MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida
(IU), Cayo Lara, ha avanzado este lunes que su partido se ha
'descolgado' del pacto global anticorrupción planteado por el Gobierno
porque no quiere entrar en el "jueguecito" de "lavar la cara" al
PP. De hecho, ya ha registrado este mismo lunes su propio catálogo con
medidas anticorrupción en el Congreso que es, a su juicio, donde debe
debatirse la "sistemática" corrupción política y empresarial que sufre
España "y no de espaldas" a la sociedad.
En rueda de prensa, Lara ha informado de que el pasado miércoles
recibió una llamada de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, que es la encargada de buscar apoyos entre los grupos
parlamentarios para alcanzar un acuerdo para combatir esta lacra que,
según sus palabras, es un "cáncer" para la democracia.
Sin embargo, el líder de IU ha dejado claro que la federación de
izquierdas no va a respaldar en esto al PP, que ha planteado este pacto
anticorrupción a raíz del estallido del 'caso Bárcenas' y después de
anunciar que va a someter sus cuentas a una auditoría interna y a otra
externa.
"Que a estas alturas no nos cuenten milongas", ha exclamado
Lara, antes de criticar que tanto PP como PSOE salgan ahora como
adalides contra la corrupción cuando, ha remarcado, son los
"responsables" de la misma por no haber legislado hasta ahora para
erradicarla, por haber contribuido a incrementarla "al calor de la burbuja inmobiliaria" y por haber desarrollado un modelo de financiación de partidos que no es ni "público" ni "transparente".
A su juicio, la corrupción es ya de por sí un tema de suficiente
enjundia como para que el debate en torno a las medidas que habrían que
tomarse para acabar con estas prácticas tenga lugar en el Parlamento, "y no en una mesa camilla".
"Y que cada palo aguante su vela", ha apostillado.
En este sentido, y preguntado sobre si IU está exento de los casos
de corrupción que se han registrado en España, Lara ha respondido que "alguno habrá"
pero, eso sí, ha presumido de "actuar" en cuanto aparece, y ha puesto
como ejemplo el caso "puntual" que afectó a su alcalde del municipio
malagueño de Casares.
Es más, ha dicho que cuando hace dos años el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido,
informó de que había 700 casos de corrupción en España y que 20
correspondían a IU, ya Lara le envió una misiva para que le diera cuenta
de cuáles eran y aún esta a la espera de tener una respuesta.
No ha negado que haya habido en sus filas "cuatro casos puntuales" de prevaricación, un delito que ha querido diferenciar de la corrupción "con mayúsculas", y ha insistido en que cuanto IU tienen conocimiento de este tipo de comportamientos actúa. "Actuamos, y no si no lo hacemos es porque no lo sabemos", ha remachado.
Durante su comparecencia, el también presidente de la Izquierda
Plural en el Congreso ha explicado algunas de las 41 medidas que su
grupo parlamentario ha incluido en una proposición no de ley que ha
registrado este mismo lunes y que espera que tenga buena acogida por el
resto de fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario.
Además de la celebración de un pleno monográfico sobre la
corrupción con el objetivo de alcanzar una serie de compromisos
concretos para poner fin a esta práctica, Lara propone, entre otras
cuestiones, la obligación de que los diputados tránsfugas devuelvan su
escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos o la
reforma del actual régimen de aforamiento de diputados y senadores.
Pero también plantea ampliar los tipos penales y endurecer las
penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y los
corruptores, permitiendo penas de inhabilitación de hasta 30 años,
establecer procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en
los que se encuentren imputados cargos públicos, reforzar la Agencia
Tributaria, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de
Blanqueo de Capitales de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco
de España (SEPBLAC), la Fiscalía Anticorrupción o las Fiscalías de los
Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
De igual forma, sugiere una modificación de la Ley de Contratos
del Sector Público, una regulación de los salarios de todos los cargos
públicos y de los obsequios o invitaciones que éstos reciben y la
creación de una oficina de regulación del Registro de Intereses de los
diputados, miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración.
Otras de las iniciativas por las que aboga IU pasa por reforzar el
Tribunal de Cuentas, la reglamentación de los 'lobbies', por la reforma
de la vigente Ley Electoral para, entre otras cosas, limitar el volumen
de propaganda electoral, y por modificar la Ley de Financiación de
Partidos Políticos para prohibir las donaciones a las formaciones,
fundaciones y asociaciones ligadas a éstos por parte de empresas
contratadas en el momento de la donación o con anterioridad, por las
administraciones públicas, organismos y empresas públicas.
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