Baja el número de estudiantes españoles 'Erasmus'

BRUSELAS/MADRID.- El número de estudiantes españoles que participó en el programa Erasmus en el curso 2012/2013 bajó un uno por ciento con respecto al curso anterior, pese a lo cual España fue un año más como Estado miembro que más estudiantes envió al extranjero (39.249), informó la Comisión Europea (CE). 

En el curso 2011/2012, habían salido a estudiar a otros países de la Unión 39.545 españoles con una beca Erasmus, programa europeo para la movilidad de estudiantes y docentes.

Junto con España, los únicos países de la UE donde se produjo una caída en el número de Erasmus fueron Lituania (1 %), Letonia (2 %) y Luxemburgo (10 %), mientras que en el resto de la UE la cifra aumentó y en Irlanda se mantuvo estable.

En los Veintiocho, el número de estudiantes del programa Eramus superó los 268.000 en 2012-2013, el 6 % más que el curso anterior y un nuevo máximo histórico.

Después de España, el país que más aprovechó el programa en el último curso fue Francia (35.311) y Alemania, con 34.891 estudiantes.

En 2012/2013 los tres destinos más populares entre los estudiantes fueron España, Alemania y Francia.

España atrajo a un total de 40.202 estudiantes, muy por delante de Alemania, el segundo país en acogida de Erasmus (30.368) y de Francia (29.293).

Alemania, principal destino

Los principales destinos elegidos por los jóvenes españoles fueron Alemania (donde estudiaron 4.938 personas), Francia (4.534) y Reino Unido (4.176).

Entre los 25 centros de enseñanza superior que recibieron a más Erasmus hubo nueve españoles.

De hecho, las cuatro primeras universidades europeas que más estudiantes Erasmus acogieron fueron españolas: en primer lugar la de Granada, con 1.959 jóvenes, seguida de la Universidad de Valencia (1.779), la de Sevilla (1.702) y la Complutense de Madrid (1.659).

España fue el país que concedió becas más bajas a sus estudiantes desplazados -una media de 143 euros mensuales-, mientras que la media europea se situó en 272 euros, lejos de Liechtenstein, país que, pese a no pertenecer a la UE, participa en el programa y donde se entregaron 616 euros mensuales a los Erasmus.

La cuantía media de las becas en la Unión aumentó un 9 % en relación con el año anterior.

En el curso 2012/2013 más de 52.600 profesores y personal administrativo recibieron ayudas a través del programa para formarse en el extranjero.

Además, cerca de 500 empleados de empresas obtuvieron becas para enseñar en centros de otros países, un 20 % más que en el año anterior.

Desde su puesta en marcha en 1987, unos tres millones de estudiantes se han beneficiado de estas becas.

La comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou, dijo al presentar los resultados en rueda de prensa que "las últimas cifras demuestran que Erasmus es más popular que nunca".

Añadió que el nuevo programa Erasmus+ "va a conseguir que aún más jóvenes salgan de sus países en los próximos siete años para estudiar, formarse, trabajar o participar en el voluntariado".

La comisaria adelantó, asimismo, que la CE tiene previsto publicar el próximo septiembre el primer informe sobre el impacto del programa Erasmus a la hora de aumentar la capacidad de los jóvenes de encontrar trabajo después de completar esa experiencia.

Sáenz de Santamaría alerta sobre el ´populismo´ de Podemos

EL ESCORIAL.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido los acuerdos de Estado entre los grandes partidos, en asuntos como organización territorial o terrorismo, pero ha subrayado que para lograrlos es necesario alejarse del "sectarismo", tener "moderación", apostar por el diálogo y "saber construir consensos".

"Alerto contra el sectarismo, a ver si por miedo a los que pueden venir perdemos algo esencial: que los grandes partidos, que lo somos porque más ciudadanos confían en nosotros, podamos ponernos de acuerdo", ha dicho durante su intervención en la Escuela de Verano del PP.

La vicepresidenta ha puesto sobre la mesa lo que a su juicio son las líneas maestras para la regeneración política del país: sentido de Estado, transparencia y respeto institucional. Ha defendido la política como profesión, pero también que los políticos deben ser ejemplares en su comportamiento. "Somos ciudadanos iguales, con los mismos derechos, pero tenemos que entender que con más deberes", ha dicho. "La gente tiene que conectar con lo que dices, pero también con tus comportamientos", ha advertido.

La vicepresidenta del Gobierno ha añadido como otra de las herramentas de la regeneración el "respeto institucional", que significa que todas las administraciones "respeten el papel que les corresponde a las demás" y que además trabajen en ellas "los mejores".

Sáenz de Santamaría también ha cargado contra los "populismos" que desde las televisiones y las tertulias, ha dicho, "dicen a la gente lo que quiere oír". 

"Eso no es conectar con la gente, sino saber dónde está la sensibilidad de la gente y utilizarla para debilitar la democracia", ha señalado, sin aludir a Podemos.

En este sentido, ha reclamado que el PP defienda y explique la gestión del Gobierno en lo que va de legislatura y para tratar de remontar la crisis económica. "La forma de conectar con la gente es con palabras y con hechos. Explicándonos. Se ha hecho lo que se tenía que hacer, lo que en cada momento necesitaba nuestro país. Yo me avergonzaría si hubiera dejado el país al borde de la quiebra", ha añadido.

En este sentido, ha pedido no tener miedo a los debates sino "ir bien preparado". "La gente está mucho más formada y preparada de lo que la gente que les habla piensa. Los ciudadanos saben lo que han vivido, hay que explicárselo y no acochinarse, si me permiten la expresión. Estar satisfechos de que hemos hecho lo difícil", ha añadido.

En la Escuela de Verano del PP ha participado también el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien también ha defendido la política económica del Gobierno y especialmente, que ha "mantenido" el gasto social, el 28,5% del PIB en 2013, cuando en 2011 absorbía el 28,4%. "Son cifras incontestables", ha dicho.

"Quiero luchar contra los tópicos. Quiero decirle al PP que no se conforme con los tópicos, que no se fíe de tanta gente que habla sin conocimiento en este país. Todo lo que digo se constata en cifras", ha arengando a los suyos.

El ministro ha aprovechado para bromear con el apelativo de 'casta' que 'Podemos' ha adjudicado a formaciones como el PP. Ha subrayado que él nació en Jaén cuando la renta per cápita española era muy baja, 2.000 dólares, y que durante años de trabajo en el Gobierno se ha dedicado a "servir a España" porque no tenía "otra cosa que hacer".

 "Pero soy de la casta de la derecha", ha ironizado.

"Lo que hemos sido capaces de hacer desde este país para que algunos jóvenes nos llamen casta. Está bien. Bienvenidos al club de las libertades, de la democracia, de la convivencia, de la tolerancia, que tanto nos ha costado conseguir, y de la integración europea, que es nuestro proyecto de país", ha dicho.

