 'yayoflautas' su apoyo contra los desahucios.

   "Sabemos que somos mayoría y no estamos solos. Pese a que nos llamen terroristas", ha dicho Colau en referencia implícita a las declaraciones de delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que la acusó de haber apoyado a grupos proetarras y de emprender una estrategia política radical a partir del movimiento antidesahucios.

   También se ha dirigido a los manifestantes un portavoz de los 'yayoflautas' que ha clamado contra "la injusticia de la Justicia" y contra lo que ha considerado una criminalización de las protestas ciudadanas.

   Representantes del colectivo y de la comisión de defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Barcelona han subido también al decanato para explicar a los representantes del mundo judicial sus reivindicaciones y el sentido de esta acción de protesta.

   A la manifestación convocada por los 'yayoflautas' se han sumado miembros de la PAH y también algunos trabajadores de la misma Ciudad de la Justicia.

El 15-M y colectivos afines se desmarcan del "asedio" al Congreso el 25-A

MADRID.- Gran parte de los colectivos y movimientos ligados al 15-M han decidido desmarcarse de la protesta convocada por la Plataforma ¡En Pie! para "asediar" el Congreso de forma "indefinida" a partir del próximo jueves 25 de abril hasta que dimita el Gobierno.

   Así, fuentes de la vertiente madrileña del 15-M conocida como 'Acampada Sol' han explicado que no van a apoyar la acción porque no comparten ni la metodología que está empleando la Plataforma para organizar la protesta ni "las formas" con las que pretenden llevar a cabo la acción.

   "No tiene nada que ver con nosotros", ha confirmado una de los miembros del 15-M madrileño, para añadir que no ven viables los objetivos ni tampoco el hecho de que los convocantes estén prácticamente "llamando a la violencia". 

"No es el momento para eso", ha añadido.

   En esta misma línea, la Comisión Legal de Acampada Sol, que habitualmente presta asesoramiento jurídico en este tipo de protestas en el caso de que se produzcan detenciones, ha anunciado que el día 25 no habrá abogados de guardia.

   Según explican en un comunicado, no pueden "compartir una convocatoria nacida de un proceso de toma de decisiones que no coincide con los principios de horizontalidad, participación y apertura" que caracterizan al 15-M.

   Desde la Asociación Democracia Real ¡Ya! explican que aunque no han tomado ninguna posición oficial al respecto, ven "demasiadas incógnitas" en torno a la convocatoria. En este sentido, han decidido no posicionarse ni a favor ni en contra, si bien una de sus integrantes ha reconocido que muchos comparten la idea de que los objetivos son poco realistas.

   Por su parte, la plataforma Democracia Real ¡Ya!, de la que el colectivo con el mismo nombre anteriormente citado se escindió tras constituirse como asociación, indican que todavía no han tomado una decisión sobre si secundarán o no el "asedio".

   La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que sí se ha sumado a anteriores protestas colectivas contra el Gobierno como la manifestación de la 'Marea Ciudadana' del pasado 23 de febrero, también ha preferido mantenerse al margen de la acción del próximo jueves y según explica uno de sus miembros, ni siquiera lo han valorado.

   El "asedio" al Congreso sí que ha recibido el respaldo de la Coordinadora 25S, uno de los convocantes de la primera protesta que llamaba a rodear el Congreso el pasado 25 de septiembre, y que acabó con serios disturbios y decenas de heridos y detenidos.

   Aunque en esta ocasión aclaran que no son ellos los que convocan, sí que participarán al considerar que los motivos que justificaron la protesta del 25 de septiembre "no han hecho más que aumentar".

 "La Coordinadora 25S hace un llamamiento a la movilización ciudadana para expresar el próximo 25 de abril de una forma pacífica nuestro repudio a la política del gobierno actual", aseguran en un comunicado.

   Asimismo, animan "a la ciudadanía, las asambleas populares, organizaciones, bases sindicales y colectivos progresistas, especialmente a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las Mareas, a que se sumen a esta convocatoria", llamamiento que no habría surtido mucho efecto ya que la mayoría de colectivos, o bien no se pronuncian, o la rechazan.

   Entre los que se suman, según constan en el apartado de adhesiones incluido en la página web de la Plataforma ¡En Pie!, se encuentran también el 'Movimiento Yo No Pago', que aboga por la "insurrección económica", o Unidad Cívica por la República (UCR), quienes, no obstante, matizan que comparten "la parte pacífica" pero no los llamamientos a la defensa activa.

Convocantes del asedio al Congreso el 25-A intentarán romper el cordón policial

MADRID.- La Plataforma ¡En Pie!, convocante de la protesta que llama a "asediar" de forma indefinida el Congreso de los Diputados a partir del próximo 25 de abril hasta que dimita el Gobierno, anima a los manifestantes a "dar un paso más" y "transgredir el cordón policial" para acercarse "hasta las puertas" de la Cámara Baja.

   En un documento publicado en su página web, en el que actualizan la "estrategia" a desarrollar durante la concentración a raíz de la decisión del Congreso de no celebrar Pleno este jueves, la Plataforma explica que "en el caso de que el Congreso se vaciara", los manifestantes podrían interpretar "que el castillo ha sido abandonado" y pasar a la "fase de acercamiento".

   Esta fase, según explican los convocantes, "consistiría en dar un paso más y pasar a la ocupación simbólica del Congreso".

 "Hablamos en todo momento de romper el cordón policial y llegar hasta el Congreso, y no de entrar dentro, pues no es el objetivo y ello pondría en peligro gratuitamente la vida de personas", añaden.

