MADRID.- El Gobierno español ha confirmado que en próximos días
convocará a los grupos parlamentarios para retomar el diálogo sobre los
proyectos de ley de medidas de regeneración democrática que remitió
hace meses al Congreso, pero también ha puesto tope a esas
conversaciones dando dos meses de plazo para que en noviembre ya puedan
empezar a debatirse y votarse en comisión con idea de aprobarlos antes
de fin de año en la Cámara Baja.
Además, el Ejecutivo ha puesto más temas sobre la mesa y a los
proyectos de ley que registró en su día, añade ahora la reforma
electoral para cambiar el sistema de elección de los alcaldes, la
reducción de aforados y la limitación de la protección, la introducción
de mecanismos de control sobre los indultos y la determinación del
momento en que un cargo político debe dimitir cuando se vea salpicado
por la corrupción .
En un comunicado, el Ejecutivo señala
que, tras el paréntesis obligado por las elecciones europeas y los
cambios en la dirección del PSOE, pretende retomar negociaciones y
convocar a todas las fuerzas políticas a un gran pacto sobre las medidas
legislativas de regeneración democrática en tramitación, es decir, los
proyectos de Ley reguladores de partidos políticos y altos cargos, y las
medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción.
Para ello, abrirá un plazo de dos meses en los que se deberán
desarrollar las negociaciones y la definición de propuestas, de forma
que en noviembre pueda afrontarse la tramitación en Comisión de las
Leyes y en diciembre sean aprobadas en el Congreso, cumpliendo el
compromiso adquirido.
Por un lado, se hablara de medidas legislativas de regeneración
democrática propuestas y en tramitación, como el proyecto de ley
orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos
(que revisa las vigentes leyes de Financiación de Partidos y del
Tribunal de Cuentas), el Proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del
Alto Cargo de la Administración General del Estado (que actualizará el
régimen de incompatibilidad), y las medidas penales y procesales contra
la corrupción (tanto el endurecimiento de las penas como la agilización
de los procesos judiciales).
En el marco de la negociación sobre estas medidas legislativas, y
de la búsqueda de acuerdos, el Gobierno está dispuesto a incorporar
nuevas medidas entre las que se encuentra el "fortalecimiento del
vínculo entre representantes y representados en el ámbito local", con la
elección directa de alcaldes.
En este sentido, el Gobierno defiende que es una opción que forma
parte del programa electoral de varias formaciones políticas en España.
En su opinión, los gobiernos municipales deben responder a la voluntad
mayoritaria de los vecinos del municipio, lo que, a su juicio, es una
garantía, no sólo para una mayor estabilidad del Ayuntamiento, sino para
una mejor representación de los ciudadanos y, en definitiva, el
desarrollo de una gestión que responda verdaderamente a sus ideas e
intereses.
Por otra parte, el Ejecutivo propone la limitación del
aforamiento, en particular en lo referido a las causas penales, y en
cuanto a su número, teniendo en cuenta que afecta a los tres poderes del
Estado y se extiende también al ámbito de las comunidades autónomas. El
Gobierno señala que, para ello es necesario definir un planteamiento
equilibrado, en cuanto a los instrumentos jurídicos precisos y las
implicaciones prácticas de las posibles modificaciones.
Del mismo modo, incluye aportar mayor transparencia a la concesión
de indultos de forma que, sin alterar su concepción como medida de
gracia que atiende a las circunstancias de la persona y no al tipo de
delito, se pueda ampliar la rendición de cuentas y, con ello, el control
y la confianza sobre las decisiones de indulto.
En cuanto a los procesos penales y responsabilidades públicas,
sugiere la unificación de los criterios sobre el momento del proceso
penal en el que un responsable debe abandonar su cargo público o ser
excluido de las candidaturas electorales.
El Gobierno también ha incluido en el marco de negociación la
posibilidad de fortalecer la participación de los ciudadanos en el
proceso legislativo y su papel activo en la presentación de iniciativas
legislativas populares, así como su intención de favorecer un acuerdo
entre partidos para limitar los gastos derivados de las
campañas electorales, en lo que se refiere a publicidad exterior.