Uno de cada seis jóvenes en España ni estudia ni trabaja

MADRID.- Uno de cada seis jóvenes en España ni estudia ni trabaja, es decir, que encaja en la llamada categoría de los 'ni-nis', mientras que antes de la crisis éstos apenas suponían uno de cada diez, según un informe de Asempleo y Analistas Financieros Internacionales (AFI).

En total, al cierre del primer trimestre del año, había en España 697.073 jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan, de los que el 79% son parados que no se están formando pero sí buscando activamente un empleo, y el 21% se encuentra en la actividad, esto es, que ni estudia ni trabaja ni busca empleo.

Según este informe, la gran parte de estos jóvenes inactivos (dos de cada tres) asegura estar desempeñando labores del hogar, por lo que su situación de inactividad no se debe, por ejemplo, a una incapacidad permanente sobrevenida o a la realización de tareas de voluntariado, sino al "desánimo generalizado" o a su escaso éxito en el mercado de trabajo.

Ocho de cada diez 'ni-nis' tiene entre 20 y 24 años, más de la mitad son varones, y prácticamente tres de cada cuatro son de nacionalidad española. El 70,9% de este colectivo presenta un nivel de formación bajo, el 20,4% un nivel medio y tan sólo el 8,7% cuenta con un alto nivel educativo.

Por comunidades autónomas, Baleares, Andalucía y Canarias presentan el mayor número de 'ni-nis', con más del 20% del total de jóvenes, por encima de la media nacional, situada en el 17,2%. También superan esta media Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con más de un 19% de jóvenes 'ni-nis'.

Por norma general, existe un mayor peso de jóvenes que ni estudian ni trabajan en aquellas regiones donde la tasa de paro juvenil está por encima de la media. También la tasa de abandono escolar temprano incide negativamente en este indicador.

Las regiones donde el peso de los 'ni-nis' sobre el total de jóvenes es menor están encabezadas por País Vasco (10,2%), Cantabria (11,9%), Castilla y León (12%) y Aragón (13%).

En Extremadura, Andalucía y Madrid, los 'ni-nis' con bajo nivel de formación superan el 77% del total, mientras que en Cantabria, Navarra y País Vasco los tienen una formación media o alta representan casi la mitad.

Casi 275 millones de fondos públicos a los partidos políticos españoles

MADRID.- Los partidos políticos recibieron un total de 273,1 millones de euros en subvenciones públicas en 2012 y recaudaron 70,97 millones de manos privadas, de los que 6,41 millones fueron donativos, la mitad de los cuales fueron a parar al PSOE y al PSC.

Así consta en el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2012, del que se concluye que cuatro de cada cinco euros que manejaron las fuerzas políticas proceden de fondos públicos frente a una quinta parte que provienen de la financiación privada.

El tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda sitúa al PSOE, con 23,74 millones de euros, como el que más fondos privados recibió en 2012, sin contar los 2,5 millones que sumó su socio en Cataluña, el PSC. Tras los socialistas aparece el PP, con 15,62 millones.

En tercer lugar se encuentra Convergència (CDC), con una financiación privada superior a los cinco millones, casi cuatro millones más de lo que percibió Unió, el partido que lidera Josep Antoni Duran i Lleida. Por su parte, CiU, la coalición de ambos partidos, reunió 4,8 millones.

La lista la completan el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con 4,3 millones, seguida de Izquierda Unida (IU), con 3,5 millones; Eusko Alkartasuna (EA), con 1,9 millones, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), con 1,7 millones, y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), con 1,3 millones. El resto de formaciones cuentan con recursos privados por debajo del millón de euros.

De los 70,97 millones de euros de recursos privados, la cuantía más importante que aglutinan los partidos corresponde a las cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes, que supone 39,4 millones.

Dentro de la financiación privada de las formaciones políticas, otra parte son donativos, que en el ejercicio 2012 ascendieron a 6,4 millones de euros. De ese saldo, 5,5 millones correspondieron a donaciones de particulares y 0,9 millones a donaciones de personas jurídicas (empresas).

En este año fiscalizado, el PSOE repitió como el partido que más donaciones recibió, con 2,7 millones --más 1,1 que cosechó por esta vía el PSC--, seguido de Unió (906.000 euros), el PP (733.996 euros), el BNG (405.762 euros) y UPyD (162.434 euros). En el ejercicio 2011, año electoral, el PP ocupó el segundo puesto con 2,1 millones de euros percibidos en donativos.

En este apartado, el Tribunal de Cuentas ha denunciado que en 2012 hubo donaciones no identificadas por un importe de 6.600 euros, que corresponden al Partido Aragonés y que están prohibidas por la ley.

Asimismo, el informe del organismo fiscalizador también advierte de la existencia de donaciones que no han sido ingresadas en cuentas bancarias destinadas exclusivamente a ingresos de esta naturaleza por un importe de 14.905 euros que corresponden a Izquierda Unida y 9.830 euros a su principal componente, el Partido Comunista de España (PCE).

También se ha detectado esta deficiencia con 10.563 euros recaudados por el PSC y 1.907 euros por el PSOE, así como con otros 6.600 euros computados por Geroa Bai,. En total, el órgano fiscalizador observa deficiencias por valor de 43.815,2 euros.

En este ámbito, el Tribunal de Cuentas llama la atención sobre la necesidad de establecer la obligación de que las entidades bancarias le informen anualmente sobre las donaciones que han sido ingresadas en las cuentas que los partidos han abierto para este fin.

Asimismo, alerta de la conveniencia de regular un procedimiento que resuelva aquellos casos excepcionales en los que, por causas involuntarias al partido, a éste le sea imposible identificar al donante.

La defensa de Silva estudia denunciar a Blesa por falso testimonio

MADRID.- El abogado de Elpidio José Silva, Gonzalo Boyé, ha asegurado hoy que Miguel Blesa "ha faltado a la verdad" en el juicio por prevaricación contra su defendido y que por ello esperará el momento oportuno para denunciarle por un delito de falso testimonio.

A su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Boyé ha resaltado que el exbanquero ha "reconocido cosas esenciales" para el acusado, y es que se empezó "a preocupar por el Señor Silva cuando ya aparecen los indicios" en contra de Blesa.

En otra de sus manifestaciones, ha dicho, "no se ha ajustado a la realidad documentada".

"Hoy el señor Blesa ha faltado a la verdad y esperaremos al momento procesal oportuno para solicitar la deducción de testimonio", ha explicado Boyé, que ha criticado: "Que venga aquí (Blesa) a decirnos que es una víctima" mientras el juez que le investigaba se sienta en el banquillo de los acusados.

Durante la vista, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha mostrado su deseo de que la Justicia "salde" el "daño difícilmente reparable" que le ha causado el "proceder prevaricador" de Elpidio José Silva, que le encarceló en dos ocasiones porque "tenía la decidida intención de hacerlo".

'Podemos' demanda a Aguirre y a Inda por vincularles con ETA

MADRID.- Podemos ha iniciado los trámites para presentar una demanda contra la dirigente del PP Esperanza Aguirre y contra el periodista del diario El Mundo Eduardo Inda por un presunto delito de injurias y calumnias. Esta iniciativa se produce tras las recientes declaraciones en las que estos acusaban al líder de la formación política, Pablo Iglesias, de estar con ETA.