   La Plataforma ha fijado como hora de inicio de la protesta las 17.00 horas y ha establecido tres puntos de partida --la Puerta de Alcalá, la Plaza Emperador Carlos V y la Puerta del Sol-- con el objetivo de aproximarse al Congreso desde diferentes lugares y proceder así al "rodedo" previo al "asedio".

   En el caso de que durante el transcurso del "asedio" se produzcan cargas policiales y los manifestantes se vean obligados a abandonar el perímetro que rodea el Congreso, los convocantes proponen "descentralizar la protesta" con otro tipo de acciones, como por ejemplo, "escraches simultáneos a personalidades" que, a su juicio, "son parte activa y responsable de la situación" por la que atraviesa España.

   Para llevar a cabo esta fase, que consistiría en hacer "de toda la ciudad el escenario de la expresión del pueblo, yendo de escrache en escrache", proponen a los manifestantes llevar "antorchas", aludiendo a que estas acciones tendrán lugar previsiblemente por la noche.

   "La función de esta propuesta es crear nuevos focos de atención para que la Policía tenga que desplazar efectivos a otros puntos y rebajar la tensión en el perímetro del asedio", explican, para añadir que es "prioritario" mantener "presencia" en el Congreso con el objetivo de cumplir su objetivo de "asediar" indefinidamente la Cámara hasta "la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, y la apertura de un proceso de transición".

   Además de los escraches, los convocantes animan a llevar a cabo todo tipo de "acciones secundarias" al asedio "para conseguir un estado de ingobernabilidad que desestabilice al poder", tales como "cortes de carreteras, vías o accesos a la ciudad importantes", "inhabilitación de cajeros automáticos", "encierros" u "ocupaciones de inmuebles propiedad de la banca para vivienda".

   También propone llevar a cabo "asedios de otros edificios relevantes durante su actividad --no vacíos--", "cortes de luz provocados en sitios estratégicos (gubernamentales, medios de comunicación, hoteles de lujo, etcétera", "inhabilitación de cámaras de vigilancia", "expropiaciones de alimentos y otros bienes necesarios en multinacionales", o "decorar cristaleras de bancos y multinacionales con pintura, alquitrán, ácido".

   En el primer documento en el que exponían su estrategia, avanzado por Europa Press, animaban también a los manifestantes a "ejercer la legítima defensa cuando sea necesario" y para ello facilitaban diversas "tácticas defensivas" de guerrilla urbana como por ejemplo, la conocida por 'bloque negro' o 'black block', en la que los que la ponen en práctica van vestidos de negro , a veces con capucha y con la cara tapada, y en la que no se descarta el sudo de la violencia "contra símbolos del poder político".

   También proponen crear "grupos solidarios" que se encarguen, además de defender a los manifestantes en caso de carga, de "inhabilitar cámaras de vigilancia" o "neutralizar furgones policiales" y facilitan instrucciones de cómo retirar las vallas móviles que, como es habitual, formarán parte del dispositivo de protección del Congreso.

   También aconsejan a los asistentes, cuando vean a un agente deteniendo a algún manifestante, tratar de desequilibrarlo "por medio de empujones u obstruyendo la visión de su casco" con sprays de pintura o huevos, por ejemplo.

Grillo denuncia el acuerdo de los partidos sobre Napolitano

ROMA.- El líder del antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5E), Beppe Grillo, criticó el domingo la reelección del presidente italiano Giorgio Napolitano como un intento desesperado para mantener el poder por parte de una clase dirigente desacreditada.

La tercera mayor economía de la eurozona sigue sin gobierno dos meses después de las elecciones generales, apenas ha crecido en 20 años y está lidiando con la mayor tasa de desempleo en décadas.

Se espera que las conversaciones para la formación de una nueva administración finalicen la semana que viene ante la gran presión a la que se están viendo sometidos los partidos por parte de Napolitano para alcanzar un acuerdo.

El amplio acuerdo entre la izquierda y la derecha para dar a Napolitano otro mandato de siete años podría acabar con el impás, al que se llegó después de que ninguna fuerza lograra una mayoría destacada en el parlamento tras las elecciones de febrero.

El movimiento de Grillo respaldó a Stefano Rodota, un académico de izquierdas, mientras que Napolitano fue elegido por el bloque de centroderecha de Silvio Berlusconi, el movimiento de centro del primer ministro saliente Mario Monti y la dividida coalición de centroizquierda Partido Democrático (PD).

Grillo, cuya promesa de acabar con la vieja guardia le permitió a su M5E ganar uno de cada cuatro votos en sus primeras elecciones nacionales, calificó la elección presidencial de "astuto pequeño golpe institucional" diseñado para mantener a los viejos partidos en el poder.

"Han robado un año de tiempo. No creo que podamos aceptar esto", dijo en una rueda de prensa, la primera en la que comparece desde las elecciones de febrero.

La reelección de Napolitano, de 87 años, la primera vez que se le pide a un presidente que continúe durante un segundo mandato, le da la opción de convocar elecciones parlamentarias anticipadas, permitiéndole aumentar la presión para que los partidos lleguen a un acuerdo.

Ahora ha recuperado el poder de disolver el parlamento, que no tuvo en el último semestre de su primer mandato.

Se espera que exponga su estrategia el lunes en un discurso al parlamento, pero ya ha dejado claro que prefiere formar un gobierno que evite unas nuevas elecciones potencialmente desestabilizadoras.

