MADRID.- Dos peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) se han
ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en
el informe en el que sostienen que no se puede establecer una
"correlación temporal" entre las donaciones anotadas en los papeles del
extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y los "volúmenes de
contratación adjudicados para cada una de las empresas".
Así se han expresado los expertos en una vista celebrada a puerta
cerrada ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, a
la que han sido convocadas las partes personadas en esta pieza separada
del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta caja B del PP.
Los peritos de este organismo, dependiente del Ministerio de
Hacienda, han admitido "dificultades" para acreditar una posible
correlación temporal entre donaciones a empresarios y adjudicaciones de
obra pública ya que carecían de una relación completa y precisa sobre
los contratos, según han precisado fuentes de la acusación.
La acción popular integrada por Izquierda Unida, la Asociación Libre
de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes asegura
que al menos en dos de los casos sí existe una relación entre las
entregas de dinero reflejadas en los papeles de Bárcenas y el aumento de
la contratación.
Se trata de los apuntes referidos a José Antonio Romero Polo,
administrador único del Grupo Romero Polo, y a la constructora de obra
pública Cyopsa-Sisocia, cuyo presidente y consejero delegado era Camilo
José Alcalá. En la contabilidad manejada por Bárcenas figuraban dos
donaciones a nombre de 'Polo/Llorens' por 30.000 euros en mayo de 2003 y
'Romero Polo (Lérida)' por 24.000 euros en febrero de 2004.
Según declaró Bárcenas al juez, estos pagos estaban destinados al
pago irregular de la campaña de José Ignacio Llorens, quien fuera
diputado del PP en el Congreso por Lérida en la legislatura 2004-2008.
En cuanto a Cyopsa-Sisocia, atribuye a Alcalá una entrega de 60.000
euros en el apunte de 'Camilo (Sisovia)' de febrero de 2003 y otra de
'Camilo' de 90.000 euros en diciembre de ese año.
En su informe, entregado a Ruz el pasado noviembre, la IGAE analizaba
las donaciones que 15 empresas constructoras y de servicios, que
aparecían en los manuscritos del extesorero Luis Bárcenas, realizaron
entre los años 2002 y 2009 por un total de 4,8 millones de euros. En su
conjunto se adjudicaron contratos por valor de 22.452 millones de euros
en este periodo que fueron aprobados por administraciones gobernadas por
el PP.
Las empresas sobre las que se ha realizado la investigación son
Sacyr, FCC, OHL, Aldesa, Sando, Assignia, Azvi, Bruesa, Licuas/Desprosa,
Asedes, Cyopsa-Sisocia, Construcciones Rubau, Degremont, Sorigue y José
Antonio Romero Polo SAU. Sus directivos están imputados en la pieza
separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta 'caja B'
del PP.
Los dos expertos se han ratificado también en el informe sobre el
contrato de basuras adjudicado a Sufi, filial de Sacyr, por el
Ayuntamiento de Toledo y han afirmado que era "nulo de pleno derecho".
Ese contrato, que según Bárcenas se otorgó en 2007 a cambio de una
supuesta donación de 200.000 euros, se elevó en 11,3 millones de euros
"omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los
informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno
derecho", según la IGAE.
Los expertos han confirmado así ese informe que subrayaba que ese
contrato pasó en dos meses de costar 6,13 millones a las arcas públicas a
17,4 millones de euros por la necesidad de actualizar el convenio
colectivo de los trabajadores de la empresa. La decisión la aprobó la
Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007 y la ratificó en
noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE.
En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio Bárcenas
vinculó este contrato a una donación de la compañía, filial de Sacyr,
para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y
secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El
extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP "jamás
fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha".
El contrato investigado contemplaba la recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza viaria y transporte al centro de tratamiento en todo
el término municipal de Toledo. La Junta de Gobierno de la ciudad,
controlada por el PP, lo aprobó en diciembre de 2006 por un coste de
6,13 millones de euros.
Sin embargo, el 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las
elecciones autonómicas y municipales de ese año y tras un conflicto
laboral, el Gobierno local, dirigido por José Manuel Molina (PP),
modificó el convenio colectivo de los trabajadores para que se
introdujeran "incrementos salariales por encima de los índices de
revisión de precios de la concesión", lo que provocó la "modificación
del precio del contrato".
El juez Ruz escuchará el miércoles a los peritos de la Agencia
Tributaria que elaboraron un informe que sostiene que el estudio de
arquitectura Unifica Servicios Integrales cometió cuatro delitos
fiscales en las obras de remodelación de la sede central del Partido
Popular (PP), situada en la calle Génova de Madrid, que se llevaron a
cabo entre los años 2005 y 2011.
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