A raíz de estas afirmaciones, Podemos ha iniciado una campaña de crowfunding en la que solicita ayuda económica para presentar la demanda.

"Llevamos meses recibiendo todo tipo de insultos y falsas acusaciones. Siempre hemos pensado que solucionar los graves problemas que tiene este país estaba por encima de cualquier cosa, por eso hemos intentado no meternos nunca en su juego, de no caer en descalificaciones ni salirnos de nuestros objetivos, pero tras las difamaciones y falsedades que han salido a la luz estos últimos días pensamos que la mejor defensa que podemos hacer de la democracia y del periodismo es presentar una serie de demandas judiciales contra quienes llevan tiempo sintiéndose impunes para descalificar y mentir públicamente", ha manifestado Podemos a través de un comunicado.

Además, la formación política justifica también su petición de ayuda económica: "El proceso de la demanda y la posterior querella si esta se produce, conllevará unos costes judiciales importantes, por ello te pedimos que nos ayudes a financiar el proceso. No queremos pedirle ni un euro a los bancos, por ello pedimos tu colaboración. Contamos contigo".

Un político novato y uno corrupto, favoritos en las elecciones de Eslovenia

ZAGREB.- Los principales rivales en las elecciones generales anticipadas que Eslovenia celebra este domingo son un jurista recién llegado a la política y un experimentado exprimer ministro encarcelado por corrupción.

Miro Cerar, un profesor de Derecho de 51 años de edad, fundó hace apenas cinco semanas una nueva formación política que lleva su propio nombre: "Partido de Miro Cerar" (SMC).

El recién llegado a la política ha insistido en no definirse ni de derechas ni de izquierda y en asegurar que su partido toma lo mejor de ambas opciones, mientras que su mensaje central pasa por "devolver la ética a la política".

"He decidido ofrecer una nueva política que se orientará, en primer lugar, hacia el Estado del Derecho y la lucha contra la corrupción", asegura Cerar.

De momento, los sondeos de opinión lo sitúan como la formación más votada, con un posible apoyo que llega hasta el 38 por ciento.

Ya en las elecciones de 2011, también celebradas antes de tiempo, una formación recién creada entonces, "Eslovenia Positiva", fue la más votada, aunque desde entonces el partido se ha fragmentando y no se espera que logre ahora entrar en el Parlamento.

Cerar, nombrado en 2010, 2011 y 2012 como el mejor experto esloveno en Justicia, es conocido como analista político y columnista, pero también por ser hijo del gimnasta Miroslav Cerar, ganador de tres medallas olímpicas en la década de 1960.

Su principal contrincante para el cargo de primer ministro es un hombre curtido en la política de este país balcánico, miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004.

Janez Jansa, de 56 años, ha sido ya dos veces jefe de Gobierno (2004-2008 y 2012-2013) y es ahora líder del conservador Partido Demócrata Croata (SDS), aunque debe hacer su campaña desde la cárcel, donde pasa una condena de dos años por corrupción.

Entró en prisión el pasado 2 de junio -justo el día que Cerar anunció la creación de su nuevo partido- por haber cobrado sobornos durante la operación de compra de vehículos militares a una empresa finlandesa en 2006.

Jansa insiste en que es inocente y ha recurrido la condena, recurso sobre el que el Tribunal Supremo tiene aún que pronunciarse.

La ley eslovena no impide que el líder conservador se presente a los comicios, sea elegido diputado o incluso nombrado primer ministro, pese a estar en prisión.

Desde su partido confían en que el Tribunal Supremo de Eslovenia acabe anulando la condena por corrupción.

Pese a esta insólita situación, las encuestas otorgan a los conservadores hasta un 25 por ciento de las papeletas.

Con ese resultado, sin mayorías claras, la formación del Gobierno y el nombre del primer ministro dependerá de posibles coaliciones.

Cerar, que en su lista electoral ha reunido a expertos y profesores de universidad desconocidos al público, ha asegurado que no gobernará con partidos que tengan líderes acusados de corrupción.

El semanario "Reporter", cercano al SDS, critica a Cerar como "títere" del exlíder comunista esloveno Milan Kucan, al que Jansa culpa de su condena.

"La única respuesta a estos abusos son las elecciones, mientras todavía las tengamos", asegura Jansa, alertando de que si gana Cerar o el centro-izquierda, la democracia "estará en peligro".

Jansa empezó su carrera política justo en la cárcel, en los años 1980 como disidente del sistema comunista, tras un proceso judicial que generó protestas masivas contra el régimen socialista yugoslavo,

Pocos años más tarde fue el primer ministro de Defensa de la Eslovenia independiente, que logró forzar la retirada del ejército yugoslavo y consolidar así la independencia del país en 1991.

Pánico en el PP / Joaquín Abad *

Y es que está cundiendo el pánico en los aparatos, en las sedes del pepé. Si, en toda España. Están que se tiran de los pelos porque ven que la izquierda moderada, la que representaba el pesoe antes de que llegara Rodríguez Zapatero, presumiendo de rojo y promoviendo que se buscaran cadáveres en las cunetas, va a desaparecer. Esperaban que a Rubalcaba el químico lo sustituyera un joven preparado con el que se pudieran llegar a llamados pactos de Estado. 

 

Pero tras el debate entre los candidatos a la secretaría general, el chasco ha sido morrocotudo. Las encuestas predicen que con Pedro Sánchez o Eduardo Madina el partido fundado por Pablo Iglesias puede quedar laminado con apenas treinta diputados. Y si José Antonio Pérez Tapias, de Izquierda Socialista, logra la secretaría general habrá que buscar a un candidato a la presidencia, que está por encontrar al adecuado. Y José Antonio ya ha anunciado que deberían acabarse privilegios, senado, puertas giratorias...

 

Con este panorama hacen cuentas y creen que los seguidores del joven Pablo Iglesias, más mediático, más claro, más peleón, puede superar a todos los partidos de la izquierda, con la que pactaría para gobernar, claro.

 

Y es que la calle está transmitiendo el mensaje de que ya está bien. De que son muchos y muchos los cargos, las puertas giratorias, los privilegios, cuando media España lo pasa mal y la otra media pues mejor ni hablar. Y una cúpula, una casta, entre empresarios, banqueros y políticos a los que no les afecta porque ellos lo tienen muy claro. Son los que controlan a los políticos y a cambio los enriquecen.

 

Y claro, en el pepé hay pánico porque creen que vienen tiempos crudos para los políticos y no ven que Rajoy tenga huevos para darle un vuelco y poner nuevas reglas que contenten a la ciudadanía, al votante. 

(*) Periodista. Editor de www.muyconfidencial.com

El Supremo condena a dos exconcejalas socialistas valencianos por malversación

VALENCIA.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas impuestas a dos exconcejalas de Paiporta (Valencia) condenadas por delitos de malversación al utilizar a empleados municipales en horario laboral para trabajos particulares. 