Grillo decidió no unirse a los que protestaban contra la decisión, diciendo el domingo que la situación pudiera volverse violenta, y bajó el tono de sus palabras tras haber condenado la votación, a la que inicialmente había calificado como un "golpe de Estado" en toda regla.

El domingo, los comentaristas especulaban sobre cómo sería el próximo gobierno si Napolitano lograba presionar a los partidos para formar un nuevo ejecutivo.

Las noticias nombraban al diputado Enrico Letta como una posibilidad para liderar el Partido Democrático y ayudar a formar gobierno, pero esta posibilidad fue rechazada por la recientemente dimitida presidenta del partido, Rosy Bindi.

El resultado de la votación del sábado fue considerado una victoria para Berlsuconi. El magnate de los medios de comunicación, que fue obligado a dimitir por la crisis de la deuda en 2011, lidera las encuestas.

El rey Juan Carlos cae en desgracia en una España harta de escándalos

MADRID.- El rey Juan Carlos se paró ante una multitud de periodistas y curiosos sonrientes, intercambió bromas, se rió de unos chistes e incluso se probó un par de gafas regaladas por un periodista del programa satírico "Caiga quien Caiga".

La escena de 1997 era una de las típicas apariciones públicas del monarca, cuando era uno de los más populares del mundo, los medios de comunicación le trataban con benevolencia y la idea de su abdicación hubiera parecido absurda.

Dieciséis años después, casi la mitad de los españoles piensan que debería dejar el cargo en favor de su hijo, el príncipe Felipe, de 45 años, y casi un tercio, la mayoría de ellos jóvenes, desea que el país se convierta en una república.

El Rey, de 75 años, ha caído en desgracia de forma espectacular por una serie de escándalos que han minado su aceptación pública mientras su salud se debilita.

Popular y respetado, Juan Carlos I incluso se ganó la admiración de los republicanos por su papel en la pacífica transición a la democracia y por frenar el golpe de Estado en 1981.

Ahora, la opinión pública se ha agriado por las imputaciones de su hija menor, la infanta Cristina, y su marido, Iñaki Urdangarin, en un caso de corrupción, una supuesta cuenta en un banco suizo sin aclarar y un estilo de vida ostentoso - con un viaje de caza mayor a África mientras la crisis económica engulle al país.

Este año se cruzó una línea roja con la publicación de entrevistas a una empresaria amiga del Rey que dice que ha desarrollado labores de consultoría para el Gobierno.

Tertulias de televisión y medios sociales se refirieron a Corinna zu Sayn-Wittgenstein como la amiga íntima del Rey, lo que desencadenó una gran compasión pública hacia Sofía.

Pilar Urbano, biógrafa oficial de la Reina, ha declarado que el Rey ha sido "muy mujeriego, le han gustado mucho las señoras. Todas menos la propia".

Por su parte, la Casa Real mantiene silencio ante estas especulaciones. Pero mientras los ciudadanos lidian con deudas, el paro y la corrupción generalizada en la política, las actividades del Rey ahora provocan desdén, después de años de deferencia.

"La opinión pública en este momento no sabe a qué atenerse. La gente está un pelín desquiciada, asombrada con lo que pasa en España", dijo Bieito Rubido, director del diario Abc.

Como la mayoría de los expertos en la realeza, no se cree que el futuro de la monarquía esté en juego.

Pero los interrogantes sobre el futuro de la Corona se han sumado a una pérdida de fe general en las instituciones, inmersas en numerosos casos de corrupción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria hace cinco años, que sumió a España en la crisis.

"La gente está extremadamente frustrada con la situación económica y quiere echar la culpa a alguien, así que es una situación en la que puede pasar cualquier cosa", dijo Jonathan Hopkin, experto en política de la London School of Economics.

Fuentes cercanas a La Zarzuela dicen que la familia real está preocupada por el declive de su popularidad y está deseando evitar añadir más incertidumbre al clima de crisis. La Casa Real vigila la opinión pública muy de cerca a través de los medios sociales y con sus propias encuestas.

Abolir la monarquía completamente no es algo que contemple la clase política, y dos políticos de izquierdas que pidieron la abdicación del Rey fueron inmediatamente reprendidos por otros políticos.

Si la abdicación se contempla, nadie lo admite. Pero el peligro es que cuanto más tiempo se deje pasar, más dañada quedará la institución heredada por el Príncipe. El problema es que Juan Carlos abdicara caído en desgracia, algo que no es probable que haga, según creen expertos reales.

No obstante, el monarca tiene un ejemplo en otro lugar de Europa. La reina Beatriz de Holanda ha anunciado que abdicará este mes a los 75 años en favor de su hijo de 45 años.

El príncipe Felipe es apreciado, según las encuestas, pero la monarquía en su conjunto se ha resentido.

En una encuesta de 1997, la monarquía obtenía un 6,67 sobre 10, la mejor nota de cualquier institución en España. En 2011, había caído al 4,97.

Aunque los comentarios sobre la mala salud del Rey tras cuatro operaciones en un año continúan, no quiere ceder el mando.

"El Rey no quiere abdicar bajo ningún concepto, y no puede ser en contra de su voluntad", dijo Rubido.

El príncipe Felipe es discreto pero amable y está muy bien informado de la actualidad. Su esposa, Letizia Ortiz, también es popular.

Se ha comentado que Felipe está furioso con su padre y su cuñado por el escándalo de corrupción. Pero parece que el Rey tratará de capear el temporal con la esperanza de que eventualmente amaine y pueda recuperar parte de su popularidad.