Según consta en la sentencia, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la exconcejala socialista Emilia Soler ha sido condenada a un año de prisión por malversación impropia al no devolver el importe de los servicios públicos utilizados. Su compañera de partido y también exconcejala Elisa Cerrillo ha sido condenada por el mismo delito a seis meses.

Soler -esposa del alcalde de la localidad, Bartolomé Bas, del PSPV, que resultó absuelto en este proceso- ordenó la realización en su chalé, ubicado en Monserrat, de tareas de limpieza, jardinería, pintura, fontanería, albañilería, transporte de materiales de construcción y leña a empleados municipales dentro de su horario laboral al servicio del Consistorio. Por su parte, la entonces concejala de Interior, Elisa Cerrillo, realizó en 2006 una mudanza particular con ayuda de trabajadores municipales en su horario laboral.

La sentencia estima parcialmente los recursos de la Fiscalía y el Ayuntamiento de Paiporta contra la sentencia inicial del caso, dictada el 19 de junio de 2013 por la Audiencia Provincial de Valencia. En esta sentencia se condenó sólo a una de las dos exconcejalas, Emilia Soler Montesa -esposa del alcalde de la localidad, Bartolomé Bas, del PSPV, que resultó absuelto-, imponiéndola una multa de 1.800 euros. La Audiencia también condenó a pagar una multa de 900 euros al carpintero municipal, Juan Fernández García, como cómplice de la anterior, por llevar en coche a la limpiadora municipal al chalé de Emilia Soler.

El Supremo mantiene la condena al carpintero cómplice pero impone a la exconcejala Emilia Soler la pena de un año de prisión, al aplicar a su delito de malversación el agravante de no devolución del importe de los servicios públicos. Se condena asimismo a otra exconcejal, Elisa Cerrillo Camps, que utilizó a empleados municipales en una mudanza particular, a 6 meses de prisión por el mismo delito y con el mismo agravante.

A Soler se le impone además una multa de 1.200 euros, y un año y seis meses de suspensión de empleo o cargo público, y a Elisa Cerrillo, multa de 600.

El TSJ de Madrid decide seguir adelante con el juicio al juez Silva

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido proseguir con el juicio contra Elpidio José Silva por presunta prevaricación al rechazar su petición de suspenderlo mientras haya una investigación abierta al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

El presidente de la sala que juzga a Silva, Arturo Beltrán, ha explicado al inicio de la sesión que el tribunal ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas ayer tanto por el abogado del acusado, Gonzalo Boyé, como las del fiscal y las acusaciones.

Así, ha insistido en que "nada" ha cambiado respecto a ayer y que él no ha recibido ninguna notificación de que se hubiera admitido a trámite una demanda civil de protección de derechos fundamentales contra él y contra la magistrada María Tardón, que formó parte del anterior tribunal que empezó a juzgarle en abril y que fue apartada por su pertenencia a la Asamblea General de Caja Madrid.

Sobre la falta de imparcialidad del tribunal a la que la víspera aludió el letrado para reclamar la cancelación de la vista, Beltrán ha insistido en que ya la Sala del 77 del TSJM rechazó tanto su abstención como los incidentes de recusación que planteó Silva.

Respecto a la incorporación de los correos de Blesa, Beltrán ha reiterado que el tribunal ya se ha pronunciado sobre este asunto y que forman parte de la causa aquellos que pueden afectar a la misma.

Además, ha rechazado por "innecesaria" la petición del fiscal para que declare como testigo del director de Publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez, y que se aporte la declaración que hizo el pasado 16 de junio por el otro procedimiento que tienen abierto Silva en el TSJM por la filtración a la prensa de los correos de Blesa.

Por último, tampoco ha accedido a incorporar partes del libro escrito por Silva, "La justicia desahuciada", por considerar que se trata de una obra de "memorias y reflexiones que no puede ser equiparada a una confesión".

Bronca en el Congreso de los Diputados español por un decreto ´tramposo´ del PP

MADRID.- Todos los grupos de la oposición han denunciado hoy la "burla" y la "cacicada" que supone, a su juicio, la inclusión en el orden del día del pleno del jueves en el Congreso de un decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado viernes que modifica de forma "ilegal" y "tramposa" unas 25 leyes.

A pesar de las protestas de la oposición en una tensa reunión de la Diputación Permanente, el decreto de "medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia" será debatido el jueves en el pleno en aplicación del reglamento de la Cámara, según ha explicado el presidente, Jesús Posada.

Por lo pronto la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ya ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional al tiempo que ha acusado al Gobierno "de saltarse una nueva línea roja con el abuso de su mayoría absoluta de forma caciquil".

Tras recordar que el decreto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, consta de 172 páginas, modifica 25 leyes y afecta a competencias de nueve ministerios, Rodríguez ha sostenido que ese "engendro" legislativo "vulnera el respeto institucional y el principio de legalidad".

Rodríguez ha arremetido contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que ha responsabilizado de la "enorme descoordinación" e "improvisación" del Gobierno en materia legislativa.

"Dime de qué presumes y te diré de lo que careces", ha afirmado Rodríguez, que ha expresado su temor de que el Ejecutivo se atreva a modificar la ley electoral también a través de un decreto ley.

Protestas que también han llegado de la Izquierda Plural, que ha avanzado que rompe cualquier tipo de diálogo con el Gobierno sobre las medidas de regeneración democrática ante la "burla" al Parlamento y la "agresión a la democracia" que supone la tramitación exprés de este decreto.

José Luis Centella ha recordado las palabras de Posada en las que apuntó que la tramitación de la ley de aforamiento fue un "poco chapuza" para señalar que el debate de este decreto es "mucho más que una chapuza" porque es "una agresión a la democracia y una vulneración del Parlamento".

"El PP decía que quería un Parlamento más abierto, hoy hemos visto que era mentira y una tomadura de pelo, era solamente una pose", ha denunciado José Luis Centella.

En esta misma línea, Josep Sánchez Llibre, de CiU ha acusado al PP de "abusar del poder" y de su mayoría absoluta, con una actitud propia del "caciquismo" y actuando precisamente "en dirección inversa" a la de la regeneración democrática que dice querer impulsar el Gobierno de Mariano Rajoy.

Asimismo ha lamentado que los populares no estén siendo "sensibles" con el resto de los grupos parlamentarios, y pretendan debatir en muy poco tiempo y de urgencia un decreto que modifica más de una veintena de leyes, y ha pedido al grupo mayoritario una "reflexión" al respecto.

También, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que el decreto que el Gobierno pretende aprobar este jueves es "un auténtico abuso de derecho y es la muerte del parlamentarismo".

"Estamos todo el día hablando de transparencia, buen Gobierno, dar la palabra a los representantes populares y se está actuando de la manera contraria", ha denunciado Esteban que ha calificado de "burla", "abuso" y "cacicada" la pretensión del Gobierno de modificar una veintena de leyes en un único trámite parlamentario.

Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha subrayado que los populares se presentan como impulsores de la regeneración democrática y actúan como "campeones de la degeneración democrática".

Gorriarán también ha acusado al Ejecutivo de "quitar" al Parlamento su capacidad legislativa y de "cargarse", en definitiva, "la división de poderes".

Jon Iñarritu ha dicho que Amaiur votará en contra de un decreto incluido en el pleno "con premeditación y veraneo" que sólo contiene "medidas regresivas", mientras que la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha acusado al Gobierno de obrar con "desprecio a los grupos minoritarios" y con "falta de transparencia".

En el otro extremo, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha insistido en la necesidad de aprobar este decreto cuando antes porque tiene medidas destinadas a la reactivación económica y, entre otras cosas, busca ayudar a la contratación de los jóvenes, y "esto tiene que entrar en vigor ya".

Y frente a las acusaciones de la oposición, Alonso ha recordado el decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que recogió los numerosos recortes para frenar el déficit y que se aprobó en el Parlamento solo unos días después de que lo hiciera el Consejo de Ministros.

"Entonces sí había licencia para recortar", ha ironizado el portavoz del PP, quien ha considerado "poco coherente" la actitud de la oposición y ha señalado que en este Congreso se hicieron muchas cosas "para mal" y este real decreto es "para bien".

El presidente del Tribunal de Cuentas niega el enchufismo en la institución

MADRID.- El presidente del Tribunal de Cuentas ha negado esta mañana en el Congreso las informaciones publicadas en las últimas semanas por el diario 'El País' acerca de posibles irregularidades en el funcionamiento del organismo encargado de fiscalizar a las administraciones públicas y a los partidos políticos. 

En primer lugar, Ramón Álvarez de Miranda ha rechazado que la institución haya favorecido a una determinada empresa a la que adjudicó de forma continuada obras menores de mantenimiento en sus sedes y que también fue contratada por altos cargos para reformas en inmuebles de su propiedad. El presidente del Tribunal ha explicado que ninguno de estos encargos superó los 50.000 euros que estipula la ley como límite para no ser sacados a concurso público. De la misma forma, ha afirmado que en ningún caso se fraccionaron los contratos con la intención de evitar así alcanzar dicho tope legal. Según ha dicho, "las obras eran independientes unas de otras y no formaban parte de un plan de reforma progresiva de las instalaciones, sino que respondían a necesidades puntuales de carácter urgente". Entre estos trabajos se encuentran la pintura de despachos, reparación de aseos y humedades o la colocación de escayola.
En cuanto a las acusaciones de enchufismo, Álvarez de Miranda ha reconocido los lazos familiares que existen entre 100 de los 700 trabajadores con los que cuenta la institución. No obstante, el presidente ha negado que exista ningún tipo de enchufismo o nepotismo por este hecho. Álvarez de Miranda ha dicho que en la mayoría de los casos se trata de funcionarios que han accedido a su plaza antes de que lo hiciera su supuesto benefactor o que se han establecido los vínculos después de hacer accedido ambos a su puesto. "Los parentescos existen pero no es cierta la insinuación de que estas personas hayan entrado a trabajar en el Tribunal de Cuentas gracias a que lo posibilitaran altos cargos de su familia", ha señalado.
Por último, el presidente del órgano fiscalizador se ha referido a la plantilla de la sección de informática, cuya cualificación ha sido puesta en duda. Álvarez de Miranda ha apuntado que "no es correcto afirmar que el Tribunal dispone de 60 informáticos que no poseen los conocimientos necesarios pues en esa cifra se incluye personal que realiza tareas auxiliares como grabación y validación de datos o manejo de tratamiento de textos". Ha añadido que el personal del Tribunal que desarrolla funciones informáticas cumple con los requisitos que se exigen a puestos análogos de otras Administraciones Públicas.
Álvarez de Miranda ha denunciado que "se pretende proyectar una imagen del Tribunal de Cuentas ineficiente, de escasa cualificación profesional y que gestiona irregularmente los recursos públicos asignados y, lo que es peor, con falta de independencia e imparcialidad". En cualquier caso, y pese a restar credibilidad a las informaciones sobre el funcionamiento del órgano que dirige, el presidente del Tribunal ha anunciado la aprobación de una batería de medidas para favorecer la transparencia de la institución. Entre estas se encuentran la publicación en la web de la adjudicación de contratos menores no previstos y de la relación de puestos de trabajo vigente. A ello se suma la congelación temporal de la incorporación de nuevo personal y, una vez termine esta, la preferencia por la designación laboral por concurso frente a la libre designación. Por último ha avanzado que se va a estudiar someter toda la actuación del organismo a la auditoría de un Tribunal de Cuentas de otro país europeo.

El juez Elpidio Silva defiende que cumplió todos requisitos legales para encarcelar a Blesa

MADRID.- El juez Elpidio José Silva ha defendido hoy haber encarcelado "de forma razonada" a Miguel Blesa en dos ocasiones y que cumplió con "todos los requisitos legales" para hacerlo ante el riesgo de que el exbanquero pudiera fugarse o destruir pruebas.

En la segunda sesión del juicio contra Silva por prevaricación, éste ha negado todas las acusaciones que le imputa la Fiscalía y ha justificado la instrucción que llevó a cabo por la concesión de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans y, posteriormente, por la compra del City National Bank de Florida.

Silva, que no ha respondido a las preguntas de las acusaciones, ha manifestado que las medidas de prisión que dictó el 22 de mayo y el 5 de junio del pasado las acordó "razonadamente" y sin que se opusiera el fiscal ante una "gestión que sigue siendo muy inadecuada" y que pone los "vellos de punta".

"Nadie tiene una bola de cristal para saber si se van a destruir pruebas o no, pero concurrían indicios de pronóstico criminal", ha enfatizado el juez excedente, que ha insistido en que no tiene "ninguna animadversión" contra Blesa ni el resto de imputados y tampoco hacia la Fiscalía.

Otro de los motivos que le llevaron a encarcelar al exbanquero, ha añadido, fue que los peritos habían denunciado "coacciones" y "amenazas" por parte de los consejeros Estanislao Rodríguez Ponga y José Antonio Moral Santín.

Su abogado, Gonzalo Boyé, le ha preguntado entonces por qué no se devolvió la fianza de 2,5 millones que le había impuesto la primera vez que ordenó su ingreso en prisión cuando volvió a encarcelarle nuevamente de forma incondicional.

"La fianza está sometida a comisiones y la tramitación no corresponde al juzgador sino a la secretaria", ha precisado Silva, a lo que ha añadido que "estaba condicionada al hecho de que no se intentara manipular pruebas".

También ha dicho que no se quedó "de manera torticera" con la causa del CNB, que había desgajado de la del crédito y que fue por la que encarceló a Blesa.

Ha alegado que ordenó incautar sus correos porque necesitaba saber "cuál era la guía de trabajo" de la entidad para determinar si los hechos podían ser delictivos y ha hecho hincapié en que Blesa debía saber que se trataba de una cuenta corporativa, por lo que si la usó "para hablar de temas privados, cede su intimidad".