Días después de que el juez instructor José Castro imputara a la infanta Cristina, Zarzuela anunció que la Casa del Rey sería incluida en la nueva ley de transparencia que podría arrojar luz sobre las finanzas de la realeza, para incluir las partidas que destina el Gobierno, además de los ocho millones de euros que tiene asignados anualmente.

Pero Arsenio Escolar, director del periódico digital 20 Minutos, dice que se está ofreciendo muy poca transparencia y muy tarde.

"La contestación social creo que volverá y las calles pueden estar otra vez llenas de aquí a un mes. Puede parecer que a la gente le da igual pero la indignación crece. La opinión pública no va a tragar tanta cosa (refiriéndose a la suma de corrupción política y real)", dijo.

Los españoles de más edad sienten una gratitud inmensa hacia el monarca por detener el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Sin embargo, las generaciones más jóvenes de españoles no recuerdan esos hechos históricos.

La imagen del Rey comenzó a deteriorarse con la investigación sobre el supuesto desvío de fondos públicos en la fundación sin ánimo de lucro Nóos que presidía su yerno Iñaki Urgandarin en 2011.

Cayó en picado en 2012 cuando se conoció que Juan Carlos había realizado un viaje para cazar elefantes a Botsuana, en plena crisis económica en España y con el país en el punto de mira de los mercados.

Mientras uno de cada cuatro españoles vive en la pobreza, según Cáritas, La Zarzuela quedó expuesta como una institución sin contacto con la realidad. En un hecho sin precedentes, el Rey pidió disculpas.

Desde entonces las cosas no han dejado de empeorar, culminando con la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos este mes.

Sin embargo, los españoles no prevén que se haga justicia, como dijo un madrileño mientras desayunaba en un bar.

"Hay más posibilidad de que nosotros, que no hemos hecho nada, vayamos a la cárcel (a que lo haga la infanta)", dijo Javier Martín, un empleado de marketing de 33 años.

Falciani: EEUU me avisó de que fuera a España

MADRID.- Estados Unidos aconsejó al ex empleado del HSBC al que Suiza acusa de robar los datos de decenas de miles de cuentas bancarias que fuera a España para evitara la extradición, dijo Hervé Falciani en una entrevista con el diario El País.

Los datos proporcionados por Falciani causaron furor en 2010 cuando acabaron en manos de las autoridades fiscales en España, Francia, Italia y otros países, que los han utilizado para intentar recuperar miles de millones de euros en impuestos.

Estados Unidos ayudó al francoitaliano Falciani a organizar un viaje en barco desde una localidad francesa próxima a Italia hasta Barcelona, e incluso hicieron coincidir su viaje con el turno de guardia de un juez favorable, dijo al diario.

"Estados Unidos me había avisado poco antes de que sería fácil que alguien pagara para que intentaran matarme", dijo Falciani. "Me dijeron que el único sitio seguro en Europa sería España (...) creían que sería poco probable que España aprobara mi extradición a Suiza".

El proceso legal ayudaría a ganar tiempo colaborando con las autoridades fiscales de EEUU mientras se encuentra a salvo en una prisión española, agregó.

La embajada estadounidense en España no estuvo disponible inmediatamente para hacer comentarios. Las autoridades de EEUU están investigando la actuación de los bancos internacionales después de un caso de evasión de impuestos en 2009 centrado en UBS.

En 2010, Francia envió una lista de nombres procedente de los datos de Falciani, lo que permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros de importantes empresarios, incluido el presidente del Santander Emilio Botín.

Suiza ha pedido su extradición, acusándole de obtención ilícita de datos, romper el secreto bancario y espionaje industrial, entre otros delitos.

Este lunes, Falciani, que permaneció en prisión provisional hasta diciembre de 2012, compareció en la Audiencia Nacional en la vista por su extradición, en la que alegó que reveló secretos para luchar contra la corrupción. La fiscalía no pedirá que sea entregado a Suiza en vista de su colaboración con las autoridades fiscales.

El sector bancario suizo mueve dos billones de dólares amparado en estrictas leyes de secreto bancario, pero se ha visto cada vez más vigilado tras el estallido de la crisis en 2008, a medida que los gobiernos intenta conseguir ampliar sus bases impositivas y recaudar más impuestos.

HSBC no ha querido hacer declaraciones sobre el caso. El banco dijo que la compañía no tiene ningún registro de que Falciani expresase sus dudas a ningún supervisor. El francoitaliano trabajó en tecnología de informática en la entidad donde recopiló los datos entre 2006 y 2008.

Falciani dijo en la entrevista que no recibió dinero por entregar los datos y que sólo estaba interesado en ayudar a las autoridades. Los datos están encriptados, de modo que sólo se puede acceder a ellos con su ayuda.

"Lo hice por mi propia seguridad", agrega.

Cayo Lara anuncia una querella de IU en España contra entidades financieras y políticos por las preferentes

MADRID.- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha anunciado que su formación está estudiando presentar una querella contra "entidades responsables y políticos" por el caso de las preferentes.

   Lara ha explicado, durante su intervención en la reunión de la Presidencia Ejecutiva Federal de IU, que los responsables de este "desastre" han "usurpado" y "robado" los ahorros de miles de personas, por lo que los abogados de la formación están preparando esta querella.

   Por otra parte, la Presidencia de IU ha aprobado una resolución sobre vivienda para rechazar el "cerrojazo" que, según Lara, el PP ha hecho a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y mostrar su apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

   En este sentido, Lara ha indicado que el PP está criminalizando a los movimientos sociales "en lugar de buscar una alternativa a los problemas de la gente". A su juicio, intenta desacreditar mediáticamente "a todo lo que se mueve" incluida su formación.