Silva ordenó su incautación mediante una providencia en la que acordaba un abultado número de diligencias y que fue declarada nula por la Audiencia Provincial de Madrid junto con el resto de la causa por la que investigaba al expresidente de Caja Madrid.

Lo hizo tan solo dos días después de haber interrogado a Blesa y Díaz Ferrán el 5 de diciembre de 2012 porque lo que le habían contado los imputados en los interrogatorios "no era creíble".

"Blesa dijo que no tenía ninguna relación de amistad con Díaz Ferrán, pero bastaba poner en Google" el nombre del presidente de la caja para comprobar que habían existido "fiestas, reuniones, etc".

Por último, ha relatado que en un primer momento, en febrero de 2010, decidió archivar la causa porque la denuncia de Manos Limpias no aportaba nada "ningún indicio probatorio delictivo".

Sin embargo, decidió reabrirla en junio de 2012 ante el "hundimiento de la tercera entidad financiera del país" que llevó a España "a la bancarrota", un hecho que obligaba a "reaperturar forzosamente, porque sí que había una conexión" entre "prestar el dinero de cualquier forma y que se hunda una entidad financiera".

Presidente de Unicef: «La pobreza en España tiene rostro de niño»

BARCELONA.- El presidente del comité español de Unicef, Carmelo Angulo, ha alertado de que "la pobreza en España tiene rostro de niño", y que "en la pobreza infantil está el germen de una sociedad mas desigual" y un sistema menos sostenible. 

Esta consideración la ha hecho Angulo en su conferencia 'Los derechos de la infancia, un presente para los niños y un futuro para todos', que ha pronunciado en el desayuno-coloquio 'Primera Plana', que organizan 'El Periódico de Cataluña' y Banco de Sabadell con el patrocinio de Telefónica, en Barcelona.

A partir de los datos del informe bianual sobre la situación de la infancia en España que presentó Unicef el pasado 24 de junio, Angulo ha señalado que la pobreza infantil es "más elevada, intensa y extensa" que la de otras franjas de edad y que en los países del entorno.

Angulo ha puesto énfasis en que este informe revela que un total de 2.306.000 niños viven en España bajo el umbral de la pobreza, el 27,5%, "se han empezado a crear desigualdades en la calle" y, además, los hogares con hijos son más pobres por lo que "las familias grandes están penalizadas". Por eso, ha reclamado, ahora que se está hablando de inicios de recuperación económica, que se aborde un Pacto de Estado por la Infancia que complete el Pacto de Toledo con el que se protege a los mayores de 65 años y blinde los derechos de otra parte de la población que no genera sus propios ingresos.

Carmelo Angulo ha revelado que desde que Unicef hizo pública, hace dos semanas, su propuesta, más de 43.000 personas han entrado en su portal en internet para apoyar el pacto. "Sin la infancia el futuro está en cuestión y hay que reflexionar sobre esto", ha considerado Angulo, que explicado que ya se han mantenido reuniones con el Gobierno para sacar adelante el Pacto, así como con grupos del Congreso. "Detectamos buen ambiente, pero en un ambiente politizado todos puede convertirse en un arma arrojadiza", ha señalado Angulo, que ha apostado por el "trabajo silencioso y tranquilo" para obtener una respuesta en los próximos meses.

Angulo ha destacado que en España, "en los años de bonanza, las tasas de pobreza (infantil) siempre eran altas" -del 25 %- y a pesar de ello "nunca fue una preocupación directa y asumible por los parlamentos" ni una prioridad "para este gobierno ni el anterior".

 "El tema de la infancia nunca fue abordado como tal, se pensó que era tarea de las familias y se dejó exclusivamente en sus manos y, ahora, un millón de familias en las que ambos progenitores están en el paro no pueden sacar adelante a sus hijos sin recursos", ha explicado.

"Invertimos en los niños menos que los países del entorno a mucha distancia de los de la Unión Europea, 270 euros frente a los 510 euros de la media europea de los 28", ha señalado el dirigente de Unicef, para quien España no está "solo ante un problema de pobreza", sino de atención a los niños.

Para Carmelo Angulo, "el quid" del pacto de estado por la infancia debe ser una inversión "que incluya mecanismos y objetivos y que establezca presupuestos". "Posiblemente no se pueden asumir hoy en día, pero sí establecer calendarios de cara al 2020", ha reconocido Carmelo Angulo, que ha señalado como medida básica que propone UNICEF una ayuda universal anual por hijo a cargo menor de 18 años de 1.200 euros, similar a la que tienen 21 países de la Unión Europea.

"El sistema funciona, y donde existe garantiza buenas decisiones y el tamaño de familia que uno quiere", ha asegurado Angulo, que ha lamentado que en España se prevea que en diez años habrá un millón menos de niños, por lo que será el país con mas mayores de 65 años de todo el mundo.

Silenciar a Pérez Tapias / Joaquín Abad *

Tras el esperado debate a tres entre los candidatos que optan a hacerse con la secretaría general del pesoe, donde votarán directamente los militantes, no los compromisarios, toca ahora silenciar, como sea, al andaluz Antonio Pérez Tapias. 

 

Porque mientras Eduardo Madina y Pedro Sánchez han respondido con excesiva cautela a los supuestos casos de corrupción política, a los "eres" de Andalucía, Pérez Tapias ha sido muy claro, manifestando que había que haber asumido las responsabilidades políticas en su momento y se hubiera evitado el deterioro posterior. 

 

Sobre su opinión de las llamadas puertas giratorias de nuestros políticos, ha sido contundente. Cerrar las puertas giratorias, y en el caso de que un político sea imputado, se le debe apartar inmediatamente. Madina y Sánchez, en cambio, abogaban por que la separación se produjera cuando se abriera juicio oral.

 

En fin, el que menos se esperaba ha sido el claro vencedor del debate. Pérez Tapias ha resultado mucho más contundente. Mucho más crítico. Mucho más claro. Por eso ya se están produciendo las llamadas, las presiones, para que el representante de izquierda socialista no llegue a ganar. 

 

Peligra el actual aparato del pesoe, cómplice necesario de toda la corrupción que asquea a militantes, a españoles, y que está desplazando el voto a otras formaciones ya que en el propio sólo se espera más de lo mismo.

 

Lo dicho. El aparato del partido, donde Eduardo Madina se mueve como pez en el agua, ya han saltado las alarmas. Hay que silenciar, como sea, cueste lo que cueste, al andaluz Antonio Pérez Tapias. Lo que menos necesita el actual pesoe es un utópico, un honrado, un legal secretario general... 

 

Después de la dilatada experiencia del tramposo Pérez Rubalcaba, dejar que la secretaría general caiga en manos de alguien que no sea de la casta es un peligro. Pues eso, si hay que desprestigiarlo, pues se desprestigia. Como dice el refrán, calumnia que algo queda. 

(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com

El juez Elpidio Silva, de nuevo en el juzgado por el ´caso Blesa´

MADRID.- Una veintena de preferentistas han recibido este lunes con vivas y gritos de apoyo al juez Elpidio José Silva a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde será juzgado por un presunto delito de prevaricación en su investigación contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión.