   El dirigente de IU ha propuesto a los miembros de su partido parar esta "ofensiva" con el "trabajo y explicando a los ciudadanos que hay una alternativa".

   "Nos han puesto las lupas. Tenemos las lupas puestas en toda la organización. Intensifiquemos nuestra honestidad en la vida pública", ha señalado Lara. Además, ha advertido que el PP trata de "meter en el totum revolutum" de la corrupción a IU para hacer creer a los ciudadanos que todos los políticos son iguales y dejar que se olviden los casos de corrupción que le afectan.

   Lara se ha referido entonces al 'caso Bárcenas' y a la intención de su formación de que esta situación "no quede en el olvido".

 "Es probablemente el caso más grave de corrupción política desde la transición democrática", ha señalado durante su intervención. Al respecto, Lara ha apuntado que trabajará para que "la verdad florezca" y "los ciudadanos empiecen a creer en la justicia".

   Para Lara, el PP está "intentando convertir" el caso Gürtel en el caso Fabra, "que lleva ocho años sin esclarecerse". A su juicio, de ahí viene "esa posición del PP de pedir que el caso cayera en determinado juez".
También el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que están estudiando "acciones jurídicas" para ayudar a los afectados por la venta de participaciones preferentes ya que, tal y como ha afirmado, consideran que las medidas que está adoptando el Gobierno "son claramente insuficientes".
   "Estamos este fin de semana trabajando en eso y vamos a defenderles hasta el final",  ha asegurado el líder de los socialistas durante su intervención en el encuentro-coloquio '#VencerLaPobreza' celebrado en la sede de los socialistas.
   Asimismo, Rubalcaba he recordado que los afectados suscribieron las participaciones preferentes cuando gobernaba el PSOE, lo que hace a los socialistas "doblemente responsables, como políticos en general y como los políticos que en aquel entonces" estaban en el Gobierno.
   "Nos sentimos moralmente impelidos para estar todo el día trabajando para dar una solución a esta gente", ha reiterado, para denunciar que se trata de un problema "tremendo" en el que "hay gente estafada" pero no "cualquier gente". "No han estafado a ricos", ha criticado.

Unos 860 millones de personas sobreviven en favelas en el mundo, según ONU-Hábitat

NAIROBI.- Unos 860 millones de personas sobreviven hoy día en favelas en el mundo debido a la rápida urbanización del planeta, según el director ejecutivo del Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el médico español Joan Clos, ex alcalde socialista de Barcelona y ex ministro.

"Es una cifra espectacular que se está incrementando", afirma Clos durante la XXIV Reunión del Consejo de Administración de ONU-Hábitat, que se celebró esta semana en Nairobi, sede de ese organismo de Naciones Unidas.

"No se ha conseguido aún contener el crecimiento del chabolismo en el mundo", admite el director ejecutivo, al subrayar que ese fenómeno se agudiza en el contexto actual de "creciente demanda de urbanización".

A comienzos del siglo XIX, sólo el 2 % de la población mundial residía en urbes, cifra que "ahora está ya por encima del 50 %", explica el también exministro español de Industria y exalcalde de Barcelona (noreste de España).

"Esto -recalca- implica que 3.500 millones de habitantes del planeta Tierra viven en ciudades o zonas urbanas. Pero lo importante no es tan sólo el número, sino la velocidad a la cual la población se urbaniza. El proceso de urbanización crece no aritméticamente, sino exponencialmente de una forma muy acelerada".

Esa aceleración se manifiesta con mayor fuerza en los países en vías de desarrollo, donde millones de personas abandonan el campo por la ciudad en busca de un futuro más prometedor y se instalan en favelas, empujados por la pobreza y la desesperación.

La población mundial hacinada en poblados chabolistas ha pasado de 760 millones de personas en el año 2000 a unos 860 millones en la actualidad, según los datos de ONU-Hábitat.

A juicio de Clos, se trata de "un proceso explosivo, porque la gente cambia de mentalidad rápidamente. Y entonces empiezan, legítimamente, las demandas de mejores servicios" básicos.

"Y aquí -asevera- empieza el conflicto urbano, que es un fenómeno que hemos visto en la Primavera Árabe y que veremos seguramente en otras partes del mundo, en la medida en que las sociedades no son capaces de proveer servicios a la velocidad a la que se urbanizan".

Para el director ejecutivo, la realidad de esos asentamientos informales "no es algo desconocido", pues ya aplicó, como alcalde de Barcelona (1997-2006), "programas de lucha contra el chabolismo".

Como jefe de ONU-Hábitat desde octubre de 2010, Clos ha visitado favelas en África y Latinoamérica, lugares en los que las duras condiciones de vida le han dejado "absolutamente de piedra".

En esas favelas, relata, "una chabola típica tiene entre ocho o nueve metros cuadrados. Una cama. Dos o tres taburetes. Un hornillo. No hay lavabo. En algunas partes hay una ventanita. Y en este espacio, viven dos o tres generaciones. Abuelos, padres e hijos".

"Uno de los problemas más graves -apostilla- es que la combustión imperfecta de los hornillos produce neumonías en la población infantil. La mortalidad infantil por neumonía es tres o cuatro veces mayor en los barrios de favela que en el resto de la ciudad".

En su opinión, el también denominado barraquismo podría solucionarse con una adecuada planificación urbana, si bien, "para planificar las ciudades, se necesita voluntad política y también una mínima capacidad técnica".

Clos considera que la urbanización presenta asimismo desafíos en los países ricos, donde está emergiendo una "nueva pobreza urbana en los países desarrollados, con desempleo y segregación social", que provoca "casos de violencia descontrolada".

Además, las sociedades avanzadas afrontan "un reto ambiental, que es el consumo excesivo de energía", recalca el jefe de ONU-Hábitat.

"Somos ya -explica- 7.000 millones de habitantes (en el planeta) y no podemos vivir todos al estilo de la casa, el jardín y la piscina. Esto es lo que consume más energía".

Sobre el impacto medioambiental del consumo energético de las ciudades, el director ejecutivo piensa que "es el modelo de producción el que afecta al cambio climático, no la urbanización".

"Para consumir menos energía -advierte-, no hay que desurbanizar. La urbanización, cuando está bien hecha, consume menos energía".

Preguntado por la urbe perfecta, el exministro español confiesa que no cree en la "ciudad ideal", ya que, "afortunadamente, ninguna ciudad del mundo es igual que otra", aunque exista el denominador común de ser "piedras, personas y reglas".

A su modo de ver, el futuro de la Humanidad pasa por "una urbanización bien diseñada" que permita "vivir de una forma digna".

"La urbanización -concluye Joan Clos- es un fruto positivo de la cultura, pero a la vez hay que establecer unas normas de convivencia y un diseño atractivo para que esto no se convierta en un infierno en la Tierra. Y este es el gran reto...".

La 'marea blanca' vuelve a recorrer Madrid contra la "externalización" de los hospitales

MADRID.- Miles de personas, 70.000 según los organizadores, se han dado cita este domingo en el centro de Madrid para acudir a una nueva protesta contra la "privatización" de la sanidad y los pliegos de condiciones que la Consejería de Sanidad ha presentado esta semana para la externalización de seis hospitales de la región.

   La 'marea blanca', que ha partido a las 12 horas de la Plaza de Cibeles, ha sido convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad, y ha reunido a profesionales sanitarios y usuarios que han coreado lemas como 'Manos arriba, esto es un atraco' o el ya habitual 'Sanidad pública no se vende, se defiende'.

   "El consejero no atiende al diálogo y legisla decretazo a decretazo", ha señalado una doctora del 12 de Octubre. Durante la marcha se ha criticado la gestión no solo de Javier Fernández-Lasquetty sino del Ejecutivo regional al completo y la "política de privatizaciones" del Gobierno nacional.

   "Esto no es para ahorrar, es para ganar dinero", ha comentado otro médico del centro de Salud Reina Victoria, que ha acusado al consejero madrileño de "engañar" y "no ofrecer datos concretos" sobre las reformas que se están planteando.

   También ha habido consignas dirigidas al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aludiendo a que no fue el cabeza de lista en las elecciones autonómicas pasadas. "¿Quién te ha votado, quién te ha votado?", han señalado.

   La cabecera, que ha contado con la presencia de miembros de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, ha alcanzado a las 12.50 horas la puerta del Sol donde los manifestantes se han ido dispersando paulatinamente, permaneciendo algunas decenas a las 13.30 horas en la plaza, que poco a poco recupera su actividad habitual de un domingo soleado.

   Según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, los pliegos "que suponen la privatización total de hospitales que ya son semiprivados, han sido rechazados unánimemente" por organizaciones profesionales y sindicales, así como por entidades vecinales y los partidos políticos de la oposición.

   En su opinión, la continuidad de las movilizaciones "masivas", que persisten desde octubre de 2012 señalan que la "mayoría ciudadana y profesional rechaza los planes privatizadores de Lasquetty y González y esta dispuesta a seguir luchando en defensa de una Sanidad Pública universal, eficiente y de calidad".

   En la manifestación han estado presentes distintos representantes políticos y sindicales entre los cuales se encontraba el secretario general del PSM, Tomás Gómez, quien ha afirmado que las 'mareas blancas' continuarán "hasta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid por fin desista de la privatización" de la sanidad "y por tanto del desmantelamiento del sistema sanitario público en Madrid".

   Asimismo, Gómez, cuya formación recurrirá los pliegos de condiciones, ha explicado que los planes de privatización crearán dos categorías de ciudadanos, "aquellos cuya salud dependerá de los criterios médicos y otros que dependerán de las decisiones de una empresa que tiene su sede en las Islas Caimán", ha concluido.

   Por su parte, el diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, ha comentado que se está asistiendo a "un escandaloso cambio de modelo" por parte del gobierno regional, quien "renuncia a gestionar de forma pública nuestra sanidad".

   Sobre el pliego de condiciones presentado por la Consejería de Sanidad ha añadido que sirve para "caracterizar la gestión de la asistencia sanitaria en el marco de la privatización".

   En la manifestación también ha estado el secretario general de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún, quien ha afirmado a los medios que la propuesta de la oficina de Javier Fernández-Lasquetty "va contra todo el sentir del sector" y que la medida para mantener los puestos de trabajo temporales es "tramposa y mentirosa".

   Para finalizar, el coordinador de sanidad en Madrid del sindicato CSI-F, Fernando Hontangas, ha explicado que "la 'Marea Blanca' no va a parar hasta que el Gobierno no rectifique en la privatización de los 6 hospitales y 27 centros de salud" y sobre el pliego de condiciones ha expresado que "ya habilita la posibilidad de que empresas privadas entren a gestionar la sanidad".