Los preferentistas, que portaban pancartas, han jaleado al juez, que hoy se sienta en el banquillo de los acusados, con lemas contra la gestión de Blesa en Caja Madrid y otros más genéricos, como "Qué desgraciados, que quitan el dinero a los jubilados".

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) repite el juicio contra Silva después de que la anterior vista tuviera que ser suspendida por la recusación de la magistrada María Tardón. Silva solicitó que fuera apartada del tribunal por haber integrado la Asamblea General de Caja Madrid.

En esta ocasión, el tribunal estará formado por los magistrados José de la Mata, Eduardo Urbano y el presidente Arturo Beltrán. La Sala rechazó la petición del acusado de que estos dos últimos jueces se abstuvieran por haber participado en la vista anterior.

El juez Silva, en excedencia y ahora abogado en ejercicio, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.

La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.

El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.

Blesa pedía inicialmente también tres años de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal.

Acompañado de un nuevo abogado

El líder de Movimiento Red ha estado representado en este proceso por un nuevo abogado, Gonzalo Boyé, tras renunciar a la defensa de su anterior letrado, Cándido Conde-Pumpido Varela. En el juicio se escuchará a una veintena de testigos, entre testigos, peritos de KPMG, guardias civiles y el propio Blesa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Silva dictó resoluciones "frontalmente contrarias a Derecho", arbitrarias y carentes "por completo" de motivación durante su instrucción sobre el crédito de 26,6 millones de euros al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.

Según el Ministerio Público, cercenó "de manera sistemática" el derecho de defensa de los recurrentes al no resolver oportunamente sus recursos y "despertó en el momento propicio" la causa contra Blesa por el banco de Florida. Todo ello tras "diseñar una estrategia de ampliación durmiente" de la denuncia de Manos Limpias, que no estaba personada y cuyo escrito debía ser enviado a reparto.

En este sentido, encarceló en dos ocasiones al expresidente de la caja madrileña "a instancias de una acusación que no tenía condición de parte" y de forma "absolutamente irregular y contraria a cualquier interpretación posible en Derecho". 

El fiscal entiende que no existía riesgo de destrucción de pruebas para decretar su prisión sin fianza, después de que hubiera abonado ya los 2,5 millones que impuso en el primer encarcelamiento.

Petición

 El juez en excedencia Elpidió José Silva, cuyo juicio por prevaricar en el denominado "caso Blesa" se ha iniciado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha solicitado que este juicio no se celebre mientras la gestión del expresidente de Caja de Madrid Miguel Blesa sea objeto de investigación penal en los juzgados de instrucción de Madrid.   
Así lo ha defendido el nuevo abogado del exjuez de instrucción número 9 de Madrid, Gonzaló Boyé, durante la fase de cuestiones previas, en la que expuso un total de ocho dirigidas a suspender la vista o, en todo caso, eliminar la práctica de determinadas pruebas que cree que vulneran los derechos de su cliente como la declaración como testigo del abogado de Blesa, Carlos Aguilar, o la personación como acusación particular del expresidente de la CEOE Gonzálo Díaz-Ferrán.
El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha anunciado tras la exposición de todas estas cuestiones y la intervención de todas las partes al respecto que la Sala se retiraba a deliberar hasta mañana, cuando ofrecerán una respuesta al respeto.
   La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) repite el juicio contra Silva después de que la anterior vista tuviera que ser suspendida por la recusación de la magistrada María Tardón. Silva solicitó que fuera apartada del tribunal por haber integrado la Asamblea General de Caja Madrid.
   Silva ha sido jaleado a su llegada este lunes al tribunal por un grupo de preferentistas que gritaban consignas contra la entidad madrileña y ha vuelto a sentarse entre sus abogados para evitar el banquillo, alegando su condición de letrado.
   El fiscal se ha opuesto a todas estas peticiones por entender que no concurren las circunstancias que permitan aplazar este juicio mientras se sigue investigando la gestión de Blesa en Cajamadrid por el juez que ha sucedido a Silva en este asunto. I
   Según el Ministerio Público, no hay pleitos pendientes que puedan algarse porque en este caso se trata de analizar unos hechos diferentes, consistentes en ver si existió prevaricación o retardo malicioso en la investigación que Silva inició en su día por la compra del City National Bank de Miami por Caja de Madrid. Las acusaciones también se han opuesto.
   Además, el fiscal ha pedido la práctica de nuevas pruebas contra Silva, quien se enfrenta a una inhabilitación de hasta 40 años por las decisiones presuntamente prevaricadoras que adoptó durante su investigación contra el expresidente de Caja Madrid, a quien envió en dos ocasiones a prisión.
En concreto, la Fiscalía ha pedido que declare un nuevo testigo para acreditar la amistad de aquél con los letrados de Manos Limpias personados en la causa contra Blesa y que se tenga en cuenta lo que contó sobre el caso en su libro "La Justicia deshauciada".
    Pese a que la vista se ha iniciado en un tono mucho más sosegado que el que tuvo el primero de los juicios, caracterizado por la interrupción continua de la sesión por parte de Silva y  la presentación de recusaciones a los miembros  tribunal, la amenaza de que este escenario se repitiera apareció tras señalar Boyé que el sábado tuvieron conocimiento de la admisión a trámite de una querella por vulneración del honor de Silva contra  Beltrán y  Tardón.
   El fiscal ha pedido a Boyé que aclare si lo que hace es presentar una recusación contra el presidente del tribunal, y debería éste apartarse.    La cuestión no ha sido aclarada del todo por Boyé, quien se ha limitado a señalar que la tramitación de este asunto supondría en todo caso, y a su juicio, motivo para que Beltrán se apartara.
   El juez Silva, en excedencia y ahora abogado en ejercicio, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.
   La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.
   El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.
  En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Silva dictó resoluciones "frontalmente contrarias a Derecho", arbitrarias y carentes "por completo" de motivación durante su instrucción sobre el crédito de 26,6 millones de euros al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.
   Según el Ministerio Público, cercenó "de manera sistemática" el derecho de defensa de los recurrentes al no resolver oportunamente sus recursos y "despertó en el momento propicio" la causa contra Blesa por el banco de Florida. Todo ello tras "diseñar una estrategia de ampliación durmiente" de la denuncia de Manos Limpias, que no estaba personada y cuyo escrito debía ser enviado a reparto.
   En este sentido, encarceló en dos ocasiones al expresidente de la caja madrileña "a instancias de una acusación que no tenía condición de parte" y de forma "absolutamente irregular y contraria a cualquier interpretación posible en Derecho". El fiscal entiende que no existía riesgo de destrucción de pruebas para decretar su prisión sin fianza, después de que hubiera abonado ya los 2,5 millones que impuso en el primer encarcelamiento.