   Esta nueva movilización, convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, se ha desarrollado, como es habitual el tercer domingo de mes, a través de varias columnas, que han partido desde diferentes centros sanitarios de la región para unirse en Cibeles y finalizar su marcha en Sol, frente a la sede del Gobierno regional.

Una vecina de Ibiza dice que La Caixa le subastó su casa por no pagar a tiempo

IBIZA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ibiza estuvo en Vara de Rey y su presencia se hizo notar. Sus miembros recorrieron los puestos de la feria con pancartas alusivas a su lucha a favor de la suspensión de los desahucios. Era su primera asistencia a la muestra, en un año en que su actividad tiene un especial realce en todo el Estado, según recoge 'Diario de Ibiza'.

Entre los afectados por problemas de impago de hipotecas estuvo en la mesa de la plataforma Concepción Cardeta, la madre de un discapacitado de 33 años, que ha tenido que dejar su domicilio en la ciudad y marcharse a vivir a Sant Antoni con su otro hijo, al ser desposeída de su vivienda por no haber podido saldar a tiempo sus deudas con La Caixa.

Cardeta asegura que las pasadas Navidades hizo un pago de 7.000 euros, acordado con el director de la sucursal, que le había prometido que con ello se liquidaba la deuda. Para obtener el dinero tuvo que pedir varios préstamos. Pocos días después de hacer el ingreso, la entidad le comunicó que faltaban 75 euros y que se debía ejecutar la hipoteca.

En enero cambió el director de la sucursal, sin que ella tuviese conocimiento, y la ejecución siguió adelante. Su vivienda fue subastada y ella se quedó además sin el dinero. Añade que conoció la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a través de los medios de comunicación y ha acudido para buscar una solución a su problema. Ha tenido que irse a vivir con su hijo menor, que tiene también una hipoteca, contratada con la misma entidad. Hasta la fecha ha podido pagarla, pero ahora él también se ha quedado en paro.

La madre apunta además que su piso de Vila estaba adaptado para las minusvalías de su hijo, en lo que había invertido más de 30.000 euros. Su vivienda actual no dispone de estas mejoras.

Aitor Morrás, portavoz de la PAH, señaló que gracias a la presión ejercida por esta organización, el BBVA ha aceptado paralizar un desahucio que estaba previsto de forma inminente para una próxima fecha. Agradeció la «buena disposición» mostrada en este caso por el banco y afirmó que está a la espera de una próxima reunión para conocer la temporalidad de esta suspensión. Morrás añadió que ha cambiado el número de teléfono de la PAH, que es ahora el 653369599.
Por otra parte, el portavoz de la plataforma afirmó que la organización ha invitado al senador por las Pitiusas, José Sala, a asistir a las reuniones informativas que se realizan para dar cuenta a los afectados sobre la lucha que se lleva a cabo y las posibilidades que puede tener cada uno de hacer frente a sus problemas con las hipotecas.

 Esta invitación al senador se efectúa poco antes de que la Cámara alta trate sobre la iniciativa legislativa popular impulsada por la plataforma que ya se trató en el Congreso de los Diputados. La plataforma había invitado también a sus reuniones al diputado Enrique Fajarnés, pero según Morrás, nunca asistió.

Beppe Grillo denuncia un "golpe de Estado" y convoca a la ciudadanía a manifestarse

ROMA.- El líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Beppe Grillo, ha denunciado el golpe de Estado que supondría la continuidad de Giorgio Napolitano como presidente del país y ha emplazado a "millones" de personas a secundar la concentración convocada para este sábado frente a la sede de la Cámara de Diputados italiana.

   "Es un golpe de Estado, veremos a millones en Montecitorio", ha señalado Grillo en una entrada de su blog, en referencia al Palacio de Montecitorio, sede de la Cámara de Diputados. La concentración está prevista para las 19.30 horas, coincidiendo con una nueva votación, la sexta, de diputados y senadores en sesión conjunta para elegir al jefe del Estado.

   El líder del M5S ha criticado así la anunciada candidatura de Napolitano, de 87 años a la reelección como presidente del país. "Después de la guerra, incluso en los momentos más oscuros de la República, nunca ha habido una contraposición más clara, más desvergonzada, entre el Palacio y los ciudadanos", ha añadido.

   La protesta ante la sede de la Cámara de Diputados tiene además un carácter indefinido en principio. "Se mantendrá todo el tiempo que sea necesario. Tenemos que ser millones. No me dejéis solo o con cuatro gatos. Más no puedo hacer. O se hace la democracia o se muere", concluye el texto.

El PP propone una reforma de Extranjería que expulsaría de España a refugiados con permiso de residencia

MADRID.- El Grupo Parlamentario Popular ha aprovechado la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encuentra en tramitación para introducir una reforma en la Ley de Extranjería que permitiría al Estado expulsar a una persona a la que se haya reconocido protección internacional en la Unión Europea y cuente además, con un permiso de residencia de larga duración (el conocido anteriormente como indefinido). 

   Se trata de dos enmiendas al texto sobre el CGPJ, en las que se plantean cambios sobre los permisos de larga duración (artículo 32) y sobre la política de expulsiones del territorio nacional (artículo 57) para introducir a los sujetos de protección internacional, que hasta ahora no figuraban de manera explícita en estos apartados de la norma.

   Sobre las expulsiones, la enmienda de los 'populares' prevé la introducción de un nuevo apartado en el artículo 57 de la Ley de Extranjería, de modo que si el Gobierno decide expulsar a una persona que tiene permiso de larga duración en España y cuenta con protección internacional reconocida por otro Estado miembro, se le envíe a dicho Estado salvo que antes de un mes informe a España de que la protección que le habían dado ya no está en vigor.

   "Cuando, de acuerdo con la normativa vigente, España decida expulsar a un residente de larga duración que sea beneficiario de protección internacional reconocida por otro Estado miembro de la Unión Europea, las autoridades españolas competentes en materia de extranjería solicitarán a las autoridades competentes de dicho Estado miembro si dicha condición de beneficiario de protección internacional continúa vigente", explica el texto.

   Dicha solicitud "deberá ser respondida en el plazo de un mes, entendiéndose, en caso contrario, que la protección internacional sigue vigente", reza la enmienda registrada en el Congreso por los 'populares', para concretar que "si el residente de larga duración continúa siendo beneficiario de protección internacional, será expulsado hacia dicho Estado miembro".

   Esta medida se aplicaría con reciprocidad, es decir, que una persona asilada por España que sea expulsada, por ejemplo, de Alemania, sería enviada directamente a territorio español salvo que el Ejecutivo comunicase a Berlín que el afectado ya no cuenta con la protección que se le había dado y lo hiciese antes de pasado un mes, conforme la propuesta del PP.

   Con todo, España se reservaría el derecho de expulsar a esta persona a un país distinto del que le concedió la protección internacional en dos casos: Si existen "motivos razonables para considerar que constituye un peligro para la seguridad de España o si habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para España".

   En el caso de que esa protección internacional con la que cuenta la persona que se quiere expulsar hubiera sido reconocida por las autoridades españolas, "la expulsión sólo podrá efectuarse previa tramitación del procedimiento de revocación previsto en la normativa vigente en materia de protección internacional en España", conforme propone el Grupo Popular.

   El Grupo Popular sostiene que con esta modificación "se establece un régimen de protección reforzada en el caso de expulsión de beneficiarios de protección internacional que gocen del régimen de residentes de larga duración" y se da cumplimiento a lo previsto en las Directivas 2011/51 de mayo de 2011 sobre Protección Internacional.

   En cuanto a la reforma propuesta en materia de residencia de larga duración (artículo 32), la enmienda persigue especificar que también las personas que hayan obtenido protección internacional en otro Estado mienbro de la UE pueden acceder a este tipo de permisos en España.

   Sin embargo, establece que "no se reconocerá la coindición de residente de larga duración en España al beneficiario de protección internacional cuyo estatuto hubiese sido revocado, cesado, finalizado o cuya renovación hubiese sido denegada".

   Asimismo, introduce un nuevo apartado añadiendo una causa más de extinción del permiso de larga duración: perderán esta autorización de residencia en España los refugiados cuyo estatuto de protección internacional concedido en otro país miembro de la UE cese o sea revocado.

   El Grupo Popular argumenta que esta modificación es necesaria para incorporar a la Ley de Extranjería la citada Directiva europea y destaca que se abrea los refugiados la posibilidad de obtener un permiso de larga duración porque, en línea con la norma europea, "al cabo de un determinado tiempo es un elemento importante de la integración plena de los beneficiarios de protección internacional en el Estado miembro de residencia".

El Ayuntamiento de Palma aprueba ayudas urgentes para personas desahuciadas

PALMA DE MALLORCA.- La Comisión de Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Palma ha acordado abrir dos nuevas líneas de trabajo en favor de las personas en situación de desahucio mediante una partida de ayudas económicas urgentes para este colectivo y la reactivación del programa Palma Habitada para poner alquileres sociales a disposición de estas personas, tal y como proponían los grupos municipales del PSIB-PSOE y MÉS per Palma.

   Así lo ha explicado el PSIB en un comunicado, en el que ha explicado que, además, se ha acordado mantener un calendario de reuniones periódicas con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y firmar diversos convenios con otras administraciones, como el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para coordinar el parque de viviendas sociales y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para que notifique a Servicios Sociales los procedimientos de desahucio y poder ofrecer ayuda a los afectados con mayor agilidad y previsión.

   Asimismo, Cort promoverá una mesa de trabajo entre las diferentes administraciones para coordinar las políticas públicas de respuesta al drama de los desahucios. "La propuesta de PSIB-PSOE y MÉS per Palma ha servido para constatar la falta de iniciativa del gobierno del PP y para marcar una línea de trabajo con la que aportar soluciones a un drama que sacude a cientos de personas en la ciudad", han apuntado desde la formación socialista.

   En este sentido, la regidora del PSIB-PSOE Virginia Abraham ha defendido la necesidad de que el Ayuntamiento, "como hacen otros municipios, ponga en marcha medidas efectivas más allá de los meros anuncios y ha lamentado la falta de iniciativa del equipo de gobierno de Mateo Isern".

   "La comparecencia de los regidores de Bienestar Social y Urbanismo ha sido la constatación de la falta de medidas concretas hasta la fecha", han manifestado los socialistas, recalcando que hasta finales de abril el Consistorio no podrá disponer de las siete primeras viviendas propias para poner a disposición de las personas afectadas.

   Hasta la fecha, toda la ayuda municipal se ha canalizado a través de las ayudas económicas urgentes, que han aumentado en un 24 por ciento en el primer trimestre de este año hasta llegar a los 160.000 euros para 1.298 personas. También se ha aprobado por unanimidad la propuesta del PSIB-PSOE para declarar preferente el pago de la deuda municipal con las entidades sociales.