Absueltos los 19 acusados por el asedio al Parlamento catalán

MADRID.- La Audiencia Nacional ha absuelto a los 19 acusados de un delito contra las instituciones del Estado por el asedio al Parlament catalán en 2011 al entender que la protesta estaba amparada por el derecho de manifestación y dirigida a dar voz a "los desfavorecidos por las políticas denominadas de austeridad".

La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en una sentencia que solo condena a uno de ellos a cuatro días de localización por una falta de daños, por pintar la espalda a la diputada Montserrat Tura.

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del presidente, Fernando Grande-Marlaska, que proponía sentenciar a diez de los acusados por el delito contra las instituciones del Estado.

Los fiscales pedían cinco años y seis meses de prisión para los 19 acusados por los incidentes registrados durante una concentración contra los recortes sociales convocada por el movimiento 15M ante el Parlament, que derivó en situaciones de asedio a parlamentarios, entre ellos los presidentes de la Generalitat, Artur Mas, y de la Cámara, Núria de Gispert.

Los magistrados Manuela Fernández Prado y Ramón Sáez Valcárcel (ponente) consideran que "la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación prevalecen en este caso", ya que "para muchos sectores sociales la reunión y la manifestación es el único medio por el que expresar y difundir sus pensamientos y opiniones".

"Cuando los cauces de expresión y acceso al espacio público -indican- se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica".

En este caso en concreto, afirman, "se dan todos los elementos mencionados: la convocatoria estaba destinada a hacer coincidir voluntades individuales para expresar una subjetividad colectiva, coincidiendo con la sesión del órgano legislativo de la comunidad autónoma en la que habían de decidir el contenido y el destino de las cuentas públicas".

"La finalidad era divulgar mensajes de protesta en relación a las decisiones legislativas", inciden los magistrados, y para ello se trataba de ocupar los alrededores del Parlament "para dirigir a los diputados, a los medios de comunicación y a la sociedad el rechazo de tales medidas de recorte del gasto social en detrimento de los servicios públicos y de la efectividad de los derechos sociales".

Para los magistrados, que también consideran que no hay pruebas suficientes de su participación en los hechos, la protesta suponía la defensa de la Constitución y los participantes "no trataban de cambiar el marco de relaciones jurídico-políticas, sino plantear que se estaba operando un vaciamiento de los derechos fundamentales".

La sentencia señala también que la protesta, que forzó a los diputados autonómicos a entrar en la Cámara en furgones policiales e incluso en helicóptero (como fue el caso de Mas y otros 29), hubiera requerido que se estableciera un perímetro para hacer compatible la acción de los piquetes y de los manifestantes.

Los participantes, indica, "buscaban confrontarse físicamente y dialogar con los representantes parlamentarios, trasladándoles el malestar y las consecuencias de los presupuestos que se iban a votar".

"De esta manera, se hubiera delimitado la acción colectiva, sus contenidos y, sobre todo, el espacio físico y simbólico de la confrontación", añade el escrito.

El tribunal entiende que la confrontación se produjo debido al cierre de todos los accesos al Parlament salvo la entrada del Parc de la Ciutadella, "donde confluyeron los piquetes, provocando no solo la contaminación física entre unos y otros, sino la necesidad de los parlamentarios de abrirse camino".

La concentración, convocada con el lema "Paremos el Parlament", no había sido comunicada, y finalmente el pleno de la Cámara comenzó a debatir las cuentas de la Comunidad con retraso con aproximadamente la mitad de parlamentarios.

Los españoles, cada vez más preocupados por la corrupción

MADRID.- El paro se mantiene como la primera preocupación para los ciudadanos y es citado por un 76,8 por ciento de los ciudadanos, aunque baja cuatro puntos en un mes, mientras que la corrupción sigue en segundo puesto y es mencionada por un 38,8 por ciento, tres puntos más que hace un mes.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) elaborado entre los pasados 2 y 12 de junio, coincidiendo con la abdicación del rey Juan Carlos, la Monarquía es un problema para el 1,1 por ciento de los españoles frente al 0,2 de la encuesta de mayo, aunque está lejos de situarse entre las diez primeras preocupaciones ciudadanas.

Los problemas de índole económica conservan el tercer puesto, con un 28,4 -28,6 en mayo-, seguido de los partidos políticos y la política, mencionado por un 28 por ciento de los encuestados, 2,4 puntos más que en la encuesta de mayo.

En quinto lugar se mantiene la Sanidad -11,5-, los problemas de índole social -9,0- y la Educación, citada como preocupación por un 7,3 por ciento de los españoles.

Aparece por primera vez en octavo lugar "los problemas relacionados con la calidad del empleo", de los que hablan un 4,7 por ciento de los ciudadanos, asunto que este mes adelanta a "los recortes" con un 3,4, y a la inmigración, citado como problema por un 3,1 por ciento frente al 4,3 del anterior barómetro.

Destaca en la encuesta que la futura ley del aborto no obtiene porcentaje alguno -0,0 según el CIS-, así como ese importante repunte de la Monarquía como un problema para los españoles y que es citada por un 1,1 frente al 0,2 de mayo.

No obstante, la Monarquía se mantiene muy por debajo de otras preocupaciones como las pensiones, la inseguridad ciudadana, los nacionalismos, la subida del IVA, los bancos o los desahucios.

Evo Morales pide quitar de las plazas el nombre de Cristóbal Colón

LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, se quejó hoy de que algunas plazas en ciudades de su país aún lleven el nombre de Cristóbal Colón, a quien tildó de "invasor" y "saqueador", y pidió nuevamente el cambio de denominación de estos sitios.

"Todavía en algunas ciudades tenemos plaza Colón. ¿Cómo puede ser plaza Colón? (Él era un) invasor, saqueador que nos ha traído otra forma de vivencia, saquearnos para dejarnos en la pobreza", dijo Morales en un acto con indígenas de la región amazónica de Beni, en el noreste del país, fronteriza con Brasil.

El asunto salió a colación debido a que la comunidad indígena donde se realizó el acto se llama Argentina y, según dijo el gobernante, le explicaron que el lugar lleva ese nombre porque allí vivió un ciudadano del país vecino.

"(Entonces) yo me vendré acá a vivir y a partir de ese momento no se va a llamar Argentina sino Orinoca (el nombre de su pueblo natal). Mi pedido es por qué no recuperar un nombre originario de esta zona", indicó Morales.

El mandatario ha criticado varias veces que escuelas, provincias, calles, plazas y pueblos lleven aún nombres europeos y ha pedido insistentemente a las autoridades regionales y municipales cambiarlos por los de líderes indígenas.

También ha condenado en diversas oportunidades lo que considera la invasión europea de 1492, en alusión a la llegada de Colón a América el 12 de octubre de ese año.

En marzo pasado, Morales pidió que los corregidores de su país lleven otro nombre para "descolonizarse", porque, según dijo, este término fue impuesto desde España, durante la colonia, para "corregir" a los indígenas.

"Siento que hay que revisar parte de nuestra historia, la geografía y recuperar los nombres (...) Sería importante hacer una pequeña reflexión sobre el nombre de algunas comunidades que tenemos en algunos lugares", insistió hoy el gobernante boliviano.